Reflexiones sobre el sentido y génesis del desplazamiento forzado en Colombia¹

Reflections About the Sentiment and Genesis of Forced Displacement in Colombia

Reflexões sobre o sentido e a gênese do deslocamento forçado na Colômbia

Nelson Jair Cuchumbé-Holguín² Julio Cesar Vargas-Bejarano³

Pontifica Universidad Javeriana, Cali, Colombia njcuchumbe@puj.edu.co

Universidad del Valle, Colombia jucevargasb@yahoo.com

Recibido: 24 de julio de 2007 Aceptado: 30 de julio de 2007

Resumen

La tesis que se presenta en este trabajo es que la experiencia traumática del desplazamiento conduce a quien la padece a actuar dentro de una estructura socio-cultural que degrada su identidad y lo obliga a responder con el ocultamiento, la oscuridad, el silencio o el desvio. Para demostrar lo afirmado, desarrollamos en este escrito cuatro aspectos. En el primero, presentamos algunos elementos relacionados con la historia de la visibilización del desplazamiento forzado en el contexto colombiano. En el segundo, realizamos una aproximación a los rasgos básicos del concepto de desplazamiento. En el tercero, señalamos las transformaciones del sentido del desplazamiento forzado. Y en el cuarto, por último, concluimos señalando algunas de las condiciones generales para la reconciliación, el perdón y la esperanza.

Palabras claves: Desplazamiento, experiencia traumática, espacio público, reconciliación y esperanza.

Palabras clave descriptores: desplazamiento forzado - Colombia.

Abstract

The main thesis we defend in this article is that the traumatic experience of displacement in Colombia leads displaced people to act within a socio-cultural structure that degrades their identity and compels them to use hiding, obscurity, silence, and diversion as major strategies to face their new status. To support our thesis, four major aspects of the problem are covered in this article. The first topic deals with some key elements related to the history of making forced displacement visible within the Colombian context. In the second topic, the authors take a close look at the key features of displacement itself. The third element refers to the way the sense of forced displacement has changed ultimately. Finally, we come to our major conclusion and state some general conditions which may be taken as general guidelines to reconciliation, forgiveness and hope.

Key words: Displacement, traumatic experience, public space, reconciliation, hope.

Key words plus: forced migration - Colombia.

Palavras chave:deslocamento, experiência traumática, espaço público, reconciliação e esperança.

El asunto central que nos ocupa en este escrito es el modo cómo la experiencia traumática de desplazamiento determina la existencia de quien la padece. El desplazamiento forzado se ha constituido en uno de los más graves problemas políticos en Colombia. La última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI representan momentos históricos caracterizados por el aumento de ciudadanos expuestos a enfrentar dicha situación de desarraigo y marginalidad socio-cultural. El desarrollo de valiosos estudios sobre el desplazamiento por los científicos sociales nacionales, los diversos fallos de la Corte Constitucional, las denuncias internacionales realizadas por las ONG, el intento de solución del asunto por parte de la Iglesia católica, los esfuerzos del Estado para responder a las demandas de los desplazados y la insensibilidad de la sociedad civil se constituyen en reacciones y formas de representación orientados a explicar, solucionar, visibilizar o interiorizar el problema del desplazamiento. Sin embargo, la posibilidad de comprensión del problema a partir de categorías como el padecimiento y su relación con la identidad pueden resultar significativas frente a la tarea política de reconstrucción de las condiciones morales que determinan la convivencia social y el modo como interactuamos en el ámbito de lo público.

La tesis que presentamos y defendemos aquí es que la experiencia traumática del desplazamiento conduce a quien la padece a actuar dentro de una estructura socio-cultural que degrada su identidad y lo obliga a responder con el ocultamiento, la oscuridad, el silencio o el desvío. Para mostrar lo afirmado, nos proponemos desarrollar en este escrito cuatro aspectos. En el primero, presentamos algunos elementos relacionados con la historia de la visibilización del desplazamiento forzado en el contexto colombiano. En el segundo, realizamos una aproximación a los rasgos básicos del concepto de desplazamiento. En el tercero, señalamos las transformaciones del sentido del desplazamiento forzado. Y en el cuarto aspecto, por último, esgrimimos algunas condiciones generales para la reconciliación, el perdón y la esperanza.

1. Sobre la visibilización del Desplazamiento Forzado en el contexto colombiano

Comencemos señalando que el problema del desplazamiento forzado en Colombia tiene una raíz histórica, cuya fase previa fue la violencia política de los años cincuenta. Este problema nacional volvió a promoverse en los años ochenta cuando el Estado inicia su lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes. Sin embargo, cabe aquí señalar que dicho problema alcanzó mayor visibilidad tan solo al finalizar los años noventa al convertirse en tema permanente de los reportajes periodísticos y objeto de investigación en los círculos académicos (Romero, 2002:147-165). Son precisamente estos primeros informes y estudios los que incidieron para que el Estado empezará a actuar de cara a proponer soluciones al problema del desplazamiento forzado, ya sea mediante su actividad legislativa (Sentencia T-025, 1997:33), o través de la atención directa sobre (así sea deficiente) la población afectada.

A pesar de la lucha iniciada por el Estado contra el narcotráfico y los grupos insurgentes encontramos que en la actualidad dicho conflicto persiste. El control y deseo de expansión territorial por parte de los grupos armados insurgentes, el fortalecimiento y avanzada territorial del paramilitarismo, el auge del narcotráfico en las zonas rurales y grandes ciudades, la intervención del Estado y del capital extranjero en territorios ancestrales de los diferentes grupos étnicos y la política de seguridad del gobierno actual expresan que el conflicto armado no solo persiste sino que se ha escalonado y agudizado. Son estos factores los que vienen incidiendo para que en la actualidad se registre un crecimiento vertiginoso del desplazamiento forzado, más oscuro que el vivido en la última década del siglo XX. De acuerdo con los cálculos del CODHES, desde 1985 hasta 2006 se estima que el desplazamiento forzado ha alcanzado una cifra de 3.832.000 personas.

Presentado en términos generales el origen y desarrollo del desplazamiento forzado en el territorio nacional, pasemos ahora a mostrar el modo como algunos actores sociales han visibilizado el problema del desplazamiento. En concreto, se trata de hacer referencia a algunas de las investigaciones realizadas por académicos nacionales sobre esta problemática⁴. Esto con el propósito de recoger argumentos y conceptos que puedan estructurar nuestro marco de reflexión filosófica sobre el asunto en cuestión.

a. Pecaut escribe en 1998 un artículo en el que no solo denuncia la magnitud de este problema, sino que también presenta una especie de programa sobre los principales aspectos que deben trabajarse en relación con el mismo (Pecaut,1998:13-28).

c. La conceptualización que hace Uribe de Hincapié del desplazamiento forzado aporta también luces para la comprensión de este problema. Es de recordar que Uribe de Hincapié también ha realizado investigaciones empíricas sobre el origen y rasgos generales del desplazamiento en Antioquia.

d. En la década de los noventa surgió la "Red de Solidaridad para el desplazamiento forzado", en la que participan importantes grupos de investigadores sociales que se ocupan rigurosamente de este problema, en las perspectivas disciplinares de la antropología, el trabajo social, la sociología, entre otros. Estos grupos pertenecen especialmente a las Universidades de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad de Caldas, entre otras⁵. La diversidad de perspectivas que se han abordado allí han permitido ganar una visión general sobre el impacto que este problema tiene en términos de la destrucción del tejido social. Asimismo han indicado que la sociedad en general debe tomar conciencia de este problema, lo cual requiere de la atención prioritaria por parte del Estado, de las instituciones privadas y de la ciudadanía en general. Al mismo tiempo, dichas investigaciones han permitido precisar las causas, la manera como las comunidades receptoras (especialmente en la ciudad) reaccionan ante la presencia de desplazados; las relaciones entre el reasentamiento urbano, la ciudad y región, la formación de políticas públicas al respecto, etc.

e. Adicionalmente, ha sido decisivo el trabajo que diferentes ONGs (como el CODHES) y la Iglesia Católica han realizado al respecto; especialmente en lo que tiene que ver con la toma social de conciencia sobre la magnitud, sentido y alcances de este problema.

Por consiguiente, los trabajos académicos así como la actividad constante de las ONGs han contribuido sin duda a mostrar al país la magnitud y sentido de este problema. El trabajo de las anteriores instituciones y grupos de investigación ha tenido sin duda una gran importancia. Sin embargo, el mecanismo que ha resultado de mayor eficacia en el proceso de visibilización es la organización alcanzado por algunos núcleos de población desplazada, quienes se han valido del mecanismo Constitucional de la tutela para hacer respetar sus derechos. Todo lo anterior tuvo como consecuencia que en el año 2004 la Corte Constitucional emitiera la sentencia T-025, la cual ha sido decisiva en el reconocimiento de la gravedad del desplazamiento forzado y en los correctivos que el Estado debe realizar frente a esta situación. Así, la Corte Constitucional declara "formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada, y adoptará los remedios judiciales correspondientes respetando la órbita de competencia y el experticio de las autoridades responsables de implementar las políticas correspondientes y ejecutar las leyes pertinentes. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas" (Sentencia T-025, 2002:67).

Claro está que el primer paso que se dio al respecto fue la Ley 387 de 1997, la cual determina el reconocimiento de que las personas en situación de desplazamiento forzado son víctimas civiles del conflicto armado y, además, ordena al Estado a restituir sus derechos fundamentales antes y después de la salida involuntaria, a concertar con los victimarios las formas de reparación de sus delitos y a confesarse responsable de los hechos, esto es, a declarar su verdad. Y también, conmina al Estado a evitar la impunidad y a prevenir este tipo de delitos en el futuro. Así, la Ley 387, junto con la sentencia T-025 se ha constituido en un verdadero hito en el tratamiento del problema del desplazamiento forzado. Ellas han tenido incidencia en la representación que el Estado y la sociedad en general tiene del desplazamiento en Colombia, así como en el diseño de políticas sociales y de atención a toda la población desplazada del país. Si bien vemos en este ordenamiento jurídico un paso decisivo, sin embargo el Estado no ha podido estar a la altura del reto de atender este problema; pues antes que decrecer, el desplazamiento sigue en aumentado en el año 2006 llegando a los 219.886 personas y en 2007 está cifra será superada, debido especialmente a los desplazamiento que han tenido lugar en El Charco y la Tola (Nariño), así como en Buenaventura y otras religiones del país. Al respecto, podemos mostrar las siguientes cifras:

En lo que respecta a la atención que el Estado brinda a este problema cabe citar alguna de las conclusiones de la Corte Constitucional en la Sentencia T-025, las cuales, tal y como se puede ver en el auto 218 de 2006, en el que la Corte solicita un seguimiento a esta Sentencia, están aún vigentes:

En conclusión, la Corte estima que la respuesta del Estado sufre de graves deficiencias en cuanto a su capacidad institucional, que abarcan todos los niveles y componentes de la política, y por lo tanto, que impiden, de manera sistemática, la protección integral de los derechos de la población desplazada. No puede ]]> el juez de tutela solucionar cada uno de estos problemas, lo cual corresponde tanto al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales, como al Congreso de la República, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. No obstante, lo anterior no impide que al constatar la situación de vulneración de los derechos fundamentales en casos concretos, la Corte adopte correctivos encaminados a asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados, como lo hará en esta sentencia, e identifique remedios para superar estas falencias estructurales que comprometen diversas entidades y órganos del Estado (Sentencia T-025, 2002: 55).

Tal y como lo manifiesta el informe de la ACNUR del año 2005, esta sentencia tuvo consecuencias positivas de cara al diseño de política públicas por parte del Gobierno. Esto redundó también en que el Gobierno aumentara en alguna medida el presupuesto para la Red de Solidaridad Social y para el Ministerio de Protección Social destinado a atenuar este problema, mediante la atención humanitaria, y el diseño de programas de apoyo y seguimiento a la población desplazada. Veamos cuales fueron a juicio de la ACNUR los principales logros de la sentencia aquí referida:

a. El diseño de políticas públicas frente a este problema se empezó a realizar a partir de una nueva perspectiva, en la que están presentes los valores y principios consagrados en la Constitución Nacional de 1991.

b. El Gobierno ha prestado mayor atención al problema, activando el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y tuvo en cuenta este problema en el Plan Nacional de Desarrollo; asimismo, destinó mayores recursos para atender a esta población.

c. Existen mecanismos de participación de la población desplazada en las políticas públicas que le conciernen, tanto a nivel departamental como municipal (ACNUR, 2005).

Sin embargo, la atención por parte del Estado está aún muy lejos de estar a la altura de un problema que cada día resulta más complejo. Entre las principales dificultades que enumera la ACNUR está la heterogeneidad en el compromiso que tienen las instituciones responsables de atender este problema, el cual varía sensiblemente en las diferentes regiones del país. Además, hay dos problemas que limitan el cumplimiento de la sentencia:

1. La dificultad que tiene la población desplazada para ser reconocida como tal y ser aceptada en el Sistema Único de Registro. Los desplazados deben pasar varios obstáculos burocráticos para demostrar que son efectivamente víctimas y no personas pobres que se intentan beneficiar de la ayuda del Estado haciéndose pasar por desplazados.

2. Así, una de las actitudes que en ocasiones tienen los funcionarios públicos, y buena parte de la ciudadanía en general, es confundirlos con ciudadanos pobres (negándoles así su carácter de víctimas), o personas que deberían solucionar sus problemas individualmente, bajo estrategias de "superación personal" y de "consecución del éxito".

De este modo, tiende a nublarse toda la responsabilidad social y gubernamental ante este problema. Que los funcionarios públicos muestran una actitud prevenida y desconfiada frente a quien se declara en situación de desplazamiento. Esto es posible de mostrarse a través de la siguiente argumentación que sirvió para rechazar una solicitud de apoyo:

(…) manifiesta [el declarante] que el grupo ilegal es responsable de su movilización corresponde al frente 42 de las FARC, lo que resulta contradictorio ya que no hay evidencia que señale que dicho frente opere en la región [Miraflores, Guaviare] de donde dice fue víctima de desplazamiento forzoso (…) (Sentencia T-025, 2004).

En términos fácticos desconoce – no tendría por qué conocerlos – que el frente 42, que pertenece al EMBO de las FARC, en alguna oportunidad desarrolló actividades en la zona del Guayabero y que es posible que por esas circunstancias hubiese incluso desarrollado algún tipo de acciones en la zona del Río Guaviare, llamado así luego de que al Guayabero se le unen las aguas del río Ariari. Ahora, como ACNUR no podemos afirmar que así fuera, pero el evaluador tampoco cuenta con los elementos para afirmar lo contrario (ACNUR, 2005:15).

Lo anterior deja entrever el problema que tienen los desplazados para ser reconocidos como tales; es como si para demostrar su condición de víctimas necesitaran de una constancia notarial. La reacción que toman las víctimas es acudir a la asistencia humanitaria de las ONGs, de las iglesias, o a la vía judicial. Esta última salida resulta paradójica; pues a pesar de que ya hay un reconocimiento por parte de la Corte Constitucional, la población desplazada debe hacer valer sus derechos nuevamente acudiendo a los juzgados.

Si bien es cierto que la promulgación de esta sentencia ha servido para dinamizar la respuesta del Estado y para generar un cierto clima de compromiso social por parte del sector privado, con todo aún estamos muy lejos de dar solución a un problema que crece constantemente: desde 1995 de acuerdo con el SUR (Sistema único de registro). Este sistema estima que al menos hay 2 millones de personas desplazadas y según el CODHES esta cifra alcanzó entre el 2002 y 2006 la suma de 1,43 millones. Esto permite inferir que la política de prevención del gobierno ha fracasado; la persistencia del desplazamiento forzado deja entrever que el Estado no está en capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Al respecto leemos en el auto de seguimiento a la Sentencia T-025: "a pesar de que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación" (Corte Constitucional, Auto 218 2006).

Además del narcotráfico y del conflicto armado, se ha podido establecer que uno de los factores que en el último tiempo ha incrementado el desplazamiento forzado ha sido la valorización de las tierras. En efecto, se estima que la cantidad de tierras perdidas por los desplazados varía entre 2,8 millones y 6 millones de hectáreas. Debido a la inversión estatal en las regiones mediante la construcción de vías y de grandes obras de inversión, estos predios se han valorizado, lo cual ha traído como consecuencia un aumento del desplazamiento forzado en la población más pobre y débil, pues ante la codicia de los grupos armados y del narcotráfico tan solo quienes tienen poder se pueden defender. Al respecto, cabe recordar la historia de la líder campesina Yolanda Izquierdo, quien en el año 2000 fue expulsada junto con varias familias de sus tierras en Córdoba y sus predios fueron expropiados. Esta "líder fue asesinada en febrero de 2007 ante sus constantes protestas por el frente a los líderes paramilitares, por el derecho que reclamaba a su tierra y la de las familias que representaba" (Revista Semana, 2007)⁶.

2. Aproximación a los rasgos básicos del concepto de Desplazamiento

Como un primer paso en la comprensión de este fenómeno partamos de la definición que propone la Ley 387 de 1997. Según esta Ley de la República de Colombia un desplazado es "toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público".

Si bien esta descripción general del problema del desplazamiento presenta algunos aspectos esenciales, sin embargo, requiere de una ampliación que permita comprender mejor la pérdida y el sentido trágico que esta situación tiene para la vida de quien sufre este tipo de vejámenes; pues tal y como allí está definido el desplazamiento aún no considera el carácter traumático de esta experiencia y sus efectos negativos en la vida de las personas, las familias y comunidades. Para desarrollar el sentido del concepto de desplazamiento tomamos como punto de referencia dos investigaciones pioneras sobre este tema, las cuales tienen la virtud de reflexionar sobre el sentido, alcances y supuestos del desplazamiento forzado.

En primer lugar, dirigimos la atención a las reflexiones que María Teresa Uribe de Hincapié (2000) realiza el sobre el concepto del desplazamiento forzado. Esta investigadora tiene como punto de partida de sus análisis las categorías propuestas por Hannah Arendt en su obra de principios de los años cincuenta "Los orígenes del totalitarismo" (Arendt, 2004). El ejercicio que realiza allí es el de contrastar el concepto de apátridas y el de desplazados por la violencia a partir de tres criterios establecidos por Arendt; estos consisten en tres experiencias de pérdida sufridas por quien es víctima del desplazamiento: 1) La pérdida del hogar patriótico, 2) la pérdida de protección de sus propios gobiernos y 3) los condenados a vivir por fuera del redil de la ley.

Esta autora nos ofrece una descripción de lo que podríamos denominar la estructura general o si se quiere los rasgos básicos del desplazamiento forzado. De su descripción son de destacar las categorías del silencio, el terror y la violencia que motivan el desplazamiento, así como el estado de "liminidad" en el que entran las personas desplazadas, el cual lleva consigo la desorientación total y sentido de desamparo ante la pérdida del hogar patriótico. Uribe de Hincapié advierte que la gravedad del desplazamiento reside en que atenta contra la condición y la dignidad humana; pues las experiencias traumáticas, a que han sido sometidas las víctimas, les borran toda perspectiva para poder desarrollar una vida humana digna. El gobierno (pero también la sociedad civil) están en la obligación de emprender todo tipo de acciones dirigidas a la reparación y a las compensaciones socio-económicas y morales que acarrea este problema.

Sin embargo, nuestro interés no radica tanto en abordar una definición puntual del desplazamiento, sino en reconstruir las fases generales de cómo se desarrolla este problema. Esto es, determinar como se generan las transformaciones y huellas que deja esta experiencia en las víctimas del desplazamiento forzado. Para ello tendremos como punto de referencia la investigación antropológica y las reflexiones de Castillejo (2000) sobre el desplazamiento forzado, en las que tematiza, la mayor parte de las veces en perspectiva fenomenológica, las categorías fundamentales para esclarecer el sentido de este problema. Por nuestra parte, seguiremos los lineamientos generales de esa descripción y ampliaremos algunos aspectos de ella.

3. Transformaciones del sentido del Desplazamiento Forzado

La reconstrucción de las fases y de la dinámica general del desplazamiento forzado la realizamos especialmente a partir de la investigación de Castillejo; su incursión de carácter antropológico, así como sus reflexiones conceptuales nos servirán de marco general para nuestras reflexiones sobre el sentido y los efectos que tiene en la vida de las víctimas el acto violento del desarraigo.

3.1 De la deshumanización que precede al desplazamiento

Comencemos recordando que solo una lógica del terror y de violencia lleva a alguien, como último recurso, a abandonar su tierra y su sitio de trabajo para ir en búsqueda de otro lugar donde la vida sea posible. Entre las prácticas realizadas por los grupos armados (insurgentes, paraestatales o militares) para ocasionar este problema encontramos la masacre, los asesinatos selectivos de familiares o de miembros de una comunidad y las constantes amenazas. Este tipo de prácticas supone un previo proceso de descomposición social en el que por la ceguera y el delirio propio de las ideologías de los otros son considerados como infrahumanos: seres que pueden ser objeto de las peores ofensas, pues se presupone que están al nivel de la animalidad (de las gallinas, de los cerdos y de los sapos, entre otros). De ahí, que puedan ser masacrados en conjunto o simplemente aniquilados.

Visto así el problema surge aquí la pregunta sobre aquello que llevó a los victimarios a tal extremo de ver en el otro un ser absolutamente extraño, tan ajeno que puede ser objeto de aniquilamiento. Al respecto presentamos, así sea brevemente, a modo de hipótesis la explicación que de Hannah Arendt sobre el origen de este tipo de mal. De antemano, cabe recordar que esta pensadora tiene como punto de referencia sus análisis sobre el genocidio judío que tuvo lugar en la segunda guerra mundial. Una vez que Arendt escucha las confesiones de Eichmann a ella le asombra que para llegar a cometer este tipo de atrocidades no se necesitaba una inclinación especial para la maldad, sino que alguien llega a tales extremos cuando no es capaz de pensar. Esto es, de tomar una posición crítica ante el orden establecido. Quienes son formados en ideologías o en regimenes totalitarios se atienen a las prescripciones propias de un código moral, de tal manera que éstas orientan su comportamiento en general y les proporcionan tanta seguridad que no tienen posibilidad de reflexionar sobre sus contenidos. Así, poco importa lo que demande el código moral, lo realmente necesario es agenciar patrones normativos sin importar de dónde provengan y qué consecuencias pueden generar. Es esta situación la que permite que dichas personas obren con la radicalidad que les exige tales presupuestos morales, sin llegar a desarrollar una posición personal frente a dicho esquema normativo. De ahí que pueden llegar a no desarrollar o a perder la conciencia moral. Esto es, aquella capacidad que sin ser positiva, pues no determina lo que hay que hacer, si prohíbe la realización de cierto tipo de actos. En suma, quien no es capaz de estar a solas consigo mismo, y de deliberar sobre lo que considera bueno o malo, está en capacidad de realizar el mal o las más terribles atrocidades (Arendt, 1998:109-137).

Ahora bien, de acuerdo con la anterior hipótesis podemos señalar que el proceso del desplazamiento forzado se constituye en una experiencia que obliga tanto a victimarios como a victima a actuar dentro de una estructura normativa ajena a la capacidad de definición de normas y acciones acorde con la realización individual o colectiva. Es esta experiencia la que conduce a la degradación continua de las identidades de los involucrados y también los obliga a responder con el ocultamiento, la oscuridad, el silencio o el desvío. Sabemos muy bien que quienes habitan en zonas de conflicto son obligados mediante tales prácticas a acallar su voz sin posibilidad de opinión; pues cualquier comentario puede dar lugar a ser configurado como sujeto de sospecha o de colaborador del grupo adversario. La población se ve así involucrada en un conflicto ajeno e injusto que no acepta una posición diferente a la impuesta por las partes involucradas en el conflicto. Este silencio impuesto funge como la primera forma de exclusión, de terror y de control sobre la humanidad del otro, pues lo que la población piense no importa; o mejor, pueden pensar lo que quieran pero deben callar a toda costa, si no quieren arriesgar sus vidas.

Resumiendo lo expuesto nos permite afirmar que en ese primer momento se presenta una ruptura del tejido social; pues los ciudadanos no cuentan con condiciones morales y políticas compartidas que les posibiliten un ambiente de confianza mínima en su prójimo. Recordemos aquí que la confianza está vinculada a la promesa de que entre participantes de una misma comunidad no se reproducirán situaciones sociales en contra del respeto social y estima del otro como un diferente digno de aprecio, sino que habrá un mutuo respecto que a juicio de Arendt, representa una de las condiciones políticas para la soberanía. Esta última designa la seguridad mínima que tienen los ciudadanos de que tanto en el presente, como en el futuro sus vidas no correrán riesgo alguno, al menos proveniente de los miembros de su propia comunidad. (Arendt, 1998:34) Al respecto vale decir que si bien es cierto que la mayor parte de la población desplazada no proviene de comunidades sólidamente constituidas, con todo la red de relaciones familiares y sociales empieza a ser destruida mediante el acto de obligarlos a actuar en una estructura normativa ajena a su horizonte valorativo: el silencio, el terror y la masacre. En efecto, la esfera social del mundo empieza a ser destruida, pues los habitantes de una región determinada han perdido la voz y la posibilidad de comunicarles a los otros libremente sus experiencias, expectativas y necesidades particulares.

3.2 Sobre la pérdida del mundo patriótico

La sociedad o la población receptora los percibe como seres extraños y peligrosos, activándose de forma inmediata estereotipos como: "si han huido de sus sitios de origen es porque algo tienen que ver con el conflicto armado". De este modo, se desata una serie de representaciones y de mecanismos orientados a degradar, excluir o invisibilizar al desplazado como un otro no digno de reconocimiento en su condición desfavorable. En adelante estas personas adquieren el rótulo de "desplazados" y con ello les es asignada una representación colectiva. Los desplazados pasan a ser seres extraños o ajenos, que no tienen idea de cómo sobrevivir en la ciudad y que hay que evitar a toda costa. Es decir, en el trasfondo está la percepción de que son seres "extraños" y que hacen parte de lo totalmente otro. Es esta actitud y forma de representación de la comunidad receptora la que permite dar continuidad al proceso de degradación de la identidad y del mundo entorno vital de las personas desplazadas. Recordemos aquí que el mundo entorno funge al modo de un hogar. En otras palabras, el ser humano desde su nacimiento se adaptada a su mundo entorno y en su desarrollo personal se va familiarizando con él, a tal punto que su constitución física y su lenguaje corresponde a los modos habituales mediante los cuales una tradición cultural responde a las exigencias de su medio. Es por ello que es común escuchar a las personas desplazadas manifestando que para ellas sobrevivir en la ciudad era tan difícil, como para el alcalde de la ciudad vivir en las orillas del río Atrato.

De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que la ruptura total y súbita con el mundo entorno y con las redes sociales que se tienen en él, equivale en cierta forma a una especie de muerte en vida. Esto es en palabras del Cacique Seattle en su famosa carta al presidente de los Estados Unidos y de uno de nuestros desplazados:
El vínculo que tiene el campesino con la tierra es demasiado estrecho y está pleno de sentido, pues ella es la representación de la vida; por ello, cuando alguien es desterrado, y se ve obligado a dejar su tierra, no tiene en absoluto elementos para sobrevivir en la adversidad propia de la ciudad" Y, "Cuando dejé mi pueblo tenía una finca; tenía mis cultivos de maíz, yuca y otras cosas. Tenía mis animales, mi familia, mi casa y mi vida (Médicos sin Fronteras, 2006).

En este nuevo escenario los desplazados deben renunciar a sus costumbres ancestrales, a su cultura; en consecuencia tienen que actuar a partir normas, hábitos y habilidades ajenos que normalmente se constituyen en la negación de sí mismos pues dichos códigos morales les obligan a participar de la institucionalización del modo de segregación y de exclusión impuesto por la comunidad receptora. Aquí es donde la categoría de apatrida utilizada por H. Arendt cobra mayor sentido, pues la presencia del Estado es casi nula en la atención primaria a las víctimas.

En síntesis, la destrucción del tejido social, que comienza antes del desplazamiento y en cierta forma lo origina, lleva consigo la pérdida de la pluralidad de identidades; de ahí que las actividades humanas sean reducidas a su mínima expresión: tan solo se puede laborar para satisfacer las necesidades básicas que permite el sostenimiento de la vida y, así, evitar realizar cualquier actividad que ponga en riesgo la existencia. En este estado de oscuridad resulta imposible que cada persona se presente ante los otros como alguien único, con ideas, iniciativas propias o reivindicando el cumplimento de las expectativas normativas acordadas en la Constitución Política de 1991. La única posibilidad que le queda es entrar involuntariamente al reino de la oscuridad, donde prima la invisibilidad y donde la violencia quebranta cualquier intento de organización de la comunidad.

3.3 De la atención primaria o humanitaria

Habiendo reconstruido algunos rasgos de las anteriores fases del desplazamiento, pasemos ahora a mirar la tercera fase relacionada con los modos de representar y de concebir la atención al desplazado. De acuerdo con la perspectiva de Castillejo la categoría apropiada para describir este proceso, se trata de "depositar" a esta población en sitios improvisados y provisionales de albergue: una escuela, un coliseo, un centro de salud, campamentos, etc. (Castillejo, 2000:102). Estos sitios operan al modo de albergues que si bien sirven de resguardo provisional, tienen el grave problema de que terminan por desvanecer hasta la intimidad de las personas. Al respecto, Castillejo nos muestra como en la vida del albergue, del estadio, la escuela, etc. las personas no pueden seguir con sus hábitos regulares de sueño y de descanso, con la vivencia acostumbrada de la sexualidad y de otras necesidades físicas, pues su esfera íntima se ve invadida por la proximidad invasora de los otros. En efecto, el albergue se torna así en "espacio-depósito" en el que son recluidas las víctimas: las poblaciones desplazadas son ubicadas en sectores marginales de la ciudad, que normalmente no hacen parte de la representación pública o de la ciudad que tienen sus habitantes. Están ubicados en lugares ocultos, desprovistos generalmente de los servicios sociales básicos y de los beneficios propios de los sectores urbanos.

Otro problema que surge es la manera como se asume la ayuda asistencial o humanitaria, la cual si bien tiene buenos propósitos, con todo, es necesario que la población desplazada tenga un nivel de organización básico; de lo contrario tiene el problema de que refuerza mecanismos como la fragmentación de la población: las personas empiezan a competir entre sí y entran en discordia por participar de los mercados o ayudas que se les ofrece. Esta situación de atomización de intereses y necesidades contribuye a reproducir una lógica de exclusión y de imposibilidad de visualizar el problema como una cuestión común

]]> Otro aspecto negativo de la ayuda humanitaria es que promueve una mentalidad heterónoma, pues refuerza el cuidado de la inmediatez, el vivir para solucionar las necesidades presentes: la comida diaria. En cambio una ayuda que se les ofrezca en el contexto de políticas estatales debe favores que estas poblaciones puedan no solo fijarse en lo inmediato, sino también proyectarse a mediano plazo, lo cual exige generar mecanismos de organización y, por tanto, de construcción de comunidad.

3.4 De la percepción social del desplazado

La cuarta fase que determina el "desplazamiento" es la relacionada con representación o imagen que ofrecen los medios de comunicación. Tras un análisis detallado de imágenes de periódicos y de los titulares, así como de los textos que las acompañan, Castillejo nos muestra que la población desplazada es presentada muchas veces mediante discursos humanitarios que tienden a reforzar la imagen del otro "extraño" o "forastero" (Castillejo, 2000:260). Los desplazados son seres débiles, asociados con la enfermedad, la falta de higiene; seres potencialmente peligrosos que deben ser aislados y controlados en sitios donde no contaminen a la población. Esto acarrea el problema de que ese tipo de discursos y de imágenes no permite a la población receptora ver en ellos personas que tuvieron el infortunio o la tragedia de vivir en una zona de provincia y de sentir la violencia e irracionalidad propias del conflicto armado.

A lo anterior se suma que tanto la población receptora como los funcionarios gubernamentales asumen actitudes negativas o de indiferencia ante la población desplazada. Escuchemos la voz de una persona desplazada que se pronuncia al respecto:

Desde el momento en que llegamos nos ven como invasores. Nos ven como negros, ladrones, guerrilleros, basuqueros, o como indeseables que venimos a tomarnos en Cali lo que no debemos. No tenemos acceso a estudio y así ¿cómo vamos a llegar a un puesto de algún nivel? Se nos cierran puertas por ser negros y por ser desplazados. Hay funcionarios que se sienten como si fueran pueblo y así nos tratan. Pero la mayoría nos ve con recelo, desconfianza y nos rechazan. En el comercio no nos aceptan ni para lavar los sanitarios porque nos ven como una carga para la ciudad. Hay jóvenes que han logrado tener algún ascenso, pero más por colaboración individual que por apoyo público. Los apoyos para la autogestión son mínimos, mal orientados y canalizados".⁷

Además de estas actitudes de segregación, una de las apreciaciones más comunes es que se confunde la población desplazada con personas pobres; y por ello no son percibidos como víctimas del conflicto armado: personas que han sufrido injustamente la pena del destierro. Además, la población receptora tiende a tener una mirada hacia el desplazado como un especie de "minusválido social", al que no se le reconocen sus posibilidades, esto es, la riqueza cultural que puede aportar a las dinámicas de la comunidad local. Otra actitud con la que se suele enfrentar al desplazado es que debe acogerse a las supuestas vías de superación personal, de confianza en sí mismo y en sus capacidades como persona. El gran problema de este tipo de actitudes es que, al descargar toda la responsabilidad en el individuo, resulta ciega ante el papel que debe tener el Estado para proteger y ayudar a las víctimas inocentes del conflicto armado.

Adicionalmente, el desplazado es visto por la sociedad en general como alguien que ha vivido un traslado espacial. Esta perspectiva centra su mirada en lo que podríamos denominar "movimiento espacial o traslado físico" y deja de atender la temporalidad de este proceso, la cual juega un papel muy importante, pues no se trata solo de un estado transitorio. No es que alguien deje de ser desplazado porque han trascurrido uno o tres años de reasentamiento en el sitio de llegada. El desplazamiento tiene una carácter distinto, pues esta experiencia negativa marca profundamente la vida de las personas, quienes al ser despojadas de todo aquello que les permitía configurar una identidad personal y comunitaria, se ven en la necesidad de reconfigurar su vida en un medio adverso y deben buscar nuevas alternativas de vida, esto es, asumir nuevas actividades tanto para el sostenimiento de la vida, como para la construcción de su mundo entorno y a la vez intentar establecer nuevas relaciones interpersonales. La complejidad de este proceso requiere no solo de una reparación económica, sino también moral, en la que el Estado les brinde el apoyo necesario y se le provea de la información sobre sus derechos fundamentales.⁸

1. Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar.

2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales sino que por el contrario es sujeto de especial protección por el Estado;

3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más y que tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido adecuado, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.

5. Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional;

6. Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena participación, las circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente.

7. Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento educativo.

8. Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de tutela, aunque está en libertad para hacerlo;

9. Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación" (Cfr. Sentencia T- 025, pp. 84-85).

3.5 El desplazado: ser "liminal"

Comencemos señalando en este último punto que tanto Castillejo como Uribe de Hincapié se valen de la categoría de "liminidad" para describir la fase en que entra la población desplazada una vez que ha sido expulsada de su territorio. La "liminidad" se refiere al estado de desorientación, de anonimato e invisibilidad que viven las víctimas, una vez que han perdido su mundo entorno y se ha desintegrado la esfera social que habitaban. Castillejo entiende la categoría de lo "liminal" a partir del sentido propio de lo caótico y lo desastroso (Castillejo, 2000:78). Nosotros vemos allí un tránsito hacia una mayor oscuridad e irracionalidad, pues la población desplazada viene de una situación en que ha estado sometida al silencio, pero en la que al menos conservaban su mundo entorno, para pasar después a una fase, cuyas condiciones son muchísimo más adversas, dado que han perdido su tierra, sus vínculos sociales y muchas veces hasta la estructura de su familia también se ha visto desconfigurada (Palacio, 2006:451-501).

En línea con lo anterior, encontramos que Castillejo sostiene que los procesos de tránsito contemplan normalmente tres fases: las personas abandonan su estado inicial, para luego entrar a una fase intermedia, de tránsito, en la que se introduce paulatinamente en un tercer estadio, en el que finalmente es asimilada a la comunidad receptora. Estos cambios están marcados normalmente por rituales, pero en el caso de la población desplazada esto nunca sucede, sino que por el contrario se realiza de un modo abrupto y violento.

Así, la población desplazada sufre un proceso de segregación e invisibilización, lo cual quiere decir que no pasan a formar parte del espacio público social. Para evitar ser señalados y discriminados, estas personas muchas veces buscan refugiarse en el anonimato, lo que exige la mayoría de las veces una renuncia a sus costumbres y a los rasgos propios de su región, a sus raíces culturales. El problema radica en que las costumbres constituyen la clave de la relación que el hombre establece con el mundo entorno patriótico. Si bien ellas pueden ser cambiadas, esto exige, de un proceso paulatino, lo cual quiere decir que no se deben deslegitimar súbita y tajantemente, pues ello equivaldría a una negación radical de la persona y de su historia, o lo que es lo mismo, una pérdida del rostro. El hombre de campo, quien generalmente sufre el desplazamiento forzado, no está acostumbrado a ninguna de las exigencias propias de la ciudad, pues ésta demanda otras habilidades lingüísticas, otras formas de expresión corporal, de socialización, etc. que no son fáciles de aprender. A lo anterior se suma, que el hombre citadino de nuestro país tiende a despreciar todo lo que se identifique con lo provincial o campesino. Esta situación resulta traumática para quien no ha sido educado en la ciudad y abruptamente debe vivir en ella.

En suma, los desplazados en tanto están sometidos a la "liminalidad" pertenecen a una clase de personas que son trasladadas a esa región de lo oscuro, en la que predomina el silencio y la falta de voz, así como la pérdida del espacio privado y de la intimidad, y en el que no se les reconoce su carácter de víctimas. Por lo anterior, el estado en que se encuentran estas personas podría compararse al de los esclavos de otras épocas de nuestra historia. Es decir, se trata de seres que son considerados como míseros y que no tienen derecho alguno a la participación en el espacio público. Al respecto cabe señalar que a la población desplazada, tal y como lo advierte con toda certeza y justicia la sentencia T-025, le han sido violados casi todos los derechos constitucionales fundamentales: el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, al libre desplazamiento en el territorio nacional, al libre desarrollo de la personalidad, a escoger el domicilio, a la salud, a la integridad personal (…). Así las cosas, es tal la cantidad de derechos vulnerados, que daría la impresión de que tan solo han mantenido el derecho al uso del espacio público en las ciudades.

En este punto cabe aclarar que si bien la población desplazada no ha perdido su condición de ciudadanía mediante un acto jurídico, sin embargo la mayoría de ellos no puede en absoluto gozar de las garantías propias de un Estado democrático (defraudación de expectativas). Al respecto, la ley 387 de 1997, así como las diversas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, han marcado un verdadero hito en el tratamiento de este problema; sin embargo, la acción del Estado, como ya lo dijimos anteriormente, está muy lejos de atender suficientemente las consecuencias que tiene el desplazamiento forzado (El Tiempo, 2007). Esto se refleja especialmente en el crecimiento continuo de este problema y en la incapacidad del Estado para diseñar estrategias de prevención. El Estado se muestra como una institución débil, pues no puede garantizar la soberanía en todo el territorio nacional. Por soberanía se puede entender también la seguridad que otorga una suerte de contrato social, gracias al cual se genera la certeza de que los ciudadanos restringirán sus posibles agresiones, debido a que el Estado castigará al infractor, o lo que es lo mismo, intervendrá a favor de quien ha sido afectado injustamente. Desde esta perspectiva, cualquier ciudadano puede llegar a ser víctima del desplazamiento, pues si en la última década más del 10% del total de la población de nuestro país ha sufrido esta experiencia, nada garantiza que hoy o mañana no le corresponda vivirla a cualquier ciudadano (CODHES, 2006:4). Cuando esto sucede, se abre la posibilidad de que los grupos armados llenen estos espacios vacíos y compitan, entre sí y con el Estado, por el poder y la soberanía en una determinada región.

4. Condiciones generales para la reconciliación, el perdón y la esperanza

A largo de este escrito se recogieron y presentaron algunos conceptos relacionados con la posibilidad de comprensión del desplazamiento forzado en términos de la reflexión filosófica. Todo ello con la intención de mostrar que la experiencia traumática del desplazamiento conduce a quien la padece a actuar dentro de una estructura socio-cultural que degrada su identidad y lo obliga a responder con el ocultamiento, la oscuridad, el silencio o el desvío. De acuerdo con lo anterior y ante esta grave situación nos preguntamos si aún hoy es posible entonar con sentido el Himno Nacional, especialmente aquél verso que reza: "cesó la horrible noche". Este tipo de problemas lleva a pensar que la oscuridad de la noche apenas empieza. Las investigaciones sobre este problema han mostrado algunas condiciones fundamentales para afrontarlo; por nuestra parte las dividimos en los siguientes grupos:

a. Con respecto a la reformulación del concepto de "prójimo". Castillejo advierte al respecto que la sociedad colombiana debe aprender a ver en la población desplazada no como aquellos que hacen parte de lo "extraño" o de lo "absolutamente otro". El reto a seguir es aprender a ver en estas personas su condición de víctimas inocentes del conflicto armado. La salida al problema no está en el retorno a sus tierras de origen, ni en la segregación o en la indiferencia. Se trata de abrir espacios de representación y de acogimiento a la vida social por parte de las poblaciones receptoras. Esto conlleva una resignificación del prójimo, del vecino como alguien que es importante y que comparte no solo un espacio, sino al menos un proyecto político común: la construcción de la comunidad local, en el barrio, en la unidad residencial, pero también en la ciudad.

b. El apoyo del Estado y de la sociedad civil en general también se puede canalizar mediante el diseño de políticas públicas de atención primaria y de proyectos de intervención social en los que se promueva la participación en pie de igualdad de la población desplazada en construcción de los referentes normativos y alternativas de solución del problema. Al respecto, cabe recordar el papel protagónico que tuvieron las organizaciones de desplazados en el pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de sentencias. La organización de las personas desplazadas mediante redes de apoyo mutuo y de intereses comunes parece ser una de las vías que les permite reconfigurar los aspectos vulnerados de su identidad personal y de comunidad. Mediante estos diversos modos de organización la población desplazada tiene la oportunidad de generar y gestionar proyectos a mediano plazo; por esta vía pueden no solo ganar en cohesión grupal, sino en visibilidad social y ganar de nuevo confianza en sus propias posibilidades.⁹ Se trata entonces de apuntarle a las redes de solidaridad y al fortalecimiento de los nexos culturales compartidos intersubjetivamente.

c. Otra vía de trabajo consiste en la toma de conciencia que deben hacer los funcionarios públicos sobre su representación social de los desplazados. Esto significa que se deben suprimir los diversos "cinturones de seguridad" o trámites burocráticos-institucionales que impiden a los desplazados defender sus derechos.

A lo anterior debemos agregarle que la gravedad del problema aquí descrito se acentúa si se tiene en cuenta que el gobierno, según el informe del Procurador Maya Villazón, tiene un presupuesto casi once veces mayor para los paramilitares desmovilizados en comparación con el destinado a las víctimas desplazadas (Maya Villazón, 2006). Este tipo de políticas refleja un carácter de perversidad, pues están diseñadas para favorecer más al victimario que a la víctima. Lo mismo se podría afirmar de las negociaciones turbias sobre la distribución de las tierras arrebatadas a los desplazados y que en su mayor parte están en poder de paramilitares o de sus testaferros. Este tipo de hechos acrecienta la diferencia en la distribución de la riqueza y del capital en nuestro país (Haugaard, 2006).

Cuando no hay lugar al perdón queda otra alternativa distinta a la venganza: la reconciliación. Ella consiste en la aceptación de la realidad con base en el permanente intento de su comprensión. La comprensión quiere y busca esclarecer los móviles y circunstancias que permitieron que una realidad haya sido posible, en este caso la violencia que generó el desplazamiento forzado. Arendt, quien también fue víctima de otro tipo de desplazamiento forzado, sostiene que la reconciliación es resultado del proceso de comprensión, y que ella es muy distinta del perdón (Arendt, 2005:372). Pero la comprensión no es de identificar con el conocimiento racional o la explicación de las causas, motivaciones y circunstancias que desencadenaron determinados actos. El sentido de la comprensión es llegar a ser un tipo particular de conocimiento y por esta vía alcanzar la reconciliación; gracias a esta comprensión llega a ser posible iniciar algo nuevo en el mundo: la realización de la acción política y con ello la construcción de mundo y de comunidad política.

Para el caso que aquí nos ocupa, el ejercicio de la comprensión puede ser facilitado mediante programas dirigidos a permitir la expresión de la población desplazada y la reconstrucción de la historia mediante las diversas formas del arte como mecanismo que permite la progresiva toma de conciencia y resignificación del problema. Pero esto tan solo es una condición para que tenga lugar la reconciliación, pues para que ella sea cabal es necesario el relato de la contraparte, la aceptación que deben asumir los victimarios de su responsabilidad, la clarificación de los hechos y, si es posible, la reparación económica que les corresponde realizar.

Ahora bien, la restauración económica y moral exige del concurso de las instituciones públicas y privadas. En el diseño de planes, programas y proyectos deben participar activamente las víctimas del desplazamiento, pues sólo así no les vendrán soluciones ajenas e impuestas. Además, su inclusión en este tipo de trabajo sirve para generar mayor autoconfianza, autoestima y pertenencia. En este sentido comenta una persona desplazada: "nosotros no queremos ser una carga para la sociedad, queremos contribuir a la economía, que se nos dé una oportunidad. Nosotros generamos soluciones cuando nos llaman. Solamente pedimos oportunidades para hacerlo".¹⁰

El problema del desplazamiento tiene una complejidad tal que ni los gobiernos municipales, ni los regionales poseen la suficiente capacidad de maniobra para la negociación de políticas de paz o para asumir los programas que exigen cumplir cabalmente con las exigencias de la Corte Constitucional. Ante este oscuro panorama, la esperanza tan solo puede estar cifrada en que se de un progresivo cambio de actitud frente al "otro", gracias al cual se empiece a renovar la confianza perdida en el prójimo y podamos emprender el proyecto de reconstrucción del espacio público y de construcción del ideal común de sociedad democrática y pluralista. Pero esto no será plenamente posible mientras no se encuentre una salida negociada al conflicto armado, a la guerra interna que desde hace décadas azota a nuestra país, y de la cual no tenemos suficiente conciencia.

¹ Este artículo sintetiza los resultados del Proyecto de investigación sobre "Población desplazada y representación del espacio público". Proyecto desarrollado por el grupo de investigación Sociedad, Tecnología y Comunicación, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, realizado en 2005.

² Magister en Filosofía, Universidad del Valle. Docente investigador del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

³ Ph.D. Universität Wuppertal, Profesor asociado Universidad del Valle, Cali-Colombia.

⁴ No es nuestro interés realizar un riguroso estado del arte sobre este problema, tan solo queremos enunciar algunas de las investigaciones que sobre este tema han aportado decisivamente a su comprensión. Además, de las anteriores cabe mencionar los trabajos de Alejandro Castillejo, María Teresa Hincapié y por supuesto los del CODHES, ACNUR, entre otros.

⁵ Al respecto cabe referir las investigaciones de la Red Nacional de Investigación sobre el Desplazamiento Forzado, en la que encontramos trabajos de Martha N. Abello, María Inés Villa, Gloria Naranjo, Alba N. Rodríguez, entre otros.

⁷ Intervención de una persona desplazada, que habita en Cali, 2006.

⁸Cfr. Ibídem, pp. Al respecto cabe citar la orden de la Corte Constitucional, quien determina que el gobierno (mediante la Red de Solidaridad Social) debe proveer a la población víctima del desplazamiento forzoso la siguiente información sobre sus derechos fundamentales:

⁹ La participación en grupos y redes de trabajo les permite a las personas en situación de desplazamiento afrontar con mayor facilidad las demandas que les exige el medio, así como construir relaciones interpersonales de cohesión. Su objetivo principal no trasciende el carácter reivindicatorio, esto es, de solución de necesidad básica y, por tanto, en sí mismas aún no alcanzan a lograr una visibilidad política. Con todo, ellas constituyen una primera salida ante el aislamiento e traumatismo que genera la experiencia del desplazamiento. Cfr. Grupo de investigación sujetos y acciones colectivas. "Acciones colectivas y constitución de sujetos sociales y políticos. Estudio sobre organizaciones de personas en situación de desplazamiento en sectores populares de la ciudad de Cali". Informe final de Investigación, Noviembre de 2006.

¹⁰ Intervención de una persona desplazada, en una asamblea en Cali, 2006.

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