Igualmente, le corresponde el papel de la suprema vigilancia de estas actividades cuando las delega total o parcialmente en particulares como ocurre en el caso de la Educación, respetando por supuesto la autonomía de las personas y de la universidad y no suplantándolas o colocando límites arbitrarios al pleno uso de esos derechos. Se trata, pues, de un rol estimulante y propulsor, por un lado, y vigilante por el otro que requieren la práctica de un difícil equilibrio conceptual y normativo.

Cuando un Estado delega a particulares buena parte de la educación, de la administración de la salud y no puede ofrecer trabajo a todos los ciudadanos, no puede por otro lado normatizar en exceso porque corre el riesgo de impedir el uso de derechos fundamentales. El único camino es la búsqueda de la calidad a través de procesos vigilados y estimulados desde el Estado y el Gobierno.

La Universidad

Las instituciones de Educación Superior, el ámbito natural de la creación y conservación del conocimiento, son el escenario normal para la formación en todos los niveles de los profesionales de la salud y su papel formador no puede ser suplantado por ninguna razón por el Estado o por particulares. Existe una clara y legal delegación del Estado hacia la universidad y una obligación legal y ética social de formar el mejor profesional por parte de ella.

Por otra parte, la Autonomía Universitaria, norma constitucional, puede ser un derecho colectivo peligroso si es utilizado irresponsablemente y parece haber desencadenado una política de control previo, de exigencias de requisitos mínimos, de acreditación y reacreditación, de exámenes de estado inmediatamente después de alcanzado el título universitario, de categorizaciones de facultados por los resultados de esos exámenes, etc.

La universidad, los estudiantes y el colectivo social se desgastan preparándose para esos eventos y consumen parte de sus escasos recursos. Parecería más lógico la creación de una cultura universitaria sobre la Calidad y el ejercicio responsable de la autonomía, con la formación de ligas de "consumidores" o usuarios de la educación superior que auditaran las instituciones, el camino adecuado para evitar tantas normas y procesos de vigilancia.

Las asociaciones o sociedades científicas, constituidas, como su nombre lo dice, alrededor de una área específica del conocimiento han ido cambiando su carácter científico por el gremial buscando permanentemente reivindicaciones profesionales y cada una preocupándose por tener una Ley que "blinde" el ejercicio específico; leyes que casi siempre terminan por ser total o parcialmente declaradas inconstitucionales ya que le ponen obstáculos a la única profesión plenamente reconocida: ser Médico.

Deberíamos preguntarnos la efectividad de esas normas legales reglamentarias de especialidades y la justificación social y ética de impedir el acceso de alguna parte de la población a recursos de salud y exámenes diagnósticos cuando no exista el recurso académicamente formado pero si existan médicos con entrenamiento empírico sólido o entrenados cuando no existían o eran insuficientes los programas académicos de su momento.

El país esta "ad portas" de ser testigo de cómo una gran cantidad de profesores universitarios y exdignatarios o fundadores de asociaciones científicas no podrán ejercer esa área del conocimiento médico, mientras sus alumnos sí. Ante esa situación potencial, no sé de ningún pronunciamiento de las directivas de esas sociedades. Parecería que no estuviéramos pensando con la cabeza sino con el bolsillo.

Las sociedades deberían pensar en fortalecer su actividad de educación continua, de extender su radio de acción a los médicos generales buscando actualizarlos y capacitarlos para que cada uno haga bien lo que le corresponda hacer. Y recordar que la ley, salvo contadas excepciones no les otorga el carácter de "consultivos" legales y por ello no entrar en competencia con la Academia Nacional de Medicina o los Colegios médicos que sí lo son.

Academia Nacional de Medicina y Colegios Médicos

Las normas legales les otorgan el carácter de órganos consultivos y reguladores de la practica medica, para cada caso, y sería nuestro deber apoyarlos para que logren su cometido, agrupándonos a su alrededor, sacrificando protagonismo de grupo, haciendo cada uno la labor que le corresponda. Son el escenario natural para definir las políticas alrededor de los grandes temas de salud y son los interlocutores con el Estado.

Queramos o no, los Colegios Médicos tendrán mucho que decir sobre nuestra posibilidad de ejercer la medicina y más vale que formemos parte de ellos e influyamos en la selección de sus dignatarios y políticas.

Los últimos veinte años han permitido ser testigos oculares de la degradación del ejercicio profesional, de la pauperización de los ingresos, de la intromisión de grupos económicos externos en la relación médico-paciente, del deterioro de la calidad medica y la pérdida de valores éticos. Nuestra profesión formó parte de la hecatombe social del país en las dos ultimas décadas y nosotros, o al menos la gran mayoría, fuimos espectadores pasivos y no actores del cambio y luego nos dedicamos a llorar sobre "la leche derramada", sin proponer alternativas inteligentes que no estuvieran centradas exclusivamente sobre el ingreso mensual.