Human trafficking in the sout american migratory legal agenda: Securitization of the migratory debate.

María José Magliano¹
Janneth Clavijo²

¹Doctora en Historia (UNC). Investigadora Asistente del CONICET (Argentina). Integrante del Programa Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América Latina, CEA-UNC/CONICET, Córdoba, Argentina. Docente de la Escuela de Historia (FFyH-UNC). E-mail: majomagliano@gmail.com

²Maestranda en Relaciones Internacionales (CEA-UNC). Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional de Colombia). Integrante del Programa Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América Latina, CEA-UNC/CONICET, Córdoba, Argentina. Becaria Secyt-UNC. E-mail: mimeka82@hotmail.com

RESUMEN

Este trabajo procura poner en discusión, desde una perspectiva crítica, el modo en que el discurso sobre la trata de personas se incorpora en la agenda política sobre migraciones en la región sudamericana, y las implicancias políticas e ideológicas de esa incorporación. Partimos del supuesto que las formas de concebir a la trata de personas en la esfera política migratoria regional no se alejan de los postulados de control y seguridad que subyacen a la construcción de esa agenda, reconfigurando y legitimando una concepción de las migraciones como "problema" y "amenaza". Este estudio se apoya en una metodología cualitativa basada en el análisis de documentos elaborados por distintos actores políticos de alcance global y regional, y de intervenciones públicas de funcionarios en eventos vinculados a las migraciones internacionales.

Palabras clave: trata de personas, migraciones, securitización, gobernabilidad, agenda política

SUMMARY

Key words: Human trafficking, migrations, securitization, governance, political agenda

INTRODUCCIÓN

La trata de personas ocupa un lugar relevante en la construcción de la actual agenda política sudamericana sobre migraciones, como se evidencia en distintos documentos, declaraciones y recomendaciones elaboradas por actores nacionales, regionales e internacionales vinculados a la cuestión migratoria(2). Esta temática, especialmente promovida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), está presente a nivel de organismos internacionales y continentales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA); de los foros consultivos regionales sobre migraciones, como la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM) y el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMyD); de los espacios sobre migraciones en los procesos de integración subregional, como el Foro Especializado Migratorio del Mercosur y Estados Asociados y el Foro Andino de Migraciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); así como también a nivel de los estados nacionales. Este trabajo procura poner en discusión, desde una perspectiva crítica, el modo en que el discurso sobre la trata de personas se incorpora en la agenda política sobre migraciones en la región sudamericana y las implicancias políticas e ideológicas de esa incorporación (3). Partimos del supuesto que las formas de concebir a la trata de personas en la esfera política migratoria regional no se alejan de los postulados de control y seguridad que subyacen a la construcción de esa agenda, reconfigurando y legitimando una concepción de las migraciones como "problema" y "amenaza". Este estudio se apoya en una metodología cualitativa basada en el análisis de documentos elaborados por distintos actores políticos de alcance global y regional, y de intervenciones públicas de funcionarios en eventos vinculados a las migraciones internacionales(4). Para esto, se considerarán aquellos espacios y actores políticos que poseen una mayor visibilidad y una participación activa en la construcción de la agenda a nivel internacional y regional sudamericana.

El análisis de los posicionamientos políticos sobre la trata de personas convoca a nuevas reflexiones en torno a las formas en que están siendo pensadas, clasificadas y representadas las migraciones internacionales y los/as migrantes en las sociedades contemporáneas y cómo esto se articula con la elaboración e implementación de políticas públicas a nivel de los estados. A la vez, permite problematizar acerca de la creciente securitización que atraviesa el debate sobre migraciones, el cual se expresa en la inclusión de determinados temas asociados al delito y la delincuencia internacional en las agendas de trabajo de los distintos actores comprometidos con la cuestión migratoria.

Si bien desde las últimas décadas existe una importante literatura sobre la trata de personas, en especial focalizada en los efectos de este proceso para sus víctimas, sobre todo mujeres, son escasos los trabajos que aborden las implicancias socio-políticas del tratamiento que recibe esta temática en el ámbito de las migraciones. En este sentido, este trabajo asume el desafío de pensar críticamente esas implicancias a partir de discutir los alcances de la relación que se establece entre migración y seguridad.

LA SECURITIZACIÓN DEL DEBATE MIGRATORIO: HACIA UN ANÁLISIS DE LOS "CONSENSOS" POLÍTICOS EN TORNO A LA TRATA DE PERSONAS

Desde los últimos años, la región sudamericana es definida como "modelo en política migratoria" (Ambrosi, OIM, Montevideo 2008), en tanto sus prácticas expresarían la emergencia de un enfoque sustentado en "vías más racionales y respetuosas de los derechos humanos para encauzar las tensiones que provocan los fenómenos migratorios" (Ambrosi, OIM, Montevideo 2008). En orden a esta premisa, se postula que:

"el modelo que se vive en los países del Mercosur, básicamente en esta materia migratoria, es un modelo muy diferente de lo que se ve en otras partes del mundo. Algunas regiones, por el contrario, están levantando muros al problema. Algunos son muros en sentido literal, como es en el caso de los Estados Unidos con México. En algunos bloques se están levantando muros legislativos o normativos para dificultar las inmigraciones" (Ambrosi, OIM, Montevideo, 2008).

Según este argumento, este enfoque se alejaría del modelo asentado en las perspectivas de control y seguridad que "levanta muros al problema" (de las migraciones), especialmente promovido por los países centrales. Sin embargo, como problematizaremos en este trabajo, el enfoque que prevalece a nivel regional, el cual retoma el discurso -dominante- de los derechos humanos y de la noción de los/as migrantes y las migraciones como "aporte" y "contribución"; no necesariamente abandona esas perspectivas, al contrario, convive y se articula con ellas en virtud de la dicotomía legalidad/ilegalidad, regularidad/irregularidad. Así pues, mientras que las migraciones "regulares" y "ordenadas" son presentadas y representadas como una "contribución al desarrollo" de los países de origen y destino, en tanto "vías más racionales y respetuosas de los derechos humanos"; las dinámicas concebidas como "irregulares" y "desordenadas" son presentadas y representadas como "problema" y "amenaza", en la medida en que rompen con aquella "racionalidad" tan anhelada. Muchas de estas dinámicas "irregulares" y "desordenadas" se asocian a determinadas actividades "ilegales" como el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, legitimando la construcción y reproducción de una noción de las migraciones basada en una forma de concebir la (in)seguridad cuyo eje principal reside en el control de los procesos migratorios internacionales.

A nivel global, es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) la que aborda principalmente la problemática de la trata de personas, ocupando un lugar relevante en su agenda de trabajo(5). Esta institución se auto-nomina como "guardiana" del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y asiste a los estados en sus esfuerzos por implementar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), que complementa aquella Convención y que ofrece una definición sobre la trata, recuperada y reproducida por los distintos actores sociales y políticos cercanos a la temática migratoria(6).

En el ámbito continental, en particular, la III Cumbre de las Américas llevada a cabo en Quebec en el año 2001 allana el camino para la inclusión de la temática de la trata de personas como parte de las preocupaciones sobre seguridad, destacando el:

"compromiso de combatir las nuevas amenazas multidimensionales a la seguridad de nuestras sociedades. Entre estas amenazas destacan, principalmente, el problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades" (III Cumbre de las Américas, Declaración final, Quebec, 2001).

En esta misma dirección, las recomendaciones y directrices de la OEA para este nuevo siglo consideran al terrorismo, al crimen transnacional organizado, tráfico de drogas y de armas; a la pobreza y exclusión social; a los desastres naturales, enfermedades y degradación ambiental; al tráfico de personas; y al acceso a armas de destrucción masiva como "nuevas amenazas" de seguridad en el "Hemisferio Occidental" (Proyecto de resolución Combate al delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes y niños/as, OEA, 2006). Este organismo retoma las banderas de la ONUDD en materia de trata de personas instando a que los estados miembros:

"adopten las medidas necesarias para implementar las recomendaciones emanadas de la resolución Combate al Delito de la Trata de Personas, especialmente Mujeres, Adolescentes y Niños/as, a fin de reforzar sus sistemas legales, judiciales y administrativos, y considerar el establecimiento, cuando corresponda, de un mecanismo nacional para prevenir y combatir el delito de la trata de personas y proteger a las víctimas" (OEA, Proyecto de resolución Combate al delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes y niños/as, 2006).

En líneas generales, las respuestas políticas propuestas por estos actores en relación a la trata de personas giran alrededor de la "prevención", "protección y "penalización" (las 3 P, como se las denomina), a partir de la "cooperación" y "coordinación" nacional e internacional (International Framework for Action to Implement the Human Trafficking Protocol, ONUDD, 2009: 3)(7).

De los diferentes actores políticos que disputan los sentidos y la definición de la agenda política sobre migraciones, la OIM cumple un papel relevante a nivel regional y global. De modo específico, es central el rol de este actor en la visibilidad que adquiere la temática de la trata en el ámbito de las migraciones. Justamente, desde la OIM se ha promovido, a partir de mediados de los 90', la concepción de la trata como una problemática migratoria, impulsando diversas actividades de "combate" a este proceso inscritas en los objetivos del mencionado Protocolo, como una forma de estimular la "migración ordenada y humana de personas" y de "ayudar a proteger los derechos de los migrantes y cooperar con sus Estados Miembros para encarar los problemas relacionados con la migración". En efecto, se plantea que la "razón de ser" de la OIM "es ayudar a los gobiernos a encarar los problemas de migración", siendo el "desafío más importante" la "lucha contra la trata de personas" (Perruchoud, OIM, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002)(8). Las preocupaciones en relación a la trata se orientan a la "prevención, la protección y asistencia de la víctima, la acción judicial y policial" (OIM, Proyecto FO.IN.TRA, 2005-2006), las cuales se materializan en programas que persiguen la "sensibilización y capacitación, así como la asistencia y reinserción de víctimas que en su conjunto representan una acción global de combate al delito" (OIM, VII CSM, Caracas, 2007)(9). Para avanzar en esta dirección, se insiste que "los gobiernos que actúan individualmente no podrán encarar satisfactoriamente este complejo fenómeno" (Perruchoud, OIM, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002).

El abordaje de la trata de personas como un problema migratorio focalizado en la penalización del proceso y en la protección y asistencia a las víctimas, se reproduce a nivel de los espacios políticos regionales vinculados directamente a la cuestión migratoria. Desde el FIBEMyD se establece la "necesidad de fortalecer los mecanismos de difusión, sensibilización y capacitación de la población para la prevención y el combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, y sobre los riesgos de migrar de manera indocumentada" (FIBEMyD, Aportes y conclusiones principales, Cuenca, 2008). En el ámbito sudamericano, específicamente, la CSM incorpora la temática de la trata desde su primer encuentro, allá por el año 2000, siguiendo estos mismos términos. Desde este espacio, al igual que lo promovido por la OIM, la OEA y diferentes agencias de la ONU, se asocia la trata a un problema migratorio, enfatizando la necesidad de "prevenir", "reprimir" y "sancionar" el delito de la trata "sobre la base del principio de la responsabilidad compartida y considerando especialmente la vulnerabilidad de las víctimas" (VI CSM, Declaración final, Asunción, 2006, art. 4 h). En tal sentido, se recomienda la tipificación de los referidos delitos en las respectivas legislaciones penales (Declaraciones finales de la II CSM, Chile, 2002; III CSM, Quito, 2002; V CSM, La Paz, 2004; VI CSM, 2006, Asunción; VII CSM, Caracas, 2007; VIII CSM, Montevideo, 2008; IX CSM, Quito, 2009)(10). En torno a la idea de "responsabilidad compartida", la noción de cooperación -herramienta propia del consenso en los espacios de negociación y consulta que se relaciona con una lógica que intenta suprimir el conflicto y apunta a la conservación del statu quo en las relaciones internacionales (Clavijo y Santi, 2009)- se torna relevante, siendo un instrumento clave para la "gobernabilidad migratoria"(11).

La búsqueda de gobernabilidad se ha transformado en el desafío principal de las políticas, programas y acciones adoptadas en el campo de las migraciones a nivel regional, legitimada en la idea de la migración -"ordenada"- como "aporte" y "contribución", y en la necesidad de abordar las migraciones desde consensos bi y multilaterales (Mármora, 2004)(12). Este enfoque, que se asienta en la legitimidad, la cooperación y la eficacia (Mármora, 2004: 391), se plantea como un modelo de administración del conflicto alternativo a las perspectivas basadas en la doctrina de seguridad nacional las cuales, a través de políticas restrictivas, tienden a la "criminalización" del migrante. De este modo, y pretendiendo distanciarse de los presupuestos de esa doctrina, el enfoque de la gobernabilidad se postula como defensor de los derechos humanos de los migrantes a partir de la promoción de una migración "ordenada" y "regularizada" (Mármora, 2009: 30). Ahora bien, bajo este enfoque, todo aquello que implique un "desorden" migratorio se convierte en un "problema de seguridad" y, como tal, debe ser combatido y controlado(13). La trata, en este contexto, se presenta como un problema de "desgobernabilidad", conjuntamente con las migraciones irregulares y el tráfico de migrantes: en tanto concebidas como dinámicas "desordenadas" de migración, forman parte de los problemas a "resolver" asociados a las migraciones.

Por otra parte, estas formas de pensar, concebir y actuar sobre la trata de personas, enfocadas en los efectos del proceso -en especial la penalización y la protección a las víctimas-, desplazan del eje de discusión sus causas más profundas. En los documentos analizados, cuando se habla de causas de la trata de personas se hace referencia a una descripción -enumeración- de situaciones que la promueven, tomando como "un dato" la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, en especial de la mujer (Magliano y Romano, 2009); y planteando como "solución" el fomento de dinámicas migratorias "ordenadas" y "regulares"(15) . Así, en lugar de ir más allá de una simple enumeración de situaciones, lo que implicaría poner en el centro del debate al sistema histórico capitalista y sus alcances, los discursos políticos se concentran en sus efectos y en la manera de lograr que esos efectos puedan ser "controlados". Este desplazamiento del foco de atención hacia los efectos, en este caso de la trata de personas, actúa eludiendo los aspectos más problemáticos del fenómeno (como las causas), centrándose en aquellas cuestiones que se pueden abordar más fácilmente para lograr ciertos consensos sin generar conflictos entre las partes, las cuales a la vez se publicitan como la vía más eficaz para alcanzar soluciones concretas (García Borrego, 2008). Debido a ello, la búsqueda de eficacia, legitimidad y cooperación, como un modo de consolidar respuestas políticas "estables" y "coherentes", se convierten en el desafío principal, siendo escasamente problematizadas las condiciones estructurales de un sistema socio-económico jerárquico y desigual que crea, reproduce y se nutre de múltiples dispositivos de exclusión y explotación, siendo la trata de personas una materialización de esos dispositivos.

POR UNA "MIGRACIÓN ORDENADA" Y UNA "FRONTERA MÁS SEGURA": LOS RECORRIDOS DE LA SECURITIZACIÓN

La promoción de "alternativas legales a la migración irregular" (Perruchoud, OIM, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002) se postula como una de las respuestas principales para encarar la problemática de la trata de personas, concebida de manera prioritaria como "una forma abusiva de migración" (Principios y directrices recomendadas sobre derechos humanos y la trata de personas, ACNUDH, 2002). Bajo la consigna de la "regularidad/legalidad" como "solución", al mismo tiempo que se cuestionan fuertemente las restricciones migratorias adoptadas por gran parte de los países centrales principales receptores de población, sobre todo teniendo en cuenta el rumbo que han tomado las políticas migratorias y el tratamiento que reciben los/as migrantes con posterioridad a los acontecimientos del 11-S de 2001; se demandan nuevos controles por parte de los estados para "prevenir" y "combatir" esas "formas abusivas de migración". A nivel regional sudamericano, en particular, aún cuando se viene planteando la necesidad de no "descuidar el control migratorio y la seguridad" (V CSM, Declaración final, La Paz, 2004, art. 21); se precisa "que el endurecimiento de las políticas inmigratorias en los países de destino y tránsito de las actuales migraciones internacionales, no sólo vulneran los derechos fundamentales de las personas migrantes sino que, además, estimulan formas de migración irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes" (IX CSM, Declaración final, Quito, 2009).

Dentro de las demandas de mayores controles para el "combate" de la trata (al igual que para el tráfico de migrantes y las migraciones irregulares), las fronteras aparecen como espacios claves(16) . Así, se indica que:

"sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas" (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ONU, 2000, Art. 11, inc. 1)(17).

Los controles fronterizos no se conciben como parte de las políticas migratorias restrictivas. Por políticas migratorias restrictivas se hace referencia, principalmente, a las barreras que impiden que quienes ya migraron regularicen su situación. Esto explica la convivencia, no sin tensiones y contradicciones, entre un discurso que sostiene que "la apertura de las fronteras nacionales y de los mercados internacionales (...) ha redundado (...) en la globalización de la delincuencia organizada" (UNFPA, 2006: 44), reclamando por tanto mayores controles al ingreso/egreso de personas; y otro que enfatiza que:

"las víctimas [de la trata], en su mayoría, son migrantes en busca de una vida mejor que suelen ser atraídos con el señuelo y la promesa engañosa de un trabajo digno. Las políticas de inmigración, cada vez más restrictivas, limitan la posibilidad de entrada legal y esto, a su vez, impulsa a cantidades cada vez mayores de futuros migrantes a ponerse inadvertidamente en manos de los tratantes" (UNFPA, 2006: 44).

La vinculación entre "apertura de fronteras" y "globalización de la delincuencia organizada" -que incluye al terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas-, y entre víctimas de la trata y migrantes irregulares -que aparece como justificativo para las demandas de mayores controles en un contexto de necesidad de impulsar una migración "ordenada" y "legal" para evitar lógicas de explotación-; promueve la construcción de las migraciones y los/as migrantes como "problema" y "amenaza", legitimando la adopción de políticas restrictivas, a la postre criticadas(18).

En este contexto, se configura la visión de una "frontera abierta" para la "migración ordenada", como estrategia de protección a los migrantes, y de una "frontera cerrada" para la "migración ilegal", el "tráfico de migrantes" y la "trata de personas", como estrategia de combate a los flujos considerados "ilegítimos". La intervención de la Vice Secretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos durante la Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional (Chile, 2002) ilustra esta premisa:

La reducción de la trata de personas a un problema de "desorden" migratorio habilita el planteo de respuestas políticas similares para procesos heterogéneos como son la trata de personas, el tráfico de migrantes y la migración irregular. Esta homogeneización, que fomenta una percepción negativa del cruce de las fronteras, y por eso la necesidad de controlarlas, se articula con los modos específicos en que los/as migrantes están siendo construidos, representados y tratados social y políticamente a partir de la reconfiguración de la articulación entre migraciones y seguridad: el lente puesto en la "ilegalidad" y la "irregularidad" legitima y justifica la incorporación de las migraciones como una cuestión de seguridad o, a la inversa, la securitización de la agenda política sobre migraciones.

En líneas generales, la securitización del debate migratorio opera en dos direcciones: por un lado, la securitización en términos de protección al migrante, funcionando aquí la vulnerabilidad como excusa a partir de la construcción de ciertos actores sociales como "víctimas"; por el otro, la securitización en términos de criminalización del migrante, funcionando aquí la amenaza como excusa a partir de la configuración de una imagen "negativa" de ciertas dinámicas migratorias.

La securitización en términos de protección se vincula con una visión de vulnerabilidad que recae sobre determinados colectivos sociales, con énfasis principal en mujeres y niños/as. La asociación entre trata de personas y mujeres migrantes se centra fundamentalmente en el supuesto que "los migrantes, en especial mujeres, son especialmente vulnerables a caer en manos de redes criminales de trata de personas" puesto que "las condiciones de vida y de trabajo en sus países de origen" permiten que sean "fácilmente engañados por los tratantes, quienes les prometen un futuro más digno y maneras fáciles de ganar dinero en el extranjero" (Rodríguez Pizarro, OIM, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002). "Una vez convencidos", continúa esta funcionaria de la OIM:

"los migrantes son conducidos, generalmente por vías irregulares y sin recibir ningún tipo de información, a países de los cuales desconocen todo, desde el idioma hasta la legislación, pasando por los códigos culturales. En estos países, los derechos de los migrantes son vulnerados por los tratantes —ya sean éstos potentes redes criminales como simple delincuentes— que les fuerzan a trabajar como empleados domésticos en condiciones de esclavitud o a trabajar en la industria del sexo" (Rodríguez Pizarro, OIM, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002).

A raíz de ello, se propone "abordar y mitigar los factores que contribuyen a la proliferación de la trata de personas, sobre todo de mujeres, niñas y niños, tales como la falta de oportunidades económicas, la inferioridad social de las mujeres y niñas, una baja edad de consentimiento para la actividad sexual y la desintegración de la unidad familiar"; a la vez que se demanda la implementación de "políticas y programas diferenciados (...) en la ejecución de actividades sobre migración, a fin de garantizar la equidad de género" (Conclusiones y recomendaciones, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002). Según estos argumentos, la atenuación de la "vulnerabilidad" de las mujeres migrantes dependen precisamente de las características de las migraciones: éstas deberían ser "ordenadas" para así evitar la desprotección, la violencia, la trata de personas y la explotación sexual (Magliano y Domenech, 2009). Esto se justifica bajo el paraguas de la protección a la víctima o posible víctima de una migración "desregularizada" que puede tanto vulnerar los derechos de los sujetos migrantes como socavar la seguridad del Estado:

"Teniendo en cuenta que la trata de personas se da generalmente en el contexto de la migración irregular, es importante que los Estados, junto con la sociedad civil, lancen campañas de información destinadas a los potenciales migrantes sobre los riesgos de la migración irregular y sobre sus derechos tanto en los países de origen como de destino (Rodríguez Pizarro, Conferencia Hemisférica, CEPAL/OIM, Chile, 2002).

Con este fin, se reclama a los estados "perfeccionar sus sistemas de seguridad e inteligencia" para así poder "proteger a todos, incluyendo a los migrantes", "ordenar" la migración y combatir la "irregularidad migratoria" evitando "abusos":

"Los Estados tienen el deber de perfeccionar sus sistemas de seguridad e inteligencia para proteger a todos aquellos que viven en sus territorios, incluyendo los migrantes. La alternativa a una migración desregularizada que puede vulnerar la seguridad de un Estado y vulnera de hecho los derechos de los migrantes, es el ordenamiento de los flujos migratorios, particularmente cuando existe una demanda real por la migración. La regularización y la creación de un marco de gestión migratoria en la que se respete los derechos humanos de los migrantes y se prevenga el tráfico y la trata de personas, es el verdadero desafío que debemos plantearnos en este nuevo siglo" (Rodríguez Pizarro, OIM, 2001, las cursivas son nuestras).

"Es prioritario que los Estados de origen combatan la salida irregular de sus nacionales, como ha sido recalcado, para así evitar que sean expuestos a los graves abusos que acompañan la trayectoria del tráfico y la trata, la clandestinidad y las nuevas formas de esclavitud. El mandato de la OIM que da prioridad a la migración en forma ordenada y en condiciones humanas está estrechamente vinculado a la protección de los migrantes y sus derechos y plantea el verdadero desafío para este nuevo siglo: la regularización y la creación de un marco de gestión migratoria en la que se respetan los derechos humanos de los migrantes" (Rodríguez Pizarro, OIM, 2001, las cursivas son nuestras).

"cerciorarse de que los posibles migrantes, especialmente las mujeres, sean debidamente informados de los riesgos de la migración (explotación, servidumbre por deudas y cuestiones de salud y seguridad como la exposición al VIH/SIDA, por ejemplo) así como de las posibilidades existentes de emigrar en forma legal y en condiciones que no sean de explotación" (Principios y directrices recomendadas sobre derechos humanos y la trata de personas, ACNUDH, 2002, Directriz 7, punto 4).

Es la "legalidad" la respuesta recurrente para que la migración no sea "riesgosa" para todos los actores que participan en el proceso. De otro modo, cuando las dinámicas no responden a una migración "ordenada" y "legal", se remarcan los efectos negativos que el desplazamiento pudiera ocasionar, asociando la migración a condiciones de vulnerabilidad, peligrosidad y/o criminalidad, según el caso, en el marco de las preocupaciones en torno a la "seguridad nacional". Así pues, se asocia las migraciones irregulares al "aumento de la criminalidad", a "problemas de seguridad nacional vinculados con la falta de controles en frontera" y a "problemas de xenofobia y estigmatización contra los extranjeros" (OIM, Proyecto FO.IN.TRA, 2005-2006). Es bajo este escenario que la securitización opera criminalizando al migrante.

En relación al tratamiento que recibe la problemática de la trata de personas en el espacio político de las migraciones, la securitización en términos de criminalización del migrante se manifiesta en el nexo que se establece entre víctima de la trata/migrante irregular/migración no deseada. La concepción de "repatriación" presente en los distintos documentos sobre trata ilustra ese nexo. Precisamente, se plantea que el país de destino puede disponer la repatriación de una víctima de la trata de personas, velando porque "se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, preferentemente de forma voluntaria" (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ONU, 2000, las cursivas son nuestras). La "repatriación" se enuncia como respuesta en caso de que la víctima de la trata que no sea nacional del país "carezca de la debida documentación" (OIM, 2006, art. 8, inc. 4). En tal sentido, se dispone que:

"cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria" (OIM, 2006, art. 8, inc. 2, las cursivas son nuestras).

De manera que la víctima de la trata es concebida políticamente como un sujeto migrante que no decide su partida, en tanto la trata implica una captación forzosa, ni tampoco su permanencia en el lugar de destino, en tanto asociado a la irregularidad. La "repatriación" termina funcionando, entonces, como una forma de expulsión de aquellos extranjeros considerados "no deseados". Los argumentos esgrimidos por diversos actores políticos involucrados con la temática migratoria (OIM, agencias de la ONU, CEPAL, CSM, FIBEMyD, entre otros), ponen de manifiesto que lo que se pretende no es "llevar a cero la migración" sino más bien promover un "régimen de control global" sobre los movimientos migratorios basados en requerimientos de "calidad total" (Mellino, 2009: 91, énfasis en el original). En este marco, aquellas personas víctimas de la trata enfrentan un doble proceso de explotación, dominación y exclusión: un primer proceso por ser víctimas de la trata en tanto "forma de esclavitud moderna" (OIM, Proyecto FO.IN.TRA, 2005-2006); y un segundo proceso por ser incorporadas dentro de la categoría "migrante irregular" que vulnera ese "régimen de control global" que se busca imponer.

Las demandas por mayores controles, las estrategias de prevención, regularización y penalización no disputan ni resuelven las condiciones que permiten la producción y reproducción del fenómeno de la trata, así como tampoco previenen y protegen por sí solas a las personas de esta forma de "esclavitud moderna"; al contrario, son medidas cuyo alcance es limitado y se encuentran desvinculadas de las causas más profundas que las posibilitan. La reducción del problema de la trata a una cuestión de irregularidad migratoria, no sólo habilita la invisibilización de las causas estructurales que están detrás de este proceso de explotación y dominación social, sino que también alienta la construcción de una imagen de las migraciones y del migrante -hombre y mujer-, atravesada por la idea de "problema" y "amenaza", legitimando prácticas, discursos y políticas que reproducen lógicas de exclusión, explotación y dominación.

CONCLUSIONES

Desde los últimos años, en la región sudamericana se postula la emergencia de un enfoque sobre las migraciones que busca distanciarse de aquel defendido por los países centrales que a partir de la centralidad de las premisas de control y seguridad va "levantando muros" a los problemas asociados a las dinámicas migratorias internacionales. Sin embargo, los argumentos que nutren ese enfoque antes que ofrecer una alternativa al modelo de control y seguridad lo reconfiguran, ahora bajo el paraguas de la protección de los derechos humanos y de la migración como "aporte" y "contribución" a las sociedades de origen y destino, siempre y cuando los flujos sean "ordenados". Muestra de ello, es la forma en que es abordada políticamente la trata de personas en su articulación con las migraciones, planteando el problema en clave de "irregularidad migratoria" y la solución en clave de "migración ordenada".

Pese a los esfuerzos -manifiestos a nivel de los posicionamientos políticos- por desvincular las respuestas migratorias de las "acciones globales contra la delincuencia transnacional organizada", que incluye al terrorismo, al narcotráfico y la trata de personas, entre otros procesos; la concepción de la trata como una forma (abusiva, irregular, desordenada, forzada) de migración promueve esa vinculación. Las consecuencias de esa asociación -o la imposibilidad de su desvinculación- se traducen en un modo específico de pensar y tratar las migraciones internacionales y constituir a los/as migrantes. En este contexto, la noción de la migración "irregular" y "desordenada" como "peligrosa" y "riesgosa" para los países de origen y destino y para los propios actores -en la que subyace la idea del migrante como "problema", en relación a la vulneración de los mecanismos de control y seguridad del Estado, y como "víctima" y "sujeto vulnerable", en relación fundamentalmente a la condición de género-; fomenta la construcción de una visión negativa de los/as migrantes y las migraciones, la cual alimenta la securitización del debate migratorio. Un análisis crítico de ese modo específico de pensar y tratar las migraciones internacionales a nivel social y político, convoca a reflexionar sobre los recorridos de la securitización del debate migratorio actual y sus implicancias políticas e ideológicas en términos de legitimación de determinados programas y líneas de acción políticas, y de construcción de la figura social de migrante, hombre y mujer.

1. Este trabajo se desprende del proyecto de investigación "La agenda política global sobre migraciones internacionales. Seguridad, desarrollo y derechos humanos en la región sudamericana: una aproximación crítica a la 'gobernabilidad migratoria'", presentado a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (Secyt-UNC).

2. De acuerdo al alcance geopolítico de sus prácticas, en este trabajo se hace referencia a "actores globales" cuando aquellas prácticas se desarrollan a nivel mundial; "actores regionales" cuando se desarrollan en una región supranacional específica; y "actores nacionales" cuando tienen como ámbito de acción un estado nacional pero ocasional o habitualmente participan en redes transnacionales (Mato, 2007).

3. La noción de agenda aquí retomada hace referencia a un esquema de ideas y proyectos establecidos en función de tiempos (Benessaieh, 2004: 34) que se plasman en líneas de acción, programas y políticas públicas.

4. Desde nuestra perspectiva, las instituciones "hablan" a través de los sujetos y, a la vez, los sujetos construyen su discurso a partir de las prácticas, representaciones y valores de las instituciones a las que pertenecen.

5. Asimismo, es importante señalar que desde la década del 90', el Departamento de Estado de los Estados Unidos incorpora la cuestión de la trata de personas como una de las preocupaciones centrales en materia de seguridad.

6. El Protocolo define a la trata de personas como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos" (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ONU, 2000, art. 3, inc. a).

7. Estas propuestas se desprenden de los objetivos que establece el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), los cuales se resumen en "a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines" (art. 2).

8. La Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional: Derechos Humanos y Trata de Personas (Chile, 2002) fue organizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la OIM, con la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El encuentro contó con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el gobierno de los Estados Unidos.

9. En esta línea, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la OIM viene implementando desde el año 2005 el programa AVOT (Programa de Asistencia a víctimas de trata) con el propósito de proveer "asistencia integral a las víctimas del delito, que incluye la protección de la víctima, su retorno y reintegración".

11. La concepción de cooperación se instala en los estudios de las relaciones internacionales dentro de la perspectiva de la interdependencia, la cual se diferencia de la visión estadocéntrica de las relaciones internacionales en tanto tiene en cuenta la injerencia de una multiplicidad de actores. Desde esta perspectiva, se considera que la política internacional se encuentra "institucionalizada", es decir, que el comportamiento es reconocido por parte de los participantes como un reflejo de reglas, normas y convenciones establecidas y su sentido se interpreta a la luz de esta comprensión (keohane, 1989).

12.La noción de gobernabilidad comienza a adquirir mayor visibilidad y relevancia política a partir de 1975, cuando fue utilizada por la Comisión Trilateral (Estados Unidos, Europa y Japón) en un informe sobre la "crisis de la democracia" para plantear el "desbalance existente entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta de los Estados, sobre todo centrales" (Maffia, 2008: 92). Esta noción, inicialmente concebida para indicar las reformas institucionales en los países centrales, es luego adoptada por el Banco Mundial para denominar cierto modelo de gestión estatal sugerido a los países "en desarrollo": medidas de reestructura del Estado, de política económica y de participación de actores no estatales en la gestión (Graña, 2005: 7, énfasis en el original).

13. Es relación a este punto es válido preguntarse quiénes son, en el escenario actual, aquellos que califican para migrar de manera "ordenada", interrogante escasamente problematizado en los documentos políticos examinados.

14. Esta "confusión" se hace particularmente evidente en el tratamiento "especial" que reciben las mujeres migrantes. Conforme a lo planteado en un trabajo de la CEPAL, la preocupación por conectar ambos fenómenos (migración y trata de mujeres) "se justifica políticamente cuando su objetivo es erradicar las causas, cuyos puntos prioritarios son la pobreza, la inseguridad y la violencia de género. Las conexiones entre migración y trata de personas que excedan ese marco podrían dar lugar a desviaciones conceptuales". Es por esto que se subraya que "equiparar migración con tráfico de manera persistente puede significar también la intención política de justificar, vía la protección de las víctimas, las restricciones migratorias" (Chiarotti, CEPAL, 2003: 14). Pese a esta "aclaración", a lo largo del documento se confunde trata de personas con tráfico de migrantes y se considera a la trata de personas como una forma de migración irregular y a la víctima de la trata como una migrante.

15. Los informes de la OEA (2006, 2009), de la ACNUDH (2002) y de la OIM (2006, 2007, 2008) coinciden en señalar las "causas" de la trata, enumerando aquellos procesos. Lo mismo se desprende de las Conclusiones y Recomendaciones, I Congreso Internacional del Mercosur y Estados Asociados sobre trata de personas y pornografía infantil (2008).

16. La preocupación por el control de las fronteras explica, asimismo, por qué las propuestas para enfrentar estos procesos se concentran, fundamentalmente, en la penalización del traficante y el tratante: son ellos los que ponen de manifiesto la "debilidad" de Estado en materia de control y seguridad.

17.Esto mismo es retomado por distintos informes y documentos de la OEA (2006, 2009) y de la CSM.

18. Si bien a nivel regional se alerta sobre el "intento de vincular a las migraciones con el terrorismo, narcotráfico y trata de migrantes", como una forma de argumentar en contra de las "políticas de restricción por parte de países receptores de migración" (Mármora, CAN, Acta del I Foro Andino de Migraciones, Quito, 2008); el propio tratamiento que recibe la trata de personas en esta esfera alienta esa vinculación.

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