UNA MIRADA EMPÍRICA A LOS DETERMINANTES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

Luis Eduardo Pérez Murcia*

*Este artículo es una síntesis de la tesis para optar por el título de la Maestría de Economía de la Universidad Nacional. La tesis recibió mención Meritoria y fue dirigida por el profesor Jorge Iván Bula y la señora Robín Hissong, a quienes agradece el autor. Este artículo se recibió el 16 de agosto de 2001 y fue aprobado en el Comité Editorial el 27 de agosto de 2001.

Resumen

Esta investigación propone un modelo empírico que falsea las distintas hipótesis explicativas sobre los determinantes del desplazamiento forzado. Según los resultados empíricos no se puede afirmar que los desplazamientos se presentan en los municipios ricos o pobres, pero sí se puede argumentar que se producen en zonas con gran potencial económico en donde por la existencia de fuertes mecanismos concentradores del ingreso, baja participación política y altos niveles de impunidad, las comunidades viven en condiciones de vulnerabilidad, que van más allá de la pobreza; el conflicto armado.

Palabras clave: desplazamiento forzado, migración interna, conflicto armado.

Abstract

This research tries to pose an empirical model that denies the different alternative hypothesis about the determinants of forced displacement in Colombia. According to the empirical resul ts it is not correct to state that displacements take place in rich or poor counties, but it is correct to argue that displacements take place in areas of great economic potential in which, given the existence of strong income concentration mechanisms, scarce political participa tion and high impuni ty levels, the communities live under vulnerable condi tions tha t go beyond poverty; armed conflict

Key words: forced displacement, internal migration, armed conflict.

El desplazamiento forzado de poblaciones que se vive en Colombia, tiene antecedentes en estructuras violentas de larga duración como los movimientos migratorios del siglo XIX, vinculados a las nueve guerras civiles, y los desplazamientos del campo a la ciudad de mitad del siglo xx, asociados a la época de la violencia. Aunque este no es un problema nu.evo para la población que es víctima de la guerra, sólo muy recientemente, y de manera forzada, se ha abierto espacio en la agenda del Estado y la comunidad internacional.

En términos de población afectada y territorios involucrados el desplazamiento forzado de poblaciones presenta una tendencia creciente a partir de 1995 y aparece hoy como una de las más crueles estrategias de guerra de los actores armados, violadora a todas luces de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Mientras en 1995 migraron forzadamente 89.000 personas, en 1997 migraron 257.000 (un incremento de 188% en sólo dos años) yen 1998, 308.000. El año 1999 presentó una reducción de 6% al terminar con 288.000 nuevas personas desplazadas. Esta reducción es leve si se tiene en cuenta que el crecimiento entre el comienzo y el final del periodo alcanzó el 223%. En total, en sólo cinco años tuvieron que migrar 1.123.000 personas.¹

En cuanto a municipios de expulsión y llegada de población desplazada la dinámica es similar. Mientras para el año 1995 se registraron 165 municipios expulsores y 76 de llegada, para 1997 la cifra aumentó a 262 y 208 respectivamente. En 1998, el año más critico en cuanto a municipios afectados y población desplazada, 301 municipios expulsaron población y 454 fueron lugares de llegada. En 1999, se presentó una disminución en los municipios de expulsión y llegada; los primeros cayeron a 250 y los segundos a 383, (ver mapa 1). Estas cifras indican una disminución de 16% y 15%, respectivamente, y resultan casi insignificantes al considerar el crecimiento de municipios afectados por el desplazamiento entre el comienzo y el final del periodo; 51% para los de expulsión y 403% para los de llegada.

Este arrasamiento de la población no armada ha desbordado la capacidad de respuesta humanitaria en las principales ciudades de llegada para atender las necesidades de la población. De este desbordamiento, dan cuenta los grandes núcleos urbanos de población desplazada sin atención que son objeto de discriminación en medianas y grandes ciudades.²

Estos tres hechos: creciente número de personas y municipios afectados y desbordamiento de la capacidad humanitaria provocaron, en parte, que la Corte Constitucional en su sentencia No. SU-1150/2000 reconociera en el desplazamiento forzado una emergencia social de orden nacional cuya atención y solución es fundamentalmente responsabilidad del Estado y hacia el que las distintas disciplinas sociales deben orientar esfuerzos para incrementar el entendimiento de los posibles factores estructurales que lo determinan y que eventualmente sean insumos para la formulación de políticas públicas para su prevención. En este sentido, ordena la corte: “el gasto en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto público social, al cual el artículo 350 de la carta política le asignó prioridad sobre los demás” [Sentencia 1150/2000]

Los aspectos mencionados hasta aquí, y a pesar de que el tema del desplazamiento forzado de poblaciones es un tema ampliamente investigado desde distintas disciplinas sociales y perspectivas teóricas (más de 100 documentos publicados en la ultima década), pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la investigación sobre los factores que lo determinan, como herramienta conceptual y operativa que oriente la política pública de prevención. Por lo tanto esclarecer los determinantes estructurales del desplazamiento es requisito indispensable para avanzar en la construcción de estrategias reales de prevención, máxime cuando el Estado ha mostrado limitada capacidad para atender la emergencia humanitaria y restituir los derechos de la población.

El documento está organizado en tres partes. En la primera se realiza una síntesis sobre las principales hipótesis explicativas del desplazamiento forzado, encontradas en la literatura sobre el tema y publicada a partir de 1991, año en el que se realizó el primer seminario nacional sobre desplazamiento interno. En la segunda parte, se presentan los principales ejercicios empíricos que se realizaron para falsear las distintas hipótesis explicativas del desplazamiento encontradas en la literatura. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio empírico y se plantean algunas recomendaciones al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada en lo referente a la necesidad de construir una efectiva política de prevención.

1. TESIS SOBRE LOS DETERMINANTES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Esta sección presenta una revisión critica de las interpretaciones y perspectivas teóricas con las que diversos autores han abordado el estudio de los determinantes del desplazamiento. Las interpretaciones van desde la causalidad conflicto armado-desplazamiento, pasando por la revisión de viejas hipótesis agrupadas en lo que se conoce como las causas objetivas (pobreza, abandono estatal) hasta las hipótesis, más recientes, que centran sus argumentos en la relación desplazamiento-velocidad de las transformaciones económicas y presencia de recursos estratégicos.

Desde el primer seminario nacional sobre desplazamiento forzado en Colombia se ha insistido desde diversos sectores sociales, políticos y académicos en que la dinámica creciente del desplazamiento forzado de poblaciones se explica fundamentalmente por la intensificación del conflicto armado interno y por la estrategia, también creciente, de involucrar a la población no armada. Autores como Giraldo [1991], Melo [1991], Rojas [1993] y Valencia [1993] plantean una estrecha relación entre la ocurrencia de acciones armadas y desplazamientos forzados.

Las acciones proferidas por los actores armados aparecen como las principales causantes de desplazamientos. “El conflicto armado interno que libra el Estado contra movimientos guerrilleros desde hace tres décadas y la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores en confrontación, son causas directas o indirectas de desplazamiento violento” [Rojas 1993, 25]. Masacres, tomas a poblaciones, ataques indiscriminados, combates, amenazas y otras múltiples formas de terror expresadas en torturas, violaciones, mutilaciones, secuestros, desapariciones caracterizan el escenario del que miles de personas huyen abandonando su territorio, sus costumbres, formas de ser y hacer y medios, modos y fuentes de subsistencia.

El desplazamiento es una migración provocada, en gran parte por el enfrentamiento, la acción, la interacción o la simple presencia de uno o más actores armados en las llamadas zonas de violencia […] Sin embargo, la principal causa de desplazamiento forzado en Colombia tiene relación con la violencia política que se desarrolla en el escenario de una confrontación armada entre grupos guerrilleros y el Estado, con la consiguiente violación de los derechos humanos, y transgresiones al derecho internacional humanitario […] El desplazamiento nace también de la impunidad que a su vez alimenta las diversas manifestaciones de justicia privada [Conferencia Episcopal de Colombia. 1995, 14].

Uno de los aspectos que se pueden inferir de estas lecturas es que los desplazamientos se producen principalmente en territorios donde los actores armados desconocen el derecho a la neutralidad de la población no armada, sometiéndola a todo tipo de amenazas y acciones armadas que atentan contra su vida, seguridad física, libertades personales y múltiples derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Esta aparente linealidad sobre los hechos que ocasionan los desplazamientos forzados de poblaciones debe matizarse y reconocer que éstos se producen o no y en intensidades y dinámicas distintas, dependiendo del tipo de territorio, de la presencia o ausencia de recursos estratégicos, de la presencia o ausencia de otros actores armados, del tipo de presencia de estos (territorios de paso, en disputa, de incursiones irregulares) y de la forma como extraen y se apropian de los recursos para su financiamiento.

En esta perspectiva Rangel [1998] siguiendo la tipología de Naylor [1993] identifica tres tipos de financiamiento de la guerrilla, que pueden extenderse a los grupos paramilitares y que dependen fundamentalmente del tipo de presencia y de los vínculos que logra establecer con la población. Estos son: predatorio, parasitario y simbiótico. En el primero, los actores armados no tienen influencia y extraen los recursos mediante mecanismos como el asalto, el abigeato, el secuestro y la extorsión. En el segundo, los actores armados logran establecer un mayor vínculo con la población y extraen los recursos mediante acciones como el boleteo, la vacuna, el cobro por servicios de vigilancia de cultivos ilícitos y la extorsión. En el tercer tipo de financiamiento, que se presenta fundamentalmente en territorios donde no hay presencia' del Estado y donde los actores armados no tienen contendientes que les disputen el control territorial, los recursos se obtienen mediante el control y extracción directa de actividades económicas relacionadas con el narcotráfico, la minería y mediante el cobro de impuestos [Rangel 1998, 30].

Además, es importante reconocer que la estrategia de desplazamiento también depende de factores como el grado de cohesión de las comunidades, el capital social acumulado y por supuesto, de la contundencia, frecuencia y tipos de acción de los actores armados. En este sentido, los desplazamientos no siempre responden a acciones armadas especificas, sino que muchas veces, la sola llegada de grupos insurgentes o paramilitares es un factor determinante para la huida de la población. De acuerdo al análisis que hace Vargas:

]]> El denominado ‘sándwich’ que pone a la población entre dos fuegos no ha sido muy corriente como causa de desplazamiento. Son retaliaciones de cualquiera de los dos bandos, por supuesta ayuda o información suministrada por la población civil, lo que provoca posteriores agresiones [Vargas 1993, 122].

El informe 1999 del Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados (GAD) identifica en el accionar de los grupos arntados mecanismos encaminados a “sacar” a la población. Estos son: aislamiento de los grupos poblacionales objetivo, separación con base en listas de nombres, asesinatos selectivos y torturas y plazos perentorios de salida bajo la amenaza de matanzas individuales o colectivas.

Estas lecturas que comparten la mirada del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado más que como una estrategia de guerra; si bien son útiles para construir un marco de análisis y de interpretación del desplazamiento, resultan insuficientes para entender la dinámica y los determinantes mismos del desplazamiento. Así lo entienden investigadores que insisten en analizar el desplazamiento no como un efecto de las acciones armadas, sino como un problema de orden nacional con causas de tipo estructural. Esto en razón de que el desplazamiento está atravesado por múltiples y complejos problemas sociales que tienen efectos sobre las estructuras de tenencia de la tierra, las estrategias de acumulación de la riqueza y la especulación con terrenos productivos o con alto valor real o potencial, entre otros.

En este sentido se observa una evolución significativa en el marco de interpretación de los determinantes del desplazamiento; en particular, a partir del seminario nacional sobre desplazamiento interno en Colombia del año 1997. A partir de este y otros esfuerzos como el encuentro organizado por CIsp en Antioquia, el seminario de desplazamiento, migraciones internas y reestructuraciones territoriales [1999], la compilación de boletines CODHES Informa [1999] y el seminario internacional desplazamiento, conflicto, paz y desarrollo realizado en Bogotá en mayo del 2000, se inició un proceso de construcción de hipótesis que permite reconocer en el desplazamiento una estrategia de guerra de los actores armados que tiene referentes políticos, militares y económicos.

Investigadores como Romero [1991], Kircher [1991], CODHES [1999], Reyes [1997] y Fajardo [1999], para citar sólo algunos, sugieren hipótesis que contribuyen a explicar causas más estructurales del desplazamiento. De alguna manera equivale a preguntarse por qué los actores armados utilizan la estrategia de desplazamiento en unas regiones y no en otras; es decir, cuáles son los intereses de los actores armados en esos territorios.

1.2Pobreza, vacíos de Estado, modelo de desarrollo y desplazamiento

En la literatura sobre el desplazamiento forzado es común encontrar hipótesis de vieja data según las cuáles sus determinantes más profundos son la pobreza, los vacíos de Estado y un modelo de desarrollo económico excluyente e inequitativo. Estas hipótesis que tienen sus antecedentes más inmediatos en los estudios que intentan explicar los determinantes del conflicto armado y la criminalidad, han sido múltiples veces rechazadas y hasta se dan por superadas en la medida en que se dispone de evidencia empírica para falsearlas.

En investigaciones recientes como la de Bejarano se insiste en la necesidad de avanzar sobre la conceptualización simplista según la cual las condiciones de pobreza causan directamente fenómenos violentos o por lo menos actúan como ‘caldo de cultivo’ para el avance del crimen [Bejarano 1997, 18].

Deas y Gaitán [1995] aportan evidencia empírica para falsear la hipótesis según la cual a mayor pobreza mayor violencia. Estos autores, siguiendo el trabajo clásico de Vila y Cohen [1993] mostraron que los crímenes en Colombia son fundamentalmente crímenes expropiatorios en tanto ocurren en mayor proporción en zonas donde: i) existe una riqueza extraordinaria cualquiera sea su origen; ii) la tasa de castigo es baja; iii) la organización criminal es alta; y iv) la tasa de ganancia o rendimiento del crimen es alta.

Por su parte Posada y Montenegro aportan evidencia para falsear la hipótesis según la cual el factor determinante de la violencia es la ausencia de Estado entendida no sólo como ausencia de juzgados y fuerza pública sino como ausencia de servicios sociales,instituciones del Estado y formas democráticas de participación [Montenegro y Posada 1994, 19].

En esta misma perspectiva Botero [1999] plantea que la pobreza y el subdesarrollo son factores causantes del desplazamiento de igual magnitud que el conflicto armado. Aunque no aporta elementos cuantitativos para sustentar esta afirmación, evidencia la complejidad de factores que convergen en zonas de expulsión y que dinamizan el desplazamiento. Esta complejidad, que exponen Manrique [1999] y Botero [1999], se percibe también en Lozano y Osorio [1998] en tanto no hay claridad sobre si la causalidad pobreza-migración corresponde a migraciones de tipo económico o migraciones forzadas.

En concreto, Lozano y Osorio [1998] al vincular el desplazamiento y el modelo de desarrollo, plantean que el desplazamiento forzado tiene sus determinantes más inmediatos en el modelo capitalista y de ajuste estructural. Argumentan que el énfasis que las autoridades económicas del país han puesto en la industria y el comercio ha empeorado las condiciones de vida de la población campesina, que ante la presión de los actores armados no encuentra más solución que abandonar su territorio. Aunque estos autores reconocen que un modelo económico basado en una política de apertura no es escenario obligado de desplazamiento, argumentan que este sí crea un “sistema de discriminación y marginalidad del campesino y de la economía rural, sembrando así condiciones de violenciay de inequidad” [Lozano y Osorio 1998, 395].

1.3 Dinámica económica, presencia de recursos estratégicos, concentración de la propiedad y desplazamiento

Otras investigaciones intentan superar las viejas hipótesis sobre la violencia, poniendo el énfasis en hipótesis que plantean que los desplazamientos no se presentan tanto en zonas con economías muy deprimidas sino en territorios con abundancia de recursos estratégicos, v.g. bienes primarios como petróleo, metales preciosos y cultivos ilícitos. De manera que los desplazamientos se concentran en zonas de gran dinámica económica; en territorios que experimentan transformaciones económicas a gran velocidad y en los que existen y se desarrollan por parte de los grupos de interés, mecanismos muy definidos de exclusión y de concentración de recursos estratégicos como la tierra.

El conflicto se arraiga fundamentalmente en las regiones en las que se han venido desarrollando nuevas fuentes de acumulación económica. Por eso, entre otras causas el desplazamiento está asociado a los procesos de recomposición de la estructura de tenencia de la tierra, en las nuevas fronteras de colonización y expansión de la frontera agrícola, en los territorios con fuerte presencia de los intereses del narcotráfico a partir de modalidades de ganadería extensiva, el latifundismo tradicional e incluso los nuevos enclaves de agricultura comercial [CODHES 1999,6].

En esta perspectiva los desplazamientos son una estrategia de guerra empleada por los actores armados para desocupar territorios en donde existen recursos estratégicos cuya explotación directa, cuotas de intennediación y vacunas, fundamentalmente, les permite captar importantes ingresos para mantener y ampliar su proyecto político y militar. Al respecto resultan ilustrativos los repetidos combates entre las FAR y los grupos paramilitares en el Bajo Putumayo en disputa de los recursos del negocio de la cocaína.

Las FARC, en el marco de sus actividades financieras, ejercen una presión sobre los grupos sociales vinculados a la economía ilícita […] Establece cuotas para cada una de las fases del proceso y de esta manera cobra por hectárea de cultivo; por producción y recolección de hoja; por seguridad de laboratorios (por kilo de base y/o de cocaína pura); cobra una cuota por cada vuelo, por la seguridad de las aeronaves y por el transporte fluvial de insumo s […] Además de derivar cuotas de cada una de las fases del proceso, su propósito es eliminar intermediarios y aumentar cada vez mas la cantidad de recursos extraídos [Observatorio de Derechos Humanos 2000, 6].

Estos planteamientos constituyen el marco teórico sobre el cual se establecen las hipótesis de dinámica económica, presencia de recursos estratégicos y desplazamiento, que permiten analizar los determinantes económicos del fenómeno. Uno de los primeros investigadores en adoptar esta vía fue Kircher quien se formuló una pregunta fundamental: “¿en qué medida la violencia y dentro de la violencia, el factor económico es el determinante de este colosal desplazamiento de colombianos a través de casi todo el territorio colombiano?” Para dar respuesta al interrogante, Kircher relacionó empíricamente las migraciones con las variables muertes violentas y desarrollo económico, entre otras. Sus resultados mostraron que la mayoría de inmigrantes provienen de las zonas de mayor violencia y que existe una relación positiva entre número de muertes violentas y número de inmigrantes, cuando las muertes superan el 4% de la población departamental. Además, insistió en la existencia de intereses económicos que le han impreso dinámica a la guerra que se libra entre los grupos armados [Kircher 1991, 89].

Kircher hizo extensivas las conclusiones de Corredor [1990] de la investigación sobre las relaciones entre conflicto por la tierra, desplazamiento y violencia por motivos económicos. En rigor, postuló tres conclusiones, a saber: i) las zonas con conflictos agrarios generan desplazamientos de tipo individual sin que se incurra necesariamente en la violencia homicida; ii) en zonas de presencia de narcotráfico y paramilitares, el desplazamiento pasa por el terror del asesinato y la masacre y se da más colectivamente, dependiendo de la ocurrencia y magnitud de los genocidios; y iii) las masacres de campesinos y los éxodos que provocaron en las regiones latifundistas corresponden en gran medida a una “revancha terrateniente” contra el movimiento campesino [Kircher 1991, 93].

En esta perspectiva, Rojas [1993] observa la coincidencia de la presencia y de las acciones de los actores armados, con actividades económicas en las que se mueve gran volumen de capital (petróleo, agroindustria especialmente cultivo de banano y palma, explotación minera), y donde confluyen conflictos de larga duración como el problema de la tierra, la expansión del latifundio y ocupación para zonas de ganadería, y la presencia de grupos de poder (narcotraficantes, latifundistas, ganaderos) que desarrollan acciones para defender y expandir sus intereses. Más que afirmar la existencia de una correlación entre desplazamiento y prosperidad o atraso económico, Rojas argumenta que si bien los desplazamientos se producen en los dos tipos de zonas, predominan en las más prosperas.

En el mismo sentido, Romero vincula las acciones armadas con motivaciones de tipo económico, llamando la atención sobre los casos de Urabá (banano para exportación), nordeste de Antioquia (minería de oro y plata); Córdoba (ganadería extensiva y níquel, además de fuertes procesos de concentración de tierras por parte de narcotraficantes que encuentran en esta región un corredor óptimo para el tráfico de drogas); Magdalena Medio (petróleo, carbón, minas de oro, agricultura industrial, ganadería);Meta y Guaviare (ganadería intensiva, cultivos y procesamiento de cocaína, agricultura resultado de procesos de colonización reciente); Putumayo y Nariño (petróleo, procesamiento de cocaína); Nororiente de Colombia y Norte del Valle (caña de azúcar y amapola). Concluye que entre los determinantes de la expulsión de población están los factores regresivos para el desarrollo, como la concentración de la tierra y los factores de progreso como ser áreas ricas en agricultura y recursos naturales. Además, las áreas están vinculadas a intereses comerciales y económicos de los narcotraficantes que ven en la expulsión de población el mecanismo más fácil para comprar o simplemente apropiarse de las tierras [Romero 1991, 87].

Esta vía de análisis también se encuentra en Sarmiento, quien explica el desplazamiento a partir de la presión de los actores armados por el territorio con fines de tipo económico inmersos en la lógica de exclusióny acumulación.

La violencia hace parte de los negocios en Colombia. Sobre los escenarios de la guerra civil, confluyen las estrategias por el control de la tierra, las inversiones en infraestructura, la gestión de los macroproyectos de desarrollo, la explotación derecursos naturales, renovables y no renovables, las dinámicas de acumulación impulsadas por el Estado y el sector privado, y los principales procesos demográficos en términos de muertes, desplazamiento forzado y repoblamiento inducido por los grupos en conflicto [Sarmiento 2000, 10].

Esta perspectiva tiene antecedentes en el informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos [1997], en el que citando a Deng [1994], argumentan que las contradicciones existentes en Colombia que inciden en el desplazamiento son entre otras: “las enormes desigualdades en la distribución de la tierra y de la riqueza, la falta de autoridad estatal en partes enteras del país y la inaccesibilidad del poder y del Estado para ciertos sectores de la sociedad […] La cuestión de la distribución de la tierra es el quid del problema de los conflictos sociales en Colombia” [IIDH 1997, 23].

La relación desplazamiento-conflicto agrario se expresa fundamentalmente en dos tipos de territorios: zonas de viejos conflictos agrarios donde la población campesina se moviliza por la tierra y confluyen grupos guerrilleros, fuerzas paramilitares y agentes del Estado, y zonas de alta concentración de la propiedad rural donde grupos de narcotraficantes han encontrado atractivas las tierras de campesinos(as) para expandir los cultivos, instalar laboratorios, construir pistas de aterrizaje o como simples canales de comercialización. En estos segundos territorios, a los que ingresan dineros y actividades de los narcotraficantes, se extiende “un dominio económico y coercitivo, puesto que penetra las estructuras regionales de poder y encarece el valor de los predios, dando lugar a una valorización especulativa que diezma la capacidad de adquisición del Estado y menoscaba las posibilidades de presión o la demanda campesina frente a los terratenientes” [IIDH 1997,24].

En síntesis, lo que se plantea es que los desplazamientos forzados de población responden fundamentalmente a las estrategias de guerra que los actores armados desarrollan con prioridad en escenarios donde los conflictos agrarios son más intensos. “Los lugares geográficos donde coincide la violencia política con la violencia relacionada con la tenencia de la tierra (Costa Atlántica, Chocó y Antioquia-Urabá), los desplazamientos son significante mente mayores respecto a zonas de violencia política y menor incidencia del conflicto por la tierra (Nororiente, región andina central, sur occidente) [IIDH 1997, 31].

Esta perspectiva (conflictos agrarios y concentración de la tierra como determinantes fundamentales de los desplazamientos de población) tiene entre sus principales exponentes a Reyes y a Fajardo. Para Reyes [1996] el problema del desplazamiento está atravesado por un problema de distribución de la tierra, que desde su punto de vista es un problema de distribución de poder y de las oportunidades entre clases sociales para dinamizar el desarrollo. Para este autor, otro factor que le imprime dinámica al desplazamiento es la compra de tierra por parte de narcotraficantes y terratenientes. El tema del narcotráfico es transversal al tema del conflicto armado y al desplazamiento.

Al vender a los narcos, los dueños de los latifundios les transfieren también los conflictos a que había conducido su atesoramiento de los recursos agrarios. La presión campesina por la tierra, con muchas haciendas ocupadas ilegalmente, o en disputa entre poseedores y dueños, y la dominación guerrillera, fueron los retos asumidos por los nuevos propietarios territoriales […] Para afrontar el reto, los narcoterratenientes organizaron grupos de autodefensa que actúan como grupos privados destinados a la contrainsurgencia, la seguridad del negocio y la limpieza de territorios [Reyes 1996, 184].³

En la misma vía de Reyes [1996 y 1997], Deng [1994], Lozano y Osorio [1998 y 1999], para enunciar sólo algunos autores, Fajardo [1999] argumenta que “los desplazamientos masivos que están ocurriendo en Colombia son el resultado de las formas de apropiación y valorización del suelo articulados con las estructuras de poder político. La mayor incidencia de migraciones violentas tiene lugar en los departamentos con mayor concentración de la propiedad agraria” [Fajardo 1999,4].⁴

El conflicto por la tierra esta atravesado por las estructuras concentradoras de la propiedad y la defensa armada del territorio como espacio comercial (transporte de sustancias ilícitas, contrabando, corredores naturales, puertos y rutas de acceso clandestinos), como espacio de explotación económica (latifundioganadero, empresa agroindustrial, minería, cultivos ilícitos) y como espacio militar (zonas de confrontación, repliegue y refugios). Como plantea Fajardo citando a Zuluaga:

La localización de los desplazamientos obedece, de manera inequívoca, al acaparamiento de tierras o al control de territorios estratégicos por sus recursos o por la perspectiva de beneficios derivados de la próxima instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran envergadura o por su significado militar y político dentro de la confrontación armada, lo cual se convierte en motivación para despoblar estas zonas [Fajardo 2000, 7].

En rigor, según esta perspectiva de análisis los desplazamientos se producen especialmente en territorios que presentan las siguientes características:

2. Territorios que basan su economía en el cultivo de sustancias ilícitas. En estos, territorios los actores armados tienen grandes incentivos económicos para disputarse las ganancias que giran alrededor del cultivo, el transporte y la distribución primaria de cocaína.

3. Territorios con presencia abundante de minerales como petróleo y carbón, metales preciosos como oro, plata, platino y níquel cuya explotación directa en el caso de los segundos y el cobro de impuestos por extorsión a las grandes compañías multinacionales y rentas derivadas de secuestros, en el caso de los primeros, incentivan a los actores armados a controlar el territorio y eliminar los supuestos o reales rivales para captar los recursos para su sostenimiento y expansión.

En palabras de Sarmiento “el nuevo ascenso de la violencia, corresponde territorialmente con las nuevas zonas de expansión de los circuitos del capital y las áreas donde tienen lugar los macroproyectos de desarrollo y se concentran los cultivos ilícitos y las zonas de alta riqueza en biodiversidad y recursos naturales” [Sarmiento 2000, 8].

1.4 Reflexión sobre la literatura

El análisis de los determinantes del desplazamiento forzado es un tema ampliamente investigado desde distintas perspectivas teóricas pero tiene un escaso nivel de estructuración y formalización, lo que limita su uso como instrumento para derivar recomendaciones de política pública. Más que existir un modelo interpretativo que dé cuenta de los factores que determinan el desplazamiento, existe una diversidad de hipótesis con escasa evidencia empírica. En sentido estricto se tiene un buen número de generalizaciones empíricas (conflicto armado y sus múltiples expresiones; pobreza, vacíos de Estado y modelo de desarrollo; dinámica económica, presencia de recursos estratégicos y concentración de la propiedad), que son hipótesis que requieren ser falseadas empíricamente para mejorar el conocimiento de las causas del desplazamiento forzado; tema del que se ocupa la siguiente sección.

2. ANÁLISIS EMPÍRICO DE LOS DETERMINANTES DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO⁵

El análisis empírico para identificar los principales factores que determinan el desplazamiento se fundamenta en cuatro tipos de ejercicios estadísticos:

2.1 Análisis de correlación para determinar las diferencias entre municipios expulsores y no expulsores y el grado de asociación de las siguientes variables e indicadores: variables vinculadas al conflicto armado (acciones armadas, violaciones de DDHH y al DIH, siembra de cultivos ilícitos, erradicación de cultivos, presencia de actores armados, presencia de minas antipersonal, homicidios, secuestros, asesinatos a población no armada), variables vinculadas al nivel de pobreza, calidad de vida y presencia institucional del Estado (NBI, Índice de pobreza de Sen, ícv, Gini de riqueza, nivel de impunidad, participación política y presencia institucional), variables referentes al potencial económico de los municipios (regalías mineras y petroleras, infraestructura petrolera, capacidad de gasto, ingresos por transferencias de la nación, presencia de grandes proyectos de inversión) y cantidad de población desplazada.

2.2 Análisis factorial para obtener combinaciones lineales de conjuntos de variables que presentan alta correlación entre sí y son capaces de explicar, a través de factores, relaciones multidimensionales.⁶ En particular se empleó el análisis factorial para construir un indicador de potencial económico que recoge las relaciones entre las variables ingresos totales, transferencias de la nación y capacidad de generar ingresos propios.

2.4 Análisis de regresión logística. Este procedimiento se empleó para que de acuerdo con el conjunto de variables que explican las variaciones en la cantidad de población desplazada, se determine la probabilidad de que los municipios presenten o no, expulsión de población.

Principales resultados empíricos de cada ejercicio estadístico:

2.1 Análisis de correlación

Los análisis de correlación permiten concluir que existe una relación significativa y positiva entre la cantidad de población desplazada y las variables asociadas al conflicto armado interno. Así mismo, se pudo concluir que existen diferencias significativas entre municipios expulsores y no expulsores en cuanto a la cantidad de acciones armadas expresadas en masacres, tomas a poblaciones, violaciones a los derechos humanos y al Drn como los ataques a población no armada y los hostigamientos a la misma. Los municipios expulsores concentran el 80% del total de violaciones a Derechos Humanos y al DIH que ocurren en el país y el 82% de las acciones armadas, Por el lado de los homicidios y los secuestros, en los municipios expulsores se concentra el 78% del total de loshomicidios y el 75% de total de los secuestros.

En cuanto a la relación y la diferencia de medias entre municipios expulsores y no expulsores con variables asociadas al nivel de pobreza y calidad de vida, se encontró una escasa asociación entre desplazamiento y pobreza. En general las correlaciones fueron bajas lo que pone en cuestión las hipótesis basadas en las “condiciones objetivas” como determinantes del desplazamiento de poblaciones. Mientras que hipótesis fundadas en argumentos como la existencia de fallas en la distribución de la riqueza explica el 6% de las variaciones en la cantidad de población desplazada, la pobreza sólo explica el 3% (utilizando el ICv) y menos del 2 o el 1% con indicadores como NBI y el índice de Sen.⁷

Otra hipótesis que parece no tener mayor capacidad explicativa es la relación desplazamiento-ausencia de Estado. El signo positivo de la correlación permite cuestionar la hipótesis según la cual los desplazamientos se producen en los territorios más pobres y abandonados por el Estado. Como bien plantea Montenegro y Posada [1994], contrario a la lógica de las condiciones objetivas, la violencia tiende a concentrarse principalmente en los territorios más prósperos. Los vacíos de Estado no se reflejan tanto en la falta de instituciones sino en las fallas en la operación de algunas de ellas, en especial las que conforman el aparato de justicia. Muestra de esto es que el 9% de las variaciones en la cantidad de población desplazada se pueden atribuir a las variaciones en la tasa de impunidad. Un incremento de la tasa de impunidad en nueve puntos porcentuales incrementa la cantidad de población desplazada en la misma magnitud.

En cuanto a las relaciones dinámica económica y desplazamiento, los análisis de correlación permiten evidenciar la existencia de una relación positiva entre el grado de desarrollo económico y social (medido por la tipología municipal del DANE 1995) Yla cantidad de población desplazada. El 8% de las variaciones en la cantidad de población desplazada se atribuyen a incrementos en el nivel de desarrollo económico y social. Este resultado coincide con los hallazgos empíricos de Bejarano [1997] quien con el mismo indicador de desarrollo económico encontró relaciones positivas para explicar la presencia de actores armados, así como también con los resultados de Posada, Montenegro y Cárdenas [1993], Deas y Gaitán [1995] quienes plantean que la violencia se concentra en las zonas más prosperas y de mayor desarrollo económico. En general los expulsores tienen en promedio un 25% más de desarrollo económico y social que los no expulsores.

Esta conclusión se refuerza con la evidencia empírica que provee la relación encontrada entre potencial económico y desplazamiento (la correlación permite inferir que el 11% de las variaciones en la cantidad de población desplazada se pueden atribuir a las variaciones en el nivel de potencial económico) y también a la relación positiva entre presencia de recursos estratégicos derivados de actividades económicas vinculadas al petróleo y a la minería del oro, la plata y el platino que explican el 5% de las variaciones enla cantidad de población desplazada y los cultivos ilícitos que explican el 6% de las mismas.⁸

Cabe anotar que 106 de los 166 municipios vinculados a la economía minera (65%) y 170 de los 303 vinculados a la economía petrolera (56%)expulsan población. Visto en dirección del desplazamiento, el 22% de los municipios expulsores presentan actividad minera y 35% presentan actividad petrolera. Analizando estas dos actividades en su conjunto, 243 (58%) de los 418 municipios que tienen actividad minera, petrolera o ambas, expulsan población; en dirección del desplazamiento, de los 482 municipios que expulsan población el 50% presentan actividad minera y/o petrolera. Estas conclusiones parecen confirmarse con las diferencias en la media estadística del índice de potencial económico (capacidad de generar nuevas riquezas) entre municipios expulsores y no expulsores. Los municipios expulsores tienen en promedio un 179% más de potencial económico que los no expulsores.

2.2 Modelo de regresión lineal

Los modelos de regresión lineal que se presentan en esta sección tienen por objetivo medir el efecto que cada una de las variables independientes analizadas en las pruebas de correlación y de comparación de medias, tiene sobre el desplazamiento forzado. Para definir el modelo se realizó un análisis exploratorio de datos y se encontró que las siguientes variables componen el modelo con el mejor coeficiente de determinación (R²)⁹ que cumple con los supuestos del modelo clásico: normalidad, independencia y homocedasticidad (igualdad de varianzas) para los errores y no colinealidad para las variables explicativas.

El método de regresión utilizado es Mínimos Cuadrados Ordinarios, y la ecuación a estimar es la siguiente:

(1)

Los principales resultados del modelo se presentan en el siguiente cuadro.

]]>

Ecuación estimada:

(2)

El signo de los coeficientes estimados indica que cada una de las variables explicativas, analizada de manera independiente, guarda una relación directa con la cantidad de población desplazada. Esto indica que entre más violaciones a los derechos humanos, más combates entre actores armados, mayor presencia de minas antipersonal y grupos paramilitares y mayores recursos estratégicos en el municipio, más desplazamientos de población.

Las estimaciones del modelo permiten concluir que en promedio, una violación a los Derechos Humanos o al Dnr produce un incremento de 37personas desplazadas (es el valor del coeficiente vonr multiplicado por 100)¹¹; la presencia de minas antipersonal en el municipio incrementa la probabilidad de que 14 nuevas personas tengan que desplazarse, una masacre desplaza 8 personas; la presencia de grupos paramilitares desplaza 17 personas; un combate desplaza 22 personas y un aumento en un millón de pesos en regalías incrementa la probabilidad de que sean desplazadas 5 nuevas personas; sobre este último coeficiente, se debe aclarar que lo que provoca el desplazamiento no es el incremento en sí de las regalías, sino lo que éstas representan en términos de recursos estratégicos; razón por la cual los actores armados se las disputan para financiar la guerra y mantener y ampliar su proyecto militar.

Sobre este aspecto en particular es importante mencionar que se incluyeron los indicadores de pobreza NBI y el índice de Sen y no fueron significativos en el modelo. Esto muestra la poca evidencia empírica que tiene la hipótesis según la cual las condiciones de pobreza son un determinante fundamental del desplazamiento. Si bien no se desconoce que la pobreza es un factor que puede imprimir dinámica, se logra mostrar con este modelo que los desplazamientos están asociados principalmente a zonas que tiene la capacidad de generar nuevas riquezas como lo son las zonas vinculadas a actividades petroleras y mineras.

Lo anterior, sin pretender desconocer la existencia de zonas con economías muy dinámicas, donde los actores armados concentran intereses estratégicos, que conviven con altos índices de miseria (se evidenció en el análisis de comparación de medias) v.g. Chocó que presenta los más altos niveles de pobreza del país y es a la vez uno de los departamentos que más expulsa población.

En cuanto a la capacidad explicativa del modelo se puede concluir que el 48% de la varianza del desplazamiento forzado puede ser explicado por las variables violaciones de derechos humanos y Dra, combates, presencia paramilitar, presencia de minas antipersonal, masacres y regalías petroleras y mineras.

2.3 Modelo de regresión logística

El modelo de regresión logística permite identificar el conjunto de variables que mejor discriminan los municipios para clasificarlos entre municipios expulsores y no expulsores. Este ejercicio se realiza con el objetivo de seleccionar (mediante un modelo estadístico que permite conocer el porcentaje de error) a los municipios que requieren atención prioritaria del Estado y del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada en materia de prevención. La clasificación estadística a través de la regresión logística sirve de insumo para priorizar los municipios críticos con criterios más eficientes que la simple clasificación por presencia o ausencia de desplazamientos o por el porcentaje que representan del total nacional.

Ecuación logística:

(3)

Esta ecuación expresa la probabilidad (P) de que el i-ésimo (i) municipio pertenezca al grupo de municipios expulsores. Es decir, a partir de la combinación lineal que se establece entre las variables independientes se estima la probabilidad de que un municipio clasifique como expulsor o no expulsor. En particular un municipio clasificará como expulsor cuando la probabilidad es mayor o igual a 0.5. Los principales resultados del modelo se presentan en la siguiente cuadro:

¹², ¹³, ¹⁴, ¹⁵

P (MENE)i = 1/ {1+ e - (^{O.17COMB + O.47fGG + O.04TDANE - O.01PPOL + O.01IMPU + 1.4PARA- 3.73)} }

Esta expresión es equivalente a:

p (MENE)i = e ^-O.17COMBe^O.47fGGe^O.04TDANEe^-0.01PPOLe ^0.01IMPU e^1.4PARA-3.73

Reemplazando por Exponente

p(MENE)i = 1. 194^COMBi1.604^TGGi1.039^TDANEi 0.988^PPOLi1.010^IMPUi4.113^PARAi e- 3.73

Para interpretación el modelo se formuló la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el municipio i, - que tiene las siguientes características: 1) un nivel de desarrollo clasificado como de agricultura comercial y empresarial; 2) una participación política de 30%; 3) un nivel de impunidad del 75%; 4) presencia permanente de grupos guerrilleros y paramilitares; 5) es escenario de un enfrentamiento armado- sea expulsor de población?

El modelo logístico permite responder este interrogante con un nivel de confianza del 75%. Es decir, clasifica al municipio, acertando en 75 de cada 100 casos. Reemplazando los valores que toman las variables en la ecuación¹⁶ de acuerdo a la pregunta planteada, se concluye que la probabilidad de que un municipio con estas características sea un municipio expulsor es de 99%.

En conclusión, los coeficientes de regresión aportan evidencia empírica para plantear que los desplazamientos están asociados a la ocurrencia de acciones armadas en municipios económicamente prósperos que tienen serias deficiencias en materia de operación de los aparatos de justicia y donde hay barreras para hacer la participación política efectiva.

De la clasificación de la regresión logística se concluye que en 302 municipios están presentes o presentan en mayor intensidad estas características. El cuadro siguiente muestra que los municipios clasificados como expulsores (a diferencia de los no expulsores) están por encima de la media nacional en todas las variables independientes del modelo (más grupos guerrilleros, más presencia paramilitar, más alto nivel de impunidad, más combates entre actores armados y más nivel de desarrollo) excepto en la variable participación política que es en promedio 20% inferior que en los municipios no expulsores. Estos municipios se concentran principalmente en las "conocidas" zonas de expulsión de pobla ción: Urabá, el Catatumbo, Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y la zona de distensión (ver anexo 1).

3.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Conflicto armado y desplazamiento

La evidencia empírica demuestra que las distintas expresiones del conflicto armado interno son la principal causa de desplazamiento en el periodo de estudio. Combates entre actores armados, hostigamientos a la población, actos de sabotaje, toma de municipios, ataques a instalaciones, bombardeos de la fuerza publica, ametrallamientos indiscriminados, siembra de minas antipersonal, la sola presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en algunos casos (ver mapa 2), y todas las formas de amenaza que pasan muchas veces por la tortura y por el terror inducido mediante matanzas "ejemplarizantes" son el escenario del que 1.123.000 colombianos y colombianas han tenido que salir en los últimos cinco años, para pasar en muchos casos a mendigar en las ciudades, ver empeorar sus condiciones de vida y negados sus derechos de acceso a titularidades como el alimento, la justicia, la seguridad y la restitución de derechos sociales, políticos, económicos y culturales.

Las violaciones a Derechos Humanos y al DIH que se expresan además mediante desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, uso de armas de alcance indiscriminado, toma de rehenes, extralimitación en los métodos y medios de combate entre otros, desplazan en promedio 37 personas. En particular se conoce que acciones como combates, siembra de minas y masacres desplazan en promedio 22, 14 Y8 personas respectivamente.

Esta lectura del desplazamiento que es la ‘obligada’ y de alguna manera la ‘evidente’ no es suficiente para explicar la disputa de poderes que ha hecho que el desplazamiento haya pasado de ser ‘una más’ de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a convertirse en una de las principales estrategias de guerra mediante la cual los actores armados ocupan posiciones estratégicas y se apropian de recursos mediante el arrasamiento y el asesinato de población inerme. En este sentido se invita a repensar las lecturas del desplazamiento centradas exclusivamente en el conflicto armado y el registro de todo tipo de acciones bélicas por considerarse que aportan poco para la búsqueda de alternativas de solución al problema en el corto plazo.

Estas aproximaciones resultan de la creencia de que el desplazamiento es más una consecuencia que una acción deliberada por parte de los actores armados y por lo tanto “con la firma de la paz se acaba el desplazamiento”, limitan el panorama sobre el cual el Estado debe trabajar para prevenir que nuevas personas vivan este drama. Es decir, “el desajuste de las relaciones sociales y políticas durante el periodo reciente ha sido demasiado profundo como para que pueda creerse que la violencia pueda desaparecer por la mera decisión de los actores organizados” [Pecaut 1999,23].

En este sentido la investigación se propuso falsear las relaciones del desplazamiento con indicadores socioeconómicos, de justicia y de equidad para contar con una aproximación que permita develar empíricamente lo que está en disputa: las tierras de la población campesina ante eventuales valorizaciones por la construcción de grandes proyectos de inversión, el control de corredores naturales para el tráfico de drogas y armas y los recursos naturales que giran alrededor del petróleo y la minería.

La evidencia empírica permite rechazar hipótesis que centran la explicación de los desplazamientos forzados en las condiciones objetivas de pobreza, miseria y abandono estatal. Estas hipótesis que han sido múltiples veces rechazadas, con suficiente evidencia empírica, por investigadores como Posada y Montenegro [1994], Deas y Gaitán [1995] y Bejarano [1997], para citar solo algunos, tienen poco poder explicativo para entender la dinámica del desplazamiento forzado en Colombia.

Los ejercicios empíricos realizados permiten rechazar las relaciones causales en la dirección pobreza, miseria y desplazamiento. Ninguna de estas variables presentó un alto poder explicativo en los análisis de correlación y sus coeficientes no fueron significativos para explicar la variabilidad del desplazamiento forzado tanto en el modelo de regresión lineal como en el modelo de clasificación de municipios expulsores y no expulsores.

Lo anterior, debe aclararse, no significa que los municipios expulsores sean ricos (contrario a lo que plantean Deas y Gaitán, (l-NBI) no es un indicador de riqueza sino de satisfacción de necesidades básicas). De la demostración empírica de la ausencia de relación entre pobreza y desplazamiento no se concluye, necesariamente, que los municipios expulsores tienen mejores niveles de calidad de vida con respecto a los no expulsores. Lo que la evidencia muestra es que en estos municipios existe un potencial de recursos estratégicos que mediante un aprovechamiento equitativo y eficiente podría generar condiciones para mejorar el bienestar de la población.¹⁷

Una de las características de los desplazamientos forzados es que afecta a poblaciones muy pobres, que habitaban en territorios muy ricos. “Las principales víctimas de esta perversa dinámica de acumulación corresponde a la población mas vulnerable e históricamente excluida y explotada, en tanto el conflicto y la expansión de los circuitos del capital coinciden con las áreas de mayor pobreza” [Sarmiento 2000, 10]. Un ejemplo de esta compleja situación es el caso del departamento del Chocó en el que el desplazamiento ha tenido una fuerte dinámica durante los últimos cinco años, y a la vez que es uno de los departamentos más pobres del país, es uno de los departamentos que más interés despierta por parte de los actores armados para controlar su posición estratégica (v.g. las abundantes riquezas minerales y su cercanía a los dos mares para eltráfico de drogas y armas).¹⁸

En lo que sí se encontró buena capacidad de explicación de los desplazamientos fue en las condiciones de inequidad con la que se distribuyen los recursos (los municipios expulsores presentan un índice de inequidad superior en 13%) y en las fallas de las instituciones estatales que se muestran incapaces para garantizar igualdad de acceso a derechos y libertades como la participación política. Un municipio con bajos niveles de participación política, manteniendo las demás variables explicativas constantes, presenta un 95% más de probabilidades de expulsar población.

En este sentido se encontró evidencia empírica para rechazar la hipótesis según la cual el desplazamiento se explica por el abandono estatal al que están condenadas múltiples regiones del país (en Amazonas, Guaviare y Guainia la presencia institucional es muy baja y no se presentan desplazamientos); los municipios expulsores tienen en promedio un 59% más de presencia institucional del Estado que los no expulsores. Más que la ausencia de Estado es la inoperancia delas instituciones estatales (vacíos de Estado) lo que deja espacio para que agentes privados defiendan sus intereses pasando por encima de las instituciones y de los intereses colectivos. El ejemplo típico es la ineficiencia reconocida en el aparato de justicia que mostró ser un factor determinante de la expulsión de población: los municipios expulsores presentan en promedio índices de impunidad superiores en un 33%.

3.3 Dinámica económica, presencia de recursos estratégicos, concentración de la propiedad y desplazamiento

La evidencia empírica más importante que se encontró en la investigación es que la estrategia de desplazamiento forzado es utilizada por los actores armados fundamentalmente en territorios donde abundan riquezas naturales como petróleo, oro, plata y platino (ver mapa 3 ) y en donde la actividad económica, sea esta legal o ilegal, presenta mayores probabilidades de generar nuevas riquezas que les permita financiar la guerra y ampliar su dominio territorial. En este sentido, el indicador de regalías producto de actividades mineras y petroleras resultó ser significativo con un nivel de confianza de 95% para explicar la dinámica del desplazamiento. Se estima que incrementos en el valor de las regalías mineras y petroleras, aumenta la probabilidad de que se presenten desplazamientos de población.¹⁹

Entre tanto en el modelo de clasificación de municipios expulsores y no expulsores se encontró una relación positiva entre nivel de desarrollo económico y social medido por el índice de desarrollo municipal del DANE y desplazamiento.Se encontró que un municipio de alta clasificación de desarrollo municipal (v.g.agricultura comercial y empresarial) manteniendo las demás variables constantes, tiene una probabilidad de 94% de ser clasificado como expulsor. Como característica de estos territorios se encontró una fuerte presencia de tierras del narcotráfico y la existencia de conflictos agrarios por los altos niveles de concentración de la tierra. También se encontró que reciben más transferencias que el promedio de municipios del país y que tienen mayores probabilidades de generar recursos propios.s²⁰

a) Revisar la creencia generalizada según la cual la inversión del Estado dirigida a resolver necesidades básicas como agua, alcantarillado y saneamientobásico disminuye por sí sola los altos niveles de violencia. Sin restarle importancia a estas prioridades, no se puede esperar que estás, independientement de otras acciones, mejoren las condiciones de acceso en condiciones de equidad a los beneficios del desarrollo, ni tampoco que garanticen un acceso justo a las instituciones del Estado; y mucho menos, que estas inversiones tengan la capacidad de devolver al Estado la capacidad de ser el único agente que haga uso legitimo de la fuerza, para defender las instituciones, los derechos de propiedad y sobre todo, garantizar el derecho a la vida, libre transito y estadía en el territorio nacional. Sin duda hacia estos campos debe volcarse una buena parte de la inversión social.

b) Como han insistido autores como Reyes [1996] y Fajardo [1999] avanzar de manera decidida en la creación de zonas de reserva campesina como estrategia viable no sólo para la prevención sino para la estabilización y consolidación socioeconómica de la población desplazada. Respecto a la prevención bien vale citar dos argumentos de Posada [1996]“1) Se elimina el incentivo de expropiar a los campesinos de sus tierras, frente a las expectativas de gran valorización por la construcción de megaproyectos de inversión. 2) demarca territoriosdonde jurídicamente es imposible expropiar y despojar de la propiedad a los campesinos, puesto que no se reconoce la acumulación que sobrepase las extensiones máximas que fijen los reglamentos” [Reyes 1997, 10].

c) Destinar los recursos necesarios para cubrir la deuda social que el Estado colombiano tiene con la población desplazada y que cada día es creciente en la medida en que el fenómeno se recrudece y el tema de la prevención solo aparece en el discurso de las entidades responsables del desarrollo de los programas.

d) Diseñar mecanismos presupuéstales para que las entidades territoriales asignen recursos para la atención del desplazamiento y que dentro de estos, no sobra insistir, se asignen recursos al tema de la prevención. Un instrumento útil para priorizar esta tarea es la lista de 302 municipios identificados como los más críticos y en los cuales, a través de los comités territoriales de atención y prevención del desplazamiento forzado, previstos por la Ley 387/97, se puede dinamizar el tema de la prevención (ver mapa 4).

NOTAS AL PIE

1 Cálculos basados en la información del Sistema de información sobre desplazamiento forzado y Derechos Humanos en Colombia (SISDES).Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES).

2 Sólo ocho ciudades capitales concentran el 40% de la población desplazada: Bogotá 20%, Medellín 6%, Cali 4%, Montería 3%, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga 2% cada una.

3 Puyana plantea la existencia de tres situaciones que provocan desplazamientos: desplazamiento producto de la defensa de intereses económicos de los narcotraficantes quienes a través de agentes privados despojan a la población, desplazamiento por la acción del Estado que busca erradicar los cultivos ilícitos arrasando con las comunidades y violentando múltiples derechos (salud, medio ambiente sano, arraigo), desplazamiento producto enfrentamiento guerrilla-ejército en pro de defender fuentes de recursos (Puyana 1999,240-273).

4 Como señala Zuluaga, recordando una entrevista de un campesino desplazado, el desplazamiento no sólo es un problema político y militar sino un problema económico en la medida en que está vinculado a estructuras de poder como la tierra. “Estamos ante una nueva modalidad de la lucha por la apropiación de la tierra mediante el despoblamiento forzado de la misma […] Nuestra historia y la del desplazamiento forzado es una historia de una colonización ininterrumpida, caracterizada por sucesivos desplazamientos, unos más violentos que otros” (Zuluaga 1999,37).

6 El procedimiento genera una componente principal para cada grupo de variables altamente correlacionadas que presentan la varianza máxima y la combinación lineal de las componentes principales permite generar n índices sintéticos que da cuenta de las relaciones n dimensionales de las variables contempladas (Kim y Mueller 1978,9).

7 Es importante mencionar que cuando se plantea la correlación con pobreza y miseria rural medidos con el indicador de NBI, el coeficiente de correlación se eleva a 0.377 y 0.417 respectivamente. Esta vía tiene la limitación de que la información sobre desplazamiento esta agregada y no se puede plantear la correlación desplazamiento rural y pobreza y miseria rurales. Es deseable que los sistemas de información sobre desplazamiento tengan este factor en cuenta para poder contar con información valida para realizar este tipo de ejercicios.

8 La correlación entre desplazamiento y fumigación de cultivos ilícitos no resultó ser tan determinante como factor de expulsiónpara el periodo 1995-1999. De hecho, sólo explica el 2% de las variaciones en la cantidad de población desplazada.

9 El coeficiente de determinación indica la proporción de la varianza total de la variable dependiente explicadapor el conjunto de variables independientes.

10 Los coeficientes se estandarizan para eliminar el efecto que introducen unidades de medición distintas en las variables explicativas. “los coeficientes de regresión tipificados son los coeficientes de las variables cuando la ecuación de regresión se expresa como función de las variables tipificadas. Dado que al tipificar las variables se homogeneíza la unidad de medida, el coeficiente de regresión tipificado se puede interpretar como una medida de la contribución relativa de la variable correspondiente al modelo. El plano de regresión construido a partir de la tipificación de las variables pasará por el origen y, por tanto, el coeficiente correspondiente al término independiente será igual a cero” (Ferrán 1996,209).

11 En rigor, el coeficiente asociado a la variable VDlli se interpreta de la siguiente manera: con una desviación estándar de 26 personas, se estima que una nueva violación a los DDHH o al DIH, manteniendo constantes las demás variables (PM, MAS, PARA, COMB, REGA), provoca un aumento de 37 nuevas personas desplazadas. Los demás coeficientes se interpretan de la misma manera.

12 El estadístico de Wald desempeña el mismo papel que tiene el estadístico t en la regresión lineal. La interpretación al no rechazar Ho. es que la información que se pierde al no incluir la variable no es significativa. Se concluye que dado que todas las variables independientes son significativas con un nivel de confianza del 99% todas aportan información valiosa para la clasificación de los municipios.

13 Esta prueba permite validar la Ho. la verosimilitud no difiere de 1; es decir, el modelo se ajusta perfectamente a los datos. La decisión se toma con la Prueba de Hosmer y Lerneshow que esta basada en la estadística de chi-cuadrado = 10.091 con una significancia de 0.259. Como interesa no rechazar Ho. el nivel de significancia más restrictivo es a=0.05. Decisión: no se rechaza Ho. El modelo se ajusta a los datos.

14 El porcentaje de casos bien clasificados es un indicador de la efectividad del modelo. En este caso el modelo clasifica correctamente a 302 municipios como expulsores que previamente estaban clasificados como expulsores y clasifica a 92 no expulsores como expulsores.

16 p(MENE)i = 1.194¹1.604²1.039⁶¹0.988³⁰1.010⁷⁵4.113² e-3.73

17 Recuérdese que los ejercicios de comparación de medias (que permiten identificar características de grupos sin establecer ninguna relación de causalidad) develaron diferencias significativas entre municipios expulsores y no expulsores, siendo los primeros significativamente más pobres.

18 Es importante mencionar que no se encontró evidencia empírica, para validar la hipótesis según la cual en los municipios donde se están construyendo grandes proyectos de inversión nacional tienen más probabilidades de expulsar población. Los coeficientes de esta variable no fueron significativos en ninguna de las pruebas estadísticas.

19 A nivel departamental se encontró correlación entre la producción de carbón y desplazamiento. El análisis bivariado mostró que un 22% de las variaciones en la cantidad de población desplazada se pueden atribuir a los recursos económicos que se derivan de esta actividad minera.

20 A nivel departamental se encontró una fuerte correlación entre expulsión de población y la actividad ganadera. Analizando la relación entre estas dos variables, un 35% de las variaciones en la cantidad de población desplazada son explicables por la extensión de la ganadería en el departamento.

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