LOS PARTIDOS COLOMBIANOS Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES (1990-2006): ¿COMPROMISO DE FONDO O SUPERFICIAL?^***

María Emma Wills Obregón^*

Florentina Cardozo García^**

^* María Emma Wills Obregón es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. mwills@uniandes.edu.co.

^** Florentina Cardozo García es investigadora de la Corporación Punto de Vista, Bogotá, Colombia.

RESUMEN

Los partidos en las democracias modernas son los llamados a traducir los reclamos de los movimientos sociales en programas, eslóganes, políticas públicas y leyes. Sin embargo, los partidos son organizaciones complejas y contradictorias, como lo revela el siguiente estudio. Por ejemplo, el Partido Liberal y el PDA, tan comprometidos programáticamente con la equidad de género, en realidad son hostiles a la inclusión de mujeres en sus respectivas direcciones y en sus listas electorales. Por contraste, el MIRA, un movimiento cristiano que no incluye en sus estatutos y doctrinas ningún compromiso de género, constituye sus listas de manera paritaria, es decir, mitad hombres y mitad mujeres.

PALABRAS CLAVE
partidos • compromiso de género • inclusión de las mujeres en política

ABSTRACT

Do parties, which proclaim a gender equity commitment, translate such commitment by including quotas for women in their electoral lists and directorate? Do they have financial funds and political training policies expressly directed towards women? As the Colombian case shows, parties are complex and contradictory organizations, which can at the programmatic level express a deep commitment towards gender equity and at other levels, react with hostility against women quotas and exclusionary policies.

KEYWORDS
parties • gender commitment • women's political inclusion

Recibido el 7 de marzo de 2010 y aceptado el 12 de abril de 2010

INTRODUCCIÓN

Si bien con su actuación los movimientos de mujeres expanden los reclamos y las concepciones de ciudadanía de una sociedad, son los partidos y las fuerzas políticas los llamados a traducir estos reclamos en agendas, programas y políticas públicas. Pero esta traducción no se hace automáticamente. Depende del grado de compromiso que muestren en la práctica los partidos para recoger las banderas y los reclamos que se expresan a través de los movimientos sociales.

El siguiente trabajo tiene como propósito evaluar históricamente el grado de compromiso demostrado por los partidos colombianos frente a la inclusión de mujeres en política y a la representación de intereses de género en este ámbito. Entendemos en este trabajo que el compromiso de las fuerzas políticas partidistas con la representación e inclusión femenina se expresa en las siguientes cinco dimensiones:

• Las posturas doctrinarias que cada partido asume frente a la condición de la mujer.

• Las políticas adoptadas por los partidos frente a sus militantes. Si tienen estrategias de reclutamiento dirigidas a las mujeres; si forman lideres capaces de competir en la palestra política; si asignan fondos para grupos discriminados —entre ellos, las mujeres— y si las secretarías de la mujer impulsan reflexiones y debates que culminan en propuestas de agendas legislativas o políticas públicas que orienten las posturas de los miembros que ocupan cargos directivos.

• Las prácticas electorales de los partidos en épocas de campaña. Esta dimensión analiza si las corrientes políticas aplican cuotas para las mujeres en la formación de sus listas, si diseñan eslóganes que incluyen los intereses de las mujeres y si abogan por programas orientados hacia ellas.

• Las políticas públicas impulsadas por los miembros de partidos en su papel de gobernantes. ¿Están los candidatos y las candidatas electos o designados en cargo de poder comprometidos con las agendas de las mujeres? ¿Asignan presupuestos decorosos a estas políticas? ¿Impulsan una institucionalidad capaz de implementar estas políticas?

Las siguientes páginas tienen como propósito hacer un balance del grado de compromiso desplegado por los partidos en Colombia en las cuatro primeras dimensiones, sobre todo a partir de la Constitución política de 1991. La quinta dimensión, que se refiere a la traducción de compromisos electorales en políticas públicas, no menos importante que las otras, exige una revisión de fuentes que, por razones de tiempo y recursos, no se emprende en este momento.

En general, el trabajo demuestra la disonancia que existe entre las proclamas doctrinales de los partidos y sus compromisos con la inclusión femenina, en cuanto a las prácticas electorales y políticas de impulso a una mayor inclusión. Revela además cómo los partidos más tradicionales en términos doctrinarios son los que más incorporan en sus listas electorales a las mujeres, mientras que los que más abogan en estatutos y doctrinas por la equidad de género son los que menos incluyen mujeres en la competencia electoral. Esto demuestra cómo un alto grado de compromiso de un partido en una dimensión no garantiza que en las otras también lo mantenga. En últimas, las organizaciones partidistas son poco coherentes internamente y presentan más dislocaciones y fracturas, no sólo en términos ideológicos, sino, como lo demuestra este trabajo, entre doctrina, estructura, decisiones electorales y políticas internas. Son estas dislocaciones las que hacen que la representación política, entendida como la traducción de expectativas y reclamos ciudadanos y de movimientos sociales a la esfera de toma de decisiones política, esté fracturada en Colombia.

NUEVA CONSTITUCIÓN, IMPLOSIÓN DE LOS PARTIDOS Y PLURALIZACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LAS MUJERES HACIA LA POLÍTICA (1990-2003)

El año de 1990 representa para la historia colombiana una coyuntura crítica. Fue en ese año que las élites políticas tradicionales y los dirigentes de los grupos alzados en armas, en conversaciones con el Gobierno, impulsaron una vez más la idea de elaborar un nuevo pacto constitucional como camino hacia la paz. Luego de varios intentos fallidos, la Corte Suprema de Justicia avaló la "Séptima Papeleta", mecanismo promovido por estudiantes para que los colombianos se pronunciaran a favor o en contra de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Por amplia mayoría, las ciudadanas y los ciudadanos aprobaron su realización y en diciembre de ese año fueron elegidos los constituyentes y las constituyentes que la conformarían.

Los movimientos feministas y de mujeres, a pesar de no haber logrado elegir ninguna representante directa en la ANC, ejercieron una estrategia de cabildeo que alcanzó importantes resultados. Dos de los puntos de su agenda no fueron adoptados —la libre opción de la maternidad y la aceptación de las distintas formas de familia—, pero los demás sí se convirtieron en derechos. De una Constitución que establecía un Estado confesional y que se había trazado como norte más de cien años atrás la formación de una nación en búsqueda de su blanqueamiento, católica, apostólica y romana, las colombianas y los colombianos pasamos a estar regidos por una carta que reconoce la multiculturalidad, la plurietnicidad, la diversidad religiosa y la necesidad de impulsar medidas de acción afirmativa para las poblaciones históricamente discriminadas; entre ellas, las mujeres. Pero eso no fue todo. La Constitución de 1991 también dispuso un marco normativo democrático para regular las relaciones familiares, convirtió el libre desarrollo de la personalidad en un derecho inalienable e instituyó la Corte Constitucional como instancia encargada de velar por el nuevo pacto. De esa manera, la ANC dispuso que la discusión pública sobre definiciones de "buena vida" estuviese fundada no en la defensa de dogmas de fe establecidos por la Iglesia sino en un debate razonado expresado en la Corte Constitucional. Dos años después, en 1993, esos cambios se tradujeron en la no renovación del Concordato, el convenio entre el Estado y el Vaticano vigente desde 1887 que establecía una serie de prerrogativas para la Iglesia católica.

Además de esos nuevos derechos, en su capítulo 2, la Carta dispuso una serie de normas para regular la conformación de partidos y movimientos políticos. En su Artículo 108 resolvió que "en ningún caso la ley podrá establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos"; por lo tanto, las cuotas o acciones afirmativas tendrían que aplicarse a otros contextos.

En el Artículo 13, la Constitución determinó que "el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados", y en el Artículo 40 exigió que "las autoridades garanti[cen] la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública". Estas disposiciones permitieron plantear en la década de 1990 la introducción de cuotas para la designación de las mujeres en altos cargos decisorios del Estado.

Ahora bien, ¿qué ocurrió durante los siguientes doce años en cuanto a la inclusión de las mujeres en las élites políticas? ¿Los nuevos compromisos adquiridos en la Constitución con la "igualdad real" y la prohibición de la discriminación fundada en el sexo de las personas se tradujeron en mayor presencia de mujeres en la política y en programas partidistas, en las instituciones o políticas públicas comprometidas con la nueva agenda democrática a favor de la equidad de género? ¿Este nuevo contexto constitucional estimuló la emergencia de partidos y fuerzas políticas más amigables hacia las mujeres? ¿Aumentó la presencia de mujeres en las dirigencias políticas?

Antes de analizar con mayor detenimiento el comportamiento de los partidos frente a las mujeres, es necesario detenerse en la reforma política aprobada en 2003, que buscó fundamentalmente atacar los niveles de desinstitucionalización de las fuerzas políticas, su atomización en miles de listas y el desorden en el Congreso por falta de bancadas. ¿Qué consecuencias ha tenido esta reforma para las mujeres? ¿Se convierten los partidos, a raíz de estos debates y nuevas disposiciones legales, en espacios más amigables hacia las mujeres y hacia la representación de asuntos de género?

LA REFORMA POLÍTICA: LA BÚSQUEDA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y SU IMPACTO EN LOS NIVELES DE AMIGABILIDAD Y HOSTILIDAD FRENTE A LAS MUJERES (2003-2007)

El Acto Legislativo 01 de 2003 establece lo que se conoce hoy como "la reforma política". Entre las medidas más importantes de esta iniciativa se encuentran el aumento del umbral electoral, entendido como el establecimiento de un porcentaje mínimo de votos para acceder a las corporaciones de elección popular¹; la adopción de la cifra repartidora o sistema D'Hondt² y la prohibición a los partidos políticos de presentar más de una lista por cada elección (listas únicas). Además, la reforma permite a los partidos irse a elecciones con listas cerradas o abiertas. En el caso de listas abiertas donde se implementa el voto preferente, el ciudadano o ciudadana escoge libremente al candidato o candidata que más le guste de la lista, sin importar el orden en el que aparece. De la misma forma, la democracia interna de los partidos políticos, la selección de candidatos o candidatas y las consultas populares o internas de estas organizaciones fueron reguladas de manera parcial en el Artículo Primero de esta ley.

¿Cómo afecta esta reforma la inclusión de mujeres en el ámbito político y la representación de intereses de género? Lo primero que es necesario reseñar es que durante el debate sobre la Reforma en el Congreso hubo un persistente cabildeo de organizaciones de mujeres para que los partidos incluyeran una cláusula que permitiera aplicar cuotas para mujeres en las listas electorales. Como ya se mencionó, en Colombia se aplica una cuota para cargos de designación, pero no en instancias de elección, a pesar de que este mecanismo se aplica en varios países de América Latina en la arena electoral; y en los esfuerzos de cabildeo de variadas organizaciones de mujeres aun los partidos que en principio se habían declarado a favor excluyeron la propuesta cuando se votó la ley. Estos resultados muestran el grado de resistencia que estas medidas aún suscitan en los partidos, incluso en aquellos movimientos políticos producto de la Constitución de 1991, como el Polo Democrático Alternativo.

Por otra parte, algunas interpretaciones pronostican la disminución de mujeres electas a raíz de la reforma. Según estas miradas, el umbral y la cifra repartidora favorecen a los partidos con mayores votaciones, en detrimento de aquellos que son relativamente pequeños y jóvenes, fuerzas que en teoría debieran ser más partidarias de acoger a poblaciones antes discriminadas políticamente (Bernal 2006b). Se teme, además, que el voto preferente, al operar en una cultura machista, lleve a los electores a preferir candidatos hombres³. Más allá de estos pronósticos, ¿cuáles han sido los primeros resultados en cuanto al número de mujeres electas al Congreso en 2006?

Es necesario señalar que la reforma efectivamente logró una disminución considerable del número de partidos o movimientos políticos con representación en los cuerpos colegiados⁴. Si antes quienes querían competir en las contiendas electorales podían fundar sus propios movimientos con avales relativamente fáciles de obtener, hoy la exigencia del umbral y la obligación de cada fuerza de presentar una lista única forzaron a quienes querían entrar a la competencia a ponerse de acuerdo con copartidarios y aunar esfuerzos con los más cercanos para alcanzar el umbral. Así aumentó la competencia intrapartidista para acceder a la posibilidad de participar en las contiendas electorales. Todos los candidatos, incluidas las mujeres, tuvieron que competir por un puesto en un número de listas más restringido.

¿Cuál fue el efecto de ese pacto? ¿Promovieron los partidos la incorporación de mujeres en sus listas? ¿Diseñaron estrategias de reclutamiento específicamente dirigidas hacia las mujeres? Según los datos para el Senado y la Cámara, ¿cuáles fueron los partidos que más promovieron la incorporación de mujeres en sus listas? ¿Eran éstos los partidos más amigables?

En general, se puede afirmar que el pacto no logró los efectos esperados, quizás porque no se contempló desde un principio un esquema de sanciones públicas para los partidos que incumplieran los acuerdos. Sin un mecanismo que logre afectar la reputación pública de las fuerzas políticas es muy fácil que se presente el incumplimiento. Hoy, las organizaciones convocantes, conscientes de las infracciones a las que ha estado sujeto el pacto, han solicitado a los partidos que lo suscribieron "llenar una matriz elaborada por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con el fin de evaluar el cumplimiento del pacto en cada organización"⁶.

En las elecciones de 2006 para el Senado y la Cámara, las cifras revelaron que los partidos firmantes no incorporaron en sus listas un número importante de candidatas. De 618 candidatos que componían las 10 listas que compitieron para el Senado, 82% eran hombres y tan sólo 18% mujeres (Bernal 2006a). Estas cifras globales se ven reforzadas por los datos de las tablas 1 y 2, que consignan datos de los siguientes seis partidos: Partido Social de Unidad Nacional, denominado "Partido de la U", coalición que respalda al presidente Uribe; Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras; Partido Liberal; Partido Conservador; Polo Democrático Alternativo (PDA) y Movimiento Político Independiente de Renovación Absoluta (mira). Los dos primeros fueron escogidos por su importancia electoral y política; los dos siguientes, por su peso histórico; el PDA, por ser la fuerza de oposición de izquierda más importante, y el mira, por la capacidad de crecimiento electoral, su disciplina y la gran presencia femenina en sus filas.

Como se observa en las tablas 1 y 2, para el Senado, el Partido de la U incorporó 23% de mujeres a su lista y Cambio Radical 24%, mientras que el PDA y el Partido Liberal llegaban a 14% y el Partido Conservador a tan sólo 5,8%. La sorpresa la brindó el mira, con un respetable 43%, lo cual justamente valió para que se analizaran las buenas prácticas que este movimiento ha estimulado hasta alcanzar en sus listas una presencia de mujeres casi paritaria a la de hombres. Los porcentajes para las seis mayores circunscripciones de la Cámara son casi los mismos para todas las fuerzas políticas —entre 16% y 17%—, con la excepción del mira, donde las mujeres inscritas sobrepasan a los hombres (52%).

El cuadro 1 resume la información que permite evaluar el grado de mayor o menor compromiso de las fuerzas políticas en cuanto a sus estructuras internas⁷.

Lo primero que resalta el cuadro es que los partidos más amigables en cuanto a estructura interna, como el Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Liberal, que tienen cuotas y órganos orientados hacia las mujeres, no son los que necesariamente incorporan más mujeres candidatas en sus listas. Como se ve en la tabla 1, para las elecciones del Senado, el Partido Liberal Colombiano y el PDA incorporaron tan sólo 14% de mujeres en su lista, mientras que el mira, que se niega a incorporar cuotas en sus directorios o a establecer una oficina para la equidad de género, tiene una lista con 46,7% de mujeres, el porcentaje más alto entre las diez fuerzas que competían. Le sigue Cambio Radical, partido que se opone a las cuotas pero su lista tiene 24% de dirigentes femeninas. El Partido de la U se encuentra en una posición intermedia, pues incluye mujeres en sus órganos directivos, pero no tiene una instancia dedicada a promover la equidad de género o programas orientados a las colombianas. A pesar de que no es el más amigable hacia la causa de las mujeres, su lista está conformada en un 23% por mujeres.

Los datos de la Cámara (tabla 2) confirman que entre partidos con altos y bajos grados de compromiso no se presentan grandes variaciones en cuanto a candidatas en las listas. La mayoría, sin importar si el partido es amigable o indolente, incorpora alrededor de 16% de mujeres. El mira, partido poco amigable en su estructura interna, es la excepción, pues compone casi paritariamente sus listas. Fue, además, de los pocos partidos que optaron por competir con listas cerradas y que lograron de una elección a la siguiente casi triplicar su caudal electoral⁸.

¿Cómo se explica la falta de correspondencia entre el compromiso doctrinario con la inclusión femenina y la escasa presencia femenina en las listas? En parte, esto responde a una aplicación laxa de los estatutos de los partidos más amigables en cuanto a principios ideológicos y cuotas, como se puede observar en el cuadro 2.

Como se muestra en el cuadro, el Partido Liberal se encuentra en una situación excepcional transitoria, pues en su convención los miembros definieron que tendrían, para hacerle frente a su crisis, la dirección única del ex presidente César Gaviria. En el caso del PDA, luego de un intenso cabildeo ejercido por las mujeres del Polo para lograr su cuota de representación en los órganos directivos (una de las buenas prácticas reportadas), en su directorio, constituido por 38 miembros, sólo han sido nombradas cuatro y las demás son suplentes. A pesar de los esfuerzos ejercidos por sus dirigentes femeninas, en el Artículo 23 de los estatutos se estipuló que "el procedimiento de votación garantizará en la circunscripción general que en la integración del Comité Ejecutivo se cumple con las cuotas del 30% de mujeres y el 20% de jóvenes, entre suplentes y principales conjuntamente considerados"⁹. Esta reglamentación restrictiva en relación con lo esperado por quienes abogaron por las cuotas muestra cómo este tipo de iniciativas sigue generando resistencias.

Pero más allá de los incumplimientos que sí pueden afectar el número de mujeres en las listas de estos partidos, otros que no aplican cuotas ni se muestran sensibles a los discursos de género, como el mira o Cambio Radical, introducen en sus listas un número más importante de mujeres, en contraste con el PDA y el Partido Liberal¹⁰. Esto confirma que el grado de compromiso doctrinario y de incorporación en la estructura de un partido frente a las mujeres y el número de figuras femeninas en las listas electorales son procesos independientes y que la mayor amigabilidad no garantiza una mayor propensión a acoger figuras femeninas en este terreno. Estas inconsistencias entre estructura y formación de listas evidencian la necesidad de que los partidos contemplen explícitamente dispositivos orientados a aumentar el número de mujeres en los órganos internos directivos y las cuotas en la constitución de las listas electorales.

En cuanto al éxito electoral, ¿a qué partidos pertenecen las mujeres con índices de elegibilidad más altos? ¿Pertenecen a aquellos que han mostrado una mínima preocupación por la equidad de género? Como se observa en las tablas 1 y 2, las mujeres del Partido de la U obtuvieron índices de elegibilidad altos, 26% para el Senado y 36,3% para la Cámara, y bastante más altos que los candidatos hombres, que alcanzaron 18% y 21%, respectivamente. Vale decir que a las mujeres del Partido de la U les fue mejor que a sus copartidarios hombres.

Por una parte, los programas de campaña de Álvaro Uribe incluyen algunas políticas orientadas a grupos de mujeres (ver el cuadro 3), pero no existe ningún compromiso explícito con la equidad de género o la inclusión de mujeres en el ámbito político. Por otra parte, aun cuando Carlos Gaviria (PDA) se declara en contra de la discriminación de la mujer, de las once mujeres inscritas en las listas para la Cámara en las seis circunscripciones más importantes, ninguna salió elegida.

Si esto es así en cuanto a programas de campañas, ¿qué se puede decir de la relación entre la posición doctrinaria de los partidos y los grados de elegibilidad de sus propias candidatas? ¿Son las mujeres pertenecientes a los partidos que abogan por posturas más radicales de inclusión y representación de género las que logran mejores resultados?

Como se muestra en el cuadro 4, con excepción del Partido Conservador, las mujeres de los partidos más tradicionales frente al género son las que logran índices de elegibilidad más altos. Como ya se mencionó, el MIRA, con la mitad de sus listas constituidas por mujeres y con listas cerradas, casi llegó a triplicar sus votos entre las elecciones de 2002 y 2006¹¹, pero los índices de elegibilidad de sus candidatas son muy bajos, aunque es de resaltar que son mejores que los de los candidatos hombres. Estos datos sugieren que les va mejor a las mujeres de partidos con posturas relativamente conservadoras en cuanto al género que a aquellas de partidos más radicales.

Ahora bien, es necesario señalar algunas inconsistencias. El PDA y el Partido Liberal son partidos que explícitamente incorporan agendas de mujeres, tanto en sus principios como en sus estatutos y programas. Sin embargo, esos compromisos no se traducen en políticas concretas de incorporación de candidatas a sus listas. En estos casos, las cuotas en las listas parecen ser el mecanismo más idóneo para llevar a la práctica sus propias proclamas y posturas ideológicas. Estos partidos tienen que diseñar campañas pedagógicas dirigidas a sus electorados sobre la importancia que tiene para una democracia la inclusión de las mujeres, de tal manera que sus candidatas alcancen mejores índices de elegibilidad.

Además de estas inferencias, es necesario reconocer que las electas (Partido de la U y Cambio Radical) pertenecen a partidos tradicionales frente al género. Esto puede indicar que el electorado sí está dispuesto a votar por mujeres, pero que estas candidatas se inscriben en perfiles partidistas de corte tradicional.

Respecto a la pregunta por los efectos en el cambio del sistema electoral que opera con la cifra repartidora, es difícil inferir conclusiones a partir de una sola elección. Lo que sí es posible constatar es que, así como el porcentaje de mujeres en la Cámara disminuyó, el del Senado aumentó; y que el impacto no fue el mismo para las candidatas de los distintos partidos. Las mismas reglas tuvieron efectos diferenciados sobre las mujeres del Partido de la U, Cambio Radical o PDS, lo que sugiere que, además del tipo de sistema electoral, en los resultados finales influyen otras dimensiones.

Si éstas son las conclusiones que se pueden obtener sobre la presencia de mujeres en el ámbito electoral, ¿qué se puede decir sobre la representación? ¿Han mostrado las senadoras y representantes electas en 2006 un compromiso con la representación de intereses de las colombianas y la agenda de equidad de género?

Esta iniciativa nació con el objetivo de promover los intereses de las mujeres en este cuerpo colegiado, y de incluir temas fundamentales para las mujeres en la agenda legislativa. Quizás lo más sobresaliente de este proceso es que la bancada se organizó en momentos de alta polarización partidista. Las veintiséis mujeres que la componen pertenecen a partidos y movimientos políticos completamente diferentes en el plano ideológico, y mientras que unas son uribistas consumadas, otras se declaran opositoras del presidente de la República. Además de estas divisiones partidistas, las congresistas se dividen entre las que profesan una religión y forman parte de una iglesia, y las que son abiertamente anticlericales.

Estas contradicciones se hicieron tangibles en el proceso de formación y negociación del proyecto de Ley 171 de 2006¹⁵. Las mujeres de partidos y los movimientos políticos tradicionales se confrontaron con las congresistas que defienden posiciones transgresoras y contraculturales; este debate tuvo como resultado que se tuvieran que negociar ciertos puntos polémicos de la ley —concepción de la familia, conciliación ante jueces de familia o apertura de proceso judicial con consecuencias penales, inclusión de violaciones en el marco de la guerra— para que la propuesta saliera adelante. A pesar de las mutuas concesiones y de que para algunas la ley "no tiene dientes", la experiencia fue importante porque expuso ante la opinión pública la idea de que las mujeres sí tienen intereses compartidos que ameritan ser representados en el Congreso.

CONCLUSIONES

En Colombia, el proceso de convertir a los partidos en estructuras dispuestas favorablemente a la presencia de mujeres y de comprometerlos con la representación de sus intereses ha sido largo. Como lo revelan las cifras y la evaluación de las políticas partidistas internas, el proceso sigue inconcluso, pero ello no impide reconocer al mismo tiempo ciertos avances.

Con empeño, las mujeres que militan en los principales partidos han ganado cuotas o un número mínimo de mujeres en los directorios (Partido Liberal, PDA, Partido de la U y Partido Conservador). Además de estas iniciativas, algunos de los partidos, en sus principios doctrinarios, se comprometen explícitamente con la lucha por la igualdad de las mujeres y defienden posturas activamente antidiscriminatorias (Partido Liberal y PDA). Otros promueven políticas de inclusión que han tenido efectos considerables sobre la formación de sus listas.

Según lo revelan las cifras, a las mujeres candidatas de partidos con posturas tradicionales (defensa de la familia y de la mujer como pilar de esta institución), les va electoralmente bien, en algunos casos hasta mejor que a sus pares hombres.

Sin embargo, estos avances no garantizan progresos en las políticas de los partidos durante las campañas electorales. Ninguno ha asumido cuotas para listas de sus partidos, ni ha implementado la formación de lideresas ni tiene fondos específicos para las mujeres. En la agitación electoral, pocas son las consignas que se promueven en nombre de las mujeres.

En el PDA y en el Partido Liberal existe incongruencia entre los compromisos que asumen doctrinariamente, los estatutos que rigen sus relaciones internas y las políticas que aplican en la formación de listas electorales. Por doctrina y estatutos, son los partidos más amigables, pero por formación de listas son los menos comprometidos con la inclusión de mujeres en la política. Además, aun cuando ambos partidos tienen grupos de pensamiento (think tanks, en inglés), ninguno ha trazado públicamente una agenda de compromisos frente a las mujeres. En ambos casos, las senadoras electas son mujeres preparadas que han mostrado interés en representar a las mujeres, pero que no parecen encontrar la resonancia necesaria en sus partidos políticos.

Finalmente, es importante recalcar que el proceso de inclusión de las mujeres en la política surge de la confluencia de varias dinámicas, independientes entre sí. Unas se refieren a la estructura partidaria, otras hacen alusión a las políticas que implementan los partidos para hacer realidad sus compromisos con sus militantes mujeres, las que aplican en los momentos electorales y las que los miembros de partido impulsan cuando son electos. Cada una se desenvuelve con su propio ritmo. Por esta razón, es necesaria una voluntad política sostenida que haga converger estas dinámicas hacia el propósito de la inclusión de las mujeres y la representación de sus intereses. En otras palabras, sólo con compromisos fuertes se puede lograr que las buenas prácticas aplicadas en un campo se reflejen en los demás y los partidos alcancen mayores grados de representación de intereses de grupos y movimientos ciudadanos, entre ellos los de mujeres.

^*** Una primera versión de este artículo hizo parte de una consultoría sobre buenas prácticas financiada por el Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA (Llanos y Sample 2008).

¹ Se estableció en 2% para el Senado de la República, mientras que en la Cámara de Representantes se fijó en medio cociente.

² Antes de la entrada en vigor de la reforma política, funcionaba el sistema de Hare, que dejaba un espacio para que las fuerzas políticas que no tuvieran un caudal electoral grande lograran ingresar a la repartición de las curules en los cuerpos colegiados. Ahora se implementó el sistema D'Hondt, que favorece a los partidos o movimientos políticos que obtienen mayores votaciones en las competencias electorales.

³ Linda Helfrich (sin fecha) señala que el mecanismo del voto preferente no ha generado ningún aumento en el número de mujeres elegidas.

⁴ En las elecciones para el Senado de la República de 2002 se presentaron 319 listas avaladas por 63 partidos o movimientos políticos diferentes, 68 partidos obtuvieron personería jurídica y la mayoría de ellos sólo obtuvo una curul. En marzo de 2006, con la aplicación de las nuevas reglas del juego electoral, se presentaron 20 listas y, consecuentemente, 20 partidos o movimientos políticos, de los cuales 10 obtuvieron curules y superaron el umbral electoral.

⁵ Ver http://www.unifemandina.org/un_archives/texto%20folleto.doc.

⁶ Ver http://www.polodemocratico.net/Pacto-para-una-inclusion-efectiva.

⁷ Como se define en la introducción, la amigabilidad de las estructuras internas partidistas tiene en cuenta si contemplan cuotas en sus directorios y órganos de decisión, si incluyen secretarías o comisiones de la mujer y si establecen un organismo con presencia de mujeres encargado de vigilar que las disposiciones se cumplan y de sancionar drásticamente cualquier infracción.

⁸ El MIRA pasó de obtener 81 061 votos en 2002 a 220 295 en 2006.

¹⁰ Como se indica en las tablas 1 y 2, Cambio Radical constituyó con mujeres 24% de su lista para el Senado y 16,1% para la Cámara; y MIRA, 46,7% y 52,4%, respectivamente.

¹¹ MIRA obtuvo 81 000 votos para el Senado en 2002 y 220 395 votos en 2006.

¹² Bancada de hecho no avalada por ninguna organización política en particular sino producto del interés de veintiséis congresistas de promover iniciativas que afectan o se relacionan directamente con los intereses de las mujeres.

¹³ La ley da la oportunidad de separarse de la posición del partido en tres situaciones: cuando se presenten objeciones de conciencia, por inconveniencia regional y por trámite legislativo (Ley 974 de 2005).

¹⁴ http://abc.camara.gov.co/prontus_senado/site/artic/20070313/pags/20070313192416.html.

¹⁵ "Por la cual se dictan normas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones". Radicado en el Senado de la República por las veintiséis congresistas de la bancada ad hoc de mujeres en el Congreso.

Referencias

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Llanos, Beatriz, Kristen Sample et al. 2008. Del dicho al hecho: manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoamericanos. Estocolmo: idea.        [ Links ]

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