La ciudadanía italiana y los descendientes de ciudadanos italianos emigrados en Colombia. La eliminación de una injusticia social

Italian Citizenship and the Descendants of Italian Citizens Emigrated in Colombia. Removing a Social Injustice

A cidadania italiana e os descendentes de cidadãos italianos emigrados na Colômbia. A eliminação de uma injustiça social

Massimiliano Castellari*
Universidad Alma Mater Studiorum de Bologna

Marco Mellone**
Universidad Alma Mater Studiorum de Bologna

* Massimiliano Castellari es abogado de la Universidad de Bologna, donde consiguió además el título de Master for International Lawyers. En Colombia, es profesor del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Universidad Sergio Arboleda, de Derecho de la Unión Europea, y de la Universidad UDCA, de Derecho Internacional. Es, así mismo, abogado de referencia de la Embajada de Italia en Bogotá y titular del curso de italiano jurídico ante el Instituto de Cultura Italiano en Colombia. Correo electrónico: max.caste@libero.it

** Marco Mellone es PhD en Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Strasbourg (Francia) y de la Universidad de Bologna, donde obtuvo también el título de Master for International Lawyers. Es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Bologna y de la Universidad de Roma Tre; igualmente, es profesor visitante en la Universidad de Strasbourg (Francia) y en la China European School of Law, en Beijing (China). Correo electrónico: mmellone@cirdce.unibo.it

RESUMEN

El Derecho a menudo es fuente de discriminaciones sociales y a la vez puede ser la herramienta para solucionarlas. Los autores tratan de dar un ejemplo de este fenómeno, al analizar el impacto de las normas en materia de ciudadanía italiana sobre los descendientes de ciudadanos italianos emigrados al extranjero y más precisamente a América del Sur.

Para citar este artículo: Castellari, Massimiliano & Mellone, Marco, "La ciudadanía italiana y los descendientes de ciudadanos italianos emigrados en Colombia. La eliminación de una injusticia social", Revista de Estudios Socio-Jurídicos, 2011, 13, (2), pp. 107-139.

Así, en aplicación de la vieja normativa italiana, solo el padre transmitía iure sanguinis la ciudadanía a sus descendientes: además, las mujeres perdían automáticamente la ciudadanía italiana si hubiesen adquirido una ciudadanía extranjera por matrimonio con cónyuge extranjero.

Estas normas discriminaban a la mujer italiana emigrada al extranjero y especialmente a sus descendientes, quienes no podían adquirir dicha ciudadanía.

Las normas discriminatorias fueron por fin abrogadas por parte de la Corte Constitucional en los años setenta y ochenta: sin embargo, los efectos de estas seguían persistiendo, considerando que las sentencias de la Corte Constitucional no cobijaban hechos ocurridos anteriormente a la entrada en vigor de la Constitución (01.01.1948) y así no daban solución a las discriminaciones acontecidas antes de esa fecha.

En el 2009, la Corte Suprema Italiana, al extender los efectos ratione temporis de las decisiones de la Corte Constitucional, "abría las puertas" de la ciudadanía italiana a un número considerable de ciudadanos italianos nacidos de mujeres italianas antes del 1° de enero de 1948.

Así, los autores focalizan su atención sobre el impacto social de la decisión para todos los potenciales ciudadanos que viven en América del Sur y buscan evaluar sus efectos jurídicos sobre el ordenamiento italiano.

ABSTRACT

Law is often the source of social discriminations, but, at the same time, it can be the key to delete these social discriminations. The authors try to give an example of this phenomenon, by analyzing the impact of the Italian citizenship's rules over the descendants of the Italian citizens emigrated abroad and, especially, in South America.

Indeed, according to the former Italian law, only fathers could transmit iure sanguinis the citizenship to their children: moreover, women automatically lost the Italian citizenship if they get a foreign citizenship by concluding a marriage with a foreign husband.

These rules hardly discriminate the Italian women emigrated abroad and, especially, their descendants who were prevented to get the Italian's citizenship.

These discriminatory rules were finally deleted by the Italian Constitutional Court in the Seventies and in the Eighties: however, the effects of those rules still persisted, since the decision of the Constitutional Court could not overcome the temporal limit of the entry into force of the Constitution (01.01.1948) and, therefore, could not "cover" the discriminatory facts occurred before that date.

Finally in 2009, the Italian Supreme Court, by extending the effects ratione tempo-ris of the decisions of the Constitutional Court, "reopened the doors" of the Italian citizenship to a huge number of Italian citizenship born from Italian women before the 01.01.1948.

Therefore, the authors focus on the social impact of this decision for all the potential Italian citizens living in South America and try to assess its juridical effects over the Italian law.

Key words: citizenship, emigration, Italy, discrimination.

RESUMO

Assim, em aplicação da velha normativa italiana, só o pai transmitia iure sanguinis, a cidadania a seus descendentes; além disso, as mulheres perdiam automaticamente a cidadania italiana se houvessem adquirido uma cidadania estrangeira por matrimonio com cônjuge estrangeiro.

Estas normas discriminavam à mulher italiana emigrada ao estrangeiro e especialmente a seus descendentes, os quais não podiam adquirir a cidadania italiana.

As normas discriminatórias foram por fim ab-rogadas por parte da Corte Constitucional nos anos Setenta e Oitenta; no entanto, os efeitos das mesmas seguiam persistindo, considerando que as sentenças da Corte Constitucional não abrigavam fatos ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Constituição (01.01.1948) e assim não davam solução às discriminações acontecidas antes dessa data.

Em 2009, a Corte Suprema Italiana, ao estender os efeitos ratione temporis das decisões da Corte Constitucional, "abria as portas" da cidadania italiana a um número considerável de cidadãos italianos nascidos de mulheres italianas antes do 1° de janeiro de 1948.

Assim, os autores focalizam sua atenção sobre o impacto social da decisão para todos os potenciais cidadãos que moram na América do Sul e procuram avaliar seus efeitos jurídicos sobre o ordenamento italiano.

Palavras chave: cidadania, emigração, Itália, discriminação.

PRIMERA PARTE

1.1. La emigración italiana en Suramérica y específicamente en Colombia¹

La emigración italiana fue uno de los grandes fenómenos sociales del siglo XX, y el continente americano ha sido considerado por muchos italianos una verdadera "terra promessa" ("tierra prometida").² La influencia que ha tenido esta inmigración en la sociedad de países como Argentina,³ Brasil,⁴ Estados Unidos,⁵ Canadá ⁶ y Uruguay⁷ es innegable, como lo demuestra claramente la cantidad de apellidos italianos de nacionales americanos hoy en día. El establecimiento y permanencia de generaciones de ciudadanos italianos en estos países ha sido favorecida además por una razón jurídica, esto es, que la legislación italiana en materia de ciudadanía ha sido históricamente fiel -con raras excepciones- al principio de la transmisión iure sanguinis. Por lo tanto, si bien se harán importantes matizaciones en el presente escrito, los italianos que se mudaron al extranjero dejaron en estos países generaciones de connacionales, a pesar de que en muchos casos sus descendientes no regresaron jamás a su tierra de origen.⁸

El caso de Colombia es particular, ya que los flujos de italianos hacia este país nunca fueron consistentes.¹¹ En cuanto a las razones por las cuales "la emigración italiana a Colombia no tiene comparación cuantitativa con la realizada en otros países del continente",¹² es suficiente en este escrito hacer referencia a algunos hechos de particular relevancia. En primer lugar, hay que resaltar el elemento geográfico. Países como Colombia -pero también Perú, Bolivia o Ecuador- han recibido flujos migratorios menores a las principales o "segundas olas". Dicho de otra forma, toda línea recta que se pretenda trazar entre el estrecho de Gibraltar y el continente americano no terminaría directamente en Colombia.¹³ Sin embargo, los factores relevantes, a nuestro parecer, son principalmente de índole política. Primero que todo, Colombia ha sido históricamente un país cerrado a la inmigración, salvo un breve período en la mitad del siglo XIX.¹⁴ No obstante, esta política impactó toda la inmigración en Colombia. En los siglos XIX y XX, dos acontecimientos de gran relevancia perturbaron las relaciones bilaterales entre Colombia e Italia. El primero fue el caso Cerruti.¹⁵ Una disputa política y económica entre el comerciante (y activo masón) Ernesto Cerruti y el Estado del Cauca desembocó en un caso diplomático sin precedentes, que conllevó al enfrentamiento del Estado colombiano con la marina militar italiana (¡sic!). La importancia del caso Cerruti en las relaciones bilaterales entre los dos países fue evidente, si se considera que: i) La Divisione Navale dell'America Latina se quedó en aguas chilenas y peruanas por varios años, precisamente para proteger los intereses italianos en el área, deteriorados por la querelle Cerruti;¹⁶ ii) las relaciones diplomáticas entre Italia y Colombia se restablecieron solo en el año 1904 (estuvieron interrumpidas seis años);¹⁷ iii) las consecuencias de este hecho sobre los ciudadanos italianos establecidos en Colombia no han sido marginales.¹⁸ Además, pocos años después, ocurrió otro episodio que deterioró ulteriormente las relaciones bilaterales, el cual fue el homicidio a sangre fría del empresario italiano Angelo Rosazza por parte de un agente de la policía panameña (Panamá en ese entonces pertenecía a la jurisdicción colombiana).¹⁹ Como si fuera poco, las relaciones diplomáticas entre Colombia e Italia se rompieron nuevamente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país suramericano (en 1942) entregó todas las empresas y los bienes de propiedad de inmigrantes procedentes de los Países del Eje (Italia, Alemania, Japón) a la administración fiduciaria del Banco de la República.²⁰ Todos estos elementos tuvieron un impacto sobre las decisiones de los emigrantes italianos desde finales del siglo XIX al momento de decidir su país de destino, descartando probablemente a Colombia, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que, además, como sabemos, son los períodos de éxodos masivos de italianos.

Para los datos específicos sobre la inmigración y la presencia italiana en Colombia, se han confrontado los contenidos en la literatura sobre la materia.²¹ Señalan aquellos que revisaron los datos oficiales disponibles que "en 1913, residían en Bogotá 119 italianos de un total de 895 extranjeros, es decir, cerca del 10% del total de residentes no colombianos".²² Sin embargo, existe un registro de italianos en Bogotá ya en el año 1846.²³ En 1938, los italianos que vivían en Colombia eran aproximadamente 1.400.²⁴ Hasta 1951, año en el cual el censo colombiano discriminó por primera vez los datos de los residentes por país, la población italiana cuenta con un total de 2.524, las dos terceras partes compuestas por hombres.²⁵ Trece años después, en 1964, la población italiana crece a 2.893,²⁶ y se mantiene más o menos la misma proporción entre hombres y mujeres.²⁷ Según el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, el número de italianos residentes en Colombia para el año 1977 era de 7.020; 11.500 en 1978; 14.250 en 1979; 20.000 en 1980; y algunos más en 1981.²⁸ En cuanto a las regiones de Colombia con presencia italiana, es sabido que las primeras llegadas de italianos se registraron en la costa colombiana, Barranquilla²⁹ y Cartagena³⁰ principalmente. Solo en un segundo momento los italianos se aventuraron río arriba, hasta formar la gran colonia presente actualmente en la capital, Bogotá.³¹ Conforme con un estudio de 1985, la distribución territorial de los italianos en el país era la siguiente: 4.500 en Bogotá, 1.074 en Cali, 1.000 en Medellín, 795 en Cartagena, 1.220 en Barranquilla, 57 en Cúcuta y 260 en Santa Marta.³² En 1992, el número estimado de italianos era alrededor de 10.000.³³ En el 2006, residían en Colombia 7.027 italianos con capacidad de votar, de acuerdo con el registro electoral de la Embajada de Italia.³⁴ Los datos disponibles en el mes de febrero del 2011 son los siguientes: i) nacidos en Italia y residentes en Colombia: 3.014 (inscritos en la AIRE);³⁵ ii) italocolombianos (nacidos en Colombia) residentes en el país: 13.500; a estos, hay que sumarles los italianos nacidos fuera de Italia y residentes en Colombia (500 aproximadamente) y los italocolombianos nacidos en el extranjero y residentes en el país (otros 500 aproximadamente). Estos son los datos oficiales suministrados por el Consulado italiano;³⁶ no obstante, hay que considerar también a los italianos "irregulares", es decir, quienes viven en Colombia a pesar de no ser registrados como residentes, y además todos los descendientes de italianos que nunca se dieron a la tarea de registrar sus documentos ante la Embajada, que son sin lugar a dudas un número considerable. En definitiva, es muy difícil establecer aun hoy el número exacto de los italianos presentes en Colombia; sin embargo, es razonable, a nuestro parecer, pensar que oscilan alrededor de 20.000 o hasta menos.

1.2. El desarrollo histórico del régimen de la ciudadanía italiana

Al principio de su historia,³⁷ el modelo social y familiar del Estado italiano se centraba en la figura del padre-marido, quien gozaba de una preeminencia social que se reflejaba en lo jurídico, en las relaciones entre padre y madre, así como entre marido y mujer, considerando además que tomaba las decisiones más importantes de la vida familiar y para los hijos.

La mujer -en su rol de madre y cónyuge- tenía una posición secundaria tanto en el ámbito familiar como en la comunidad en general. Para dar un ejemplo, solo en el año 1945 las mujeres obtuvieron el derecho a votar, y, el siguiente año, a ser elegidas (electorado activo y pasivo).³⁸ Hasta ese momento, la función de las mujeres en el tejido social italiano era principalmente el mantenimiento de la casa familiar y la educación de los hijos, mas no podían postularse para cargos públicos, ni ejercer alguna función social en la comunidad.³⁹

Además, con la llegada al poder del régimen fascista, los derechos de la mujer se deterioraron aún más y se agudizaron las disparidades sociales: por ejemplo, el Código Penal "Rocco" de 1930 -promulgado durante dicho período- sancionaba penalmente el adulterio femenino, mas no el masculino.

Esta situación de discriminación social y jurídica fue paulatinamente eliminada con la caída del régimen fascista y, sobre todo, con la adopción de la Constitución de la República Italiana, que entró en vigor el 1° de enero del año 1948. La Norma Suprema italiana afirma que todos los ciudadanos tienen la misma dignidad ante la ley, sin que pueda haber lugar a discriminaciones fundadas sobre el sexo (artículo 3°), garantiza la protección de los derechos fundamentales del hombre sea como persona, sea en las agrupaciones sociales donde desarrolla su personalidad (artículo 2°).

Además, la Constitución italiana establece que "el matrimonio se basa sobre la igualdad moral y jurídica entre los cónyuges" (artículo 29) y que "los padres tienen el derecho y la obligación de mantener, instruir y educar a los hijos" (artículo 30).

Los principios de la Constitución modificaron completamente el régimen jurídico y social de la mujer, los cuales además fueron reforzados a lo largo de los años por las reiteradas intervenciones de la Corte Constitucional italiana, cuyos fallos contribuyeron a eliminar las discriminaciones que se mantenían en contra de las mujeres, como madres y como esposas.⁴⁰

Inicialmente, las reglas sobre ciudadanía se hallaban en el Código Civil del Reino de Italia (año 1865) y, más precisamente, en sus artículos 4° a 15: dichas disposiciones quedaron en vigor hasta el año 1912, cuando fueron reemplazadas por una ley ad hoc en materia de ciudadanía, la Ley 555 del 15 junio de 1912. Ambas normativas adoptaban el mismo mecanismo prin-cipal⁴¹ de adquisición de la ciudadanía italiana, esto es, el principio del ius sanguinis, pero solo el padre podía transmitirla.⁴² Tal mecanismo hallaba su justificación precisamente en el modelo social descrito anteriormente -que bien puede describirse como paternalista y machista-, así que solo el padre podía transmitir iure sanguiniis la ciudadanía a sus descendentes, según el principio tomado por el derecho romano, patris originem unusquisque seguitur.

Lo anteriormente mencionado se ve reflejado claramente en los trabajos parlamentarios anteriores a la adopción del Código Civil de 1865 y de la Ley de 1912. En el primer caso, hay que destacar las palabras utilizadas por el entonces Ministro de Justicia -honorable Pisanelli- ponente del proyecto de Código Civil (denominado Código Pisanelli), quien declaró apertis verbis: "Se elogia el nuevo Código, que rindió homenaje a este grande principio fijando que es italiano quien nazca en cualquier lugar de padre italiano, esto es de familia italiana".⁴³

Casi cuarenta años después, la Comisión encargada de presentar el proyecto de reforma de la normativa en materia de ciudadanía utilizó expresiones muy parecidas en ocasión de la reunión en la Cámara de los Diputados del 30 marzo de 1912: "El principio es demasiado claro para que se rinda necesario comentarlo. El hijo nace del padre como la fronda de la rama, lleva en sí la vida paterna, continúa la persona y el nombre de aquel y le sucede en todos los derechos y obligaciones: en otras palabras renueva su existencia. Sería absurdo que al nacer no obtuviera también la ciudadanía".⁴⁴

La mujer padecía además otra discriminación jurídica: la mujer italiana perdía el estatus de ciudadana cuando se casaba con un ciudadano extranjero si, por efecto del matrimonio, hubiese adquirido la ciudadanía extranjera del marido. En otros términos, si la ley nacional del marido otorgaba automáticamente la ciudadanía a la ciudadana extranjera (italiana) iure matrimonii (vale decir, por efecto del matrimonio con el ciudadano nacional), esta estaba obligada a aceptar la ciudadanía del marido y, por lo tanto, a perder el estatus de ciudadana italiana.⁴⁵

Las dos reglas citadas penalizaban de manera categórica a la mujer italiana que se casaba y formaba familia con ciudadano extranjero: en estos casos, ella, por un lado, perdía la ciudadanía italiana por haber adquirido iure matrimonii la ciudadanía extranjera y, por otro lado, no podía "transmitir" su nacionalidad de origen a sus descendentes, puesto que la ley italiana tampoco le permitía hacerlo.

Esta situación condicionó mucho la vida de las ciudadanas italianas que emigraron al extranjero empujadas por la pobreza de algunas zonas de Italia, sobre todo del sur: además, la ley italiana evitaba por lo general el reconocimiento de varias ciudadanías al mismo tiempo en cabeza de la misma persona: en realidad, el Código Civil de 1865 y la Ley de 1912 establecían -en este caso no solo para la mujer, sino también para el hombre- la pérdida de la ciudadanía italiana en caso de adquisición voluntaria de una ciudadanía extranjera, lo que ocurría, por ejemplo, cuando el ciudadano(a) se naturalizaba en el Estado de emigración.⁴⁶

Las reglas discriminatorias en materia de ciudadanía contenidas en el Código Civil de 1865 y luego en la Ley de 1912 chocaron inevitablemente con los principios de igualdad y de protección de las posiciones sociales acogidos por la Constitución italiana de 1946 (entrada en vigor el 1° de enero de 1948).⁴⁷

Con dos fallos emitidos en los años setenta y ochenta, la Corte Constitucional italiana declaró que los artículos 1° y 10 de la Ley de 1912 violaban el principio fundamental de igualdad proclamado en la Constitución italiana. Concretamente, la Corte Constitucional italiana en 1975 declaró inconstitucional el artículo 10 (cuyo objeto era la pérdida de la ciudadanía italiana como efecto de matrimonio con extranjero y la adquisición de la ciudadanía del marido extranjero por efecto de este matrimonio), porque esta regla provocaba "una gravísima desigualdad moral, jurídica y política entre los cónyuges y ponía la mujer en un estado de evidente inferioridad, privándola así automáticamente, por el solo hecho del matrimonio, de los derechos del ciudadano italiano".⁴⁸

Algunos años después, en 1983, la Corte Constitucional afirmó que también el artículo 1° de la Ley de 1912 constituía una violación evidente del principio de igualdad, puesto que solo el padre italiano podía transmitir la ciudadanía a los hijos.⁴⁹

A pesar de su eliminación formal del derecho italiano, las reglas discriminatorias continuaban provocando diferencias de trato entre los ciudadanos. De una parte, la Ley de 1992 podía aplicarse solo a situaciones jurídicas sucesivas a su entrada en vigor en virtud del principio de irretroactividad de la ley. Por otro lado, los efectos de las decisiones de la Corte Constitucional no se aplicaban a situaciones o hechos discriminatorios que tuvieron lugar antes del 1° de enero de 1948, fecha en la cual la Constitución italiana entró en vigor.⁵⁰ Por lo tanto, las ciudadanas italianas que habían perdido la ciudadanía por matrimonio con extranjero antes de 1948 o que no habían podido "transmitir" dicho estatus a los descendientes nacidos antes de esa fecha seguían siendo lesionadas.

Esta situación conllevaba a ulteriores discriminaciones, puesto que los hijos de estas mujeres no adquirieron la ciudadanía italiana al nacimiento y a su vez no pudieron transmitir este estatus a sus descendientes, y esto solo porque nacieron después del 1° de enero de1948 o porque nacieron de madre que se había casado con extranjero antes de esta fecha.

El tema fue tratado por muchos autores y muchos tribunales italianos, los cuales se interrogaban sobre la posibilidad de que los efectos de los fallos de la Corte Constitucional pudieran cobijar también situaciones o hechos discriminatorios que tuvieron lugar antes del 1° de enero de 1948. La jurisprudencia italiana -y, en particular, la Suprema Corte italiana (la Corte de Casación)-fue fragmentaria, siendo a veces favorable⁵¹ y a veces no.⁵² Por último, en 1998 (y en las decisiones sucesivas) la Corte de Casación cerró totalmente la puerta a que los efectos de la Corte Constitucional pudieran cubrir hechos y situaciones surgidos antes del 1° de enero de 1948.⁵³

No hay que sorprenderse por el cambio contínuo de la jurisprudencia emitida por los tribunales italianos: realmente, el tema era muy importante y muy delicado, porque se trataba de decidir si "abrir las puertas" a una cantidad enorme de potenciales ciudadanos procedentes de manera particular de Suramérica y nacidos antes del 1° de enero de 1948 o descendientes de mujeres italianas que se habían casado con ciudadanos extranjeros antes de esa fecha.

1.3. El impacto de la legislación italiana sobre los ciudadanos suramericanos, y colombianos en particular

Como se ha señalado anteriormente en este artículo, la legislación italiana nunca privó de la nacionalidad a los ciudadanos que hubiesen adquirido otra diferente, sin el concurso de su voluntad. En otras palabras, los italianos emigrados en América, así como sus descendientes, no perdieron en principio la nacionalidad italiana por el solo hecho de haber adquirido otra diferente en aplicación del principio del ius soli. Por lo tanto, los hijos de padres italianos nacidos en un Estado extranjero que siga el principio del ius soli nacían con doble nacionalidad: la de Italia en cuanto hijo de padre italiano y la del Estado de nacimiento por el hecho de haber nacido en ese país.⁵⁴ Por lo tanto, es importante analizar los ordenamientos jurídicos de Suramérica en materia de ciudadanía para examinar si los italianos emigrados en esas tierras mantuvieron su ciudadanía originaria y, en consecuencia, la transmitieron a sus hijos.

Los ordenamientos jurídicos americanos en materia de ciudadanía -a diferencia de la casi totalidad de los europeos-⁵⁵ siguen el ius soli, en virtud del cual los hijos de italianos emigrados y nacidos en América adquirieron la nacionalidad originaria⁵⁶ de dichos países.

En cuanto a la adquisición primaria u originaria de la ciudadanía en todos los sistemas jurídicos latinoamericanos,⁵⁷ el simple hecho del nacimiento en el territorio de un Estado basta para atribuir la nacionalidad: así en Argentina,⁵⁸ Bolivia,⁵⁹ Brasil,⁶⁰ Chile,⁶¹ Colombia,⁶² Ecuador,⁶³ Paraguay,⁶⁴ Perú,⁶⁵ Uruguay⁶⁶ y Venezuela.⁶⁷ La Constitución de Colombia supedita la aplicación del ius soli a la condición de que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos.⁶⁸ No faltan casos en los cuales se le da cabida directa también al criterio del ius sanguinis, en caso de personas nacidas en el extranjero de padre y madre de ciudadanos por nacimiento, como en Venezuela,⁶⁹ o por lo menos uno de los padres, como en Bolivia,⁷⁰ Ecuador⁷¹ o Perú,⁷² limitando a veces la transmisión de la nacionalidad hasta un determinado grado de consanguinidad.⁷³ En otros casos, la aplicación del criterio del ius sanguinis está supeditada al hecho de que el padre o la madre estén a servicio del Estado⁷⁴ o al registro ante la oficina competente.⁷⁵ Además, algunos ordenamientos dan relevancia a la opción del interesado (o su apoderado), como en Argentina⁷⁶ o Perú.⁷⁷

En cuanto a la nacionalidad secundaria o por naturalización, casi todos los países la admiten, al probarse hechos ligados al avecindarse de un ciudadano extranjero en el país, ya sea por residir de forma ininterrumpida,⁷⁸ por prestar servicios particulares a la nación,⁷⁹ por contraer matrimonio con ciudadano o ciudadana suramericano,⁸⁰ o en caso de adopción, y así obtener carta de naturalización. En algunos casos, se le da relevancia hasta a la cesión o sucesión del territorio.⁸¹

En todos los casos diferentes al de Argentina,⁸⁵ el impacto normativo y social de la emigración italiana sobre la nacionalidad de los inmigrantes -y sobre todo sus descendientes- deberá mirarse bajo el perfil del derecho comparado, es decir, confrontando las diferentes normativas en juego y/o si es el caso del derecho internacional privado.

En cuanto al ordenamiento colombiano, en la historia constitucional del país se han observado modificaciones sustanciales en los criterios atributivos de la nacionalidad, al alternarse el ius soli con el ius sanguinis, la domiciliación en el país y la opción.⁸⁶

En la Constitución de 1863 o de Rionegro⁸⁷ seguía un sistema mixto. Al ius soli⁸⁸se le agregaban elementos de ius sanguinis,⁸⁹siempre en correlación con el domicilio en Colombia.⁹⁰ La pérdida de la nacionalidad colombiana era consecuencia de fijar domicilio y adquirir nacionalidad en país extranjero, criterio al cual el ordenamiento colombiano siempre ha sido fiel.⁹¹ La Constitución de 1886 complicó las cosas. Por un lado, creó una figura -la nacionalidad por origen y vecindad- que no tenía diferencias sustanciales con la nacionalidad por nacimiento. En cuanto a la aplicación del ius sanguinis, lo supeditaba a la ilógica condición de que los hijos de padre o madre colombiana fuesen legítimos, es decir, concebidos dentro del matrimonio. En fin, el artículo 9° seguía privando de la nacionalidad colombiana⁹² al ciudadano que hubiese adquirido carta de naturaleza en país extranjero, fijando el domicilio en él.⁹³ La Constitución de 1936 aportó importantes modificaciones a la anterior, eliminando el requisito de la legitimidad de los hijos, y poniendo a los brasileros al mismo nivel de los hispanoamericanos.⁹⁴ Las dificultades prácticas en la aplicación del requisito del domicilio simultáneamente al ius sanguinis se hicieron bien evidentes en el caso Schwartau.⁹⁵ Es decir que, en cuanto a la pérdida de la nacionalidad, el nuevo artículo 9° hallaba aplicación también en el caso de que el nacional que hubiese obtenido carta de naturalización en un país extranjero se domiciliara en otro diferente.

El régimen actualmente vigente en materia de ciudadanía y naturalización en Colombia lo establece la Constitución de 1991⁹⁶ y la Ley 43 (1993). Dichas fuentes instituyen dos clases de nacionales colombianos, los nacionales por nacimiento y los nacionales por adopción. La primera categoría sigue la impostación de la Constitución de 1886, y conjuga el ius soli con el ius sanguinis. Sin embargo, se especifica que, en el caso de hijos de extranjeros nacidos en Colombia, se requiere que alguno de los padres estuviere domiciliado⁹⁷ en la República en el momento del nacimiento. En cuanto a los nacidos en el exterior de padre o madre colombiana, la reforma del 2002⁹⁸ agregó una nueva posibilidad para la adquisición de la nacionalidad (aparte de la domiciliación en ella): el registro ante una oficina consular de la República de Colombia.⁹⁹

La nacionalidad por adopción es un acto soberano y discrecional del Gobierno Nacional.¹⁰⁰ Los casos de adopción incluyen tanto casos de residencia ininterrumpida por un determinado lapso de tiempo -diferente para extranjeros no hispanos¹⁰¹ o latinoamericanos y del Caribe- como el caso de los extranjeros casados con colombianos, que pueden adquirir la nacionalidad colombiana por medio de solicitud, siempre y cuando hayan estado domiciliados en el país de forma continua durante los dos años anteriores a la solicitud. La gran innovación de la Constitución de 1991 consiste en la clara admisión de la doble ciudadanía¹⁰² en los siguientes términos: "Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales colombianos por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción". Es relevante recordar que la legislación colombiana, así como la italiana, admiten la renuncia,¹⁰³ a través de manifestación escrita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o los consulados de Colombia en el exterior.¹⁰⁴

No obstante todo lo anterior con relación a los criterios de atribución de la nacionalidad en Latinoamérica y en Colombia en particular, como se ha referido anteriormente en este escrito, la ley italiana nunca privó de la ciudadanía italiana a los descendientes de italianos que hubiesen adquirido otra nacionalidad de forma no voluntaria, como es el caso de aplicación de una ley extranjera que sigue el ius soli. Por lo tanto, a pesar de que la normativa colombiana admite formalmente la doble ciudadanía solo a partir de 1991, los emigrantes italianos que llegaron desde el siglo XIX no perdieron la nacionalidad italiana, ni el derecho de transmitirla a su descendencia nacida en América. Esto, siempre y cuando el emigrante italiano no hubiese renunciado a su nacionalidad de origen,¹⁰⁵ o medie en el árbol genealógico de la familia una mujer italiana cuya descendencia haya nacido -en Italia o en el extranjero- antes de 1948. En otras palabras, el legislador italiano creó una discriminación, fundamentada en un arcaico e inaceptable machismo, y sus efectos se perpetuaron hasta nuestros días.

SEGUNDA PARTE

2.1. La revolución de la Sentencia 4466 del 2009 y sus primeras aplicaciones en Italia

La situación cambió radicalmente en el 2009, cuando la Corte de Casación -en su formación que incluye a todos los presidentes de las diferentes secciones (Sezioni Unite)- tomó posición de forma contundente sobre la cuestión de la retroactividad de los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional.¹⁰⁶

En otras palabras, la Corte de Casación señaló dos requisitos necesarios para que los efectos del fallo de inconstitucionalidad pudiesen tener aplicación también antes del 1° de enero de 1948. En primer lugar, los efectos de la norma declarada inconstitucional debían haber afectado una situación ya existente el 1° de enero de 1948, lo que acontece sin lugar a dudas cuando una ciudadana italiana no ha podido transmitir la ciudadanía italiana a sus hijos y tal situación haya repercutido sobre el derecho subjetivo de aquellos al reconocimiento del estatus de ciudadano italiano iure sanguinis.

En segundo lugar, la situación jurídica lesionada debía ser todavía objeto de tutela jurisdiccional, lo que acontece claramente en el caso de solicitud de reconocimiento de la ciudadanía italiana. Los derechos relativos a los estatus civiles, in primis el derecho a la ciudadanía, son absolutamente imprescriptibles y, por lo tanto, pueden ser objeto de tutela jurisdiccional sin limitaciones en el tiempo.

La sentencia de la Corte de Casación del 2009 ha sido sucesivamente confirmada por otras decisiones de la misma Corte¹⁰⁸ y abrió definitivamente las puertas de la ciudadanía italiana para miles de ciudadanos hijos -y muchas veces- nietos y bisnietos de ciudadanas italianas de primera generación -vale decir emigradas directamente desde Italia- o, mucho más a menudo, de ciudadanas italianas nacidas de un nacional italiano emigrado y de ciudadanas locales.

En línea con lo que se dijo anteriormente, los flujos migratorios de los italianos hacia el extranjero determinaron un número potencialmente enorme de ciudadanos italianos iure sanguinis (y no solo) de primera generación o de las sucesivas. Hay que agregarle a ese dato el número de potenciales ciudadanos naturalizados italianos iure matrimonii por transmisión por causa de matrimonio contraído con ciudadano italiano (nacido o descendiente de ciudadana italiana quien no había podido transmitir la ciudadanía italiana).

Eso determinó un aumento vertiginoso de las solicitudes de ciudadanía provenientes de todo el mundo y en particular desde los Estados de mayor emigración italiana, generando así la inevitable consecuencia de una fuerte congestión de los consulados italianos.

Es importante señalar que, para un ciudadano residente en el extranjero, la vía principal para pedir el reconocimiento del estatus de ciudadano italiano sigue siendo la vía consular. El cónsul italiano en el exterior, en efecto, es competente para recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía italiana por parte de ciudadanos residentes en el Estado en el cual se encuentra, precisamente, la oficina consular.¹⁰⁹ Sin embargo, la vía consular no es la única posible, ya que el solicitante puede promover en cualquier momento una demanda para el reconocimiento del estatus de ciudadano ante un tribunal italiano. Como se dijo anteriormente, el derecho a la ciudadanía italiana es por naturaleza imprescriptible, así que puede ser objeto de demandas jurisdiccionales de reconocimiento sin límites temporales.

Además, la vía jurisdiccional es totalmente independiente de la administrativo-consular: en otras palabras, el ciudadano interesado no tiene la obligación de dirigirse previamente a la autoridad administrativa consular (o a la Alcaldía italiana siempre y cuando sea residente en Italia), y eso porque la materia de los estatus civiles es reservada por ley a la competencia exclusiva del tribunal ordinario (con exclusión del juez administrativo).¹¹⁰

2.2. El impacto social para los descendientes de ciudadanos italianos emigrados en el extranjero

Como ya se mencionó, la sentencia de la Corte de Casación de febrero del 2009 determinó una verdadera "carrera hacia la obtención de la ciudadanía italiana" por parte de miles de potenciales ciudadanos italianos descendientes de ciudadanas italianas que no les han podido transmitir la ciudadanía a causa de la ley italiana declarada inconstitucional.

Dicho acontecimiento llevó a la necesidad de reglamentar -de forma siempre más estricta- la disciplina del ingreso de los ciudadanos extracomunitarios en el territorio italiano para evitar una inmigración masiva en el país.

Además, la titularidad de la ciudadanía italiana determina en cabeza del ciudadano suramericano el derecho de acceder a toda oferta de trabajo -público o privado- con paridad de trato respecto a los demás ciudadanos italianos. Por supuesto, tal derecho se puede accionar con independencia de la circunstancia en que el ciudadano en cuestión se encuentre o no dentro del territorio italiano.

Esto significa que el ciudadano italosuramericano puede aplicar -en cualquier momento y también residiendo en Suramérica- a ofertas de trabajo en Italia o participar en concursos públicos a la par de cualquier otro ciudadano italiano, salvo los casos en los cuales el idioma italiano sea un requisito fundamental para poder desarrollar una determinada actividad de trabajo. En este último caso, en efecto, la falta de competencias lingüísticas puede justificar una disparidad de tratamiento con relación a homólogos ciudadanos italianos que las posean. En fin, la titularidad de la ciudadanía italiana comporta también el acceso a todos los derechos y beneficios ligados a la denominada ciudadanía europea.¹¹⁴ Como es notorio, Italia hace parte -y es uno de los países fundadores- de la Unión Europea, que hoy cuenta con veintisiete Estados miembros. Uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es el derecho de sus ciudadanos de transitar libremente en el territorio de la Unión, con salvedad de las posibles restricciones por motivos de orden público. Dicho principio -contenido en el Tratado Constitutivo de la (en ese entonces) Comunidad Económica Europea- ha sido paulatinamente implementado por el derecho derivado (directivas y reglamentos comunitarios) que precisó y reforzó su contenido.¹¹⁵

Como consecuencia de lo anterior, los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión tienen el derecho de dejar su país y entrar en el territorio de otro Estado miembro mediante la simple exhibición del documento de identidad nacional y de gozar de estadía libre por un período máximo de tres meses, sin alguna formalidad burocrático-administrativa.¹¹⁶ Tales ciudadanos, además, gozan del derecho de estadía en un Estado miembro por encima de los tres meses si acreditan el desarrollo de actividad de trabajo de tipo dependiente o independiente, o si poseen recursos económicos suficientes para evitar el riesgo de que el país de acogida deba subsidiarlo.

Si los ciudadanos comunitarios permanecen o quieren permanecer en un Estado miembro en razón de un trabajo, su posición como trabajadores es tutelada por una normativa específica que les garantiza igualdad de trato respecto a los ciudadanos del Estado de acogida en todas las fases y en todos los perfiles de la actividad laboral.¹¹⁷

Otro principio fundamental del ordenamiento de la Unión Europea es el principio de no discriminación con base en la nacionalidad,¹¹⁸ lo que supone que -en el marco de aplicación del derecho de la Unión Europea- los ciudadanos comunitarios no puedan ser objeto de discriminaciones directas o indirectas con base a su origen en un determinado Estado miembro. La consecuencia es que los ciudadanos comunitarios pueden acceder a las ofertas de trabajo en igualdad de condiciones con los ciudadanos del Estado de acogida -siempre y cuando se trate de situaciones semejables y no existan razones objetivas para justificar restricciones al acceso al mercado local- y tienen que ser tratados a nivel laboral (retribución y prestaciones sociales) a la par de los ciudadanos locales. En fin, los ciudadanos comunitarios pueden computar los períodos de trabajo llevados a cabo en un Estado miembro diferente al de su ciudadanía, a fin de sumar los períodos trabajados en su país o en país terceros, gracias a un sistema de mutuo reconocimiento y coordinación administrativa. El derecho de circular y permanecer libremente dentro del territorio de la Unión Europea no es reservado a los ciudadanos de la Unión, sino también a sus familiares, sean o no ciudadanos de la Unión. Y en particular, el derecho de la Unión Europea incluye en la noción de familiar el cónyuge, los descendientes directos menores de veintiún años o a cargo y los del cónyuge, así como los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge.¹¹⁹

Se trata de un aspecto fundamental para un ciudadano italosuramericano que desea pedir la reagrupación familiar con su propio cónyuge o con otro familiar incluido en la noción acogida por el derecho de la Unión Europea. En efecto, no solo el familiar extracomunitario podrá entrar y residir en el territorio de la Unión -siempre que el solicitante tenga recursos económicos suficientes para poder sustentar al familiar-, sino que podrá además acceder a una actividad laboral en la Unión.

En otras palabras, el ciudadano italosuramericano podrá crear las condiciones para transferir -siempre que lo desee- su familia en la Unión Europea y dar la posibilidad a sus hijos o sus familiares de establecerse en Europa y buscar un trabajo. Finalmente, podrá sentar las condiciones para que se cumpla el trayecto inverso al que llevaron a cabo los ascendientes italianos hacia América del Sur entre el fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX.

2.3. Conclusiones: la eliminación de una situación de injusticia social a través del Derecho

La mayor dificultad se deriva de la necesidad de encontrar documentos -muy a menudo eclesiásticos- relativos a personas nacidas hace casi doscientos años. La manera de recolectar los documentos puede variar según los países. Por ejemplo, en Colombia, el trabajo es facilitado por el hecho de que la nunciatura apostólica en Bogotá puede dar fe de la autenticidad de las partidas de bautismo, así que dichos documentos pueden apostillarse. Además, la prueba de la ausencia de naturalización a nombre de los ascendientes inmigrados es facilitada por los registros -muy eficientes- del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, y la de no renuncia a la nacionalidad italiana se puede obtener a través del Consulado italiano en Bogotá.¹²¹

Así las cosas, es oportuno preguntarse: ¿por qué no es posible tratar los casos de los nacidos de madre italiana antes de 1948 por la vía administrativa, esto es, a través del Consulado italiano?¹²² Dicho de otra forma: ¿por qué las autoridades italianas -el Ministerio del Interior principalmente- no le dan pleno alcance a la nueva jurisprudencia? La respuesta jurídica es que las sentencias de la Suprema Corte de Casación italiana no sientan en estricto sentido un precedente vinculante -en términos jurídicos, no tienen efectos erga omnes-, así que el examen sobre la nacionalidad tendrá que hacerse caso a caso. Al parecer de los autores, esta explicación es insuficiente. Las motivaciones se pueden encontrar, por un lado, en el Derecho, pero, sobre todo, en la política y en el análisis de las consecuencias socioeconómicas que podrían originarse. Tratemos de entender por qué.

Antes que todo, hay que hacer una estimación, si bien imprecisa, de cuantas personas se encuentran hoy desprovistas de la ciudadanía italiana en aplicación de las normas inconstitucionales. Si cruzamos todos los datos disponibles para Colombia, se podría concluir que la comunidad italiana no se ha pasado de las 1.000 personas en todo el siglo XIX.¹²³ En el siglo siguiente, el número ha ido aumentando considerablemente hasta llegar a su tope al inicio de los años ochenta, y sigue hoy en día manteniendo grosso modo el mismo tamaño.¹²⁴ Hay que considerar, sin embargo, que todos los datos son conservativos, ya que se puede dar fe solo de los datos comprobados.¹²⁵ Es difícil obtener datos fiables acerca de la repartición histórica entre hombres y mujeres en la comunidad de los descendientes de italianos. Lo que se puede imaginar con la información a disposición es que alrededor de los tres cuartos de los italianos nacidos en Italia y mudados a Colombia fueron hombres. No obstante, el aumento de la colonia italiana se debe probablemente a los frecuentes matrimonios mixtos, lo que hace pensar que la proporción entre hombres y mujeres se haya aproximado al cincuenta por ciento en las generaciones sucesivas.¹²⁶ Contando con que en la segunda mitad del siglo XX la comunidad italiana ha crecido a buen ritmo y que son muy frecuentes los matrimonios mixtos, es imaginable que la discriminación esté afectando a varias miles de personas, que todavía padecen los efectos de las normas inconstitucionales. Si se calcula el tamaño de la discriminación a escala suramericana, y más aún a escala mundial, el número podría alcanzar algunos millones de personas.¹²⁷ Esto podría explicar -por lo menos en parte- la conducta de las autoridades italianas.

Sin embargo, debemos resaltar que la solución por vía jurisprudencial es solo parcial, ya que perpetua una discriminación, esta vez de capacidad económica entre los ciudadanos que disponen de recursos para pagar un pleito en Italia y los que no.

¿Cuál sería entonces una solución duradera, eficaz para todos? Hasta hoy, las soluciones planteadas han sido las siguientes.

La primera es que el Parlamento italiano solucione el tema por vía legislativa. En los últimos años, se han presentado un sinnúmero de propuestas legislativas¹²⁸ de modificación de la Ley 91 (1992). Dichas propuestas tenían la finalidad principal de solucionar otros problemas, ligados al hecho de que, en los últimos decenios, Italia se ha vuelto un país de inmigración,¹²⁹ pero no pasaron por alto un problema tan sensible como el planteado en este escrito. Estas propuestas presentan problemas de drafting legislativo, y muchas veces son parciales o no exhaustivas.¹³⁰ No sobra decir que no sería fácil obtener la cubertura financiera de la iniciativa, que además con seguridad comportaría una verdadera implosión de los Consulados italianos, ya dramáticamente congestionados en muchos países latinoamericanos.¹³¹ El tema ha sido debatido en reiteradas ocasiones en Parlamento y Senado, en consecuencia de peticiones parlamentarias finalizadas a dar una solución definitiva, válida erga omnes, e inmediatamente aplicable para todos los interesados.¹³² El resultado final es que ninguna de estas propuestas ha llegado a feliz término.

Otra solución es que el Ministerio del Interior, en concertación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, expida una circular o acto semejable para darle cabal aplicación a la sentencia del 2009,¹³³ pero hasta ahora tampoco se ha concretado esa opción.

Actualmente, las dos soluciones tienen un elemento en común: no pueden hacer otra cosa sino terminar de abrir las puertas que la Corte de Casación entreabrió. Dicho de otra forma, el Parlamento italiano así como los ministerios competentes (en una palabra, el Estado italiano) tienen que doblegarse ante la voluntad de sus jueces. Ninguna propuesta podría impedir de plano a los descendientes de emigrantes italianos -a los cuales sigan aplicándose normas inconstitucionales- obtener la nacionalidad italiana, por lo menos por la vía judicial.¹³⁴ Sin embargo, en caso de que intervenga el Parlamento, podría someterse -a nuestro parecer- la adquisición de la ciudadanía italiana a requisitos adicionales,¹³⁵ como, por ejemplo, la superación de un test de nacionalización para no residentes.¹³⁶

Por lo tanto, salvo algunas situaciones patológicas,¹³⁷ el tema no tiene al momento sino una solución parcial, que traslada los efectos de la discriminación que golpeó a las ciudadanas italianas por casi un siglo, y sigue impactando a sus descendientes nacidos antes de 1948.

Al contrario, es precisamente en el Derecho -siendo este el responsable de la discriminación directa a la mujer- que habrá que encontrar la solución más adecuada al caso y que no perpetúe discriminación alguna. Con el respaldo de los latinos diríamos: ex iniuria, non oritur ius.

El tamaño de la emigración italiana, con especial énfasis en el continente americano, ha propagado esta discriminación hasta llegar a números desconcertantes. Los efectos sociales, ya sea en término de ocasiones pérdidas para millones de italosuramericanos, como de explosión demográfica -con anexos sensibles problemas de presupuesto público- son enormes. Sin embargo, los jueces de la Corte de Casación han trazado el camino, que es y debe ser, jurídica y socialmente, el que hay que seguir.

¹ Massimiliano Castellari escribió los parágrafos 1.1, 1.3 y 2.3, y Marco Mellone, el 1.2, 2.1 y 2.2. Los autores comparten las conclusiones enunciadas en el parágrafo 2.3.

² Casi un 50% de la emigración total italiana se dirigió a las Américas. En 1973 (la fecha es importante ya que se podría a gran modo utilizar para definir el momento histórico en el cual Italia tuvo más inmigración que emigración), los italianos en el extranjero, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, eran casi 5,5 millones, de los cuales un 55% residía en las Américas (del Sur, Central y del Norte), en Principe, Lorenzo & Nicosia, Alessandro, Museo Nazionale Emigrazione Italiana, Gangemi Editore, Roma, 2009, p. 262 y en particular tabla 1.

³ Para un análisis completo de la inmigración italiana en Argentina y su impacto en la cultura local, véase, entre otros, Favero, Luigi; Baily, Samuel L.; Devoto, Fernando J. et ál., Identitá degli italiani in Argentina: reti sociali, famiglia, lavoro, Studium, Roma, 1993; Devoto, Fernando J., Historia de los italianos en la Argentina, Biblos, Buenos Aires, 2008.

⁴ Sabbatini, Mario & Franzina, Emilio, I veneti in Brasile: nel centenario dell'emigrazione (1876-1976), Vicenza, Edizioni dell'Accademia Olimpica, 1977.

⁵ Fondazione Giovanni Agnelli, Euroamericani, vol. 1: La popolazione di origine italiana negli Stati Uniti, Torino, 1987.

⁶ Balzan, Eugenio, L'emigrazione in Canada nell'inchiesta del Corriere, 1901, Fondazione Corriere della sera, Milano, 2009.

⁷ Devoto, Fernando J., Lemigrazione italiana e la formazione dell'Uruguay moderno, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1993.

⁹ En Pizzorusso, Giovanni & Porcella, Marco et ál., Storia dell'emigrazione italiana. Partenze, Donzelli Editore, Roma, 2001, p. 50, tabla 3, se dividen los flujos más importantes de emigrantes en cuatro épocas: i) 1876-1900: 5.258.000; ii) 1901-1915: 8.770.000; iii) 1916-1945: 4.355.000; iv) 1946-1975: 7.351.000, con base en fuentes ISTAT (Instituto del Estado Italia sobre estadísticas oficiales).

¹⁰ En Favero, Baily, Devoto, Identitá..., op. cit., p. 2, los autores afirman que solo en el transcurso de los años sesenta los historiadores de la emigración empezaron a interesarse en los listados de pasajeros de los barcos que transportaban los emigrantes europeos a las Américas, ya que hasta esa época solo se habían ocupado del asunto los genealogistas.

¹¹ Según información suministrada por el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, las cartas de naturalización y solicitudes de nacionalización de ciudadanos italianos entre 1829 y 1983 han sido apenas cincuenta, como refiere Echeverri, Giovanni Filippo, Plátano maduro no se vuelve verde: inmigración italiana en Colombia, 1860-1920, Mompox: Gdife, 2007, p. 214.

¹² Silva Téllez, Armando, Cultura italiana en Colombia: reflexión sobre etnias y mestizajes culturales, Tercer Mundo, Instituto Italiano de Cultura, Santa Fe de Bogotá, 1999, p. xiii, quien en su libro analiza en detalle los aportes de la cultura italiana en Colombia, en el cine, la arquitectura, las bellas artes y letras, la música, el Derecho, así como otras contribuciones en la ciencia y la educación.

¹³ Dicha consideración se funda también en la reconstrucción de las rutas marítimas de las compañías navales italianas de la época. Hay que añadir que la mayoría de la mano de obra italiana fue solicitada y traída también para la construcción del canal de Panamá.

¹⁴ Martínez, Fréderic, "Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia, siglo XIX", Boletín Cultural y Bibliográfico, XXXIV, (44), 1997, editado en 1998, habla de una "fiebre de la inmigración" entre 1847 y 1857.

¹⁵ Ernesto Cerruti, nacido en Torino en 1844, tras estudios militares en Italia, emigró a sus veinticinco años a Panamá, y fue nombrado Agente Consular en Buenaventura. En Colombia, Cerruti ejerció el comercio con audacia y sin escrúpulos hasta enemistarse irremediablemente con las autoridades locales. El Presidente del Estado del Cauca se vio entonces obligado a expropiar todos sus bienes y su sociedad E. Cerruti & Cía. (el 11 de febrero de 1885), y hasta un juez municipal de Cali ordenó su detención provisional. El caso llegó rápidamente a mayores, ya que mientras la Cancillería colombiana y la Legación italiana debatían sobre la violación de los derechos de Cerruti, el crucero de la Marina Real de Italia "Flavio Gioia" desembarcó en el puerto de Cartagena, y se llevó al ciudadano italiano rumbo a Panamá, luego a Jamaica, para después llevarlo de regreso a Italia. El asunto desembocó en una controversia internacional sin precedentes entre las dos naciones, hasta que, no obstante la mediación de España y de los Estados Unidos, y un laudo arbitral a favor de Cerruti emitido por el entonces presidente Grover Cleveland, el Estado colombiano rompió relaciones diplomáticas con el Reino de Italia.

¹⁶ Tamburini, Francesco, "La cuestión Cerruti y la crisis diplomática entre Colombia e Italia (1885-1911)", Revista de Indias, 2000, LX, (220), p. 713. Se habla al respecto de "diplomacia de los cañones".

¹⁷ Ibíd., p. 729.

¹⁹ El caso es descrito por Dal Boni, Panamá., op. cit., pp. 55-57.

²⁰ En Cappelli, "Entre 'Macondo'...", op. cit., p. 35, el autor refiere que "la operación político-económica cobija, en Barranquilla y en otros centros del Caribe colombiano, a 550 ciudadanos, entre los cuales los más numerosos son los italianos, residentes sobre todo en la capital. Se cuentan en la 'lista negra' de los bienes puestos en custodia numerosas agencias de bancos italianos y casi todas las sociedades comerciales e industriales de propiedad de los italianos". No hay que olvidar además que en Fusagasugá, a unos 50 km de la capital Bogotá, operó un campo de concentración, donde fueron reclusos alemanes, italianos y japoneses.

²¹ El antiguo Embajador de Italia en Colombia, Federico Barberio, quien dejó la Misión en 1984, señala que "la colectividad italiana en Colombia tiene raíces antiguas: remonta a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX y se considera como una de las más vetustas que tenemos en América". (Traducción nuestra del texto de la entrevista hecha por Rosalba Diaferia Maltempi, referida en Cinquegranelli, Rubino, Italiani in Colombia: 1492-1992, Club Cristoforo Colombo Editore, Roma, 1992, p. 17. Según Museo dell'Emigrazione Italiana, op. cit., p. 117, tabla 36, el número total de emigrados hacia los países americanos diferentes a Brasil, Argentina, Venezuela y Estados Unidos, entre 1876 y 2005, es de 409.035.

²² Silva Téllez, Cultura italiana..., op. cit., p. 10.

²³ Violi Botta, Roberto, Biografías y relatos de italianos en Colombia (entre 1492 y 1938), Compañía Granadina de Seguros, Santa Fe de Bogotá, 1995, p. 90, cuando llegó a la capital el genovés Giacomo Chiappe, con la estatua del Libertador Simón Bolívar, modelada por un artista italiano discípulo de Antonio Canova.

²⁴ Aliprandi, Ermenegildo & Martini, Virgilio, Gli italiani in Colombia, Aliprandi & Martini Editores, Guayaquil, 1938, p. 14; Violi Botta, Biografías... , op. cit., pp. 95-112, afirma que los italianos que se radicaron en (en todos los rincones de) Colombia hasta 1938 fueron 640, cabezas de familia, sin incluir a las personas que las integraban; seguramente el autor se refiere a los italianos nacidos en Italia y quienes hayan residido en Colombia.

²⁵ Silva Téllez, Cultura italiana..., op. cit., p. 11.

²⁶ Ibíd. Sobre un total de 74.053 extranjeros, divididos aproximadamente en un 55% de hombres y 45% de mujeres.

²⁷ Ibíd.

²⁹ Sobre el particular, véase el interesante artículo de Cappelli, "Entre 'Macondo'.", op. cit., p. 29, quien pone de presente un hecho sociocultural muy importante a nuestros fines, acontecido en 1888 en esta ciudad. Se trata del primer matrimonio del cual se tiene noticia, por el rito civil, entre una inmigrante italiana, Lucilla Gennara Porrati, y el ciudadano colombiano Eparquio González, futuro Gobernador del Departamento del Atlántico. Adicionalmente, el autor, ibíd., p. 32, refiere que hacia 1928, entre los 4.379 extranjeros censados en Barranquilla, los 748 italianos (el 39% de los italianos censados en Colombia) constituyen la comunidad extranjera más numerosa de la ciudad, junto con la española. En Aliprandi & Martini, Gli italiani..., op. cit., p. 31, se hace referencia al Regio Consulado Italiano de Barranquilla, con jurisdicción para los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, dos intendencias del Chocó y San Andrés y Providencia, y el Comisariado de La Guajira, así como incontables actividades comerciales (sastrerías, farmacias, exportación de café y tabaco, restaurantes, etc.) e industriales (producción de camisas, géneros alimenticios, etc.). En Barranquilla (así como en Bogotá y Medellín) tenía una sede el Banco Francés e Italiano para la América del Sur, hoy en día transformado en el Banco Sudameris.

³⁰ En ibíd., p. 46, se relata la presencia de la agencia consular de Italia, así como incontables actividades comerciales e industriales en cabeza de ciudadanos italianos, entre las cuales se destaca la actividad del Cav. Uff. Emanuela F. Mainero, agente de la Societá Anonima di Navigazione "Italia" de Génova.

³¹ En ibíd., pp. 42-63, se hace evidente ya en 1938 la predilección de los italianos por la capital Bogotá.

³² Cinquegranelli, Italiani., op. cit., p. 18, quien afirma que otros mil italianos se repartieron en la geografía nacional.

³³ Ibíd.

³⁴ Echeverri, Plátano maduro., op. cit., p. 39, obtuvo dichos datos de un candidato a la Cámara de Diputados de Italia en el 2006. Además, los datos están divididos por ciudad: por ejemplo, 2.963 en Bogotá; 1.297 en Barranquilla; 800 en Cali; 483 en Medellín; 364 en Cartagena, y en muchos otros municipios.

³⁵ Sigla de Asociación de Italianos Residentes en el Exterior, donde precisamente se inscriben los italianos nacidos en Italia y residentes en el extranjero. La AIRE se instituyó con Ley 27 octubre 1988, n. 470.

³⁶ Entrevista con funcionarios de la Embajada, 22 de febrero del 2011.

³⁷ Justo en el 2011 recurre el aniversario número 150 del nacimiento del Estado italiano.

³⁹ Las mujeres no tenían la oportunidad de estudiar ni de adquirir una profesión, puesto que la ley italiana reservó hasta fines del siglo XIX el acceso al sistema de enseñanza superior y la universidad solo a los hombres.

⁴⁰ Ex plurimis, véanse los fallos del 5 de marzo de 1987, N° 71, y del 10 de diciembre de 1987, N° 477.

⁴¹ La ley italiana siempre ha admitido la adquisición de la ciudadanía italiana también en virtud de matrimonio con ciudadano italiano (iure matrimonii) o por naturalización, es decir, sujeta a la permanencia en el territorio italiano por un determinado período de tiempo.

⁴² Se trata del artículo 1° del Código de 1865, así como de la Ley de 1912.

⁴³ Véase Domenicantonio, Galdi, Códice Civile del Regno d'Italia Códice civile del Regno d'Italia: col confronto coi codici francese, austriaco, napoletano, parmense, estense, col regolamento pontificio, leggi per la Toscana e col dritto romano, Marghieri, Napoli, 1865, pp. 78-80.

⁴⁴ Véase Moraglia, Giovan Battista Cosimo, La cittadinanza italiana secondo la Legge 13 giugno 1912 n. 555, Romagnolo, Forli, 1912, p. 220.

⁴⁵ Artículo 10 de la Ley 555/1912: "La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi".

⁴⁶ Artículo 11 del Código Civil de 1865 que establecía la pérdida de la ciudadanía italiana para "quien haya obtenido la ciudadanía en el extranjero". Este principio fue confirmado de manera más clara por el artículo 7° de la Ley 555/1912. La ratio legis de este principio se explica con la necesidad de no penalizar a los ciudadanos italianos que emigraron a Estados extranjeros y que fueron considerados por ellos ciudadanos locales iure soli. Véase, Moraglia, La cittadinanza italiana... , op. cit., p. 110.

⁴⁷ En particular, la Constitución italiana establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin diferencias de sexo, raza, lengua, religión, opinión, condición personal y social (artículo 3°) y que el matrimonio tiene base en la igualdad moral y jurídica de los cónyuges (artículo 29).

⁴⁹ Corte Constitucional, fallo del 9 de febrero de 1983, N° 30.

⁵⁰ Puntualmente, el artículo 136 de la Constitución italiana establece que normalmente los fallos de la Corte Constitucional tienen eficacia a partir del día sucesivo a su publicación. Sin embargo, esta regla tiene que ser leída conjuntamente con las normas contenidas en la Ley 1^a de 1948 y en el artículo 30 de la Ley 87 de 1953, las cuales permiten que los efectos de sus pronunciamientos puedan cobijar situaciones y hechos surgidos anteriormente a dicha fecha, pero siempre con la limitación del 1° de enero de 1948, cuando entró en vigor la Constitución.

⁵¹ Se trata de las sentencias de fecha 10 de julio de 1996 N° 6297 y 18 de noviembre de 1996 N° 10086, en las cuales la Corte de Casación evalúa que "a causa delmancato acquisto della cittadinanza per l'attore, nato anteriormente al (Omissis) e figlio di padre (Omissis) e di madre che aveva perduto la cittadinanza per il matrimonio, non sia la nascita ma il rapporto di filiazione con uno dei genitori cittadino inciso ingiustamente dalla norma illegittima".

⁵² En la sentencia de fecha 23 de febrero de 1978, N° 903, la Casación negó que una pronuncia de inconstitucionalidad de normas anteriores a la entrada en vigor de la Constitución pudiese tener efectos antes del 1° de enero de 1948, fecha de vigencia de la carta fundamental, al aclarar que "la perdita della cittadinanza (Omissis), a causa dell'acquisto della cittadinanza straniera per effetto del matrimonio della donna contratto con cittadino di altro paese, è effetto istantaneo di tale atto, costituente fatto generatore dell'evento, sul quale non può produrre effetti la pronuncia di illegittimità della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, comma 3, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975".

⁵³ Se trata de la sentencia del 27 de noviembre de 1998, N° 12061, y posteriormente la sentencia del 19 de febrero de 2004, N° 3331, en la cual la Corte de Casación confirmó nuevamente la imposibilidad de darle solución jurídica a la pérdida del estatus de ciudadana para la mujer que hubiese contraído matrimonio con extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución, "essendo tale effetto sorto da un evento intervenuto in via definitiva e ormai esaurito, prima che il parametro costituzionale di riferimento che lo rendeva illegittimo fosse giuridicamente esistente".

⁵⁴ No se trata realmente de un caso ante literam de doble ciudadanía -que en la teoría clásica de la nacionalidad no tenía cabida-, sino de doble ciudadanía "aparente", que no implica una elección entre las dos nacionalidades, la italiana y la suramericana.

⁵⁵ No es irrelevante constatar que muchos países europeos han sido históricamente Estados de emigración.

⁵⁶ En Mantilla, Rey Ramón, El estatuto de la nacionalidad colombiana, Universidad Nacional de Colombia, 1995, pp. 41-45, el autor distingue las posibilidades de adquisición de la ciudadanía en tres categorías distintas: la primera, denominada por integración primaria u originaria, corresponde grosso modo tanto al ius soli, como al ius sanguinis, dado que, en los dos casos, la ciudadanía se atribuye al momento mismo del nacimiento; la segunda categoría es definida secundaria o electiva, y cobija criterios diferentes -tales como la residencia, el matrimonio o los servicios a favor de un Estado-, cuyo principio común es que en estos casos la ciudadanía se atribuye en un momento posterior al nacimiento del sujeto; por último, se considera un tertium genus definido por reintegro o readquisición, que incluye los casos de pérdida y posterior readquisición de la ciudadanía (por ejemplo, en Colombia es posible recuperar la nacionalidad aun tras haber renunciado a ella: Ley 43/1993, art. 25).

⁵⁷ Ibíd., p. 42. En cuanto a las fuentes normativas, puede ser interesante señalar una diferencia ontológica entre Suramérica y Europa (e Italia en particular). En el Nuevo Continente, las normas primarias en materia de nacionalidad se hallan en las constituciones, y se desarrollan (a veces, sobre todo en materia de normas procedimentales) en leyes y decretos, mientras que en Italia la fuente es legal.

⁵⁹ Constitución (2009), artículo 141, segunda frase, que admite además el principio opuesto del ius sanguinis.

⁶⁰ Constitución (1988), artículo 12, parágrafo i, literal a).

⁶¹ Constitución (1980), artículo 10.

⁶² Constitución (1991), artículo 1°, literal a), siempre que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de los padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

⁶³ Constitución (2008), artículo 7°, numeral 1.

⁶⁴ Constitución (1992), artículo 146, numeral 1.

⁶⁵ Constitución (1993), artículo 52, primera frase, y Ley de Nacionalidad (1996), artículo 2°, parágrafo 1.

⁶⁶ Constitución (1967), artículo 74, primera frase.

⁶⁷ Constitución (1999), artículo 32, primera frase, y Ley de Nacionalidad y Ciudadanía (2004), artículo 9°, parágrafo 1.

⁶⁹ Constitución (1999), artículo 32, parágrafo segundo. En caso de que solo el padre o la madre sean venezolanos por nacimiento, la legislación impone la fijación de la residencia en Venezuela o una declaración de voluntad en ese sentido (en este caso, por supuesto, la declaración deberá promanar del representante legal del menor).

⁷⁰ Constitución (2009), artículo 141, última frase.

⁷¹ Constitución (2008), artículo 7°, numeral 2, que limita la transmisión hasta el tercer grado de consanguinidad.

⁷² Perú, Ley 26.574 de la Nacionalidad, artículo 4°, numeral 3.

⁷³ Lo que es entendible, ya que confirma de forma indirecta la predilección por el sistema del ius soli. En otras palabras, la aplicación del principio del ius sanguinis es limitada por la prevalencia filosófica del nacimiento en el territorio como criterio principal de atribución de la ciudadanía.

⁷⁴ Brasil, Constitución (1988), artículo 12, numeral i, literal b).

⁷⁵ Ibíd., literal c). Perú, Ley 26.574 de Nacionalidad, artículo 2°, numeral 3, pero solo a los descendientes hasta la tercera generación y siempre que el registro acontezca durante la minoría de edad del interesado.

⁷⁶ La Ley 346 de Ciudadanía y Naturalización prevé que son argentinos los hijos de nativos, que, habiendo nacido en país extranjero, optaren por la ciudadanía de origen (esto es, la argentina), haciendo así prevalecer de alguna forma un criterio prestado al ius sanguinis.

⁷⁷ Perú, Ley 26.574 de la Nacionalidad, artículo 4°, que liga la opción a la residencia en el país.

⁷⁹ Argentina, Ley 346, artículo 2°, numeral 2; Bolivia, Constitución (2009), artículo 142, literal II, numeral 3; Ecuador, Constitución (2008), artículo 8°, numeral 5; Perú, Ley 26.574 de la Nacionalidad, artículo 3°.

⁸⁰ Bolivia, Constitución (2009), artículo 142, literal II, numeral 1; Ecuador, Constitución (2008), artículo 8°, numeral 4. Es relevante mencionar que la mayoría de los ordenamientos relacionan al matrimonio con una diminución del tiempo necesario para obtener la nacionalidad por naturalización.

⁸¹ Mantilla, El estatuto..., op. cit, p. 43.

⁸² Entre 1820 y 1960, llegaron alrededor de tres millones y medio de italianos, en Bevilacqua, Piero; De Clementi, Andreina & Franzina, Emilio, Storia dell'emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, Roma, 2002, p. 25. En 1895, los italianos representaban el 12,5% de la población entera residente en Argentina, ibíd., p. 19.

⁸³ En casi un siglo y medio, llegaron alrededor de un millón y medio de italianos, ibíd., p. 3.

⁸⁴ Véase sobre el particular, el interesante análisis hecho en ocasión de las primeras jornadas sobre el régimen jurídico de la nacionalidad argentina, que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires, el 19 y 20 de noviembre del 2002, y en particular la ponencia sobre los Convenios de Nacionalidad, a cargo del Secretario de Embajada Gustavo R. Coppa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, pp. 95-97.

⁸⁵ Se evidencia además que el Convenio citado es facultativo, en el sentido de que las personas pueden optar por la aplicación o no de este, según la conveniencia en el caso concreto.

⁸⁶ Colombia siempre ha seguido la distinción entre adquisición primaria u originaria, y secundaria (por naturalización u opción) de la nacionalidad. La primera categoría ha seguido un criterio mixto entre ius soli y ius sanguinis. La segunda ha tenido una constante, es decir que desde 1821 (Constitución de Cúcuta) siempre han sido considerados colombianos los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza en Colombia. Sin embargo, hemos visto que las cartas de naturaleza expedidas a favor de italianos han sido extremadamente escasas en la historia del país.

⁸⁷ Hemos decidido empezar la breve reseña con esta Constitución, ya que, a la luz de nuestra experiencia práctica en casos de nacionalidad italiana en Colombia, a partir de ese momento se consolidaron flujos apreciables de italianos al país. Además, es importante mencionar que, en principio, los casos de reconocimiento judicial de la ciudadanía italiana tienen como conditio sine qua non que los ascendientes hayan muerto -sea en Italia o en el extranjero- después del 1° de abril de 1861, día de la proclamación oficial de la Unidad de Italia.

⁸⁹ "2) Los hijos de padre o madre colombianos, hayan o no nacido en el territorio de los Estados Unidos de Colombia, si en el último caso vinieren a domiciliarse en este".

⁹⁰ Por primera vez se le reconoce la nacionalidad colombiana a los nacidos en las repúblicas latinoamericanas, siempre que hubiesen fijado su residencia en el territorio de la Unión, en Mantilla, El estatuto..., op. cit., p. 29.

⁹¹ Artículo 32.

⁹² "Artículo 9°. La calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta de naturaleza en país extranjero, fijando en él domicilio, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes".

⁹³ Sobre el particular, véase Corte Constitucional, Sentencia C-335/99, Expediente D-2236, actor: Jorge Luis Pabón Apicella, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, Santafé de Bogotá, D.C., 12 de mayo de 1999: "Si bien la Constitución de 1991 le otorga a sus disposiciones efectos retrospectivos en relación con aquellos sucesos en tránsito de ejecución al momento de su entrada en vigencia, el mismo ordenamiento rechaza el desconocimiento o la modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la Constitución centenaria de 1886. Así las cosas, quienes bajo el anterior régimen constitucional perdieron la nacionalidad colombiana por la concurrencia de dos condiciones: obtener carta de naturalización en país extranjero y fijar domicilio en el exterior, no la recuperan automáticamente como equivocadamente lo supone el impugnante. La circunstancia de que la actual Constitución haya reconocido el derecho a la doble nacionalidad, no implica per se la modificación de hechos jurídicos que se concretaron y agotaron con anterioridad a su vigencia. La recuperación o reivindicación de la nacionalidad aparece como un derecho del individuo al cual se accede con arreglo a la ley. Así, el colombiano que al amparo de la Constitución de 1886 perdió la nacionalidad y aquél que bajo el nuevo orden constitucional renunció a ella, pueden recobrarla mediante la observancia de los requisitos que establezca la ley, sin que dicha intermediación legal pueda considerarse como un obstáculo para el ejercicio de los derechos derivados de la nacionalidad".

⁹⁴ Dicha Constitución agrega unos elementos para que se les reconozca la nacionalidad a los hispanoamericanos y los brasileros, estos son: i) la obligatoriedad de una autorización del gobierno, que no se requería anteriormente, y ii) que se acreditara la condición de ciudadanos "por nacimiento".

⁹⁵ Heriberto Schwartau Eskildsen, nacido en Barranquilla de padres alemanes domiciliados en Colombia, fue detenido a su regreso en Colombia tras un viaje de algunos meses, por sospechas de espionaje, y la Policía ordenó su expulsión del país, poniendo en tela de juicio la nacionalidad colombiana del sujeto, dado que el requisito del domicilio requerido por la Constitución de 1936 hubiera tenido que ser "actual". Esto no es correcto, como bien subraya Monroy Cabra, Gerardo, Tratado de derecho internacional privado, Temis, 2006, pp. 141-142.

⁹⁶ El artículo 96 de la Constitución Política fue reformado mediante el Acto Legislativo 1° del 25 de enero de 2002, de forma que quedó así: "Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento; y b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 2. Por adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren; y c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley".

⁹⁷ El domicilio se entiende como la residencia con el ánimo de permanecer en el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Código Civil.

⁹⁹ También, en este caso, el nacional colombiano se considerara tal por nacimiento. Visto lo anterior, para los hijos de padre o madre colombianos nacidos en el exterior, que con posterioridad se domicilien en territorio colombiano, al momento de levantar el acta de nacimiento en cualquier notaría del Círculo de Bogotá, la exigencia de la prueba del domicilio sigue vigente, y, por el contrario, para los hijos de padre o madre colombianos que nazcan en el exterior, es suficiente con el solo hecho del registro en el respectivo consulado colombiano de la República, por lo que la prueba del domicilio no será exigida.

¹⁰⁰ Esta facultad está delegada actualmente en cabeza del Ministro de Relaciones Exteriores mediante el Decreto 1869 de 1994. Dicha facultad se puede concretar en la concesión de una carta de naturaleza o de una resolución de inscripción como colombiano por adopción.

¹⁰¹ El caso de España es diferente a los demás, ya que rige un Tratado sobre Doble Nacionalidad desde 1979, ratificado en Colombia con Ley 71 de 1979 y el Decreto Reglamentario 3541 del 20 de diciembre de 1980, modificado con Decreto 2762 de 2002.

¹⁰² Sobre el particular, véanse las páginas de Mantilla, El estatuto..., op. cit., pp. 102-105, y Monroy Cabra, Tratado..., op. cit., pp. 136-137.

¹⁰³ No es así, por ejemplo, en Argentina, donde la nacionalidad es considerada un derecho fundamental irrenunciable. Véase, por ejemplo, el caso Simoliunas, sobre renuncia a la ciudadanía argentina (Repertorio N° 4462/08 CNE) del juez federal electoral de Salta, Sentencia 4122/2009.

¹⁰⁴ Sera necesario además probar con documento idóneo que el nacional posee otra nacionalidad o que la está tramitando.

¹⁰⁵ Según las crónicas directas de la emigración, cuando los inmigrantes italianos (y los demás) entraban a Colombia, las autoridades portuarias les preguntaban si renunciaban a la ciudadanía de origen, y la respuesta obligatoriamente tenía que ser "sí" en caso de trabajar como empleados en Colombia. Sin embargo, en la experiencia práctica, de dichas renuncias no existen rastros ante las autoridades colombianas, y menos ante las instituciones italianas. Por otro lado, los casos de renuncias voluntarias se limitan a casos aislados, como los opositores al régimen fascista.

¹⁰⁶ Se trata de la sentencia de la Corte de Casación, Sezioni Unite, N° 4466 del 25 de febrero de 2009. Hay que resaltar que el ordenamiento italiano no asigna a las sentencias -incluyendo las de la Suprema Corte de Casación- valor de precedente vinculante, como acontece en los ordenamientos de common law. No obstante, las decisiones de esta última representan un parámetro jurídico fundamental para todos los jueces nacionales -de primera, segunda y última instancia- que normalmente la conforman. Esto vale en particular en presencia de decisiones emitidas por la Corte de Casación a sezioni unite -como es el caso de la Sentencia 4466/2009-: en efecto, dicha Corte interviene a sezioni unite -esto es, con la participación de los presidentes de las diferentes secciones internas- cuando hay que pronunciarse sobre cuestiones jurídicas particularmente relevantes en el ordenamiento italiano.

¹⁰⁷ Vale la pena mencionar los puntos cruciales de la sentencia citada: "Sulpiano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, N° 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via 'automatica' sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato".

¹⁰⁹ Dichas solicitudes deben ser acompañadas por documentación que compruebe la descendencia de un ciudadano italiano. Se trata de documentación que no es fácil de encontrar, relacionada con los actos de estado civil de ciudadanos italianos nacidos en la mayor parte de los casos en el siglo XIX y al inicio del siglo XX. Al respecto, hay que añadir que los registros de estado civil han sido instituidos en Italia en el año 1866, cinco años después de la creación del Estado italiano. Para las épocas anteriores, los actos de estado civil se registraban de forma no homogénea dentro del territorio italiano: en los territorios italianos conquistados por la Francia de Napoleón al inicio de 1800, existían los archivos de estado civil, así se encontraba un sistema de registro, conservación y clasificación de las vicisitudes relativas al estado civil de las personas. En las demás zonas del territorio italiano, por otro lado, el registro de las cuestiones relativas al estado civil de las personas se efectuaban ante las curias por obra de padres y sacerdotes locales. Además, el ciudadano italiano que quiere demostrar la descendencia de ciudadano italiano debe probar que este último no haya renunciado voluntariamente a la ciudadanía italiana y que nunca la perdió por uno de los motivos previstos por la legislación italiana aplicable ratione temporis (en particular, la pérdida de la ciudadanía italiana será consecuencia de la adquisición voluntaria de otra ciudadanía, según las normas anteriores a la Ley de 1992). También en este caso, es necesario obtener la documentación relativa ante el Consulado italiano y las autoridades extranjeras competentes para declarar la falta de adquisición voluntaria de la ciudadanía extranjera por parte del ciudadano italiano.

¹¹⁰ Artículo 9° del Código de Procedimiento Civil italiano. Hasta hace un tiempo, la repartición de competencias entre el Tribunal ordinario y el Tribunal administrativo no era tan clara, así que muy a menudo acontecían problemas de competencia entre los dos tribunales. Con sentencias recientes de la Corte de Casación (Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 dicembre 2008, N° 2887) y de la Suprema Corte Administrativa (Consiglio di Stato, 20 ottobre 2004, N° 9374/04), los tribunales italianos han clarificado el marco jurídico de ese conflicto de atribuciones. Así, el Tribunal administrativo es competente solo en los casos en los cuales la administración haya rechazado la solicitud de ciudadanía italiana por naturalización (es decir, por residencia ininterrumpida por al menos diez años) a causa de motivos de orden público. En este caso, la administración conserva un poder discrecional de decisión sobre el hecho de que el sujeto solicitante represente un peligro para el orden público nacional (por ejemplo, a causa de una condena penal para un crimen particularmente grave). Dicho poder discrecional es sindicable ante el Tribunal administrativo (tratándose de un interés legítimo). En los demás casos, el Tribunal civil ordinario queda competente.

¹¹¹ Estos son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

¹¹² El Estado italiano conoció un período de enorme desarrollo económico en la segunda mitad de los años setenta del siglo XX, lo que lo empujó hasta volverse en uno de los Estados económicamente más poderosos del mundo.

¹¹³ En particular, los países que alimentan los flujos migratorios más relevantes son -además de los suramericanos- los Estados del Norte de África (sobre todo, Marruecos y Túnez) y los Estados del Oeste de Europa (especialmente, Rumania y Albania).

¹¹⁴ Véase Rossi, Lucía Serena, "Uguaglianza-cittadinanza", Carta dei diritti e Costituzione dell'Unione Europea, Giuffré, Milano, 2001, pp. 109 y ss.

¹¹⁵ En particular, la Directiva 2004/38 reorganizó la disciplina relativa a la libre circulación de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares dentro de la Unión. Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) 1612/68 y se derogan las directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en Diario Oficial de la Unión Europea, L158 del 30 de abril de 2004. Sobre el particular: Hammamoun, Said & Neuwahl, Nanette, "Le droit de séjour du conjoint non communautaire d'un citoyen de l'Union dans le cadre de la directive 2004/38 (CJCE, affaire Metock, C-127/08)", Revue trimestrielle de droit européen, 2009, pp. 91-104.

¹¹⁶ La Directiva 2004/38 faculta a los Estados miembros para que fijen discrecionalmente la obligación de señalar la presencia en el territorio del ciudadano comunitario que ejerce el derecho a la libre circulación de las personas: sin embargo, la falta de cumplimiento de esta obligación no puede en ningún caso conllevar a la expulsión del territorio nacional.

¹¹⁷ Por último, la disciplina relativa a la libre circulación de los trabajadores ha sido resumida y codificada en el Reglamento (UE) 492/2011 del Parlamento Europeo y Consejo del 5 de abril de 2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, en Diario Oficial de la Unión Europea, L141 del 27 de mayo de 2011. En la doctrina, Rodríguez-Piñero Royo, Miguel, "La libre circulación de los trabajadores en el espacio europeo: del Tratado de Roma a la Directiva Bolkenstein", en Escudero Rodríguez, Ricardo & Alameda Castillo, María Teresa, Inmigración y movilidad de los trabajadores, Madrid, 2010, pp. 145-191; en materia de discriminación con base en la edad, Di Federico, Giacomo, "La sentenza Kucukdeveci e la vexata quaestio degli effetti diretti (orizzontali) delle direttive", Rivista italiana di diritto del lavoro, 2010, 4, pp. 1001-1010.

¹¹⁹ Artículo 2° de la Directiva 2004/38, op. cit. Entre las categorías de personas que pueden beneficiarse del derecho de libre circulación y estadía dentro de la Unión como familiares, se señalan también los compañeros de uniones civiles registradas, siempre que la legislación del Estado miembro de acogida iguale la unión de hecho registrada al matrimonio y en el respeto de las condiciones previstas por la legislación aplicable del Estado miembro de acogida. Muchos Estados miembros de la Unión Europea contemplan las denominadas uniones civiles registradas -así sea entre personas del mismo sexo-, a pesar de que dichas uniones tengan efectos jurídicos muy diferentes según cada Estado. En todo caso, los compañeros de estas uniones son considerados cónyuges solo cuando el Estado miembro de acogida lo admite. En Italia, por ejemplo, la ley no permite la conclusión de uniones civiles registradas y, por lo tanto, los compañeros de uniones civiles concluidas en otros Estados miembros de la Unión Europea no podrán gozar de los derechos de libre circulación y estadía en el territorio de la Unión previstas por la Directiva 2004/38. De la misma forma, no todos los Estados miembros de la Unión Europea admiten los matrimonios entre personas del mismo sexo: en el momento actual, solo Bélgica, Holanda, España y Portugal lo hacen. Eso tiene la consecuencia de que los cónyuges de una unión homosexual se consideraran tales -también a los fines de la Directiva 2004/38-solo en las relaciones entre los países mencionados anteriormente, mientras que en los demás -como Italia- no existirá beneficio alguno para dichas uniones. Para una reconstrucción jurisprudencial, Lafferriere, Jorge & Basset, Úrsula, "Matrimonio, familia y uniones de personas del mismo sexo en la jurisprudencia de la Corte Europea", Persona y Derecho: revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, 2010, pp. 9-44; Calvo Caravaca, Alfonso Luis & Carrascosa González, Javier, "Efectos legales de los matrimonios entre personas de mismo sexo en la Unión Europea", en El agua como factor de cooperación y de conflicto en las relaciones internacionales contemporáneas: XXII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Murcia, 2009. En la doctrina italiana, Condinanzi, Massimo & Amalfitano, Chiara, "La libera circolazione della 'coppia' nel diritto comunitario", Diritto dell'Unione europea, 2008, (2), pp. 399-432.

¹²⁰ En aplicación de las normas italianas sobre tratamiento de los datos personales, además de razones de confidencialidad, no es posible referir los nombres de las familias involucradas en procesos de nacionalidad.

¹²¹ La jurisprudencia está revolucionando también la práctica consular. La reconstrucción de los árboles genealógicos de los descendientes de los italianos está estimulando a los interesados a acercarse al Consulado italiano para obtener informaciones sobre sus antepasados, y así llenar los vacíos generacionales que casi siempre se descubren, en particular con los descendientes de italianos que llegaron a Colombia en el siglo XIX y empezando el XX.

¹²² Los sitios internet de diferentes consulados italianos refieren de manera directa al tema excluyendo toda posibilidad de obtener la nacionalidad italiana en esos casos, a través del procedimiento normal de transmisión de los documentos de nacimiento a las alcaldías italianas competentes. Lo mismo vale para el sitio del Ministerio del Interior italiano, <www.interni.it>, consulta del 29 de junio del año 2011.

¹²³ Para tratar de dimensionar el tamaño de la injusticia social que se deriva de la aplicación de la normativa italiana, vale mencionar que, a partir de los años ochenta, se ha puesto más atención en la componente femenina de la emigración italiana, y se puede afirmar que, en todo el período abarcado por datos oficiales, un emigrante italiano de cada cuatro era mujer (Storia dell'emigrazione italiana, op. cit., p. 146). Sin embargo, la discriminación derivada de la aplicación de las normas italianas no se limita a las mujeres nacidas en Italia, sino sobre todo a la segunda (y siguientes) generación de hijas de varones italianos nacida en el extranjero, y casada con ciudadanos latinoamericanos.

¹²⁴ Alrededor de 20.000 personas, mientras las estadísticas oficiales (<www.interni.it>) de los inscritos al AIRE son 12.654 (2010). Según datos oficiales (2008), los inscritos al AIRE eran 3.734.428, de los cuales un 59% son italianos emigrados, y un 34,3%, esto es, 1.280.065, son descendientes de italianos emigrados, en Museo Nazionale dell'Emigrazione italiana, op. cit., p. 459.

¹²⁵ No se tiene que olvidar, por ejemplo, que muchos italianos que emigraron hacia las Américas zarparon desde países diferentes a Italia, sea por evitar normativas contrarias a la emigración (por ejemplo, en la época fascista) sea por moratorias de hecho.

¹²⁶ En particular, habría que estimarse el número de italianos de segunda, tercera o cuarta generación, que hayan nacido de madre italiana, antes de 1948.

¹²⁷ Entre los oriundi, deben estar comprendidos también los casos comentados, y contando con que los flujos migratorios italianos más relevantes hacia Suramérica son antiguos, en caso de un fácil reconocimiento de la ciudadanía a las generaciones nacidas de madres italianas antes de 1948, el Estado italiano podría tener que enfrentar una verdadera ola masiva, sobre todo, de italosuramericanos.

¹²⁹ Según estimaciones recientes, un niño cada diez en Italia nace de ambos padres extranjeros, y el dato va en constante aumento. Algunas propuestas legislativas hasta tratan de dar cabida más directa en Italia al criterio del ius soli, como, por ejemplo, la presentada el 1° de agosto del 2006 por el diputado Boato (N° 1529).

¹³⁰ En la propuesta 908/2006 del diputado Ferrigno, se sugiere añadir un renglón 1bis al artículo 1° de la Ley 91/92, del siguiente tenor: "Es ciudadano por nacimiento, según el renglón 1, numeral a), también el hijo de padre o madre ciudadanos quien, en aplicación de disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de la presente ley: a) haya perdido la ciudadanía por haber emigrado al extranjero; haya perdido o no haya adquirido la ciudadanía por el hecho de haber nacido en el extranjero, salvo expresa renuncia una vez alcanzada la mayoría de edad" (la traducción es nuestra). La propuesta no nos parece correcta, ya que no se ve cómo y por qué un ciudadano italiano debería haber perdido la nacionalidad por el hecho de haber emigrado a otro país. La propuesta del diputado Ferrigno contiene el mismo error de la 908, ya que el supuesto de aplicación de un nuevo artículo 17quater, sería la pérdida de la ciudadanía a causa de la emigración: cabe mencionar que esta propuesta impone el conocimiento del idioma y de la cultura italiana al solicitante por vía consular. La propuesta de los diputados Merlo y Angeli es la introducción de dos nuevos artículos: 1-bis. Es ciudadana la mujer que ha sido ciudadana por nacimiento y perdió la nacionalidad en cuanto se casó con ciudadano extranjero, también cuando el matrimonio se haya contraído antes del 1° de enero de 1948. 1-ter. Es ciudadano el hijo de la mujer a la cual hace referencia el artículo 1 -bis nacido anteriormente al 1° de enero de 1948. Esta propuesta antes que todo no toca la condición del hijo o hija de madre italiana nacido o nacida antes de 1948, cuando la madre no haya perdido la nacionalidad por matrimonio con ciudadano extranjero, sino simplemente no haya podido transmitir la nacionalidad a su descendencia en virtud de los artículos declarados inconstitucionales.

¹³¹ Los tiempos de espera en muchos países son trágicos. El Consulado italiano de Bogotá hace excepción sea por los números relativamente pequeños de la presencia italiana, sea por el buen funcionamiento de este. En ocasión de un encuentro privado con el Cónsul General este año, nos comentó que los casos que se tratan con la mayor urgencia en los Consulados son por supuesto los que ponen en riesgo la salud de los connacionales, y es costumbre que se dé prelación a los transeúntes, con relación a los residentes.

¹³² Véanse, entre otras, la interrogación N° 4-06243 presentada el día 23 de febrero del 2010 por Marco Fedi, y a la cual dio respuesta escrita el Vicesecretario de Estado, Francesco Palma Nitto, delegado por el Ministerio del Interior, el 8 de septiembre del año 2010, en anexo B a la sesión 366. El diputado Fedi afirma (correctamente) que la Sentencia 4466 del 25 de febrero de 2009 fijó el principio de la plena y efectiva igualdad de género entre ciudadanos, también con relación a la facultad de transmitir la ciudadanía iure sanguinis, y pidió al Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores las oportunas aclaraciones sobre el iter político y jurídico por seguir para dar plena aplicación a dicha jurisprudencia. La respuesta es interesante, ya que el Ministerio se dice de acuerdo con los principios asentados en la jurisprudencia citada. Además, exprime la necesidad de una intervención legislativa para darle solución al tema. Sin embargo, por razones técnicas, los intentos del gobierno nunca obtuvieron el resultado esperado. La mesa de concertación entre los ministerios interesados sigue abierta.

¹³³ Véase el planteamiento de la cuestión por parte de los diputados Gino Bucchino e Fabio Porta del 27 de mayo del 2010, en <http://oriundi.net/site/oriundi.php?menu=noticiasdet&id = 14094>, consulta del 20 de junio del 2011.

¹³⁴ Si el Parlamento cerrara las puertas abiertas por la Corte de Casación, violaría la Constitución (artículo 3°) al tratar de forma desigual dos situaciones idénticas (la filiación de madre italiana antes o después de 1948).

¹³⁵ Los cuales, como es evidente, en este caso, deberían aplicarse a todas las adquisiciones, por iussanguinis, matrimonii o por residencia ininterrumpida.

¹³⁶ Varias de las propuestas legislativas avanzadas para modificar la Ley 91 (1992) incluyen la introducción de un test de nacionalidad, como siempre se ha hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Señalamos que un test de naturalización ya se introdujo por ley en el siguiente caso: se hace referencia a los descendientes en línea recta de los ciudadanos residentes -a la fecha del 10 de junio de 1940- en los territorios de "Istria", "Fiume" y "Dalmazia" (tres regiones que colindan con los actuales Estados de Eslovenia y Croacia), los cuales en virtud de la Ley del 8 de marzo de 2006, N° 124, deben acreditar el conocimiento del idioma y de la cultura italiana para obtener la ciudadanía italiana.

¹³⁷ En los últimos años, han aparecido mediadores de ciudadanía, quienes ofrecen a los interesados residencias ficticias en Italia, para así solicitar el reconocimiento de la ciudadanía por vía administrativa ante las alcaldías más pequeñas (en Italia existen más de 8000 alcaldías), tratando de disfrutar de la falta de informaciones y preparación técnica de los oficiales de estado civil. Esta práctica, además de dañina, puede conllevar consecuencias nefastas a los interesados, hasta bajo perfiles de responsabilidad penal.

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5. Italia, Corte Constitucional, Sentencia 30 del 9 de febrero de 1983.        [ Links ]

6. Italia, Corte de Casación, Sentencia 6297 del 10 de julio de 1996.        [ Links ]

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8. Italia, Corte de Casación, Sentencia 903 del 23 de febrero de 1978.        [ Links ]

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