Segunda sección: Estudios e Investigaciones

DOI:10.11600/1692715x.1228191113

La dependencia estatal en programas para jóvenes: ¿estigma o factor de protección?^*

The state dependence on programs for the young: Stigma or protection factor?

A dependência estatal em programas para jovens: estigma ou fator de proteção?

Marina Medan

Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Comunicación Social, Magíster en Políticas Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente de la UBA y de la Unsam. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Infancia y Juventud de la Escuela de Humanidades de la Unsam y del Grupo de trabajo Juventudes, Infancias: políticas, culturas en instituciones sociales en América Latina-Clacso. Correo electrónico: marinamedan@gmail.com

Artículo recibido en agosto 5 de 2013; artículo aceptado en noviembre 19 de 2013 (Eds.)

Resumen (analítico):

En este artículo sostengo que ciertos programas sociales destinados a jóvenes de sectores populares consideran que la asistencia estatal produce una forma de dependencia que protege a sus beneficiarios y beneficiarias de riesgos circundantes. Así, aunque las condicionalidades para acceder a la asistencia sean incumplidas, los sujetos beneficiarios no son excluidos de los programas. Enfocarse en la dimensión etaria de los jóvenes y las jóvenes y en el posicionamiento crítico de los agentes hacia el Estado, permite discutir la tradicional afirmación de que la dependencia solo se despliega peyorativamente. El debate pretende contribuir a comprender las recientes transformaciones de políticas sociales en Latinoamérica. Analizo datos surgidos de observaciones participantes y entrevistas a agentes y sujetos beneficiarios de programas de prevención del delito juvenil y de inclusión social implementados en el Gran Buenos Aires, entre 2008 y 2012.

Palabras clave: programa social, política gubernamental, sujeto joven desfavorecido, ayuda económica, ayuda estatal, dependencia (Thesauro de Ciencias Sociales de la Unesco). ]]>  

Abstract (analytical):

In this article we maintain that in certain social programs targeting young people from popular sectors it is considered that state assistance produces a kind of dependence that protects its beneficiaries from the surrounding risks. Thus, even if the requirements to apply for assistance are not met, the beneficiaries are not excluded from the programs. Focusing on the age dimension of the young and on the critical stand of the agents toward the State enables the discussion of the traditional claim that dependence only unfolds pejoratively. With this debate, we intend to contribute to the understanding of the recent transformations in social policies in Latin America. We analyzed data that derived from participating observations and interviews to agents and beneficiaries from programs for the prevention of juvenile crimes and social inclusion, implemented in Gran Buenos Aires, between 2008 and 2012.

Key words: social program, government policy, young underprivileged people, economic aid, state assistance, dependence (the Unesco Social Science Thesaurus).

Resumo (analítico):

O artigo sustenta que em certos programas sociais destinados a jovens de setores populares se considera que a assistência estatal produz uma forma de dependência que protege seus beneficiários/as de riscos circundantes. Assim, embora as condições para ter acesso à assistência sejam descumpridas, os/as beneficiários/as não são excluídos dos programas. Enfocar a dimensão etária dos/das jovens e o posicionamento crítico dos agentes em relação ao Estado permite discutir a tradicional afirmação de que a dependência seja só colocada pejorativamente. O debate pretende contribuir para a compreensão das recentes transformações nas políticas sociais na América Latina. Se analisam os dados obtidos com observações participantes e entrevistas com agentes e jovens beneficiários de programas de prevenção ao delito juvenil e de inclusão social implementados na Grande Buenos Aires entre 2008 e 2012.

Palavras-chave: programa social, política governamental, sujeito jovem desfavorecido, ajuda econômica, ajuda estatal, dependência (Tesauro de Ciências Sociais da Unesco).

La asistencia pública y/o estatal ha estado desde su nacimiento, y sigue estando, sujeta a observaciones desconfiadas, y sus beneficiarios y beneficiarias han sido estigmatizados, especialmente cuando media la entrega de dinero (Castel, 1997, Fraser & Gordon, 1994, Zelizer, 2011). El punto más agudo del debate lo constituye la sospecha de que la asistencia estatal genera una clase de "vagos dependientes del Estado" que se aprovechan de la misma. La categoría dependencia estructura, en este sentido, la discusión. Según Fraser y Gordon (1994) la dependencia es un concepto complejo y, si bien ha ido mutando históricamente, su uso conlleva muchos efectos ideológicos, especialmente al funcionar en oposición al de independencia, en un contexto donde este último parece conciliar todas las virtudes.

El par dependencia-independencia expresa relaciones de dominación y subordinación y construye tipos de figuras que manejan desigualmente el poder. El par, sin embargo, no siempre supuso una parte positiva y otra negativa. Por ejemplo, hasta hace pocas décadas ciertas figuras como amas de casa, indígenas, pobres y descendientes de esclavos, constituían figuras dependientes positivas, en tanto su dependencia se consideraba legítima. Concretados ciertos procesos de ampliación de derechos civiles y políticos de aquellas minorías, la legitimidad de su dependencia mermó y se espera de ellas formas independientes de supervivencia y reproducción. En síntesis, los modos actuales de individuación ya no permitirían formas legítimas de dependencia adulta (Fraser & Gordon, 1994).

En este artículo abordo el debate sobre las condiciones de posibilidad y legitimidad de la dependencia, enfocándome en programas sociales destinados a jóvenes de sectores populares en el área metropolitana de Buenos Aires. En efecto, sostengo que la dimensión etaria enlazada con un posicionamiento crítico hacia el Estado por parte de los propios agentes de la asistencia, genera la discusión sobre el carácter peyorativo de la asistencia e incluso propicia que se encuentre "socialmente necesaria" (Fraser & Gordon, 1994), logrando que se la considere un tipo particular de protección. Con este argumento busco en este trabajo contribuir a la caracterización de las formas contemporáneas de asistencia estatal en América latina, desplegadas como parte de procesos de transformación de los Estados latinoamericanos, propios de una era a la que algunos autores y autoras (Kessler & Merklen, 2013) están denominados como pos-neoliberal.

La mentada mutación del par dependencia/ independencia tiene un asidero socio-histórico que es preciso reponer. Una profunda crisis del modelo de acumulación capitalista a partir de los años setenta del siglo XX puso en duda el papel del Estado como garante general del orden social. Desde entonces comenzaron a mutar las formas de regulación social y las relaciones de asistencia entre el Estado y las personas (Kessler & Merklen, 2013, Lister, 2002, Rose, 1996).

Para decirlo brevemente, en una primera instancia el Estado pareció "retirarse" dejando a otras fuerzas -mayormente el mercado- la regulación social. Sin embargo, entrados los años noventa y cuando aquel modelo llamado neoliberal comenzó a gestar niveles de exclusión social que amenazaban la cohesión social, pareció pertinente que el Estado volviera a intervenir en lo social, motorizando acciones sobre quienes habían quedado en los márgenes (Rose, 1996). Este proceso fue paradigmáticamente asumido en el programa de renovación política del Nuevo Laborismo Inglés, el cual acuñó el lema "no habrá derechos sin responsabilidades" (Giddens, 1998).

El programa de gobierno postulaba que el sistema de bienestar, en vez de proveer ayuda económica directamente a destinatarios pasivos, debía expandir las oportunidades de capacitación y empleo y fomentar que las personas se activaran y solucionaran autónomamente su exclusión. En otras palabras, se invertía en capital humano y se esperaba que las personas se "empoderaran" para superar sus propios problemas. Así, el modelo -cuyas premisas impregnaron la mayoría del mundo occidental-, se hacía eco de las críticas hacia la dependencia sin contraprestación, pero se distanciaba de las versiones más liberales que pregonaban el retiro completo del Estado de la asistencia pública (Lister, 2002).

Tomando como modelo el caso francés, pero también haciendo referencia -con sus limitaciones- a Argentina, Denis Merklen (2013) llama a las políticas sociales propias de este modelo "políticas del individuo". El autor sugiere que, en la medida en que vivimos en una sociedad plena de incertidumbres, las personas deben estar capacitadas para enfrentar por sí mismas los riesgos de la vida cotidiana. Pero como no todos los individuos están en iguales condiciones para hacerlo, el Estado prevé ayudar a quienes no puedan hacerlo por sí mismos. El plan supone socorrer al individuo y "armarlo" para que lo antes posible esté en condiciones de retomar la batalla cotidiana (Merklen, 2013). El ejemplo más extendido de esta modalidad es, por ejemplo ante los problemas del desempleo, ofrecer capacitaciones laborales a las personas para que mejoren sus condiciones de empleabilidad en vez de intervenir en la estructura del mercado de trabajo.

Esta nueva modalidad de ayuda condicionada a la activación del sujeto asistido, incluyó dos particularidades que son de interés para el caso que aquí abordo. Por un lado, la estructuración del bienestar trasladó su foco de atención de los sujetos trabajadores a la infancia, en lo que se conoció como el Estado de Inversión Social (Lister, 2002). Este pasaje, como lo muestro enseguida, se manifestó también en Latinoamérica.

Trasladando la mirada a América Latina, es posible encontrar, con particularidades propias de contextos diferentes, versiones de estos modelos. En primer lugar, el enfoque de la ayuda estatal condicionada se hizo notorio desde el año 2000, con el despliegue masivo de programas con transferencias condicionadas de ingresos (TCI) (Cepal, 2011, OIT, 2007, Ponce, 2008). La incorporación de condicionalidades tenía como trasfondo el temor a que la asistencia desincentivara la búsqueda de trabajo, lo cual era otra forma de referirse a los efectos negativos de la dependencia estatal. Con esta premisa, los programas buscaban paliar la pobreza por ingreso debido al desempleo, y estimular la inserción laboral y educativa de las personas adultas, y la inclusión para controles sanitarios de los niños y niñas. En segundo lugar, más recientemente y en la medida en que la emergencia laboral ha disminuido en algunos países como Argentina, la asistencia estatal se ha orientado con fuerza al modelo del Estado de Inversión Social enfocado en la infancia². Este proceso entró en relación, además, con un conjunto de reformas legislativas que reforzaron la importancia de la infancia y de la adolescencia en la preocupación sobre la incorporación de las nuevas generaciones a las formas de reproducción social (Llobet, 2009).

Y en tercer lugar, el modelo de la asistencia condicionada también ha sido aceptado por algunas experiencias del sistema de control penal en la última década. En efecto, los programas de prevención del delito, o destinados a jóvenes en riesgo (como los que analizaré aquí) comenzaron a incorporar TCI como parte de la "oportunidad", la cual requiere el establecimiento de un compromiso de transformación por parte de los asistidos -volveré a esto enseguida-.

Ahora bien, todo este esquema de asistencias y condicionalidades que buscan evitar la producción de una clase de destinatarios pasivos y dependientes, suele ser discutido en torno a un sujeto beneficiario adulto que debe ser ayudado a independizarse de la ayuda estatal y fortalecido para asumir autónomamente la gestión cotidiana de su vida y sus riesgos (Haney, 1996, McKim, 2008). Sin embargo, cuando los destinatarios de la asistencia son adolescentes o jóvenes, la linealidad del planteo parece no ser tan clara, e interesa plantear, en torno a ella, algunas discusiones.

2. Metodología

Los datos con los que sostengo el argumento del artículo pertenecen a una investigación más amplia que constituye un estudio de caso instrumental (Stake, 1995). Si bien el referente empírico principal es el programa de prevención del delito Comunidades Vulnerables, analizo datos de otros casos de observación: el programa de prevención del delito A la Salida y el de inclusión social Envión³, y el de su versión de prevención del delito Envión Volver. Estos ayudan a conocer mejor el caso principal.

El Comunidades Vulnerables fue elegido como principal por constituir el primer programa argentino de proyección nacional de prevención social del delito. Además, porque se convirtió, desde su creación por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2001 (aun cuando nunca dejó de ser una experiencia piloto), en un modelo paradigmático de este tipo de estrategias. Por su parte, A la Salida era el programa destinado a sujetos jóvenes infractores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina. Finalmente, el Envión y Envión Volver constituyen conjuntamente el principal dispositivo bonaerense de atención a jóvenes en riesgo. Todos los programas incluyen TCI entre sus componentes. El Comunidades Vulnerables lo estudié, especialmente, mediante el análisis de una de sus implementaciones en un barrio popular del sur del Gran Buenos Aires. Entre febrero de 2008 y diciembre de 2012 asistí a 79 encuentros entre agentes estatales y jóvenes en el barrio, y de cada uno de ellos elaboré, a posteriori, un registro⁴ con base en observación participante de campo, directa, no controlada y no estructurada; me enfoqué en las interacciones cotidianas entre agentes estatales y sujetos beneficiarios. Además realicé entrevistas en profundidad, semiestructuradas y grabadas: 8 a jóvenes sujetos beneficiarios del Comunidades Vulnerables (5 varones y 3 mujeres), 6 a agentes estatales que implementaban los programas estudiados y 13 a funcionarios y funcionarias de las áreas de las que los programas dependían. Para el análisis de los materiales obtenidos adopté una perspectiva de carácter etnográfico.

Si bien la investigación de la que surge este artículo se enfocó en programas de prevención del delito, para el asunto que abordo aquí -la dependencia-, las diferencias entre programas de prevención del delito e inclusión social no son significativas. Por ello, la argumentación y los resultados son igualmente aplicables a ambos tipos. Por un lado, porque más allá de las distintas denominaciones de los programas estos no solo comparten similares dinámicas de intervención, sino que el perfil de los sujetos beneficiarios es muy parecido, y de hecho los mismos tipos de jóvenes circulan de uno a otro tipo de estrategias permanentemente. En segundo lugar, porque las necesidades y riesgos que los programas reconocen como legítimos para brindar asistencia y establecer las condicionalidades, son similares⁵. Mantengo la distinción en los tipos de programas pues eso ayuda a mostrar la extensión del fenómeno a lo largo de los sistemas de bienestar y de control penal "blando".

Los programas analizados prevén que la asistencia se concreta mediante la firma de un acta acuerdo, o compromiso, entre el programa y el sujeto joven.

Lo que hacemos con cada uno de los chicos⁶ que ingresa al programa es firmar un acuerdo de compromiso donde ellos dicen "a qué me comprometo", el ministerio se compromete al pago de la beca⁷, el municipio a articular los talleres y al manejo de la sede y los chicos se comprometen a cumplir el acuerdo de compromiso (agente estatal, Envión).

Esta figura del acuerdo funciona como el "contrato de inserción" que describe Castel (2004), con base en la expectativa de activación que los programas de asistencia tienen sobre los sujetos. El contrato de inserción o contrato sobre un proyecto constituye la marca del pasaje de "consumo pasivo de prestaciones sociales brindadas de modo automático e incondicional a una movilización de los beneficiarios que deben participar en su rehabilitación" (Castel, 2004, pp. 90-91). El objetivo de este nuevo modelo es romper con la tradición "desresponsabilizante" de la asistencia y evitar el modelo de "recibir algo por nada" (Lister, 2002, p. 10). El dinero de la TCI, llamado beca o plan, se entrega mensualmente a los jóvenes y a las jóvenes como un estímulo, ayuda o compensación, mientras se lo merezcan por haber cumplido su "parte" del acuerdo:

(…) el que cobra la beca es el que cumple las actividades, ellos saben que en la medida que cumplen con la asistencia a la actividad cobran el plan y como es parte del acuerdo, lo asocian directamente con el cumplimiento del marco de trabajo y de las actividades planteadas como grupo (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

Cumplir con las actividades significa ir a las reuniones y atender a las expectativas de quienes obran como agentes -respeto por los horarios, normas de convivencia, respuesta sobre las consignas, etc.-

Otro de los deberes para cumplir su parte del contrato es el armado de un proyecto, que especialmente en programas dirigidos a adolescentes y jóvenes se nombra como proyecto de vida.⁸

Los beneficiarios son quienes no tienen un proyecto de vida, no pudieron armarlo (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

Esta carencia es la justificación de los programas para ubicar a los jóvenes y a las jóvenes como sujetos carentes (Chaves, 2005), y posicionarlos inferiormente respecto de ciertos parámetros adultocráticos en torno a la conformación plena de una persona. La juventud se dibuja como etapa incompleta y de transición a un estado que sí goza de plenitud, como sería la adultez. Esto explica que la edad biológica no sea el principal parámetro de admisión a los programas, sino su edad social (Mannheim, 1993): serán jóvenes y por lo tanto potenciales beneficiarios y beneficiarias, mientras no tengan armado su proyecto de vida, independientemente de la edad biológica que declaren. Para asegurar que esa transición sea deseable, y no desviada, los programas deben procurarles a estos sujetos jóvenes ciertas atenciones en el presente para obtener frutos en el futuro.

El programa tiene como objetivo principal la construcción de un proyecto de vida diferente a delinquir. Cada uno tendrá un objetivo distinto, para algunos será la inserción laboral, para otros la escuela, para otros será un emprendimiento, para otros será resolver alguna cuestión de salud para después estar mejor para otra cosa (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

A cambio de que los jóvenes y las jóvenes cumplan con la presencia a reuniones, los programas organizan reuniones semanales de 2 horas de duración en algún espacio del barrio en donde viven los beneficiarios y beneficiarias (sedes municipales, bibliotecas o comedores, o salas de salud). En dichas instancias se brinda asesoramiento sobre cuestiones vinculares, educativas, sanitarias, judiciales y laborales, charlas temáticas sobre las mismas cuestiones, y talleres recreativos. Además, todos los programas entregan una TCI mensual. Las estrategias buscan acompañar a los jóvenes y a las jóvenes a la gestación del proyecto de vida que tiene que partir de sus propias capacidades y voluntades.

Todo el tiempo tratamos de mostrar a los pibes que "mirá, si podés hacerlo ¿entendés?" o sea, demostrar que ellos tienen la herramienta, apuntamos a generar actores (agente estatal, Envión).

Los agentes y las agentes insisten en que su intervención solo es efectiva si logran que los sujetos jóvenes sean los propios protagonistas de sus cambios.

Cada historia es un mundo y no hay que ser ingenuo y creer que el programa los rescata y es mágico. Me parece que hay un montón de cosas para que eso suceda, el programa, el espacio grupal, la experiencia de los otros, ayuda. Pero tiene que haber un interés personal, lo planteas todo el tiempo, en la entrevista, con el pibe, cuando se genera un conflicto, se lo actualizás todo el tiempo, y eso va haciendo un proceso de a poco (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

Estas propuestas de corresponsabilidad coinciden con el contexto general de regulación social que expuse en la introducción. Los actuales modos de gobierno fomentan que las personas asistidas reflexionen sobre sus propias prácticas, se responsabilicen por sus acciones y transformen sus actitudes. El lema que parece primar es: "la reforma está en ti mismo" (Haney, 2004, p.346).⁹ Este incluye la activación del asistido e implícitamente evita formas de dependencia estatal que resulten "parasitarias".

En efecto, como parte del contexto de análisis es preciso considerar que, si bien en Argentina ha habido procesos de legitimación social muy generalizados sobre políticas de asistencia con TCI cuasi universales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH)¹⁰, está presente en el imaginario social la figura del "vago que vive de los planes". Y aunque prima una modalidad de "corrección política" alrededor de estos temas, no faltan ocasiones en las que desde algunos sectores políticos se desconfíe del destino que los sujetos beneficiarios le dan a la asistencia pública, especialmente cuando se trata de dinero. El titular de uno de los dos partidos más importantes del país declaró en mayo de 2010, durante una entrevista en el programa radial santafesino "Contrapunto", por LT9 (AM 1150):

Algunas herramientas que son buenas en teoría, terminan desvirtuándose en el camino. En el conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga. Usted advierte del dos al diez de cada mes (cuando se liquida la asignación) cómo aumenta la recaudación de los bingos y de los casinos y, cómo se nutre el circuito ilegal de la droga a través de la plata que recaudan los famosos dealers de la droga¹¹.

Otro referente político del partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, en octubre de 2011, también refiriéndose a los posibles efectos de la Asignación Universal por Hijo señaló que "(…) hay más chicas embarazadas, quizás algo ha provocado que lo hagan para tener una platita a los tres meses".¹² El político insistía en que la AUH inducía a chicas jóvenes a embarazarse para cobrar la asignación a la que se puede acceder desde el tercer mes de embarazo.

Aunque los hombres y mujeres agentes de los programas analizados parecen bien alejados de estas posturas, no desconocen este clima de sospecha. Posiblemente por ello, entre otras razones, insisten con los términos del contrato desde el inicio de la relación con los beneficiarios y beneficiarias. En el próximo apartado expongo cómo abordan los sujetos jóvenes su parte de los contratos, y qué efectos tienen sus acciones sobre la dinámica de intervención y el debate sobre la dependencia.

4. Ante incumplimientos de los sujetos jóvenes, el contrato no se rompe

El contrato es un modo de formalizar la relación de corresponsabilidad, pero las interacciones entre agentes y jóvenes modelan la resolución de cada caso. Las agentes del Envión explican así el modo de decidir si a un beneficiario o beneficiaria se le descontinúa la TCI o no:

Uno lo va evaluando en función del proceso de ese pibe. Porque por ahí es un pibe que al principio estuvo súper implicado, venía y sostenía el espacio, y después se enganchó en una changa y se desenganchó un poco en ese tiempo, estuvo trabajando y después volvió. Entonces, vos vas viendo el proceso del pibe. Siempre es caso a caso (agente estatal, Envión).

Si los jóvenes y las jóvenes no pueden cumplir con lo pautado, reconocer explícitamente sus fallas es una forma de demostrar su compromiso con el cambio de vida que los programas esperan de ellos.

Horacio (18 años), un beneficiario del Comunidades Vulnerables, llegó a una de las reuniones del programa y expresó "Bardié"¹³. Mientras mostraba el yeso de su pierna contó que se había robado una moto y aunque la policía no lo había agarrado, al escapar se había caído y se había lastimado. La agente se enojó con él y le dijo que se fuera a su casa a pensar qué quería hacer de su vida, que "así" no había forma de ayudarlo. él le replicaba con pedidos de disculpas y rogaba que no le quitara el plan (RC23-30/05/08).

Silvina (24 años), del mismo grupo de beneficiarios y beneficiarias, había retomado la escolaridad como parte de su compromiso individual. Sin embargo, a los dos meses del inicio de clases dejó de ir porque volvía muy tarde a su casa y su marido se quedaba sin cenar. La agente comprendió las razones y, aunque el contrato quedaba sin cumplir, Silvina siguió siendo beneficiaria de la TCI (RC70-17/06/09).

En otra de las reuniones observadas del Comunidades Vulnerables (RC32-16/07/08), la agente estatal había estado afuera de la sala con un beneficiario (Pablo, 19 años) que, teóricamente, estaba a punto de ser excluido del programa por sus reiteradas faltas y por seguir delinquiendo. Al cabo de algunos minutos, la agente volvió a la reunión y explicó al grupo de beneficiarios: Pablo va a volver a entrar (a la sala y al programa) porque nos interesa trabajar con él porque lo queremos. El joven había incumplido todas las cláusulas del contrato pero de alguna manera había logrado convencer a la agente de que merecía seguir.

La dinámica del "caso a caso" que usan los programas para evaluar situaciones es conocida por los jóvenes y las jóvenes. Horacio, Silvina, y Pablo confiaban en que sus declaraciones y actos, con los que incumplían el contrato, serían tolerados. Sabían que los programas consideran que las transformaciones son paulatinas. En efecto, cuando pregunté a una de las agentes si creía que, por ejemplo la entrega de las TCI impedía la comisión de delitos, respondió claramente:

No, porque el dejar de robar tiene que ver con que puedan armar ese otro proyecto, sino hay otro proyecto no van a dejar de robar (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

En primer lugar, sugiero que la edad social -entendida del modo en que lo señalé más arriba, como carencia de proyecto de vida- puede ser una clave para explicar que el incumplimiento de acuerdos teóricamente fundamentales no signifique, para los agentes y las agentes estatales, una estafa o un aprovechamiento desleal por parte de los sujetos beneficiarios. En este sentido, los jóvenes y las jóvenes son considerados sujetos en transición a la adultez, por lo que no serían totalmente responsables de sus acciones. O al menos, por el hecho de que estén "en transición" se les perdonaría algunos deslices, como sucedió con Horacio a quien no se excluyó aun cuando se robó una moto. O cuando la agente no reprendió a Alicia (25 años), otra beneficiaria del Comunidades Vulnerables, al enterarse de que había abandonado su tratamiento contra las drogas, cuyo cumplimiento constituía su parte del contrato (RC71-29/08/09).

En el extenso trabajo de campo que supuso la investigación de la que surge este artículo no registré que los sujetos que obran como agentes de los programas de prevención del delito, ni los de inclusión social, estuvieran preocupados porque la entrega de dinero generara sujetos pasivos o los invitara a abusar del Estado. En un artículo en el que los gestores del Comunidades Vulnerables narraban la experiencia, valoraban contar con TCI para interpelar con más facilidad a los jóvenes y a las jóvenes.

Resulta útil la gestión y el otorgamiento de subsidios/becas como ayuda económica a los beneficiarios y estímulo para la asunción y el sostenimiento de compromisos acordados: capacitaciones en oficios, reinserción y/o permanencia escolar, atención de la salud y tratamiento de consumo problemático de sustancias psicoactivas, participación en emprendimientos productivos y/o sociales, etc." (Canavessi et al., 2010, p. 7).

Las TCI son una suerte de "anzuelo" para estimular a los jóvenes y a las jóvenes a involucrarse en ciertos procesos de transformación. La entrega de las TCI habilita a los sujetos agentes a intervenir en la vida de los sujetos jóvenes.

Es una forma de andarles atrás, como que por ahí la familia no lo va a buscar [por ejemplo para que vaya a la escuela] somos nosotros los que estamos ahí pinchándolos. Después vienen los chicos y te dicen "mirá pasé a noveno" te vienen con la nota es decir, [tomás] el lugar de referencia, y después generás con ese pibe como un súper vínculo de referencia (agente estatal, Envión).

Los programas se configuran a sí mismos como espacios que fomentan en los jóvenes y las jóvenes inserciones positivas (como la escolar). Además, se autoasignan un rol de protección que han dejado vacante algunas familias, en contextos plagados de distintos riesgos.

Haciendo un análisis muy general, todos los espacios para que el pibe vuelva a caer [en el delito] están muy cerca, todo el tiempo, en la esquina, en la puerta de la casa, dentro de la casa a veces, entonces el pibe tiene que estar muy fortalecido para decir No. Desde ese concepto están en riesgo todo el tiempo (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

Entrevistada: A veces vienen los chicos y bueno, están un rato y están re mal pero saben que acá se los va a contener. Es una garantía que hayan pasado por acá.

Entrevistadora: ¿Una garantía para ellos?

Si bien los programas buscan gestar sujetos autónomos que tengan su propio proyecto de vida, eso no supone prescindir de la ayuda estatal. Tal es así que cuando un beneficiario o beneficiaria deja de asistir al programa, se concibe como una pérdida:

Hay situaciones muy extremas en que los chicos no pueden seguir viniendo y eso se traslada en una pérdida porque les dejás de dar una referencia porque ya no los ves en el día a día (agente estatal, Envión).

Estos datos llevan a pensar que, en estos programas, el que los jóvenes y las jóvenes tengan lazos de dependencia con el Estado, constituye un modo de protegerlos frente a riesgos presentes en su entorno. Los programas buscan constituirse en cierta referencia adulta que guíe a los sujetos jóvenes a la elaboración del proyecto de vida o que, al menos, contenga su presente riesgoso. De ahí que se interprete que esta forma de dependencia tiene que ver con la edad social que se le atribuye a los destinatarios y destinatarias: jóvenes, aún no del todo maduros y necesitados de cuidado.

La segunda explicación que me interesa proponer sobre la falta de rechazo hacia la dependencia estatal gira en torno a una percepción crítica que tienen los agentes y las agentes del mismo Estado al que representan. Agentes y funcionarios o funcionarias de los programas sugieren que el Estado, más que ser abusado por los sujetos beneficiarios, está en deuda con ellos y los ha descuidado.

La existencia del programa tiene que ver con la posibilidad de una reparación histórica que tenemos que realizar en estas tres generaciones que han sido devastadas por el modelo neoliberal que nos ha acompañado y que supimos conseguir. A nosotros nos interesa la posibilidad de que ese joven vuelva a creer, y para que el joven vuelva a creer tiene que creer la sociedad en el (agente estatal, Envión Volver).

A su vez, en un plano más concreto, los sujetos agentes desconfían de las posibilidades reales de inclusión que el Estado propicia mediante los programas. Señalan que los programas tienen misiones ambiciosas en las que no se dimensiona la complejidad del problema que se pretende abordar.

Se necesitaría mucho más apoyo desde [la] Nación para que esta política sea integrada a otras políticas y para que el programa de prevención del delito no sea aislado. Que pueda estar asociado a otras instancias institucionales para que tengan más facilidad para que sea concreto lo que uno les propone a los pibes. Uno les propone un proyecto de vida alternativo a delinquir, y ahí están todos los obstáculos, en la inserción educacional está el obstáculo, en la laboral también, en la justicia también y está cerca el obstáculo (agente estatal, Comunidades Vulnerables).

Finalmente, según los programas, la violencia policial del mismo Estado al que ellos representan, es uno de los principales riesgos que aquejan a los jóvenes y a las jóvenes. Los agentes hablan del asunto con preocupación, pues no pueden combatir esos tipos de abusos con sus propias acciones.

Realmente la que rompe los códigos es la policía, son raras las ocasiones en que se armen tiroteos a la luz del día entre bandas, no pasa. Quienes desencadenan los tiroteos son los patrulleros cuando ingresan persiguiendo a alguien [...] Entonces, como que ahí está al límite, te está poniendo al límite alguien del Estado (agente estatal, Envión).

En suma, tanto la edad social, como los déficits propios del Estado podrían explicar, en parte, la tolerancia a incumplimientos de los acuerdos y el hecho de que estos no sean entendidos como un abuso de los sujetos beneficiarios. Por último, el contrato -con cláusulas subjetivas de inclusión (Llobet, 2009) modeladas en el marco de las interaccionestiene un carácter flexible. En su interior casi siempre hay una nueva oportunidad, mientras se manifieste la intención de cambiar de comportamiento.

5. Autonomía restringida ¿dependencia socialmente necesaria?

Este trabajo se inspiró en Dependency Demystified: inscriptions of power in a Keyword of the Welfare State (1994) de Nancy Fraser y Linda Gordon. Las autoras se preguntan si sería posible una forma de dependencia no peyorativa y de la misma jerarquía que su opuesto "independencia". Mientras proponen un ideal que termine con las relaciones de dependencia -acabar con esquemas de dominación- sugieren distinguir la dependencia excesiva -aquella enraizada en instituciones sociales injustas y probablemente remediables-, de aquella dependencia socialmente necesaria. Esta última representaría la necesidad de otros de ser cuidados, característica indisociable del ser humano, experimentada intensamente al inicio y fin del ciclo vital pero también en el mientras tanto (Fraser & Gordon, 1994, p. 24).

El examen sobre esta cuestión en los programas para jóvenes lleva a sugerir que quizás la dependencia que se gesta y se fomenta desde estos programas pueda responder a esta concepción socialmente necesaria de la dependencia. Para estos programas la "batalla de la vida cotidiana" (Merklen, 2013) que los jóvenes y las jóvenes deben enfrentar, es una en la cual el cuidado y supervisión estatal están presentes. No se advierte ninguna necesidad de los individuos que obran como agentes estatales de devolverlos rápido y solos a ninguna parte. El matiz que encuentro en estas latitudes se sintetiza en el siguiente testimonio de un agente, coordinador del Envión Volver. Para señalar lo que el programa considera un logro de la intervención, ejemplifica con el caso de un beneficiario:

(…) el chico, que estaba realmente en una situación de riesgo por lo que evaluábamos y veíamos todos los miembros del equipo, pudo sostener las actividades, se lo pudo acompañar, el pudo soportar que lo estuviéramos marcando con las intervenciones todo el tiempo, pudo transitar todo ese verano con mucho dedo y mucha mirada puesta y sostenerlo (agente estatal, Envión Volver).

El joven había soportado el par cuidado/ vigilancia estatal. Este programa reconocía como una señal de compromiso, y ergo de activación, el que este joven hubiera admitido y tolerado la intervención estatal. El logro, para el programa, no radicaba en que prescindiera de la ayuda estatal, sino todo lo contrario.

Podría postularse que estos programas persiguen, al menos para esta etapa de la vida de los beneficiarios y beneficiarias, una autonomía restringida que requiere una cuota de dependencia estatal. La duda que persiste es -habida cuenta de que la posición de subordinación es intrínseca a la dependencia-, si esta forma de dependencia estará más dispuesta a eternizar la subordinación que a fortalecer la autonomía.

Mi argumento central en este artículo es que mientras los programas para jóvenes de sectores populares fomentan la activación y responsabilización individual en la gestión de los riesgos y la lógica condicional para brindar asistencia, no rechazan la dependencia estatal. Específicamente sostengo que la dimensión etaria enlazada con un posicionamiento crítico hacia el Estado por parte de los propios agentes de la asistencia pone en discusión la visión de que actualmente la dependencia sea solo desplegada a través de su versión peyorativa. Al contrario, propicia que se la resignifique positivamente. La "protección" podría ser una forma de "dependencia socialmente necesaria", según la propuesta de Fraser y Gordon (1994).

No obstante, esta ayuda que los programas entienden como un factor de protección hacia los jóvenes y las jóvenes, contiene una cantidad de sentidos asociados que no responden, necesariamente, a ampliaciones de derechos o reconocimiento de necesidades propias. De hecho, tal como se ha mostrado ampliamente en otros trabajos propios y ajenos, de estas y otras latitudes, la "protección" estatal puede ser bien restrictiva y estigmatizante (Medan, 2013).

De uno u otro modo, los hallazgos sugieren que es preciso atender a las particulares formas en que ciertas tendencias aparentemente globales de regular poblaciones se despliegan concretamente. Específicamente, aún permanece como incógnita en qué medida estas manifestaciones alternativas -como el entender la dependencia como protección- son reconfiguraciones coyunturales y aisladas, o si mejor podrían caracterizar estrategias renovadas propias de los procesos de reforma que Argentina, y también la región, han conocido en la última década.

Notas

^*Este artículo de investigación científica y tecnológica, de mi tesis doctoral llamada "El gobierno de la juventud en riesgo y los programas de prevención social del delito en el Amba: entre la seguridad y la inclusión", financiada por el Conicet-Argentina, mediante su programa de becas doctorales de "tipo I" (entre el 01/04/2008 y el 31/03/2011-resolución Nº 29/08) y "tipo II" (entre 01/4/2011 y el 31/03/2013-resolución Nº 451/11). área: sociología; subárea: temas sociales.

¹ Esto es parte y fruto de cambios y reformulaciones en la comprensión y gestión del fenómeno del delito en los últimos 30 años a nivel global. Para un recorrido detallado de estas transformaciones consúltese Garland (2005).

³ Los datos sobre el Envión se construyeron en una investigación colectiva enmarcada en el proyecto PIP-Conicet N° 11220090100520, dirigido por Valeria Llobet y conducido en la Escuela de Humanidades de la Unsam.

⁴ Aquí se referencian como RCN°X-dd-mm-aa.

⁵ Puede encontrarse evidencia empírica sobre estas similitudes en la investigación completa (Medan, 2013), y no puede reponerse aquí por cuestiones de espacio.

⁶ Los agentes de todos los programas analizados usan la palabra "chicos", "pibes", "jóvenes" indistintamente para referirse a sus destinatarios y destinatarias, que son personas -varones y mujeres- de entre 14 y 25 años de edad.

⁷ La "beca", o el "plan" son formas de referirse a la TCI que no tienen connotaciones sustancialmente diferentes en este contexto.

⁸ La noción de proyecto de vida es problemática. Mientras que la idea del "proyecto de vida" se definió a mediados del siglo XX -en el auge del Estado de Bienestar- alrededor de acciones propias del fin de la adolescencia, como "la salida del hogar parental mediante la independencia económica lograda con un empleo o profesión, y la formación de una familia propia", es utilizada por los programas sociales como un dato propio del desarrollo normal, sin advertir que es un concepto teórico que depende fuertemente del contexto para poder concretarse y no únicamente de la voluntad individual del sujeto que debe "armarlo" (Llobet, 2009, p. 85). Sobre los sentidos contestados sobre el "proyecto de vida" en contexto de programas para jóvenes, puede consultarse un trabajo anterior (Medan, 2012).

⁹ De hecho, hay vasta evidencia en torno a que las nuevas tecnologías de creación de sujetos apelan a la interioridad, expresión, revisión biográfica, etc. (Schuch, 2008, McKim, 2008).

¹⁰ Es un beneficio que le corresponde a los hijos e hijas de las personas desocupadas, trabajadores informales o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de $644 para niños o niñas menores de 18 años, y de 2100 para chicos o chicas con alguna discapacidad, sin límite de edad (datos actualizados al 14/06/14). Esta asignación fue creada por el decreto N° 1602/09, del Poder Ejecutivo Nacional, y comenzó a regir a partir del 1ro. de noviembre de 2009. Los requisitos para cobrarla son que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación. Actualmente, más de 3.500.000 chicos, chicas y adolescentes son beneficiados con esta asignación. http://www.anses.gob.ar/destacados/asignacilnuniversal- por-hijo-1

¹¹http://www.pagina12.com.ar/diarioeconomia/2-145746-2010-05-16.htmlA ]]> ¹²http://www.mdzol.com/nota/333796

¹³ En Argentina, "hacer bardo" es hacer lío, en este caso se refiere a que cometió algo

¹⁴ Más detalle sobre las responsabilidades estatales puede consultarse en Medan (2013).

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Referencia para citar este artículo: Medan, M. (2014). La dependencia estatal en programas para jóvenes: ¿estigma o factor de protección? Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (2), pp. 631-642.

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