Introducción

"El efecto de la democracia sobre el bienestar de la humanidad no ha sido hasta ahora impactante" afirmaba el profesor Arnold Bo Rothstein, de la Universidad de Gotemburgo, experto en corrupción, transparencia e integridad del sector público señalando que en el siglo XIX se produjo un retroceso casi total, y a principios del siglo XX fracasaron los nuevos intentos de instaurar democracias. Tras la segunda guerra mundial, y tras la derrota del fascismo, la democracia se postulaba como el régimen al que todo ciudadano del mundo aspiraba. Las dos últimas décadas del siglo XX trajeron la exitosa expansión del modelo por todo del mundo, de forma que en el año 2000 casi el 63% de la población vivía en países impropiamente denominados, Democráticos. (Redondo, 2014, p.5)

Parecía fácil predecir que el siglo XXI vería la democracia instaurada en todo el mundo. Pero el siglo XXI se ha iniciado plagado de fracasos: Ucrania, Rusia, Venezuela, Egipto, Irak, Siria, Libia Afganistán. No solo en regímenes que habían instaurado un régimen democrático se ha producido un retroceso a regímenes autocráticos, sino que muchos regímenes llamados democráticos han permanecido o se han deslizado hacia democracias de muy baja calidad, donde solo las elecciones periódicas justifican el nombre de democracia. El cúmulo de fracasos ha hecho resurgir las dudas y el siglo XXI ha traído dos elementos adicionales que han contribuido a sembrar estas dudas, tal y como señala el artículo de "The Economist": una crisis económica y financiera que ha mostrado con crudeza las debilidades del modelo democrático, en particular a la hora de controlar el gasto público y el déficit fiscal. (No.9 abril del 2014)

Muchos países emergentes, ante los sucesivos fracasos de las nuevas democracias en el siglo XXI, se muestran cada vez más reticentes a copiar los modelos de democracia occidental, y prefieren mirar en el espejo de China, como una alternativa de gobierno más atractiva pues la democracia es un modelo de gobierno que requiere un equilibrio nada sencillo, que requiere necesariamente una cultura y educación política más que unas elecciones libres, y unas votaciones periódicas. Muchos de los fracasos democráticos se escriben bajo modelos en que los gobiernos entienden que las urnas otorgan poder para tomar cualquier decisión sin embargo lo sucedido en Venezuela, en Egipto, en Ucrania, o en Rusia, permite cuestionar un modelo en que los necesarios contrapesos al poder ejecutivo no existen, y las votaciones se convierten en meras legitimaciones formales para gobiernos autocráticos. (Ronsthein 2014, pp. 1-2)

El paradigma democrático

Parecía fácil predecir que el siglo XXI vería la democracia instaurada en todo el mundo, como un verdadero paradigma materializado en su esquema originario nacido con la revolución Francesa, y compuesto por sus figuras dogmáticas como, la separación de las ramas del poder público, el principio de las mayorías, la representación, la participación, la consulta, las asambleas, la soberanía, la declaración de la voluntad popular. El paradigma de la democracia involucra la constitución de un orden económico, con cierta homogeneidad, entendida como un estándar de derechos sociales, que garantice un mínimo de igualdad sustancial, para que sean viables los derechos de participación, y se deslegitimen las políticas y las prácticas de exclusión social.

Este paradigma considera la democracia como una forma de organización política cuyas notas más características han sido el Estado de Derecho, las garantías individuales, la soberanía popular, el derecho al disenso y a la desobediencia que permitiría hablar de la utopía democrática, en el horizonte de los ideales democráticos, y en la imagen que la democracia tiene de sí misma. Las democracias de mayor éxito, como la inglesa, se corresponden con situaciones en que antes de instaurar los modelos de elección universal, ya contaban con una amplia experiencia de instituciones que servían de contrapeso a los gobiernos.

Se pensaba que democracia participativa sustentada en un paradigma consensual discursivo como el propuesto por Habermas y Rawls, permitiría impulsar el avance democrático hacia un tipo de cultura política global en el que deben entrar en juego, el reconocimiento de la diferencia, el multiculturalismo y la justicia distributiva, para superar las deficiencias propias del sistema político, particularmente el autoritarismo y el clientelismo, para construir una cultura política basada en la deliberación y en la generación de consensos.

El constitucionalismo supone grandes cambios en los sistemas jurídicos, en sus paradigmas formales los que ya no pueden verse como un conjunto de reglas de comportamiento, sino con referencia a principios y valores tales como la igualdad, la dignidad y el pluralismo político. Esta nueva tendencia que es común al Derecho en general toma en serio los Derechos fundamentales y los valores de la democracia, pero puede poner en riesgo un valor fundamental cual es el de la autonomía personal. (Laporta 2007. p 114) Una nueva forma de entender el Derecho, y la Democracia es verlos en su racionalidad reflexiva, que puede significar la existencia de normas formalmente validas pero sustancialmente invalidas. Desde este ángulo el Derecho y la Democracia tienen que verse como una práctica social que incorpora una pretensión de justicia, una pretensión de corrección o una pretensión de universalidad.

La legitimidad democrática

Es precisamente la Democracia y la entelequia de los llamados Derechos Sociales los que reciben en la actualidad el mayor número de cuestionamientos y preocupaciones sobre su legitimidad, haciéndose objeto, todos sus comentarios en libros artículos y tesis doctorales, con fundamento en la información desalentadora que proporciona la realidad política y jurídica, fundamentalmente por la evidencia del notable deterioro de sus procedimientos y del sustento filosófico que le atañe, pues la legitimidad democrática es una especie de ideología sin ideas, a pesar de que el modelo social y económico imperante suponen una democracia avanzada, la vigencia de un pluralismo político y una activa participación ciudadana como base de la democracia.

La carencia de legitimidad de la democracia se materializa en el deficiente funcionamiento de las instituciones democráticas o en los intereses particulares de quienes las encarnan, en las burocracias insensibles que se han instalado que forman parte de un conjunto de valores y costumbres que dominan nuestra sociedades, donde lo corriente es la relación desigual, la negación del principio de la igualdad sustancial, e incluso de la solidaridad universal arrinconada ante la ley del más fuerte y donde la integración del individuo con la comunidad pierde terreno ante las fórmulas de integración funcional, puesto que la libertad del individuo queda asfixiada bajo el peso del poder o del dinero en unas relaciones casi siempre asimétricas. (Prieto, 1990, p. 12)

La quiebra del esquema originario de separación de las ramas del poder público

Los parlamentos, los gobiernos y las instancias de decisión política, en las que se confunden fácilmente las ramas del poder público echan mano frecuentemente de recursos no racionales de legitimación, como son las apelaciones retóricas, la manipulación de la opinión pública o la imposición pura y simple de las mayorías parlamentarias. En esto el sistema político se diferencia del sistema jurídico, pues un juez siempre está obligado a argumentar sus sentencias, y las apelaciones retóricas o las arbitrariedades injustificadas suelen verse en este ámbito como perversiones del sistema jurídico. El déficit de racionalidad de las resoluciones formalmente legítimas del sistema político tiene que ver con las crisis de legitimación que en la teoría de la legitimidad democrática de Habermas señalan la existencia de límites empíricos de la legitimidad.

El carácter arbitrario de toda decisión política no es exclusivo de los sistemas democráticos modernos, dotados de una forma de legitimación racional- legal sino que establecen ciertas pautas para la acción futura, núcleo de la concepción Luhmanniana de la legitimación procedimental, pues son los procedimientos los que resuelven el problema funcional de la necesidad de tomar decisiones en condiciones democráticas cuando no es posible apelar a las tradiciones carismáticas, populistas religiosas o iusnaturalistas. La legitimación procedimental es un espejismo que hace creer que el procedimiento es democrático y garantiza la racionalidad de los resultados.(Luhmann, 2002, p.130)

Estos procedimientos con los que casi siempre se legitiman las instituciones, hacen caso omiso de las injusticias en la distribución, las cuales no pueden estar desligadas de las injusticias en el reconocimiento y eficacia de los derechos razón por la cual casi nunca se puede dirimir el problema de la identidad y la diferencia, si no se asume una teoría democrática integral y coherente que permita ubicar la política cultural en relación con la política social y vincular las exigencias de reconocimiento con las exigencias de redistribución.

Por lo anterior es necesario replantear o reconstruir un concepto de democracia, que nunca ha tenido viabilidad aunque siempre figure y se halle mencionado en forma genérica en todas las ideologías políticas y sistemas de gobierno, acompañado de alguna especificación, en forma general y que tiene connotaciones conceptuales muy diversas de las cuales la más conocida es la que se denomina democracia liberal, casi siempre identificada con cuestiones electorales, y que no es otra cosa que la negación de la igualdad y de la misma libertad. (Frasser, 1997, pp.105-133)

En la actualidad la subsistencia, reproducción y radicalización del modelo democrático, están en crisis por cuanto las condiciones necesarias -libertad e igualdad-, para su ejercicio no son viables. No hay sociedad democrática sin referencia al poder, a la ley, a alguna singular forma de organización de sus divisiones, y a un orden de lo simbólico que gira en torno a la previsión y a la estabilidad de las relaciones sociales consagradas. La democracia da legitimidad a lo provisorio, a lo cambiante, a lo imprevisible. Somete permanentemente la autoridad al juicio de todos. (Fukuyama, 2004, p 68.)

El ocaso de la dictadura de las mayorías

Se requiere ante todo observar los estándares actuales de la mal llamada democracia, relacionados casi siempre con procesos electorales, para desmitificar las instituciones democráticas que solo lo son de nombre y que no permiten buscar una democracia pluralista que facilite o que tolere la expresión del disenso lo mismo que la expresión en valores e intereses en conflicto como una ruta hacia el consenso, que no ha podido lograr la armonía y la reconciliación en la resolución final del conflicto aceptando siempre que haya una modo distinto de entender las cosas frente al consenso eventual con herramientas de auto comprensión y autocomposición. (Mejia, 2009, p. 148)

Para aceptar la existencia de la democracia se tendría que desmontar progresivamente el principio de las mayorías y reemplazarlo por los procedimientos del consenso canalizando los aportes individuales a la comunicación de tal forma que algo pueda ser visto de otro modo y que una negación impulse la comunicación por otro rumbo. Hay consenso cuando se logra una conciencia colectiva la cual prima en el espacio público y cuando el disenso hace necesaria la coordinación, pues la sociedad tiene siempre un telos inmanente de desencuentro que le da sentido como sociedad. El principio de la neutralidad procedimental se impone después del consenso como única condición para que exista el pluralismo. Instaurar la democracia significa encontrar estrategias de coordinación de la diferenciación en que la teoría se constituya por distinciones no por indicaciones de uno y otro lado para construir propuestas desde allí. (Mascareño, 2006, pp. 9-17)

En forma reiterada se afirma que bajo el paradigma de la democracia, la Constitución es elevada a norma jurídica fundamental y ella misma determina los límites y alcances legítimos del poder en situaciones de normalidad. Según Héller el Estado está dotado de medios coercitivos que le permiten ostentar el monopolio de la fuerza legítima y dentro de la racionalidad jurídica y política del Estado Constitucional se establecen mecanismos para ejercer la autoridad política a través de la democracia la que supone siempre la posibilidad efectiva de poner en discusión la decisión sobre el orden jurídico- político de la sociedad. (Heller, 2010, pp.67-69)

Sin embargo para que una sociedad pueda llamarse democrática, la opinión pública unitaria no puede ser un producto racional de la organización del poder estatal, pues por el contrario debe ser la opinión pública en el Estado democrático la que legitime y sustente a la organización de la autoridad.

La democracia supone la posibilidad efectiva de poner en discusión la decisión sobre el orden jurídico- político de la sociedad, es decir la Democracia Deliberativa, la cual se expresa mediante la consulta a la opinión pública y a través de la discusión racional sobre los fines y medios de la organización social. La principal característica o componente conceptual que se requiere para la existencia de la democracia no solo es la posibilidad de elegir a sus gobernantes, en condiciones de relativa transparencia libertad e igualdad, sino que es necesario canalizar y viabilizar la representación de grupos, partidos, organizaciones y sobre todo intereses, que bajo un conjunto de reglas procedimentales para la toma de decisiones, permita una amplia participación de los ciudadanos en la determinación de los asuntos que les atañen, con el compromiso de asignar facultades como resultado del consenso, portadoras de representación política o representación de intereses.

Evidenciada de varias maneras la resonancia de los problemas sociales en las esferas de la vida privada, socializan y trasmiten esas reacciones a la esfera pública. Al redefinir las nociones de sociedad civil, opinión pública y poder comunicativo con el objeto de interpretar integralmente las estructuras internas de la esfera pública y su intrincada relación con el derecho y el sistema legal en las sociedades complejas, se consolida la democracia deliberativa. (Mejia 2002, p.144)

La difícil viabilidad del paradigma democrático

La democracia si pretende ser viable debe institucionalizar una Constitución dual, que afiance la dualidad de los subsistemas sociales autónomos y las instituciones democráticas clásicas es decir el equilibrio entre el sector espontaneo económico -empresas y mercado y el sector político, Estado e instituciones políticas. Se trata de reconformar el constitucionalismo es decir formalizar en términos jurídicos el nuevo cambio de poder entre las instituciones políticas y los sujetos económicos, atenuando la primacía global de la economía a partir de una sociedad civil global, desde espacios políticos y democráticos- Democracia deliberativa-.

El paradigma democrático no se ha materializado por cuanto la Democracia se funda y se legitima en la participación ciudadana, en la toma de decisiones y su deliberación debe garantizarse en todos los niveles de decisión administrativa, si no se quiere acudir de manera plena a la desobediencia civil. Contrario a la visión liberal que ve a la sociedad como un conglomerado de individuos o la marxista que la ve como expresión de la superestructura económica la sociedad civil debe interpretarse como compuesta por asociaciones, organizaciones y movimientos que emergen espontáneamente y actúan hacia fines sociales, con legitimidad política, cuando el ejercicio del poder encuentra una justificación suficiente y se convierte en una verdadera fuente de legitimidad en la medida en que utiliza procedimientos reconocidos como razonables para tomar decisiones reduciendo estrictamente la voluntad arbitraria en el ejercicio del poder político institucionalizado. Solo en el Estado de Derecho con la División de Poderes, existe una conexión entre legalidad y legitimidad. (Heller 2010, pp. 67-69)

Héller señala cómo, la autoridad política legitimada constitucionalmente busca el consenso racional en el marco de la democracia, la cual supone el ejercicio del pluralismo de los valores y la legitimidad de la lucha o disenso de aquellos que defienden un modelo distinto de organización social. El consenso se construye desde abajo, introduciendo en los procesos de normalización de los conflictos, los espacios para la diferencia productora de nuevos y diversificados significados. Se trata de una nueva cultura cuyos presupuestos se basan en la oportunidad de que el conflicto se convierta en un sistema distributivo de razones para que nadie pierda, y ante todo se logre una actitud constructiva y comunicativa, orientada hacia el futuro y no anclada en el pasado. (Ruffino, 2009, pp. 267-268)

No es aplicando el principio de las mayorías como se instaura la democracia. El principal instrumento que conduce a ella es la construcción de consenso en el cual es la razonabilidad, por su ductilidad y capacidad de adaptación como se aplica el paradigma interrelacional funcionalmente más apto para una posible superación de la violencia y del enfrentamiento en todos los niveles. En la construcción del consenso no hay casos iguales, sino verdades diversas, no existe el derecho absoluto e inmutable sino situaciones definibles con fundamento en las contingencias sociales e individuales.

El Derecho es el principal receptor de los grandes cambios, no en las causas, sino en los efectos de la globalización, pues el dinamismo de la globalización está provocando un alto grado de obsolescencia de las instituciones jurídicas y políticas, particularmente la Democracia. El derecho supone la sujeción a la ley de todo poder; en garantía de los derechos de todos y un sistema de vínculos y controles jurídicos idóneos, para impedir la formación de poderes absolutos, sean públicos o privados. (Ferrajoli, 2007, p143-144)

La democracia en nuestros países no ha podido tener viabilidad porque ella supone un conjunto de límites para impedir que coexista con poderes y privilegios ilimitados y personalizados, casi siempre ajenos a los Derechos fundamentales. La voluntad general no puede ser impuesta con el argumento de ser moralmente legitima, por ser mayoritaria: tiene que ser subsumida libremente por las minorías, mediante el equilibrio reflexivo que permite articular la dimensión política con la individual dándole a la ciudadanía la posibilidad de replantear la democracia, los principios de justicia, la igualdad y la equidad social. La legitimidad de la constitución y de las leyes de un pueblo depende de los ciudadanos como participantes, y de la defensa de las reglas de juego de la convivencia. Se trata de garantizar plenamente el procedimiento y la base consensual del contrato social, que permita imprimirle los principios de la legitimidad moral para que se evite cualquier adorno de arbitrariedad por parte de la mayoría. (Mejia, 2011, p.13)

La legitimidad juega un papel importante para una teoría de la democracia, para una teoría del derecho y para una teoría de la sociedad. La teoría de la democracia articula la teoría del derecho y la teoría de la sociedad se articulan en un enfoque que Habermas (Habermas, 2005 p.467) denomina paradigma procedimental del Derecho y un concepto procedimental de democracia, del que depende la producción legitima del derecho, a fin de que los procesos políticos resulten eficaces para la legitimación, y los ciudadanos compartan los compromisos de resolver los problemas de elección colectiva mediante el razonamiento público, en la medida en que se establezca un marco para la deliberación pública libre (Mejía, 2010, p. 113).

La idea de democracia descansa en última instancia en la formación de la voluntad política y en términos de teoría del discurso, las decisiones vinculantes, para ser legítimas tienen que seguir flujos de comunicación que partan de la periferia y pasen todos los procedimientos del Estado de Derecho. La Democracia al seguir determinados fines colectivos y regular determinados conflictos, está haciendo frente, a la vez a problemas generales de integración social que pueda disminuir la eficacia de sus procedimientos o la legitimidad de sus decisiones. El sistema político fracasa en sus competencias regulativas, cuando la normatividad permanece ineficaz o las operaciones de regulación y control provocan efectos desintegradores. (Habermas, 2005, p.467)

A pesar de estar constitucionalmente consagrados los contrapesos, en la forma de separación de poderes, en la independencia del poder judicial, independencia de banco central, independencia de la organización electoral y de organismos reguladores, transparencia, limitación de mandatos, apertura de los partidos políticos. Sin embargo estos contrapesos, se vuelven casi inexistentes y solo se puede contar con una democracia de baja calidad.

La inexistencia de la democracia, se evidencia en el grado de satisfacción de los ciudadanos con su modelo de gobierno, y se puede observar que la correlación entre democracia y satisfacción vital o riqueza, no es tan alta como se podría pensar, observándose que la verdadera correlación se produce entre estos parámetros, el buen gobierno y el control de la corrupción. Pareciera que si bien los llamados derechos democráticos (los votos) son una fuente importante e innegable de legitimidad democrática, en realidad lo es más el buen gobierno, y la calidad del gobierno. Esto significa que la crisis no es tanto a una crisis del modelo de democracia, sino más bien la presencia de graves problemas de buen gobierno y de arquitectura institucional en los regímenes democráticos. (Ronsthein, 2014, pp. 1-2)

Cuando un gobierno quita independencia al poder judicial, ocupa instituciones y organismos que no corresponden al poder ejecutivo o legislativo, institucionalizan la corrupción o impiden la transparencia en sus decisiones y comportamientos, conduce necesariamente a la pérdida de credibilidad y de la calidad de la democracia y del bienestar de los ciudadanos, pero los ciudadanos no lo entienden así.

Los nuevos actores alternativos de la democracia

En la actualidad emergen actores políticos menores, como las asociaciones, los movimientos sociales y las ONG con los que la sociedad civil parece adquirir importancia ante la falta de credibilidad que aqueja a los partidos a los gobiernos y a los sindicatos. El problema no es sólo que los políticos engañen sino que en cada proceso electoral, se erosiona la credibilidad de los actores políticos y del sistema político mismo con la dictadura de las mayorías que en cada evento electoral se promueve en perjuicio de las minorías.

Aparecen entonces como ya se dijo, nuevos actores políticos, nuevos movimientos sociales, principalmente el feminismo, el ecologismo, el nacionalismo, el pacifismo, etc. que reaccionan contra el sistema de partidos políticos inventando nuevas formas de acción y de organización tratando fallidamente de lograr una refundación de la democracia. Se movilizan gran cantidad de recursos humanos y organizativos se activan las redes que vinculan a los movimientos sociales y a otras redes vinculadas por los individuos con militancias múltiples que intentan terminar con la estrategia de administrar las promesas.

Tocqueville constató que la vitalidad democrática de Estados Unidos era debida a su riqueza asociativa pues las asociaciones políticas parecían necesitar de un sustrato asociativo rico en el que apoyarse y del cual emerger. En la actualidad Francis Fukuyama, citado por Aramayo sugiere que el tejido asociativo genera una sensación de "confianza" en la vida ciudadana que no es sólo importante en términos políticos sino también económicos pues, en su opinión, constituye un "capital social" de gran rentabilidad económica ya que permite incrementar el apoyo mutuo entre las empresas y mejorar la competitividad de los países. (Aramayo, 2011, p. 67)

Sin embargo, los análisis de Fukuyama no conciben lo asociativo más que como una plataforma para el sistema democrático y la economía liberal mientras que en realidad, parece que la dinamicidad de la sociedad civil en muchos casos se orienta, o al menos lo intenta, ir más allá de tales realidades instituidas.(Fukuyama, 2009, p.23) Entre tanto ciertos sectores sociales y científicos con fuerte compromiso social, heredan la voluntad transformadora de la izquierda, pero no parece que estos nuevos actores vayan a ser capaces de refundar o regenerar el sistema democrático pues la misma escasa capacidad de atraer a las gentes que afecta a los actores políticos clásicos parece que afecta también a los nuevos actores.

La democracia se distingue por la posibilidad del cuestionamiento ilimitado de su organización y de sus valores. Allí reside, por un lado la extrema e insalvable vulnerabilidad del sistema democrático y por otro, el vínculo indisoluble entre derecho y democracia. La democracia supone incertidumbre y certidumbre. Hay incertidumbre en cuanto al contenido de la voluntad popular en cada momento, y hay certidumbre en cuanto para afirmar su existencia y operar como regla de formación de esa misma voluntad popular, la democracia necesita de libertad e igualdad.

Se menciona la construcción de nuevas teorías de la democracia y del derecho como consecuencia de la complejidad y fragmentación que caracterizan a la sociedad de nuestros días, y ninguna explicación lineal alcanza a dar cuenta de ella. La miseria, el desempleo, las hambrunas, los migrantes que buscan refugio para sobrevivir en algún lugar del planeta, la crisis de la representación política, la corrupción, los horrores y las amenazas de guerras no convencionales, los conflictos nacionales, étnicos y religiosos se expanden al mismo tiempo como una negación de la democracia. (Ruiz, 1991, p.27)

Una revisión de las teorías contemporáneas sobre la democracia, advierte los peligros de la creación de falsas antítesis que generen compromisos políticos y elementos para diferenciar entre las opciones positivas y negativas del cambio social pues ante todo se trata de construir una teoría democrática contemporánea con las bases para un paradigma político progresista que permita articular la justicia social cultural y económica, y abrir las puertas al advenimiento de una democracia radical. En tal sentido es necesario unificar la proliferación de frentes de lucha y la polarización entre las políticas culturales de reconocimiento y las políticas sociales de redistribución, asumiendo pretensiones viables de igualdad, contra la agresiva fuerza del mercado y el crecimiento de las desigualdades materiales. (Ruiz, 1991, p.27) Es necesaria una teoría critica del reconocimiento y de la democracia que discrimine aquellas causas, que no vayan con la igualdad social, y que identifique a los teóricos de la justicia distributiva, que ignoran la política de identidad y los teóricos del reconocimiento que ignoran la redistribución pues la democracia radical, requiere tanto la redistribución económica como del reconocimiento multicultural.

La posibilidad de elegir a sus gobernantes, en condiciones de relativa libertad e igualdad, no es el único componente conceptual de la democracia. La representación de grupos, partidos, organizaciones y sobre todo de intereses, que bajo un conjunto de reglas procedimentales para la toma de decisiones, debe permitir una amplia participación de los ciudadanos en la determinación de los asuntos que les atañen, por cuanto la Democracia se funda y se legitima en la participación ciudadana, en la toma de decisiones y su deliberación debe garantizarse en todos los niveles de decisión administrativa, si no se quiere acudir de manera plena a la desobediencia civil. La democracia deliberativa, genera un fuerte argumento a favor de la legitimidad política cuando el ejercicio del poder encuentra una justificación suficiente en la medida en que utiliza procedimientos reconocidos como razonables para tomar decisiones reduciendo estrictamente la voluntad arbitraria en el ejercicio del poder político institucionalizado. (Ruiz, 1991, p.6)

David Held, en la reconstrucción de la democracia aplica el principio de la subsidiariedad según el cual los asuntos que atañen a los ciudadanos se deben resolver de la forma más cercana a los mismos, de tal forma que involucren a las personas en la determinación directa de las condiciones de su propia asociación. Los niveles nacionales de gobierno se deberían ocupar de los "problemas colectivos que afectan a una población en particular sin llegar a cruzar las fronteras de su territorio. (Held, 1995, p. 87)

El Estado de Derecho debe asumir un nuevo formato político en el que los privilegios y las fuerzas autoritarias de quienes insisten en su permanencia en el poder, sean excluidos por quienes tienen una mentalidad participativa, altruista y solidaria. En este contexto es importante el protagonismo de las organizaciones y movimientos sociales, y los partidos políticos en los que tenga cabida el pluralismo, el reconocimiento y la redistribución, procesos en los cuales se han de formalizar los avances, los acuerdos, las reglas y principios a que se someten las organizaciones, asociaciones y partidos.(Held, 1995, p.39)

En la actualidad, la capacidad de conducción política de la sociedad debe hacer frente a dos fenómenos emergentes: el desarrollo de una sociedad mundial y la creciente importancia del conocimiento en ella. Es necesario reconstruir el Estado, con su horizonte de complejidad, utilizando recursos materiales y humanos que aseguren la convivencia ordenada, democrática y justa de la sociedad, devolviendo a las instituciones políticas su eficacia en lograr un mundo de pluralidad, de participación y de convivencia, en el marco de la solidaridad y la igualdad de oportunidades, tanto económicas como culturales sociales y políticas.

La reconstrucción de la democracia involucra cambios socioeconómicos y políticos propios de una democracia radical, aunque su costo sea de largos y contradictorios procesos en los que se privilegie la acción comunicativa sobre la acción estratégica. La democracia debe ser el medio para lograr los grandes cambios que produzcan una nueva cultura capaz de lograr, mayor equidad, reconocimiento, libertades fundamentales, custodia ecológica y uso racional de los recursos del planeta, es decir se trata de una democracia de nuevo tipo, que se reconstruye mientras simultáneamente se transforma y que pueda privilegiar orgánicamente la participación popular en todos los asuntos de interés público, habilitando una realización autogestionaria de la política y de la economía.(Willke, 2007, p.9-16)

La democracia hoy es inexistente pues no busca ni protege el equilibrio institucional, con adecuadas formas de representación y de participación, para resolver los problemas sociales, a través de instituciones estables y eficientes en la formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con la concurrencia de los afectados o beneficiarios y con la conducción de grupos asociaciones y partidos con intereses diferenciales, en la lucha por el poder, de tal forma que las fuerzas en pugna se encuentren de acuerdo en lo fundamental, una corresponsabilidad entre las instituciones públicas y privadas, grupos y movimientos sociales, para que la gestión social sea de cooperación y de solidaridad en el diseño de los cambios estructurales que han de insertarse en el Estado, para superar la inequidad prevaleciente y la exclusión social.

La no viabilidad de la democracia, se evidencia en sus nulas acciones para la reducción de la pobreza y las grandes desigualdades económicas, derivadas de la desigualdad en los ingresos y la concentración de la riqueza, y sobre todo porque no se caracteriza como una institución activa, creativa y productiva en congruencia con la complejidad y características de la sociedad. No se caracteriza por la transparencia de sus acciones, la alta y eficiente calidad de sus servicios, la eficacia en su accionar cotidiano, que caractericen una sólida y eficiente institucionalidad, en las relaciones entre el estado y la sociedad civil muy poca consulta ciudadana para todas las decisiones estratégicas, audiencias públicas, consulta popular, referéndum y demás mecanismos de participación efectiva. (Carcova, 2012, p.73)

El precio de la desigualdad

La democracia en la actualidad no asegura la coexistencia de las libertades y el desarrollo de las propias fuerzas y capacidades para que cada cual pueda alcanzar sus fines propios y que pueda caracterizarse por la asignación equitativa de los recursos públicos, la satisfacción de los derechos sociales con la utilización de procedimientos institucionales, haciendo de la obligación política algo parecido a la obligación moral. No se han logrado los acuerdos básicos en torno a su existencia en condiciones de libertad e igualdad y a su protagonismo en los procesos de justicia y equidad social razones que ameritan una verdadera reconstrucción de la Democracia, pues tal como existe en la actualidad no corrige los excesos de los mercados y de los injustos sistemas económicos y políticos, que multiplican y mantienen los niveles de pobreza y agravan las desigualdades.

Las desigualdades cuestan muy caro, pues son la causa y la consecuencia del sistema que provoca el círculo vicioso de la pobreza y genera inestabilidad, descenso del nivel de vida, consecuencias de deterioro de la salud, la de educación, de la vivienda, deterioro de las relaciones sociales agregándose a esto que la globalización tal como está siendo actualmente administrada no facilita el progreso ni la legitimidad ni la justicia, y lo que es más grave es la negación de la democracia. La crisis de la democracia tiene sus raíces en la debilidad o discontinuidad de las estructuras estatales, que carecen de fuerza para contrarrestar la ineficacia del Derecho, casi siempre asociada con la insuficiente cobertura de las necesidades básicas de amplios sectores de la población, la polarización de la riqueza y la pobreza y el alto grado de exclusión social.

La participación de los ciudadanos en la mal llamada democracia, que se ampara en el Derecho queda reducida a la simple actividad electorera y los elegidos detentan el poder como si fuera su propio patrimonio. La economía global está generando presiones, mientras el creciente desempleo aumenta, las desigualdades sociales y la desigualdad de oportunidades se hacen cada vez más notorias, y el planeta clama por disminuir los altos índices de pobreza y de miseria, que requiere una urgente redistribución de la riqueza.

El gobierno de las mayorías es en realidad una sutil modalidad de despotismo, por cuanto conseguir mayorías no es difícil en la era de la comunicación, cuando el poder cuenta con recursos tan valiosos y eficientes como la propaganda y el apoyo masivo de los medios de comunicación. El problema es que gobernar basados en el concepto de la mayoría es una frívola y deshonesta interpretación de las reglas de la democracia que conduce al enfrentamiento social y al descrédito del sistema.

El conjunto de normas que estatuyen la democracia no son respetadas por los partidos políticos, que han infiltrado y controlado los poderes básicos del Estado y han ocupado espacios que les están vedados en la sociedad civil y las grandes instituciones de la sociedad. El respeto a las minorías es desconocido en la democracia, donde simplemente se practica el dominio de las mayorías y en la que los partidos que gobiernan, amparados en sus mayorías parlamentarias, se consideran legitimados para gobernar en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y hasta se atreven a aprobar leyes de interés particular con porcentajes ridículos, que ni siquiera alcanzan la mayoría.

Los gobiernos, en la democracia no son libremente elegidos, ya que los partidos han pervertido el sistema al arrebatar a los ciudadanos el derecho a elegir a sus representantes, imponiendo listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las élites de los partidos, que son en realidad las que eligen. Los poderes del gobierno no están lo suficientemente limitados, al no existir poderes capaces de contrarrestar el inmenso poder de los partidos y al no existir tampoco una sociedad civil con capacidad para que los ciudadanos, a través de sus instituciones y asociaciones, sirvan de contrapeso al gobierno y controlen o hagan contrapeso a las mayorías que se convierten en una verdadera dictadura del gobierno de las mayorías que es uno de los peores tipos de dictadura.

Las grandes leyes no están a salvo de la dictadura de las mayorías, y tampoco los grandes principios y creencias. La mayor parte de las denominadas democracias liberales se han caracterizado por un autoritarismo casi siempre originado en el gobierno de una elite tecnocrática, esto es una democracia elitista que no puede evidenciar una cultura generalizada y unas formas de expresión y comunicación adecuadas. Es generalizada la necesidad de replantear o reconstruir el concepto de democracia, que siempre se ha mencionado en forma genérica o acompañado de alguna especificación, en forma general y que tiene connotaciones conceptuales muy diversas de las cuales la más conocida es la que se denomina democracia liberal, casi siempre identificada con cuestiones electorales.

Particularmente se le acompaña de adjetivos o sustantivos, como regímenes democráticos, democracia occidental, democracia socialista, popular, directa, indirecta, pluralista, consensual, Estados democráticos, orden democrático y muchas otras denominaciones que por su carácter equivoco, puede referirse indistintamente a variadas formas de gobierno, casi siempre identificadas, con el manejo de elecciones y formas pluralistas o corporativas de tomar decisiones pero que no corresponden en la práctica a al verdadero significado del vocablo democracia. Las grandes desigualdades económicas y sociales, los conflictos que desgarran sociedades avanzadas y atrasadas, en diferentes dimensiones, prueban lo contrario y demuestran que están lejos de la sociedad humana de haber resuelto sus problemas más acuciantes.

Los parlamentos y las instancias de decisión política echan mano frecuentemente de recursos no racionales de legitimación, como son las apelaciones retóricas, la manipulación de la opinión pública o la imposición pura y simple de las mayorías parlamentarias. En esto el sistema político se diferencia del sistema jurídico, pues un juez siempre está obligado a argumentar sus sentencias, y las apelaciones retóricas o las arbitrariedades injustificadas suelen verse en este ámbito como perversiones del sistema jurídico. El déficit de racionalidad de las resoluciones formalmente legítimas del sistema político tiene que ver con las crisis de legitimación que en la teoría de la legitimidad democrática de Habermas señalan la existencia de límites empíricos de la legitimidad. Habermas J. (2005 P 460) La doctrina política y los académicos, con mucha preocupación se preguntan si es compatible el sistema democrático, cuyas premisas son la libertad y la igualdad, con una organización social fundada en la técnica, o en palabras de Helmut Dubiel, "en un orden social - cibernético que, finalmente, no tuviese la necesidad de una legitima democracia y de una identificación cultural. (Dubiel, 1993, p.7)

Lo que podría llamarse en este contexto cultura democrática ha dependido del control del saber y del acceso a la educación, esto es, con la democratización de los conocimientos, pues una democracia edificada sobre la ignorancia del mayor número, solo es democracia de apariencia, una fachada que inevitablemente conduce a la decadencia del sistema político y la generalizada sobre él. La abstención de los electores es una de las más claras y preocupantes manifestaciones de este fenómeno. ¿Cómo neutralizar el inmenso poder de los complejos tecno industriales y los conglomerados de capital financiero? De ahí a que sea esencial la existencia de una solidad sociedad civil que pueda expresarse a través de partidos, grupos y movimientos cívicos, fuertes agremiaciones sindicales, profesionales, culturales. (Kauffman, 1992, p.103)

La democracia moderna ha presentado una demostración de su insuficiencia, y el descredito en que han caído muchos países los partidos políticos y la institución parlamentaria han robustecido el concepto de democracia participativa, que no excluye a la primera, pero permite una presencia más activa de los ciudadanos en la toma de decisiones tanto a nivel nacional como regional y en local. En la misma medida en que aumenta la desconfianza en las formas políticas tradicionales florecen asociaciones, comités cívicos, núcleos de vecinos, centros de estudio y, en fin, multitud de formas de canalización los intereses y propuestas de los ciudadanos.

El pluralismo exige la presentación de partidos políticos, los cuales eran considerados por Tocqueville como un mal inherente a los gobiernos libres pues sin partidos políticos no pueden funcionar gobiernos representativos o participativos. El funcionamiento de las instituciones democráticas está en tela de juicio en todas partes del mundo y una combinación de inconformismo y escepticismo ha generado un clamor general por cambiar las cosas. No importa para que, con tal de cambiar. La primera consecuencia de este fenómeno fue la caída de la mayoría de los gobiernos que han estado durante algún tiempo en el poder. La segunda consecuencia es la avalancha de propuestas para reformar los marcos legales y las regla de juego que rige la política. (Tocqueville, 1990, p.110-114)

La homogeneidad social, involucra exigencias concretas del particular frente al poder público y esto solo tiene sentido, si todas las clases sociales tienen las mismas oportunidades. La necesidad de involucrar a un mayor número de personas en el gobierno de sí mismas se vuelve una tarea compleja a medida que las distancias se acortan y las conexiones se vuelven más intricadas entre las culturas del mundo. (Heller, 2010, p.35)

La democracia es un concepto esencialmente controvertido referido a juicios de valor sobre elementos que queremos, o no queremos, insertar en el orden social y su definición integra múltiples elementos constitutivos e irreductibles en los que persisten múltiples desacuerdos sobre el significado de tal concepto, porque las personas pueden jerarquizar, ponderar e interpretar estos elementos constitutivos de manera muy diferente. Construir consenso sobre el sentido de la democracia es una tarea difícil, por la complejidad de sus condiciones previas y por la interminable disputa sobre las reglas básicas de la práctica política, que nunca ha sido una forma fácil de gobierno, y tampoco está ahora en proceso de serlo.

La poca viabilidad de la democracia se hace más evidente en sociedades influidas por la tecnología, donde el conocimiento es especializado, los valores entran en conflicto, los productores se encuentran frecuentemente muy alejados de los consumidores y usuarios finales y la falta de lenguajes y normas comunes hace una fantasía la esfera pública clásica de la comunidad ideal. El filósofo W.B. Gallie presentó la democracia como un ejemplo de lo que él denominaba un "concepto esencialmente controvertido por cuanto su definición integra múltiples elementos constitutivos e irreductibles que surgen y persisten por los desacuerdos sobre el significado de tales conceptos, porque las personas pueden jerarquizar, ponderar e interpretar estos elementos constitutivos de manera muy diferente. (Gallie, 1964, p. 37-38)

Por tal motivo la viabilidad de la democracia tiene más que ver con la Tesis de la "ingobernabilidad", por cuanto ha sido muy común legitimar los recortes en los derechos humanos y en no pocos casos, la eliminación de libertades fundamentales aduciendo problemas de ingobernabilidad. Por otra parte, la tendencia contrapuesta, pero igualmente dañina, fue la de menospreciar las conquistas de la democracia pacifica, calificadas de formales, en aras de la seguridad de derechos de contenido material. Se evidencia que a la primera pertenecen las dictaduras estilo latinoamericano y a las segundas los regímenes estalinistas, cuyo fracaso en gran parte se atribuye a falta de libertades. (Wolfang, 1990, p.18)

La democracia pareciera no ser el camino, pues coexiste con situaciones verdaderamente alarmantes de violencia y pobreza, realidad que golpea todos los días con nuevos dramas y espantosas noticias de genocidios, asesinatos, asaltos, secuestros y toda suerte de crímenes perpetrados por bandas de diverso signo o por los propios encargados de custodiar el orden y preservar la legalidad. Estos hechos empobrecen las perspectivas de la democracia y el Estado de Derecho y en general conducen a la inviabilidad de una democracia y un sistema de plenas libertades. En la democracia conviven la modernidad y el atraso en una pugna de corrientes, entre lo viejo que no se resigna a morir, y lo nuevo que apenas se perfila. Para decirlo en otras palabras, entre la modernidad y la tradición, pues aunque haya cambios profundos en la proporción en que se mezclan las dos tendencias, hay fuerzas y mentalidades que permanecen estancadas en la nostalgia del pasado. (Watch, 2003, p.5-6)

Cualquier definición de legitimidad en el marco democrático tiene como punto de partida el principio general de que no bastan las actuaciones ajustadas a la legalidad, sino que es necesaria la realización efectiva de los fines sociales del Estado y el objetivo fundamental de su actividad en la solución de las necesidades insatisfechas, que son otra cosa sino el eficaz ejercicio de los aquí llamados derechos Sociales, es decir la educación, la salud, la vivienda, y las condiciones de vida acordes con la dignidad de la persona humana, que como prestaciones positivas propias del estado social de derecho determinan su ilegitimidad. (Rodríguez, 2005, p. 83-94)

El paradigma democrático creado con la revolución francesa y la democracia liberal parece en la actualidad inexistente, por la quiebra de su esquema originario y porque no es posible un sistema jurídico justo y una sociedad democrática en las condiciones económicas, sociales y culturales del tercer mundo. Existe sin duda una tensión entre los principios democráticos y el sistema jurídico tal como se expresa normativamente y las realidades en los sistemas de gobierno de países desarrollados y en vía de desarrollo.

Una revisión de las teorías contemporáneas sobre la democracia, advierte los peligros de la creación de falsas antítesis que generen compromisos políticos y elementos para diferenciar entre las opciones positivas y negativas del cambio social pues ante todo se trata nuevo paradigma de construir una teoría democrática contemporánea con las bases para un político progresista que permita articular en nuestros términos la justicia social cultural y económica, abriendo las puertas al advenimiento de una democracia radical.

Sera necesario un nuevo paradigma, edificado sobre una teoría critica de la redistribución, del reconocimiento y de la democracia que discrimine aquellas causas, que no vayan con la igualdad social, y que identifique a los teóricos de la justicia distributiva, que ignoran la política de identidad y los teóricos del reconocimiento que ignoran la redistribución. El esfuerzo por contextualizar el multiculturalismo, el antiesencialismo y la democracia radical, sostiene que la democracia requiere tanto la redistribución económica como el reconocimiento multicultural, para que ella pueda considerarse como tal.

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