Sadio 1 acababa de regresar de Marruecos a su tierra natal, Guinea-Conakry, cuando conversamos por primera vez en julio de 2011. Una amiga en común de Alemania nos había puesto en contacto, y Sadio se convertiría dentro de poco en unx2 de lxs participantes de mi investigación más importantes. Conectadx conmigo desde un concurrido cibercafé, me contó acerca de su trayectoria y sus aspiraciones3, donde EUropa4 fungía como telón de fondo. Como Sadio, muchas personas en migración con diferentes motivaciones dirigen sus expectativas de manera afirmativa hacia un espacio imaginado como país o continente de inmigración y de derechos humanos. Dado que los intentos de Sadio por llegar a EUropa con un visado para trabajar habían fracasado, en 2009 optó por acercarse a este destino lo máximo posible marchándose a Marruecos, país para el que las personas de Guinea-Conakry no necesitan un visado de entrada. Aunque es hijo de una familia de comerciantes con ingresos suficientes, le costó reunir los 900 dólares necesarios para su viaje en avión. Sadio llegó a la capital marroquí con esperanzas de empezar un máster en Química y la idea imprecisa de atreverse a pasar en patera a los enclaves de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas situadas en terreno marroquí a 14 km de la península ibérica, o directamente a “gran España”. Rechazó este plan rápidamente tras la experiencia de haber perdido amigxs queridxs, que habían arriesgado sus vidas en las aguas frías y caprichosas del estrecho de Gibraltar.
La zona hispano-marroquí: un espacio fronterizo, migratorio e imaginado
El espacio euroafricano en el Mediterráneo constituye una zona donde, desde hace siglos, los diversos flujos de movilidad, las condiciones que los determinan y las conexiones que los crean han convertido la migración en un proyecto complejo, que comprende diferentes estrategias, competencias y restricciones (Römhild 2012, 8-9). En términos epistemológicos, se puede entender la zona hispano-marroquí como un espacio de frontera, migración, y de saber e imaginación. Es un escenario que funciona como laboratorio de la europeización. Se interrelacionan discursos hegemónicos con otros “minoritarios”, (co-)imaginaciones tanto sociales como políticas5 y diversas prácticas de conocimiento. Este borderland, como manifiesta Balibar (2009), es producido, cooptado y transformado por un gran número de actorxs con diferentes niveles de formalización, tales como asociaciones de migrantes, iniciativas de la sociedad civil, ONG euroafricanas, organizaciones internacionales, intergubernamentales y agencias de la UE.
Dicho de otro modo, se trata de un paisaje entrecruzado por relaciones de poder, donde las prácticas de conocimiento sobre la gestión migratoria dominante EUropea se ven confrontadas y modificadas en una densa interrelación entre resistencia y complicidad. Conceptualizo este campo de investigación como un tipo de assemblage (en el sentido de Saskia Sassen, Aihwa Ong o Paul Rabinow), un tejido desordenado que caracteriza bien el régimen EUropeo de migración y frontera. Este tejido implica una potente imaginación social y política donde se negocian a diario proyectos de migración y proyectos de vidas posibles, todo ello, usando estrategias dominantes de regulación, modificándolas colaborativamente. Una etnografía de la problemática situada (Collier y Ong 2005; Haraway 1988) permite analizar cómo lxs actorxs se apropian la EUropa poscolonial mediante sus particulares visiones del mundo y construyen también de forma simultánea diferentes versiones de una nueva Europa.
Con Balibar y De Genova podemos hablar de un Mediterráneo de migración como un espacio multifacético, productivo y contestatario que representa un contrapunto al arraigado imaginario eurocéntrico. Es un área producida por la movilidad de personas que la cruzan (Garelli y Sciurba 2017, 1). Mi propósito aquí es precisamente analizar y describir etnográficamente cómo los actuales movimientos migratorios subvierten táctica y situacionalmente el orden hegemónico, lo vadean y transforman. Se trata de averiguar cómo la pericia e imaginación transnacionales funcionan en este, por así decirlo, espacio de saber-frontera6.
Tanto Rabat, la capital del así llamado Reino de Marruecos, como Murcia, la capital de la homónima región y comunidad autónoma en el sudeste del también llamado Reino de España, están situadas en esta zona fronteriza. En ambas localizaciones de mi investigación de campo para mi trabajo de doctorado7 se deben tener en cuenta los efectos masivos y locales de una persistente crisis múltiple: financiera, política e ideológica. Esta crisis, por una parte, da lugar a muestras de rechazo violento y racismo, y por otra, a nuevas formas de movilización, redes de solidaridad y protestas sociales contra los programas de austeridad. En este contexto movilizatorio surgen también nuevas alianzas entre lxs presuntxs nativxs locales y personas migrantes que son de gran importancia. En relación con los movimientos migratorios, la frontera se hace muy perceptible aquí. Cabe destacar cómo este caso particular hace visibles las paradojas y tremendas desigualdades sociales que se incorporan a las vidas de varixs actorxs. Por así decir, la migración caracteriza lo que no se deja subsumir bajo el orden actual de un Estado concebido como nacional. Se trata de un actor poderoso que cuestiona críticamente este orden, desafiándolo, y por tanto provocando un fuerte contrapoder.
El régimen fronterizo EUropeo en el Mediterráneo occidental y la gestión de flujos migratorios
Pero Sadio no cruzó el mar Mediterráneo. Desde hace al menos dos décadas la zona fronteriza hispano-marroquí en el Mediterráneo occidental se ha vuelto un espacio controvertido y mortal por lo que respecta a la movilidad migratoria y los efectos del régimen de frontera español y EUropeo. Al mismo tiempo, dicho espacio fue mediatizado de forma ocasional por medio de una iconografía dominante que mostraba barcos repletos. Esto permite ver que las prácticas de gestión de la migración8 se materializan hasta el día de hoy en un implacable régimen de control de fronteras externalizado de forma progresiva a nuevas zonas búfer9 en los países vecinos al sur y al este del espacio Schengen10. Esta política cultiva un patrón euroimperial que ejerce un régimen neocolonial sobre la fuerza de trabajo flexible. Por todo lo anterior, podemos afirmar que esta gestión de la migración crea un nuevo sistema de apartheid europeo, como lo formula Balibar cuando señala que “la ciudadanía europea se presenta como el mecanismo que incluye determinadas poblaciones históricas presentes en el espacio comunitario, rechazando a otras, la mayoría con una larga historia, que contribuyen también al desarrollo de la sociedad civil del nuevo organismo político” (Balibar 2003, 73). Remitiendo a sus obligaciones frente a los otros miembros de la UE, en el marco de los tratados de Schengen, España impulsó desde finales de los años noventa, a modo de ejemplo, el equipamiento tecnológico de su frontera sur exterior con África del Norte11. A partir de los años 2000 intensificó el esfuerzo de implicar a Marruecos en el control de la migración. Sobre todo, los así llamados “asaltos de Ceuta y Melilla” en 200512 significaron una censura a la política EUropea de migración y fronteras: debilitaron la relativa certidumbre de que un control migratorio podía realizarse por la vía del reforzamiento en la seguridad de las fronteras exteriores.
Según Hein de Haas (2005), los enclaves de Ceuta y Melilla representan literalmente la Europa en África. Alrededor de estas ciudades autónomas pasa la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Constituyen, por lo tanto, un símbolo paradigmático del hecho de que los nexos que subyacen a esta condición migratoria siguen influyendo e interconectando Marruecos y España y, más generalmente, África y EUropa, dentro de una historia, compartida y dividida al mismo tiempo, de colonialismo y de migración transnacional (Conrad y Randeria 2002, 10-11). Los intentos más o menos exitosos de superar las vallas, así como su rechazo violento por las autoridades estatales, siguen teniendo lugar a intervalos irregulares y pueden ser leídos como expresión de la fuerza migratoria que exige el derecho al movimiento libre. El así llamado colapso del sistema de Dublín en 201113 y el largo verano de la migración son otros acontecimientos más recientes que ofrecen la misma lectura del proceso migratorio como movimiento social, desafiando a EUropa.
Al mismo tiempo, este colapso representa la más profunda crisis en la que ha entrado por partida triple el régimen EUropeo de fronteras hasta el 2015. Esta nueva crisis alcanzó una triste notoriedad bajo el nombre de la llamada “crisis de lxs refugiadxs”, una noción alarmista. En realidad, se trató de la llegada de más de un millón de personas huyendo de las zonas de guerra, de conflictos y también de la carestía de recursos en Siria, Afganistán, Irak, Somalia, Eritrea, Sudán y otros países del Sur global, dejando atrás las fronteras exteriores de la UE a través de diferentes rutas14, desplazándose hacia el norte a través de un “corredor humanitario” de nueva formación. En este contexto, EUropa se encontró en un estado de excepción por lo que respecta a su política migratoria. En primer lugar, las fronteras exteriores resultaron de facto incontrolables; en segundo lugar, se quebró el Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS), creado a partir de 1999 como compensación por la abolición de las fronteras interiores, y en tercer lugar, se puso masivamente en duda el principio EUropeo de la libre circulación de personas y la idea de una unión social. Frente a esta crisis, la Comisión Europea propuso en mayo de 2016 una reforma del CEAS que pretendía crear un “sistema europeo común de asilo equitativo y sostenible”. La propuesta del nuevo Reglamento de Dublín iv, aún debatida en el Parlamento EUropeo, ha sido criticada por parte de diputadxs EUropexs y de la sociedad civil como otro ataque masivo al derecho de asilo, que favorece la consolidación de la externalización de las fronteras con más control y más retornos. En noviembre de 2017 lxs críticos llegaron a tumbar el proyecto de ley (Von Uwe 2017).
España y Marruecos cooperan estrechamente mediante varios convenios EUropeos15 y procesos políticos informales como el “proceso de Barcelona” para el Mediterráneo (desde 1995) y el “proceso de Rabat” para África del Norte (a partir de 2006). Son aliados en los mismos ámbitos políticos, por lo que respecta a medidas relacionadas con la seguridad interior, exterior, la democratización y los derechos humanos. Además, participan en el control de la migración “irregular”. Esa cooperación se caracteriza por estructuras Norte-Sur claramente jerárquicas pero a la vez de beneficio mutuo16. Las interacciones cómplices entre España y Marruecos explicitan el nivel sofisticado de cooperación en los territorios fronterizos, donde la brutalidad diaria17 de los mecanismos de control se ha normalizado. Reifican un omnipresente régimen fronterizo EUropeo que, ya antes de llegar a impedir efectivamente las diversas movilidades migratorias, crea un nuevo sujeto en la frontera: el sujeto precario privado de derechos civiles, el migrante ilegal.
A pesar de esta realidad, en los años 2000, en los que aumentó la presencia de migrantes subsaharianxs en Marruecos, las autoridades marroquíes perpetuaron la convicción de que Marruecos era un país de emigración y -en cualquier caso- de tránsito, por lo menos hasta 2013. Se estimaba un número de personas migrantes indocumentadas de entre 20.000 y 40.000. Por lo tanto, no existía una política de migración, asilo o integración, sino que el Gobierno ejecutó medidas puntuales. Con la firma de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra, en 1957, se puso en marcha la Oficina Marroquí para Refugiados y Apátridas como representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que tenía una función meramente simbólica. Solo en el contexto de la reorientación de la política EUropa acerca de la externalización activa del asilo en 2004, la Oficina intensificó sus actividades y negoció un mandato válido. En vinculación con la lucha contra la inmigración irregular y simultáneamente con la “ley anti-terrorista 03-03” se legisló la así llamada “ley 02-03”, que regulaba la entrada y residencia de “extranjerxs” en Marruecos a partir de 2003.
De ese modo, Marruecos demuestra su célebre y controvertido desempeño como “guardián de los confines de la UE” en redadas y arrestos arbitrarios numerosos de personas en migración en Tánger, así como en los campamentos provisionales en los bosques cerca de los enclaves españoles y en las controvertidas “devoluciones sumarias en caliente”, directamente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Cabe destacar que las devoluciones son prácticas concertadas y violentas entre las autoridades españolas y marroquíes que han sido legalizadas bajo la nueva figura jurídica del “rechazo en frontera”, en el marco de la nueva ley de Seguridad Ciudadana de 201518. Dicha ley ampara la devolución sin más a Marruecos de los migrantes interceptados, sin pasar por los procedimientos legales a los que hasta entonces tenían derecho. Es decir, abrir un expediente, proporcionarles asesoría jurídica, averiguar su procedencia y la posibilidad de que se acojan al asilo. Las prácticas derivadas de esta ley fueron popularmente conocidas como leyes “mordaza”, y muchos colectivos y organizaciones políticas, sociales, vecinales y ecologistas caracterizan esta situación como lo más parecido a un estado de excepción, porque dota de una impunidad inmensa. Mientras que la ley afirma que, en todo caso, la expulsión se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), junto con numerosas organizaciones en ambos lados del Estrecho, criticó que una expulsión de este tipo nunca puede cumplir con el ordenamiento internacional. Sin muchas explicaciones, el ministro de Interior aseguraba que “los subsaharianos no piden asilo” (Vargas 2015).
Por su parte, el actual Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, pidió al Gobierno español que reconsidere y rectifique la ley. Gracias a la lucha jurídica en alianza con colectivos en solidaridad con las personas migrantes en la zona hispano-marroquí e interconectados de manera inter- y transnacional, España ha sido denunciada ante las Naciones Unidas por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la “Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”. La denuncia se refiere a las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla habilitadas desde marzo de 2015. En ella se subrayó el gran contraste entre la pertinente recepción que debería prestarse a los inmigrantes en las oficinas y la situación de los solicitantes de asilo sirios, que pagan altos sobornos a la policía marroquí para poder entrar en las oficinas, por una parte, y las personas subsaharianas que no tienen ningún acceso ni a las oficinas ni al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), por la otra19. Como primer éxito parcial se puede entender la sentencia única hasta entonces que pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en octubre de 2017. Condenó a España a indemnizar con 5.000 euros a dos personas que cruzaron de manera irregular la frontera con Marruecos en Melilla y que fueron inmediatamente expulsadas de vuelta a territorio marroquí, en contra de su voluntad.
Autoorganización migrante y redes solidarias: entre la lucha diaria individual y el activismo colectivo
En Rabat, numerosxs actorxs participan de forma muy variada en la implementación de la gestión migratoria. Esta red estrecha que teje la producción de saber es vital para el asesoramiento político y la externalización de tareas políticas de organizaciones y agencias que operan transnacionalmente. Se trata de una de las características elementales de la gestión de fronteras EUropeas. Rabat representa un escenario político y social ejemplar de estos lazos. Por ejemplo, actorxs dominantes del borderwork (Rumford 2008) consultan, cooptan y hacen suyas prácticas de saber humanitarias, originalmente críticas y solidarias.
Ante la intensa amalgama de intereses en juego se vuelve difícil una categorización clara de actorxs según su estatus formal, su ámbito de actividades, discursos, estrategias y financiación. Este proceso, al que podemos llamar ONG-ización del régimen fronterizo, crea un migration apparatus(Feldmann 2013), integrando a muchxs actorxs que, anteriormente, eran más bien observadores neutros, críticos u oponentes. Es decir, actorxs que se situaban en un espacio público y/o académico más allá de la esfera inmediata de la gobernanza política, tales como activistas de la sociedad civil, periodistas con una vocación humanitaria, teóricxs de la migración e investigadorxs académicxs que estimulaban la producción de saberes y los debates sobre la migración.
Por su parte, Sadio siguió sin perder de vista su rumbo: Europa. Continuó con su vida en la ciudad de Rabat año tras año, instalándose laboralmente en un limbo precario entre las prácticas no remuneradas en su área de estudio y trabajillos, pagando caro todos los años la renovación de su estatus de residencia, a través de la inscripción en una escuela universitaria privada. Vivía una inseguridad diaria en un Marruecos liderado de forma autocrática pero alabado no obstante por parte de la UE por sus “esfuerzos de democratización”, y donde la “crisis” es percibida como perpetua por una gran parte de sus habitantes, con el sistema de salud y el de educación arruinados y con una tasa de desempleo que ronda el 10%, pero que se dispara hasta el 40% entre los jóvenes de áreas urbanas y alcanza al 20% entre los que tienen formación20. Al recurrir a sus experiencias de activismo político como estudiante en Guinea, como afiliado pasional del partido de oposición Unión de Fuerzas Democráticas en Guinea (UFDG), Sadio se involucró con mucho entusiasmo en la autoorganización y creación de redes con la sociedad civil marroquí y transnacional EUropea, que estaba en aumento en aquellos tiempos. En nuestras conversaciones volvía constantemente sobre el triste papel de “mercancía” que desempeñan los migrantes para Marruecos y la UE.
Aunque la ley marroquí solamente preveía actividades asociativas por parte de entidades extranjeras legalizadas en su territorio, las primeras asociaciones migrantes empezaron a fundarse de manera informal en los años 2000, por ejemplo, la Asociación de Refugiados y Solicitantes de Asilo Congoleses en Marruecos (Arcom). Elementos característicos de esta fase de autoorganización y reivindicación de derechos migrantes son la afiliación por nacionalidades de las comunidades subsaharianas y la directa aparición en el nombre del supuesto estatus de residencia de lxs socixs autoatribuido. Centraron sus demandas en la reubicación en países EUropeos, así como en Estados Unidos. y Canadá, convocando a concentraciones puntuales frente a la oficina de Acnur en Rabat. El número de grupos autoorganizados creció después de los acontecimientos dramáticos en las vallas de Ceuta y Melilla, en 2005, cuando grupos de migrantes subsaharianos francófonos de países de África Occidental y Central se organizaron con el objetivo de denunciar la violencia militar abusiva.
Por otro lado, con el Consejo de Migrantes Subsaharianxs en Marruecos (CMSM) se formó por primera vez una asociación de migrantes que pretendió ser un colectivo más abierto saliendo de las líneas de separación según origen, lengua, comunidad y motivos de migración, lo que señaló el uso de la noción más inclusiva de “migrante”. Sadio fue secretario general del CMSM en 2011 y ocupó esa posición durante varios años. Se debatió en varias ocasiones la posibilidad de eliminar la “S” en la sigla, para poder abordar también e incluir a los migrantes anglófonos, así como a personas migrantes del Este global (Bangladesh, Pakistán, India, Filipinas, Siria, Líbano y otros)21. Las reivindicaciones se ampliaron a la situación diaria precaria de las personas en migración expuestas a todas las formas de discriminación, incluida la discriminación respecto a sus derechos sociales y políticos, y sobre todo al tema de la legalización legislativa de su estatus.(ver Figura 1)
En paralelo, a partir de 2006 se estableció en Rabat una red heterogénea de malla estrecha de ONG, colectivos e iniciativas humanitarias y defensoras de los derechos humanos, tanto marroquíes como EUropeos, organizadas localmente, pero también trans- e internacionalmente, con estados de formalización y legitimación oficial diferentes22. La red apoya y se solidariza con la causa de las personas en migración, exponiendo públicamente los problemas más urgentes encontrados por lxs migrantes sin residencia legal, por ejemplo, en lo referente al acceso a las infraestructuras de salud, a la vivienda a un precio equitativo, a la educación o al empleo. Igualmente denunciaron las estructuras subyacentes de racismo institucional y el sufrido en el día a día, existentes en gran parte de la sociedad y que no se discutían a nivel político en aquellos tiempos. Exigieron también el respeto a los derechos humanos, así como a las convenciones internacionales y a los derechos ratificados en la Constitución marroquí para “extranjeros”23.
Además, se creó una plataforma de ayuda humanitaria urgente en Rabat, de la cual formaban parte representantes de las asociaciones migrantes. La plataforma, conectando estructuras de ayuda para migrantes en las ciudades más grandes de Marruecos y grupos de ayuda humanitaria y activistas solidarixs en países EUropeos, se dio a conocer rápidamente en el entorno administrativo y político de la ciudad, haciendo de mediadora sobre todo al promover el debate sobre la ley 02-03. Lxs activistas de la red calificaron esa ley de represiva, exclusivamente securizadora y lesiva para los derechos humanos, al conceder a las autoridades marroquíes un enorme ámbito discrecional y arbitrario. Las asociaciones de migrantes alcanzaron un nivel alto de estructuración de su trabajo, movilización, y cierto reconocimiento legítimo frente a las autoridades, también gracias a esa red y a algunos de sus actorxs con más peso y renombre, como Cáritas o Médicos Sin Fronteras. Crearon proyectos de investigación a corto plazo, que reúnen información sobre la situación de lxs migrantes que viven en campos informales cerca de los enclaves españoles y en barriadas de migrantes como Boukhalef, en Tánger.
Asimismo, las asociaciones migrantes colaboraron en campañas antirracistas, como “¡núm. 9 - Para la violencia en las fronteras!”, de 2013, o “No me llamo Azziz”, de 2014, dado que “azziz” es una noción peyorativa en el dialecto del árabe marroquí, también llamado magrebí o dariya, empleada en general para los negros. No obstante, junto con estas prácticas dialógicas de empoderamiento cabe destacar las relaciones asimétricas, muchas veces no-reflexivas, entre actorxs marroquíes o EUropeos, protegidos por su pasaporte, y lxs actorxs migrantes con residencia legal precaria o incluso inexistente. Esa relación entre la mayor parte de ONG y actorxs migratorixs se puede describir como paternalista. Refleja el discurso dominante de desarrollo euroamericano, reproduciendo relaciones coloniales de poder y conocimiento.
Esta relación desigual fue muy persistente, si observamos la programación de actividades que las asociaciones migratorias desarrollaban: como las asociaciones de migrantes carecían de un estatus oficial, por lo menos hasta 2014, cada actividad era planeada estratégicamente para que se pudiera realizar con ayuda financiera o en cooperación con el entorno oficialmente reconocido de ONG, agencias y fundaciones. Lxs actorxs migrantes, muchas veces varones, ponen a menudo sus pequeños recursos privados para instalar una infraestructura de trabajo provisional. Esta situación de dependencia extrema de las ONG oficiales causó una competencia conflictual y frustrante por el presupuesto entre las asociaciones, pero al mismo tiempo motivó prácticas ingeniosas. A menudo, la oferta de un proyecto resultó ser una lucha por “el mando” entre actorxs migratorixs en cooperación con una entidad legal de la sociedad civil. Al mismo tiempo, las asociaciones de migrantes aspiraban a vencer la imagen negativa de patrocinio y abuso de poder atribuida por varias ONG.
La Organización Democrática de Trabajadores-Sección Inmigrantes (ODT-I)
La ODT-I, creada en Rabat en junio de 2012, es el primer grupo sindical de trabajadores inmigrantes en Marruecos y en toda la región africano-musulmana. Sadio forma parte de la oficina central todavía hoy y cuenta anécdotas sobre los diferentes “mitos de la fundación oficial” que circulan sobre esta primera estructura sindical de trabajadores migrantes. Aunque, la creación de la sección de trabajadores inmigrantes fue muy apreciada por el entorno de apoyo en la sociedad civil euroafricana. Esta se trataba menos de un acto fruto de la autonomía “grassroot” de migrantes organizados únicamente “desde abajo” -como proclamaron muchos medios activistas- que de una estrategia de colaboración por parte de actores reconocidxs24. Emprendida junto con el comité central de la ODT-I por la organización migrante CMSM, apoyada por la “Asociación de trabajadores marroquíes en Francia” (ATMF), por el Grupo de Acompañamiento y Defensa del Emigrante en Marruecos (Gadem) y por estructuras prominentes como el paraestatal “Consejo Nacional por Derechos Humanos” (CNDH) y la Organización Internacional del Trabajo, la ODT-I consiguió movilizar grupos, tanto de migrantes subsaharianxs como de asiáticxs, en especial, mujeres filipinas empleadas en hogares.
La fundación de la ODT-I causó una grieta seria dentro del CMSM, cuando su anterior portavoz se involucró en su fundación, y fue elegido jefe del comité directivo, tras lo cual abandonó la asociación. Desde entonces, persiste un conflicto entre aquellxs que abandonaron el Consejo a fin de apoyar exclusivamente la ODT-I, lxs que optan por una actividad en ambas estructuras y aquellxs que permanecen escépticxs frente al apoyo de la sección del sindicato. Estxs concibieron la ODT-I como un rival potencial, pero también como un aliado táctico debido a su nivel más alto de formalización.
La ODT-I tiene interconexiones múltiples con diversas organizaciones informales, estatales y paraestatales, por lo cual la intervención y cooperación a diferentes escalas sociales y políticas están básicamente garantizadas. La organización se impuso como iniciativa visible y en parte contrahegemónica frente al posicionamiento de Marruecos como partidario cooperativo en la batalla EUropea contra la migración irregular. En esta perspectiva, la ODT-I es una de las alianzas tácticas más interesantes que los actorxs migrantes han construido y que mantienen junto con “locales nacionales”. A pesar de ello, cada paso tiene que ser tenazmente negociado, porque dentro del sindicato existe un problema con la toma de decisiones común y de manera horizontal sobre la base de principios de democracia directa y transparente. La monopolización de la causa de lxs migrantes, la explotación de actorxs migratorixs como “trabajadores sin empleo” para la promoción de la central del sindicato, así como el modo paternalista de la supervisión de los dos comités, el subsahariano y el filipino, son críticas frecuentes y persistentes. A partir de 2013, con la reorientación del país hacia una política migratoria de integración propia e independiente, al menos en imagen, la ODT-I parece operar cada vez más de forma acaparadora, en un marco tolerado por el actual rey alauita Mohamed VI, una actitud que sirve a la promoción del discurso público democrático reluciente del Reino hacia el exterior.(ver Figura 2)(ver Figura 3)
La iniciativa “Papeles para Todos” y la política de migración e integración marroquí
En el contexto de la política de migración “radicalmente nueva, global y humanista”, anunciada por el rey Mohamed VI en septiembre de 2013, se puede constatar una dinámica de formalización de los movimientos sociales y la integración de lxs actorxs de la sociedad civil migrante y no-migrante en procesos de decisión política consensuales. El rey prometió una nueva visión en lo referente a las cuestiones migratorias, el asilo y la integración de personas migrantes, un paso considerado como algo inédito en el contexto norteafricano. La nueva orientación comprendió la constitución de un nuevo ministerio25, una operación excepcional de legalización de migrantes sin estatus de residencia legal (2013/2014) según criterios específicos26 y la realización de dos proyectos de ley fundamentales27. Además se reconocieron oficialmente las asociaciones migrantes, que hasta entonces carecían de estatus legal propio, lo que produjo un crecimiento significativo en la fundación de nuevas asociaciones, dispuestas a tomar parte en los prometidos proyectos de cooperación para la integración social de lxs migrantes. Mientras que la ONU y portavoces de la UE, como el embajador de su Delegación en Rabat, reconocieron este avance, la asociación antirracista Gadem, un actor de la sociedad civil prominente en Marruecos, saludó el anuncio del gabinete real con reservas, visto el enfoque securizador que se venía aplicando continuamente en las fronteras EUropeas.
Si bien cabe reconocer la contribución fundamental de lxs activistas a esta reorientación política aparentemente “humanitaria”, a pesar de todo, este cambio sirve también para propagar una imagen democrática de un país con una política interior muy represiva. Por lo tanto, con el objetivo de observar este proceso de legalización de forma minuciosa se creó en Rabat la “Coordinadora para la regularización de migrantes irregulares en Marruecos”, a finales de 2013. Bajo el nombre “Papeles para Todos”, el grupo, impulsado fundamentalmente por Gadem junto con otras once organizaciones civiles, empezó con la monitorización de la operación de regularización, con la intención de asegurar el éxito de las nuevas campañas. Su misión consistió en la escucha del proceso de regularización, en dar apoyo e información a lxs candidatxs a este proceso, así como en la comunicación y la defensa de derechos. En el curso de varios meses, “Papeles para Todos” empujó a la constitución de la “Comisión nacional de acompañamiento y de recurso”, compuesta por entidades diversas de la sociedad civil y del Gobierno, como el nuevo ministerio tratando asuntos de migración, la CNDH, activistas de asociaciones migrantes, investigadorxs, miembros de ONG y sindicalistas. En este marco se podían realizar críticas a la operación y negociarlas: de este modo los criterios fueron calificados como demasiado restrictivos y muy complicados de cumplir. La Comisión llegó a compromisos notables. Por ejemplo, se modificaron los criterios de solicitud, lo que facilitó la legalización de todas las mujeres solicitantes. Por lo tanto, la coordinadora y la Comisión representan una alianza estratégica, capaz de ejercer presión y situarse como interlocutores creíbles para las autoridades marroquíes, y de alcanzar consensos significativos.(ver Figura 4)
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Al otro lado del estrecho de Gibraltar, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desempeña un papel crucial en la imaginación política y democratizadora que se está desarrollando en los últimos años. En una España sumida en la crisis económica global y política a partir del colapso de la burbuja del mercado inmobiliario en 2007, los grupos vulnerables de migrantes fueron de los primeros que se enfrentaron a las consecuencias del régimen de austeridad impuesto por el Gobierno español y dictado por la UE y los administradores de la deuda. En consecuencia, surgieron diversas formas de protesta que fueron en aumento, y que originaron un movimiento heterogéneo en 2011 bajo los nombres de 15M, las Acampadas, Mareas, los Indignados y Democracia Real Ya, teniendo repercusiones a una escala mayor y de manera persistente. Personas sin residencia legal se vieron privadas de la tarjeta sanitaria, es decir, el derecho a la asistencia médica. Visto que la compra de vivienda por endeudamiento era la forma habitual de alojamiento impulsada desde el Gobierno, muchas personas con sueldos bajos y puestos de trabajo inestables, entre ellas muchxs inmigrantes con un estatus de residencia vinculado a su situación laboral, han sido muy afectadxs por los desahucios de sus viviendas.
La primera persona desahuciada en España que hizo público su caso era una mujer ecuatoriana. Entretanto, el paro subió drásticamente, y muchas personas de clase media pasaron a encontrarse también amenazadas de perder su única casa mientras seguían conservando la deuda íntegra y los intereses. La base legal que apoya este procedimiento es una ley hipotecaria muy rigurosa que incluso fue juzgada incompatible con la directiva EUropea sobre prácticas abusivas en los contratos de consumidores por el Tribunal de Justicia Europeo, en 2013. El desahucio llegó a ser el emblema de la crisis en España: en 2014 más de medio millón de desahucios fueron decretados, es decir, 500 personas o 95 familias cada día. Murcia se encuentra entre las provincias con mayor impacto de las consecuencias de una crisis que combina un alto desempleo con la caída del precio de la vivienda y la restricción del crédito28. En el primer trimestre de 2017 se ejecutaron 837 desahucios en total, de los cuales 266 correspondieron a impagos de alquiler, de forma que cada día se han ejecutado 8,3 desahucios.
Así, la PAH llegó a ser un movimiento social muy efectivo frente a esta situación social drástica. Se opone con mucho éxito a la ley hipotecaria vigente, desacreditando la gestión EUropea y española de la crisis. La plataforma lucha por el empoderamiento de todxs lxs residentes en España, desafiando el modelo contemporáneo liberal de democracia. Los grupos locales de la PAH en Murcia-Centro y en El Palmar, un barrio de las afueras estigmatizado por su alto número de habitantes migrantes, fueron dos de los primeros creados en toda España en el 2010, tras la constitución de la PAH en Barcelona un año antes29. Una de las características de la PAH más destacadas y pertinente para nuestra argumentación es su manera de negociar el estatus y la categoría del “migrante” en este contexto. La PAH logra transferir problemas y realidades sociales, comúnmente adscritos a personas marcadas como migrantes, a contextos y espacios discursivos que generalmente no son invocados y relacionados con los debates sobre la “migración”. El marco discursivo de la PAH tiene como punto de partida los derechos fundamentales, es decir, el derecho a una vivienda digna, al agua, la electricidad, el acceso al sistema sanitario y la educación, entre otros. Son derechos básicos que representan comunes colectivos, compartidos entre todxs justamente porque no están vinculados a ningún origen nacional, social-étnico, o por el hecho de tener un trabajo (estable), sino a derechos civiles básicos. Colectivamente se discuten, elaboran y ejercen mecanismos de protesta y de desobediencia civil, tales como los intentos de paralización de los desahucios, las ocupaciones pacíficas de sucursales bancarias o los llamados “escraches” (protestas frente a domicilios de políticos)30.
De este modo, se ha logrado forzar la apertura de corredores de negociación con lxs directorxs de bancos para conseguir soluciones concretas, como por ejemplo la “dación en pago”, la “condonación de la deuda”, el “alquiler social”. Desde 2011 la PAH puso en pie la campaña “obra social”, con referencia irónica al homónimo programa social de las grandes entidades bancarias. Se trata de ocupar pisos vacíos que volvieron a manos de los bancos y están deshabitados. En conjunto, en los últimos años la PAH se apuntó varios éxitos a nivel político: en marzo de 2017 la PAH Murcia logró una “tregua temporal” para 16.000 ejecuciones hipotecarias, tras el anuncio de que la Audiencia Provincial suspendía todos los desahucios, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciara sobre la legalidad de las “cláusulas suelo”. Un activista murciano apunta que esta acción y el ejemplo de Murcia “no es fruto de ningún Servicio de Mediación del Gobierno Regional, sino de la lucha de la PAH por poner en la agenda el problema de la vivienda y las hipotecas en España” (“La PAH, de enhorabuena por la ‘tregua temporal’ para 16.000 ejecuciones hipotecarias”).
En mayo de 2016 la comunidad autónoma de Murcia reformó su ley de vivienda para incluir artículos antidesahucios. La PAH consiguió que el Gobierno regional y los ayuntamientos estuvieran obligados a realojar a hogares desahuciados. Lo anterior se produjo debido a que el número de desahucios había subido como consecuencia de las leyes de “desahucio exprés” aprobadas por los partidos PSOE y PP en 2013. Actualmente, el grupo nacional de la PAH ve la necesidad urgente de que se apruebe su propuesta para una ley de vivienda, la cual fue presentada en marzo de 2017 ante todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados31.(ver Figura 5)
Conclusiones y perspectivas
Las observaciones lanzadas -en el marco restringido de este artículo- sobre una serie de situaciones arrojadas por los estudios de caso, señalan un cuadro ambivalente y revelador de las sociedades marcadas por la inmigración en la periferia de EUropa. Como se argumenta aquí, el fenómeno migratorio pone en la agenda política cuestiones democráticas cruciales, las cuales tienen que ver con nociones tales como: ciudadanía, exclusión y participación. En este sentido, seguimos a Manuela Bojadžijev al sostener la idea que la migración puede concebirse como un sismógrafo de la condición democrática de una sociedad (“ Ein neues Koordinatensystem !”). En definitiva, es esa perspectiva de la migración -su obstinación, su persistencia y voluntad de no someterse al régimen fronterizo europeo- lo que constituye su fuerza dinamizadora. La totalidad de los numerosos proyectos migratorios individuales expresan un movimiento, no solamente en el sentido físico sino en un sentido social y político. La reivindicación tenaz de una posición sólida dentro de la sociedad y la suspensión de exclusiones sociales y políticas formulan una visión y una fuerza para el cambio social (Kasparek 2017, 10).
Así, los escenarios de crisis también abren espacios de creación altamente inclusivos, eficientes y dinámicos, arenas de comunicación y de prácticas políticamente participativas. En ellos, la realidad de una cotidianeidad migrante y su pluralidad de voces forman el trasfondo. Incluye prácticas diversas de producción y el compartir saberes, aspiraciones y esperanzas, así como, nuevas imaginaciones sociales y políticas. Notablemente la PAH, y en cierto modo el sindicato ODT-I o la iniciativa “Papeles para Todos”, pueden leerse como agrupaciones sociales que rompen la diferenciación obsoleta entre “autóctonos/nacionales” versus “migrantes/extranjeros”, las cuales son distinciones basadas en categorizaciones del Estado-nación y su orden jerárquico de mayorías y minorías.
Más allá, se demuestra que las luchas de migrantes en Rabat y Murcia no se ocupan únicamente de la representación manifiesta, la reivindicación de derechos y la denuncia de políticas de fronteras en sí. Son más que nada luchas invisibles en la vida diaria vinculadas a formas emergentes de subjetivación. Consisten en el mero hecho de persistir en un espacio determinado, a pesar de las leyes, los derechos y la política migratoria. Hay un repertorio inmenso de pericia e imaginación sociocultural, saberes y habilidades acumulados, que sirven de forma creativa para subvertir y superar fronteras en su dimensión geopolítica, cultural y simbólica. Esto requiere un conocimiento sensitivo sobre cómo socavar las fronteras, sobre las rutas migratorias, los contactos y las redes que operan alrededor de un lucrativo “negocio-migración” con sus confines borrosos. Se trata de una gigante zona entre legalidad e ilegalidad con asistentes, personas de negocios y empresarixs que crea una economía local, así como modos flexibles de autoorganización económica.
Sadio se volvió un comerciante de este tipo y abrió en los últimos dos años tres tiendas en Rabat y Casablanca, las cuales ofrecen productos de uso diario en África Occidental. Ahora, tiene el éxito suficiente para financiarse la construcción de una casa grande en Guinea-Conakry, y al mismo tiempo pudo ayudar a su hermana menor, ingeniera, a que viajara a Ceuta y que de allí consiguiera llegar a Alemania para seguir con su vida.