1. Introducción

El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero el archivo es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en una multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad sin ruptura, y no desaparezcan al azar solo de accidentes externos. (^{Foucault, 2010} [1969], p.170)

¿Qué es un archivo?, ¿en qué pensamos cuando hablamos de archivos? Podría arriesgar que poco tienen que ver nuestras representaciones más comunes sobre los archivos con las situaciones que se irán describiendo a lo largo de estas páginas. La propia definición de esta palabra en el diccio nario puede darnos una idea sobre esas representaciones comunes. Allí, el archivo es definido como “el conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, producen en el ejercicio de sus funciones”, pero también como “el lugar donde se custodian tales do cumentos” (^{RAE, 2014}). Es interesante observar que, esta doble acepción que concibe al archivo como espacio físico y como acervo documental, deja de lado no solo a los agentes que los producen, los clasifican y velan por su existencia y consulta, sino también a los conflictos y tensiones que se dan en dichos procesos. En un texto fundante sobre los llamados “archivos de la represión”, ^{Jelin (2002)} sostenía que la noción de archivo ha estado íntimamente ligada a la idea de “mantener o preservar” los rasgos de un pasado que ha dejado de tener importancia para el “presente vivo”. En este sentido, la autora proponía cuestionar profunda y radicalmente la idea que los entendía como “lugar de cosas muertas” (^{Jelin, 2002}, p. 1).

En esta misma línea, y a través de la descripción de una serie de situaciones vinculadas entre sí a partir del relato de la propia experiencia de trabajo sobre y con documentos policiales, que fueron resguardados en un “archivo de la represión”, se buscará problematizar la noción (o representación común) del archivo como entidad dada, neutra y estática. Pero, también, con esa misma descripción, se intentará demostrar la inmensa productividad de la perspectiva etnográfica para dotar de complejidad al análisis del mundo de los archivos y sus acervos.

Tal como afirma ^{Quirós (2014)}, contar y narrar son operaciones de un valor cognoscitivo fundamental en el ámbito de la investigación antropológica; en tanto, sostiene esta autora, “por intermedio de la descripción podemos aprender a interrogar y analizar vívidamente el mundo social” (p. 61). En este sentido, el eje que articula el presente trabajo es el de la descripción/análisis de una serie de “situaciones sociales” (^{Gluckman, 1958} [1940]).¹

Tales situaciones han surgido en el devenir de una experiencia de investigación, iniciada en 2013, que tiene por objeto analizar, desde una perspectiva histórico-antropológica, la construcción de la categoría enemigo subversivo²en los Libros de Guardia del Comando Radioeléctrico (CRE) de la policía de la provincia de Córdoba (Argentina). Producidos entre los años 1974 y 1984 por un cuerpo policial encargado de patrullar los rincones de la ciudad, estos Libros de Guardia fueron hallados fortuitamente en un galpón policial, entre basura y escombros, por miembros del Archivo Provincial de la Memoria (APM) en el año 2010. Este último, se encargó de (re)acondicionar, clasificar y resguardar, para luego poner a disposición del público y de la justicia, la serie compuesta de 103 libros que fueron encontrados en aquella ocasión. En el nuevo contexto, mientras en Córdoba se desarrollaba el tercer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en los años setenta, estos documentos pasaron a cumplir una nueva función, muy diferente a la de registro de actividades que les había dado origen. Se ‘convirtieron’ en elemento de denuncia y prueba material de la participación de miembros del Comando Radioeléctrico en hechos de violaciones a los derechos humanos. El eje articulador que atraviesa estas escenas es, en definitiva, la triple relación que se establece entre espacio físico - acervos - agentes; puesto que es bajo esa interacción que deben dimensionarse las particularidades, usos y finalidades del archivo que se pretenda analizar (^{Da Silva Catela, 2002}).

2. Usos y espacialidades. Habitar el Pasaje Santa Catalina

Como tantas otras veces, aquella mañana llegué al APM luego de caminar la callecita de adoquines del Pasaje Santa Catalina, que separa el Cabildo Histórico de la Iglesia Catedral. Este angosto Pasaje de una sola cuadra ha estado presente desde los orígenes de la propia ciudad; erigiéndose como una irregularidad de la cuadricula funcional caracterizada por el estigma de dolor y muerte al ser transitada por reos ajusticiados detenidos y policías desde 1577, cuando esta media manzana se destinaba a Cabildo y cárcel de la ciudad (^{Boixadós, 2009}). Ubicado justo en medio de dicho Pasaje, en pleno centro de la ciudad y a cincuenta metros de la Plaza San Martín, el Archivo Provincial de la Memoria ocupa un conjunto de tres antiguas casonas que forman parte de la arquitectura civil urbana que data de los siglos XVIII y XIX.

Ese día, el gran portón de madera verde de la casona central estaba abierto de par en par. Luego de cruzar el patio de baldosas blancas y negras que forman una especie de damero, me dirigí hasta la sala del fondo, donde ha sido montada la “Biblioteca de Libros Prohibidos”. Se trata de una de las salas de exposición permanente del APM, visitada por contingentes estudiantiles, la cual reúne libros y revistas censurados durante diferentes períodos políticos. Desde allí, atravesé un angostísimo pasillo de anchas paredes que evocan el pasado colonial del edificio, para desembocar en un nuevo patio perteneciente a otra de las casonas, la más próxima a la Plaza San Martín. Organizadas alrededor de dos patios que se comunican entre sí a través de un paso o pasillo, desfasado con respecto al zaguán de ingreso, cada una de estas casonas respeta el esquema básico de las viviendas coloniales en tanto evitan visuales directas desde la calle a las dependencias secundarias (^{Iglesias y Ferrero, 2016}). Al llegar a ese nuevo patio, es posible visualizar la habitación que hoy es utilizada como cocina por los trabajadores del APM, frente a la cual se encuentra la oficina del Área de Documentación y Conservación.³Hacia la derecha, se extiende un hall destechado en el que convergen seis puertas de madera de doble hoja donde tienen lugar el resto de las áreas de trabajo del APM. Detrás de la anteúltima puerta que está a mano derecha del mencionado hall, se encuentra una pequeña oficina rectangular destinada al trabajo del Área de Investigación. En la pared del fondo de esta oficina, se observa una puerta que comunica con otra habitación, cuyo interior se encuentra repleto de largas estanterías grises de metal que, en sus cuatro niveles, organizan una gran cantidad de cajas de plástico de color azul, cada una de las cuales tiene un rotulado en su lomo externo. Los miembros del Área de Investigación se encargan de realizar tareas de búsqueda de nuevos documentos, de recibir a personas (víctimas, familiares, investigadores, etc.) que acuden al Archivo para solicitar información y, además, del trabajo colosal de aportar documentación, prueba material, a los diversos procesos judiciales que investigan la comisión de delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Sandra,⁴ una de las trabajadoras del Área de Investigación, fue quien me recibió aquel día y me hizo acompañarla hasta la última puerta (de mano derecha) que desemboca en el hall, donde se ubica la “Sala de Consultas”. Esta sala se destaca por tener, en uno de sus laterales, una gran ventana verde de estilo antiguo, que mira hacia el Pasaje Santa Catalina; se pueden ver desde allí las campanas de la Iglesia Catedral. En el otro lateral de la habitación, una puerta de madera de doble hoja comunica internamente esta habitación con la oficina del Área de Investigación. Hacia la pared del fondo, hay dos viejas computadoras sobre una pequeña mesa que se acomoda contra el muro de ladrillos; a su lado, apoyada sobre un mueble color claro de puertas corredizas, está una máquina que sirve de impresora, fotocopiadora y de escáner. Sobre el costado derecho de la ventana, se extiende una estantería repleta de folletos de distintos tipos, algunos libros y cajas de cartón. El centro de la habitación es ocupado por una gran mesa ovalada de color marrón claro, rodeada de varias sillas.

Las antiguas baldosas, los muros descascarados, los techos de ladrillo y tirantes de madera que encontramos en cada uno de sus rincones, permiten reconocer las múltiples transformaciones sufridas por estas casonas a lo largo del tiempo. Transformaciones que les posibilitaron ir adecuándose a los diferentes usos y funciones que adquirían con el correr de los años. Como aquella transformación ocurrida hacia mediados del siglo XX, cuando las casonas pasaron a ser la sede, junto al Cabildo Histórico, de diversas dependencias de la policía provincial. O cuando, entre los años sesenta y mediados de los setenta, albergaron la Jefatura de Policía y sus diferentes departamentos: el Departamento de Personal (D1), el Departamento de Informaciones (D2), el Departamento de Operaciones (D3), el Departamento de Investigaciones (D4) y el Departamento Judicial (D5). Cuando, hacia la segunda mitad del año 1975 y hasta 1978,⁵ el “D2” se constituyó en uno de los principales centros del circuito represivo de la provincia⁶ y sus instalaciones se convirtieron en Centro Clandestino de Detención (CCD),⁷ por el que pasaron militantes políticos, sindicales y estudiantiles varios meses antes del último golpe de estado en Argentina, ocurrido en marzo de 1976. O, más tarde, cuando a mediados de los años ochenta y hasta el año 2006, las casonas pasaran a ser ocupadas por la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito (1986) y el Cuerpo de Vigilancia Especial de la Policía (1988), encargado de custodiar la zona céntrica de la ciudad. Pero, no sería sino hasta el 22 de marzo de 2006, cuando legisladores cordobeses aprobaran la denominada “Ley de la Memoria” (Ley 9286), que el recientemente creado APM pasaría a ocupar los edificios de las tres antiguas casonas. Aquella Ley establecía como sede del Archivo el “inmueble donde estaba emplazado el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba conocido como “D2”, símbolo del máximo accionar del terrorismo de Estado”. Asimismo, y con la función de custodiar el Archivo, también sancionaba la creación de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), la cual debía integrarse con representantes de las organizaciones de Derechos Humanos, del Poder Ejecutivo provincial, Poder Legislativo, Poder Judicial y del ámbito institucional universitario “relacionados con la defensa y vigencia de los Derechos Humanos”. De esta manera, ambos organismos, el Archivo y la Comisión, se erigían como entidades autárquicas en la órbita del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba.

Respecto a las principales funciones del Archivo, la Ley mencionaba las siguientes:

Obtener, recopilar, clasificar, organizar y archivar documentación relacionada con violaciones a los dere chos humanos y el accionar del terrorismo de Estado, ocurridas en el ámbito de la Provincia de Córdoba; garantizar el acceso a toda la documentación obrante en el archivo, a simple solicitud de cualquier persona que acredite interés legítimo; establecer, con los elementos obtenidos, un museo y espacio de la memoria, arbitrando los medios conducentes a su preservación y resguardo. (^{Ley 9286}. Córdoba, 22/3/2006)

Centremos nuestra mirada en los tres primeros verbos mencionados en la Ley: obtener, recopilar y clasificar. Allí se evidencia un punto central que hace a las tareas que se debieron encarar desde su propia constitución. Al momento de su creación, el APM no contaba con material documental de ningún tipo. Resulta difícil imaginar un archivo que no albergue documentos; parecería una especie de paradoja. Andrea,⁸ otra de las trabajadoras del Área de Investigación, a quien entrevisté apenas comencé mi pesquisa, me explicaba sobre la existencia de una correspondencia entre la apertura de un ‘archivo sin documentos’ y el intento de ocultamiento de sus acciones por parte de miembros del D2:

El Archivo se abre sin documentación porque el De partamento de Informaciones en el '79, después del asesinato de Albarda,⁹desaparece todas las carpetas políticas y la producción de documental. Así que lo que recibimos es un archivo vacío y lo primero que se hace es un pedido de archivos a la policía. (Entrevista de la autora a Andrea, trabajadora del Área de Investigación del APM. Córdoba, 2/10/2013)

En esta explicación, aparece como motivo principal de la inexistencia de documentos la clara intencionalidad de la fuerza policial de ocultar los rastros burocráticos que habría dejado su accionar, clandestino e ilegal. La afirmación de Andrea “recibimos un Archivo vacío”, nos remite a la idea de que, entre el uso del edificio como sede del D2 (a mediados de 1975) y la conformación del APM (en marzo de 2006), solo hubiese existido una línea de continuidad; es decir, no hubiesen habido otros, múltiples, usos y funciones de esos edificios. Así también, esa afirmación me permite indagar en el ‘modelo’ de “archivo de la represión” que se imponía entre los miembros del APM a la hora de su conformación. El caso de referencia era el del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), a cargo de la Comisión Provincial de la Memoria de la ciudad de La Plata (CPM-La Plata).¹⁰ Ese archivo, resultado del espionaje sobre la actividad social, política e ideológica que llevara adelante la policía entre 1956 y 1998, había sido transferido en el año 2000 a la CPM-La Plata para que hiciera de este un “centro de información con acceso público tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de investigación y difusión” (Ley 12.642). Desde marzo del año 2000, dicha Comisión utilizaría como sede el propio edificio donde funcionara la ex DIPPBA, gestionando desde allí el archivo que registró el espionaje realizado por esta dependencia durante más de 50 años. Teniendo en cuenta este antecedente, resulta factible que, para más de uno de los miembros del APM de Córdoba, la existencia de un edificio que albergara un “archivo de la represión” sin documentación fuera una paradoja.

Ahora bien, en tanto no había documentos que se pudieran resguardar, los miembros del APM decidieron salir a buscarlos. Y, justamente, es esta la particularidad de este “archivo de la represión”. Pero ¿dónde y cómo iniciar la búsqueda? Sería en diversas dependencias de la policía, ubicadas tanto en la ciudad como en el interior provincial.

Y la policía remite a cada una de las dependencias, de capital y del interior, un pedido para que se mande al Archivo Provincial de la Memoria la documentación producida durante el terrorismo de estado. Después de eso se sale a cada una de las comisarías, para esto se articula con la policía de la provincia. (Entrevista de la autora a Andrea, trabajadora del Área de Investigación del APM. Córdoba, 2/10/2013)

El ‘salir a buscar’ documentos no fue una tarea nada fácil: “Si bien nosotros tenemos una ley que nos ampara, al principio hubo cierta reticencia de entregar los archivos producidos o a quién, o para qué, o en nombre de quién lo buscaban”.¹¹ Parte de dichas reticencias, pudieron ir siendo superadas a partir del acompañamiento de miembros del Cuerpo Especial de Protección de Testigos¹² de la policía provincial en cada una de las pesquisas que el APM realizara en comisarías y destacamentos.

3. Ritos de paso. Imaginarios y realidades sobre los documentos de archivo

A principios del año 2013, comenzando mi investigación doctoral, decidí visitar el APM buscando documentación vinculada al accionar represivo des plegado en la provincia de Córdoba a mediados de la década del setenta. Pensaba consultar documentos producidos en el “campo de lo estatal” (^{Bourdieu, 1996}), a los fines de indagar las representaciones identitarias sobre sí y sobre “los otros”, los enemigos subversivos, vertidas en discursos de interventores federales, ministros, autoridades de las fuerzas de se guridad, entre otros.

Aquella mañana de abril de 2013 no era la primera vez que visitaba el APM,¹³ sin embargo, sí era la primera vez que escuchaba acerca de los Libros de Guardia del Comando Radioeléctrico. Sandra me habló de ellos con mucho entusiasmo. Me comentó que habían ‘aparecido’ fortuitamente en dependencias policiales y que, por el carácter de su contenido, el APM los había ‘presentado’ ante la justicia, ‘convirtiéndose’ así en prueba material de delitos de lesa humanidad. Hasta ese momento, no se había cruzado por mi cabeza la idea de trabajar sobre ni con registros policiales. Apenas mencionó los Libros de Guardia, no pude imaginar mucho más que una serie de anotaciones expeditivas, de carácter administrativo, sin mayores descripciones ni adjetivaciones. Mi prenoción tenía que ver con una experiencia previa de trabajo con Libros de Guardia de otra dependencia estatal, la Morgue Judicial.¹⁴ Había accedido a ellos a partir de mis tareas como auxiliar de perito en las investigaciones desarrolladas en el marco de la causa judicial “Averiguación de Enterramientos Clandestinos” (Expte. 9.693) a cargo del Juzgado Federal N.o 3. Dichos Libros contenían datos referidos a las fechas de ingreso de cadáveres al Instituto de Medicina Forense, su procedencia, causa de muerte, juzgado interviniente, médico que realizó la autopsia, fecha de egreso y organismo estatal que retiró los restos. Aunque concisa y sumamente escueta, dicha información resultaba de gran importancia al combinarse con otro conjunto de datos,¹⁵ que permitían, en el mejor de los casos, generar hipótesis sobre la posible identidad de los restos óseos humanos exhumados de una fosa común localizada en el Cementerio de San Vicente de la ciudad de Córdoba.

Intentando dejar mis prenociones de lado, me acomodé en la gran mesa ovalada de la “Sala de Consultas”. Luego de buscar en la habitación contigua, entre las cajas de plástico color azul organizadas en las estanterías de metal, Sandra volvió a entrar a la sala con algunos libros negros en sus brazos. Los colocó frente a mí, sobre la mesa. Esa fue la primera vez que mis sentidos (vista, tacto y, sobre todo, olfato) se posaron sobre un Libro de Guardia del Comando Radioeléctrico. Pese a haber sido cuidadosamente aspirados y limpiados por miembros del Área de Documentación y Conservación,¹⁶ aún me era posible percibir ese olor a humedad tan característico de los papeles viejos. Cada Libro se trata de un cuaderno de tapas duras de color negro, tamaño oficio, que contiene un total de 300 folios (un poco amarillentos ya por el paso del tiempo) numerados, completamente manuscritos. En su interior, distintos colores de lapicera se mezclan con diferentes caligrafías, haciéndome pensar en la cantidad de personas que estuvieron abocadas a la tarea de llenar cada renglón. De manera casi inmediata, me vi asombrada por los detalles, la cantidad de adjetivaciones y la minuciosidad de los relatos que contenía. Sin embargo, tras leer las primeras páginas pude advertir mi casi absoluto desconocimiento respecto de esa “aldea-archivo” (^{Vianna, 2014}) y sus particulares formas de nombrar. Saltaba a la vista aquello a lo que refería ^{Tiscornia (2004)}, con que el primer paso en el análisis de documentos producidos por (y en) instancias estatales, es el de intentar comprender el lenguaje y sus reglas, tanto para leer dichos registros y sus especificidades como para comunicarse como interlocutor válido. Pero, una vez aprendido ese lenguaje, advierte la autora, resulta necesario desembarazarse de él y saber explicar qué es un “sumario”, un “memorándum”, etc. y cómo esas categorías significan, clasifican y se transforman en dispositivos de regulación de actividades burocráticas. Para lograr desentrañar esos términos y aprender un vocabulario plagado de for mulismos, debí acudir a otras técnicas de indagación como es el caso de la realización de entrevistas a agentes policiales (retirados y en actividad) y a miembros del Archivo. Los primeros oficiaron de ‘traductores’ de ese lenguaje a veces incomprensible; mientras que los segundos, habituados al trabajo diario consultando estos documentos, resultaron de gran ayuda a la hora de comprender las múltiples dimensiones del registro policial.

La primera hoja de cada encuadernación, blanca y sin renglones (a diferencia del resto del cuaderno), da inicio al contenido que será vertido, a lo largo de los días, en ese Libro: “En la fecha se habilita el presente, que consta de 300 fojas útiles, destinado a novedades de la Guardia de prevención. Comando Radioeléctrico”; debajo de la misma se observa la fecha, la firma y aclaración del jefe del Cuerpo Comando Radioeléctrico, terminando con el sello de la Policía de la Provincia. El cuaderno continúa (ahora sí en las hojas rayadas), con el registro del acontecer de cada día, denominado allí día de guardia, que consta de 24 horas seguidas que se extienden desde las siete de la mañana hasta las siete de la mañana del día siguiente. El día de guardia comienza con la siguiente frase: “Córdoba, [fecha]. Al Sr. Jefe del Comando Radioeléctrico. Llevo a su conocimiento las novedades ocurridas durante las 24.00hs. de guardia comprendidas entre las 7.00 hs de la fecha y las 7.00hs del [fecha]”. Allí advierto la propia razón de este tipo de registros, esto es, dar cuenta al superior burocrático de que la responsabilidad ha sido transferida, que el procedimiento se ha seguido según los reglamentos. Ahora bien, que se registre para dejar constancia de la acción y de la actuación ante los superiores, no supone que se haya dado cuenta de los hechos tal cual han ocurrido, de los testimonios tal como se han proferido o del resguardo de las pruebas tal como se han encontrado. Más bien, estos registros deben ser tomados como “pistas para armar el funcionamiento de las relaciones de poder en ellos inscritas antes que para construir políticas sobre el crimen.

En esos registros, que son espejos de prácticas cotidianas, están las extremidades desde las cuales asir el poder punitivo” (^{Tiscornia, 2004}, p. 7). Además de abreviaturas, nominaciones, marcas y señalizaciones inscritas en los márgenes de cada página, hay una serie de repeticiones no solo en lo que hace a la estructura de cada día de guardia, sino también en las formas narrativas que adquieren las llamadas novedades que allí eran descritas. Sería cuestión de tiempo el darme cuenta, tal como lo advirtiera Costa ^{Texeira (2014)}, que esas repeticiones no hacen más que poner en evidencia uno de los valores centrales de ese mundo de las burocracias estatales: su rutina.

Una vez que decidí comenzar a consultar los Libros de Guardia, me fue necesario aprender sobre el “Reglamento de acceso a documentos del APM”, disponible en su página web. Estableciendo las condiciones para la consulta a manera de proteger “el derecho a la intimidad e integridad de las personas”,¹⁷ el mismo fue elaborado con base en las normativas generales del Consejo Internacional de Archiveros y Unesco para Archivos sensibles. Resulta importante mencionar que el APM hoy cuenta con un conjunto muy variado de documentos y material audiovisual, el cual ha sido organizado en diversos Fondos¹⁸ de acuerdo con su origen y procedencia: Morgue Judicial-Córdoba - Serie documental:¹⁹ “Protocolos de autopsia” (1975-1986); Ministerio de Gobierno de Córdoba - Serie documental: “Expedientes” generados en Mesa de Entradas de Casa de Gobierno (1969 y 1983); Ministerio de Defensa (1969); CONADEP y Archivo Nacional de la Memoria; Secretaría de Estado de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia; Servicio Penitenciario Provincial; Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba (años noventa); Policía de la Provincia de Córdoba - Serie: “Libros de Registro” (1974-1883) - Serie: “Sumarios por accidente de trabajo” (1974- 1983) - Serie: “Sumarios” (1974-1983); Arzobispado de Córdoba. Además, otro tipo de material que allí se resguarda es el de las colecciones de origen privado y el de fuentes orales, estas últimas forman parte del “Archivo de Historia Oral”. Cada uno de los documentos que conforman estos Fondos posee diverso tipo de información. En este sentido, el Reglamento delinea una metodología de acceso que busca garantizar dos lógicas que, muchas veces, en la práctica pueden entrar en contradicción, como son la de publicidad y la de respeto a la intimidad. De esta manera, se establece regla mentariamente una clasificación de los documentos en dos tipos: documentos públicos de libre acceso, a los que cualquier persona puede acceder y solicitar copia; y documentos públicos de acceso restringido, los cuales, en tanto contienen información sensible en relación con las personas, solo son accesibles para quienes acrediten un interés legítimo. Pero ¿quiénes tendrían ese interés legítimo y cómo lo acreditarían? El Art. 10 del Reglamento está abocado a delinear, de manera general, el tipo de personas e instituciones que podrían reclamar su derecho a acceder a la información contenida en el segundo tipo de documentos: a) el titular de los datos, en tanto tiene derecho a obtener la información que conste sobre su persona; b) los herederos del titular; c) investigadores; d) representantes de organismos de Derechos Humanos que tengan como fin la defensa de los derechos humanos, las garantías individuales y el estado de derecho; e) órganos jurisdiccionales en el marco de investigaciones por violaciones de derechos humanos y sus consecuencias.²⁰

Vale decir que dicho Reglamento es de carácter general; es decir, no existe en él una definición, caso por caso, de qué documentación resguardada por el APM es de acceso público o cuál es de acceso restringido. Por tanto, no fue sino hasta que Sandra me requiriera completar y presentar el “Formulario III: solicitud de material para investigación”, al que debía adjuntarle fotocopia de mi DNI, una carta de presentación “que atestigüe los objetivos e intereses de la consulta” y el aval de la institución en la cual desarrollo mi investigación, que comprendí que los Libros de Guardia del CRE eran documentos de acceso restringido y clasificados como archivos sensibles.

Finalmente, este “rito de paso” (^{Van Gennep, 1984})²¹ a través del que me convertía de visitante en investigadora habilitada para acceder a los documentos del APM, concluyó con la entrega de una carpeta (que contenía los formularios, las notas y demás requisitos) y la firma de un “Compromiso de responsabilidad por el uso de la información”. Con esta última rúbrica, el investigador se compromete a no poner en riesgo el derecho de privacidad de las personas al momento de utilizar, y reproducir, los documentos consultados.²²

4. De búsquedas, clasificaciones, hallazgos y descartes

Alrededor de las 15 horas de un jueves de mayo de 2014, Andrea entró a la “Sala de Consulta” para avisarnos, a quienes allí trabajábamos, que saldría a realizar una inspección. Mi interés en participar de las inspecciones realizadas por miembros del APM en dependencias policiales tenía que ver con algunas de las preguntas que habían ido surgiendo en el devenir de mi indagación sobre los Libros de Guardia del Comando Radioeléctrico. A medida que avanzaba en su lectura, no dejaba de preguntarme dónde y cuándo habían sido hallados, si habrían estado escondidos y, en ese caso, por quién/es, y cómo habían pasado a formar parte del acervo del APM. Esta información se volvía necesaria para intentar comprender algunos de los usos y funciones de estos documentos en distintas temporalidades. Quería conocer las circunstancias, agentes y contextos que habían trazado el recorrido de estos Libros, desde el momento de su producción (1974-1984) hasta ‘convertirse’ en material probatorio de violaciones a los derechos humanos en causas judiciales. Como Andrea sabía de este interés, me invitó a acompañarlos. Junto a Carlos²³ y Sofía²⁴ subimos a un taxi que nos llevó hasta la intersección de las calles Duarte Quirós y Paso de los Andes, aproximadamente a unas doce cuadras de la sede del APM. Al llegar, caminamos por Paso de los Andes hasta el N.° 330, a media cuadra de Duarte Quirós. Entramos a un playón que, en el fondo, tenía un techo muy alto de hormigón. A la derecha se observaban unas habitaciones en estado incipiente de demolición y, a la izquierda, una habitación que era utilizada actualmente por una dependencia policial. Carlos comenzó a filmar y Sofía tomaba fotografías de los espacios que recorríamos. Seguidamente, nos dirigimos hacia una de las habitaciones en demolición y pudimos ver que parte del techo estaba caído, mientras que en todo el piso había basura y escombros. Andrea subió por unas escaleras angostas para revisar un tanque de agua, luego lo hizo Carlos para filmar. Constataron “que no había nada allí”.

Salimos de allí y nos dirigimos hacia la calle Duarte Quirós, donde doblamos a la izquierda e hicimos un par de metros, llegamos casi a la mitad de la cuadra. Cubierta de publicidades en su frente, había una obra en construcción a la que pudimos entrar corriendo uno de los carteles. Era un playón inmenso repleto de escombros; justo en medio del cual sobresalía una gran máquina aplanadora. Las paredes del playón dejaban ver los restos de lo que habrían sido distintas habitaciones de una antigua edificación. En uno de los sectores del muro se veían azulejos blancos y una jabonera, huellas de un baño; otra parte del muro tenía un machimbre color marrón que llegaba casi hasta la altura de lo que había sido el techo de esa habitación. El playón se abría un poco más hacia la izquierda y allí, abarrotados sobre la pared del fondo, había colchones tirados, sillas, alambres, hierros, una puerta de madera rota. Miré hacia ese sector y escuché decir a Andrea, como exaltada, “Acá están, acá están los Libros”. Fui rápidamente hacia allí, vi que se había puesto unos guantes de látex y estaba, literalmente, subiendo por una ‘montaña de basura’. Tenía en sus manos un cuaderno con tapas negras, con un rótulo en el frente que decía: “CRE” y dos fechas. Sin perder tiempo, y casi instintivamente, me puse los guantes de látex y comencé a sacar algunas de las cosas que impedían que Andrea pudiera moverse entre tantos despojos. Cada vez que veía una carpeta, un cuaderno o papeles sueltos, se detenía, los revisaba y los separaba. Los primeros cuadernos que había localizado en el montículo correspondían, de acuerdo a su rótulo y las fechas en su interior, a los años 1985 y 1986.

Luego de revisar sus fechas, Andrea me dijo “estos se quedan acá”. No pude evitar mi asombro, ¿estaba ‘descartando’ esos cuadernos? Entonces, le pregunté: “¿Estos no los llevan?, ¿porque son del 85?”. Me resultaba una especie de sacrilegio dejar esos documentos ahí, en el ‘basural’. Me explicaba que era política del Archivo llevar toda la documentación “hallada desde el año 1983 hacia atrás”. Es decir, desde el año que marcó el final de la última dictadura militar argentina. Esta selección, según me decía, tenía que ver con las características reducidas del espacio físico con el que cuenta el APM para almacenar y resguardar el material encontrado en las pesquisas. Cumpliendo los parámetros cronológicos que me había indicado, continué ayudándola con la recuperación y clasificación de las carpetas. Más tarde, sacó de entre los escombros unas bolsas de nylon repletas de papeles y me las entregó. Las abrí y revisé todos los papeles, poniendo en un costado ‘lo que nos llevábamos’ y, en el otro costado, la documentación que ‘debía quedarse en ese playón’. Cuando terminamos de revisar completamente aquella ‘montaña de basura’, sacamos un canasto de plástico de otra pila de despojos para utilizarlo a modo de recipiente que nos permitiera transportar los documentos recolectados hasta la sede del APM.

Preguntando sobre los orígenes de los Libros de Guardia del CRE en charlas informales con trabajadores del Archivo, fui (re)construyendo una explicación que aparecía de manera reiterada. En estas conversaciones escuché, una y otra vez, hablar de una denuncia anónima que se (alguien) habría recibido (¿telefónicamente?) en el Archivo, posiblemente allá por el año 2010. Dicha denuncia habría tenido el fin de alertar sobre la existencia de documentos que estaban ocultos en el interior de una pared falsa, ubicada en dependencias policiales. Pero ¿de qué documentos se trataba? Sobre el tipo y contenido de los mismos, esta explicación no ofrecía mayores detalles. Sin embargo, sí brindaba, con cierta certeza, el lugar donde se encontraría la pared falsa. Esto era en la manzana policial, ubicada entre las calles Mariano Moreno, Duarte Quirós, Paso de los Andes y Caseros. Se trataba del mismo lugar donde, en mayo de 2014, acompañé a miembros del Archivo a realizar una nueva inspección. Digo ‘nueva’ porque, cuatro años antes, la mencionada denuncia anónima había llevado, por primera vez, hasta ese sitio a trabajadores del Archivo.

Una de las personas que participó de aquella visita, me comentó:

Nosotros cuando fuimos ahí, no fuimos a buscar los Libros del Comando Radioeléctrico. En realidad, esto surge de una denuncia anónima que indica que, en la juntura de dos locales de la policía, que funcionan en esa manzana que está entre Duarte Quirós, Mariano Moreno, San José de Calazans y Caseros… Ahí hay varias dependencias de la policía. En la actualidad, donde antes era el Comando Radioeléctrico, ahora funcionaba la División de Motos. Al lado estaba la Di rección de Protección de Testigos. Para el otro lado, están los Bomberos. Para la otra esquina, está el D2 de Mariano Moreno y funciona el ETER […] hay como varios edificios de la policía […] Entonces, alguien hace una denuncia de que, en la juntura de esos edificios había una pared falsa donde podría haber documentos. […] (Entrevista de la autora a Darío, trabajador del Área de Documentación y Conservación del APM. Córdoba, 21/12/2015)

En el relato generalizado entre los trabajadores del APM, la denuncia anónima aparece como el motivo principal por el que, en el año 2010, decidieron indagar aquellas dependencias policiales. El objetivo, entonces, no era la búsqueda de los Libros de Guardia del Comando Radioeléctrico, ya que no conocían de su existencia. La denuncia había establecido como parámetro de la búsqueda una pared falsa y, por tanto, la inspección se había concentrado en esa misión.

Ahí anduvimos revisando paredes, golpeando paredes, trepándonos a los techos para ver la juntura. Si eso podía ser, no podía ser. Y, en este ímpetu delirante que tenemos nosotros, siempre de buscar más, buscar más, nos fuimos metiendo por todos los lugares. Hasta que dimos con un pasillito que da al medio de la manzana y que, al final, daba con un par de galpones. En uno de esos galpones, tenía armado como un rancho de supervivencia uno de los canas que cuidaba acá. […] Entonces, cuando entramos ahí, había una parte del galpón que tenía cierto orden, con una catrera. Y, para el otro lado, un montón de trastos viejos y papeles, papeles, papeles. Libros a simple vista. Entonces, nos metimos a ver qué eran esos libros y, adentro de una heladera vieja, sin funcionar, y adentro de un mueble, había una pila de libros. (Entrevista de la autora a Darío, trabajador del Área de Documentación y Conservación del APM. Córdoba, 21/12/2015)

Ese “buscar más y más” era lo que había visto hacer a Andrea y Carlos en la inspección realizada en el 2014. En ambas oportunidades, las inspecciones parecen haber iniciado por los espacios más recónditos de las instalaciones policiales, por aquellos que eran de más difícil acceso. Si, en el 2010, se “revisaban paredes” y se “trepaba a los techos”; en el 2014, se “revisaba el tanque de agua”. Siempre buscando constatar que “allí no hubiese nada”, para poder continuar con la inspección del lugar. Considero que, ambas escenas, dan cuenta de una forma particular de concebir el proceso de búsqueda por parte de los trabajadores del Archivo; esto es, como un proceso de develamiento de aquello que ha sido intencionalmente ocultado. Ahora bien, tanto en uno como en otro caso, es el ímpetu de no darse por vencidos lo que los lleva a continuar la búsqueda en otras áreas de dichas dependencias policiales. En 2010, la inspección avanzó hacia unos galpones ubicados en medio de la manzana policial; en 2014, la búsqueda continúo hacia un playón aledaño lleno de escombros. Finalmente, para el primer caso, el proceso de búsqueda concluiría con el hallazgo de 103 Libros de Guardia dentro de una heladera en desuso y de unos muebles viejos; mientras que, para el segundo caso, terminaría con una serie de distintos tipos de documentos encontrados en medio de un montículo de despojos. Tanto unos como otros documentos habían sido producidos, entre los años setenta y ochenta, por miembros del Comando Radioeléctrico. No es un dato menor el hecho de que, desde 1964 y hasta fines de los años ochenta, en ese mismo predio haya funcionado la sede central de este cuerpo policial con su antena de radiocomunicación; desde allí partían, cada día, los móviles que debían patrullar diversas calles de la ciudad.

Más que escenas que evidencian el ‘ocultamiento intencional’ de documentos, estas situaciones de hallazgo nos hacen pensar en una de las particularidades de las burocracias estatales: su desidia. Los Libros de Guardia fueron cuadernos con páginas en blanco que se abrieron, se llenaron y, una vez completados, se cerraron. Cuando la última de sus hojas fue escrita, perdieron el ‘valor’ de tener en ellos ‘la novedad’ de lo acontecido durante el día de guardia. Con el paso del tiempo, la institución que los produjo necesitó deshacerse de ellos para dar paso a nuevos Libros donde poder inscribir las recientes novedades. Así, por el propio accionar burocrático, fueron convertidos en ‘despojos’ y relegados (tirados) a un depósito, donde no estorbaran, junto a máquinas de escribir, muebles y heladeras. Todos ellos objetos que también, y por distintos motivos, fueron perdiendo su valor de uso, sus funciones (^{Paiaro, 2018}). En este sentido, tales escenas permiten también reflexionar acerca de los distintos momentos y contextos de las propias “trayectorias biográficas” (^{Appadurai, 1986}) de estos “documentos de archivo” (^{Nazar, 2010}).²⁵ Appadurai propone pensar las cosas/objetos como ‘seres’; esto es, considerar que los objetos poseen diferentes etapas biográficas y, por tanto, diferentes “regímenes de valor”. De acuerdo con su perspectiva, el significado (y el poder) de las cosas radica en sus usos y en sus formas. En este marco, la noción de valor biográfico de los objetos afirma que estos, tal como las personas, poseen una vida social, por lo que podemos comprenderlos siguiendo sus “trayectorias de vida”. Mientras que el objeto sirve de soporte a la acción humana, seguir su propia vida permite comprender aquella de los sujetos sociales. Es preciso

seguir a las cosas mismas, ya que sus significados están inscritos en sus formas, usos y trayectorias […] aunque desde un punto de vista teórico los actores codifican la significación de las cosas, desde una perspectiva metodológica son las cosas-en-mo vimiento las que iluminan su contexto social y humano. (^{Appadurai, 1986}, p. 19)

Así, seguir la “trayectoria biográfica” de los Libros del CRE, permitirá conocer y comprender las etapas de su producción y el período de uso cotidiano; su descarte, quedando abandonados en galpones junto a otros ‘trastos viejos’; y, finalmente, el momento de su ‘reciclaje’, y su uso como material probatorio en juicios de lesa humanidad.

5. Reflexiones finales

Este escrito comenzó con algunas preguntas sobre cómo pensamos/imaginamos/concebimos los archivos. La idea fue poner en cuestión la imagen del archivo, como de los documentos y demás acervos que lo componen, como ‘lugar de cosas muertas’, como ‘espacios neutros’, de ‘cosas dadas y estáticas’. La descripción de una serie de situaciones vividas en el devenir de una investigación sobre/con documentos policiales intentó poner el acento en las tensiones y las disputas que se dan en el propio proceso de constitución del archivo. Justamente, son esas tensiones y disputas, que se establecen en la triple relación entre espacio físico - acervos - agentes, las que permiten concebir los archivos como procesos vivos, procesos en movimiento.

Estas reflexiones se anclaron en un caso específico, el del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba; el cual es incluido dentro de los llamados “archivos de la represión”, ya que su objetivo principal es el de resguardar “documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos y el accionar del terrorismo de Estado”. El APM comparte una de las características particulares de los “archivos de la represión” argentinos, la de haber sido creado junto a una institución que debe custodiarlo, la Comisión Provincial de la Memoria. Para ^{Da Silva Catela (2007)}, la particularidad de las instituciones que nacen para custodiarlos, así como los lugares en que estos archivos fueron emplazados y las características con las que han sido creados, dan cuenta de una segmentación y valoración diferencial de los documentos que allí son albergados y del período de la historia argentina al que referencian. Decíamos más arriba que, desde su creación, el APM ocupó los edificios de tres antiguas casonas ubicadas en el Pasaje Santa Catalina, cuyos diversos usos y funciones en los últimos siglos han dejado marcas imborrables en los muros. Ahora bien, fue el pasado de este lugar como sede del Departamento de Informaciones D2, “símbolo del máximo accionar del terrorismo de Estado”,²⁶ lo que lo convirtió en el espacio legítimo para albergar al APM. Un archivo creado ‘sin documentos’ y que, por tanto, debió construir su propio acervo a partir de la búsqueda de material relacionado con “el terrorismo de estado” en diversas dependen cias policiales y de otras fuerzas de seguridad.

Pensando en las particularidades de los “archivos de la represión” en Argentina, ^{Da Silva Catela (2007)} se pregunta ¿qué revela la separación y creación de instituciones que resguardan la historia y la memoria de los años represivos?, ¿por qué no han sido integrados dentro de los archivos, nacionales o provinciales, preexistentes? Finalmente, la autora se plantea, será que esta disposición en instituciones separadas ‘aísla’ a estos documentos de la historia como un todo, separándolos de “otros períodos comparables en términos de violencia política o de momentos sociales diferentes, pero que permitirían tener una visión más abarcadora de la historia del país” (Da Silva Catela, 2007, p. 197). En tanto uno de los desafíos que tiene la etnografía contemporánea es comprender las con diciones de producción de los documentos con los que trabaja, así como el tipo de conocimiento que estos comportan y pretenden (^{Texeira, 2014} y ^{Riles, 2006}), considero oportuno poder reflexionar acerca de aquellas cuestiones a la hora de realizar indagaciones sobre/con material del acervo de estos “archivos de la represión”. Es interesante pensar en cómo ha venido operando esta disección de ciertos períodos de la historia argentina, por ejemplo, en los procesos de selección y descarte de material documental que resguardan tales instituciones.

Para ^{Jelin (2002)}, desde sus inicios, el rescate de archivos referidos a la represión política y social ha sido una tarea liderada por “emprendedores de la memoria”. Con esta categoría refiere a los grupos sociales que han encarado la tarea de recuperar información para resolver casos individuales y llevar adelante las denuncias colectivas contra los responsables de los delitos cometidos durante regímenes dictatoriales. Ahora bien, para la misma autora, ese rescate no ha sido sin dilemas y tensiones; poniéndose en duda cuestiones tales como qué documentos tenía sentido reguardar, quién/es lo decidían, de quién/es eran esos registros, o cuál sería el límite entre lo público y lo privado. A lo largo de este artículo, se han descrito una serie de situaciones referidas a la búsqueda y hallazgo de material documental por parte de miembros del APM en dependencias policiales. A partir de ellas, se intentó dar cuenta cómo esas microacciones de los agentes involucrados transforman las propiedades, los usos y sentidos de tales objetos. Las inspecciones realizadas por miembros del APM en la manzana policial posibilitaron la transformación (el reciclaje) de los Libros de Guardia del CRE. Esos objetos dejaron de ser ‘despojos’ para convertirse en restos que, en el nuevo contexto, ‘hablaban’ de un pasado que era necesario y urgente buscar y recuperar. Recuperados por agentes especializados del APM, estos objetos se tornaron en otra cosa:

Significando lo que no son más, dan lugar al pasado […] el tiempo presente exige la presencia de estas cosas marcadas precisamente por lo que ellas perdieron, por lo que ellas no son más; el presente es la actualización de los restos, su reciclaje. (Villeneuve, 1990, citado en ^{Debary, 2017}, p. 112)

Trasladados al APM para su limpieza, restauración y resguardo, los Libros de Guardia adquirieron un nuevo “valor biográfico”: el de ser material probatorio de graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por ex miembros del Comando Radioeléctrico, entre los años 1976 y 1983. Stanley Cohen (citado en ^{Tiscornia & Sarrabayrouse-Olivera, 2004}) advierte que esos mismos registros que oprimen a los habitantes de un estado espiando y registrando sus más nimias acciones, al convertirse en documentos, pueden transformarse en la descripción y la prueba precisa de los crímenes del dominio totalitario. Producidos y rubricados por los propios agentes policiales, estos documentos portan lo que ^{Bourdieu (1996)} denomina “el verdadero poder creador del Estado”. En tanto contienen la palabra au torizada, legítima y oficial, se constituyen como medio probatorio de la existencia del delito. Es así que, al trabajar con este tipo de registros que se inscriben en el seno de perdurables prácticas burocráticas estatales, debemos cuidarnos de escindirlos analíticamente de los particulares procesos históricos que los generaron y de los diversos escenarios que los mismos contribuyen (en distintas temporalidades) a constituir.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que, en ese mismo proceso de selección y clasificación de material que fue resguardado, también “se descartó y destruyó una enorme masa de productos, de objetos” (^{Da Silva Catela, 2002}, p. 201). El mismo acto de conservar -de considerar un texto, una imagen, un documento, un testimonio merecedores de preservación- implica un conjunto de decisiones y prácticas que, si bien no son ingenuas, tampoco pueden considerarse necesariamente deliberadas o cuidadosamente planificadas. La comprensión del mundo de los archivos y sus documentos requiere, entonces, tener en cuenta el hecho de que estos no son “un simple repositorio organizado y preservado de una cierta manera, sino un espacio en el cual y a través del cual se atraviesan y conjugan relaciones sociales y formas de conocimiento que inevitablemente implican vínculos con formas de poder (^{Bedoya & Wappenstein, 2011}, p. 13). Tal como afirma Foucault (²⁰¹⁰ [1969]), si el archivo “es lo que puede ser dicho” también, y a su vez, es lo que hace que las cosas dichas no se amontonen en un conjunto amorfo y desarticulado… y no desaparezcan en el azar de accidentes externos.