Introducción
El departamento del Caquet1 es una intersección de mapas, es uno de los lugares privilegiados en biodiversidad, su cordillera es una de las “fábricas de agua” más importantes del planeta que, entre otras, nutre el sistema hídrico de la cuenca del río Amazonas2. También ha sido protagonista de olas extractivas y dinámicas productivas que han determinado el paisaje; primero la quina a finales del siglo XIX y el caucho a principios del siglo XX, posteriormente la ganadería (Ciro 2008; Ciro 2016a; Ciro 2009; Domínguez y Gómez 1990)3. En las últimas tres décadas, coexiste una relación coca-ganadería que ha determinado el rumbo productivo del departamento4 y que provoca que el Caquetá sea la segunda región más deforestada del continente (Campo 2012).
A este panorama hay que agregar que este territorio ha sido escenario del conflicto armado colombiano, dada la presencia histórica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)5, de bases militares colombianas y mercenarios estadounidenses, y de grupos paramilitares. Esta región se convirtió en el centro de operaciones del Plan Colombia y el Plan Consolidación cuyos objetivos fueron la lucha anti-insurgente y anti-narcóticos (Vásquez 2015)6.
Desde 2010, el Caquetá fue incluido en las rondas de negociación de contratos petroleros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las cuales dividieron todo el territorio caqueteño en más de 40 contratos de exploración y explotación, área disponible y por evaluar (Ciro et ál. 2016). Desde hace poco más de 3 años han llegado a la región 11 empresas petroleras, nacionales e internacionales.
Este traslape de mapas de recursos, de territorios de control de la guerrilla y de las fuerzas armadas del Estado, de presencia de organizaciones sociales, de bloques petroleros y de territorios cocaleros ha tenido un denominador común: el ejercicio de la violencia estatal representada en fumigaciones con glifosato sobre predios campesinos, hostigamientos y maltrato a pobladores rurales, desplazamientos, la militarización de varios territorios y la represión de la protesta campesina. No obstante, esta incursión petrolera se enmarcó en la coyuntura de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que ha influido en la dinámica de la movilización social, en el uso y la visibilización de la represión sobre los campesinos que defienden sus territorios, y deja en discusión el tipo de violencia estatal que se va a ejercer en el pos-acuerdo, cuando se espera un desescalamiento del conflicto armado.
¿Cuáles son los retos que enfrenta el Estado en la construcción de la paz en el Caquetá? ¿Cuáles son los obstáculos a la movilización social en defensa del agua en la Amazonia colombiana en el escenario de la locomotora minero-energética? Se busca responder estas preguntas a través del análisis del papel del Estado en la lógica extractivista, la manera como se desenvolvió la incursión petrolera y sus reacciones en la región. Para esto, se expone el contexto histórico en que el Estado colombiano ha hecho presencia en la región en términos de dinámicas extractivistas. Posteriormente se describen las tres etapas de la incursión petrolera en el Caquetá: la ejecución de la sísmica en Valparaíso, la llegada de las empresas petroleras al norte del departamento y los meses previos al Plebiscito por la Paz. Finalmente, se concluye acerca de los retos de la construcción de la paz en el Caquetá.
Este artículo es resultado de tres años de seguimiento y apoyo al movimiento regional de defensa del territorio que inició cuando la autora estaba en el Caquetá haciendo el trabajo de campo para su investigación doctoral sobre cultivadores de coca. Durante las entrevistas con campesinos y campesinas iniciaron los rumores de que las compañías petroleras iban a entrar al territorio y que había nuevas técnicas de extracción petrolera7. Desde que inició la incursión de las compañías petroleras, la respuesta del Estado ante el rechazo campesino fue una ola de violencia y represión, regida bajo los intereses de las empresas privadas y públicas de petróleos, como Emerald Energy, Canacol y el mismo Ecopetrol8.
El presente artículo plantea que la experiencia de la incursión petrolera en los últimos tres años en el Caquetá expresa, más que una ausencia del Estado, una combinación de lo público y lo privado en el diseño y ejecución de las políticas minero-energéticas, es decir, donde participan y se articulan actores públicos, su autoridad e intereses con empresas e intereses privados9. Por ejemplo, el Estado colombiano estableció el marco normativo e institucional para facilitar la llegada de las compañías petroleras a la región y adicionalmente fue el encargado de usar mecanismos de represión sobre los campesinos que se movilizaron, con el objetivo de defender los intereses privados de las compañías petroleras.
Por otro lado, este artículo describe las dinámicas de la incursión y de la movilización en defensa del agua en el Caquetá, para mostrar las tensiones que se presentan dentro de la movilización social en defensa del agua en medio del escenario de la agenda de negociaciones de paz.
En ambas dimensiones de estudio -el rol del Estado y la dinámica territorial de la movilización- se muestran los retos fundamentales para el logro de la “paz territorial” y la “paz ambiental” en el marco del pos-acuerdo10.
Última etapa del extractivismo en el Caquetá: la incursión petrolera (2010 en adelante)
Abordar la economía global del petróleo y su expresión en el Caquetá requiere pensar en primer lugar en cómo se articulan e integran espacios geográficos específicos a las economías globales. Sobre la economía extractivista del caucho en la Amazonia, Bunker desarrolló una propuesta que partía del análisis de la articulación amazónica con base en el análisis del sistema-mundo de Wallerstein, en la cual señalaba que la demanda del caucho y su explotación en forma de plantación tuvo raíces en las dinámicas tecnológicas, industriales y científicas que hacían parte del proceso de acumulación global de capital, en el cual las periferias ocupaban un lugar central, insertándose como fuente de mano de obra barata y de tierras de plantación (Bunker 1985, 69).
Bunker privilegió el análisis de las características materiales y espaciales de los lugares en donde se despliegan estas fuerzas expansivas del mercado. Por ejemplo, en la época de la extracción del caucho, un factor central fue el sistema de ríos de la Amazonía, que definió y moldeó las dinámicas de la explotación rentable a la que se adaptaron desde los recolectores, comerciantes locales y dueños de botes, hasta políticos y compañías internacionales (2003, 236).
En el Caquetá, los ejes de extracción no giraron en torno al río Amazonas de manera directa dada la dificultad de cruzar “los chorros” del río Caquetá hacia el Amazonas, pues estos se convirtieron en un obstáculo natural y las bases de operaciones de las empresas caucheras se establecieron en estos puntos11. A esto se le agrega otra particularidad de la distribución geográfica que condicionó la extracción del caucho, el tipo de árbol de hevea: un primer tipo que se ubicaba en los niveles bajos de la selva que requería de la recolección estacional por lo que las compañías esclavizaron a los indígenas como mano de obra que podía aguantar las condiciones de la selva y violentar a mansalva. De otro lado, había un tipo de hevea que era común en el piedemonte y era extraído con el corte del árbol y su completo “desangre”. Para esto se organizaban cuadrillas de trabajadores pagos no indígenas para explotarlos, ellos entraban y salían a territorios menos agrestes que la selva baja (Ciro 2008; Domínguez y Gómez 1990).
La violencia ejercida sobre los pueblos indígenas significó el desplazamiento y exterminio de miles de indígenas y la transformación del paisaje. Tras la caída de los precios del caucho por las plantaciones en Asia, las empresas caucheras en la Amazonia quebraron. En el Caquetá, el Estado colombiano cambió carreteras por tierras y repartió miles de hectáreas a las familias caucheras. Esto fue una semilla para los grandes latifundios caqueteños, entre ellos el de Oliverio Lara y su hacienda Larandia (Ciro 2008).
La ganadería fue una actividad que transformó el paisaje radicalmente; bosques del piedemonte y las selvas convertidas en grandes praderas ganaderas entraban en conflicto con la pequeña propiedad y los colonos (Ciro 2009). El Estado, con ayuda de las élites regionales del Huila, fue exitoso en la imposición del discurso de que el futuro agropecuario de estas tierras sería la ganadería. Por esta razón, los créditos agrícolas y programas de inversión rural como Caquetá I y II del Banco Mundial estuvieron condicionados sobre la base de que los campesinos debían dedicarse a la ganadería como forma de subsistencia12. En medio de los conflictos de una colonización que no era regulada, acompañada e impulsada por el Estado a favor de los colonos, se beneficiaron de esta los grandes propietarios. Es por esto que la coca llegó a finales de la década de 1970 y principios de 1980 a resolver la crisis agrícola de cientos de campesinos del Caquetá que encontraron en este cultivo la manera de sobrevivir en tierras donde no existían mercados agrícolas legales por falta de inversión, de formalización de tierras y de apoyo a la comercialización para los productos agrícolas.
Desde ese momento, el conflicto armado en la región se mezclaría con la economía global de las drogas, que tendría la expresión violenta más clara en la retórica de la “lucha contra las drogas” y la “lucha anti-insurgente” (Ciro 2016a; Vásquez 2015).
La incursión petrolera llegó tras una década de implementado el Plan Colombia-Plan Patriota- Plan Consolidación, que a su vez generó el detrimento de los derechos humanos en la región entre 2002 y 2010 (Vásquez 2015: ACNUR 2004) y después de una disminución radical de la intensidad del conflicto luego del cese bilateral de hostilidades entre el gobierno de Santos y las FARC desde las negociaciones de paz13.
Este hilo de actividades económicas regionales se ha caracterizado por hacer parte de dinámicas extractivistas, cuyos beneficios han sido esporádicos en las regiones sin un derrame económico significativo que implique un cambio en el bienestar de los pobladores de estas regiones14. Las múltiples actividades económicas que han articulado la Amazonia colombiana al mercado mundial (quina, caucho, ganadería, coca, por ejemplo) tienen expresiones particulares sobre su población, el espacio y las relaciones que se establecen con el Estado. A esta manera en que las diversas regiones se articulan a las dinámicas del capital global David Harvey denomina “ajustes espacio-temporales” del capital, es decir, respuestas de la lógica del mercado para resolver sus contradicciones y las expresiones específicas que tiene esto en el tiempo y en el espacio.
Una contradicción central del capitalismo es su incapacidad tanto de acumular continuamente por medio de la reproducción ampliada del capital como de usar los excesos de la sobreacumulación. Para resolver esta tensión se usan dos estrategias, por un lado la expansión temporal cuyo ejemplo es el funcionamiento de los futuros financieros y las diferentes herramientas de las bolsas de valores que transfieren ganancias y valores en el tiempo. Por otro lado, usa los “desplazamientos espaciales”, es decir la expansión territorial de relaciones de control de los mercados tanto para el consumo como para la explotación de recursos a lo largo del planeta. Estos últimos se refieren a los “ajustes espacio-temporales” que explican fenómenos como las guerras del opio y la explotación del caucho en la Amazonia y en su versión más radical se comprende como la acumulación por desposesión (Harvey 2007; Harvey 2004)15.
La economía global de las drogas y del petróleo son dos ejemplos más de dinámicas económicas que articulan diversas regiones del mundo de manera asimétrica, como señala Bunker, y que tiene una función dinamizadora del capitalismo. La materialización de los intereses petroleros en el Caquetá inicia una nueva etapa que se explica en el escenario del neoliberalismo, donde el Estado tiene un rol central, principalmente con relación a lo que concibe David Harvey como el arte estatal de construir mercados.
Pero a la vez que construye mercados, también el Estado crea ciudadanos para estos. En esta dirección Wacquant (2012) privilegia el análisis de la manera en que el Estado rediseña los límites y significados de las políticas de formación del mercado en relación con la sociedad: una maquinaria institucional específica que participa en la dominación del mercado con impacto sobre la ciudadanía16.
Es así que a la par que el Estado colombiano ha incentivado la formación de mercados en el Caquetá (el caucho, la ganadería, la coca y ahora el petróleo), también ha construido un discurso sobre el poblador rural de la Amazonia, del Caquetá o de las regiones frontera sustentado en discursos religiosos, civilizatorios y enmarcados en el escenario del conflicto armado y la colonización amazónica basados en las dicotomías civilizado-incivilizado, legal-ilegal, con raíces- sin raíces, rebelde-obediente (Serje 2005). En particular en el Caquetá, el estigma de “guerrillero” o “guerrillera” es generalizado y legitimó la violencia estatal que se ejerció en las últimas dos décadas.
En esta dirección, existen dos caminos: por un lado, defender la debilidad institucional del Estado (en el escenario neoliberal) dados los bajos presupuestos destinados al sector ambiental y la baja asignación de recursos a nivel territorial (Rodríguez, Rodríguez y Durán 2017, 87), por el contrario, resaltar el papel central que ocupa el Estado a la hora de crear nuevas articulaciones público-privadas (Hibou 2013). Adscribiendo este último escenario, el presente artículo argumenta que no hay tal Estado ausente o débil, sino que su constante y particular presencia durante el siglo XX ha mostrado que es central en la configuración histórica y económica de este departamento (Ciro 2008; Ciro 2009).
Este artículo se adscribe en la discusión que rompe con la dicotomía presencia-ausencia del Estado en el análisis de las dinámicas del conflicto y la construcción del Estado en Colombia, construida por las líneas de investigación del CINEP que proponen pensar en la presencia diferenciada del Estado en los territorios (González et ál. 2009). Esto parte de una idea no homogénea del Estado, que lo concibe más como un proceso histórico que como un fin teleológico (Bolívar 2010)17.
Estos estudios rebaten la tesis de la debilidad institucional presente en otros análisis como los de Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017, 87). Por ejemplo, con respecto al petróleo, la transformación institucional en el preámbulo de las rondas de negociación de contratos petroleros fue fundamental. El regreso al código de minas de 2001 (ley 685 del 2001) hizo que se facilitaran los mecanismos de obtención de títulos mineros, flexibilizando este proceso en detrimento del medio ambiente, del ordenamiento territorial y demás, sin la suficiente fiscalización. En el decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 se asume que el ordenamiento minero es diferente al territorial y se declaró al sector minero como de utilidad pública e interés social, quitándole a las autoridades regionales y locales la posibilidad de restringir la minería en sus territorios. Si bien hay enormes vacíos institucionales, no quiere decir que el Estado colombiano ha dejado de hacer presencia; la debilidad institucional debe ser matizada para poder incluir en el ejercicio argumentativo el significativo uso de la violencia y la represión del Estado colombiano sobre comunidades en defensa de su territorio. Es así que, tras el nuevo contexto de privatización de la empresa petrolera nacional (Ecopetrol), la fundación de la ANH y la priorización de la política de la locomotora minero-energética18, el Estado colombiano ha mostrado suficiente fortaleza institucional al articular nuevas formas de operar la combinación de lo público y lo privado, y como mostrará a continuación el caso del Caquetá, la represión como práctica estatal19.
Además de discutir el rol que asume el Estado en la incursión petrolera, este artículo busca analizar la dinámica de la movilización en torno a la defensa del agua, particularmente en el contexto de las negociaciones de paz20.
Con este fin, como lo señala Martínez (2014), se entiende el territorio no como un escenario en el que se desenvuelven los actores, sino como un elemento central en la configuración de estas tensiones y de la movilización. En palabras del autor,
se hace necesaria una diferenciación que facilite la comprensión de dos problemas conceptuales: el primero, el territorio como objeto de disputa política, es decir, lo que representaría el territorio y lo que se estarían jugando los sectores y organizaciones “locales”; el segundo problema a diferenciar, sería la forma de orientarlo colectivamente. Esta distinción tiene una intención analítica. El territorio, como objeto de disputa, es antecedido por la construcción y la identificación de una problemática que, a través de ejercicios colectivos e individuales, posibilitan procesos organizativos y de movilización. (2014, 25)
La movilización socioambiental es una situación cada vez más creciente en América Latina y está caracterizada por varios elementos: la territorialidad, la combinación de acción directa con acción institucional, la democracia asamblearia, la tendencia a la autonomía y el carácter policlasista. En particular, el territorio es un espacio donde se resignifican y se crean nuevas relaciones sociales (Svampa 2009, 38).
Para entender los límites y avances de la movilización en el departamento, es importante tener en cuenta dos territorios en los que ocurrieron la incursión petrolera y las movilizaciones. El primero, el piedemonte sur del departamento del Caquetá (Belén de los Andaquíes, Morelia, Albania) denominado La Costa Azul, caracterizado por la colonización capuchina, con colonos del sur del Huila, principalmente del Partido Conservador (Vásquez 2015, 47). Y por otro lado, el centro-norte del departamento, que articuló a los municipios de La Montañita, El Paujil, El Doncello y Puerto Rico, con un tipo de colonización más heterogénea, donde se reflejaron las contradicciones de la colonización ganadera, de influencia política del partido liberal pero también del partido comunista y la guerrilla de las FARC. Esta región, antes del Plan Colombia, estaba organizada bajo la estructura de juntas de acción comunal y núcleos comunales, formas organizativas comunitarias que fueron duramente perseguidas durante “la lucha contra las drogas” y el conflicto armado.
En el periodo pos-Plan Colombia, cuando se da la incursión paramilitar, estas formas de organización apenas se estaban reconstituyendo tras el embate de los actores armados. Ambos territorios, sur y centro-norte, hacían parte del mismo mapa de incursión petrolera que imponía la lógica estatal, pero respondió de manera diferente a esta. Ambas regiones tenían historias de configuración organizativa disímil21.
El inicio de la movilización: Valparaíso y el puente La Resistencia
“La paz nos va a permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto”, señaló el presidente de Ecopetrol en abril de 2016, dejando abierto un argumento que estaría presente en las conversaciones y preocupaciones de los pobladores del Caquetá en torno a la paz y el escenario extractivista que se venía fraguando desde 2010 (“La paz nos va a permitir” 2016).
En 2010, la negociación de las rondas realizadas por la ANH de bloques petroleros incluyó la cuenca Caguán-Putumayo, formada por 110.304 kilómetros cuadrados y que estimaba un potencial exploratorio para esta época entre 2200 millones de barriles por petróleo (MBP) y 225 MBP. Para 2017, hay poco más de 8 millones de hectáreas negociadas y en proceso de contratación como área disponible, reservada, en exploración y en evaluación técnica para la actividad petrolera en el Caquetá, repartidas entre 11 compañías petroleras, y más de 40 contratos petroleros han afectado los 16 municipios del departamento22. En octubre de 2016, paralelamente con la firma de los acuerdos de paz y la votación del Plebiscito por la Paz, terminó la etapa de exploración sísmica, después de tres años de intenso conflicto entre las comunidades rurales caqueteñas y el Estado.
A pesar de la movilización, esta incursión no ha sido la primera en el departamento. En 2010, Emerald Energy instaló el primer pozo petrolero en la inspección de Los Pozos-San Vicente del Caguán (“Un viaje al corazón de las tierras de las FARC” 2015). En 2012, este pozo fue atacado por las FARC y diversos hostigamientos a las caravanas hicieron que por un tiempo se paralizara la producción en el pozo Capella 1 (“Rechazo a ataque en Los Pozos” 2012). A su vez, Corpoamazonía23 y la alcaldía de San Vicente sancionaron y denunciaron esta explotación por construir fuera de la licencia ambiental, deforestar, contaminar y afectar fuentes hídricas.
Otro ejemplo de exploración petrolera en la región ocurrió en San José del Fragua, llevada a cabo por Alange Energy en la inspección de Yurayaco, de la cual también se han mostrado graves afectaciones sobre vertientes de agua, contaminación y desviación de ríos (Ciro et ál. 2016). Estos impactos negativos movilizaron a la población, quien a su vez acusó al ingeniero ambiental de haber engañado a la población diciéndole que no habría efectos negativos. Ante las quejas de contaminación, la empresa respondió que esta se había dado por fumigaciones con glifosato (Ciro et ál. 2016).
La movilización principal inició por cuenta de la experiencia de Valparaíso, en el sur del Caquetá, que provocó una reacción departamental en rechazo a la explotación petrolera. Los pobladores de la región se organizaron en las Comisiones por la Vida del Agua, unos ejercicios organizativos primordialmente rurales en defensa del agua ante la incursión extractiva. Este proceso organizativo fue acompañado por la Vicaría del Sur, una construcción sui generis de la iglesia en el país que combinaba la participación de grupos de laicos en un ejercicio pastoral (Uribe 1997, 32).
La Vicaría del Sur es la condensación de una historia de décadas de presencia de la iglesia en el Caquetá con actores como Monseñor Cuniberti24. En una apuesta por fortalecer la educación del departamento impulsó la fundación del sindicato de maestros, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), la Federación Agraria Nacional (FANAL), fundó un periódico y se comprometió con la defensa de los campesinos y campesinas ante el Estado.
Los métodos de la Emerald Energy buscaron romper el tejido social mediante el uso del rumor, de promesas de empleo o dinero, y de generar desconfianzas y enemistades entre la población afectada. A pesar de estas estrategias, el rechazo de las comunidades fue generalizado al negarse a la aceptación de la exploración sísmica25en todas las socializaciones del proyecto que requería la compañía petrolera para iniciar la evaluación.
A pesar de esto, Emerald Energy entró maquinaria para la evaluación sísmica, lo que provocó la movilización de los pobladores. En este primer momento, ocurrió el bloqueo del puente de la quebrada La Cacho e inició la defensa del territorio con la toma del puente de La Resistencia (Ciro et ál. 2016). Pese a la intervención del Consejo de Valparaíso, de la Gobernación del Caquetá, de la Alcaldía de Valparaíso, de Corpoamazonía, del representante de la Cámara, del presidente de la Cámara de Comercio de Florencia y de la Diócesis de Florencia, con el objetivo de impedir una confrontación directa entre la comunidad y las fuerzas públicas, dos días después, las tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) sacaron a los campesinos del puente, hirieron a tres personas y detuvieron a un joven. Desde ese primer momento, el Bloque el Nogal se convirtió en un foco de resistencia subregional26.
Se concreta la defensa del agua: hacia un discurso y una movilización departamentales
Una dinámica y a su vez un reto de la movilización por la defensa del agua en el Caquetá fue la construcción de un discurso departamental sobre esta preocupación, que superara las dificultades subregionales. Dado que todo el Caquetá había sido dividido en bloques petroleros para la evaluación, exploración y posterior explotación, el compromiso y las afectaciones no se reducían a un solo lugar en específico, sino que afectaba a gran parte de la región más poblada del departamento. Para eso, poco a poco se fueron tejiendo redes de articulación subregional.
En 2015, hubo una primera convergencia de intereses subregionales en torno a la preocupación por la incursión petrolera. Una primera se construyó entre el sur del departamento y Florencia, cuando hubo rumores del contrato VSM32 de Emerald Energy para exploración en el Caraño. Siendo esta un área de cuenca del acueducto de la ciudad, prendió las alarmas de diferentes sectores, principalmente de los campesinos que vivían en las áreas rurales de la capital.
Estudiantes y profesores también fueron actores de esta primera convergencia. Esta articulación de la movilización Valparaíso-Florencia se concretó también debido a los acercamientos entre la Universidad de la Amazonia y las organizaciones rurales de Valparaíso, pues estudiantes y profesores hicieron parte de la evaluación de los impactos, concientización y valoración de líneas base de los territorios que iban a ser intervenidos por las petroleras.
A raíz de esto, se propiciaron reuniones entre actores políticos, universitarios y organizativos de estas dos áreas y crearon la Mesa Departamental por la Defensa el Agua y del Territorio (MEDDAT), lo que le otorgó a la movilización un carácter menos local.
A partir de esta convergencia (Florencia-Valparaíso), se fortaleció un discurso regional en defensa de la tierra y del agua por fuera de los límites del sur del departamento y se concientizó a la población de la inminente llegada de las empresas petroleras a hacer sísmica, pues los mapas mostraban claramente los contratos petroleros en todo el territorio caqueteño. Entre otras cosas, la población argumentó la defensa del territorio por la presencia de un cedro y un primate que hacen parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Ciro et ál. 2016, 429). También señaló su situación de víctimas pues la empresa china Emerald Energy firmó contrato de exploración y producción con la ANH en una zona que había sido duramente afectada por la incursión paramilitar entre el 2000 y 2006.
No obstante, los siguientes lugares para la exploración sísmica fueron algunos municipios en el centro y norte del departamento -El Doncello, Puerto Rico, La Montañita y El Paujil- que obedecían a dinámicas organizativas y comunitarias propias con menos influencia de la Vicaría del Sur, de las Comisiones por la Vida del Agua y de la MEDDAT, cuyas raíces estaban en el sur del departamento.
En estos nuevos municipios, dos bloques petroleros fueron la fuente de la disputa entre las compañías petroleras, el Estado colombiano y las comunidades rurales: Portofino en beneficio de Canacol Energy -de contratación directa y que cubría 104 mil hectáreas27- y Cardón de Ecopetrol, que había sido negociado en la nominación 2012 y comprendía 113 mil hectáreas. En este proyecto, la compañía petrolera buscaba confirmar la presencia de petróleo o de gas en poco más de 24 mil hectáreas, sobre 23 veredas y 2 inspecciones. Para esto se le adjudicó el permiso a Canacol de captar agua superficial del Río Anaya y la Quebrada El Doncello, por medio de motobombas y carrotanques28.
Para que los nuevos municipios se articularan a la dinámica de la MEDDAT que tenía influencia en el sur y en Florencia, los demás municipios crearon mesas municipales conformadas por campesinos y campesinas, pero también personas de las cabeceras municipales preocupadas por el tema. En esta dirección surgieron las mesas del agua de Paujil y de Puerto Rico. En ambas mesas se rechazó la incursión petrolera y se demandó la defensa de los recursos hídricos, la producción agropecuaria de la región, y se exigió una posición contundente ante la incursión petrolera de la gobernación, las alcaldías y las autoridades locales.
La movilización en el centro y norte se llevó a cabo de manera diferente. Una de las diferencias entre la evaluación sísmica en el sur y la del centro-norte fue el tipo de procedimiento que se usó. Mientras en Valparaíso se utilizó la sísmica 3D basada en explosiones dentro de la tierra, en el norte del departamento se usaron vibros, unas máquinas que por medio de ondas vibratorias controladas hacia la tierra generan información sobre los hidrocarburos. Además, los procesos de socialización de los proyectos se venían realizando años atrás, en silencio y sin suficiente organización campesina que mostrara reacciones del impacto de estos proyectos. Por ejemplo, en una reunión de socialización de Petromont, contratada por Petroseismic, participaron profesionales de la compañía petrolera que serían en un futuro secretarios del gabinete del gobernador del departamento. En el acta firmada, se informó que se había dado dinero a la comunidad para el mejoramiento de un puente, un equipo de sonido, sillas de plástico y aportes pequeños para obras (Alcaldía de El Doncello 2013). En entrevistas realizadas a campesinos y líderes políticos, estos señalaron que hubo engaños en la socialización, por ejemplo, para obtener las firmas y hubo presión a los campesinos para obtener permisos de entrar a sus tierras.
Otra diferencia de la movilización fue la participación activa de algunas alcaldías. Esto ocurrió con las alcaldesas de El Doncello y El Paujil, la primera radicó una solicitud de audiencia pública ambiental para Portofino Sur, a la cual no llegaron los delegados de Ecopetrol que habían sido convocados; la segunda expidió un decreto que prohibía el tránsito de maquinaria petrolera en su municipio. La tensión tanto en El Doncello como en El Paujil y Puerto Rico buscaba evitar la llegada de la maquinaria y después impedir su traslado dentro de estos municipios, lo que generó graves enfrentamientos entre los campesinos y la fuerza pública, principalmente con el ESMAD (Ciro 2016c).
Ninguno de estos procesos estuvo exento de amenazas. Por ejemplo, en marzo de 2016 tras la reunión de los representantes de la mesa regional en Las Camelias, unos delegados fueron seguidos por personal desconocido, también aparecieron panfletos amenazantes en las casas de concejales de El Doncello y Puerto Rico.
En medio de un creciente escenario de tensión, un momento clave fue la marcha carnaval del agua, en la que los 16 municipios del departamento se movilizaron junto con otras capitales del país el 3 de junio de 2016. Estas se convirtieron en un ejercicio histórico debido a que movilizaron a la población que vivía tanto en las zonas rurales como en las cabeceras municipales, dejando en la discusión pública del departamento el tema de la defensa del agua.
La marcha más relevante se convocó por parte de la MEDDAT el 3 de junio del 2016 e involucró los 16 municipios del Caquetá29. En redes sociales se compartían las fotos de la maquinaria entrando al departamento y se celebraba un año de la resistencia pacífica del puente La Resistencia. Los organizadores reunieron donaciones para hacer una extensa convocatoria en emisoras, viajes de conformación de mesas municipales por todo el territorio e iniciaron gestiones para asegurar la participación de diversos sectores de la población civil y de organizaciones sociales, como la Asociación de Instructores del Caquetá (AICA) y las asociaciones de comerciantes y los alcaldes de El Paujil, El Doncello, Valparaíso y Belén (“Caquetá se movilizó en defensa del agua y el territorio” 2016; “Histórica marcha contra las petroleras en Caquetá” 2016).
La marcha fue histórica por la capacidad de movilizar por primera vez y el mismo día a todos los municipios del departamento en torno al tema de la defensa del agua y del territorio. En Florencia, la movilización fue muy significativa porque marcharon diversas banderas políticas y empresariales entre estudiantes, profesores, sindicatos, comerciantes, grupos ambientalistas y representantes de partidos políticos, los tradicionales y de oposición -Liberal y Conservador, el Partido Verde y el Polo Democrático-. También lo hizo la asamblea municipal, concejales y los representantes a la Cámara por el Caquetá30. El objetivo de exponer pública y masivamente el rechazo a la explotación petrolera a nivel departamental se logró; el balance de varios de los voceros de la MEDDAT fue positivo (Ciro 2016d).
Aumento de las tensiones entre el gobierno y los pobladores del Caquetá: preámbulo del Plebiscito por la Paz
Si la primera ola de incursión petrolera tuvo como protagonista el sur del departamento, la segunda ola (agosto-septiembre) movilizó a la subregión del norte, es decir, los municipios de El Paujil, El Doncello y Puerto Rico en los mencionados bloques Portofino y Cardón. Pero esta segunda movilización tendría diferencias con la de la primera subregión: las Comisiones del Agua no tenían presencia en la región ni la Vicaría del Sur, por lo que las dinámicas de movilización dependieron de las juntas de acción comunal y otras organizaciones campesinas que buscaron mecanismos de resistencia evitando la entrada de la maquinaria y saboteando su instalación.
Las tensiones aumentaban entre los actores: por un lado, diversas entidades rechazaron la incursión petrolera y denunciaron el irrespeto del gobierno nacional a las funciones de los alcaldes y garantías de los municipios, por ejemplo, llamando la atención sobre la falta de socialización de los proyectos petroleros con gobiernos locales y las comunidades. Además advirtieron el riesgo en el que se ponía la biodiversidad, al igual que la revictimización que sufrían los campesinos que habían sido víctimas del conflicto armado y que después de volver a sus tierras, debían enfrentarse a la exploración petrolera en sus fincas31.
Los y las campesinas amenazaron con bloquear las vías para impedir el paso de la maquinaria de la sísmica y a la par insistían en el carácter amazónico del territorio caqueteño. También resaltaban que eran víctimas del conflicto, al señalar que, por ejemplo, habían pedido al Estado ayuda frente a la presencia de grupos armados como paramilitares y guerrilla, y no habían sido escuchados, pero que durante la extracción petrolera, el ESMAD hacía presencia para proteger los intereses de las petroleras en contravía de las demandas campesinas. Las críticas fueron muy duras con el gobierno de Juan Manuel Santos, al que se le señalaba de imponer la locomotora minero-energética sin consultar con los pobladores32. Las comunidades campesinas también se quejaron por la restricción a la movilidad que impuso el ejército dentro de las veredas y alertaron de los daños del trabajo de la maquinaria con vibros y explosiones, lo que desembocó en más rechazo.
Paralelamente, los campesinos desarrollaron estrategias pacíficas de bloqueo y saboteo como desconectar los cables de la vibración, pero la llegada del ESMAD terminó por generar más tensiones. Por ejemplo, en agosto de 2016 en la vía hacia Rionegro en El Doncello, se enfrentaron campesinos y policías después de un operativo de Ecopetrol que intentaba hacer la evaluación sísmica.
En estos bloqueos participaron hombres y mujeres, y ante este escenario las autoridades locales hicieron consejos de seguridad y se analizaron medidas de orden público. A pesar de esto, ninguna autoridad respondió sobre quién daba la orden al ESMAD y al ejército de atacar a los campesinos y campesinas, dado que había múltiples denuncias de disparos contra los campesinos y de fuerza desmedida.
Después de la suspensión de las operaciones por los conflictos, Ecopetrol envió una carta al Gobernador del Caquetá informando que se reactivaban operaciones en El Doncello, El Paujil y Montañita para el estudio Geofísico de superficies de Cardón 2D, cuya presencia era transitoria y no se afectarían los perímetros urbanos33.
Como respuesta a la represión y al aumento del conflicto, se organizó el primer “Foro Municipal Departamental en Defensa del Agua, el Territorio y la Dignidad Amazónica” con presencia de defensores de DDHH y del agua, miembros de la Unión Sindical Obrera, profesores e investigadores universitarios y diversas organizaciones campesinas. Posteriormente se hizo el “Primer Foro Comunitario por la vida, el agua, el territorio y la biodiversidad como medida de adaptación al cambio climático” en Solano, en el que participaron 75 juntas de acción comunal y se hizo un simulacro de consulta popular preguntándole a la gente si estaba de acuerdo o no con proyectos extractivistas en su territorio: obtuvo la mayoría el NO en una votación de 215 contra 2 votos.
En estos foros se socializaron las experiencias de Valparaíso y las enseñanzas en torno a la acción colectiva y las estrategias de las empresas petroleras. Los comunicados redactados acerca del evento señalaron la preocupación de los campesinos por ser considerados terroristas y la necesidad de implementar proyectos silvopastoriles y agroforestales para atacar la deforestación. Ante esto, la MEDDAT y las organizaciones ambientalistas afirmaron la necesidad de combinar la resistencia civil de bloqueos, paros, movilizaciones, cierres de paso a maquinarias y desconexión de cables con el uso de herramientas jurídicas que les permitieran impedir el acceso de la sísmica como la consulta popular, las acciones populares, demandas a las compañías, derechos de petición y demás, al igual que la importancia de la movilización y la organización.
Para denunciar las hostilidades del ESMAD y la negativa de la población a la evaluación sísmica, se organizaron movilizaciones y paros en El Paujil y El Doncello, en los que participó activa y masivamente la población. El conflicto entre comunidades y fuerza pública se mantuvo en agosto y septiembre de 2016 cuando los enfrentamientos en la zona rural se trasladaron al casco urbano de El Paujil (“Toque de queda en el Paujil” 2016; “Gigantescas concentraciones” 2016; “Campesinos se movilizan para rechazar” 2016). Esto obligó al gobierno nacional a buscar disminuir las tensiones, por lo que se organizó una comisión que incluyó al presidente de Ecopetrol y el presidente de la ANH, acompañados de actores políticos regionales. Por parte de la comunidad, había estudiantes, alcaldes, profesores universitarios, dirigentes campesinos y, en general, población rural. Los actores locales denunciaron la falta de socialización de los proyectos, el temor sobre las afectaciones de la sísmica a los sistemas hídricos y la violencia con que el ESMAD había tratado a los pobladores, uno de ellos afirmó “nos están matando, a los campesinos en pleno proceso de paz”34. Ver Imagen 1
![](/img/revistas/rci/n93//0121-5612-rci-93-00147-gf1.jpg)
Nota: La preocupación de los caqueteños ante la incursión petrolera se expresó de diversas formas, una de las más representativas fue a través de los grafitis y mensajes en las paredes. El título de este artículo es precisamente uno de los mensajes encontrados en una pared en Florencia y la foto resume la tensión entre la contraposición de agendas en medio del Plebiscito por la Paz. Fotografía de la autora.
Imagen 1 Grafiti en Florencia en el marco de las movilizaciones por la defensa del agua y del territorio
La reunión se hizo más difícil cuando intervino el director de Ecopetrol cuyas declaraciones habían aumentado la inconformidad de los pobladores del Caquetá (“La paz nos va a permitir” 2016) y dejaría explícito el dilema político que se vendría construyendo por los opositores al Plebiscito por la Paz en el departamento: paz o petróleo. El Foro mostraba la convergencia de las dobles coyunturas en el Caquetá, un choque de agendas de diversos actores en el territorio que se hacía evidente: las negociaciones y firma de los diálogos de paz y la defensa por el agua en el territorio caqueteño.
Esta confrontación discursiva y directa con las autoridades estatales y la represión de la fuerza pública sobre las poblaciones que cerraron el paso a la maquinaria contrastó con la debilidad de las mesas del agua en estos territorios o de otras dinámicas organizativas que pudieran servir como catalizador a la preocupación generalizada de los campesinos por la evaluación sísmica en sus territorios. Las organizaciones históricas que hacían parte del ordenamiento social del centro y norte del departamento no respondieron (como las juntas de acción comunal, los núcleos o los comités ambientales de las mismas) ante la preocupación evidente de las comunidades y las comisiones por la vida del agua, que eran expresiones específicas del sur (Morelia y Belén principalmente), no tenían la legitimidad suficiente para actuar en el centro-norte con la misma fuerza que lo hacían en su región. Estas tensiones se harían más visibles durante la cercanía del Plebiscito por la Paz, como mostraremos a continuación.
Paz o petróleo: los dilemas ambientales durante el Plebiscito por la Paz
“Estamos cerca de terminar una guerra de 50 años, no podemos empezar una nueva”35
La resistencia de Valparaíso y la incursión petrolera en el norte del departamento fueron la primera y segunda etapa de la movilización en defensa del agua en el Caquetá. La tercera etapa de esta coyuntura consistió en la culminación de los contratos de sísmica por parte de las petroleras y los debates regionales en medio de la dinámica electoral del Plebiscito por la Paz entre septiembre y octubre de 2016. El argumento de que se negociaba con las FARC, pero se golpeaba a los campesinos fue un reclamo generalizado en todo el Caquetá.
En el Foro realizado en El Paujil se había concretado la creación de una mesa del alto nivel de toma de decisiones y de diálogo entre el gobierno, conformada por representantes del ministerio de defensa, de medio ambiente, del interior, las autoridades ambientales y las comunidades para construir una agenda con cronogramas y resolver el conflicto. Esta propuesta ejerció una presión sobre la mesa departamental por la defensa del agua, que logró atraer la conformación de diferentes mesas municipales, dando respuesta a las enormes preocupaciones de los campesinos por la invasión de sus fincas, el temor por las afectaciones hídricas y la presencia de las maquinarias.
Al final, lo que logró el Estado con la invitación de la mesa de alto nivel fue la dispersión de la movilización social. En las reuniones que se hicieron en Bogotá participaron principalmente profesores universitarios y voceros de la MEDDAT, con insuficiente representación campesina y subregional.
A esto se le debe agregar que a la MEDDAT le fue difícil materializar una influencia efectiva en el norte del departamento que les diera herramientas suficientes a los campesinos y campesinas sobre estrategias de defensa práctica y jurídica ante el embate petrolero, y fuera un espacio de movilización legítimo para estos, principalmente movilizando las juntas de acción comunal y los comités ambientales dentro de estas.
Las razones de esta debilidad eran varias: estos territorios del centro-norte tuvieron mayor influencia histórica de los procesos organizativos campesinos que no correspondían a los de la Vicaría del Sur, es decir, no se vieron influenciados por la dinámica de movilización de este actor, y en muchos escenarios no convergían ni ideológica ni políticamente.
Por ejemplo, el Caquetá había sido uno de los departamentos donde Óscar Iván Zuluaga había ganado en las elecciones presidenciales contra Juan Manuel Santos en 2014, y la alcaldía de su capital había sido ganada por el Centro Democrático (Tabla 1)36. Con este precedente, las aspiraciones para que el Plebiscito por la Paz lograra una votación mayoritaria por el sí era complicada.
Los contradictores políticos del proceso de paz en la región empezaron a capitalizar y consolidar, antes del plebiscito, los argumentos de que el proceso de paz era primordialmente una herramienta para garantizar la salida de los actores armados y la pacificación de la región para asegurar la extracción de recursos del Caquetá. Además agregaban que con el daño ambiental del Caquetá se iba a pagar el posconflicto, por ejemplo al hacer presupuesto de las ganancias del petróleo que entrarían a las cuentas nacionales, buscando usar políticamente la lucha por la defensa del agua y la inconformidad con el gobierno de Santos, para generar más desconfianzas entre sectores que apoyaban el proceso de paz.
Así se creó el falso dilema de paz o agua y se extendió la idea de que apoyar los acuerdos era votar por Juan Manuel Santos. Algunos actores políticos opositores al proceso se introdujeron en el debate del Plebiscito por la Paz, aumentando el clima de polarización y desconfianza que confundió a la población37. El discurso construido en torno a la defensa del agua se vio alterado por la coyuntura electoral y la manera que entró en el debate fue en contravía a la paz, es decir, se constituyó como una agenda alterna38.
Este escenario de conflicto también generó cuestionamientos sobre el papel de las FARC en esta coyuntura, su relación con el medio ambiente y el futuro de los territorios caqueteños sin los órdenes guerrilleros. Dentro de la región las dos agendas, de la paz y del agua, se convirtieron en un dilema de afinidades políticas, que adoptaron todos los actores políticos, inclusive las FARC. Uno de los comandantes políticos regionales de la guerrilla antes de la firma del Plebiscito por la Paz respondió a la pregunta sobre su posición ante el movimiento en defensa del agua en el Caquetá replicando el dilema paz-petróleo al señalar que se vivían dos procesos históricos distintos: uno coyuntural, relacionado con el fenómeno minero-energético; y el otro de atraso en términos de infraestructura, salud y educación 39. También agregó que hay una doble mirada del problema ambiental, una para la sísmica y otra para la extensión de la gran ganadería40.
En septiembre de 2016, terminaron los contratos de sísmica en medio de los últimos enfrentamientos del ESMAD con los campesinos y de compromisos (incumplidos) de suspensiones de exploración y evaluación por parte del gobierno nacional. El último municipio de incursión petrolera fue La Montañita, donde un plantón pacífico campesino quiso impedir el paso de la empresa Petroseismic al reclamar poca socialización del proyecto, daños en infraestructura rural e impactos en los ecosistemas amazónicos, a lo que ESMAD respondió lanzando bombas y gases lacrimógenos indiscriminadamente, golpeando a hombres y mujeres, y atacando sus propiedades como motos y casas. Para octubre, los contratos de sísmica ya se habían cumplido y las compañías se fueron, por lo menos por ese año.
Así, el movimiento de defensa del agua fue influenciado por el mapa político del Caquetá con procesos organizativos disímiles tanto en el norte como en el sur y le fue difícil consolidar una representación y comunicación entre ambos. Por ejemplo, a pesar de que no se consolidó la representación dentro de la mesa de las diferencias territoriales del Caquetá, los pobladores rurales siguieron resistiendo y en algunos lugares encontraron en la formación de mesas un ejercicio de reflexión y activismo ambiental municipal. No obstante, no pudo consolidarse un ejercicio asambleario o participativo generalizado que permitiera la toma de decisiones con mayor legitimidad.
Los territorios como objetos de disputa no son estáticos, sino que están en un diálogo constante con sus formas organizativas históricas, las coyunturas -en este caso la incursión petrolera- y agendas políticas paralelas que surgen (en este caso la del Plebiscito por la Paz). Los propios discursos de defensa del territorio tampoco son inamovibles, sino que son susceptibles de transformarse y de ser usados de manera diferenciada por los actores políticos que hacen parte de estos territorios.
Comentarios finales
Los “ajustes espacio-temporales” del sistema capitalista en la Amazonia en la última década se han basado en la extracción del petróleo. Esto no sólo configura un nuevo tipo de mercado en la región, sino una nueva manera en que el Estado colombiano se relaciona con sus ciudadanos. En este mercado en particular, el uso de la violencia por parte de la fuerza pública para asegurar la evaluación sísmica aumentó la desconfianza de la población con el gobierno e incentivó el rechazo a las campañas por el sí al Plebiscito por la Paz impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ahora, no sólo el mercado delimita nuevas ciudadanías, como afirma Wacquant (2012), sino también moldea las nuevas formas en las que hombres y mujeres interpretan a este Estado neoliberal, en este caso, las maneras en las que los pobladores de los territorios ante la incursión petrolera -el mercado en construcción- entienden la autoridad estatal, sus violencias, negocian con el estado o lo rechazan. Por ejemplo, ante este escenario de imposición de actividades extractivas en las regiones sin consultar con la población, exige que el Estado genere interfaces de diálogo horizontales, legítimas y confiables con las regiones, en las que la participación sea un ejercicio central para discutir el futuro regional. Por eso se deben sustituir las dinámicas de gran parte de la presencia estatal en esta región, basadas en talleres realizados por organizaciones nacionales o internacionales que establecen agendas y desarrollan temas de políticas públicas, sin una base institucional consolidada, continua y territorial. Por el contrario, debe apuntarse a permitir ejercicios horizontales estado-ciudadanos de participación política plena y efectiva.
A mediados del siglo XX, el Estado colombiano junto con el Banco Mundial, en medio del Programa de Colonización Dirigida para la Amazonia, consolidaron un discurso regional que convertía al Caquetá en tierra ganadera, financiando e incentivando a los colonos para que se dedicaran a esta actividad. Décadas después, la región está sufriendo las consecuencias de la proyección del territorio caqueteño como ganadero a través de los conflictos de acceso a la tierra de los campesinos, y de la praderización de la selva amazónica, con daños graves sobre el ecosistema amazónico. Hay que agregar también que la siembra de coca es sólo resultado del fracaso institucional por consolidar fuentes dignas de bienestar en la economía campesina regional.
Estos son ejemplos de construcción de mercados por parte del Estado colombiano, que en este caso privilegian el extractivismo. Es por esto que, al contrario de la idea de su debilitamiento institucional, la historia ha mostrado una presencia constante, trascendental y definitiva de este en la región. Es importante precisar que esta idea de un Estado heterogéneo y no monolítico, no puede confundirse en la idea de que es débil o no violento o caótico, que comete errores por su propia naturaleza de falta de articulación. Lo que muestra el caso caqueteño es que, a pesar de la heterogeneidad del Estado, este no renuncia al uso de la fuerza que sigue siendo eficaz para sus intereses.
La reflexión sobre esta creación de mercados dentro del capitalismo y de esta nueva combinación público-privado para la incursión petrolera en el Caquetá no estaría completa si no se hace un análisis del ejercicio de la violencia estatal en estos territorios. En todo el país se discute acerca de la entrada de nuevos actores violentos a los territorios donde hacían presencia las FARC, pero no se discute que el mismo Estado colombiano va a ser uno de los actores que encontrarán nuevas condiciones para el ejercicio de su violencia y de su autoridad territorial en el pos-acuerdo, por ejemplo al imponer usos del suelo, contratar compañías petroleras y proveerles seguridad a través de las fuerzas armadas como la policía, el ejército y el ESMAD. Esto atenta contra su propia legitimidad y es una experiencia que influye en la forma como las comunidades rurales caqueteñas perciben al Estado colombiano. En el escenario de la implementación de los acuerdos, donde uno de los principios es la construcción de la confianza entre comunidades y Estado, es urgente desactivar los mecanismos de violencia, fortalecer el diálogo y las autonomías de las comunidades, pues la incursión petrolera no se ha suspendido y, al contrario, se introducen nuevas fases como la de la explotación.
Ahora, por otro lado, el elemento territorial es fundamental. La discusión y confrontación con la incursión petrolera del Caquetá tuvo diversas expresiones. En muros en Florencia y otros municipios como El Doncello y El Paujil, fueron escritos mensajes en defensa del territorio y el agua (Imagen 1), y el Colono de Oro, el máximo festival de música caqueteña, se le otorgó a la canción “El discurso del progreso”, que planteaba el dilema que sufría el Caquetá. De este proceso de defensa ambiental también surgió el documental “La vida es de los arriesgados”, que visibilizó a nivel nacional lo que venía ocurriendo en el sur del departamento41. Es decir, a lo largo del proceso de movilización, el discurso de la defensa del agua fue construyéndose e impactando el departamento, llamando la atención a sectores que antes no se habían movilizado.
La política minero-energética afectó a todo el departamento y construyó un discurso departamental de defensa del agua, pero se expresó en términos organizativos de manera diferenciada tanto en el sur como en el centro-norte influidos por el papel de la iglesia, de formas organizativas campesinas de tiempo atrás y bajo las tensiones heredadas del conflicto armado. La disrupción definitiva fue el uso del discurso de la defensa del agua por diferentes sectores para disuadir el voto en contra del Plebiscito por la Paz, planteando una disyuntiva entre la paz o el agua, que se replicó entre los actores locales. ¿Puede la preocupación regional por la defensa del territorio transformar estas desconfianzas históricas en un espacio de convergencia ante la incursión extractivista?
A pesar de las tensiones dentro del movimiento, no está de menos señalar que se constituyó como un acercamiento histórico entre campesinos en el norte y el sur en la defensa del territorio y que, a su vez, la violencia del Estado colombiano y la polarización política del Plebiscito por la Paz afectaron este acercamiento. La construcción de un discurso ambiental caqueteño de reinvindicación de lo amazónico, presente en las movilizaciones, en las noticias, en el discurso político y en la agenda electoral, no había sido antes tan exitoso, ni dejado huella como una preocupación presente en la opinión pública y en la conversación cotidiana de todos los actores. No obstante, hay diferencias regionales en la manera de apropiarlo. Para el futuro, el éxito de la defensa del territorio ante esta nueva ola extractivista, que sería una ruptura histórica y radical para la región, exige la construcción de un discurso departamental incluyente en torno al medio ambiente, no sólo del petróleo sino sobre las actividades económicas ganaderas, la protección de las cuencas hídricas y el ataque a la deforestación. Con esto un mecanismo o instrumento de articulación comunitaria que dé respuesta a estos retos.
La tarea es, entonces, trabajar en las desconfianzas históricas que diferentes grupos, organizaciones, campesinos y campesinas han acumulado en años de guerra. El pos-acuerdo regional, la construcción de una paz ambiental caqueteña no atraviesa sólo la relación de la sociedad con la naturaleza sino la construcción de diálogos de acercamiento y reconciliación de todos los actores (iglesia, guerrilla, campesinado, autoridades locales, juntas de acción comunal, mesas del agua, núcleos, comités ambientales, etc.) que no obvien las diferencias, pero sí fortalezcan los denominadores comunes. Una de las características de los movimientos socioambientales de América Latina es el carácter asambleario (Svampa 2009, 39) -inexistente en el proceso del Caquetá-, que podría ser una herramienta que dé la vuelta a las herencias organizativas que impiden que el mapa de resistencias a la incursión petrolera sea del mismo tamaño al que impone el Estado colombiano: el del Caquetá.
La forma en que se organizan colectivamente los territorios en el conflicto se da por las amenazas a sus formas y espacios de vida (Martínez 2014), pero también depende de las dinámicas organizativas y comunitarias heredadas o presentes en el territorio, que les ofrecen una lectura, un marco de acción y una legitimidad a las acciones de ciertos actores, voceros y decisiones. Cuando esta legitimidad no existe, a pesar de que las preocupaciones e intereses de defensa del territorio converjan, la movilización social va a ser debilitada y desordenada. Los mecanismos de acción también se construyen sobre el pasado, es decir, las bases y tensiones históricas territoriales que moldean las organizaciones comunitarias; estas dialogan con los retos del presente, para convertirse tanto en dinamizadores como en obstáculos de los procesos de movilización.