Evolución del Concepto de Patrimonio Cultural: La Monumentalización y el Pensamiento

La palabra patrimonio tiene históricamente una connotación económica. Según la RAE, el término proviene del latín patrimonium y tiene dos definiciones: "hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes" y "conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título" (^{RAE, 2020}). La consulta en diccionarios etimológicos arroja que se trata de un "conjunto de bienes familiares, generalmente raíces, que son de la titularidad jurídica de un jefe de familia, herencia, dote", cuyos componentes léxicos son "pater (padre, jefe de familia) y -monium (sufijo especializado en designar un conjunto de actos o situaciones reales y jurídicas)" (^{Diccionario etimológico castellano en línea, 2020}).

Al hablar de patrimonio cultural, la definición institucional es la de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco): "es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio" (Unesco, s.f., p. 132). El patrimonio cultural abarca las dimensiones natural, material e inmaterial y designa recursos frágiles que demandan políticas y modelos que garanticen su conservación "y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables" (p. 132).

Se resalta la dimensión colectiva de aquellos elementos heredados que permanecen en nuestra memoria^[5] y que nos hacen responsables de entregarlos en buen estado a nuestros sucesores. También se reconoce el patrimonio cultural como "esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible" (Unesco, s.f., p. 132). Este carácter utilitario ha evolucionado conceptualmente como un objeto ajeno al espectador; su valor estaba definido por expertos y era apreciado desde la distancia (monumento). Actualmente está asociado a la identidad de los habitantes y de ellos depende su conservación y permanencia en el tiempo.

El primer momento en la evolución del concepto lo constituye la Convención de 1972 de la Unesco, donde los Estados se comprometen a promover la protección de lugares (centros históricos, inmuebles individuales, reservas naturales) que por sus características son considerados únicos y representativos; en el caso colombiano, el cuerpo normativo adoptó el título de 'Monumento Nacional', vigente hasta 1997.

En Colombia, el segundo momento fue el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del país, consignada en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la que se reconocen los derechos de las minorías y las expresiones de su visión del mundo, facilitando la divulgación de diversas manifestaciones locales. La creación del Ministerio y la promulgación de la Ley General de Cultura (Ministerio de Cultura, 1997) que, con modificaciones, permanece vigente, promueve la construcción de un compendio de decretos que reglamentan la protección del patrimonio cultural del país. En este momento, la categoría de monumento nacional está siendo reemplazada por la de 'bien de interés cultural' (BIC).

En 2003, la Unesco celebró la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial; desde ese momento, los saberes y manifestaciones de los grupos humanos comenzaron a ser reconocidos como parte de la herencia colectiva y fueron la referencia para que los Estados miembros de la Unesco pudieran actualizar su legislación a las dinámicas existentes.

Es así como la valoración y el reconocimiento del patrimonio cultural en Colombia ha tenido una evolución "del monumento al pensamiento"^[6], del reconotimiento de hechos físicos a la valoración de manifestaciones representativas de los grupos humanos. En los últimos años ha sido evidente que los procesos de patrimonialización traen riesgos -por ejemplo, la gentrificación y la turistificatión^[7] -, cuando no existe un manejo adecuado, que pueden derivar en la invisibilización de los valores patrimoniales bajo la creación de imaginarios para el visitante (^{Costa y Alvarado, 2019}).

La transformación del concepto de patrimonio cultural (fundamental para el concepto de memoria colectiva) es una discusión planteada por la permanente inclusión de elementos aportados por ejercicios como el que se está desarrollando en Usme, que contribuyen a su resignificación y que, desde hace un tiempo, coincidiendo con el inicio de los procesos de valoración del patrimonio cultural inmaterial, obligaba ponerse en el lugar de las comunidades y plantear alternativas para su participación como gestoras y beneficiarias.

El Borde como Espacio de Transición. La Relación entre Territorio y Comunidad

La aproximación a la relación entre comunidad y territorio, mediada por el concepto de patrimonio cultural, exige un cambio de paradigma para reformular la manera de observar, entender y atender las complejidades que caracterizan los territorios de borde y la identificación del potencial de recursos patrimoniales de estas zonas, relegado por la simple exclusión de aquello que se considera alejado de la centralidad de la ciudad, en las zonas de periferia (^{Villamizar-Duarte ,2014}; ^{Carabancheleando, 2017}).

Los procesos de reconocimiento, comprensión e intervención del territorio de borde requieren el desarrollo de herramientas particulares para su estudio. Esto como consecuencia de la particularidad de dichos escenarios, reconocidos como espacios indeterminados por la dificultad para identificar límites precisos y posiblemente innecesarios, en la medida en que estos contextos se construyen de manera abierta, dinámica, emergente, autónoma, cooperativa y en constante evolución, hasta concretarse como paisajes de transición.

La mirada convencional reconoce estos espacios de periferia como contextos ajenos a los beneficios de las centralidades; como lugares con alta concentración de vivienda informal que constituyen el imaginario de marginalidad; como áreas con ausencia de recursos sociales -transporte, equipamientos, comercio, etc.-. A esto se suma la representación estigmatizada de los habitantes del borde urbano (^{Carabancheleando, 2017}). Así, los contextos de borde están marcados por el conflicto, la inseguridad, la exclusión, la desigualdad y la devaluación simbólica de la comunidad y el territorio.

En ese sentido, la comprensión del territorio borde como espacio de transición es fundamental, porque las comunidades han construido estos espacios de manera tangible, al relacionar su mirada particular con los hechos físicos, usando patrones de ocupación y de relaciones afectivas y simbólicas que particularizan los lugares. Es decir, han construido su identidad a partir de hechos con un significado de carácter patrimonial:

Por supuesto no es esto lo único que crece en estos barrios. Cualquiera que los haya habitado (en toda la extensión de la palabra) sabe de los milagros cotidianos que la pueblan: superhéroes de barrio, redes de solidaridad, calle, mucha calle, vida, ingenio, humildad, inteligencia, respeto, arte, comedia ante la tragedia... Cualquiera que piense desde la periferia sabe que donde muchos sólo ven trapicheo o jaleo lo que hay son estrategias de personas sistemáticamente excluidas, desplegando fuerzas y formas alternativas de vivir en sociedad. (^{Carabancheleando, 2017}, p. 25)

Es fundamental considerar diversas posturas acerca del sentido que tiene la comunidad con respecto al desarrollo del territorio como espacio de confluencia y de construcción de herramientas de gestión y actuación colectiva, entendiendo que las comunidades son capaces de reconocer, apropiar y construir elementos identitarios para la definición de un imaginario colectivo.

La idea de territorio, en autores como ^{Monnet (2020)}, ^{Durand-Baquero y Páez-Calvo (2020)} y ^{Bozzano (2001)}, supera la esfera de lo físico-espacial y considera los aspectos humanos de los habitantes: las acciones de la comunidad sobre un hecho físico determinan una noción particular de territorio. Por ello no se puede entender el concepto exclusivamente desde la visión geofísica, o según la ecología, como el escenario defendido por organismos de la misma naturaleza para el desarrollo de sus necesidades básicas; también se establece la noción de territorio como elemento participante de las construcciones colectivas, simbólicas, políticas y sociales de las comunidades.

¿Cómo determinar los componentes del imaginario colectivo en la construcción de las comunidades? ¿Cómo hacer una lectura integral del valor del imaginario colectivo para la apropiación de lugares? ¿Cómo proponer dinámicas asociadas al reconocimiento, resignificación y conservación del patrimonio cultural en el borde suroriental de Bogotá? Para dar respuesta a estos interrogantes es fundamental recurrir a miradas y herramientas interdisciplinares, teóricas y prácticas, dirigidas a comprender la dimensión del borde urbano-rural como una franja que reconoce la posibilidad de interacción entre los agentes que se encuentran en los dos ámbitos espaciales.

Las herramientas interdisciplinares describen la idea de la comunidad en el territorio y abordan el territorio -en términos de ^{Agamben (2014)}- como un dispositivo de sentido, en tanto que en este emerge la determinación política del ser y sus motivaciones. De esta manera, el territorio de borde se constituye en un escenario sistémico, es decir, atiende a la localización de una comunidad en un espacio físico que se transforma en virtud del reconocimiento propio como parte integral del lugar habitado. En este sentido ^{Durand-Baquero y Páez-Calvo (2020)} plantean:

Por esta razón, la relación entre el mundo que se imagina y el mundo que efectivamente se concreta como expresión de la potencia del ser concierne al espacio de suelo donde el hombre se constituye. Este elemento permite al sujeto proyectar el sentido de sí y de los otros, y establece un ritual de apropiación de sí. El territorio es, por tanto, una expresión del ser del sujeto. (p. 29)

El conflicto histórico regido por la perspectiva de una apropiación física del espacio no es la lucha por un territorio abstracto, sino que se refiere a un espacio delimitado que contiene las motivaciones sociales e históricas de una comunidad; a unos "marcadores de sentido" que permiten a un grupo de sujetos encontrar que el lugar donde viven no solo sustenta la vida, en los términos en los que ^{Arendt (1993)} se refiere a la labor, sino, además, comprender que ese sustento, articulado con la productividad del terreno, se refiere a que aquél adquiere un significado que supera la dimensión económica. La enajenación de ese sentido puede llevar a modificar la apropiación del territorio de borde, un ámbito espacial en el que los procesos de patrimonialización, como cualquier ejercicio de poder (^{Gómez & Castro, 2014}), tienen sus propias dinámicas.

Aproximación a una Resignificación del Patrimonio Cultural

El concepto de resignificación tiene utilidad como estrategia y metodología de trabajo en comunidades como la de Usme. Según ^{Molina (2013)}, se recurre a ella para promover cambios y tiene relación con la "conservación del patrimonio como estrategia protectora de la tradición de grupos y comunidades" o la "modificación de hábitos en relación con el uso del espacio urbano" (p. 43).

Este concepto adquiere relevancia porque la revisión bibliográfica revela que Usme es un territorio que acoge migrantes -con prácticas y visiones que pueden ser distintas de las de residentes tradicionales, quienes han construido una memoria colectiva con el tiempo-, así como habitantes que han perdido el lazo emocional^[8] que los conecta con algunos lugares y manifestaciones representativos del patrimonio cultural local.

En tanto la resignificación involucra a un grupo de personas, las palabras de Molina son precisas cuando afirma que "como proceso social afecta cualquier asunto de la vida en comunidad" (2013, p. 43), que el concepto está atravesado por una dimensión teórica y una dimensión práctica, y que se esperan cambios sostenibles en el tiempo a partir de la idea del intercambio comunitario y de una intervención profesional. Esto significa que en la resignificación están involucrados actores externos a la comunidad, en este caso, expertos en el patrimonio cultural que actúan como facilitadores de dicho proceso.

Como posibilidad de aplicación del concepto en una zona de borde como Usme, Molina menciona que la resignificación es "sinónimo de una transformación que pone en duda versiones del mundo dominantes, imperantes y posiblemente naturalizadas, dogmatizadas" (p. 50). Además, la resignificación genera nuevas epistemologías que tengan la posibilidad de sedimentarse en el imaginario colectivo según nociones de centralidad o periferia (p. 56), que en esta nueva dimensión son posibilidades para redefinir la memoria colectiva.

Esta noción de memoria colectiva es importante en los procesos de resignificación (opuestos al olvido), que surgen con cada proceso realizado en el presente (^{Azkarate, 2007}) y que seleccionan imaginarios para el futuro, lo que condena a algunos de ellos a la invisibilización. La educación social surge, además, como "instrumento inclusivo que permite no sólo la resignificatión del patrimonio cultural sino también da sustento a un proceso de amplia envergadura cimentado en los principios básicos de conservación, identidad y desarrollo humano" (p. 14). Dicho modelo pone en el centro del proceso a los habitantes como actores principales, "dinamizando espacios dentro de la comunidad que permitan a los usuarios interactuar disfrutando del patrimonio que poseen, reconociéndolo, respetándolo y enriqueciéndolo" (^{Bada, 2018}, p. 14).

Los autores recalcan que la resignificación no es un modelo de transmisión de conocimientos, sino la construcción de un proyecto colectivo de sociedad, cambiando actitudes y mentalidades. Actualmente, los procesos de patrimonialización, como mecanismo de validación institucional de la memoria, han dejado de ser un campo de conocimiento para expertos en el que se "induce el concepto de otredad. Es decir, se da la aceptación de la existencia de producciones o manifestaciones culturales propias de una diversidad de sectores sociales, conviviendo en un mismo espacio" (p. 15). Así, se entiende la tradición, sustrato de la memoria y del patrimonio, como un conjunto de procesos creativos anónimos por medio de los cuales los individuos interpretan el conocimiento heredado en relación con los retos y demandas del presente; como una renegociación entre generaciones que permite la entrada de innovaciones o su rechazo (^{Asquith & Vellinga, 2005}).

^{Bada (2018)} enfatiza en que la toma de conciencia acerca de la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural pasa por procesos ligados con la educación formal, no formal y las políticas estatales, así como por el uso de los medios de comunicación, convertidos en una manera expedita de circulación de la información. Ello permite resaltar "los valores que el patrimonio pueda asumir en tanto valor económico (turismo, revalorización material), simbólico y político" (p. 16), brindando posibilidades de aprovechamiento para la comunidad y abriendo la puerta para que ello ocurra en Usme.

Este proceso de resignificación refuerza la memoria colectiva y facilita el conocimiento de las transformaciones ocurridas en los territorios por vías diferentes al texto escrito, como el reconocimiento de la memoria y del patrimonio cultural desde el estudio de las particularidades de cada lugar, un proceso que sitúa al individuo en la sociedad y el tiempo. Los especialistas comparten sus conocimientos y hacen acompañamiento, mientras la comunidad define sus intereses en procesos de 'validación social', donde la voluntad es el detonante del fortalecimiento del vínculo entre sociedad y patrimonio (^{Bada, 2018}). De esta manera, acercarse a la comunidad de Usme implica desarrollar metodologías específicas, pues el territorio tiene sus propias dinámicas.

^{Fernández, Ricci, Valenzuela y Ramos (2016)} retoman las apreciaciones de Molina y plantean la cualidad de los componentes de la memoria colectiva validados por la comunidad. En ese sentido, afirman que "ser patrimonializable es una cualidad de un elemento tangible o intangible o de un territorio como legado, y reside en su capacidad de ser reapropiado y convertirse en referente simbólico" (p. 22). Esta es una cualidad que puede cambiar en el tiempo, por las dinámicas propias de la selección de bienes y manifestaciones, así como las de la resignificación, que tienen como motivación "una valoración económica. Es decir, [los elementos patrimonializables pueden] ser concebidos como bienes que podrían ser intercambiados en un mercado, adquiriendo con ello la categoría de formas simbólicas mercantilizadas" (p. 22). Tal valoración no es exclusiva de bienes y manifestaciones declarados por la normativa, sino también de elementos que no se encuentran protegidos legalmente, pero que, sin embargo, son capaces de representar de las características identitarias de la sociedad, como podría ocurrir en Usme.

Usme: una muestra de la Zona de Borde Urbano Rural

Para Carlos ^{Torres-Tovar (2014)} los bordes urbanos han sido determinados desde los límites físicos que definen instituciones o actores sobre el territorio. Sin embargo, no es fácil su definición: cada agente lo hace desde sus intereses, construyendo multiplicidad de "bordes" superpuestos y diferentes. Las diversas posturas frente a su ocupación y reglamentación, la disparidad entre lo que entienden institucionalidad y comunidad, son una oportunidad para discutir la caracterización de dicha territorialidad.

Las variadas dinámicas son coherentes con la relación de las comunidades con el territorio (^{Ballen-Velázquez, 2014}); su configuración supone múltiples dimensiones y escalas de reconocimiento. El borde urbano es un territorio complejo y de oportunidad como espacio activo e inclusivo (^{Aguilera y Sarmiento, 2019}), en él fluctúan actores y espacialidades que implican definiciones particulares de las relaciones que establecen las comunidades con la ocupación del territorio.

En Bogotá, la anexión de municipios^[9], y la masiva migración del campo a la ciudad, favorecieron el crecimiento de asentamientos informales que desbordaron lo urbano hacia áreas que limitan con zonas rurales. Esta expansión consolidó asentamientos en el borde suroriental de la ciudad, con condiciones de marginalidad, características del área de estudio (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Localidad de Usme, en el borde suroriental de la ciudad de Bogotá  

En 2003 esta zona fue considerada de intervención inmediata para el ordenamiento territorial del borde y el control de la expansión hacia las áreas rurales y cerros orientales^[10]. En 2004, la operación estratégica Nuevo Usme¹¹ planteó el desarrollo de una centralidad como intervención para la comprensión y tratamiento de la zona rural y de conservación, amenazada por el crecimiento urbano irregular. (Figura. 2)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Suelo urbano y suelo rural en la localidad de Usme 

Ese mismo año, los Pactos de Borde, escenarios de concertación entre la comunidad de Usme y el Distrito, determinaron el borde como territorio de oportunidad, por la confluencia de condiciones físicas, ambientales y socioeconómicas específicas: las vulnerabilidades sociales, ambientales y frente a las normas urbanas, las especulaciones con el suelo, los conflictos de tenencia, la degradación del medio ambiente y los procesos de conurbación no planificada (^{Bonilla, 2010}).

En 2005 Metrovivienda^[12] (2011) caracterizó la zona según dos realidades: los asentamientos de origen informal recientemente legalizados y la ruralidad de Usme-Pueblo como centro de producción agrícola. Se trata de realidades disímiles que coexisten y modelan las dinámicas poblacionales y la ocupación del territorio. La designación de esta zona como área de expansión urbana, con tratamiento de desarrollo, derivó en una planificación acelerada de megaproyectos de vivienda que ocuparían los cerros y la cuenca del río Tunjuelo.

Sin embargo, en 2008, el descubrimiento arqueológico de la necrópolis en uno de los terrenos de Me-trovivienda, en la Hacienda el Carmen^[13], fortaleció los procesos de resistencia comunitaria; los entes académicos realizaron estudios y posteriores reconocimientos a través del Plan de Manejo Arqueológico del lugar del hallazgo y su declaratoria como BIC (Resolución 096 de 2014 expedida por el ICANH). En ese momento se reestableció la reflexión sobre la expansión urbana, la seguridad alimentaria y la salvaguardia de un patrimonio arqueológico, cultural y paisajístico.

En 2015, el modelo de ocupación estableció la expansión del borde urbano a zonas rurales de manera indiscriminada, un proceso que afecta el escenario vital de la ciudad. Para su mitigación, se planteó la posibilidad de reconsiderar las dinámicas de las zonas de reserva, permitiendo ampliar las oportunidades frente al reconocimiento y aprovechamiento de recursos asociados a la conservación; promover acciones del gobierno local para incentivar dinámicas culturales rurales y urbanas que cohabitan en este territorio y considerar las particularidades de Usme con un interés diverso y amplio para la comunidad y la ciudad.

El Patrimonio Cultural en Usme: Hallazgos.

La revisión de la bibliografía existente (^{Osorio, 2008}; ^{Martínez, 2010}; ^{Alcaldía Mayor de Bogotá & Fundación Erigaie, 2011}; ^{Jiménez, Salamanca & López, 2013}; ^{Nieto, 2014}; ^{Burgos & Cardona, 2014}; ^{Gómez & Castro, 2014}; ^{Torres, Riveros & Rodríguez, 2015}; ^{Burgos, 2016}; Ariza & Yara, 2016; ^{Colegio Francisco Antonio Zea, 2016}; ^{Gómez, 2017}) revela que existen tres hilos conductores en la documentación producida en torno al patrimonio cultural de Usme desde 2008. Primero, el reconocimiento de elementos considerados patrimonio natural y cultural desde una mirada externa a la comunidad. Segundo, la divulgación de experiencias relacionadas con turismo cultural de emprendimiento comunitario. Tercero, los ejercicios de apropiación del territorio desde lo local. En esta revisión se destaca que, en los proyectos adelantados en las instituciones educativas, los estudiantes desconocen los elementos patrimoniales de la zona, por ser población que habita en la actualidad y procede de entornos urbanizados, dando lugar a relaciones complejas con los habitantes tradicionales que promueven un diálogo de saberes^[14].

Esta lectura permitió establecer categorías de agrupación para los elementos patrimoniales identificados por los autores. Esas categorías que ya han sido caracterizadas aún no han sido verificadas con la comunidad. Los recursos que conforman dichas categorías están localizados en los ámbitos urbano y rural:

Patrimonio cultural material:

Patrimonio cultural inmaterial (de acuerdo con las categorías incluidas en el Decreto 2359 de 2019):

Patrimonio natural

Esta categoría, no contemplada por la normativa cultural del ámbito nacional, es incluida por la importancia que tiene como elemento identitario para la comunidad de Usme y porque se considera que ha moldeado las prácticas culturales de la población^[15]. Se incluyen el páramo de Sumapaz, el río Tunjuelo, la represa de La Regadera, el lago Los Soches, la laguna Los Tunjos o Chisacá y los suelos para las prácticas agrícolas, pues es evidente la importancia de Usme como localidad productora de alimentos y agua para Bogotá.

La identificación de estos recursos del patrimonio cultural y natural de Usme ofrece un insumo importante para siguientes fases de la investigación, que incluyen un proceso de resignificación con los habitantes de lo hallado en la literatura y la información a recolectar en el trabajo de campo. Se hace evidente y necesaria una nueva manera de abordar los procesos de patrimonialización, que incluya las voces del ámbito urbano y aquellas que proceden del contexto rural, que hacen de esta zona un lugar donde las dimensiones coexisten y dialogan.