La relación entre productor y usuario de inteligencia como hecho social

Los hechos sociales ocurren en el mundo natural, pero no siguen las lógicas de los hechos físicos. Los seres humanos interpretan su entorno desde una perspectiva subjetiva y según sus intereses. Según ^{Banqués (2023)}, las sociedades y sus instituciones funcionan por la interacción intersubjetiva de individuos, creando realidades sociales según sus contextos.

Desde la Antigüedad, las sociedades humanas han buscado conocer su entorno para superar desafíos físicos. ^{Lacey (2022)} señala que el Imperio romano estableció estructuras burocráticas con funcionarios que compartían conceptos sobre cómo alcanzar sus objetivos imperiales. De igual modo, las sociedades humanas han desarrollado herramientas para satisfacer sus intereses, como el territorio, la economía, los valores sociales y la defensa de sistemas políticos (^{Hauser, 2010}). La estrategia, mediante la inteligencia, maximiza los medios para lograr estos objetivos desde la Antigüedad hasta la actualidad (^{Deibel, 2007}).

Los intereses son el objetivo final de la estrategia y de la actividad de inteligencia. Según ^{Pérez y Díaz (2022)}, los intereses se construyen a través de la interacción de grupos sociales, influenciados por factores internos y externos, para llegar a consensos sobre lo que es importante para el bienestar general. En esta interacción se forman identidades, roles y conductas. En inteligencia, los actores y las estructuras buscan satisfacer los intereses de los Estados.

Según ^{Gray (2018)}, la teoría de la estrategia considera escenarios en los que se establecen medios para comprender contextos con el objetivo de alcanzar los intereses estatales. En este sentido, resulta fundamental la relación entre el decisor estratégico y sus organismos de construcción de conocimiento. Esta relación intersubjetiva es dual, pues integra diversos elementos que deben articularse para lograr una construcción colectiva que satisfaga las necesidades sociales.

De acuerdo con ^{Gaddis (2018)}, en el actual sistema internacional, los estrategas deben alcanzar objetivos que superan sus recursos, lo que crea tensión en la toma de decisiones. Los productores de inteligencia abordan este problema al maximizar los medios limitados disponibles. Por consiguiente, el factor humano resulta crucial para superar los problemas organizacionales, como afirma ^{Díaz (2013)}.

En el ámbito militar, la relación entre un comandante y las agencias que le proporcionan inteligencia es decisiva. Según ^{Ortega (2020)}, uno de los factores clave para el éxito en el planeamiento de operaciones militares es la alineación precisa entre la misión a realizar y el conocimiento de los factores operacionales necesarios para lograrla. En este contexto, y siguiendo lo expuesto por ^{Scott (1960)}, las organizaciones modernas deben entenderse como sistemas en los que cada parte contribuye de manera convergente; el entorno militar, por tanto, es un sistema dinámico que depende de la interacción mutua entre los actores que lo conforman.

Igualmente, la conciencia situacional es fundamental en el ámbito militar (^{Moloeznik, 2018}). Los usuarios de inteligencia deben comprender las variables que afectan su operatividad, identificar al enemigo y la forma en que este articula medios para alcanzar sus objetivos. La incertidumbre y la turbulencia dificultan la comprensión del ambiente operacional. Es allí donde la conciencia situacional recurre a elementos de constructivismo social para su desarrollo.

El constructivismo social como paradigma

Para comprender la realidad social, es necesario superar la perspectiva positivista de los estudios sociales. Si bien los hechos físicos obedecen a realidades naturales, adquieren sentido y utilidad a partir de las interpretaciones humanas (^{Frasson, 2014}). En cambio, los hechos sociales se originan en la capacidad humana de generar ideas, comunicarlas y aceptarlas mediante acuerdos intersubjetivos. Así, el mundo social está constituido por hechos que solo tienen significado en los contextos en los que se construyen o se aceptan (^{Murillo, 2020}).

Es importante reconocer que el proceso de construcción del mundo por parte de los seres humanos no es objetivo, pues en él confluyen sensaciones y aprendizajes previos. Tales factores individuales configuran una visión subjetiva de las distintas realidades que, según ^{Frasson (2014)}, se manifiesta en la interacción con otros. Esta construcción trasciende lo meramente objetivo y subjetivo y se torna intersubjetiva, al reconocer que la realidad social es una creación colectiva producto de la interacción entre individuos y sociedad. De acuerdo con ^{Onuf (2012)}, dicha construcción no obedece a hechos físicos, sino que emerge de la interacción de agentes y puede perder vigencia con el tiempo.

El constructivismo social identifica al agente y a la estructura como la base de la interacción social, en la cual se desarrolla una construcción mutua de la realidad; en palabras de ^{Onuf (2012)}, no existen estructuras sin agentes ni agentes sin estructuras. Para que dicha interacción sea posible, es preciso reconocer que las identidades y los intereses responden a desarrollos contextuales: no son dados ni fijos y pueden cambiar según los eventos que se experimentan en determinados periodos o entornos geográficos (^{Murillo, 2020}).

De igual forma, siguiendo a ^{McCourt (2022)}, las acciones sociales impactan de forma distinta a los diversos agentes, por lo cual deben considerarse las percepciones de estos. Cada agente es relevante dentro de un sistema, ya que su interacción constituye el hecho que da fundamento a la estructura. En el caso de la interacción entre productores y usuarios de inteligencia, son ellos quienes construyen la estructura de inteligencia de la institución, pues en cada intercambio se determinan los fines, los medios y los modos con los que la institución cumple su objetivo constitucional (^{Onuf, 2012}).

Los agentes están conformados por los sujetos que participan en la construcción de las realidades sociales, las cuales, según ^{Wendt (1992)}, resultan de sus interacciones. Para construir dichas relaciones, es necesario considerar cómo se identifican los agentes; para ello, son relevantes tanto el contexto histórico como la manera en que estos han aportado -positiva o negativamente- a las sociedades. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta el aporte de la geografía a las características de las poblaciones, pues el determinismo geográfico ha impreso rasgos propios a quienes se asientan en un lugar determinado del mundo.

El interés es otra variable que orienta las acciones de los agentes, ya que cada individuo construye una noción de bienestar y dedica buena parte de sus esfuerzos a alcanzarla. Aunque el interés es una construcción individual, se refleja socialmente mediante la interacción con otros; en ese marco, la comunicación cumple un papel fundamental en la teoría del constructivismo social. Asimismo, cuando los intereses se proyectan al conjunto de la sociedad, se generan ethos que resultan fundamentales para la construcción de la identidad de los agentes (^{McCourt, 2022}).

La interacción entre identidades e intereses determina las posiciones que los agentes ocupan dentro de las estructuras y su relación con respecto a otros; a estas posiciones se les denomina roles. Según ^{Yu (2021)}, uno de los elementos fundamentales de la estrategia es identificar el puesto que cada actor ocupa dentro de la organización. Llevada esta idea a la teoría constructivista, dicho puesto determinará el poder que el actor ejerza sobre otros y las posiciones de autoridad en la organización, así como las tareas clave que desarrolla para la consecución de los objetivos organizacionales.

Las conductas, según el constructivismo social, son las acciones que los agentes realizan en relación con otros agentes, con la estructura y, finalmente, con el contexto del sistema internacional. De acuerdo con ^{Onuf (2012)}, dichas conductas son concertadas y obedecen a procesos en los que la posición dentro de la estructura determina el grado de influencia del actor. De igual forma, las conductas responden a un objetivo racional, vinculado con la disposición de los agentes para alcanzar sus objetivos individuales y colectivos dentro de la estructura (^{McCourt, 2022}).

El otro componente fundamental de la teoría constructivista es la estructura, entendida como un conjunto de elementos internos y externos interrelacionados, compuesto por componentes materiales, intereses e ideas. Es importante resaltar que la estructura constituye el espacio en el que los agentes desarrollan su interacción social y que, según ^{Onuf (2012)}, dichos agentes no podrían existir sin este espacio. Un primer elemento a considerar es el material, integrado por los medios disponibles; sin embargo, no es necesariamente el más importante, pues en ocasiones puede impedir observar a los demás. En todo caso, el componente material determina los recursos con los que se cuenta dentro de la estructura para la interacción social (^{McCourt, 2022}).

En el espacio que ofrece la estructura se establecen normas, entendidas como directrices creadas de manera intersubjetiva por los actores. Dichas normas son creencias compartidas sobre las conductas apropiadas para lograr la armonía social. Los seres humanos han desarrollado la capacidad de crear normas, comunicarlas y creer en ellas, aceptándolas para alcanzar sus objetivos vitales. Así, las normas orientan la lógica de lo adecuado, que constituye el fin último de la construcción social.

La socialización es crucial en las estructuras, ya que permite a los agentes aprender normas indispensables para la interacción social. A través de ella, los agentes adquieren habilidades que mantienen la dinámica del sistema y facilitan la circulación de ideas compartidas en espacios comunes. Esta socialización resulta esencial para consolidar la estructura, en particular en la interacción entre productores y usuarios de inteligencia dentro de centros de formación, centros de doctrina y en las actividades diarias en áreas de operaciones (^{Guzzini & Leander, 2005}).

Al aplicar el constructivismo social a los estudios de seguridad e inteligencia, ^{Farrell (2002)} destaca que las dimensiones de la inteligencia son dinámicas y permiten cambios constantes en la comprensión intersubjetiva entre usuarios y productores. En consecuencia, los intereses protegidos por la inteligencia se construyen socialmente y están determinados por las relaciones entre agentes y estructuras. Además, los aspectos sociales -más que los materiales- resultan decisivos tanto en el sistema internacional como en los Estados y sus sistemas de inteligencia, lo que resalta la importancia del factor humano.

La relación entre productor y usuario de inteligencia como una construcción social

El espacio epistemológico en el que se desarrolla la interacción entre un usuario y un productor de inteligencia son los Estudios en Inteligencia. Dicho espacio condiciona la relación de los agentes (productor, usuario) con la estructura (organización de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia); por ello, resulta fundamental comprender qué significa "inteligencia" en esta interacción. A lo largo de la historia de las sociedades humanas, y según Keagan (2002), la inteligencia ha estado asociada a la actividad militar y, sobre todo, a la guerra, dado que todo comandante requiere información y conocimiento para alcanzar su fin -vencer al adversario- y, con ello, satisfacer los intereses del Estado al que defiende.

En cuanto a su definición, ^{González (2012)}, siguiendo la corriente de pensamiento occidental -en especial la desarrollada en Estados Unidos-, relaciona la inteligencia con el conocimiento que requiere un decisor para lograr sus objetivos dentro de una organización (agente dentro de una estructura). En términos operativos, puede definirse como el resultado de transformar datos en información y, finalmente, en conocimiento. Los datos son caracteres alfanuméricos que pueden ordenarse y capturarse para representar gráficamente realidades sociales; además, pueden almacenarse y organizarse para facilitar su utilización (^{González, 2012}).

Ahora bien, los datos, al ser procesados por un productor de inteligencia -teniendo en cuenta el contexto de obtención, la realidad que representan y la intencionalidad del usuario que los requiere-, se convierten en información. Esta constituye un elemento fundamental de la actividad de inteligencia, ya que, al ser sometida a análisis, adquiere significado y aporta al proceso de toma de decisiones en el desarrollo de operaciones militares (^{González, 2012}).

La información, a su vez, al ser procesada y contrastada con otras por analistas de inteligencia, se convierte en conocimiento que permite al decisor -en este caso, el Ejército Nacional de Colombia- seleccionar la alternativa más adecuada para alcanzar los objetivos organizacionales. De acuerdo con ^{González (2012)}, resulta clave que usuarios y productores de inteligencia desarrollen un espacio de interacción en el que se construyan identidades, intereses, roles y conductas concertadas, regidas por normas, dentro de la organización, que, para el caso de estudio, es el Ejército Nacional de Colombia.

La relación productor-usuario y el control civil sobre los servicios de inteligencia en Colombia

El desarrollo de la actividad de inteligencia dentro del Ejército Nacional de Colombia se lleva a cabo en un contexto burocrático, en el que se determinan roles, funciones y normas para que el proceso se ejecute de manera armónica. Como señalan ^{Cremades-Guisado y Cancelado-Franco (2021)}, en el caso colombiano se ha adoptado el modelo burocrático weberiano. Este modelo, si bien ha facilitado el desarrollo institucional de los servicios de inteligencia, también ha generado disfunciones que afectan su funcionalidad y legitimidad.

La teoría del constructivismo social permite comprender con mayor claridad dicho accionar y orientar soluciones que prioricen superar las disfunciones que limitan tanto la funcionalidad como la legitimidad de los servicios de inteligencia. En este sentido, es importante reconsiderar las bases organizacionales de estos servicios y articular canales de innovación que impulsen procesos de transformación institucional. Además, conviene explorar modelos organizacionales alternativos al burocrático weberiano para mejorar el desempeño de los servicios de inteligencia (^{Cremades-Guisado & Cancelado-Franco, 2021}).

Partiendo de lo anterior, es pertinente una breve discusión sobre la relación productor-usuario de inteligencia a la luz de lo que la literatura sobre relaciones civiles-militares denomina control civil, entendido como los mecanismos institucionales mediante los cuales las autoridades civiles, en el marco de un régimen democrático, garantizan la subordinación de las fuerzas armadas (^{Dávila, 1998}). Desde la tradición teórica huntingtoniana de las relaciones civiles-militares se reconocen dos modelos de control civil (control objetivo y control subjetivo), los cuales tienen como propósito limitar el poder de los militares dentro del sistema político (^{Saín, 2010}). En consecuencia, el control civil es una relación de poder consistente en la imposición de la voluntad de los líderes políticos sobre las fuerzas armadas, en el sentido de Robert Dahl; esto es, las autoridades civiles deben lograr que las fuerzas armadas no solo repriman sus impulsos de intervención en política, sino que también acepten su condición de subordinadas dentro del sistema político (^{Pion-Berlin, 2001}). En última instancia, el control civil consiste en una transacción de poder entre actores del sistema político en la que, por un lado, los líderes establecen y modifican las políticas y, por otro, los militares permiten que los políticos lo hagan sin atisbo de resistencia o veto (^{Pion-Berlin et al., 2024}).

En ese sentido, la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades civiles en una democracia se produce en el marco de un régimen jurídico-institucional conformado por prácticas, organizaciones e identidades, fundamentadas en una carta política y en un conjunto de leyes que rigen la vida política de la nación (^{López, 2001}). En otras palabras, las reglas de juego para dicha subordinación están condicionadas por los arreglos institucionales propios del sistema político, los dispositivos sociojurídicos y demás herramientas legales que lo regulan.

No obstante, la literatura presenta otras formas de entender el control civil más allá de la visión normativa. Por un lado, ^{Desch (1999)} sostiene, a partir de factores estructurales, que las pautas del control civil se fundan en la acción recíproca de condiciones internas y externas de un Estado, y no en sus atributos intrínsecos. A estas condiciones las denomina amenazas internas y externas; a su vez, plantea como variable dependiente el control civil, como variable independiente las amenazas (internas y externas) y como variables intervinientes el rol del individuo, las fuerzas armadas, el Estado y la sociedad. De este modo, los cambios en el control civil dependen de la postura de los líderes civiles y militares frente a dichas amenazas¹. En suma, el control civil es el mecanismo mediante el cual los líderes civiles electos democráticamente evitan que los militares se inmiscuyan en asuntos políticos.

Ahora bien, la cuestión militar -esto es, la intromisión de los militares en política- ha estado presente desde la Antigüedad, tanto en Occidente como en Oriente, con independencia del tipo de régimen político. En el mundo occidental, el problema fue abordado inicialmente por Aristóteles, quien propuso una marcada división del trabajo en la antigua sociedad griega y destacó el rol de los militares al prepararse en el arte de la guerra para defender a la sociedad de enemigos externos. No obstante, para Platón, los militares, debido a su entrenamiento y destreza en el uso de las armas, constituían una amenaza para la armonía cívica de la civilización helénica (^{Adekanye, 2025}).

Asimismo, en la antigua China, la cuestión militar también jugó un papel relevante y, a diferencia de Occidente, se mantenían muy marcadas las relaciones entre los civiles (wen) y los militares (wu). Según ^{Waley-Cohen (2000)}, los asuntos civiles estaban ligados a actividades pacíficas, como la praxis del gobierno y la literatura; por su parte, los asuntos militares se relacionaban con la guerra, lo que convertía la relación entre civiles y militares en un ejercicio de dialéctica marcado por los acentuados cambios de las dinastías chinas. Por último, en la antigua India, el tratado Arthashastra, escrito por Kautilya en el siglo II a. C., propuso que, para la supervivencia del Estado (Saptanga) -compuesto por siete órganos: rey, ministros, territorio y población, fuertes, tesorería, ejército y aliados-, era necesaria la existencia de una relación simbiótica entre el poder militar (Danda) y el poder económico (Kosha), situación que hacía que los militares y los civiles estuviesen asociados de forma armoniosa en la antigua India (^{Srivastava, 2023}).

Ya en la modernidad, desde la teoría política, la cuestión militar emerge como un asunto de relevancia para el ejercicio del poder, el gobierno y la gestión del Estado. Maquiavelo fue uno de los primeros autores en advertir no solo la importancia de los militares para defender el Estado y brindar al gobernante respaldo en el ejercicio del poder político -amparado en el monopolio del uso de la violencia-, sino también la vulnerabilidad de los civiles frente a los militares y el peligro de que estos controlen el poder político, con el consiguiente riesgo de una gestión débil e inepta del gobierno (^{Adekanye, 2025}).

Para Montesquieu, el problema militar radica en la concentración de poder amparada en el monopolio de la violencia legítima del Estado por parte de los militares; como solución, planteó la división de poderes y el control de los militares en al menos dos ramas del poder público (^{Adekanye, 2025}). En suma, el consenso de los autores clásicos, desde distintas aristas, coincide en que los militares constituyen un mal necesario para la defensa del Estado y la sociedad; sin embargo, existe el riesgo inminente de caer en la dominación de unos pocos (militares) mediante el uso de las armas, por lo que las mayorías (civiles) deben permanecer en alerta y guardia permanente frente a ello.

La Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, planteó la transición de una sociedad militarista a una industrial, especialmente en Estados Unidos y Europa Occidental. Se esperaba alejar el problema militar mediante el desarrollo económico y regímenes democráticos que garantizaban libertades. Sin embargo, las dos guerras mundiales demostraron que el problema militar persistía. Con la tecnología nuclear, surgió la necesidad de equilibrar un aparato militar para la defensa sin que este tomara control político ni afectara los derechos civiles y las libertades alcanzadas en Occidente (^{Adekanye, 2025}).

En este contexto, en Estados Unidos -sobre todo a partir de 1945-, emergió el estudio comparado del problema militar bajo el paraguas de los estudios en seguridad nacional. Autores como William T. R. Fox, en su obra "Las superpotencias: Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Su responsabilidad ante la paz" (1941), y Michael Howard, en "Soldiers and governments: Nine studies in civil-military relations" (1957), abordaron estos asuntos. Al mismo tiempo, este periodo coincidió con la creación del Comité Especial de Investigación de las Relaciones entre Civiles y Militares, bajo los auspicios del Consejo de Investigación de las Ciencias Sociales (SSRC), lo que evidenció el reconocimiento oficial del campo en 1952 (^{Adekanye, 2025}). En síntesis, el estudio del problema militar y su evolución -hasta lo que hoy se conoce como relaciones civiles-militares- ha sido, desde la Antigüedad, un asunto de la mayor importancia no solo para la política, sino para las ciencias sociales en general.

A este respecto, en la relación productor-usuario de inteligencia conviene recordar lo señalado por ^{Lowenthal (2015)}: la producción de inteligencia (búsqueda y recolección de información, análisis y difusión) es esencial para reconocer e identificar contextos hostiles contrarios a los intereses nacionales y, de este modo, permitir que el tomador de decisiones adopte medidas tendientes a neutralizar o mitigar dichos contextos adversos. En el mismo sentido, ^{Shulsky y Schmitt (2002)} coinciden en que la producción de inteligencia es esencial para reconocer amenazas y advertir a los tomadores de decisiones sobre eventuales sorpresas estratégicas que afecten los intereses nacionales.

Ahora bien, ^{Esquivel (2019)} recuerda que Colombia ha enfrentado al menos dos sorpresas estratégicas que la inteligencia no logró advertir y que afectaron profundamente los intereses nacionales. La primera fue la separación de Panamá y, por ende, la pérdida del canal tras la Guerra de los Mil Días, con el auspicio de Estados Unidos; la segunda fue la guerra contra Perú (1932-1933), en la que, si bien Colombia se impuso militarmente en el campo de batalla, en la negociación salió desfavorecida al ceder territorio a Perú. En ambos casos, se evidenciaron fallos de inteligencia que se tradujeron en pérdida de territorio y en un profundo menoscabo del interés nacional. En suma, la relación productor-usuario es una relación simbiótica que amerita ser estudiada con mayor detenimiento en el marco de los procesos de toma de decisiones en materia de política pública del Estado colombiano.

Por otro lado, siguiendo la línea argumentativa del contexto colombiano, la evidencia empírica es concluyente al señalar que la relación productor-usuario de inteligencia ha sido altamente tensionante, en el sentido de que los servicios de inteligencia -particularmente las agencias de inteligencia del Ejército Nacional- han sido objeto de fuertes cuestionamientos en el pasado reciente por violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los setenta y los ochenta. Así lo reconoció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordenó medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia militar pertenecientes a la Brigada XX del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado interno (^{JEP, 2022}).

En tal sentido, el Estado colombiano ha dado pasos significativos en la democratización de los servicios de inteligencia tras la promulgación de la Ley 1621 de 2013 (Ley de Inteligencia y Contrainteligencia) y del Decreto 857 de 2014, que otorgan un marco normativo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado al establecer los límites y alcances de sus agencias. Lo anterior constituye, sin duda, un referente de transparencia, eficacia y rendición de cuentas, características propias de un Estado de derecho pleno y de un régimen democrático consolidado (^{Matei, 2024}).

En la misma dirección, ^{Sansó-Rubert (2019}) confirma que los principios de transparencia y rendición de cuentas son mecanismos que, desde lo jurídico-institucional, imponen límites a las actividades de inteligencia y permiten legitimar su indispensable labor para la vida democrática. En suma, el control civil sobre los servicios de inteligencia en el marco de un Estado de derecho y una democracia consolidada facilita la relación productor-usuario en la medida en que aumenta la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y, por ende, la legitimidad del Estado.

Desde esta perspectiva, la teoría del constructivismo social aporta elementos fundamentales a la relación entre productor y usuario de inteligencia, reflejados en la capacidad de anticipación y de respuesta frente a amenazas en los distintos contextos del conflicto interno desde la década de 1960. Este enfoque es, además, multidimensional, pues considera factores políticos, económicos, sociales y culturales.

En consecuencia, el constructivismo ofrece un marco teórico adecuado para comprender cómo las identidades y las estructuras sociales influyen en la inteligencia militar. En Colombia, dicho enfoque ha ayudado a entender mejor las dinámicas de seguridad y defensa, lo que ha permitido decisiones más detalladas y adaptativas. La perspectiva constructivista aplicada a la inteligencia militar resalta la necesidad de considerar tanto los elementos materiales como las ideas en el análisis de amenazas y en la elaboración de estrategias de seguridad (^{Salazar-López & Jiménez-Reina, 2020}).