Introducción

La participación ciudadana es una prerrogativa constitucional, adoptada por diferentes Estados con el objetivo de garantizar a la ciudadanía la intervención activa en las decisiones que les afecten. De lo anterior, debe entenderse que la participación ciudadana hace referencia según Lechner, 1991; Zimmerman, 1992; Mouffe, 1992; Cunill, 1997; Bobbio, 1999, a “la acción colectiva de los actores sociales e instituciones, de integrarse, proponer, controlar y evaluar críticamente los procesos de decisión pública en las esferas territoriales” (^{Etcheverry, 2008}, p.p 181-182). Así mismo, es importante precisar el concepto de participación ciudadana, debido a la relevancia que reviste para los Estados democráticos, el cual se ha integrado progresivamente en la normatividad interna de cada país, tal es el caso de Colombia, que reglamentó esta institución como un derecho fundamental en la Constitución Política de 1991, y la desarrolló a través de las leyes estatutarias No. 134 de 1994 y No. 1757 de 2015; esta última tiene por objeto “promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político” (^{Ley 1757, 2015, art.1}). La norma citada anteriormente, establece bases jurídicas que permiten a la sociedad civil, exigir el respeto a sus derechos, por ejemplo, a través de la movilización social y grupos de presión en el régimen constitucional y legal del Estado Colombiano.

Resulta como requisito sine qua non, para comprender los actores e importancia de la participación ciudadana, hacer referencia a la sociedad civil, la cual ha tenido diferentes interpretaciones a través de la historia; por ende, es un concepto que aún se encuentra en proceso de construcción y desarrollo a nivel territorial. Según Michael Walzer (1993), la sociedad civil se define como aquel espacio de la asociación humana no coercitiva, y también el conjunto de redes relacionales -formadas para favorecer a la familia, la fe, el interés y la ideología- que llenan ese espacio; tesis que fue apoyada por Vallespín al argumentar que “los principios de ciudadanía democrática y la participación en la vida socio-política de todos los ciudadanos, están relacionados con el concepto de sociedad civil, que también incorpora la realización de la autonomía individual y la identidad nacional” (p.p 39-58).

El ejercicio de una ciudadanía activa, permite la intervención progresiva en las decisiones adoptadas por la administración pública, dando paso a un elemento diferenciador que tiene por objetivo el fortalecimiento de las relaciones entre autoridades públicas y la sociedad civil, denominado gobernanza local.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, en Colombia para el año 2023 se aplicó una encuesta de cultura política¹ a 64.770 personas mayores de 18 años de edad, que buscaba evaluar la percepción de la ciudadanía acerca de la democracia como forma de gobierno en Colombia, el cual buscaba analizar el nivel de conocimiento de la población respecto de los mecanismos de participación ciudadana, el grado de participación de la ciudadanía en organizaciones, la perspectiva con relación al sistema democrático en Colombia, participación en asociaciones religiosas, juntas de acción comunal, entre otras. Conforme a los resultados emitidos por este departamento administrativo, se pudo establecer que las personas mayores de 18 años, consideran que “el país es democrático con un equivalente al (33,8%); es decir, se registró una variación de +8,4 p.p. La mayor variación frente al periodo anterior se encuentra en quienes consideran a Colombia como un país no democrático (8,0%), con una disminución de -11,1 p.p” (DANE, 2023, p. 8). Lo anterior refleja una perspectiva de favorabilidad de la población con relación a la satisfacción sobre la democracia como forma de gobierno en Colombia.

Ahora bien, para llevar a cabo un análisis acerca de la relación entre la participación ciudadana y la democracia en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, es pertinente mencionar que para el desarrollo del proyecto de investigación, se utilizó el instrumento Barómetro de las Américas que ha sido aplicado en diferentes regiones del país, en el continente americano, y para este caso, se logró establecer las actitudes hacia la democracia, participación ciudadana y el análisis de la sociedad civil según la perspectiva de la comunidad ocañera.

Metodología

La investigación titulada “diagnóstico de la cultura política en Ocaña, Norte de Santander del año 2023”, tenía como objetivo realizar un estudio para analizar la percepción de la ciudadanía frente a diferentes factores asociados con la participación ciudadana, las condiciones de desigualdad en el país, situación actual de la economía, corrupción, elecciones políticas, sociedad civil y democracia, entre otros. Para adelantar la investigación sobre opinión pública, y poder generar una información que permita analizar estadísticas con respecto a diferentes temas, se utilizó el instrumento 2018-2019 de LAPOP²-Barómetro de las Américas, que es implementada cada año por la Universidad de Vanderbil y diferentes países de América latina y el caribe, como es el caso Colombiano, a través de la Universidad de los Andes.

La encuesta se aplicó teniendo en cuenta un muestreo probabilístico según el tipo de investigación, así como también según el diseño, es estratificado, multiepático, de conglomerados en el área de la cabecera municipal en Ocaña, Norte de Santander y en la zona rural dispersa, fue aplicada en cuatro de los diferentes corregimientos que existen en el municipio por medio de un estudio de caso, para entender las dinámicas y perspectivas de la población, en relación con el funcionamiento de la democracia.

Así mismo, para el desarrollo de la investigación, se aplicaron entrevistas como instrumentos para la ejecución del proyecto por parte de los estudiantes del Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, que fueron capacitados previamente en la utilización de la herramienta.

Democracia participativa y sociedad civil

Al hacer referencia a la democracia como forma de gobierno, se debe mencionar la existencia de dos tipos de democracia como lo son la representativa y la participativa. Sin embargo, acorde al enfoque del presente artículo científico, debe estudiarse el concepto de democracia participativa la cual,

no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. (Corte Constitucional, Sent. C-180, 1994)

Sin embargo, es importante mencionar que la democracia participativa puede materializarse a través de la gobernanza local, pero lo cierto es que, en Colombia, la “democracia participativa no pasará de ser un simple sofisma de distracción mientras no existan gobiernos comprometidos con generar las condiciones para la participación real de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil” (^{Revista Semana, 2011}); lo anterior permite entender que la actual constitución política de Colombia consagra el respeto por la democracia participativa, pero requiere elementos para su materialización, como una sociedad activa y participativa en la toma de decisiones dentro de la esfera de lo público.

La democracia participativa como forma de gobierno, permite la vinculación de diferentes actores en las decisiones públicas, buscando constituirse como un verdadero control político por parte de la ciudadanía, y esto se puede lograr a través de la gobernanza, ya que esa relación tiene por objeto, “la búsqueda de un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y los agentes económicos y financieros” (Universidad Carlos III de Madrid, 2010); es decir, un escenario que permita modificar el modelo actual de gobernabilidad jerarquizado, que implique la flexibilidad e interacción entre el gobierno y los diferentes actores de la sociedad civil, a través del principio constitucional de participación democrática.

La sociedad civil es importante para el funcionamiento del Estado en la ejecución de políticas públicas, debido a que tienen incidencia en las decisiones democráticas de los Estados. Al respecto, se debe precisar que “la sociedad civil se construye. Y se construye como espacio de participación democratizadora, en la medida en que se construye, también, la ciudadanía” (^{Revista Folios, s.f}). El concepto anterior es importante, ya que refleja esa relación intrínseca que existe entre estos dos conceptos, para lograr una mejor intervención ciudadana en los gobiernos locales, que le permita ejercer control sobre las decisiones adoptadas por los gobernantes. En relación con lo anterior, se puede citar los argumentos teóricos expuestos por Keane J (s.f) quien afirma que la relación entre el poder de la sociedad civil y la capacidad de la institucionalidad de un Estado, pueden avanzar de forma conjunta para obtener resultados positivos, a partir de un proceso democrático que pluralice y racionalice el poder, para lograr una relación armónica entre Estado y sociedad civil (^{Bejarano, A., 1992}, p. 85)

Aunado a lo anterior, debe entenderse que en los problemas para la materialización de los postulados democráticos participativos que existen actualmente, la sociedad civil se constituye como un pilar fundamental, ya que según ^{Obadare (2010}) “es un proyecto de proyectos; requiere muchas estrategias de organización y nuevas formas de acción estatal y requiere una nueva sensibilidad para lo local”. Por tanto, es necesario que la ciudadanía cuente con herramientas efectivas para la participación en la acción estatal, ya sea a través de grupos u organizaciones sociales, religiosas, políticas, entre otros; puesto que la Constitución Política de Colombia, dota a la ciudadanía de mecanismos de participación ciudadana, para vincularse en los debates públicos en virtud de la democracia participativa del actual Estado Social de Derecho.

Para relacionar lo anteriormente expuesto con la presente investigación, debe precisarse que en Ocaña, Norte de Santander, es necesario implementar estrategias desde el gobierno local, que permitan incentivar la participación ciudadana de manera activa en las decisiones públicas, toda vez que en la actualidad municipios como Ocaña, mantienen una baja participación de los ciudadanos y la sociedad civil en estos escenarios, por factores asociados a la falta de difusión sobre estos mecanismos y pedagogía en el uso de estas herramientas constitucionales, imposibilitando al ciudadano, ejercer el control social respecto de las decisiones tomadas por el gobierno local.

Lo expuesto en el párrafo anterior implica comprender que el papel de los ciudadanos no se limita únicamente a ejercer su derecho al voto, sino que a través de los diferentes escenarios generados por la sociedad civil, es posible fortalecer la democracia mediante la asistencia a debates de control político, veedurías ciudadanas, rendición de cuentas, manifestaciones sociales, entre otros, que permiten incluso la materialización del principio de pesos y contrapesos; es decir, que la ciudadanía actúe como un “órgano de control” a partir de los mecanismos constitucionales y legales que dispone el ordenamiento jurídico colombiano.

Paradigma constitucional sobre la democracia participativa en Colombia

Para hacer referencia a la democracia desde el paradigma constitucional, es importante analizar los elementos del actual modelo de la constitución política de 1991, la cual introdujo una noción amplia de la participación ciudadana dentro de las decisiones del Estado social y democrático de Derecho.

Realizando un análisis desde una perspectiva histórica en relación con la constitución de 1886 y 1991 en Colombia, se pueden observar algunos elementos importantes sobre el tránsito constitucional que se dio en el país, a partir de la expresión de voluntad del poder ejecutivo y legislativo que permitieron el proceso de una apertura democrática paulatinamente. Con base en la narrativa anterior, se puede citar el análisis planteado por ^{Durán Smela (2015}) sobre el tránsito constitucional que se dio en el país, quien indica lo siguiente:

La Constitución de 1886 no permitía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ya que únicamente era posible reformar la Constitución Nacional mediante un Acto Legislativo o sea en el seno del Congreso de la República. Sin embargo, tanto el poder judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia como el ejecutivo quién tenía como presidente a Virgilio Barco (1986-1990), hicieron uso de sus facultades constitucionales y con sus pronunciamientos avalaron la posibilidad jurídica de su convocatoria, lo cual se hizo mediante un decreto legislativo (^{Durán Smela, 2015}, p. 111).

Conforme a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 927 de mayo de 1990 proferido por el Ejecutivo, el cual dictaba medidas tendientes al restablecimiento del orden público en el país y la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente. En esa oportunidad, la Corte manifestó que lo revisado en dicho acto administrativo era “la posibilidad de integrar la Asamblea Constitucional, para realizar la Reforma a la Constitución, y por otra parte hace una invocación al pueblo para que se manifieste sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional” (^{Sentencia No. 59, 1990}); lo anterior se constituye como un hecho político sin precedentes para el país, frente a lo cual la justicia ordinaria indicó que se trataba de una verdadera expresión de voluntad emanada del constituyente primario.

Así mismo, la postura adoptada por dicho tribunal se reafirma con lo expuesto en la sentencia del 9 de octubre de 1990, en la cual se indicó que “como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba” (^{Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 138, 1990}); lo cual permite entender que los diferentes actores del aparato estatal adoptaron una postura de convergencia en la necesidad de un cambio en el paradigma constitucional sobre el tránsito hacia una democracia participativa, pluralista y garantista, con un cambio en la normativa vigente para la época de los hechos en el país.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional indicó en sus primeros pronunciamientos que, la democracia participativa es un principio material de la actual constitución, que está implícita en la parte dogmática y orgánica respectivamente, lo cual significa que debe realizarse un sistema de reinterpretación del ejercicio del poder del pueblo desde la esencia misma de los derechos de participación ciudadana, para lograr una verdadera articulación entre el pueblo y el aparato estatal (^{Corte Constitucional, Sentencia T - 439, 1993}). Con base en lo anterior, se puede indicar que la democracia se constituye como el medio para garantizar una verdadera autodeterminación de manera individual y de carácter colectiva afines con los pilares del Estado Social de Derecho.

Adicional a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el derecho a la participación, se reconoce como un derecho fundamental; quiere decir que toda persona del territorio colombiano por mandato expreso de la constitución, puede participar en la actividad pública desde diferentes escenarios, esto es, como agente activo de la misma por medio de la participación activa en cualquiera de las instituciones del Estado o mediante el sufragio para la elección de sus gobernantes e inclusive, promoviendo mecanismos de defensa en favor de la constitución y las leyes nacionales vigentes (^{Corte Constitucional, Sent. C - 089A, 1994}).

Resultados y discusión

Para el desarrollo del presente artículo, se analizaron los temas relacionados con las actitudes hacia la democracia y sociedad civil de acuerdo a la opinión de los ciudadanos en el municipio de Ocaña.

El instrumento en mención, fue aplicado a una muestra de 1465 personas respecto la población total de habitantes en el municipio de Ocaña, que era un equivalente a 134,379 habitantes, según información del DANE (Telencuestas, s.f). De la encuesta aplicada, se consultó a la ciudadanía sobre la perspectiva que tiene frente a las formas de gobierno; específicamente sobre la democracia en Colombia, si estaba de acuerdo o en desacuerdo en que ésta era la “mejor forma de gobierno que cualquier otra”. Los resultados obtenidos en el indicador son los siguientes:

Gráfico 1. Democracia como mejor forma de gobierno. 

En el Gráfico 1 se observan los resultados que reflejan la realización de las 1465 encuestas, la ciudadanía en Ocaña considera estar de acuerdo con la frase “pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno” haciendo referencia a la democracia, toda vez que 939 personas se ubican entre las variables 5, 6 y 7, lo cual en porcentaje se traduce en el 64% de los encuestados; mientras que sólo el 15% manifestó estar “muy en desacuerdo” o en desacuerdo con la frase consultada. Lo anterior permite considerar que, para la comunidad del municipio en cuestión, esta forma de gobierno representa un escenario de participación democrática de los diferentes actores de la sociedad, entendiendo la importancia de que existan reglas de funcionamiento del orden jurídico en un país; es decir, que la ciudadanía comparte una visión del respeto a los procesos democráticos en un Estado.

Así mismo, dentro del cuestionario aplicado a la ciudadanía, se indagó acerca de la opinión política de la población frente al funcionamiento de la democracia en Colombia, con el propósito de identificar la perspectiva de la comunidad en este sentido; obteniendo los siguientes resultados que se relacionan en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Satisfacción sobre el funcionamiento de la democracia. 

Siguiendo el análisis de los resultados del Barómetro de las Américas aplicado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el Gráfico 2 se observan los resultados obtenidos con respecto a la percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la democracia como forma de gobierno, el 70% de los encuestados expresaron estar “insatisfechos” y “muy insatisfechos” sobre cómo funciona la democracia en el país; lo anterior equivale a 1054 personas consultadas, de un total de 1465 respectivamente, lo que quiere decir, tan solo el 24% (354 personas) de la muestra total, consideran estar satisfechos con la democracia en nuestro país. Se observa un descontento con relación al sistema democrático en el país, que claramente tiene efectos relacionados con la precaria gestión de los políticos al servicio de la sociedad civil.

Si bien es cierto, estos resultados demuestran que la ciudadanía reconoce la importancia de que exista un régimen democrático en el Estado Colombiano, tal y como lo indicaron en la pregunta anterior, son enfáticos en su preocupación sobre los retos que supone para la institucionalidad del país, partidos políticos, líderes políticos y demás formas de asociación democrática, en generar un cambio de perspectiva en la sociedad, sobre algunos factores que permean la democracia como lo es la corrupción, la mala administración de la institucionalidad, la delincuencia, vulneración de los derechos humanos entre otros. Carrascal et al. (2021) afirman que:

Intentando entender de dónde nace esa preocupación se descubre que son los sectores sociales menos privilegiados y los que están más insatisfechos los que mencionan la corrupción como el principal problema del país. No se trata de que la corrupción esté en ascenso, sino que nuestra relación con el sistema político se ha ido deteriorando. La insatisfacción en relación con el sistema político se deja ver en la desconfianza con el sistema democrático. (p. 17)

Lo anterior permite establecer un diagnóstico acerca de los problemas en el municipio de Ocaña, del cual se puede “inferir que los factores de delincuencia, conflicto armado y violencia se asocian a las falencias en seguridad, lo que convertiría la seguridad en el principal problema identificado por los ciudadanos” (Carrascal et al., 2021, p. 18).

Finalmente, se debe analizar que la ciudadanía ha manifestado su poca confianza sobre el funcionamiento de la democracia por diferentes razones que refleja una imagen negativa del sistema democrático colombiano, lo cual supone en la comunidad algunos factores como se expusieron en párrafos anteriores.

Por otra parte, dentro de los aspectos entrevistados a la comunidad, se indagó temas relacionados con tendencias políticas y simpatía de la sociedad entre izquierda y derecha, bajo el propósito de interrelacionar su análisis con las diferentes variables objeto de estudio.

Gráfico 3. Tendencias políticas derecha / izquierda. 

Frente al interrogante anterior consultado a la ciudadanía en el Gráfico 3, se puede observar que cerca del 22% manifestó simpatizar con el “centro”; es decir, corresponde a 326 personas. Sin embargo, puede apreciarse que las variables denominada “izquierda - centro izquierda” y “derecha - centro derecha”, se mantienen en un mismo rango porcentualmente, alrededor del 24%. Lo anterior deja cierto grado de analisis sobre la confianza de la comunidad en expresar su simpatía política a través de una encuesta o por el contrario, se reservan sus opiniones frente a estos temas en específico. Tan solo el 18% del encuestado indicó no saber sobre la pregunta consultada, lo cual dejar ver que hay personas con desconocimiento frente al tema, o sencillamente no tienen una postura espefícica en este sentido.

Gráfico 4. Participación ciudadana en juntas de acción comunal. 

Fue importante consultar a la ciudadanía sobre su la participación en juntas de acción comunal, tal y como se observa en el Gráfico 4, ya que esto hace parte del escenario de participación ciudadana y democrática de la sociedad en el cual tan solo el 33% que corresponde a las variables “una vez por semana, una o dos veces al mes y una o dos veces al año”, manifestó asistir a las reuniones organizadas por las Junta de acción comunal de su respectivo barrio, mientras que el 65% de las personas encuestas, precisó no asistir nunca a este tipo de reuniones organizadas por las juntas en sus barrios. Si bien esta información se relaciona como un espacio de participación democrática de la sociedad en las decisiones que les afecten, con los datos obtenidos puede ser el reflejo de la sociedad en el poco interés por participar de los procesos que la Constitución y la ley ofrece a la ciudadanía.

La participación ciudadana se puede materializar a través de las juntas de acción comunal, como un escenario en el cual la ciudadanía plantea diferentes asuntos de interés general, precisando posibles estrategias para la protección de los derechos y deberes constitucionales y legales. Es por ello que el ordenamiento jurídico colombiano prevé disposiciones normativas tendientes a generar espacios en los cuales la comunidad pueda tomar decisiones sobre asuntos de interés general. Al respecto, la Ley 2166 de 2021 tiene por objeto lo siguiente:

Promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos y, a la vez, pretende establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. (Ley 2166, 2021, art. 1)

Del Gráfico 5, se le consultó a la ciudadanía sobre participación a través de mecanismos de participación ciudadana como por ejemplo, el cabildo abierto convocado en el municipio de Ocaña, tan solo el 5,3% (verGráfico 5), manifestó haber asistido a estos espacios en el marco de la democracia participativa, frente al 85,2% que según los resultados de la encuesta, no ha asistido en los últimos doce meses a la conformación de un cabildo abierto en el nivel local, lo cual quiere decir que, la sociedad civil no se ha vinculado activamente en estos escenarios políticos. Lo importante de estos resultados obtenidos en la encuesta, es poder entender la necesidad de generar condiciones democráticas que promuevan la participación activa de la sociedad que permita reducir la desconfianza de la población en el funcionamiento de la democracia participativa en Colombia; toda vez estos mecanismos “no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones… implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida” (^{Corte Constitucional, Sentencia C-180, 1994}).

Gráfico 5. Participación en cabildo abierto en el municipio. 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional expresó que “en la democracia participativa no sólo se valora más al ciudadano, sino que, en razón a ello, el sistema político puede alcanzar mayores niveles de eficiencia” (Corte Constitucional, Sentencia t- 637, 2001), lo anterior implica la oportunidad que tiene el constituyente primario de vincularse en las decisiones políticas que les afecten, exigiendo a las autoridades públicas el cumplimiento de la ley.

En Colombia, la manifestación social es un instrumento constitucional que se enmarca dentro del derecho a la participación ciudadana, y en los últimos años, ha sido utilizado ampliamente por la sociedad para reclamar sus derechos y deberes de la institucionalidad del país. Con base en lo anterior, se tiene los siguientes resultados obtenidos de la encuesta.

Gráfico 6. Participación en manifestaciones del paro nacional. 

A partir de los datos expuestos en el Gráfico 6, se logró identificar que la población colombiana ha participado activamente en las manifestaciones sociales durante los últimos años, como un instrumento que les permite en el marco de la democracia participativa, exigir el cumplimiento y respeto de sus derechos constitucionales. Sin embargo, de los resultados obtenidos en la gráfica anterior, hace referencia al denominado ^{Paro Nacional del 28 de abril de 2021 3}, en el cual se le consultó a la ciudadanía sobre su participación dentro del escenario social planteado. Al respecto, en este escenario puede indicarse que el 67% de las personas encuestadas, argumentó no haber participado de las manifestaciones sociales y tan solo el 31% de los entrevistados, que corresponde a 457 personas de la muestra total de la encuesta.

Los resultados del gráfico anterior, deben leerse de acuerdo al contexto relacionado con la pandemia del Covid-19, toda vez que algunas autoridades han adoptado medidas gubernamentales con el propósito de limitar o restringir las manifestaciones en el país, por temas de salubridad pública en Colombia.

Gráfico 7. Justificación de que el presidente cierre el congreso en tiempos difíciles. 

Finalmente, en el Gráfico 7 se puede observar que la ciudadanía no justifica el cierre del Congreso de la república y sea el presidente el único que gobierne, toda vez que, de 1465 encuestados, 1196 personas así lo manifestaron, lo que corresponde al 82% del porcentaje general; frente al 11% de los entrevistados que argumentaron la justificación del cierre del congreso en ciertos casos; es decir, plantean una visión de gobierno con plena autonomía al jefe de Estado. Finalmente, debe indicarse que la ciudadanía en estos escenarios considera que en la democracia representativa es necesario que exista un sistema de pesos y contrapesos para el ejercicio del poder público dentro de la estructura del Estado Colombiano.

Conclusiones

La ciudadanía tiene una percepción de insatisfacción sobre el funcionamiento de la democracia como forma de gobierno, así como también, la manera a través de la cual los gobiernos de turno, ejercen el poder político en el marco de sus deberes constitucionales y legales. Es necesario que los gobernantes adopten políticas públicas tendientes a fortalecer los escenarios de participación ciudadana frente a la toma de decisiones político administrativas en el territorio, que le permita al ciudadano vincularse activamente en los escenarios democráticos a través de la gobernanza local. De lo anterior, es importante mencionar que aun cuando existen mecanismos de participación ciudadana, la sociedad los ha ido utilizando en la medida que se apropia de cada uno, pero se es importante que el Estado cree condiciones de participación activa en la cual puedan vincularse los diferentes actores sociales.

Es importante realizar estrategias que permitan al ciudadano conocer los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en las normas estatutarias que lo reglamentan, para fortalecer la cultura política desde lo local, y esto puede lograrse a través de la gobernanza local, siempre y cuando los gobernantes abran el debate político, con el objetivo de vincular a la ciudadanía en general y a la sociedad civil en los proyectos de desarrollo local.

Así mismo, se resalta las manifestaciones sociales como un mecanismo utilizado por la sociedad en los últimos años, con el propósito de vincularse en la esfera política y exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos y deberes constitucionales y legales. Se citó, por ejemplo, el Paro del 28 de abril de 2021, en el cual se refleja la participación ciudadana a través de la organización social que la sociedad misma ha expresado.

La percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la democracia participativa en Colombia y específicamente en Ocaña, expone el grado de insatisfacción de la población sobre cómo avanzan los procesos políticos en el país; no obstante, para dar respuesta al interrogante de esta investigación sobre ¿cuál es la percepción de la sociedad civil frente a la participación ciudadana en los diferentes escenarios democráticos? Debe indicarse como se expuso en párrafos anteriores que, en los últimos años la sociedad civil ha reclamado el respeto de sus derechos constitucionales y legales, por ejemplo, a través de las manifestaciones sociales como es el caso del año 2021, que reflejan el descontento social frente a iniciativas del gobierno nacional, logrando impactar de esta manera en la esfera política del Estado colombiano.

Así mismo, la sociedad en el municipio de Ocaña tiene una percepción de poca confianza en las instituciones gubernamentales, pese a que reconocen la importancia de mantener bases democráticas para el funcionamiento del Estado. No obstante, la ciudadanía expone diferentes factores que afectan el funcionamiento de la democracia, como es el caso de la corrupción, la criminalidad, entre otros, que conforme con el estudio realizado, refleja las preocupaciones de la población sobre la dinámica de funcionamiento del aparato estatal.

La participación democrática es un derecho constitucional que permite al ciudadano vincularse activamente en las decisiones políticas, sin hacer parte de los cargos de representación, con el propósito fortalecer las relaciones entre Estado y Sociedad.

Finalmente, debe resaltarse que, a través de la gobernanza local, será posible mejorar los procesos de las decisiones públicas como una herramienta que contribuya a incentivar a la sociedad civil y la ciudadanía en general, sobre la democracia participativa, más allá de una democracia representativa a través de los gobernantes.