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Introducción
El territorio objeto de estudio está ubicado en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, afluentes del Atrato, en jurisdicción de los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá, donde se desarrolló un proyecto agroindustrial fallido de monocultivo de palma aceitera que ocupó de manera ilegal una parte del territorio colectivo de los consejos comunitarios y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación por parte de sus pobladores ancestrales, como lo registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución n.° 6 de 2018, en la cual se establecen medidas cautelares para estas comunidades (CIDH, 2018).
Desde finales del siglo XX, la coyuntura constitucional y el fortalecimiento del movimiento campesino del Pacífico colombiano coinciden, en el ámbito internacional, con la demanda por políticas sobre preservación de recursos naturales, en particular en zonas de reserva biosfera, como el Bajo Atrato en el Urabá chocoano. Por ello, la Ley 70 de 1993 reconoció allí la propiedad colectiva inalienable, inembargable e imprescriptible de las comunidades ribereñas y silvicultoras, como guardianes ambientales de sus territorios ancestrales (Defensoría del Pueblo, 2016).
Sin embargo, el caso del Jiguamiandó y el Curvaradó indica cómo en el Pacífico colombiano, en zonas ocupadas de manera permanente por el Ejército y con presencia de inversionistas ligados al narco-paramilitarismo, se ha impedido la aplicación de las normas constitucionales y legales relacionadas con la preservación del medio ambiente y de los derechos colectivos sobre el territorio. Allí se continúa postergando y obstaculizando la restitución de tierras (Fajardo, 2014).
Entre 1996 y 1997, esta región fue víctima de la ofensiva militar y paramilitar que ocasionó la mayor diáspora registrada hasta ese momento en la historia de Colombia. Cerca de 20 000 pobladores fueron víctimas de desplazamiento forzado por bombardeos de la Brigada XVII del Ejército Nacional, al mando del general Rito Alejo de Río y bajo órdenes del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Este vaciamiento de la población fue llamado por la Fuerza Pública como Operación Génesis, argumentando la necesidad de expulsar a la insurgencia y dar nueva vida al territorio. La región, ubicada al noroeste de Colombia y cercana a la frontera con Panamá es reconocida como una zona de importancia geoestratégica para megaproyectos mineros, madereros y palmeros (Estrada, 2013).
Como resultado de la Operación Génesis, los pobladores del Urabá chocoano fueron expulsados en varias direcciones: más de 5020 personas llegaron a refugiarse en el corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá, procedentes de las cuencas del Jiguamiandó y el Curvaradó; cerca de 4800 fueron acogidos en el coliseo de la cabecera municipal de Turbo, procedentes del Cacarica; más de 3200 pobladores de Riosucio se asilaron temporalmente en Panamá, y el resto en diáspora dispersa con diferentes destinos (Vásquez, 2007).
La población de las dos cuencas estudiadas (Jiguamiandó y Curvaradó) antes del desplazamiento ascendía a 5020 personas. Después, las personas permanecieron refugiadas en sus campamentos durante varios meses e intentaron constituirse en una Comunidad de Paz con la asesoría de la Iglesia católica. Sin embargo, poco a poco, cerca de la mitad, decidió retornar a su lugar de origen y organizarse para recuperar su territorio. El retorno se inició en el 2000 y aún no termina (Manuel Denis, 2016, 3 de abril).
En este artículo se mencionan, en primer lugar, los conceptos y la metodología utilizada en la primera fase (2007-2009) y en la segunda fase (2018-2019) de la investigación. En segundo lugar, se incluye una reflexión sobre el contexto del conflicto por la tierra en Colombia, relacionado con la problemática del Bajo Atrato y con anomalías del sistema político colombiano. En tercer lugar, se mencionan las potencialidades de la cultura ribereña del Pacífico como preservadora ambiental del territorio, el significado de la espacialidad de resistencia, su resiliencia comunitaria y las expectativas de los pobladores sobre su permanencia en el territorio. Para finalizar se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la investigación (2009-2019) sobre los procesos de retorno en el Curvaradó y el Jiguaminadó, el reconocimiento legal de los derechos colectivos, las dificultades que se han observado en la etapa del pos-Acuerdo y la incidencia del acompañamiento internacional.
Elementos conceptuales y metodológicos
La investigación para la tesis de maestría, que culminó en el 2009, fue elaborada a partir de la metodología de investigación acción participativa (IAP), desarrollada por el sociólogo Orlando Fals Borda, y se nutre de los relatos orales de los pobladores y protagonistas de los consejos comunitarios que, a lo largo del siglo XXI, han logrado retornar para recuperar su territorio ancestral, invadido con plantaciones de palma aceitera, como también de los testimonios de defensores de Derechos Humanos acompañantes.
La IAP es una opción metodológica que implica para el investigador una postura como sociólogo sentipensante y requiere de su participación activa para dar voz a quienes han sido silenciados, construir conocimiento mediante el diálogo e intercambiar saberes con protagonistas de procesos organizativos y de resistencia popular, quienes actúan como coinvestigadores en un ejercicio de reflexión-acción-reflexión orientado al fortalecimiento de la organización social en la cual están inmersos (Fals, 2014).
Por esta razón, en la primera etapa de la investigación, como estudiante de la maestría del Iepri y miembro del equipo de acompañantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJYP), durante los años 2005, 2006 y 2007, realicé tres visitas a las zonas humanitarias, con una permanencia de quince días cada una, y participé en las actividades programadas por los consejos comunitarios: actividades de formación con los niños, talleres a los maestros, diseño de proyectos, relatorías de reuniones, informes de gestión y asistencia a la Audiencia de Biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, en febrero de 2007. Como corresponde a la metodología de IAP, con la permanencia en las zonas hice parte de su proceso organizativo, y tanto las conclusiones de la investigación como el contenido del video fueron concertados con las personas entrevistadas que hicieron parte del proceso y sus acompañantes.
Además, se realizaron catorce entrevistas con los líderes de los consejos comunitarios, grabadas en ocho horas de videocámara para editar un video de treinta minutos titulado El canto de la libélula^ de amplia difusión en los organismos de control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo) para apoyar el proceso de reclamación.
Gracias a esta experiencia se creó un espacio de confianza que ha podido mantenerse por más de diez años y que hizo posible realizar la segunda fase de la investigación en 2018 y 2019. En esta fase, se entrevistaron cuatro líderes sociales vinculados a los procesos de reclamación en los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (Manuel Denis, Francisco Neme, María Chaverra y Ubaldo Zúñiga). Como complemento esencial de los relatos de estos protagonistas se consultaron fuentes institucionales de alta credibilidad, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y la Justicia Especial para la Paz (JEP). Además, se obtuvieron testimonios de defensores de Derechos Humanos que participan en los procesos de reclamación y acompañan en terreno a las comunidades afectadas.
El propósito central fue comprender la situación actual de quienes emprendieron esta gesta de retorno en medio del conflicto, con la esperanza de recuperar su territorio ancestral. Por ello se indagó con algunos de los protagonistas sobre los avances, los obstáculos y las perspectivas que ellos tienen hoy y hacia el futuro. En cierto sentido, es un intento por descifrar la manera en que entendemos las formas de entender de los otros.
Como afirma Alfredo Molano (1992), hay un abismo entre las historias de la gente que sufre, que sueña con todas sus tragedias y esperanzas y la historia oficial o la interpretación académica. Hay que contar el cuento de la gente antes de contar a las personas para administrarlas o para interpretarlas, comprender su cotidianidad antes de resumir su vida en un cuadro estadístico.
La experiencia social amplia y diversa de los procesos de resistencia comunitaria ha sido desperdiciada como fuente de conocimiento por el pensamiento hegemónico. Reconstruir las memorias de las luchas por la vida y el territorio permite, de una parte, ampliar la comprensión de los procesos violentos de ocupación territorial del país que reproducen viejas y nuevas formas de acumulación por desposesión y de concentración de la propiedad rural; por otra parte, también permite reivindicar la memoria de las víctimas y comprender las potencialidades de las culturas ancestrales y su relación armónica con la naturaleza como factores esenciales para la preservación de la vida humana en el planeta.
Por ello se asume también, con Boaventura de Sousa Santos (2012), que es preciso dar credibilidad a las experiencias de los grupos sociales históricamente victimizados, y recuperar los conocimientos y las vivencias silenciadas por el pensamiento hegemónico, para contribuir a superar el epistemicidio de los saberes populares y visibilizar prácticas de conocimiento que promuevan la voluntad de transformación social. No habrá justicia social global sin justicia cognitiva global (Santos, 2012, p. 260).
Para interpretar los procesos de las comunidades negras despojadas, que superan su condición de víctimas, retornan a sus territorios y permanecen en procesos de resistencia civil, puede ser útil el concepto de resiliencia; esta es una palabra que viene de re salire, un término latino utilizado en las ciencias físicas, en la mecánica, que se refiere a la capacidad para conservar la estructura a pesar de recibir golpes o presiones del medio. Durante mucho tiempo los países anglosajones emplearon esta palabra en su lenguaje cotidiano, como actitud personal de reto o superación frente a las desgracias.
En una perspectiva psicológica, una persona que construye un proceso de resiliencia como respuesta a un evento traumático es aquella que, diferenciándose del evento, lo resignifica y, retomando los valores personales, se apoya en ellos para reorganizar un proyecto de futuro; en suma, es una persona que se asume como sujeto psicológico.
El concepto de resiliencia en las ciencias sociales trasciende la mirada victimizadora que le asigna a los grupos humanos el lugar de simples receptores y los asume como sujetos sociales o sujetos políticos, agentes de su experiencia (Cyrulnik, 2016). Así, la resiliencia comunitaria es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Es una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos de protección, permitiendo al grupo humano salir fortalecido de la adversidad. Es un proceso en el que las influencias del ambiente y de los miembros de la comunidad interactúan en una relación recíproca que les permite reconstruir su vida (Melillo et ál., 2004).
No menos importante para comprender a cabalidad la cultura ribereña del Pacífico colombiano son los aportes conceptuales del geógrafo Ulrich Oslender (2002). Con este autor puede afirmarse que las estructuras -entre ellas, el Estado, el territorio, las instituciones, etc.- han sido creadas por los sujetos humanos, y son también transformadas por los mismos actores sociales. Las prácticas sociales pueden entonces reproducir o resistir estas estructuras. En este sentido podemos concebir a los movimientos sociales desde una perspectiva de estructuración, en tanto que la acción colectiva de los participantes de un movimiento desafía estructuras de dominación y sujeción.
Ahora bien, como el espacio tiene una importancia central para los movimientos sociales, según Ulrich Oslender, las interacciones y diferentes trayectorias entre las acciones colectivas, el pensamiento socioespacial y las prácticas cotidianas pueden ser formas de espacializar la resistencia. La aplicación de una etnografía profunda evidencia el carácter singular de las relaciones sociales que perviven en las cuencas de los ríos del Pacífico colombiano, su sentido identitario y el significado de su lucha por la vida en el territorio.
Por su parte, el geógrafo David Harvey (2005) afirma que la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de la propiedad común, colectiva, en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía; la supresión de formas de producción y consumo alternativas, y la apropiación de activos, incluidos los recursos naturales, son mecanismos de acumulación por desposesión necesarios para mantener el sistema actual, ante la crisis de sobreacumulación del capital. El Estado, con su pretendido monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos de desposesión. Hay evidencia considerable de que la acumulación por desposesión estuvo y está ampliamente supeditada al apoyo del Estado (Harvey, 2005, pp. 11 y ss.).
Siguiendo a de Sousa Santos (2012, p. 49), intentamos un reconocimiento local a partir de una pluralidad de conceptos y prácticas que solo son posibles mediante la transgresión metodológica y transdisciplinar. Como dice María Teresa Uribe (2015), es un giro en la mirada, para situarla en el sujeto de la acción con sus prácticas sociales, sus maneras de vivir y de pensar, y sus procesos de resistencia.
Por ello, en esta investigación, se aplicó el pluralismo metodológico, acudiendo a desarrollos conceptuales de perspectivas tan disímiles como las mencionadas y alternando las estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas, para dar voz a quienes han sido silenciados e interpretar el contexto en que viven y resisten. Para interpretar este contexto se acudió también a investigaciones estadísticas rigurosas sobre las anomalías de la democracia colombiana y a la simbiosis Estado-narco-paramilitarismo, realizadas por Francisco Gutiérrez Sanín (2014) y Ariel Ávila (2019).
Gutiérrez (2014), director del Observatorio de Restitución de Tierras, utiliza el método comparativo de investigación como procedimiento sistemático de contrastación en estudios políticos. A partir de conceptos comúnmente aceptados en las ciencias políticas, el autor observa cómo las interpretaciones formales de la democracia concluyen que a mayor democracia ocurre menor represión. Para refutar esta tesis en el caso colombiano, Gutiérrez delimita analítica y empíricamente su investigación con la construcción de bases de datos sobre resultados electorales, represión política y homicidios ocurridos durante cien años en Colombia. Al evidenciar la frecuencia de los ataques homicidas contra la población civil, delimita ciclos de represión exterminadora y se pregunta: ¿cómo puede caracterizarse el sistema político colombiano?
Para responder este interrogante argumenta su tesis sobre la "anomalía colombiana", que tiene una doble excepcionalidad: Colombia es el único país de América Latina con cien años de democracia y solo cinco años de dictadura militar, y al mismo tiempo es el único país de la región con cincuenta años de represión exterminadora, con niveles altos y persistentes de violencia política (Gutiérrez, 2014, p. 11).
Gutiérrez define su concepto de represión siguiendo a autores como Stohl, López y Goldstein, así: represión es el uso o la amenaza de uso de la fuerza por las autoridades del Estado o quienes los apoyan contra opositores o potencialmente opositores para impedir, debilitar o prevenir su capacidad política; el concepto de "autoridades" incluye a fuerzas de seguridad y paramilitares, con evidencias abrumadoras sobre las relaciones sistemáticas entre paramilitarismo y Estado (Gutiérrez, 2014, pp. 13-14).
Los ciclos de represión exterminadora van acompañados de la destrucción física y sistemática de miles de civiles desarmados y eventualmente expropiados. Como en el caso de la Operación Génesis en el Urabá chocoano, son prácticas que constituyen crímenes de Estado por la destrucción física de los seres humanos y que van acompañadas de la expropiación masiva del patrimonio de las víctimas (Gutiérrez, 2014, p. 18).
Esta coexistencia entre institucionalidad democrática y represión política evidencia que, según sus palabras: "Bajo las prácticas civilizadas y códigos que aparentemente regulan nuestra vida pública, hay un submundo violento y tramposo: tramposo por violento y violento por tramposo, con ciclos de represión exterminadora, el más reciente desde 1980 hasta el presente" (Gutiérrez, 2014, p. 12). Esta tesis permite comprender el título de su obra: Un orangután con sacoleva.
Tres factores podrían explicar, según el autor esta "anomalía colombiana": a) la privatización de una parte importante de la provisión de seguridad; b) inequidad extrema junto con subespecificación de los derechos de propiedad sobre la tierra; y c) un centrismo violento que generó coaliciones de poder con grandes ventajas competitivas para las élites violentas. Ahora bien, la inestabilidad de los derechos de propiedad sobre la tierra, en grandes territorios baldíos, como es el caso del Bajo Atrato, está relacionada con la privatización de la seguridad y con el centrismo que asegura privilegios para las élites locales. A nivel nacional se tolera la violencia contra civiles en el nivel local, con prácticas represivas, criminales y violentas.
Por su parte, Ariel Ávila en su libro Detrás de la guerra en Colombia (2019) se basa en más de catorce millones de datos estadísticos tomados de los partes de guerra de las guerrillas, partes de batallas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y de bases de datos de la Fiscalía General de la Nación. Con toda esta información estadística pudo evidenciar que durante los últimos cincuenta años hemos registrado ocho millones de desplazados, 230 000 homicidios, 80 000 desapariciones forzadas y más de 300 masacres.
Algunos de los hallazgos de Ávila que contradicen creencias generalizadas sobre los grupos paramilitares son los siguientes: surgen financiados por ganaderos y entrenados por el Ejército; en la mayor parte del país el paramilitarismo no fue contrainsurgente, se dedicó a asesinar líderes sociales y políticos, y a realizar masacres contra la población civil. Los políticos locales acudieron a grupos paramilitares ligados al narcotráfico para asesinar a la competencia política y desplazar del territorio a las bases sociales de la oposición.
Ávila concluye que los paramilitares, con independencia económica frente al Estado, tuvieron la posibilidad de funcionar con relativa autonomía en las regiones; en la conformación de estructuras paramilitares se evidencia la participación abierta de funcionarios públicos que hacen parte de una nómina paralela pagada con dineros del narcotráfico (Ávila, 2019, pp. 4356). El autor señala también que en la Operación Génesis, lanzada por la Brigada XVII del Ejército nacional en 1996 y 1997, se realizaron bombardeos en el Bajo Atrato sobre las áreas más pobladas de la zona donde no existía presencia de las FARC-EP, ocasionando el vaciamiento de la población con el propósito de sembrar palma africana en los territorios titulados a las comunidades negras (Ávila, 2019, p. 113).
En los últimos años los grupos paramilitares han crecido en número y control territorial. En el 2018 se observó un deterioro de la seguridad, principalmente en zonas donde habían operado las FARC-EP y que ahora están ocupadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), delincuencia común, grupos armados ilegales o ejércitos del narcotráfico con franquicias del Clan del Golfo (Ávila, 2019, p. 509).
En síntesis, para analizar el proceso de resistencia comunitaria en el Bajo Atrato, se utilizaron conceptos disímiles y herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas desarrolladas por autores desde perspectivas teóricas y analíticas muy diversas, pero que de alguna manera confluyen en la caracterización de las anomalías presentes en la democracia colombiana y en la importancia de recuperar los relatos de las poblaciones victimizadas, para un mayor conocimiento de nuestra realidad nacional y para comprender a cabalidad las dificultades que se presentan en el proceso de restitución de tierras a los consejos comunitarios del Jiguamiandó y el Curvaradó.
El contexto del conflicto por la tierra en la etapa del pos-Acuerdo
Según el último Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2015) el 0,4 % de los propietarios son dueños del 46 % del territorio rural y el 70 % de los propietarios tienen entre todos juntos tan solo el 5 % del suelo. Cerca de ocho millones de hectáreas han sido despojadas en Colombia (Oxfam, 2017) a través de diversos mecanismos, acrecentando el histórico atesoramiento de la tierra en manos de terratenientes, traficantes de drogas, paramilitares y grandes empresarios. La apropiación por la fuerza en medio del conflicto se hizo y se hace muchas veces sobre predios de propiedad jurídica incierta, sin títulos registrados o sobre baldíos del Estado.
Puede afirmarse con Darío Fajardo (2014) que Colombia se caracteriza por una alta concentración de la riqueza, con más de medio siglo de conflicto social y armado en permanente disputa por la tierra y los territorios, con un desarrollo agrario del país que tiene como constante la convergencia del despojo y el destierro con la concentración de la propiedad rural. A este desarrollo han contribuido los recursos del narcotráfico con la adquisición de predios en más de cuatro millones de hectáreas que podrían ser objeto de extinción de dominio.
Hoy, según Acnur (2018), aproximadamente el 15 % de la población colombiana ha sido víctima de desplazamiento forzado. Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados internos en todo el mundo. Los desplazamientos son selectivos, planificados y los más masivos se han producido en las zonas destinadas a la realización de grandes proyectos de desarrollo. De acuerdo con Francis Deng, funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este drama humanitario ha traído como consecuencia la imposición de un "proceso denominado contrarreforma agraria [...] y constituye con frecuencia un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos a gran escala para la explotación de los recursos naturales" (ONU, 2000).
Ahora bien, en el texto del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP, los grupos étnicos tienen garantizado el acceso a la tierra y a su uso, al restablecimiento de los derechos de las víctimas, a la política de restitución de tierras y a los programas de desarrollo sostenible, con protección y promoción del acceso al agua dentro de una concepción ordenada del territorio, con mecanismos y garantías para que puedan acceder a ella.
El Gobierno se comprometió en el Acuerdo a crear un Fondo de Tierras para la distribución gratuita de tres millones de hectáreas provenientes de tierras de extinción de dominio en predios dedicados a actividades ilícitas como el narcotráfico, baldíos recuperados que habían sido indebidamente apropiados, tierras provenientes de la delimitación de zonas de reserva forestal, etc. De esta manera, el Gobierno reiteró su compromiso por hacer cumplir la Ley 1448 de 2011, anterior al Acuerdo.
Analistas internacionales afirman que este Acuerdo, en su texto, es único en cuanto a profundización de medidas centradas en una reforma agraria integral, acceso equitativo a la tierra y desarrollo de los territorios más afectados, con especial atención a los derechos fundamentales de los grupos sociales vulnerables como son los indígenas y las comunidades afrodescendientes (Instituto Kroc, 2017).
El Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, con treinta años de experiencia en seguimiento a los procesos de negociación de conflictos armados en diferentes latitudes, en su primer informe sobre Colombia afirma que el principal avance en la implementación del Acuerdo es la creación de entidades gubernamentales como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la contratación de buena parte del equipo en terreno. Lamentablemente, aplican un enfoque tradicional de arriba-abajo, con decisiones predeterminadas por el Estado, en diferentes entidades gubernamentales con multiplicidad de eventos percibidos como "un baile de chalecos" que no crea consensos sobre la reconciliación. Igualmente, el informe advierte que uno de los mayores peligros del proceso es su cooptación por parte de las redes clientelares y de corrupción regionales, en particular, durante los períodos preelectorales (Instituto Kroc, 2018).
Ahora bien, debe reconocerse que en cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, se creó la JEP, que tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1.° de diciembre de 2016. El trabajo de la JEP (2019) se enfoca en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización definidos por la ley y los magistrados.
De otra parte, las medidas de seguridad, protección, e implementación del Acuerdo Final deberían responder a las particularidades de las comunidades, generando un espacio para construir Estado "desde" los territorios y evitando la tentación clásica de llevar el Estado "a" los territorios. Sin embargo, la mayoría de los líderes asesinados son indígenas y afrodescendientes, y varias comunidades están sometidas a dinámicas de confinamiento.
La grave situación de riesgo se agudiza en las zonas que tienen las siguientes características: presencia de grupos paramilitares; zonas altamente militarizadas por la fuerza pública; lugares con trayectoria de fuertes procesos de organización social; áreas con cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico; predios con desarrollo de actividades extractivas legales e ilegales; y zonas cercanas a los espacios territoriales donde están excombatientes de FARC-EP.
Potencialidades de la cultura ribereña en el Bajo Atrato
Las poblaciones ribereñas desplazadas que retornan a reclamar su territorio, superando su condición de víctimas, reivindican su autonomía y su vocación silvicultora; en la etapa del pre-Acuerdo y en medio del conflicto armado se reconocieron como población civil e impidieron el ingreso de los actores armados legales e ilegales a las zonas humanitarias.
Tuvieron además como propósito la reconstrucción identitaria a través del fortalecimiento de sus formas organizativas tradicionales y sus consejos comunitarios. Buscaron también constituirse en un proceso de resistencia civil por la recuperación, interpretación y difusión de su pasado, como herramienta para reinventar una identidad a partir de una tradición de luchas que estaban fragmentadas y olvidadas. Desde entonces, rechazaron cualquier apoyo de los partidos políticos tradicionales y cualquier vinculación con organismos de seguridad del Estado.
Para entender la realidad del Pacífico colombiano, más que las características raciales, es central la noción del "espacio acuático" (Oslender, 2001), los altos niveles de pluviosidad, las redes laberínticas de ríos y manglares, y las inundaciones frecuentes, entre otros, han influenciado de manera decisiva las formas de vida cotidiana. Estas formas están visibles, por ejemplo, en la construcción de las casas rurales sobre pilotes de madera para prevenir inundaciones de la vivienda. Por el otro lado, el ciclo de las mareas tiene un impacto considerable en casi todas las manifestaciones de la vida diaria. La marea alta facilita la navegación en chalupa o en panga al subir los ríos; en los caños que se secan con la marea baja se utiliza la champa (canoa pequeña con motor fuera de borda), como recurso alterno arrastrado por los tripulantes.
El río es además el espacio social de interacción cotidiana donde la gente viene a bañarse, las mujeres lavan la ropa y los niños juegan. Estas actividades son de una naturaleza casi ritual y están acompañadas por carcajadas, juegos y el famoso bochinche, los chismes que hacen reír a unos y desesperar a otros. Este escenario es más evidente cuando llegan embarcaciones grandes y pequeñas de cerca y lejos para comprar productos, intercambiar información y "echar cuentos" (Oslender, 2001).
Así el río se vuelve el espacio social per se de interacciones humanas cotidianas y el referente simbólico de la identidad de la gente y de los grupos que se han asentado en sus orillas. El río corre además por las imaginaciones de las comunidades ribereñas, indígenas, negras y mestizas y se ve reflejado en las múltiples formas discursivas en las que ellas se refieren a su entorno y su mundo, el río adquiere así un papel central en los procesos de identificación colectiva. Por todo esto, Oslender (2001) define para el Pacífico colombiano un sentido de lugar, una estructura acuática de sentimiento y una espacialidad de resistencia.
El río constituye una de las precondiciones espaciales para la organización política en el Pacífico colombiano. La gran mayoría de comunidades negras y mestizas se han organizado en consejos comunitarios, asociación política comunitaria introducida por la Ley 70 de 1993, a lo largo de las cuencas fluviales, lo que refleja de esta manera sus referentes culturales e identitarios. Cada comunidad se identifica por su pertenencia a una cuenca de un río específico, como en el caso de las comunidades de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. La lógica del río ha sido entonces el factor espacial orientador en la constitución de consejos comunitarios a lo largo de las cuencas fluviales. Estos consejos comunitarios actúan como principal autoridad territorial y deberían decidir sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en su territorio, si se aplicara la legislación vigente, según la cual el Estado ya no puede simplemente expedir concesiones a empresas particulares o multinacionales pasando por alto a las comunidades, como sucedía antes de la Ley 70 del 1993.
Sin embargo, en la práctica, ni el Estado colombiano, ni las grandes empresas respetan esta legislación; por el contrario, desconocen esta lógica del río y cuando lo requieren impulsan la constitución de consejos comunitarios ajenos a la identidad cultural ribereña y proclives a los intereses y actores del capital externo y del Gobierno central, como lo señala Oslender (2002) para el caso de Guapi y como sucedió con el Consejo Comunitario del Curvaradó (Chaverra, 2018, 28 de abril).
En el aislamiento de la selva, en el Bajo Atrato, convivieron durante largo tiempo comunidades indígenas y de afrodescendientes cimarrones. Desde hace más de medio siglo allí buscaron refugio campesinos cordobeses despojados de sus tierras y colonos de diferente procedencia que huían de la violencia política, algunos para sembrar, en pequeñas parcelas, cultivos de pancoger, otros para hacer mejoras y venderlas. En los años 80 del siglo xx tuvo allí influencia la Unión Patriótica.
Actualmente, la gente del Bajo Atrato distingue cuatro grupos étnico-sociales: indios, negros, chilapos y paisas. Estos últimos mayoritariamente dedicados a explotar la madera y potrerizar la selva. A diferencia de ellos, la mayoría de los colonos llamados "chilapos", adoptan el modo de vida de las comunidades ancestrales, comparten con ellas el territorio, el abandono del Estado, la lucha por sus derechos y crean con los negros y los indígenas un entramado social pluriétnico y multicultural. Los chilapos, como los negros, viven en función del río, se identifican por la cuenca a la que pertenecen y construyen sus viviendas sobre pilotes en las riberas. Los negros han aprendido de los chilapos, entre otras cosas, a abrir caminos por la selva, cultivar y comer arroz en la dieta diaria y adoptar la música vallenata como propia. Por tanto, en el Bajo Atrato, el término "chilapos" designa a los campesinos ribereños de ancestros indígenas o mestizos (diferentes de los blancos paisas) que desde hace más de cuatro décadas llegaron con el fin de asentarse en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó y adoptaron la cultura ribereña (Ruiz, 2006).
Estas comunidades ribereñas han vivido experiencias particulares de resiliencia con tradiciones propias, con rasgos singulares y sus logros obtenidos en medio del conflicto armado interno constituyen una experiencia excepcional.
Resultados de la investigación
En la primera fase de la investigación (2007-2009), con el análisis de los procesos de retorno se logró precisar que, en el año 2000, cuando estas comunidades inician el regreso a sus lugares de origen, encuentran que una importante parte de sus tierras, arrebatadas por los paramilitares, se han convertido en gigantescas plantaciones de palma (Asamblea de Consejos Comunitarios, 2003).
Durante los cuatro años que permanecieron fuera de su territorio y en desarrollo de la estrategia gubernamental de posicionar al país como exportador de los derivados de la palma de aceite, el sector palmicultor recibió incentivos económicos y tributarios del Estado con créditos subsidiados de Finagro y el Banco Agrario, asimismo, fue beneficiario de los recursos del Plan Colombia para emprender este megaproyecto de monocultivo en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, considerada por la Unesco como reserva hídrica de la humanidad (Diócesis de Quibdó y HRW, 2006). Esta estrategia gubernamental viola los principios consagrados en la Constitución Política y que inspiraron la titulación de los territorios colectivos en el Pacífico colombiano, sobre los derechos colectivos y del ambiente, la protección de los recursos naturales y de los ecosistemas (República de Colombia, 2016).
Otro resultado relevante de la investigación está en relación con el reconocimiento legal en el litigio por la tierra. Se pudo evidenciar cómo, después de casi veinte años de su retorno, con apoyos amplios de organismos de control y vigilancia internacional, se logró legalizar el proceso de devolución del territorio. Así, la población ribereña de los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó fue nuevamente reconocida como poseedora legítima de una propiedad colectiva inalienable, inembargable e imprescriptible por su vocación silvicultora y preservadora del medio ambiente.
Los fallosjudiciales reconocieron y delimitaron las tierras de propiedad colectiva pertenecientes al Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó en una extensión de 51 870 hectáreas y las tierras de propiedad colectiva pertenecientes al Consejo Comunitario del Río Curvaradó en una extensión de 42 792 hectáreas. Así, las 37 000 hectáreas que dentro de estos territorios colectivos fueron usurpadas a sangre y fuego, y adquiridas por los palmeros a través de testaferros, ventas ilegales y organizaciones ficticias, deben ser restituidas a los consejos comunitarios como sus poseedores legítimos y legales (CIDH, 2003). La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno colombiano a adoptar medidas de protección para las comunidades afectadas, ubicadas en zonas humanitarias provisionales dentro del territorio colectivo, a la espera de que se haga efectiva la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, algo que aún está pendiente (CIDH, 2018).
En la segunda fase de la investigación (2018-2019) se precisaron algunos de los principales obstáculos para la restitución de tierras en el Bajo Atrato: a) la persistencia de la disputa territorial entre actores armados ilegales, antiguos y nuevos, como los ejércitos antirrestitución de tierras, junto con el asesinato de líderes de los procesos de restitución; b) la falta de claridad sobre la propiedad por ausencia de una base de datos catastrales actualizados sobre extensión, linderos y ubicación física de los predios rurales; c) dificultades para precisar la buena fe de los segundos ocupantes de los predios abandonados; y d) dificultades de coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de atender a las víctimas (Unidad de Víctimas, Unidad de Protección, Unidad de Restitución, etc.) o de establecer la pertinencia de la restitución con intercambio de pruebas (Fiscalía, Superintendencia de Notariado y Registro, Catastro del Instituto Agustín Codazzi-IGAC).
La Ley 1448 de 2011, llamada también Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue aprobada como un mecanismo idóneo para crear condiciones favorables al proceso de paz con la insurgencia. Esta ley fue ampliada con los Decretos Ley 4633 y 4635, del mismo año, sobre reclamación de los derechos de indígenas y afrodescendientes en territorios vulnerados por la guerra. Con estos decretos, la restitución de los derechos territoriales de estas comunidades incluye los derechos al buen-vivir, ejercer gobierno propio, cultivar, preservar la naturaleza, pescar y celebrar rituales según sus costumbres.
Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 el Gobierno se comprometió a restituir tres millones de hectáreas y, para cumplir este compromiso, creó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que ha recibido 103 000 solicitudes de restitución de reclamantes que tenían una relación jurídica con la tierra y que fueron víctimas del conflicto armado. Desde entonces, y hasta el 2019, la URT ha restituido cerca de 300 000 hectáreas.
Debe tenerse en cuenta que la Ley de Restitución de Tierras del 2011 fue expedida en una coyuntura en la cual la aprobación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos estaba aún pendiente en el Congreso de dicho país y se veía obstaculizada por los escándalos ocasionados por altos funcionarios estatales prófugos de la justicia en Colombia. Existía entonces la necesidad de legitimar al Estado colombiano y este es el verdadero propósito que subyace en el proceso de restitución de tierras (Martínez, 2013).
Al inicio de los diálogos de La Habana, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que el modelo de desarrollo económico, la inversión extranjera y la doctrina militar no serían temas tratados en la mesa de negociación con la insurgencia. En la Unidad de Restitución de Tierras está claro el propósito de restablecer la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, articular los Proyectos de Interés Nacional (PINE) con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres); esto con el propósito de legalizar la acumulación irregular de predios anteriormente baldíos para grandes proyectos agroindustriales.
Ahora bien, para hacer posible el proceso de restitución a las comunidades étnicas el gobierno nacional creó la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE). En los primeros tres años de funcionamiento, en zonas apartadas y sin presencia estatal, la DAE adelantó estudios técnicos y gestiones administrativas hasta obtener como resultado solamente tres sentencias de restitución, dos de ellas en el Chocó, a dos resguardos indígenas. Es importante tener en cuenta que el departamento del Chocó tiene una superficie de 4 600 000 hectáreas, de las cuales 4 374 000 son territorios étnicos, distribuidos así: 1 074 000 que pertenecen a 124 resguardos indígenas y 3 300 000 de sesenta consejos comunitarios de afrodescendientes.
Existen 2121 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) presentadas por comunidades étnicas, pero con una enorme dificultad para su tramitación, porque el 91 % del territorio en reclamación está ubicado en zonas no microfocalizadas con presencia de grupos armados ilegales. Como este proceso se inició en medio del conflicto armado, la URT en coordinación con las Fuerzas Armadas adelantó un proceso de microfocalización para delimitar las áreas geográficas que presentan condiciones de seguridad para el retorno, y en esas áreas microfocalizadas se estudian las solicitudes y se define si los reclamantes cumplen los requisitos para iniciar el proceso judicial de reclamación.
Esta decisión, motivada tal vez por la dificultad estatal para garantizar la vida de los reclamantes, y por la necesidad de focalizar y priorizar los trámites ante la avalancha de solicitudes, ha tenido un efecto perverso. No se atienden ni tramitan solicitudes de restitución en áreas destinadas a megaproyectos, protegidas o en disputa por actores armadas ilegales.
De acuerdo con estas consideraciones, en el caso del Bajo Atrato, ¿cuáles han sido las dificultades para la restitución de tierras? Como ya se mencionó, las comunidades del Jiguamiandó y el Curvaradó bombardeadas y desplazadas por el ejército decidieron retornar desde al año 2000, para recuperar su territorio invadido por empresas palmeras; estas empresas tuvieron la protección de unidades conjuntas del ejército y los paramilitares. Si bien, los Consejos Comunitarios ganaron el litigio y han sido reconocidos legalmente como los poseedores legítimos del territorio, éste no ha sido efectivamente restituido y desde hace veinte años continúa la resistencia comunitaria sin efectiva protección estatal, soportando amenazas y asesinatos, en medio de la disputa territorial entre grupos armados ilegales. (Zúñiga, 2019).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió la Resolución 6 de 2018 sobre los asesinatos y hostigamientos ocurridos durante el año 2017 contra los reclamantes de tierras de las comunidades del Curvaradó y el Jiguamiandó en el Bajo Atrato. La CIDH considera que allí se están generando nuevos procesos de despojo territorial y desplazamientos forzados; las personas protegidas están siendo blanco de nuevas amenazas y la respuesta estatal se orienta al desmonte progresivo de las débiles medidas de protección otorgadas (Guevara, 2018).
En síntesis, los hechos victimizantes son los siguientes. Las Autodefensas Gaitainistas de Colombia (AGC) con puestos de control permanente dentro de los territorios colectivos controlan la carretera desde Mutatá hasta Pavarandó, movilizándose en motos de alto cilindraje. Las AGC amenazaron a los líderes de los reclamantes de tierra de Jiguamiandó: Manuel Denis Blandón, Melkín Romaña, Romualdo Salcedo, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra y Argemiro Bailarín; y en el Curvaradó amenazaron a los líderes María Ligia Chaverra, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González y James Ruíz (CIDH, 2018).
En el Curvaradó las AGC prendieron fuego a los cultivos de plátano y borojó. En elJiaguamiandó, destruyeron los cultivos de pancoger (plátano, yuca, y árboles frutales); asimismo, realizaron con motosierra la tala irregular de cincuenta hectáreas de "bosque primario" e ingresaron con 250 personas sembradoras de coca, aserradores y barequeros (CIDH, 2018).
Durante el 2017 fueron asesinados por las AGC: Ruth Alicia López, lideresa de la Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural Aso-kinchas; Eugenio Rentería, afrodescendiente promotor del Paro Cívico del Chocó; Efrén Santos, líder del proceso de restitución de tierras, y Rafael Truaquero, reclamante de tierras.
Hombres de la guerrilla del ELN instalaron minas antipersonales en los territorios y advirtieron a la población que "deben transportarse exclusivamente por los ríos" (CIDH, 2018). Como respuesta, el Ejército nacional saqueó una vivienda familiar, la ocupó durante todo el mes y obligó a huir a sus propietarios, pero, según comunicado de prensa del 25 de septiembre, fue "un asalto a un campamento del frente de guerra occidental del ELN".
Por su parte, las AGC continuaron con los asesinatos a reclamantes de tierras: Mario Castaño Bravo, líder de la Asociación de Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, y de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz); fue asesinado en presencia de su esposa y de un nieto menor de edad. También fue asesinado Hernán Bedoya, líder y reclamante de tierra (CIDH, 2018).
Por tanto, la CIDH resuelve que, para superar la impunidad, las medidas materiales de protección del Estado a favor de líderes de estas comunidades deben estar acompañadas con acciones gubernamentales de seguridad contundentes y permanentes (CIDH, 2018).
El sacerdote Jesús Albeiro Parra de la Pastoral Social de la diócesis de Quibdó afirmó: "para nadie es un secreto que sobre los territorios que reclaman las comunidades hay intereses de los sectores políticos y del empresariado, como quedó demostrado en Jiguamiandó y Curvaradó" (Diócesis de Quibdó, 2018).
Durante el 2019, en las zonas de biodiversidad y caseríos del Consejo Comunitario de Andalucía, en el territorio colectivo del Curvaradó, las AGC operan en completa libertad, sin interferencia alguna de los militares presentes en esa área. Las AGC controlan la población, reclutan jóvenes y amenazan a los líderes sociales, a pesar de la adopción de medidas cautelares tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de la Jurisdicción Especial de Paz (CIJYP, 2019).
Además, en el proceso de restitución, la Agencia Nacional de Tierras, en ocasiones, desconoce los derechos de los reclamantes, dando credibilidad a personas afrodescendientes que constituyen consejos comunitarios ficticios con el apoyo de empresarios y políticos ajenos a las comunidades ribereñas. Este es el caso de un juez de restitución de tierras que ordenó destruir la plantación de plátano de la familia Polo a petición de Baldoyno Mosquera, quien funge como representante legal del territorio colectivo de Pedeguita. La familia Polo, amparada con medidas cautelares de la CIDH, ha sido durante cuarenta años ocupante legal y legítima de la zona de biodiversidad La Esperanza (Garzón, 2019, 17 de enero).
De manera similar una inspectora de policía del municipio de Carmen del Darién intentó desalojar a la familia Durango de la zona de biodiversidad La Esmeralda, en el territorio colectivo del Curvaradó. Desde el 2016, la familia volvió a su tierra para reclamar sus derechos sobre la misma, luego de haber sido desplazada y despojada desde 1996 por operaciones paramilitares y su parcela ocupada por empresarios (CIJYP, 2019).
Por todo lo anterior, puede concluirse que los principales obstáculos a la restitución de tierras en el Bajo Atrato en la etapa del pos-Acuerdo son: a) la falta de voluntad política del Gobierno central para el cumplimiento del Acuerdo pactado con las FARC-EP; b) el control territorial de los grupos armados ilegales con la complicidad o pasividad de la fuerza pública; y c) las amenazas y asesinatos a los reclamantes de tierras, sin medidas de protección estatal que garanticen su vida y su permanencia en el territorio.
Ahora bien, en su proceso de resistencia, las familias de los consejos comunitarios del Jiguamiandó y el Curvaradó han obtenido el apoyo institucional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Programa de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia de Canadá, las Brigadas
Internacionales de Paz, entre otros, para proteger el proceso de reclamación y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es una organización integrada por defensores de Derechos Humanos pertenecientes a diferentes congregaciones e iglesias cristianas que por cerca de treinta años han promovido y apoyado a personas y procesos organizativos rurales y urbanos. En las zonas humanitarias del Curvaradó y el Jiguamiandó, han brindado asistenciajurídica para la protección de los bienes comunes ante la CIDH y la JEP, atención psicosocial y apoyo a iniciativas pedagógicas con propuestas curriculares hacia una nueva cultura de paz y democracia (CIJYP, 2019).
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) -por su sigla en inglés- es una ONG internacional creada desde 1981 y reconocida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. PBI acompaña en Colombia, desde 1994, a organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Los voluntarios de PBI provenientes del Reino Unido, Italia, España, Alemania, Suiza y Francia han estado presentes en las zonas humanitarias del Curvaradó y elJiguamiandó, proporcionando apoyo moral a los pobladores locales y acompañamiento personal a las organizaciones y comunidades amenazadas (PBI, 2019).
Durante el 2019 las comunidades ribereñas del Bajo Atrato han continuado en su propósito de reconstruir su tejido social, hacer visibles las dificultades para la restitución efectiva de sus tierras y obtener apoyos institucionales y legales para consolidar su permanencia en el territorio.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) analizó el caso 004, sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra ocurridos de forma sistemática, entre 1986 y 2016, en el Urabá antioqueño, el Darién chocoano y el Bajo Atrato, y decretó medidas cautelares desde julio de 2018.
En septiembre de 2019, los reclamantes ribereños del Jiguamiandó y el Curvaradó, con la asesoría jurídica de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, lograron que la JEP instalara la comisión de seguimiento a las medidas cautelares para proteger a quienes participan como víctimas, debido a hechos ocurridos después del primero de diciembre del 2016, cuando quedó ratificado el acuerdo de paz con las FARC-EP. Con estas medidas, la JEP busca cumplir su función de garante especial de los derechos de las víctimas que se acreditan ante esajurisdicción, como una medida para que puedan participar efectivamente en los procesos de justicia transicional adelantados con el auto n.° 040 de 2018.
En agosto de 2019 las comunidades ribereñas convocaron la Caravana Humanitaria por la Vida, el Territorio y la Dignidad de los Pueblos del Chocó para que defensores de Derechos Humanos visitaran el Chocó y compartieran su contexto histórico y de resistencia en un ejercicio de documentación, incluida una misión médica. La Caravana plasmó en un informe la crisis humanitaria que enfrenta el Bajo Atrato chocoano y lo presento ante el Senado en octubre del mismo año. En esta caravana
humanitaria participaron trescientas personas de organizaciones locales, nacionales e internacionales recorrieron las cuencas de los ríos Truandó y Salaquí, así como las zonas humanitarias de las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó (Zúñiga, 2019).
Del 4 al 6 de octubre de 2019, las comunidades negras e indígenas del Bajo y Medio Atrato realizaron el Tercer Festival de las Memorias Septiembre Vida para conmemorar la masacre de Brisas, ocurrida en 1996; es un festival de resiliencia comunitaria, que conmemora los hechos, el desplazamiento, el despojo, el retorno y la resistencia (Zúñiga, 2019).
En síntesis, ante la inoperancia gubernamental para hacer cumplir las disposiciones legales que protegen los derechos colectivos en el Bajo Atrato, las comunidades permanecen en su territorio, reconstruyen su tejido social, continúan su denuncia ante la JEP, convocan la solidaridad nacional e internacional como medida de protección en la etapa del pos-Acuerdo y conmemoran sus hechos luctuosos, dignificando la memoria de sus víctimas que los acompaña en su lucha por la vida y el territorio.
