Ensamblajes locales: "el negocio de la coca ha reemplazado al Estado"

En octubre de 2020, el CRIC convocó una Minga para ir hasta Bogotá y exigirle una reunión al presidente colombiano para rechazar las masacres, los asesinatos de líderes sociales y la criminalización de la propia protesta social. Precisamente, y en relación con esto último, no tardó mucho tiempo desde el inicio de la Minga para que los cuerpos de inteligencia del Estado central señalaran a esta movilización popular de estar infiltrada por las disidencias de las FARC (Unidad Investigativa, 12 de octubre de 2020). Las masacres y asesinatos, por su parte, no se han detenido. El 20 de abril de 2021 fue asesinada Sandra Liliana Peña Chocué, Gobernadora del resguardo Siberia-La Laguna, del municipio de Caldono. Con ella son cuatro ya los gobernadores indígenas Nasa asesinados los últimos cuatro años.

Como respuesta al asesinato de la Gobernadora, el CRIC organizó lo que denominaron una "Minga hacia adentro", con el fin de hacer control territorial dentro del resguardo Siberia-La Laguna, en particular dando continuidad a un proceso manual de erradicación de cultivos de uso ilícito que había iniciado la gobernadora. El gobierno nacional, por su parte, respondió al crimen con su habitual fórmula: el envío de más efectivos militares a la zona. En este contexto, el Ejército hizo un pronunciamiento sobre la Minga hacia adentro, pero esta vez, en lugar de señalarla de estar infiltrada por la guerrilla, la nombró en tanto aliada. Según este pronunciamiento, el Ejército había tenido un "diálogo" con la Guardia Indígena y había coordinado con "las autoridades ancestrales [...] actividades de seguridad en los territorios [para] iniciar tareas de erradicación de hojas de coca" en el resguardo (Ejército Nacional de Colombia, 23 de abril de 2021)¹. El CRIC respondió mediante un comunicado público en el cual desmentían al Ejército y reafirmaban que su acción de control territorial constituía un ejercicio de autonomía y de jurisdicción propia (CRIC, 23 de abril de 2021).

Hay varios elementos aquí que queremos destacar. Por una parte, la aparente paradoja del hecho de que las autoridades militares señalen un día al movimiento indígena de estar infiltrado por las guerrillas y, poco después, lo llamen un aliado territorial en su lucha contra esos grupos. Esta singularidad es consecuente con la forma como el Estado -y en particular uno de sus agentes, el gobierno central- se despliega en un territorio. Tal despliegue se da a partir de procesos simultáneos (no excluyentes mutuamente) de competencia y/o de alianza con distintos actores locales para buscar imponer sus regulaciones. Se trata de articulaciones, o como diremos en adelante, de ensamblajes (no exentos de tensión) con redes locales de poder, lo que le permite incorporar buena parte de las relaciones previamente existentes bajo una forma-Estado, sin que ello implique ni una renuncia a ni un real imperio de la Ley central.

Como señala Fernán ^{González (2016)}, la incorporación de nuevos territorios y poblaciones periféricas al Estado-nación colombiano es un proceso gradual y discontinuo, uno que tiene lugar a partir del ejercicio impreciso -a veces equívoco y siempre limitado- del poder del Estado central sobre las distintas interacciones sociales que tienen lugar en un territorio. Pero no es que el Estado central se haga presente a través de esas intervenciones sobre interacciones sociales locales, sino que lo que allí se produce son unos ensamblajes locales de estatalización. Considerar el Estado local como un ensamblaje implica pensarlo como un conjunto cuyas propiedades surgen de las interacciones entre los actores o partes que lo componen: instituciones, organizaciones, movimientos, partidos. El Estado, en su manifestación local o territorial es, por tanto, un andamiaje compuesto por una articulación (inestable) de componentes propios con otros que no lo son.

Al instalarnos en la perspectiva que atiende las articulaciones entre diversos actores (tanto legales e ilegales) como el lugar donde emerge localmente lo estatal, estamos asumiendo que en esas articulaciones es también donde puede observarse la continuidad entre ley y violencia, la cual explica -en cierta medida- el reciclaje de esta última en los territorios que están afrontando ese proceso gradual y discontinuo de incorporación al Estado-nación. En efecto, al señalar acciones aparentemente equívocas como la expuesta anteriormente para el caso del Ejército frente al movimiento indígena, de lo que hablamos es de intervenciones que alimentan la metafísica del desorden propia de la violencia de los Estados poscoloniales (^{Comaroff y Comaroff, 2009}), cuya característica principal es que actores y lógicas violentas mutan constantemente y no hay una clara separación entre el orden y la ley, de un lado, y el desorden y la violencia, del otro. El orden y la ley, de hecho, se manifiestan (podríamos decir, se territorializan) inscribiéndose en las propias dinámicas del desorden.

En efecto, autoridades indígenas Nasa del Norte del Cauca afirman, por ejemplo, que en un ejercicio de control realizado por la Guardia Indígena dentro de uno de sus resguardos se encontró a soldados del Ejército colombiano con brazaletes de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de las FARC en sus mochilas (notas de campo, Caldono, Cauca, noviembre 18 del 2019). El representante de una ONG belga que trabaja en la misma zona plantea consideraciones en la misma dirección:

En Morales [17 km al occidente de Caldono] también nos dijeron hace poquito que habían visto como 300 personas subiendo a la loma, identificándose como FARC. ¡Eso es imposible! Debe ser ejército. El EPL uniformado con brazalete hizo retén acá como a 20 minutos de Popayán, sobre la [vía] Panamericana hace como 6 meses. Eso es muy difícil hacer algo así en un contexto tan militarizado. (Popayán, 19 de noviembre del 2019)

La metafísica del desorden en esta región es también alimentada por la forma como actúan los grupos ilegales en los territorios. Estos grupos no son simples organizaciones que ejercen terror sobre la población civil, como algunos discursos gubernamentales y mediáticos buscan, de forma reduccionista, presentar la cuestión. Se trata de organizaciones que, como analiza Alejandra Ciro para el caso de las FARC en el medio Caguán (Caquetá) entre la década del 80 y el año 2006, funcionan al tiempo como "institución" armada y como "organización" territorial que debe responder a las" situaciones diarias de las localidades" donde ejercen control (^{Ciro, 2013}, p. 78). Para el caso del Norte del Cauca, los grupos armados ilegales o las organizaciones dedicadas al narcotráfico también ejecutan o promueven acciones que, aunque ilegales, contribuyen al proceso de incorporación de territorios al Estado-nación. Dicho de otra forma, esos grupos también ejercen prácticas de estatalización:

[...] llega usted a la cabecera [del corregimiento de Playa Rica en el municipio de El Tambo] y en el sector poblado hay de todo, porque la coca les ha permitido hacer desarrollo. Ellos [los campesinos del corregimiento] argumentan con validez que esas son zonas donde el Estado generalmente no ha hecho presencia casi que nunca: no hay infraestructura vial, no hay energía y la coca y el negocio de la coca ha reemplazado al Estado. Entonces para ellos allá, el Estado viene siendo ese porque es el que les ha ofertado la posibilidad de hacer las vías, la electrificación, así sea a través de plantas autónomas, les ha permitido mejorar el acueducto, les ha permitido hacer escuelas. Digamos que las organizaciones sociales allá se han, digamos, en su tarea de alguna forma de buscar desarrollo, han tenido que aceptar esa economía y decir: "bueno, aprovechémosla medianamente y reemplacemos nuestras necesidades a través de esta economía y este dinero que está fluyendo aquí". Entonces ha logrado hacerse un liderazgo en ese tema, hay gente que ha jugado ese papel de que los recursos se aterricen y parte del papel de la guerrilla que estaba en esa zona, de las FARC en su momento, también puede servir de autoridad de Estado, como parte de labor del negocio también implica hacer inversiones sociales con esa economía. (Luis Gabriel Rojas², Popayán, Cauca, 2 de julio del 2019, énfasis agregado)

Esta forma de ejecutar procesos locales de estatalización coincide, precisamente, con el tipo de acciones que el Estado contemporáneo realiza cuando busca integrar nuevos territorios. En su texto sobre la autonomía del Estado, Michael ^{Mann (2006)} distingue dos tipos de poderes: el despótico y el infraestructural. El primero supone la capacidad del actor de gobierno de imponer su criterio de manera unilateral. El segundo, el infraestructural, que es el que nos interesa aquí y que según Mann es el propio de los Estados actuales, "denota el poder del Estado de penetrar y coordinar centralmente las actividades de la sociedad civil a través de su propia infraestructura [la de la sociedad]", deviniendo "un mero instrumento de fuerzas dentro de la sociedad civil" (^{Mann, 2006}, p. 8), es decir, un actor más dentro de las redes locales de poder.

El poder infraestructural, como lo especifica Mann, se refiere al poder del Estado para penetrar realmente la sociedad civil. La clave está en el adverbio. El ejercicio concreto de mediación e intervención en las interacciones sociales localizadas en un territorio concreto es lo que constituye el poder o, como también lo denomina el sociólogo británico, las "intrusiones infraestructurales del Estado" (^{Mann, 2006}, p. 6). Lo manifestado por el coordinador departamental del PNIS sobre el accionar de las FARC y de las estructuras que controlan el cultivo y tráfico de coca en la zona corresponde, precisamente, a intrusiones de esas organizaciones en las interacciones sociales a nivel local.

Son estas intrusiones las que escapan al reduccionismo esencialista que propone al Estado central como modelo único de las relaciones de poder y las que también quedan por fuera del enfoque de la ausencia del Estado como explicación de las dinámicas sociales violentas desplegadas en territorios como el Norte del Cauca. Como si el Estado se redujera a las acciones concretas del gobierno nacional o de las instituciones centrales, y como si ellas fuesen las únicas posibilidades existentes de ser gobierno y Estado. Así, un déficit común de los relatos de ausencia estatal es la reducción ontológica de la que parten, preocupándose principalmente por la naturaleza del que gobierna sin reparar seriamente en el hecho de que el ejercicio de gobernanza en los distintos territorios "genérica y fundamentalmente, concierne al 'qué' se gobierna y 'cómo' se gobierna" (^{Briassoulis, 2019}, p. 2).

Ensamblajes violentos del Estado local: "... uno ya no sabe quién es"

La dominación se percibe, en la vida cotidiana, a partir del reconocimiento de "procedimientos regularizados" y "estándares normativos" que establecen, por un lado, formas de relacionamiento y, por el otro, reglas para tomar decisiones (^{Santos, 2009}, p. 55). La vigencia práctica de esos elementos en una comunidad configura un régimen de dominación que sostiene el orden social. En este sentido, desde una perspectiva amplia y plural de la dominación y de las múltiples configuraciones históricas de los sistemas de poder, de la cultura y del conocimiento, sería posible pensar que un régimen de dominación puede tener lugar en un territorio a partir de una configuración distinta de la que se deriva de la narrativa de la construcción del Estado moderno europeo.

Siguiendo el análisis de Boaventura de Sousa ^{Santos (2009)} sobre el enfoque pluralista de la dominación, el cual está enmarcado en las epistemologías del sur (esto es, por fuera de las categorías analíticas dominantes en el Norte global), la dominación resulta ser un problema complejo, multidimensional y pluriescalar, aprehensible en la realidad por medio de la observación de regímenesjurídicos plurales cuya naturaleza es tanto legal como ilegal. Esto es posible debido a que, en primer lugar, todo régimen de regulación normativa de la sociedad es entendido como estructurado internamente por tres componentes: la burocracia, la violencia y la retórica. En segundo lugar, porque la relaciones entre estos componentes pueden variar, determinándose así la naturaleza del régimen y el tipo de dominación que ejercen según el orden de preeminencia interna en el que se encuentren.

En ese sentido, pueden encontrarse regímenes de dominación que, como el del Estado moderno europeo, dando preeminencia al componente de la burocracia, organizan a partir de este el uso racional de la violencia, esperando con ello edificar la simbolización de una autoridad suprema que sostenga una retórica del poder legítimo. Pero, además, pueden presentarse regímenes de dominación, como el de actores armados que llegan a ejercer un control territorial, que priorizan el componente de la violencia mediante su uso calculado y sostenido para infundir una retórica de la coacción que garantice el mantenimiento de su estructura cerrada de administración de recursos y relaciones de poder. Por último, pueden reconocerse regímenes en los que, en atención al mantenimiento de una comunidad territorial, son las tradiciones las que sostienen los marcos y patrones regulatorios de la vida cotidiana. En este caso, el conjunto de prácticas discursivas basadas en una retórica de costumbres o proyectos de vida comunitarios, directamente garantizan la vigencia de autoridades jerárquicamente organizadas, a partir de un estatus basado en lo tradicional, sin recurrir a un uso frecuente de la violencia directa e inmediata.

Estas posibles configuraciones revelan que la eficacia material del conjunto de patrones y marcos regulatorios de la vida cotidiana que configuran un régimen de dominación específico dependen de la presencia espacial y la vigencia temporal que puedan tener frente a otros regímenes. Dependen, además y, sobre todo, de que distintos regímenes de dominación pueden llegar a establecer relaciones de articulación o disputa en un momento y lugar determinado. Es la relación de articulación, a partir de la lógica del ensamblaje que puede darse entre componentes de distintos regímenes, la que aquí destacamos para entender la manifestación ambigua que tiene el Estado en relación con la violencia que se percibe en el territorio del Norte del Cauca.

Siguiendo esa perspectiva, la ausencia del Estado es en realidad la descripción de las dificultades que el régimen de dominación estatal colombiano enfrenta para que su aparato burocrático centralizado asegure eficazmente su retórica de legitimidad. Desde luego, en ese tipo de régimen eso es posible si, cómo dijo Max ^{Weber (2009}, p. 83), "en el interior de un determinado territorio [el Estado] reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física" y, además, asumiendo la evolución del Estado constitucional moderno en el siglo xx, si esa coacción autorizada legalmente es también de un tipo simbólico tal que logra producir significados y relaciones positivas de fuerza en el relacionamiento, como señala Pierre ^{Bourdieu (2014)}.

Considerando las dificultades que el Estado colombiano tiene para establecerse de tal modo en muchos territorios, hablamos, entonces, de una necesidad de ensamble violento por parte del Estado local con aquellos actores capaces de desempeñar esas tareas de la coacción física -por medio del uso directo de la fuerza- y simbólica -por medio del ejercicio del poder infraestructural-. Por su lado, estos actores también encuentran en el ensamblaje con el Estado una oportunidad para mantener en pie su organización, pues la falta del monopolio del componente de la violencia por parte del Estado hace necesaria su presencia en el territorio y los sitúa en condiciones de obtener un alto grado de legitimidad en atención a la seguridad y control que pueden ofrecer.

El Estado y los actores armados se encuentran en el componente de la retórica de la legitimidad, gracias a la articulación que la coacción física y simbólica que le falta al primero y que el segundo posee. Este ensamblaje garantiza la existencia organizada tanto de uno como del otro. Con ^{Weber (1964}, p. 696) podemos decir que estos ensamblajes ofrecen un tipo de dominación por constelación de intereses bajo el tamiz de una perspectiva plural de la dominación que sigue implicando, en términos teóricos, la falta de formalización o institucionalización de un solo tipo de poder y, en términos prácticos, el ejercicio del poder a partir de manifestaciones ambiguas y ambivalentes que no permiten un reconocimiento inequívoco de dominación legitima.

El Estado local como ensamblaje violento puede entenderse, entonces, como una forma de producción constante de (re)estructuraciones de relaciones sociales dinámicas en el territorio. Intervenciones como las que mencionamos arriba para el caso de la coca en El Tambo, que no solamente se articulan alrededor de proyectos protoestatales como la energía, el alcantarillado o escuelas, sino también de otro de los componentes esenciales que una población espera del Estado, como es la seguridad de los territorios, evidencian la forma en la que pueden darse esas (re)estructuraciones. Se trata de escenarios territoriales en los que esos intereses han sido perseguidos por medio del establecimiento de plataformas estratégicas que implican el ejercicio del poder infraestructural que el Estado no ejerce completamente o no puede ejercer, al menos no de forma abierta.

En Colombia, y en particular en la zona que analizamos, el establecimiento de plataformas estratégicas que buscan sacar ventaja de las grietas que presenta la actividad y el dominio del Estado central da cuenta de una dinámica plural, compleja y en tensión, de órdenes que dibujan "un palimpsesto de soberanías contestadas" (^{Comaroff y Comaroff, 2009}, p. 17), configuradas internamente a partir de estructuras predominantes que difieren en cada caso. Dicho palimpsesto produce una situación de indeterminación, en la cual no siempre es claro quién hace qué, que es productiva en términos de control y vigilancia del propio territorio: Lo cierto es que para la parte de Toribío sí hay esa cantidad de grupos [disidencias de las FARC], pero uno ya no sabe quién es. Ahí es donde a uno le da como cosita. Uno ya no sabe quién es el malo, quién es el bueno, o si todos son malos o todos son buenos. Uno no sabe. Y en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, a nombre de uno otros pescan ahí también. (Representante del Partido Comunes, Caldono, Cauca, 18 de noviembre del 2019)

Esta situación de indeterminación se ve reforzada, además, porque desde la perspectiva local, algunas acciones del Estado central se perciben como más nocivas, o al menos desventajosas, que las de los propios actores ilegales. En efecto, el Estado, para actuar en nombre de sus presupuestos de existencia relacionados con el mantenimiento del orden y ante la necesidad de adaptarse a contextos que exigen una respuesta rápida, actúa desordenadamente, con acciones que a nivel local pueden ser percibidas como arbitrarias o que persiguen fines distintos a los oficialmente declarados (es lo que sucede, por ejemplo, con la percepción que tienen diversos actores sociales -campesinos e indígenas particularmente- sobre la militarización creciente en el Norte del Cauca) o incluso como perjudiciales para los intereses locales (es el caso sobre los anuncios de reanudación de la fumigación de los cultivos de coca con glifosato).

El ensamblaje del Estado local se manifiesta también en este territorio a partir de la particularidad que señalamos antes, de que Caldono (así como otras amplias zonas del Norte del Cauca) es también un resguardo indígena y, por tanto, allí existe unajurisdicción particular, reconocida por la propia Constitución y las leyes colombianas. En la práctica lo que se da es un entrecruzamiento de esos distintos sistemas alrededor del control territorial:

[...] entonces todo el espacio territorial tiene un acompañamiento desde el Ejército, y desde la Policía también se creó una unidad de acompañamiento en espacios territoriales. Esos dos organismos son quienes monitorean todo el tiempo la seguridad, con ellos hay que definitivamente estar articulados, pero en territorios como Caldono, que es predominantemente indígena, la mayor seguridad es estar en contacto total con las comunidades indígenas y con su guardia indígena, que ejerce fuerza y control en el territorio y son una buena fuente de información para cualquier movimiento, intervención. Entonces esos actores, tanto fuerza pública como la autoridad tradicional, son fundamentales para estar enterados de lo que va sucediendo y poder saber cómo eso [la presencia en el territorio] se puede convertir en un riesgo. (funcionaria de la ARN, Popayán, Cauca, 25 de enero del 2019)

Este entrecruzamiento no está exento de fuertes tensiones y conflictos. El orden burocrático-estatal se enfrenta también a los movimientos sociales o a las comunidades que se organizan estratégicamente alrededor de la protección de sus intereses. Es esto lo que manifestaba el presidente departamental del MAIS sobre las luchas sociales del movimiento indígena: "el movimiento indígena, todo esto, ha sido la Minga, en protesta, todo lo que hemos ganado aquí lo hemos ganado es a la fuerza, con hechos" (Popayán, Cauca, 19 de noviembre del 2019). Los desajustes en los ensamblajes están así determinados por lógicas discordantes entre los intereses del Estado o del Gobierno central y los de las organizaciones sociales locales:

Somos [el CRIC] una de las organizaciones que más estorba, que más oposición tiene frente a las políticas de los gobiernos relacionadas con tierras, con agua, con educación, salud, en el tema ambiental. Entonces el Estado, el gobierno, sobre todo el gobierno, no el Estado, encuentra muchos obstáculos en el mundo indígena por cosmovisiones, por pensar de una forma distinta, actuar, construir modelos distintos de los que nos han impuesto en educación, en salud, en gobierno propio. (representante del CRIC, Popayán, Cauca, 19 de noviembre del 2019)

Por último, el contexto de posacuerdo favorece la reproducción de ensamblajes violentos alrededor de la demanda de seguridad y protección que precisa la economía ilegal de la zona. En un contexto de vacancia regulatoria en el control de dicha economía (determinado por la salida de quien ejercía ese control), aparecen entonces distintas organizaciones buscando ocupar esa vacante (^{Snyder y Durán, 2009}). Organizaciones cuya característica inicial, como vimos, es su propia indeterminación, lo cual no es un impedimento para el ejercicio del poder infraestructural (en realidad, lo facilita). En efecto, con la salida de las FARC del Norte del Cauca, desapareció la organización de protección que controlaba la economía ilícita de la región.

Aquí, nuevamente, entra en juego el componente de la retórica de la legitimidad: dado que se trata de una economía en cuya base hay población campesina e indígena que ha encontrado en los cultivos de uso ilícito una forma de confrontar la precariedad socioeconómica en la que viven, esta población acude al pragmatismo para preferir la presencia de actores ilícitos a la del propio Estado. Un campesino cultivador de Marihuana, en la etapa final del proceso de negociación entre el Estado colombiano y las FARC, explicaba su inquietud ante la salida de estas últimas de la región de la siguiente forma: "la policía ya seguro va a empezar a subir al cultivo [de marihuana] y arrancarlo" (Santander de Quilichao, Cauca, 20 de septiembre del 2015)³.

Actores ilegales a veces articulados y a veces enfrentados con población civil; actores del Estado central articulados y a veces enfrentados con autoridades tradicionales de gobierno local. Tanto las articulaciones como los enfrentamientos o desarticulaciones se dan a partir de interacciones mediadas por intereses de poder, las cuales producen formas de estatalidad a nivel local. La teoría legalista del Estado es impotente ante dicho entramado relacional. La pluralidad de (i) legalidades inmersas no permite definir claramente los contornos institucionales de dichos ensamblajes de poder. Se trata de ensamblajes violentos o que tienen la violencia como fondo relacional (como el caso de la protección a los cultivos de marihuana o la misma presencia del Ejército como garante de la movilidad en un territorio), que aquí llamamos Estado-local. Dicho Estado-local es por ello dinámico, cambiante, porque está determinado por las interrelaciones presentes en un momento dado y alrededor de un asunto concreto.

El Estado como causalidad redundante de la violencia: "hay que ver quién rebobina, quien recicla todos estos grupos que hay"

El orden legal estatal, en el que predomina la organización burocrática de la violencia, no solo se articula y se confronta con autoridades tradicionales y movimientos sociales en el Norte del Cauca. De forma análoga, enfrenta a órdenes ilegales de actores armados, que buscan, por su parte, también producir efectos calculados de legitimidad a partir de la racionalización de prácticas sociales. Estos órdenes de poder no-legal se caracterizan por dar preminencia, como estructura reguladora, al uso directo o a la amenaza del empleo de la violencia para promover y sostener sus intereses, pero también emplean estrategias propias de las otras estructuras sobre las que está construido un orden regulador:

[...] El temor de ellos [de los grupos armados ilegales que operan en el Norte del Cauca) es que detrás de la llegada del programa [de sustitución de cultivos] venga la institucionalidad y venga la fuerza armada también, venga lo lógico que es tratar de hacer control territorial por parte del Estado de los sectores en los que se está. Que donde está el programa tengamos la posibilidad de traer la fuerza institucional con la que coordinemos que, en las zonas nuestras, donde están las veredas, llegue inversión rápida en las vías, en la infraestructura vial, llegue el tema de mejoramiento de acueductos [...] Entonces ven a eso como un enemigo porque a ellos siempre les ha convenido es estar aislados para no tener ninguna dificultad. Entonces esa es la cuestión. De hecho, por ejemplo, están dándole plata a la gente para que sigan cultivando [coca], para que amplíen sus cultivos. (Luis Gabriel Rojas, Popayán, Cauca, 2 dejulio del 2019)

Inversión rápida en las vías, mejoramiento de acueductos, elementos que como vimos arriba hacen parte de la plataforma estratégica de los grupos ilegales en la zona y que ahora buscan ser desarrollados por agentes Estatales. Esto acompañado de un despliegue de mayor fuerza militar en el territorio. En efecto, en octubre de 2019, el presidente colombiano anunció el envío de 2500 soldados adicionales a la región del Norte del Cauca para hacer "control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico [...] y desmantelar esas organizaciones [ilegales armadas]" (Presidencia de Colombia, 2019). Así que el Estado central no solo compite con los actores ilegales a través de las acciones estratégicas de inversión social, sino que también lo hace como un agente más que reproduce la violencia del prolongado conflicto armado, lo cual -como vimos- produce dinámicas que debilitan localmente la presunción de legalidad de su existencia y de legitimidad de sus actuaciones.

Afirman Julieta ^{Lemaitre y Esteban Restrepo (2019)} que la narrativa fundacional de las democracias liberales, que opone civilización y barbarie, eclipsa las muchas formas en las que las recetas para hacer el Estado (entre las que debe incluirse la presencia estatal mediante un despliegue militar) no produce civilización, sino que, al contrario, restablece y alimenta "la violencia y la barbarie que esas [recetas de construcción de Estado] buscaban erradicar" (^{Lemaitre y Restrepo, 2019}, p. 4). La naturaleza ambigua de Estados cuya formación histórica no se corresponde con la narrativa europea-moderna revela, además de las continuidades entre ley y violencia, el ejercicio de un poder amañado a coyunturas imprevistas (como se señalaba al inicio para el caso de la Minga hacia adentro) y a intereses secundarios que pueden ser capitalizados por ellos mismos para sostener su débil presencia y legitimidad relativa.

Es precisamente por ello, que muchos intentos de penetración del Estado, como los que han tenido lugar con ocasión de la implementación del acuerdo de paz en la región, son vistos con sospecha -o al menos suspicacia- por actores sociales locales, en particular por el movimiento indígena:

Y lo que sucedió [con algunas de las cosas acordadas en el marco del proceso de paz] es que dividieron a la comunidad [indígena] en Caldono. Hay seis Cabildos y hay tres que consideraron que iban a tener el cielo cogido, porque las FARC y el gobierno les prometieron pavimentar la carretera Pescador-Pueblo Nuevo y pavimentar la carretera por el otro lado; [les prometieron] puesto de salud de tercer nivel. [...] Ellos [el gobierno central y las FARC] decían que el CRIC se oponía a la paz. Nosotros no nos oponemos al proceso, lo apalancamos. Lo que no estamos de acuerdo es que entre a la casa gente extraña, gobierno y guerrilla, a incomodarnos. ¿Te gustaría que entren a tu casa a decirte "esta es la cocina, la cama ahora va a estar acá"? (Representante del CRIC, Popayán, Cauca, 19 de noviembre del 2019)

La desconfianza es mayor ya que a partir de un recuento histórico del conflicto violento en el Norte del Cauca -a través del cual el CRIC entiende que el Estado colombiano ha sido también fuente de la violencia armada de la cual ha sido objeto la organización desde los años setenta-, el movimiento indígena interpreta la situación actual, el asesinato selectivo de líderes sociales y las masacres que han ocurrido en el territorio, como producto de organizaciones ilegales que sirven a los intereses económicos de élites cercanas y/o asociadas con los poderes del Estado central:

La potencialidad que tiene Latinoamérica es gigantesca frente a las demandas que tiene el mundo. Dicho en otras palabras: eso es desarrollo, pa' ellos [para las élites económicas y los representantes del Estado central]. Eso significa destrucción de la naturaleza. Nuestra lectura es que los gobiernos, y la oligarquía y los ricos y toda esta gente del mundo neoliberal, tenía que quitar del camino para lograr eso, tres estorbos. El primero es la insurgencia. Ya la desmovilizaron para poder entrar a los territorios. Ellos, esa guerrilla, era gobierno en esos territorios. El segundo estorbo son los pueblos indígenas, por su visión y su obstáculo que ponen, jurídico, y su capacidad de convocatoria. Y el tercer estorbo es la infraestructura, la accesibilidad carreteable. Nuestra tesis es que, acabando la insurgencia como insurgencia, los grupos delincuenciales [actuales] son de ellos, les favorecen a ellos, por eso no los van a combatir. Ahora vendrían por el movimiento social, para desmoronar el movimiento social, los estudiantes, los obreros, y en el caso del campo, vendrían por el movimiento indígena. (Representante del CRIC, Popayán, Cauca, 19 de noviembre del 2019)

Así que más que la ausencia del Estado, lo que actores sociales locales perciben como problemático, incluso peligroso, es la forma a través de la cual se materializa la presencia misma del Estado central en sus territorios. Esta percepción entre actores sociales de zonas como el Norte del Cauca indica que, ese proceso gradual y discontinuo de incorporación de nuevos territorios y poblaciones al Estado-nación del que hablamos antes, ha producido, a nivel local, la sensación de que, para perseguir esos fines de capitalización de efectos ambiguos, el poder central del Estado participa en la reproducción misma de la violencia.

Se trata de una reproducción que se hace dejando estratégicamente libradas al azar algunas implicaciones de las acciones violentas que el Estado emprende bajo la presunción de legalidad de su accionar. Apenas once días antes del señalado anuncio del presidente colombiano de envío de más tropas al Norte del Cauca, campesinos de esa región -en concreto, de zona rural del municipio de Corinto- habían hecho una denuncia pública de la tortura y asesinato de un miembro de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, a manos de integrantes del Ejército en desarrollo de operativos militares realizados en la zona. El despliegue de más tropa en ese territorio representaba, al menos para los campesinos de la región, un despliegue también mayor de la propia violencia que en teoría esa presencia militar anunciaba contener.

Esto está atado a la espectacularidad con la que se anuncian estas intervenciones directas del poder del Estado o, en concreto, del Gobierno central. Cuando la legitimidad o la soberanía de este es puesta en duda -lo cual, en un territorio como el Norte del Cauca, ocurre con frecuencia-, los anuncios de militarización sirven para simular espectacularmente que el Gobierno está haciendo el trabajo de eliminar la violencia, lo cual busca generar efectos simbólicos favorables a la manera en la que es percibido (no en el territorio, sino a nivel nacional) por medio de la exaltación de su función de proveer seguridad. De lo que hablamos es del crimen como "coartada para reafirmar la integridad de la nación y de la ley" (^{Comaroff y Comaroff, 2009}, p. 88), lo cualjustifica el ensamblaje violento del Estado local.

No es, entonces, la ausencia del Estado sino una presencia que refleja la continuidad existente entre ley y violencia. Esto no solo explica la incapacidad del Estado central para cortar la continuidad de la violencia de larga duración y frenar la prolongación del conflicto armado, sino que, además, explica la reproducción de los ensamblajes locales de poder en Colombia. En efecto, otro indicativo de la condición de ensamblaje de estos procesos de emergencia del Estado local es su capacidad de estabilización ante los cambios. En este caso, hablamos de una estabilización mediada por la violencia. Cuando actores locales nos señalaban que hubo "una pausa muy buena" en el año siguiente (incluso un poco más) a la firma del acuerdo de paz (representante ONG belga, Popayán, Cauca, 19 de noviembre del 2019, Popayán, Cauca), estaban refiriéndose al periodo en el que lo que estaba preparándose era unas fluctuaciones conflictivas y un recambio de actores en el territorio. En este sentido, ^{DeLanda (2006)} señala que una propiedad e indicador de la existencia real de un ensamblaje social es la "causalidad redundante", es decir, la capacidad del ensamblaje de estabilizar sus procesos, aunque alguno de sus elementos se modifique. En palabras de ^{Harman (2008}, p. 5) "los componentes son redundantes en la medida en que ningún miembro de la red sea insustituible", y por ello las dinámicas, rituales, prácticas, etc., perviven "con sombría regularidad" a lo largo del tiempo, aunque algunos de los miembros hayan cambiado: "Todo esto nos va dejando enseñanzas, aprendizajes para prepararnos para la nueva guerra que viene, esa es la tristeza. Ya está encadenada: hay que ver quién rebobina, quien recicla todos estos grupos que hay" (representante del CRIC, Popayán, Cauca, 19 de noviembre del 2019).

Esta causalidad redundante de la violencia puede observarse en la manera en que se reproduce su base histórico-social y material. Una expresión tan clara como están dándole plata a la gente para que sigan cultivando [coca] nos habla de un ensamblaje en el que actores interactúan mediados por objetivos correlacionales (para unos puede ser conservar el poder y para otros conseguir sus medios de vida). Así, las estructuras plurales de dominación reproducen, reconfiguran y en muchos casos reciclan la violencia transformada en medio común de búsqueda de los intereses de los agentes sociales. Recurriendo a la denominación que da ^{Weber (1964)} a la situación en la que el poder no ha sido formalizado, la reproducción de la violencia en los contextos de pluralidad de estructuras de dominación representa una constelación de la violencia, en la cual el Estado central es también un agente cuya participación está presenta en ella.

A modo de conclusión: "(...) la nueva guerra que viene"

La narrativa prevaleciente para conjurar las nuevas formas de violencia que se manifiestan en los territorios que viven un posconflicto violento se enmarca en la conocida fórmula teórica y práctica de suplir la ausencia del Estado. Pero, más que antes, esa formulación descriptiva y normativa del problema de la prolongación del conflicto violento colombiano parece instalarse como principio de realidad y axioma de negación de un futuro en paz. Desde la perspectiva de las comunidades locales, aquel Estado distante, que en la historia de su formación equívoca posee una presencia diferenciada y un ejercicio del poder ambiguo, se presenta como un actor o una organización que se acomoda a las circunstancias sociales y políticas de los territorios para asegurar una existencia formal y aparente como suprema autoridad del poder político y la dominación social.

En ese sentido, el proceso histórico que caracteriza al Estado colombiano en relación con la incorporación de nuevos territorios y poblaciones periféricas se torna en la actualidad como un proceso de ensamblaje. En este proceso ya no se saca el provecho usual de control directo derivado de la presencia física, sino que se obtiene el aseguramiento de las funciones contemporáneas de mediación y legitimación de algunos intereses, proyectos y poderes concretos que provienen del centro político de la nación. Así, la crónica deficiencia histórica de la presencia estatal estaría actualizada mediante el despliegue de lo que Achille ^{Mbembe (2001)} ha denominado el gobierno indirecto privado. Se trata de la puesta en evidencia de los intereses económicos particulares, localizados más allá del Estado, que impulsan los procesos permanentes de desinstitucionalización del poder.

Las relaciones del Estado central y las comunidades constituyen en la actualidad ejes de articulación de los componentes estructurales de distintos regímenes de dominación que pueden entenderse y superponerse como ensamblajes en un nivel local. En esta articulación se conectan intereses, recursos y objetivos que, desde una perspectiva clásica y tradicional de la dominación, haría parecer contradictorios estos encuentros de regímenes de dominación distintos. Sin embargo, a partir de una perspectiva plural del poder y la dominación, los ensamblajes del Estado y otros actores a nivel local movilizan recursos y medios que aseguran el ejercicio del poder infraestructural del Estado central.

En este sentido, el análisis de los ensamblajes a partir de una perspectiva pluralista de la dominación social revela también las necesidades y limitaciones del poder del Estado realmente existente. Esas necesidades se especifican en la incapacidad de su organización burocrática para asegurar la legitimidad de sus acciones debido a las insuficiencias estructurales que presenta respecto al uso de la violencia que legalmente presupone concentrar. Por ello, en algunos territorios afectados por el conflicto violento, como el norte del Cauca, el Estado establece un ensamblaje violento a nivel local, el cual le proporciona un espacio para que pueda afirmar la existencia de su organización formal y para que pueda capitalizar los efectos retóricos de legitimidad local que emanen de dicho ensamblaje.

Finalmente, lo que se advierte con urgencia es la inminente formación de un nuevo ciclo de violencia, en el que no parece evidenciarse un medio viable para evitarla. El Estado parece hacer parte del nuevo ciclo de violencia mediante su ensamblaje con estructuras dispuestas a continuar la lógica de la guerra y a reciclar las dinámicas lucrativas de la violencia. Al establecerse como causalidad redundante en el nuevo ciclo de violencia, la presunción retórica atribuible al Estado en tanto autoridad legítima que se encuentra construida sobre la fundacional distinción entre ley y violencia, que ya era apenas posible solo en la teoría para los estados del sur global, queda disuelta en medio de una sombría regularidad práctica.