Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989)^*

Viviana Bravo Vargas^** - Universidad Nacional Autónoma de México

^** Profesora del Posgrado en Estudios Latinoamericanos y de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora y magíster en Estudios Latinoamericanos por esta misma universidad. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: "Quimantú, palabras impresas para la Unidad Popular". ISTOR 14, n.° 54 (2013): 47-76; y "Chile en Septiembre: memorias, proyectos y monumentos (1970-2013)". Pacarina del Sur, Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano 5, n.° 17 (2013): s/p. vivianabravo@gmail.com

DOI:dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.04

RESUMEN:

El propósito de este artículo es reconstruir y analizar el singular papel que asumió la Iglesia católica, en cuanto espacio y actor político, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Por una parte, aborda el trabajo que los Cristianos comprometidos realizaron durante las jornadas nacionales de protesta iniciadas masivamente desde mayo de 1983; y, por la otra, destaca la riqueza de sus archivos para comprender la protesta social chilena que sorteó la censura de la época. Con este objetivo, el artículo se apoya en entrevistas realizadas a agentes de las comunidades eclesiásticas, militantes de izquierda, y también en documentos, fotografías e informes albergados en su acervo documental. Por último, concluye que las diversas iniciativas emprendidas para defender los derechos humanos y regenerar el tejido social ofrecieron un sólido marco institucional para romper la censura y articular las prácticas políticas populares durante el período de estudio.

PALABRAS CLAVE:

Chile, comunidad religiosa, dictadura, movimiento de protesta, censura (Thesaurus); Iglesia católica (palabras clave de autor).

A Liberating Church, Rearticulation of Politics and Social Protest in Chile (1973-1989)

ABSTRACT:

The purpose of this article is to reconstruct and analyze the singular role the Catholic Church assumed both as a space and as a political actor during the military dictatorship of Augusto Pinochet in Chile. On the one hand, it examines the work of the Committed Christians during the national protest days initiated on a massive scale in May of 1983; and, on the other, it highlights the wealth of its archives for understanding the Chilean social protest that circumvented the censorship of the time. With this objective, the article presents information obtained through interviews of agents of ecclesiastic communities and leftist militants, as well documents, photos and reports conserved in its document archives. Finally, it concludes that the diverse initiatives undertaken to defend human rights and to regenerate the social fabric offered a solid institutional framework to break through the censorship and to articulate grassroots political practices during the period studied.

KEYWORDS:

Chile, dictatorship, protest movement, censorship (Thesaurus); religious community, Catholic Church (author's keywords).

Igreja libertadora, rearticulação da política e protesto social no Chile (1973-1989)

RESUMO:

O propósito deste artigo é reconstruir e analisar o singular papel que a Igreja Católica assumiu, na qualidade de espaço e de ator político, durante a ditadura militar de Augusto Pinochet no Chile. Por uma parte, aborda o trabalho que os Cristão comprometidos realizaram durante as jornadas nacionais de protestos iniciados massivamente a partir de maio de 1983; e, por outra, destaca a riqueza de seus arquivos para compreender o protesto social chileno que contornou a censura da época. Com esse objetivo, o artigo apoia-se em entrevistas realizadas a agentes das comunidades eclesiásticas, militantes de esquerda, e também em documentos, fotografias e relatórios guardados em seu acervo documental. Por último, conclui que as diversas iniciativas empreendidas para defender os direitos humanos e regenerar o tecido social ofereceram um sólido âmbito institucional para romper a censura e articular as práticas políticas populares durante o período de estudo.

PALAVRAS-CHAVE:

Chile, comunidade religiosa, Igreja Católica, ditadura, censura (Thesaurus); movimento de protesto (palavras-chave autor).

Introducción

El 4 de septiembre de 1970, el socialista Salvador Allende y la coalición de gobierno llamada Unidad Popular (UP) triunfaron apretadamente en las mesas electorales presidenciales en Chile¹. Bajo los marcos de la institucionalidad vigente se propusieron concretar un ambicioso programa de gobierno, que contemplaba profundizar en la reforma agraria, nacionalizar la industria del cobre, la banca, e intervenir en áreas económicas estratégicas para redistribuir los beneficios en favor de las clases más desposeídas. Mil días más tarde -el 11 de septiembre de 1973-, el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet puso fin a la llamada vía chilena o vía pacífica al socialismo. A través de un fuerte dispositivo represivo fueron perseguidos y asesinados militantes de partidos políticos, y prohibidas organizaciones de trabajadores, estudiantiles y territoriales. El mundo de izquierda debió refugiarse en la clandestinidad e intentar sobrevivir física y orgánicamente².

Si bien desde un comienzo se esperó de la jerarquía católica un enérgico repudio al golpe, su actitud fue bastante ambigua sobre los hechos que se estaban viviendo³. No obstante, con el transcurrir del tiempo, la Iglesia chilena se fue comprometiendo en forma creciente con la defensa de los derechos humanos, la rearticulación del tejido social y la reconstrucción de la cultura democrática proscrita. Ello ha servido de inspiración a una fuerte reflexión de corte politológico, sociológico e histórico que ha indagado sobre la relación entre Iglesia y política, abordando tres episodios fundamentales: la intensa discusión desarrollada desde la segunda mitad del siglo XX a través de la recepción y las discusiones del Concilio Vaticano II -las Conferencias Latinoamericanas de Medellín y Puebla- y los postulados de la Teología de la Liberación⁴; la experiencia de los cristianos durante la Unidad Popular⁵, y, por último, la labor desarrollada por los grupos católicos durante el régimen militar⁶. En dichas indagaciones se ha destacado la paulatina fuerza alcanzada dentro del clero por la llamada Iglesia liberadora, argumentando el compromiso con "los pobres, los oprimidos y perseguidos", a partir de la crítica al sistema de dominación capitalista y la voluntad de ser un espacio y un actor político clave especialmente durante la dictadura⁷.

En efecto, si tras el golpe la mayoría de la jerarquía titubeó, los denominados Cristianos comprometidos actuaron tempranamente. Se trataba de la base institucional del clero, compuesta por sacerdotes, religiosas y laicos que abrieron las puertas de las parroquias para recibir a los perseguidos, les brindaron su red de apoyo para refugiarlos y denunciaron lo que sucedía en el país⁸. A nivel institucional, una importante iniciativa fue la creación en 1976 de la Vicaría de la Solidaridad, impulsada por el cardenal Silva Henríquez para cubrir labores de defensa de las víctimas de la represión; además del apoyo a la subsistencia y el fortalecimiento de las organizaciones sociales⁹. Cuando las reuniones estaban prohibidas, fue en las parroquias y los pasillos de la Vicaría donde comenzaron la paulatina recomposición de vínculos militantes y la activación de canales solidarios. Entre las organizaciones que se agruparon al alero de la Vicaría se encontraba la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.

No obstante, existe un capítulo fundamental de la historia social de la Iglesia católica que no ha sido analizado con detenimiento y que será el objetivo central de este artículo: el papel que los Cristianos comprometidos desempeñaron durante las jornadas nacionales de protesta, un ciclo de rebelión popular iniciado masivamente desde mayo de 1983 y desarrollado hasta finalizar el régimen. En este grupo, un contingente de sacerdotes, monjas y laicos prestó apoyo en equipos de salud, denunció la represión en los barrios marginales y brindó ayuda a los afectados por las represalias, que seguían como correlato a la movilización, exponiendo muchas veces sus vidas. Pero además de esto, la temprana preocupación por registrar los atropellos, censuras y asesinatos hizo posible que en Chile exista un archivo de cientos de casos de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, que en el contexto de la transición democrática fue presentado como testimonio de lo acontecido en el territorio chileno¹⁰. El Archivo Documental de la Vicaría resguarda además fuentes menos consultadas, fundamentales para comprender la protesta social chilena. Se trata de testimonios, investigaciones y fotografías que permiten explorar los entramados territoriales y emocionales que tejieron la cultura política comunitaria, que sostuvo la rebeldía popular. El registro de asambleas, barricadas, marchas, enfrentamientos estudiantiles, huelgas, boletines, y de la organización callejera de las acciones directas, es parte del frondoso legado.

A partir de lo anterior, el presente artículo recorrerá dos vías que se entrelazan: por una parte, se dará cuenta del quehacer de la Iglesia liberadora como espacio y actor político clave durante las jornadas de protesta; por otra, se indagará sobre sus registros para adentrarse en esta etapa crucial de la historia social y política chilena que sorteó la censura y los silencios oficiales. Por tal motivo, se apoyará en una serie de entrevistas realizadas a profesionales de la Vicaría, agentes de las comunidades eclesiásticas territoriales, militantes de izquierda, testimonios y memorias de religiosos, y también en documentos albergados en su archivo.

1. Los están matando: ¡Hay que salvar gente!

Después del bombardeo a La Moneda, la Conferencia Episcopal guardó silencio. Fue hasta el 13 de septiembre de 1973 que la institución se pronunció: "Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas [...] Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fue el Presidente de la República"¹¹. Según confiesa el obispo Carlos Camus, lo que primó en un principio fue la incredulidad entre el clero chileno. La jerarquía estaba convencida de que los militares volverían a los cuarteles en pocos meses, y no era un secreto que algunos obispos apoyaban la intervención militar. Pero sin importar si los militares se irían en pocos meses o en años, para los curas que cruzaban diariamente campos o avenidas populares, el horror fue inmediato. Para Damián Acuña, a quien durante el gobierno de Allende le exasperaba la intranquilidad reinante, era claro que tras la llegada del general Pinochet el panorama había cambiado:

"A los dos o tres días comencé a saber de tantas víctimas. Viajando a Santiago por la carretera vi tres cadáveres junto a las paredes del Cementerio Metropolitano [...] Al día siguiente, había otros dos cadáveres que, incluso, quedaron insepultos hasta la tarde [...] Al asentamiento 24 de Abril, donde vivían unas 20 familias, llegaron tipo 4 de la mañana a buscar a la gente en un camión de barandas altas. Los llamaban con nombres y apellidos y los hacían subir al camión [...] Nunca más se supo de ellos"¹².

De ese estupor comenzaron la indignación y politización del padre Acuña contra la dictadura, en especial en el momento de hacerse cargo de la Vicaría de la populosa Zona Norte de Santiago, cuando pobladores del territorio empezaron a ser asesinados, torturados y desaparecidos por militares. Entre la noche del 18 y 19 de septiembre también corrió la voz que el sacerdote catalán Juan Alsina había sido asesinado, y su cadáver rescatado de las aguas del río Mapocho. Esto mostraba de nuevo que la muerte alcanzaba a la Iglesia. Alsina había llegado como presbítero en los años sesenta a Chile, y, negándose a vivir de las homilías en un templo, trabajaba como obrero en el Hospital San Juan de Dios. Hubo otros casos, como los descritos por Pablo Richard, de al menos 120 sacerdotes católicos, 30 pastores protestantes, 35 religiosos y 200 laicos, personas que, como Juan Alsina, pertenecían a Cristianos por el Socialismo y que fueron expulsados de Chile, gran parte de ellos después de ser detenidos y torturados, mientras que al menos 32 fueron asesinados¹³.

Ante estos hechos, desde diversos lugares, los Cristianos comprometidos reaccionaban. El reverendo Roberto Bolton se reunía con el obispo Fernando Ariztía y el padre Mariano Puga para analizar los hechos e intentar aportar en lo posible. El cardenal Raúl Silva Henríquez recolectaba percepciones y testimonios en las distintas zonas de la Arquidiócesis de Santiago. En tanto, monseñor Fernando Ariztía, obispo auxiliar de Santiago, fue uno de los primeros que denunció públicamente lo que estaba pasando, dedicándose a dejar registro escrito de los acontecimientos, con lo que se buscaba recolectar evidencias que pudieran usarse luego como defensa, en tanto gestaba la idea de crear un organismo de ayuda a los perseguidos, que le propondría ejecutar al cardenal Silva Henríquez.

En efecto, el 6 de octubre de 1973 nació formalmente el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, con la misión de prestar asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. De carácter ecuménico, fue presidido por el obispo Ariztía, de la Iglesia católica; el obispo Helmut Frenz, de la Iglesia evangélica luterana, y el sacerdote jesuita Fernando Salas, como Secretario Ejecutivo. Comenzó reclutando a un pequeño número de personas de confianza, entre ellas la asistente social Argentina Valenzuela. El 16 de octubre de 1973, Valenzuela encontró reunido a un equipo de profesionales y religiosos dispuestos a ayudar en lo que se necesitara, tal como relata: "Esa etapa del Comité fue súper linda, terrible pero linda, éramos un equipo que efectivamente era amplio, pluralista, muy unido"¹⁴. Al poco tiempo, el equipo necesitó más espacio, y se trasladaron a su sede oficial en calle Santa Mónica 2338, una breve dirección que circuló en papelitos doblados o murmullos clandestinos entre quienes buscaban ayuda.

Para prestar servicio médico a las víctimas de la represión, el 1 de mayo de 1974 este grupo inauguró el Centro Médico. La doctora Gilda Guerra, una de sus fundadoras, relata el desafío emocional que significó para sus profesionales: "Debíamos conjugar la atención física y sicológica de las personas. Era una realidad para la cual nunca nos habían preparado, era una medicina de guerra. No éramos médicos que supiéramos cómo atender a un torturado"¹⁵. El trabajo público del Comité Pro Paz se enlazaba con otro trabajo subterráneo. Alguna pista esboza el padre Cristian Precht, secretario ejecutivo desde septiembre de 1974 y Vicario de la Solidaridad entre 1976-1979, al reconstruir la historia de esta entidad: "Desde sus primeros días el Comité realizó un importante trabajo a través de su Departamento de Reubicación, nombre oficial que designaba a un valeroso y abnegado grupo de sacerdotes, religiosas y laicos que ayudaban directamente a quienes eran perseguidos y a los que padecían de mayor necesidad. Este solo departamento daría para escribir un libro lleno de heroísmo"¹⁶.

Todo empezó abriendo las puertas de las parroquias y capillas para recibir secretamente a los perseguidos. Pero ¿qué pasaría con ellos? Aunque no se sabe quién empezó la tarea ni cuál fue la primera embajada que abrió sus puertas, sí se conoce que alrededor del 20 de septiembre de 1973 existían diversos grupos en plena faena de salvamento. En el caso del padre Bolton, la iniciativa operativa comenzó junto a dos amigos laicos, Rodolfo Valenzuela y Horacio Rivera. El cuartel central fue un salón del Colegio de los Padres Franceses en la Alameda, donde estaba la oficina de Rafael Maroto, vicario episcopal de la Zona Centro. A pesar de la inexperiencia en tácticas de seguridad y trabajo clandestino, el cuartel central operó bastante bien. Así pues, connotados fueron los casos de las embajadas de Suecia, Francia e Italia, cuyos amplios jardines y expansivas murallas facilitaban especialmente la tarea pastoral de salvataje, según rememora Bolton: "teníamos bien precisados los puntos de esta muralla que ofrecían más facilidades y menos peligro para ser escalados. Era relativamente sencillo, la muralla era de ladrillo y en varias partes faltaba uno". La operación se realizaba con cronómetro en mano para coincidir con el momento preciso en que el policía que vigilaba la zona se encontraba por el lado contrario de la cuadra: "La persona que trepaba era empujada en su primer impulso por los que quedábamos abajo y luego cuando llegaba a la parte alta de la muralla, debía descolgarse o saltar hasta el jardín"¹⁷.

Junto con la defensa y protección comenzó la labor de información y denuncia. El Comité sistematizó las innumerables pruebas que había reunido, y el 29 de marzo de 1974 presentó el primer recurso de amparo masivo por el arresto y desaparición de 131 personas, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 17 de marzo de 1974. No hubo respuesta de los tribunales, ni la habría en los años siguientes en que se presentaron cientos de ellos, pero los profesionales persistieron en su labor. Pronto comenzó el hostigamiento: por ejemplo, en octubre de 1975 fue prohibido el ingreso a Chile de Helmut Frenz. Un mes más tarde fueron encarcelados José Zalaquett, jefe del Departamento Jurídico, y varios sacerdotes, entre ellos Rafael Maroto, Patricio Cariola, Fernando Salas y Gerardo Whelan, sacerdote norteamericano de la Santa Cruz, por prestar ayuda a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que huían de un enfrentamiento con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), uno de los cuales se encontraba junto a su esposa, asilado en la Nunciatura Apostólica. La suerte del Comité se selló el 11 de noviembre de 1975, cuando Pinochet le expresó por escrito al Cardenal: "Hemos considerado que el mencionado organismo es un medio del cual se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y la necesaria quietud. Será pues, un positivo paso para evitar males mayores, el disolver el mencionado Comité"¹⁸.

2. La Vicaría de la Solidaridad: encuentro y rearticulación social de la política

Pero lo que Augusto Pinochet no sospechó fue que Silva Henríquez crearía una instancia de mayor envergadura, con más recursos, trabajadores, y lo más importante: blindada del acoso directo de los militares. La Vicaría de la Solidaridad, a diferencia del Comité Pro Paz, dependió de manera directa del Arzobispado de Santiago, terreno legal y arbitrio de la Iglesia católica. Esta entidad comenzó a funcionar el 1 de enero de 1976, a un costado de la Catedral, en plena Plaza de Armas A través de su Departamento Jurídico cubrió labores de defensa, denuncia y protección de miles de detenidos y presos políticos; atendió a exiliados y relegados; formuló denuncias en favor de las víctimas de tortura, secuestros y homicidios ejecutados por agentes del Estado. Con estos objetivos, en la antesala del Departamento, un grupo de trabajadoras sociales recibía a quienes llegaban a pedir ayuda y entregar su testimonio. En esas habitaciones se resguardaba además el contundente y delicado archivo de informaciones e investigación que respaldaba las denuncias que la Vicaría presentó rigurosamente al Presidente de la Corte Suprema a comienzos de cada año judicial.

Por otro lado, para velar por la organización y defensa de los trabajadores se conformaron el Departamento Laboral -que desde 1977 pasó a convertirse en la Vicaría de Pastoral Obrera-; el Departamento Campesino, que funcionó hasta 1982, y el Departamento de Publicaciones, desde donde se editó quincenalmente la revista Solidaridad. Entre 1976 y 1990, la revista logró romper la censura e informar sobre acontecimientos internacionales, nacionales y procesos que desarrollaban las organizaciones sociales de base. Además se imprimieron otras publicaciones, entre las que destacaba la serie ¿Dónde Están?, que recopilaba las fichas personales de detenidos desaparecidos.

Parte fundamental de su labor fue el trabajo territorial en los sectores periféricos. Para cubrirlo, la Vicaría aprovechó la inserción que los Cristianos comprometidos desarrollaron cotidianamente junto a los más pobres desde la década de 1960 en las seis zonas pastorales de la Arquidiócesis de Santiago (Centro, Norte, Oeste, Oriente, Sur, Rural-Costa). De acuerdo con las necesidades de cada territorio se gestionaron programas de apoyo a la subsistencia, tales como "Ollas Comunes" o los "Comprando juntos", que abarataban el costo de los abarrotes; talleres artesanales, comedores infantiles y de ancianos. Sólo en Santiago hubo más de trecientos comedores que durante diez años aseguraron a los niños una comida diaria; también se conformaron talleres de capacitación; recreación educativa, y siete policlínicas que ofrecieron sus servicios a los más pobres. La asistente social Juanita Alvarado, coordinadora de la Zona Sur, explica la mirada profesional bajo la cual se insertó su trabajo:

"Nosotras llegamos a trabajar a la Vicaría con una perspectiva de trabajo social muy política, en el sentido de lograr participación, de fortalecer la organización. En ese sentido, la Vicaría fue una instancia súper interesante de elaboración, de creación, para que todos estos programas, que podían aparentemente aparecer tan asistenciales, tuvieran también un perfil de transformación y de hacer conciencia en las personas"¹⁹.

Cuando las reuniones estaban prohibidas por la dictadura, los pasillos de la Vicaría y las parroquias entregaron el único espacio seguro para volver a tejer los vínculos orgánicos y comunitarios. Alentadas por agentes de pastoral, se propiciaron la organización y transmisión de experiencias:

"Se fueron creando instancias de 'formación cívica'. Los sucesos que la prensa censurada no informaba; las leyes, casi siempre injustas, que dictaba la justicia militar; las disposiciones de aquellos gobernantes. Estos grupos minoritarios informándose ellos, trasmitían luego lo que sabían en las conversaciones habituales al resto de los vecinos. Se invitaba a expertos de la Vicaría Pastoral Obrera, y de Solidaridad. También a personas con experiencia sindical, abogados y otros especialistas"²⁰.

Fueron cientos de militantes los que retomaron vínculos al alero de la Iglesia, y mucho más aún los niños que crecieron con ganas de sumarse a la resistencia y que fueron contactados en una parroquia por partidos políticos. Fue el caso del cantautor Francisco Villa, reconocido por su participación en actos culturales de la época: "yo pasé de la Juventud Franciscana a las Juventudes Comunistas [risas], me reclutaron en una parroquia"²¹. También fue el caso de Raúl Canales, dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) en la población La Pintana:

"Participábamos en actividades en la Iglesia, con los curas como más revolucionarios de la Iglesia; eran unos tipos muy progresistas, apoyaban las Ollas Comunes, apoyaban las huelgas de hambre; los curas fueron quienes nos abrieron los ojos, quien lo hizo a uno tomar conciencia y mirar el país de otra manera; dentro de la iglesia se hablaba que habían desaparecidos, se hablaba que habían muertos; ahí nace esa cosa de querer hacer cosas por el otro"²².

Si bien trabajarán muchas veces en conjunto, aún más al calor de las Jornadas Nacionales de Protesta, uno de los puntos de mayor conflictividad entre la Iglesia liberadora y los jóvenes militantes versó sobre la utilización de la violencia como forma válida de lucha. Es importante tener en cuenta que durante los años ochenta existía una importante población politizada, preferentemente de jóvenes que querían enfrentar la dictadura con otros medios y que encontraron eco en la política llamada "Rebelión Popular de Masas", impulsada por el Partido Comunista²³. Por su parte, los curas que promovían la "no violencia activa" no apoyaron la utilización de "todas las formas de lucha", y puertas adentro amonestaron a sus vecinos revoltosos, y no obstante se encargaban de explicar a la opinión pública el contexto cotidiano desde donde surgía la furia.

Fue el caso del jesuita Ignacio Gutiérrez, Vicario de la Solidaridad entre diciembre de 1983 y noviembre de 1984, quien apuntó en sus memorias: "¡Qué distinto es ver las cosas desde dentro cuando uno ve el sufrir de la gente que no son números, sino rostros, vidas concretas que uno conoce!". De nacionalidad española, Gutiérrez se sentía parte de esa realidad chilena que conocía desde adentro. Continúa: "La situación que en ese entonces imperaba en el país era atroz. El fracaso del modelo económico era total [...] socialmente se percibía un desencanto en los medios populares. Había cansancio [...] La inutilidad de la protesta pacífica y la rabia impotente se mezclaban entre sí. Muchos, sobre todo jóvenes, querían pasar a la violencia [...] En muchas poblaciones estaba fresca la muerte de sus vecinos"²⁴.

Los Cristianos comprometidos aprovecharon diversos espacios para hacer claridad con respecto a su opción política y pastoral. Así, por ejemplo, el referenciado padre Damián Acuña explicó: "Se nos acusa de estar promoviendo las protestas, ¡de ninguna manera! Lo que si hacemos es promover a la gente... esto se resume en una sola frase: reconoce tu dignidad, tu derecho humano; no te dejes aplastar, no agaches la cabeza"²⁵. De muchas maneras, la protesta había sido originada en esos espacios, y era fundamental el trabajo cotidiano de este actor político, trabajo contenido en la insistencia de los párrocos y religiosas en enarbolar la dignidad, fomentar la organización y recuperar el sentido de lo político en su amplia dimensión comunitaria.

3. Protestas nacionales: registro, denuncia y clínicas clandestinas

Lo que resulta claro hasta aquí es que desde el 11 de mayo de 1983, la oposición se tomó las calles, las plazas públicas, las universidades, los muros y las páginas de la prensa. Ya no se trataba de las acciones fugaces que encabezaba un grupo de opositores, sino que, tal como señaló el Informe de la Vicaría: "Llega mayo y la primera protesta, y la participación popular llega a extremos antes no imaginados"²⁶. En la Primera Jornada, respondiendo a una convocatoria de la Confederación de Trabajadores del Cobre -una organización con credibilidad y peso histórico en la tradición obrera-, se protestó masiva y coordinadamente en las calles de Santiago. Después de diez años de resistencia clandestina e intramuros, del lenguaje cifrado y el pequeño formato clandestino, la oposición al pinochetismo habló en forma bulliciosa y directa²⁷.

El instructivo que emitieron los trabajadores -que serviría de matriz para los que vendrían- daba más opciones que el paro o la huelga para que cada quien, sin compromisos necesariamente orgánicos, se manifestara según sus posibilidades. Ese día, en algunos lugares de trabajo, hubo paros parciales, asambleas, los comedores se vieron desocupados y el trabajo fue más lento. Según los organizadores, el ausentismo escolar superó el 70% como promedio, bajaron las ventas del comercio y disminuyó la locomoción colectiva. También hubo asambleas, actos culturales y manifestaciones combativas en campus universitarios, donde comenzaron las primeras manifestaciones y los primeros arrestos masivos. Hubo incidentes en el Palacio de Tribunales, encabezados por abogados y estudiantes de leyes, mientras que en otro punto de la ciudad fueron detenidos 35 seminaristas de la Congregación del Santísimo Redentor, que marchaban silenciosamente bajo un cartel que sólo indicaba un signo de interrogación. A las 20 horas se escuchó un ensordecedor ruido de cacerolas que emanaba tanto de barrios residenciales de clase alta como de los barrios populares, en tanto en el centro de Santiago, según la prensa oficialista, "decenas de manifestantes en grupos organizados actuaron simultáneamente gritando consignas políticas y dando origen a enfrentamientos con la policía uniformada"²⁸. Pero lo que acaparó el asombro de la opinión pública fue el cinturón de fuego que se dibujó en la periferia santiaguina: barricadas y fogatas comunitarias defendidas por los pobladores hasta altas horas de la madrugada.

A partir de entonces, el sonido de las cacerolas y de las piedras, las consignas, los rayados, los panfletos y el fuego de las barricadas transformaron el espacio urbano. Según datos recolectados por la Vicaría, sólo en la Primera Jornada, la actuación de las fuerzas del orden cobró la muerte de dos jóvenes, decenas de heridos y alrededor de 500 detenidos, de la mano con masivos allanamientos en más de seis mil hogares de la Zona Sur de Santiago. Bajo la mira de las metralletas, pobladores de distintas comunas periféricas fueron obligados a salir de sus casas con las manos en alto, para ser conducidos a parques cercanos a su población y permanecer hasta catorce horas de pie, en espera de que se verificaran sus antecedentes. El testimonio redactado por un sacerdote de la población João Goulart nos recrea el ambiente vivido en aquel momento:

"La escena del parque tenía algo de campo de concentración. En el horizonte, en la bruma, se divisaban las siluetas de los soldados del ejército que rodeaban el parque. Custodiando más de cerca esta multitud estaban los carabineros también fuertemente armados. Unos y otros con cascos y metralletas. Buses, camiones y autos circulaban en diversas direcciones. En el centro del enorme círculo de hombres apiñados, iluminados por los focos, personal de civil de ambos sexos trabajaba en el chequeo de la gente"²⁹.

Luego de escuchar los testimonios de religiosos y de las víctimas que llegaron a ampararse en las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad, monseñor Manuel Camilo Vial, obispo auxiliar de Santiago y Vicario Episcopal de la Zona Sur, alzó la voz en el mes de mayo para interrogar a las autoridades: "¿Es necesario seguir humillando a pobladores que ya han sufrido atropellos, postergaciones, pobreza y malos tratos, por el solo hecho de ser marginados de una sociedad tan injusta como en la que vivimos? [...] Detrás de estos hechos, vislumbro una represalia y un amedrentamiento. Denuncio una incitación y una provocación que llevará, sin duda, a una espiral de violencia que nadie desea"³⁰. El Obispo intuyó acertadamente lo que vendría: la represión fue una estrategia que poco sirvió para calmar los ánimos.

La Segunda Protesta fue aún más aguerrida: la falta de libertades, aunada a la pobreza que se agudizó con la instauración de las políticas neoliberales y la crisis financiera internacional de los años ochenta, eran una importante fuerza propulsora de estos movimientos. Los sectores populares vivían una situación desesperada; la baja en los salarios vino acompañada del aumento del precio de los alimentos. Entre marzo de 1982 y marzo de 1983, el pan -alimento esencial para la familia chilena- subió en un 47,2%, y el pasaje de microbús, en un 59,7%³¹. Pero en realidad lo más difícil de la crisis fue la cesantía, que se acrecentó con las quiebras de empresas. El desempleo efectivo estuvo sobre el 24% durante cuatro años consecutivos (1982-1985) y alcanzó un nivel máximo de 31,3% en 1983. El salario real promedio se redujo casi un 20% y estuvo deprimido por un largo período, y el ingreso mínimo líquido se redujo en un 40%³². Ante esta situación, las organizaciones de trabajadores denunciaban un aumento de la explotación: "Los trabajadores viven una realidad no sólo de angustia sino de mayor intensidad del trabajo, aceptada con resignación ante el temor de perder el empleo"³³.

En este contexto, la Vicaría confirmó su capacidad orgánica para proteger a los reprimidos, reunir información, romper la censura y hacerse escuchar como actor político ante una dictadura que rechazaba cualquier tipo de interlocución con los sectores opositores. Para conocer de primera fuente lo que sucedía en los territorios, esta institución organizó una amplia red de seguimiento, sustentada en un cuantioso contingente de informantes pertenecientes a comités de derechos humanos, integrantes de comunidades de base, sacerdotes, religiosas y laicos, y que dependía de las características de cada zona. Tanto en los días previos y posteriores, así como durante las jornadas de protesta, la red se encargaba de registrar cada una de las situaciones ocurridas. La tarea era facilitada por una ficha previamente diagramada que indagaba sobre las actividades de protesta, tales como la ubicación de barricadas, cortes de luz y de rutas, marchas y actos políticos; hasta cuestiones subjetivas como el estado de ánimo, los niveles de participación, además de los mecanismos y efectos de la represión, como lanzamiento de lacrimógenas, allanamientos y otros tratos crueles, e incluían las listas de muertos, heridos y detenidos, además de datos personales de las víctimas. Ello constituyó un significativo sistema de contrainteligencia.

Sobre cómo se fueron adaptando las respuestas de los Cristianos comprometidos de la Zona Sur a las necesidades logísticas del momento político, explica Juanita Alvarado: "En la primera protesta no había nadie, y el cuidador no hallaba que hacer con su señora; tenían gente golpeada, herida, entonces para la otra protesta ya nos organizamos, siempre nos quedábamos con las monjas; recuerdo especialmente a las Hermanitas de Jesús, las Marianistas y del Amor Misericordioso. Nos quedábamos ahí toda la noche, escuchando las informaciones, recibiendo a la gente, pero también haciendo reflexiones políticas y de fe"³⁴. El caso de la Zona Centro tenía una dinámica similar, aunque su particularidad radicaba en que las acciones de su cuadrante eran protagonizadas por sectores sindicales, universitarios y estudiantes de la secundaria. En aquellos años, Argentina Valenzuela era la asistente social responsable de la zona: "Nosotros teníamos colaboradores como corresponsales, que manejaban nuestros teléfonos, y nosotros los de ellos; igualmente hacíamos turnos en la Vicaría para que siempre hubiese alguien, y teníamos que tener clara la información que debía darse a la gente sobre qué pasos tenían que dar ellos frente a cualquier situación represiva"³⁵.

Al día siguiente de la protesta, el coordinador de Zona canalizaba todo el material recopilado y lo hacía llegar a la Vicaría central, donde se sistematizaba y registraba la información, se hacía seguimiento de los casos y organizaba la ayuda a los afectados. Ante los nuevos desafíos, los funcionarios debieron redoblar esfuerzos. Por lo que se duplicaron turnos, hubo que acondicionar clínicas populares y capacitar a pobladores en primeros auxilios; se necesitaron más máquinas de escribir y fotocopiadoras para difundir cartillas educativas, manuales e instructivos sobre los derechos de las personas. En ese año, la cantidad de detenciones aumentó entre cuatro a siete veces respecto a las registradas en 1982, en tanto que las atenciones del servicio médico aumentaron cinco veces más. Pero los cambios no sólo fueron cuantitativos, también las modalidades de censura se transformaron. En contraste con la represión estrictamente individual -que siguió subsistiendo-, se abrieron la represión masiva, los allanamientos y la salida de las FF. AA. a la calle, que afectaron en mayor medida a jóvenes entre 18 y 22 años. También se volvió más popular: se proletariza, dice el Informe En 1983, el porcentaje más alto de reprimidos lo tenían los obreros con o sin trabajo, seguidos por estudiantes de enseñanza media y universitaria: "En ambos sectores por lo demás, la represión, por violenta que sea, no produce necesariamente el efecto de amedrentamiento generalizado que antes podía esperarse. Por el contrario, en no pocas ocasiones desata el efecto inverso [...] El miedo o el temor, que en los años previos acompañaba inseparablemente a casi todos los fenómenos represivos, ha ido cediendo paso a una actitud distinta"³⁶.

A nivel territorial, para responder a las necesidades provocadas por la represión se conformaron equipos de salud o de primeros auxilios que se organizaban generalmente en las capillas o casas parroquiales de cada sector. En ellas destacaban las religiosas, que cumplían largos turnos, como en el caso de Elena Chaín, Odile o Blanca Rengifo, entre muchas otras, y un equipo de médicos que, a bordo del pequeño coche ("la citroneta") con que contaba la Vicaría, se trasladaban a distintas zonas de Santiago. Su presencia fue cada vez más necesaria para atender heridos por balines, golpeados, asfixiados por las bombas lacrimógenas, entre otros casos de complejidad. Entre la Segunda y Tercera Jornada comenzaron a llegar recursos médicos para hacer curaciones y se impulsaron programas para capacitar a las voluntarias. En una de esas clínicas clandestinas colaboraba la señora Alicia Cáceres, participante activa de su parroquia en la población La Victoria, en donde los espacios se apropiaban y resignificaban de manera continua: "La capilla se transformaba en una clínica que preparábamos antes, se tapaba todo con nailon negro para que no saliera olor para afuera, como camillas teníamos unas bancas largas, poníamos dos y le poníamos un nailon, una frazada. Teníamos harta capacitación, una enfermera universitaria nos enseñó mucho de todo lo que es el cuerpo humano"³⁷.

Las cuestiones operativas que asumía la comunidad pastoral, incluso contemplaban el resguardo de los reporteros de oposición que cubrían las jornadas; mientras la prensa oficialista reporteaba cerca del área protegida por carabineros, y había fotoperiodistas de confianza a los que se les invitaba a captar el movimiento de la población. En esas jornadas, el fotógrafo de la Vicaría, Nelson Muñoz, recuerda que se registraba ante el encargado de seguridad, que regularmente era una religiosa:

"Les dejábamos un listado con todos los que habíamos entrado, entonces cuando terminaba la manifestación pasábamos a reportarnos, que estaba todo ok y que ya nos íbamos, incluso a veces le llamábamos por teléfono de nuestras casas, diciéndole: 'Hermana, sabe que estamos todos bien', y ella chequeaba, de repente le faltaban dos; te llamaba y te decía: 'Falta este de la agencia France Press o de la agencia Reuters', y empezábamos a tratar de rastrear qué había pasado con él. Si nos pasaba algo, si tenías una herida, ellas nos curaban"³⁸.

Las imágenes que captaba Nelson Muñoz eran publicadas en la revista Solidaridad. En sus páginas, trabajadores, jóvenes pobladores y dueñas de casa explicaron sus motivaciones a la hora de protestar y denunciaron el cuadro represivo al que se enfrentaban.

4. Las represalias: hostigamiento y muerte

Mes a mes, la Vicaría preparó un voluminoso informe sobre las situaciones registradas en Santiago y regiones del país. Gracias a ello, la institución pudo presentar con solidez innumerables recursos ante los tribunales y redactar diversos documentos de denuncia contra la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, en el marco de la actividad Chile defiende la vida, coordinada por el cardenal Silva Henríquez durante el mes de agosto de 1984, el Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, redactó un escrito titulado "Por una cultura de la vida, basta de muerte", que detallaba las muertes ocurridas desde la Primera Jornada hasta el 11 de mayo de 1984. Habían transcurrido nueve protestas masivas más cientos de manifestaciones opositoras, y durante ese tiempo -explicaba el Vicario- murieron 100 personas, 75 de ellas durante las protestas, y principalmente por acción de carabineros. La mayoría eran obreros -seguidos por estudiantes- y tenían menos de 25 años de edad³⁹.

Vinculados e identificados con las luchas populares, los Cristianos comprometidos dieron otro paso en el proceso de intervención política y comenzaron a irrumpir en el espacio público con manifestaciones de no violencia activa. Además de participar en marchas y actos opositores, desde septiembre de 1983, un grupo de sacerdotes, religiosas y laicos conformaron el Movimiento Contra la Tortura, que más tarde fue llamado Sebastián Acevedo, en recuerdo del obrero que murió inmolado frente a la Catedral de Concepción cuando exigía la liberación de sus dos hijos⁴⁰. El grupo solía ubicarse fuera de recintos de detención y tortura con pancartas, volantes y cantos que denunciaban las prácticas contra los derechos humanos (imagen 1).

Las actividades programadas no eran aceptadas por el régimen, por lo que los hostigamientos a la Iglesia fueron reiterativos: expulsión de sacerdotes y religiosos extranjeros, incendio de capillas, escritos amenazantes en muros y campañas de desprestigio⁴¹. De ahí que en una homilía realizada en la Catedral el 20 de marzo de 1983, el cardenal Silva Henríquez denunció: "Estamos buscando y defendiendo los derechos del pobre. Y por eso estamos siendo perseguidos. No por otra cosa"⁴². También lo hacía Juan de Castro, entonces Vicario de la Solidaridad: "Nos ha sucedido en carne propia lo que hemos venido reclamando por la gente que no puede defenderse. Igual como le ha sucedido a miles de chilenos"⁴³. Por su parte, el Gobierno justificaba las expulsiones de los rebeldes, dentro del llamado "receso político":

"En más de una ocasión alguno de ellos hubo de ser detenido en manifestaciones políticas en la vía pública, o fue sorprendido repartiendo volantes de contenido político o facilitó recintos eclesiásticos para reuniones de connotación política no autorizada o instigando a una multiplicidad de actos igualmente violatorios del receso citado, llegando incluso a instar en ceremonias religiosas, a resistir el cumplimiento de las órdenes de la autoridad"⁴⁴.

El clima de tensión entre la Iglesia y el Gobierno se agravó con las fallidas negociaciones en el llamado "caso Nunciatura", suscitado el 16 de enero de 1984, cuando cuatro militantes del MIR se refugiaron en la sede diplomática del Vaticano. El Gobierno hasta entonces se negaba a otorgar los salvoconductos que solicitaba el papa Juan Pablo II para sacarlos del país. También se añadían a los temas de debate las declaraciones del padre Rafael Maroto, que públicamente asumía la vocería de dicho movimiento. Y la acusación contra un grupo de sacerdotes de la Región Austral durante el llamado "Puntarenazo" (protesta en la ciudad de Punta Arenas), iniciado cuando un piquete de manifestantes interrumpió con pifias un acto encabezado por el general Pinochet, buscando refugio en una parroquia cercana.

Entre tanto, en los barrios marginales acosados en los días previos a las jornadas, los sacerdotes intentaban defender a los pobladores y apaciguar los ánimos. Reconocidos por estas labores fueron el padre Guido Peters, en La Legua; Gerald Wheelan, en Lo Hermida; Hernán Correa, en La Granja; Roberto Bolton, en la Villa Francia, y Pierre Dubois, en la población La Victoria, entre muchos otros. Esta última población vivió una situación sumamente difícil, cuando durante la protesta del 4 de septiembre de 1984 fue asesinado el sacerdote de origen francés André Jarlan. La bala que asesinó a Jarlan había sido disparada por carabineros contra un grupo de manifestantes y periodistas que arrancaban desde una barricada en dirección a la casa parroquial. Lo aleatorio de los disparos fue lo que más impactó a su compañero Dubois: "La bala no apuntaba ni a André, ni a mí, ni a la casa. Pero era una bala que apuntaba a la población [...] Encuentro mucho más grave que hayan disparado al azar [...] Disparar balas en una población como la nuestra es un crimen [...] El peor crimen es despreciar la vida de los pobres"⁴⁵. Cuando se supo la noticia, la comunidad "enardeció"; esa fue la palabra que utilizaron los testigos de lo ocurrido. Así lo vivió Gilberto Palacios, periodista de Fortín Mapocho:

"Había gente que quería asaltar el retén. Todos lloraban y en las calles gritaban 'Los pacos en su locura, mataron a nuestro cura'. Se juntaron alrededor de 500 personas en la iglesia y ahí llegaron nuevamente los carabineros. Los encandilaban con las luces de los furgones. La gente estaba histérica y yo trataba de calmarlos, cuando me cayó una bomba lacrimógena por el costado. Casi me asfixié. Vino la arremetida y la gente se escondió en la iglesia. Se tiraron al suelo y rezaban"⁴⁶.

Las campanas de la iglesia resonaron durante varios minutos. Entonces se observó una procesión de hombres, mujeres y jóvenes que venían desde poblaciones cercanas con velas encendidas. Algunos pusieron banderas a media asta, y otro tanto colocó crespones negros en sus casas. Los vecinos amanecieron junto a las barricadas y se turnaron para vigilar el acceso a la población. El segundo día de protesta estuvo sostenido en el impacto que provocó la muerte de André Jarlan. Fue un día complicado. El gremio de autobuseros denunciaba que cinco unidades habían sido quemadas; otras cincuenta resultaron con vidrios rotos, mientras que unas doscientas sufrieron los estragos de la cuantiosa siembra de miguelitos⁴⁷ lanzados con profusión en las principales arterias. La ausencia de escolares, especialmente durante la tarde, superó el 70%, y en algunos establecimientos fue absoluta. Un grupo de personas amaneció protestando, mientras que el número de detenidos en Santiago se elevó al parecer a 340⁴⁸.

El día 5 de septiembre despuntó entre una gran cantidad de hogueras aún humeantes; quienes querían llegar a sus trabajos debieron caminar, montarse en sus bicicletas o esperar pacientemente la escasa locomoción colectiva, que sólo se reanudó tímidamente hacia el mediodía, mientras decenas de trabajadores municipales eran enviados a levantar los escombros. Fueron muy pocos los niños que se prepararon para ir a la escuela, y los comerciantes cerraron las puertas de sus locales después de las 15 horas. Desde la tarde, las informaciones llegaban hasta la Vicaría intentando romper el cerco informativo que había sancionado la declaración de zona en Estado de Emergencia: "Las manifestaciones tales como barricadas, marchas y otras rebrotan hacia la tarde y noche con mayor extensión y energía que en el día precedente. La represión se hace más intensa. La zona sur, y dentro de ella la población La Victoria es escenario nuevamente de incidentes de magnitud, con decenas de heridos y contusos. En distintos grados, lo propio ocurre en numerosas poblaciones populares de Santiago"⁴⁹.

En fotografías, relatos y memorias quedó inscrita la procesión del viernes 7 de septiembre, cuando una columna de quince mil pobladores entró al centro de Santiago para despedir a Jarlan (imagen 2). El féretro fue escoltado por el Vicario de la Zona Sur, Felipe Barriga, el Vicario de la pastoral Obrera, Alfonso Baeza, y el párroco Pierre Dubois, junto a más de treinta sacerdotes. La gente caminó junto al féretro más de 15 kilómetros, y varias horas del reloj. Eran las cinco de la tarde cuando llegaron a la Plaza de Armas: "En medio de una lluvia de papel picado que caía desde los céntricos edificios, la gruesa columna se abría paso dificultosamente para llegar hasta las puertas de la Catedral. [...] Con la cruz en alto cargada desde la parroquia de La Victoria, por un muchacho, 'de esos que al padre André quiso tanto', los pobladores llegaron hasta el templo"⁵⁰.

Pero los ánimos no parecían decaer. La organización de un movimiento ascendente quedó demostrada al mes siguiente durante la protesta de octubre, con amplio apoyo popular. En este contexto de movilización ascendente, el general Pinochet declaró el estado de sitio, apuntando hacia una nueva pacificación de Chile: "Las protestas, arma política de esta desobediencia que tantos daños humanos y materiales han ocasionado a la nación, están calculadamente realizadas para provocar un ambiente de desorden progresivamente ingobernable, que altere decisivamente la vida nacional [...] Chile no volverá a la situación existente hasta el 10 de septiembre de 1973"⁵¹. La medida se concretó durante ocho meses de represión. Según la Vicaría, sólo en noviembre de 1984 prestó atención a casi mil cuatrocientos detenidos, aunque, según advirtió, fueron arrestadas más de cinco mil quinientas personas. La represión incluyó allanamientos masivos en poblaciones, redadas policiales y detención de infractores del toque de queda. Se contabilizaron más de cuatrocientos presos políticos en el campamento nortino de Pisagua; fueron allanadas y destrozadas sedes sociales, sindicales y políticas; se suspendieron medios de comunicación y hubo expresas prohibiciones en toda la prensa -incluida la oficialista- de informar sobre las actividades opositoras.

Además de los elementos descritos, un duro golpe para la Iglesia fue la prohibición de ingresar al país al Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, que se encontraba en Europa. Si bien en junio de 1985 fue levantado el estado de sitio, el régimen lanzó una cruda advertencia; se trató del secuestro y degollamiento de tres profesionales comunistas: el sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino. Entre otras ejecuciones, el mismo día fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, reconocidos pobladores de la Villa Francia, militantes del MIR e hijos de Manuel Vergara, funcionario de la Vicaría, y Luisa Toledo, de activa participación en la comunidad eclesiástica.

En general, las jornadas que siguieron al estado de sitio ya no fueron las mismas. Salvo las protestas del 2 y 3 de julio de 1986 y todas las conmemoraciones del 11 de Septiembre, no lo fueron en términos unitarios ni en la réplica mensual que acostumbraban, pero continuaron, junto a otras expresiones de protesta social, tales como concentraciones masivas, marchas, actos culturales, enfrentamientos en universidades y tomas de liceos, encabezados por una generación de adolescentes que se tomaron las calles en esta nueva etapa. En abril de 1987, en los actos multitudinarios organizados por la visita del papa Juan Pablo II, los sectores populares aprovecharon la instancia para romper el guión oficial, denunciaron su situación y protagonizaron enfrentamientos con carabineros, ante el estupor del Pontífice. "Santo Padre, en Chile se tortura", decían algunas pancartas.

Consideraciones finales

En marzo de 1990, el general Augusto Pinochet entregó el mando al líder de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin. Comenzaba la llamada transición a la democracia, cuando el último día de 1992, la Vicaría de la Solidaridad fue disuelta. Durante muchos años, en una sociedad sumida en el silencio y el terror, la Iglesia fue la única voz disidente en el escenario público, y asumió -cree este artículo que de manera exitosa- la tarea de defender a los perseguidos, regenerar el tejido social orgánico y comunitario, y ofrecer un sólido marco institucional para potenciar y articular las prácticas políticas populares. Ello se confirmó y complejizó con la irrupción de las protestas nacionales y el amplio dispositivo de contrainteligencia, seguimiento y seguridad que emprendieron los Cristianos comprometidos.

Pero la tarea no concluyó ahí. Entre las políticas de reparación del nuevo ciclo de gobierno, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con la misión de esclarecer las principales violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y cuyo informe, entregado un año más tarde, reunió información proveniente de los millones de expedientes resguardados en la Vicaría. El acervo volvería a prestar servicio cuando en septiembre de 2003, el presidente Ricardo Lagos le solicitó a monseñor Sergio Valech encabezar la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El informe entregó el testimonio de 28 mil víctimas (40.018, según la actualización de agosto de 2011, que además cifró en 3.065 los muertos y desaparecidos) y dio cuenta de casi 1.200 recintos de detención.

Pero el acervo de la Vicaría rebasa la información sobre las violaciones a los derechos humanos; así, quien se acerque a sus salones encontrará estantes colmados con el registro y las huellas que dejaron los Cristianos comprometidos y sus compañeros de ruta: Ollas Comunes, campamentos infantiles, tomas de terreno, marchas y barricadas; documentos e imágenes que muestran los rostros, banderas, calles y territorios populares tantas veces condenados a las sombras y la criminalización de la mirada oficial. Gracias a su mirada, ya no son sombras, tienen nombres, familia, ocupación, lugares de residencia, por tratarse de testimonios necesarios para escribir y comprender las vidas anónimas y acciones clandestinas que durante diecisiete años se tejieron entre la complicidad y la rebeldía de laicos y religiosos.

Comentarios

^* Este artículo contó con el apoyo de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2013-2015.

¹ La UP fue conformada por el Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical, Movimiento de Acción Popular Unitario, Partido de Izquierda Radical, Acción Popular Independiente, la Izquierda Cristiana y Mapu Obrero Campesino. Allende obtuvo en las elecciones el 36,6% de los votos.

² Sobre algunos de los principales eventos ocurridos durante el gobierno de Salvador Allende, en: Julio Pinto, coord., Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular (Santiago de Chile: LOM, 2005).

³ Gonzalo Arroyo, "Nota sobre la Iglesia y los Cristianos de Izquierda a la hora del putsch en Chile". Latin American Perspectives 2, n.° 1 (1975): 88-99, y Roberto Bolton, Testigo soy: memorias del Rvdo. Roberto Bolton García. 1919-2009 (Santiago de Chile: IGD, 2010).

⁴ Jaime Escobar M., Teología de la liberación en Chile. Trayectorias y consideraciones generales (Santiago de Chile: s/e, 1984), s/a; Phillip Berryman, Teología de la liberación (México: Siglo XXI, 1998 [1989]).

⁵ Véase: Marlen Velásquez Almonacid, Episcopado chileno y Unidad Popular (Santiago de Chile: Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 2003), y Mario Amorós, "La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del movimiento Cristianos por el socialismo", en Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, editado por Julio Pinto (Santiago de Chile: LOM, 2005).

⁶ Ver, por ejemplo, Hugo Cancino, "La Iglesia católica y su contribución a la reconstrucción de la democracia en Chile. 1973-1989". Revista del CESLA n.° 2 (2001): 303; Veit Strassner, "La Iglesia chilena desde 1973 a 1993: de buenos samaritanos, antiguos contrahentes y nuevos aliados. Un análisis politológico". Teología y Vida 47, n.° 1 (2006): 76-94; Mario Garcés y Nancy Nicholls, Para una historia de los DD. HH. en Chile. Historia institucional de la fundación de ayuda social de las iglesias cristianas FASIC 1975-1991 (Santiago de Chile: LOM/FASIC, 2005); David Fernández, La "Iglesia" que resistió a Pinochet. Historia desde la fuente oral del Chile que no puede olvidarse (Madrid: Iepala, 1996); Carlos Camus, "La experiencia de la Iglesia chilena en la defensa de los Derechos Humanos", en Represión política y defensa de los Derechos Humanos, editado por Hugo Frühling (Santiago de Chile: Ediciones Chile-América, 1986); Jesús Rodríguez Iglesias, Un misionero español en Chile. Miradas desde el pueblo (Santiago de Chile: Tiberíades, 2008).

⁷ Fernando Castillo L., Iglesia liberadora y política (Santiago de Chile: ECO, 1986), 29.

⁸ Bolton, Testigo soy: memorias; Garcés y Nicholls, Para una historia de los DD. HH.

⁹ A este respecto: Vicaría de la Solidaridad. Historia de su trabajo social (Santiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1991); Cristian Precht, En la huella del buen samaritano. Breve historia de la Vicaría de la Solidaridad (Santiago de Chile: Tiberíades, 1998); Juan Ignacio Gutiérrez Fuente, Chile. La Vicaría de la Solidaridad (Madrid: Alianza Editorial, 1986); y Apolonia Ramírez, Comprando juntos frente al hambre (Santiago de Chile: PET, 1986); Luis Razeto et al., Las organizaciones económicas populares. 1973-1990 (Santiago de Chile: Ediciones PET, 1983).

¹⁰ Se hace referencia al primer y segundo informes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) (Santiago de Chile: Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, 2004 y 2010), y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación" (Informe Rettig) (Santiago de Chile: Andros Impresores, 1991).

¹¹ Raúl Silva Henríquez et al., "Declaración del Señor Cardenal Raúl Silva Henríquez y del Comité permanente del Episcopado chileno sobre el 11 de septiembre" (Santiago de Chile: Centro de Estudios "Miguel Enríquez" (CEME)/Archivo Chile, 1973).

¹² Politzer, Miedo en Chile (Santiago de Chile: Cesoc/Ediciones Chile y América, 1985), 229.

¹³ Amorós, "La Iglesia que nace", 124.

¹⁴ Argentina Valenzuela (asistente social), en discusión con el autor, 29 de junio de 2010.

¹⁵ Vicaría de la Solidaridad, 14.

¹⁶ Precht, En la huella del buen, 20.

¹⁷ Bolton, Testigo soy: memorias, 256.

¹⁸ Vicaría de la Solidaridad, 53.

¹⁹ Juanita Alvarado (asistente social), en discusión con el autor, 29 de junio de 2010.

²⁰ Rodríguez Iglesias, Un misionero español, 29.

²¹ Francisco Villa (cantautor), en discusión con el autor, 21 de octubre de 2010.

²² Raúl Canales (dirigente social), en discusión con el autor, 7 de julio de 2010.

²³ Viviana Bravo Vargas, ¡Con la razón y la fuerza, venceremos! La Rebelión Popular y la subjetividad comunista en los '80 (Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2010).

²⁴ Gutiérrez Fuente, Chile. La Vicaría de la Solidaridad, 30-31.

²⁵ Politzer, Miedo en Chile, 239-240.

²⁶ Unidad de Procesamiento Informativo, Vicaría de la Solidaridad, "Represión en 1983: Realidad Ineludible", Santiago de Chile, enero, 1984, en Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FDAVS), Santiago de Chile-Chile Sub Fondo Jurídico, caja "Protestas", n.° 3.

²⁷ Sobre este tema véase: Viviana Bravo Vargas, "La voz de los '80: protesta popular y neoliberalismo en América Latina. El caso de la resistencia subalterna en Chile (1983-1997)" (tesis de Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012); Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984 (Santiago de Chile: ECO, 1985).

²⁸ "Dos muertos y 150 detenidos en disturbios", El Mercurio, 12 de mayo, 1983, A10.

²⁹ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, mayo 1983 (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1983), 21.

³⁰ Arzobispado de Santiago, Informe Mensual, mayo 1983, 24.

³¹ Confederación de Empleados Particulares de Chile, "Anexo a la memoria. 1981-1983, 2 años más de frustración sindical. 2° Congreso Nacional Ordinario de CEPCH", Camping de Reñaca, 8 al 11 de diciembre de 1983, en Archivo personal del dirigente sindical don Luis Fuentealba (APLF), Santiago de Chile-Chile, 11.

³² Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena 1890-1990 (Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1996).

³³ Coordinadora Nacional Sindical, "Informe de Discusión Interna Coordinadora Nacional Sindical (CNS)", Santiago de Chile, 1985, en APLF.

³⁴ Alvarado, entrevista.

³⁵ Valenzuela, entrevista.

³⁶ Unidad de Procesamiento Informativo, Vicaría de la Solidaridad, "Represión en 1983: Realidad Ineludible".

³⁷ Alicia Cáceres (dirigente comunitaria), en discusión con el autor, 6 de julio de 2010.

³⁸ Nelson Muñoz (fotógrafo), en discusión con el autor, 12 de octubre de 2010.

³⁹ Juan Ignacio Gutiérrez Fuente, Por una cultura de vida, basta de muerte. Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la iglesia de Santiago (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984).

⁴⁰ Ver: Hernán Vidal, El Movimiento Contra La Tortura Sebastián Acevedo. Derechos Humanos y la producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno (Santiago de Chile: Mosquito Editores, 1997).

⁴¹ Jaime Escobar M., Persecución a la Iglesia en Chile: martirologio, 1973-1986 (Santiago de Chile: Terranova Editores, 1986).

⁴² Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, marzo 1983 (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1983), 21.

⁴³ Arzobispado de Santiago, Informe Mensual, marzo 1983, 26.

⁴⁴ Arzobispado de Santiago, Informe Mensual, marzo 1983, 14.

⁴⁵ "Pierre Dubois. Cura de mi población", Compartir, Boletín Vicaría Zona Oriente, noviembre, 1984, 9.

⁴⁶ Patricia Collyer, "Las balas fueron de carabineros", Análisis, 11 de septiembre, 1984, 7.

⁴⁷ Este término hace referencia a un clavo de tres puntas arrojado en el pavimento con el fin de desinflar neumáticos y detener el tránsito.

⁴⁸ La emergencia sanitaria llegó a tal punto que el Servicio Único de Ambulancias (SUA) declaró que había sido requerido en centenares de oportunidades; no obstante, no pudo acudir a todos los llamados, ya que al menos treinta de sus unidades fueron inutilizadas por apedreos y pinchazos de neumáticos. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, septiembre 1984 (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984).

⁴⁹ Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, "La Protesta del 4 y 5 de septiembre", Santiago de Chile, 6 de septiembre de 1984, en FDAVS, Jurídico, caja "Protestas", n.° 3.

⁵⁰ "André Jarlan: Eres parte de nuestra esperanza". Solidaridad, segunda quincena de septiembre, 1984, 19.

⁵¹ "Categórica afirmación de S.E.: No habrá cambio en el itinerario político", El Mercurio, 30 de octubre, 1984, C2.

Bibliografía

Fuentes primarias

Archivos:

1. Archivo personal dirigente sindical don Luis Fuentealba (APLF). Santiago de Chile-Chile.         [ Links ]

2. Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FDAVS). Santiago de Chile-Chile. Sub Fondos: Jurídico e Iconográfico.         [ Links ]

3. Imágenes de la Resistencia, Archivo Personal del fotógrafo Juan Carlos Cáceres, 1983-1989, <www.imagenesdelaresistencia.         [ Links ]cl>.

Publicaciones periódicas:

4. Análisis. Santiago de Chile, 1984.         [ Links ]

5. Compartir, Boletín Vicaría Zona Oriente. Santiago de Chile, 1984.         [ Links ]

6. El Mercurio. Santiago de Chile, 1983-1984.         [ Links ]

7. La Tercera. Santiago de Chile, 1984.         [ Links ]

8. Mensaje. Santiago de Chile, 1983.         [ Links ]

9. Solidaridad. Santiago de Chile, 1984.         [ Links ]

Documentación primaria impresa:

10. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad. Informe Mensual, marzo 1983. Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1983.         [ Links ]

11. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad. Informe Mensual, mayo 1983. Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1983.         [ Links ]

12. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad. Informe Mensual, septiembre 1984. Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984.         [ Links ]

13. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad. Octavo año de labor, 1983. Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984.         [ Links ]

14. Escobar M., Jaime. Teología de la liberación en Chile. Trayectorias y consideraciones generales. Santiago de Chile: s/e, 1984.         [ Links ]

15. Gutiérrez Fuente, Juan Ignacio. Por una cultura de vida, basta de muerte. Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la iglesia de Santiago. Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984.         [ Links ]

16. Silva Henríquez, Raúl, José Manuel Santos y Bernardino Piñera. "Declaración del Señor Cardenal Raúl Silva Henríquez y del Comité permanente del Episcopado chileno sobre el 11 de septiembre". Santiago de Chile: Centro de Estudios "Miguel Enríquez" (CEME)/Archivo Chile, 1973.         [ Links ]

Entrevistas:

17. Alvarado, Juanita. En discusión con el autor. 29 de junio de 2010.         [ Links ]

18. Cáceres, Alicia. En discusión con el autor. 6 de julio de 2010.         [ Links ]

19. Canales, Raúl. En discusión con el autor. 7 de julio de 2010.         [ Links ]

20. Muñoz, Nelson. En discusión con el autor. 12 de octubre de 2010.         [ Links ]

21. Valenzuela, Argentina. En discusión con el autor. 29 de junio de 2010.         [ Links ]

22. Villa, Francisco. En discusión con el autor. 21 de octubre de 2010.         [ Links ]

Fuentes secundarias

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Artículo recibido: 06 de abril de 2015/ Aprobado: 11 de septiembre de 2015/ Modificado: 13 de octubre 2015