Introducción

El problema de la adopción transnacional de niños y niñas chilenos durante la dictadura militar adquirió interés público desde el año 2014, a partir de una serie de denuncias de familias que responsabilizaron al sacerdote Gerardo Joanon como intermediario en procesos de adopciones consideradas como irregulares¹. Posterior a ello, diversos reportajes de prensa comenzaron a visibilizar testimonios de familias afectadas por la problemática, lo cual puso en evidencia un fenómeno de gran magnitud. Lo anterior implicó que las autoridades decidieran nombrar un ministro en visita, con el objetivo de que se investigaran estos casos. Dicha investigación fue asumida en el 2017 por el destacado ministro de causas de derechos humanos Mario Carroza. Los primeros antecedentes de la investigación apuntaron a las responsabilidades en estas “adopciones irregulares” del Centro de Adopción de la Sociedad Sueca para el Bienestar Internacional del Niño (desde ahora, Centro Sueco de Adopción).

Las pesquisas de la Policía de Investigaciones de Chile (pdi) en torno al Centro Sueco de Adopción indicaron que profesionales de esta institución, quienes se desempeñaron principalmente como asistentes sociales, desarrollaron el rol de “captadoras”² de niños y niñas, principalmente de familias pobres. Dicho actuar lo desarrollaron en hospitales públicos, hogares infantiles, guarderías o en instancias de ayuda social a través de los municipios.

El conocimiento público de estos hechos incentivó la emergencia de un movimiento conformado principalmente por madres que buscan a hijos e hijas adoptados en el extranjero y por personas adoptadas en su infancia, quienes buscan sus orígenes biológicos en Chile. En los últimos años, las víctimas de lo que la prensa ha denominado adopciones irregulares ha crecido, tanto dentro como fuera de Chile³. El aumento de las denuncias ha tenido importantes repercusiones políticas en aquellos países receptores de niños y niñas chilenos. Lo anterior ha impulsado un cuestionamiento ético, por parte de la sociedad, a las autoridades y a las instituciones internacionales de adopción⁴.

Es por ello que este trabajo busca comprender las características y alcances políticos del proceso que permitió la adopción de niños y niñas chilenos por parte de familias suecas durante la dictadura militar. En particular, nos interesa observar el carácter político de los discursos en torno a la infancia en el contexto de la Guerra Fría y el rol que desempeñó la adopción en las relaciones diplomáticas entre Chile y Suecia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿cuál fue el papel político de la infancia chilena bajo la dictadura militar? ¿Cuál fue el impacto de las adopciones de niños y niñas chilenos por parte de familias suecas en las relaciones diplomáticas entre Chile y Suecia?

Como hipótesis, planteamos que la adopción transnacional de niños y niñas chilenos pobres a Suecia fue valorada por la dictadura militar como un mecanismo de proximidad diplomática y política, pues permitía establecer vínculos con instituciones y sectores de extrema derecha en Suecia. Lo anterior buscó generar alianzas políticas para frenar la llamada “campaña antichilena”, liderada principalmente por la comunidad de exiliados chilenos que denunciaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar.

Podemos señalar, además, que la adopción era parte de la política de infancia de la dictadura, que buscó imponer un mandato familiar tradicional, contrario a la figura de las madres solteras y de hijos ilegítimos. Ese enfoque respondía a la construcción de un Estado subsidiario⁵, que transformó a la familia en la principal unidad encargada de satisfacer las necesidades de la población.

Esta investigación se basa en la revisión de documentación diplomática correspondiente a la Embajada chilena en Suecia, en particular, informes que describieron la difusión de la imagen de Chile y su infancia en los medios de comunicación suecos entre 1973 y 1990. Además, fueron consultados informes, publicaciones periódicas y oficios en los que se manifestó la reacción de las autoridades chilenas frente a la crítica de la prensa sueca y ante la irregularidad en las adopciones de niños y niñas. Para ello, se revisaron el Fondo Suecia del Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (aghmrree) y el Fondo del Ministerio de Justicia del Archivo Nacional de la Administración (Arnad). Se revisaron también publicaciones periódicas, estudios e investigaciones tanto historiográficas como periodísticas relacionadas con adopciones transnacionales.

La adopción como mecanismo de regulación política de la familia ha sido ampliamente abordada en los trabajos de la antropóloga Diana Marre, quien ha analizado la adopción transnacional en relación con la filiación y el acogimiento, las dinámicas de sustracción y tráfico de niños, las migraciones y trayectorias biográficas, así como las problemáticas de los orígenes de las niñas y niños adoptados. La autora además ha investigado en profundidad los movimientos de madres que buscan a hijos sustraídos, principalmente en el caso de España⁶.

En el caso del Cono Sur, se destacan las investigaciones de Carla Villalta⁷ sobre adopciones y apropiaciones de niños en Argentina. Villalta advierte que estas prácticas han sido estudiadas como eventos aislados, lo que trae consigo el ocultamiento del plan ideológico y político por parte del Estado. La autora también analiza las redes institucionales que han operado bajo los mandatos familiares⁸ de la dictadura argentina, mediante lo cual muestra su marcada impronta clasista y “salvacionista” de los sectores populares, con el propósito de legitimar el régimen ante la sociedad civil.

La literatura internacional sitúa a Chile como uno de los principales países emisores de niños para la adopción transnacional durante las décadas de 1970 y 1980. A pesar de ello, son escasas las investigaciones chilenas que han abordado este problema. Un trabajo pionero al respecto es la investigación periodística de Ana María Olivares y Pablo Soto⁹, centrada en el Centro de Adopción Sueco y en las redes institucionales construidas en ese país. Destacamos, por otra parte, un trabajo previo de Karen Alfaro que profundiza, a partir de una historia de vida, en la adopción de un gran número de niños chilenos en Holanda, a partir de la intervención de la Fundación de las Palmas, organización liderada por Gertrudis Kuijpers, religiosa laica de nacionalidad holandesa¹⁰. Desde el punto de vista de la psicología social, se resaltan los trabajos de Irene Salvo respecto de políticas de adopción y la búsqueda de orígenes en Chile¹¹. En dicha línea y en perspectiva comparada, situamos el trabajo reciente de De Lorenzi, Gallego y Fernández, quienes identifican elementos comunes en las dictaduras en relación con adopciones irregulares y las complejidades de las democracias para establecer normativas que favorecieran el conocimiento de las familias de origen¹². En los estudios mencionados, las discusiones se han centrado en reivindicar el derecho a conocer los orígenes de los niños y niñas adoptados, como parte fundamental del derecho a la identidad. Nuestro trabajo, si bien recupera los debates en torno al carácter transnacional de la adopción, profundiza en una dimensión política y diplomática no abordada en profundidad en dichas investigaciones.

El carácter político de la infancia bajo las dictaduras militares configura una de las preocupaciones que en la actualidad ocupan a quienes trabajan desde la perspectiva de la historia reciente¹³. En el caso de Chile, la producción historiográfica ha incorporado como fuentes centrales los informes de verdad¹⁴. Si bien en algunos de estos documentos se registran casos que involucran a la niñez víctima de violaciones a los derechos humanos, no se profundiza en la diversidad de violencias contra la infancia. En este sentido, el problema que trata este artículo, las adopciones forzadas de la dictadura, busca contribuir a los procesos abiertos en el presente que demandan, por parte de las familias afectadas, el esclarecimiento de lo ocurrido. La creación de organizaciones como Hijos y Madres del Silencio ha permitido articular una demanda pública de verdad y justicia¹⁵.

Para abordar el problema planteado, el presente artículo se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, desarrollamos una revisión bibliográfica sobre la adopción transnacional e identificamos los principales aportes de las investigaciones y los debates en curso. En la segunda parte, revisamos la relación bilateral entre Chile y Suecia, tensionada por el posicionamiento internacional del país nórdico en materia de derechos humanos. En la tercera parte, nos centramos en el tratamiento que la prensa sueca dio a la situación chilena, en particular, al estado de la infancia pobre, lo que impactó en la opinión pública y en la disposición de las familias suecas hacia la adopción de niños y niñas chilenos por razones humanitarias. Finalmente, en la cuarta parte profundizamos en el alcance político de las adopciones transnacionales, como una vía de proximidad diplomática entre ambos países que, para las autoridades militares, tenía como objetivo principal frenar el aislamiento político de Chile.

La adopción transnacional

Los orígenes de la adopción transnacional se asocian a la irrupción de la filantropía norteamericana durante la posguerra, que se instauró como un mecanismo de ayuda a los niños abandonados¹⁶. Los estudios relativos a esta problemática advierten la dificultad de dimensionar el fenómeno, ya que no existen registros oficiales en los países emisores y receptores de niños. Lo anterior, por las normativas vigentes en Chile y otros países de América Latina que no regulaban la adopción en el extranjero, lo que, sumado a un lento proceso de modernización de los registros de identidad, configuró un escenario institucional propicio para la captación de niños y niñas para ser adoptados en el primer mundo. Frente a la magnitud de los desplazamientos, principalmente desde la década de 1970, algunos autores como Weil categorizaron las adopciones como una migración silenciosa¹⁷, lo que restringió su comprensión a un fenómeno demográfico¹⁸. Autoras como Yngvesson¹⁹, y Marre y Briggs²⁰ han advertido sobre el carácter económico y político de la circulación de la infancia por medio de la adopción transnacional, práctica que configuró dinámicas norte-sur que, en el contexto de la Guerra Fría, convirtieron la adopción en una herramienta de propaganda política de los países desarrollados que intervinieron en contextos de alta vulnerabilidad de la población, ya fuera en zonas de conflictos armados, o países bajo dictaduras militares o guerras civiles.

En el marco señalado, las regulaciones legales de la adopción fueron atendiendo a las dinámicas globales, las cuales configuraron una geografía de países receptores y otros emisores en el circuito de la adopción transnacional. En el caso de América Latina, la modalidad de adopción “legitimante” se expandió durante la posguerra, y fue Chile el segundo país en implementarla por medio de la Ley 16346 de 1965. El objetivo de esta modalidad era establecer un vínculo civil a través del reconocimiento de la persona adoptada como “hijo legítimo” de la familia legitimante-adoptiva²¹. El secretismo se constituyó en un elemento central de esta modalidad de adopción, cuyo propósito fue asegurar la irreversibilidad del acto²².

Es justamente en el periodo de vigencia de esta ley, en especial durante las décadas de 1970 y 1980, que la literatura especializada sitúa a Chile como uno de los principales países emisores de niños mediante la adopción transnacional²³. La dinámica de la legitimación adoptiva tuvo como consecuencia el desarrollo de una “ruptura limpia” con las familias biológicas de los niños y niñas adoptados, situación que trajo consigo procesos irreversibles, tanto en términos jurídicos como relativos al desplazamiento geográfico.

La opacidad que existe en torno a la problemática de la adopción transnacional se evidencia en la ausencia de registros y estadística oficial en esta materia. Lo anterior se debe a que solo se reguló la adopción al extranjero a partir de 1988, con la Ley n.º 18703. Sumado a lo anterior, la larga dictadura militar configuró un entramado burocrático-autoritario que implementó diversos mecanismos de violencia social y jurídica contra los sectores populares. Esto no solo coartó las libertades de tales sectores, sino que dificultó y desincentivó las denuncias de adopciones forzadas.

Chile y Suecia, conflictos diplomáticos en Guerra Fría

Las dimensiones culturales y sociales de la Guerra Fría²⁴ son, para la historia de América Latina, un amplio campo de estudio²⁵, y en particular para los países del Cono Sur que experimentaron dictaduras militares, dado el impacto de un conflicto político que se trasladó a todos los ámbitos de la sociedad.

Para efectos de nuestro problema de estudio, son de principal interés las características de las relaciones bilaterales entre Chile y Suecia en este complejo escenario, que se vieron tensionadas tras el golpe de Estado de 1973, principalmente por el rol que desempeñó el país nórdico en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. El horror de las violaciones a estos derechos tras el golpe de Estado produjo de inmediato un amplio rechazo por parte de la comunidad internacional hacia el advenedizo régimen militar, alineado con el bloque capitalista occidental. Lo anterior quedó en evidencia desde el 8 de octubre de 1973, cuando en la Asamblea de las Naciones Unidas, durante la presentación del canciller chileno vicealmirante Ismael Huerta, la sala de reuniones fue abandonada por un gran número de representantes. Esta situación inauguró un progresivo proceso de aislamiento político de la dictadura chilena²⁶.

El reconocimiento alcanzado por Suecia en la comunidad internacional se explica en este periodo por el impacto de la llamada “línea Palme”, en referencia al carácter de las relaciones internacionales que adoptó Suecia cuando asumió como primer ministro Sven Olof Joachim Palme en 1969. Dicha línea política se caracterizó por un acercamiento a los países del tercer mundo, como Chile durante el gobierno de Salvador Allende, además de brindarles ayuda humanitaria y contribuir a la cooperación internacional. En ese marco, el Gobierno sueco condenó la guerra de Vietnam, la dictadura de Franco y posteriormente la dictadura de Pinochet, entre otros regímenes políticos²⁷.

También se inscribió en esta tradición democrática el embajador sueco en Chile, Harald Edelstam, quien desempeñó un papel central durante la dictadura militar para salvar la vida de cientos de chilenas y chilenos a quienes facilitó el asilo y las condiciones para exiliarse²⁸. En noviembre de 1973 se registraron 153 asilos concedidos por sede diplomática, 73 salvoconductos para asilados entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y 80 salvoconductos pendientes, entre otros²⁹. El compromiso de Edelstam con los derechos humanos llevó a que la dictadura lo declarara persona “no grata”³⁰ y a que tuviera que salir del país. Por esta situación, Suecia no nombró a otro embajador en Chile hasta el retorno a la democracia en 1991. Bajo el régimen militar, el cargo que operó fue el de encargado de negocios.

La embajada señaló que hacia 1981 los chilenos residentes en Suecia llegaban a las 9.300 personas, de las cuales 7.904 se encontraban en ese país de forma legal y conformaron la colonia latinoamericana más numerosa allí. Humberto Sepúlveda Munita, cónsul general de Chile, indicó que 8.458 personas se inscribieron en el consulado, de modo que la diferencia restante correspondió probablemente a quienes contaron con el documento de viaje sueco (Resedokument), que les permitía transitar hacia los países socialistas, o el pasaporte para extranjeros otorgado directamente por la autoridad sueca (Framlingspass)³¹. La colonia chilena se caracterizó por estar integrada, principalmente, por obreros ocupados en la prestación de servicios menores, provenientes de las provincias de Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Concepción y Temuco. Según el informe de Sepúlveda, solo una minoría de los chilenos eran profesionales³².

La llegada de las exiliadas y los exiliados a Suecia se facilitó al existir redes y relaciones forjadas por el Chilekomitté, que se había fundado con el objetivo de apoyar el proceso de la Unidad Popular, bloque de partidos políticos de izquierda y movimientos sociales que buscó forjar la vía chilena al socialismo por medio del gobierno de Salvador Allende. Esta organización, en conjunto con otras que conformaban la comunidad de exiliados, adquirieron un carácter central en la difusión y condena de las violaciones a los derechos humanos. Sus principales actividades fueron la distribución de propaganda, la recolección de dinero para apoyar las acciones políticas y la organización de espacios de difusión sobre la situación chilena³³. Elaboraron material con el objetivo de concientizar a la población, lo que incluía a las instituciones escolares, en las que distribuían folletos con información básica y ejemplos didácticos sobre la desigualdad social, la situación de los sectores populares, el rol de la Iglesia, la infancia, la educación, la represión política, el impacto social del golpe de Estado, información comparada sobre Chile y Suecia, entre otros temas asociados³⁴.

Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países se caracterizaron por las contradicciones propias de la Guerra Fría, por lo cual en Suecia se realizaban campañas tanto a favor como en contra de Chile. Estas acciones fueron conocidas como campañas “prochilena”, a favor del régimen de Pinochet, y “antichilena”, contrarias a este. A comienzos de 1977, el embajador de Chile en Suecia, Svante Törnvall, informó de un “recrudecimiento de la campaña antichilena”, basado en publicaciones sobre represión, tortura y desaparecidos. El embajador señaló como principal causa el “escalamiento de la campaña soviética” para aislar a Chile en los planos económico, político y diplomático. Estas acciones serían materializadas, según Törnvall, por el conjunto de organizaciones de exiliados en Suecia, los Chilekomitté, el Partido Comunista, la socialdemocracia, la Confederación de Sindicatos Suecos e “infiltrados” en los partidos Liberal y de Centro, los que presionaron al Gobierno sueco para tomar una postura “agresiva” contra Chile. Otra circunstancia a la que Törnvall atribuyó esta ofensiva fue la campaña internacional de derechos humanos en el este de Europa que obligó a pronunciamientos públicos de rechazo al régimen dictatorial chileno³⁵ .

Con el objetivo de contrarrestar la “campaña antichilena”, el régimen militar se dispuso a desarrollar en Suecia un plan para mejorar la imagen país, lo que fue posible mediante el vínculo con sectores de extrema derecha, empresarios suecos y fundaciones suecas integradas por sectores conservadores. Esta articulación dio origen a la Sociedad Suecia-Chile, que colaboró con el régimen militar, por medio de propaganda política y de la entrega de información sobre las actividades desarrolladas por los exiliados chilenos³⁶. El impacto de esta alianza fue decisivo para las relaciones diplomáticas entre ambos países y para la conexión que estableció la dictadura con el Centro Sueco de Adopción.

Los exiliados y los organismos que se solidarizaron con la situación en Chile dieron cuenta del estrecho vínculo entre la sociedad sueca y la chilena. Por tal razón, la situación que vivía Chile estaba ampliamente difundida entre la opinión pública sueca. A continuación, nos centraremos en el tratamiento de los medios suecos del estado de la infancia en Chile, lo que devela el grado de conciencia entre las familias suecas de la grave situación que los niños y niñas vivían en materia de derechos humanos.

“Los niños acusan a Pinochet”. La infancia chilena en los medios suecos

“Fue golpeado por la policía, su padre detenido en el Estadio Nacional y tras el golpe militar abandonó el colegio”, así describía en agosto de 1974 el periodista sueco Leif Persson la situación de un niño en el Chile de Pinochet. Posteriormente, en el periódico Arbet -prensa ligada al Partido Social Demócrata-, Leif Persson describió el impacto negativo que tuvo en la infancia pobre la dictadura militar:

“Son los niños los que sufren, huyen por las calles cuando la necesidad y el hambre llegan a las poblaciones callampas³⁷. Los camiones que reparten pan y leche gratis ya no van una vez al día […] el drama de un niño de 12 años que se fue de la casa porque no había comida, el padre estaba sin trabajo y la madre con trabajo ocasional de aseo y de lavandera de unos ricos de Las Condes”.³⁸

El diario Dagens Nyheter -conocido por los reportajes de Mats Holmberg contra los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay- publicó el 6 de marzo de 1976 el reportaje “La rebelión comienza aquí”, el cual, en el marco del Día Internacional de la Mujer, relató la experiencia del “Comité chileno de mujeres en Uppsala”. Según declaración de Hilda Cid-Dresdner, “cada día la represión de la Junta en Chile significa hambre y miseria, especialmente para los niños”, ante lo cual ese comité se dedicó al apoyo de desempleados y familiares de presos políticos. Para ello, reunió tres y media toneladas de ropa para ser enviadas a Chile, además de fondos destinados a comedores, iniciativa que contó con el apoyo de la Iglesia católica en los sectores más pobres del país³⁹.

El 17 de julio de 1977 el exmisionero sueco en Chile Berndt Hörstrand escribió el artículo “Terrible terror continúa como al principio”, en el diario Aftonbladet. La publicación describió el escenario represivo en Chile e hizo énfasis en la crisis que los sectores populares atravesaban bajo el régimen. Respecto de la infancia señaló:

“La desnutrición de los niños ha aumentado en forma catastrófica. En las grandes ciudades hay sectores en que el 40 % de los niños sufren desnutrición. Esto no se publica en la prensa pero los médicos y visitadoras sociales pueden certificarlo”.⁴⁰

Las noticias sobre desnutrición en Chile también fueron difundidas por el Chilekomitté, que abiertamente llamó al boicot de productos chilenos: “Mientras nosotros comemos camarones, los chilenos padecen hambre”⁴¹. Esta organización difundió folletos en los colegios en los que describió el sistema educativo chileno, dividido en colegios para ricos y pobres. En detalle, la publicación señaló que los niños pobres solo podían acceder a las escuelas públicas de muy mala calidad. Tenían mala concentración, ya que “comían poco”, y debían trabajar después de estudiar para llevar el sustento a su hogar⁴².

Bengt Lindström, corresponsal para América Latina de Dagens Nyheter, publicó el 17 de julio de 1977 “La economía es buena, dice la Junta, pero los niños se mueren de hambre. Gran miseria en los barrios pobres”. Lindström señaló que, si bien el Gobierno chileno había destacado los indicadores asociados a la baja de la inflación “de 340 a 70 %” y el “superávit en el comercio exterior”, las políticas a favor del mercado tuvieron un alto costo social: “Una investigación sobre 17.000 niños en un barrio ‘callampa’ demostró que sobre el 60 % padecían desnutrición grave. La mortalidad infantil ha subido en 18 %”⁴³. El artículo señaló que el régimen era consciente de la situación, pues instaló clínicas especiales para niños, pero no publicitó los resultados, dado que 9 de 20 niños murieron en estos centros médicos:

“Yo he llorado antes, dice Susana Schneider, pero nunca como esta vez. Es tan horroroso ver que su hijo se muere porque no se pudo conseguir comida, porque no se puede conseguir dinero para comer. Susana ha enterrado recién a su hijo menor. Este tenía apenas 4 años. Murió de hambre”.⁴⁴

El corresponsal aclaró que los datos asociados a desnutrición infantil estuvieron fuera de los indicadores oficiales, dado que el régimen se empeñó en difundir una imagen asociada al desarrollo económico. Los datos críticos provenían de aquellos médicos que trabajaban junto a la Vicaría de la Solidaridad. “De 17.616 examinados durante el periodo 1975/76, 10.869 es decir el 61,69 % estaba desnutrido”⁴⁵.

La miseria que la infancia pobre vivió bajo el régimen de Pinochet no tenía que ver solo con las carencias materiales o ausencia de bienes básicos, sino también con la represión que los organismos de Estado aplicaron sistemáticamente contra los sectores populares y de oposición. Una dimensión importante en la difusión de la situación chilena fue la represión contra la niñez y la juventud; relatos de vejaciones, tortura y asesinatos fueron parte de la narrativa que corrió de manera paralela a los discursos de progreso económico del régimen.

El agregado cultural y de prensa Luciano Vásquez dio cuenta de la difusión de la imagen de Chile en Suecia en un informe al ministro de Relaciones Exteriores en mayo de 1975. Según el diplomático, la crisis política en Suecia guardaba relación con una campaña publicitaria internacional del Gobierno y la socialdemocracia para “servir objetivos e intereses del comunismo internacional”, cuyo principal objeto era el Chile de Pinochet. En este mismo año, las críticas y denuncias por violación a los derechos humanos aumentaron. Si bien acusadas de truculentas y sensacionalistas, la misión las reconoció como una “nueva ofensiva publicitaria” promovida por refugiados y los Chilekomitté, los cuales incorporaron un nuevo tipo de denuncia: “niños torturados por la junta”⁴⁶.

El 27 de mayo de 1975 el diario liberal Dagens Nyheter publicó el reportaje “La Junta desesperada. Tortura a los niños”. En este se difundió el caso de Tamara, una niña que fue torturada en presencia de sus padres, con el objetivo de obligarlos a informar acerca de una resistencia clandestina:

“Sigue aumentando la tortura a los niños en Chile. La desesperación ante la imposible situación en el país ha hecho que la junta militar haga torturar a los niños en presencia de sus padres para que den testimonios sobre la resistencia clandestina. Esto informa un chileno de 33 años, constructor, que llegó el viernes pasado a Estocolmo y es padre de la niña Tamara, de 4 años, que es la que ha sido sometida a la más bestial tortura y que ahora tiene un miedo histérico por toda la gente uniformada”.⁴⁷

El 3 de mayo del mismo año, el diario Aftonbladet publicó el caso de otra niña llamada Macarena Aguiló Marchi, de 3 años, quien fue “mantenida presa como rehén por la Junta para obligar a que se entregue su padre, un activista del mir [Movimiento de Izquierda Revolucionario]”. Sobre esta publicación, el mismo embajador chileno envió una comunicación al diario para desmentir el caso. Señaló que a la niña le fueron dadas todas las facilidades para que abandonara el país, tras su asilo en la Embajada de Venezuela. No obstante, esta aclaración no fue publicada⁴⁸.

Para la misión chilena en Suecia, prácticamente toda la prensa sueca era parte de una “ofensiva” contra Chile, basada en “relatos espantosos sobre sufrimientos y torturas de niños chicos chilenos”. A pesar de lo anterior, el agregado cultural persistió en afirmar que tales declaraciones no tuvieron el efecto esperado en la opinión sueca y precisó que quienes conocían Chile se mostraron escépticos ante las denuncias de torturas a niños. Con tono sarcástico, Vásquez declaró en su informe que el aumento de frutas chilenas en el mercado sueco demostraba la positiva imagen que Chile aún mantenía en el extranjero⁴⁹.

En enero de 1977, el embajador Svante Törnvall alertó al ministro de Relaciones Exteriores en Chile, Patricio Carvajal, sobre el “recrudecimiento de la campaña anti-chilena” en los medios suecos, principalmente a raíz de dos artículos, uno aparecido en Aftonbladet y otro en Dagens Nyheter, sobre prisión, tortura y detenidos desaparecidos. Estos tuvieron un alto impacto mediático, fueron comentados en televisión y motivaron la realización de una misa ecuménica en Estocolmo a la que asistió el ministro de Educación, J. E. Wikström⁵⁰.

Una de las publicaciones que más preocuparon a la misión chilena fue el artículo “Criaturas ejecutadas en guardería infantil en Chile”, publicado en Aftonbladet, en enero de 1977. Allí se afirmó el asesinato sistemático de niños por parte de soldados chilenos. Estos habrían sido familiares de militantes de izquierda:

“Llenos de odio y temor irrumpieron los soldados chilenos en la guardería infantil de la Universidad Técnica y mataron a todos los niños. En la caza de opositores los militares ajusticiaron niños pequeños para hacer hablar a las madres, especialmente en las poblaciones marginales de La Legua y la Bandera […] En los alrededores de Santiago los soldados tenían como entretención matar niños lisiados, diciendo a los campesinos que era una forma humana de liberarlos de ese peso”.⁵¹

Leif Persson, autor del artículo, citó testigos, quienes declararon que en La Bandera⁵² los asesinatos eran por “venganza” contra la “solidaridad” que existía en el barrio. Un “preso político” liberado del campo de prisioneros Chacabuco señaló que vio cómo torturaban niños hasta que morían frente a sus padres para lograr que estos confesaran. Otro testigo de Persson describió cómo los soldados mataron a un niño lisiado para luego decirles a sus padres: “era mejor que muriera, debemos crear una nueva raza de chilenos, sin defectos”⁵³. Estas denuncias dejan entrever la visión eugenésica y racista que desplegaron en diferentes métodos de represión los agentes del Estado.

Törnvall calificó la publicación como “el más injurioso artículo en contra de Chile publicado hasta ahora en Suecia”, preocupado por el hecho de que citaba testigos, por haber sido publicado en Santiago y por ser Aftonbladet el diario de mayor circulación en Suecia. La reacción del Gobierno chileno no se hizo esperar. Mediante el diario El Cronista, trató a Leif Persson como “terrorista manejado por la urss”; se le acusó de participar en acciones terroristas, y de tener contacto con Euskadi Ta Askatasuna (eta) y con grupos terroristas latinoamericanos como el mir⁵⁴. Como consecuencia, se le prohibió la entrada al país⁵⁵. Sin esperar una rectificación del diario, la embajada propuso responder al ataque con declaraciones en la prensa chilena que debían incluir las voces de organizaciones no gubernamentales, como sindicatos, organizaciones de mujeres, juveniles, la Cruz Roja Internacional e iglesias (secretarías de la Iglesia católica y luterana)⁵⁶.

En octubre de 1979, la Asociación de Parvularios Suecos (Sveriges Förskollärares Riksförbund [sfr]) hizo pública su preocupación por la situación de la infancia en los países de América Latina. La declaración habla de 46 niños desaparecidos en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, víctimas de la Operación Cóndor. De niños nacidos bajo el “cautiverio de sus madres”, que fueron detenidas durante su embarazo o bien fueron violadas en los centros de detención. De acuerdo con el documento, las evidencias presentadas demuestran que la separación de los hijos de sus madres se instaló como una estrategia de las dictaduras para eliminar el vínculo político y dotar a estos niños y niñas de familias consideradas “aptas”. Los “servicios de seguridad separan a los niños de sus madres y los llevan bajo falsas promesas a otros países y ciudades del extranjero”. Allí son abandonados y despojados de la información asociada a su origen. La declaración finaliza con el caso de dos hermanos uruguayos que desaparecieron. Estos fueron vistos por última vez en Buenos Aires. Sin embargo, fueron encontrados varios años después en el puerto chileno de Valparaíso⁵⁷.

Como hemos visto, la niñez en Chile fue un tema constantemente aludido en los medios de comunicación suecos cuando se referían a la situación chilena. Este cuadro se mantuvo incluso tardíamente en la prensa. Un hito importante en las denuncias sobre represión hacia la infancia pobre en Chile fue el Tribunal de los Niños, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre de 1987 en el aula del Kungsholmen Gymnasium de Estocolmo. Este fue organizado por el Comité Internacional de Movimientos Infantiles y Adolescentes (Cimea), el Movimiento Internacional de Halcones y la Internacional Educacional Socialista (ifm-sei), además de los Chilekomitté. Asistieron 10 niños provenientes de las organizaciones Ocarin y Manque, quienes hicieron público su testimonio. El jurado estuvo compuesto por el parlamentario sueco socialdemócrata Hans Göran Franck; el abogado soviético Sergei Tourtsevich, perteneciente al Comité de Organizaciones Juveniles de la urss, el abogado Klaus Eschen, integrante de la Organización de Abogados Socialdemócratas de la República Federal de Alemania; Jacquie Cottyn, secretario general de ifm-sei, Bélgica; y Sandor Molnari, secretario general del Cimea, Hungría⁵⁸.

La revista Liberación publicó un especial, “Los niños acusan a Pinochet”, con algunos testimonios de los asistentes al Tribunal. Una de las organizadoras, Ruth Baltra Moreno, señaló que, de los 3.700.000 menores de 14 años, un 80 % sufría problemas nerviosos y “enfermedades psíquicas”; “600.000 carecían de vida familiar, habitación y comidas diarias”; unos “300.000 consumían alcohol y estupefacientes”, entre los cuales se podía encontrar menores de incluso 4 años⁵⁹. Gabriel González, de 10 años, proveniente de la ciudad de Temuco y de origen mapuche, relató el robo de tierras que sufrió el pueblo mapuche, acusó al régimen de Pinochet por la perpetuación del despojo, la división de las comunidades y por dejar a los niños sin educación:

“Ahora los niños no tienen educación. No hay escuelas mapuches. Cuando los mapuches terminan la escuela primaria deben dirigirse a la ciudad para poder seguir estudiando. Muchas veces no tienen ni ropa, ni zapatos y no pueden ir a la escuela. Porque el hambre y la miseria se hacen más fuerte[s] en las calles de Chile”.⁶⁰

A los testimonios descritos, se suma el de Iris Labé, de 12 años, proveniente de la comuna de San Bernardo en Santiago, quien describió las precarias condiciones de vida de ella y su familia:

“Yo creo que donde vivo se concentra la pobreza. Allí hay mucha gente que no tiene para comer […] La casa está en muy mal estado. Cuando llueve se pasa el agua. Mi papá trabaja, pero no le alcanza la plata para arreglarla. Somos cinco hermanos. Mi hermana menor de dos años está desnutrida, tiene desnutrición de segundo grado. Ella ha vivido con nosotros solamente los últimos seis meses pues el resto ha estado siempre internada. Para poder ser atendido en la policlínica de donde vivimos hay que hacer fila a las 5 de la mañana y cuando se acaban los números no atienden más, sin importar lo grave del niño. Desayuno solamente té, porque mi padre no nos puede comprar leche y al almuerzo tomamos caldo que hace mi mamá que es lo más barato”.⁶¹

El Tribunal de los Niños contó con uno de los más importantes testimonios sobre el horror del terrorismo de Estado, el de Carmen Gloria Quintana, quien por entonces tenía 19 años. Ella relató que la mañana del 2 de julio de 1986 se dirigió al centro de la ciudad de Santiago junto a su hermana y algunos amigos, entre ellos, Rodrigo Rojas de Negri, para participar de una nueva jornada de protesta nacional contra la dictadura. En un determinado momento se toparon con una patrulla militar que los persiguió hasta alcanzar a Rodrigo y Carmen Gloria. Más de 30 militares los golpearon brutalmente para luego rociarles bencina y prenderles fuego. Tras perder el conocimiento, Carmen recuerda haber despertado en una zanja a las afueras de la ciudad junto a Rodrigo, totalmente desfigurado. Con esfuerzo se incorporaron para buscar ayuda en la carretera. Fueron diagnosticados con quemaduras profundas de segundo y tercer grado en el 62 % de sus cuerpos. Rodrigo sobrevivió solo por 4 días, mientras que Carmen se recuperó y salió de Chile para denunciar al mundo las atrocidades cometidas por el régimen de Pinochet. La revista Liberación publicó una breve entrevista a Carmen Gloria, en la que se hizo patente su lucha por los derechos humanos en Chile:

“Todos los jóvenes que están en el exilio se sienten chilenos y yo les diría que si piensan volver a Chile que lo hagan y si no pueden hacerlo aún que de todas maneras luchen del lado que están y se integren tanto en el exilio como en Chile si es que retornan y, que trabajen duro por la recuperación de la libertad y la democracia […] como jóvenes latinoamericanos no debemos aceptar más la miseria para nuestros pueblos que nos ha impuesto el imperialismo norteamericano”.⁶²

El jurado convocado al tribunal, tras escuchar los testimonios, esgrimió como conclusiones que los niños y niñas fueron “despojados de su niñez”, debido a “las prisiones, el exilio, las ejecuciones y los asesinatos”; sus vidas estaban en constante amenaza por las “acciones de las fuerzas armadas”; “los derechos al abrigo y la casa adecuados no se respetan en absoluto”; no existió derecho a la igualdad en educación debido a las condiciones socioeconómicas del país, los cortes de presupuesto y la privatización; tampoco hubo cuidados básicos de salud para los niños. Finalmente, sentenció: “Debido a la pobreza extrema que afecta a un niño de cada dos y a la alta tasa de desempleo, los niños son compelidos a trabajar y a prostituirse a fin de que la familia sobreviva”⁶³.

Para la Embajada chilena en Suecia, el Tribunal de los Niños no fue más que un “circo” realizado por organizaciones de “fachada comunista”, en la línea de la campaña antichilena, en palabras del propio ministro consejero encargado de negocios, Julio Riethmuller Vaccaro⁶⁴.

De este modo, los medios suecos, al informar sobre los graves acontecimientos ocurridos en el Chile de Pinochet, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la pobreza de la población, reflejaron, por medio de la niñez, el peor rostro del régimen. Los testimonios de desnutrición, alta mortalidad infantil y represión experimentadas por niños y niñas impactaron en la comunidad sueca. La alta circulación de información sobre la situación chilena en los medios suecos sensibilizó a la opinión pública, la cual promovió acciones de ayuda humanitaria, en las que se inscribe la opción de adoptar niños y niñas chilenos.

Adopciones de niños y niñas chilenos en el centro de la política

En 1975 apareció en un medio chileno un reportaje titulado “Escandaloso tráfico de guaguas chilenas”, firmado por Wolrad Klapp, en el que se abordó una serie de denuncias con respecto a la salida de bebés chilenos con destino a Suecia para fines de adopción.

“Unas setenta guaguas chilenas fueron llevadas a Suecia en el curso de los tres últimos años, para ser adoptadas por matrimonios que no pudieron ser padres o bien quisieron incrementar la familia con un cariño nuevo procedente de esta tierra.

Parecía ser un acto de plausible generosidad; pero de súbito el asunto se puso oscuro cuando viajeros procedentes del exterior se dieron cuenta aquí que en diversos países europeos se ofrecen guaguas chilenas en adopción, como ocurre con los infortunados niños procedentes de Vietnam o Corea. Es decir, el artero ataque pretende presentar a Chile al nivel caótico de las desgraciadas naciones asiáticas”.⁶⁵

En el reportaje se advierte la preocupación por la imagen país, ante el aumento de adopciones de niños chilenos. Se informa con respecto a acciones desarrolladas por parte del Ministerio de Justicia para investigar denuncias anteriores, lo que llevó a que en 1974 la juez del Primer Juzgado de Menores de Santiago, Ana Luisa Prieto, viajara a Suecia con el objetivo de conocer el funcionamiento del Centro Sueco de Adopción. Su impresión al respecto fue: “se trata de una institución seria que abre a los pequeños chilenos la amplia puerta de un mundo nuevo y óptimo para su desarrollo”⁶⁶. Esta visita inauguró una vía de comunicación con instituciones y organizaciones políticas en Suecia que buscaron promover la adopción en dicho país.

El Centro Sueco de Adopción fue fundado en 1969 y desarrolló sus actividades en territorios del tercer mundo. Su accionar, principalmente en las décadas de los setenta y ochenta, articulaba la ayuda humanitaria y la intervención para captar niños con fines de adopción internacional. Por tratarse de una institución sin fines de lucro, recibió aportes del Estado sueco, lo que además permite relacionar esta institución con la clase política, en especial, sectores conservadores y moderados profamilia⁶⁷.

A pesar del informe positivo sobre esa institución derivado del viaje de la juez, en noviembre de 1976 la Embajada chilena en Suecia expresó su inquietud en relación con la existencia de una “campaña antichilena de prensa basada en la adopción de niños chilenos”. El embajador Törnvall -en respuesta a un aerograma del 18 de octubre de 1976- señaló que, durante 1974, la prensa usó la labor realizada por el Centro Sueco de Adopción para “lanzar malignos ataques contra Chile”, campaña que según el propio embajador se prolongó hasta 1976⁶⁸. Esta etapa coincide con el ascenso al poder del líder del Partido de Centro, Thorbjörn Fälldin, que puso fin a los gobiernos socialdemócratas. Este giro en la política interna sueca desde 1976 implicó el debilitamiento de las organizaciones de exiliados chilenos.

No pasó mucho tiempo para que en Chile las autoridades del régimen advirtieran las implicaciones políticas de las adopciones transnacionales. En enero de 1977, el general de brigada e intendente de la VIII Región, Rigoberto Rubio Ramírez, escribió al ministro del Interior al respecto. En su comunicación, solicitó estudiar e intervenir en el problema, y señaló que estaba enterado de que en el Juzgado de Menores de Concepción se habían entregado autorizaciones de adopción al extranjero de menores chilenos, proceso en el que había participado el Centro Sueco de Adopción. A pesar de que la acción había estado amparada en la legislación, el impacto político del fenómeno llamó la atención de las autoridades de la época:

“Aun cuando la resolución judicial se conforma a la legislación vigente, he estimado del caso dirigirme a us. sobre el particular, pues la salida de niños chilenos del país y su adopción por personas extranjeras, representa un factor que puede explotarse políticamente en contra del Supremo Gobierno por sectores políticos interesados en distorsionar su verdadera imagen”.⁶⁹

Raúl Benavides Escobar, general de división y ministro del Interior, concordó con lo expuesto por Rubio y extendió la solicitud de investigación al ministro de Justicia de ese entonces, Miguel Schweitzer⁷⁰, quien respondió que estaba enterado de que el Centro Sueco de Adopción había tramitado en su cartera una concesión para obtener personalidad jurídica en Chile. Agregó que se recopilarían los antecedentes sobre el caso y se informaría al ministro de Salud⁷¹, de quien dependía en ese entonces la Casa Nacional del Niño, institución que centralizaba los procesos de adopción, a partir de la implementación del Plan Nacional de Menores de la Dictadura (1978-1982). Dicho plan estableció dentro de sus objetivos la ampliación de la cantidad de adopciones, como estrategia para superar la llamada “infancia irregular”, referida principalmente a hijos de madres solteras, de familias pobres y que no respondían a los mandatos familiares del régimen. Para aumentar el número de niños adoptados, se desarrolló una amplia campaña de promoción de la adopción mediante los medios de comunicación.

Los alcances internacionales de estas medidas fueron advertidos por la propia Central Nacional de Informaciones (cni), el principal aparato de represión del régimen. En una comunicación reservada, Odlanier Mena, general de brigada y director de dicho organismo, informó a la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga:

“Se tiene indicios que en Chile se están adoptando menores por parte de extranjeros, los que posteriormente son llevados fuera del país, con una frecuencia inusitada. Aparte de las posibles implicancias de carácter político que estos hechos pudieron tener, existe la posibilidad que se esté ante un tráfico humano”.⁷²

El coronel Eduardo Avello, ministro subrogante de Justicia, respondió que los únicos antecedentes con los que contaban eran las comunicaciones del Centro Sueco de Adopción con dicho ministerio. Efectivamente, el 6 de julio de 1976 dicho centro, representado en ese entonces por Anna María Elmgren Söderquist, pidió contar con personalidad jurídica para operar en el país. Sin embargo, una denuncia realizada por la Organización Cívico Familiar S. O. L. detuvo el trámite y el Ministerio del Interior resolvió no entregar la personalidad jurídica, lo que dejó la solicitud en estado de “tramitación”. La denuncia fue hecha directamente ante la Presidencia de la República, que expresó preocupación por un “presunto mercado de menores”, en el cual estarían involucrados Anna Elmgren y el sacerdote italiano Piergiovani⁷³.

Por otro lado, la jefa de la Oficina del Menor, Gloria Baeza Concha, responsable del Plan Nacional de Infancia de la dictadura, intentó esclarecer y restringir el debate en torno a la normativa vigente sobre adopciones. Se comunicó con el Ministerio de Justicia, para indicar que, más allá del problema político por “la imagen que pudiera formarse en el exterior”, la adopción debía considerarse como una alternativa legítima para ayudar a la infancia desvalida⁷⁴.

Desde Suecia, en julio de 1979, el cónsul de Chile en Estocolmo, Ricardo Benavente Holley, informó respecto de la frecuencia de las solicitudes para adoptar niñas y niños chilenos en dicho país, que podía llegar a catorce casos en una semana. Benavente señaló que el procedimiento tenía tres mecanismos diferentes. El primero consistía en las solicitudes de tuición y posterior adopción llevadas a cabo por el Centro Sueco de Adopción, el cual establecía contacto con los juzgados de las localidades donde se encontraba el niño o niña, para luego confiar la tuición a un matrimonio sueco, sin participación del padre o la madre natural. Se argumentaban razones humanitarias, económicas o ambientales para concretar la acción. El segundo mecanismo permitía a los matrimonios otorgar un poder al Centro, con el propósito de que buscara a una niña o niño chileno y conviniera con los juzgados de menores en Chile la adopción, pues estaban facultados para dicha labor por la Ley n.º 16618 del 8 de marzo de 1967⁷⁵. El tercer y último mecanismo consistió en matrimonios que concedieron poder a azafatas de cualquier línea aérea -o bien a cualquier persona capaz de transportar un niño chileno hacia Suecia-, una vez lograda la sentencia de algún tribunal chileno. Como resultado, el niño o la niña perdía sus apellidos originales y adquiría los adoptivos sin que en la sentencia se indicaran los apellidos de procedencia⁷⁶.

Hasta 1977 no hubo claridad con respecto a la cantidad de niñas y niños chilenos adoptados que habían salido con destino al país nórdico. El cónsul declaró no contar con antecedentes para poder determinar con precisión la cantidad de adopciones que ya habían sido acordadas a la fecha. La autoridad desconocía si estas involucraban a “huérfanos de la Casa Nacional del Niño”, a aquellos recogidos por carabineros o si se trataba de alguna especie de comercio impulsado por “madres inescrupulosas”. Por estas razones, solicitó un estudio sobre el origen de las adopciones y los organismos involucrados⁷⁷. Algunos datos que se conocían indicaban que las adopciones habían comenzado en 1972, con cifras que oscilaron entre 150 y 200 niños adoptados anualmente⁷⁸.

Sin embargo, para la misión, la imagen de Chile en el extranjero se mantenía como directriz en la política internacional. En septiembre de 1979 Benavente sugirió a la Embajada chilena facilitar al Centro Sueco de Adopción material de difusión sobre Chile con el objeto de mejorar la imagen del país. El cónsul contactó a dicha institución, donde le manifestaron interés por compartir con los matrimonios suecos folletos y películas sobre Chile:

“Esta corporación está interesada en poder difundir entre los futuros padres adoptivos folletos y aun películas sobre Chile. La revista CHILE (verano 1977) la encontraron de gran calidad y me manifestaron que podría ser vendida a un buen precio. Creo también que la proyección de películas en Adoption Centrum a familias postulantes […] podría tener un efecto positivo sobre la imagen de Chile”.⁷⁹

El proceso de adopciones transnacionales durante el régimen de Pinochet adquirió su punto más relevante con la implementación del Plan Nacional de Menores entre los años 1978 y 1982. Esta política estableció la adopción como “el sistema asistencial ideal para el niño sano y normal que carece de hogar propio. Mediante ella se da un hijo a quien la naturaleza se lo ha negado”⁸⁰. Se planteó como objetivo del plan “ampliar significativamente el número de adopciones en Chile, como camino para proporcionar hogar a niños que carecen de él”⁸¹. Para esto, el régimen buscó promover un “movimiento de opinión pública favorable a la adopción”, lo que planteó al Estado la tarea de informar y promover las adopciones para agilizar sus trámites⁸² . La prensa oficialista, los municipios y los agentes cívico-militares se encargaron de hacer una “amplia promoción de la adopción de los niños desvalidos dando a conocer tanto dentro como fuera del país los principios que rigen el sistema”⁸³. Esta política se constituyó en un mandato que posteriormente facilitó la gestión de funcionarios públicos en hospitales, municipios e instituciones de cuidado de la infancia para favorecer la entrega de niños y niñas pobres a instituciones y organismos que tramitaran adopciones transnacionales, como fue el caso del Centro Sueco de Adopción que funcionó en Chile hasta 1992.

Conclusiones

Las adopciones de niños y niñas chilenos por parte de familias suecas se desarrollaron durante la dictadura militar en un contexto de tensión diplomática, originada por la condena internacional contra las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Estas adopciones funcionaron, en un primer momento, de manera irregular en el periodo 1973-1977 y se asociaron principalmente a la ayuda humanitaria, producto de la difícil situación de la niñez chilena. Lo anterior contribuyó a fomentar la llamada campaña antichilena en Suecia y alertó a los militares con respecto al alcance político que del tratamiento de la infancia se proyectaba en el exterior. Fue así como en un segundo momento (1978-1988) las adopciones pasaron a ser aceptadas por el régimen y su regularización y promoción se transformaron en estrategias diplomáticas y políticas para limar asperezas con Suecia y así mejorar su imagen en el exterior.

La adopción de niños y niñas chilenos por parte de extranjeros durante la dictadura de Pinochet fue una estrategia de proximidad política, especialmente en países como Suecia donde se concentraba un alto número de exiliados chilenos. Los vínculos mediante la adopción transnacional le permitían a Chile fomentar las relaciones políticas con autoridades e instituciones, como el Centro Sueco de Adopción y los sectores más conservadores. De este modo, la adopción de niños y niñas chilenos con destino a Suecia se situó en un campo de disputa política que buscaba revertir el aislamiento del régimen militar en el contexto internacional. Con el objetivo de institucionalizar las prácticas de adopciones forzadas de la infancia pobre, la dictadura elaboró el Plan Nacional de Menores que promovía la adopción, acortaba los tiempos de la gestión y centralizaba las solicitudes en la Casa Nacional del Niño, institución en la que se desempeñaban además representantes del Centro Sueco de Adopción.

Cabe destacar que no existen cifras oficiales en Chile del total de niños y niñas que llegaron a Suecia con fines de adopción. Muchos de estos casos fueron adopciones forzadas de niños y niñas pobres, desarrolladas a partir del uso del poder cívico-militar, que regulaba el cuidado de la infancia e inhabilitaba judicialmente a madres solteras y familias para ejercer el cuidado de sus hijos o hijas. Este es un conflicto que sigue aún sin resolver, y que mantiene actualmente a muchas familias en procesos judiciales para encontrar a sus hijos, hijas, madres o padres.