INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 ha golpeado a Brasil con fuerza y letalidad. Ante la omisión e inoperancia del gobierno federal y de muchos gobiernos subnacionales, las tasas de contaminación crecieron, lo que provocó impactos sin precedentes en el país. Desde el comienzo de la pandemia en Brasil, en marzo de 2020, las formas de acción y de adaptación de los Grupos Armados Ilegales (GAI) actuantes en sectores del crimen organizado llamaron la atención de expertos y de la prensa, y tuvieron una resonancia similar a escala internacional (^{Cruz & Fonseca, 2021}; ^{Global Initiative Against Organized Crime, 2020}; ^{Moncada & Franco, 2020}; ^{Muggah, 2020}; ^{O’Neil, 2020}).

Uno de los objetivos de estas investigaciones era comprender cómo estaban operando los GIA en sus espacios de actuación y, en especial, cómo se daba el impacto de la pandemia en las prácticas de gobernanza ejercida por estos grupos en los territorios y poblaciones bajo su autoridad. Hasta el momento, en el caso de Brasil, este interés ha movilizado poco más que reportajes periodísticos y ensayos exploratorios iniciales (^{Campos, 2020}; ^{Tornaghi, 2021}).

Sin embargo, en marzo de 2020, los autores de este artículo ya conducían una investigación sobre las prácticas de gobernanza ejercidas por una de las principales GAI presentes en el área metropolitana del estado de Río de Janeiro, el Comando Vermelho (CV), en el conjunto de favelas llamado Complexo do Salgueiro (CS), en el municipio de São Gonçalo. Esta investigación involucraba a expertos de tres universidades brasileras, y desde el 2019 desarrollaba un mapeo de las actividades de gestión y control del territorio y de la población del CS por la sección local del CV.

Desde el punto de vista teórico-metodológico, la investigación combinaba: 1) el trabajo de campo, por medio de la observación participante; 2) la sistematización de informaciones sobre el Complexo y sobre el CV; 3) la realización de entrevistas con los habitantes más ancianos del Complexo; 4) el levantamiento, la sistematización y la aplicación del marco teórico de la gobernanza híbrida para estudiar las prácticas locales del CV; 5) la producción de archivos audiovisuales de la actuación local del CV, y 6) la producción de una cartografía por georreferenciación de la actuación del CV en el Complexo do Salgueiro.

Con el comienzo de la pandemia, y ante el interés de expertos a escalas nacional e internacional sobre la actuación del crimen organizado en contextos de expansión de la COVID-19, el grupo de investigación decidió reunir datos, observaciones y análisis sobre cómo el CV se comportaba en el CS tras el inicio de la pandemia. En este artículo presentamos los hallazgos del periodo estudiado, entre marzo de 2020 y julio de 2021.

Para la elaboración de este énfasis en el tema del CV en el Complexo en tiempos pandémicos, adaptamos los seis elementos teórico-metodológicos mencionados antes, concentrándonos, principalmente, en 1) la observación participante; 2) el experimento de testar el marco teórico de la gobernanza híbrida; 3) la elaboración de síntesis estadísticas y cartográficas a partir de datos colegidos en periódicos científicos, censos poblacionales, censos electorales, informes de salud pública, informes criminales y de entrevistas con moradores del Complexo; 4) la elaboración de una encuesta (survey) electrónica enviada a residentes en el Complexo, con el fin de mapear sus opiniones sobre las prácticas de gobernanza del CV desde el comienzo de la pandemia.

Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cómo se comportó el CV ante la pandemia de COVID-19 en términos de sus prácticas de gobernanza hacia la gestión del territorio, de su población y de la dinámica económica ilegal y legal?

Nuestra hipótesis inicial, basada en las observaciones preliminares y en la literatura especializada, era que el CV en el CS elaboraría alguna forma de responder a la COVID-19 siguiendo su tradicional táctica de mantener algún grado de asistencialismo, en busca de garantizar un grado mínimo de legitimidad y apoyo de la población local, pues este se traduce en más colaboración y, por tanto, en menos vulnerabilidad del CV ante incursiones de la Policía o de GAI rivales.

No obstante, los dieciséis meses de observación y de empleo de las herramientas metodológicas elegidas nos enseñaron un cuadro distinto. El CV en el CS no extendió sus prácticas asistenciales hacia el enfrentamiento de la pandemia. Este artículo, por tanto, busca presentar posibles explicaciones para la frustración de nuestra hipótesis inicial. Para ello, dividimos la exposición en tres movimientos: la primera sección presenta los elementos centrales del marco teórico-conceptual de la gobernanza híbrida, paso importante para la discusión sobre cómo y por qué el caso aquí estudiado no respondió a los principios generales de este marco. Luego, presentamos algunas de las características demográficas y urbanísticas del CS que, desde una mirada histórica, buscan presentar el escenario humano y urbano donde la acción transcurre y que influencian los rumbos de las acciones.

La tercera sección persigue un objetivo similar al anterior, pero dedicada al Comando Vermelho, con el reto de comprender cómo se organiza y actúa en el Complexo. La cuarta sección presenta y analiza una selección de los hallazgos de la observación participante y de las respuestas a la encuesta, y los confronta con los elementos fundamentales del marco teórico-conceptual de la gobernanza híbrida. Finalmente, en las consideraciones finales se sintetizan las conclusiones parciales de esta investigación, que apuntan hacia un horizonte futuro de proseguimiento de los test de la perspectiva de la gobernanza híbrida para el caso de los GAI en la región de Río de Janeiro.

LA GOBERNANZA HÍBRIDA: APUNTES CONCEPTUALES

El concepto de gobernanza se sustenta tradicionalmente en una literatura liberal que institucionaliza las agendas de los actores, por medio del intercambio de valores, la estandarización de los procesos y de las relaciones de poder formales e informales que tejen una red operativa a diferentes escalas (^{Rosenau, 1992}). Además, la gobernanza puede entenderse en términos de su alcance (local, nacional, global o transnacional), y se espera que genere un intercambio de buenas prácticas y la producción de bienes públicos comunes (como la paz), como una especie de ciclo virtuoso de gobernabilidad.

La gobernanza híbrida es un acomodo entre fuerzas formales e informales, legales e ilegales, en el lugar donde funciona un mercado ilegal, y una forma de control territorial y poblacional ilícito. En casos así, habría una tendencia entre los agentes involucrados a buscar un reparto de ganancias (ganancias absolutas). La gobernanza híbrida puede ser entendida como las posibilidades concretas de instituir prácticas de gobernabilidad en ambientes complejos por la articulación entre agentes/actores legales/formales e ilegales/informales (^{López-Vallejo & Fuerte-Celis, 2021}).

Es posible identificar tres formas de definir la gobernanza híbrida: 1) centrarse en la construcción del Estado, cuando las fuerzas multilaterales de reconstrucción necesitan crear acuerdos con los caudillos locales, que son actores clave en este proceso, por ejemplo, en Somalia; 2) verla como un mecanismo para reforzar las prácticas del Estado, con el fin de frenar y desalentar la acción de grupos armados ilegales (GAI), y 3) estudiarla desde América Latina y en sus espacios no gobernados directamente por los Estados, donde las líneas entre lo legal y lo ilegal no son obvias, y la perspectiva weberiana de la presencia estatal no se aplica a ciertos espacios, ya sean urbanos o rurales, sino que presentan la marginación y la exclusión como aspectos centrales (^{Boege et al., 2009}; ^{López-Vallejo & Fuerte-Celis, 2021}; ^{Weiss, 2013}; ^{Villa et al., 2021}).

En estos espacios, la gobernabilidad es ejercida por diferentes actores legales e ilegales en diferentes sectores: económico, social, moral e incluso cultural, con frágiles equilibrios entre dichos actores, que permiten la ocurrencia de la violencia cuando existen rupturas en esos equilibrios (^{López-Vallejo & Fuerte-Celis, 2021}).

En este artículo asumimos que la gobernanza híbrida es un fenómeno que ocurre en espacios marginados, en los que la gestión de la violencia es compartida y, en muchos casos, disputada por grupos armados ilegales y fuerzas del Estado (policías o fuerzas armadas), donde la protección y el control territorial se convierten en productos rentables y, a menudo, cruciales para los GAI.

Los GAI, con el reto de controlar y manejar las dinámicas locales, crean estructuras normativas paralelas en las que la población local queda subyugada a particulares aparatos “jurídicos” y sus modos de aplicación de la “justicia”. Más allá de los “tribunales del crimen”, tales estructuras jurídicas pueden ser observadas, en su forma más compleja, cuando hay una acomodación entre GAI y fuerzas policiales de baja patente que interactúan con los oficiales de la ley, con lo cual se crea una “neutralización del crimen” desde el punto de vista jurídico, y se conforma esta zona gris en la que no hay una separación entre lo legal y lo ilegal (^{Feltran, 2010}, p. 111).

En lo que se refiere a las diferentes posibilidades de observación de prácticas de gobernanza híbrida, ^{Villa et al. (2021)} presentan dos dimensiones en las cuales estas se pueden observar: la horizontal y la vertical. En la dimensión horizontal se observan los grupos armados ilegales, sus interacciones, transacciones y eventuales explosiones de violencia. En la vertical se observan la yuxtaposición de los actores estatales con los actores no estatales, y su acomodación, cada cual con su tipo de actividad.

En la dimensión horizontal se presentarían las siguientes opciones para el relacionamiento entre actores de la gobernanza híbrida: 1) combates violentos; 2) contratos de cambio y venta en efectivo; 3) alianzas tácticas; 4) subcontratos; 5) relaciones logísticas complementarias; 6) alianzas estratégicas; 7) convivencia pacífica. En la dimensión vertical, ^{Misse (2011)} apunta los diferentes tipos de conexión que podrá haber entre los GAI y los agentes oficiales: 1) el soborno, 2) el arreglo y, finalmente, 3) la extorsión, con una intensificación de la violencia entre el primero y el tercero (^{Annete Idler, 2021}, p. 68-69).

Bajo el marco de la gobernanza híbrida, muchos de los GAI acaban por ser los proveedores de servicios básicos a la población, como el acceso a gas butano, internet y medicamentos. Es decir, no ejercen solamente las prácticas de control y gestión del territorio y de la población por la fuerza y la violencia, sino, también, al ofrecerse como proveedores de bienes públicos (la “paz”, la aplicación de la “justicia”) y servicios de demanda común que no son ofrecidos por el Estado o por el mercado formal. Este modo de actuar es ampliamente reconocido por la literatura que trata sobre la gestión de los espacios urbanos informales en Brasil (^{Biondi, 2018}; ^{Desmond Arias, 2006}; ^{Desmond Arias, 2018}; ^{Feltran, 2018}; ^{Lessing, 2018}; ^{Misse, 2011}; ^{Rodrigues, 2017}; ^{Zaluar, 1994}; Zaluar, 2004).

Esta literatura está de acuerdo con que los GAI necesitan garantizar una base territorial y un “ejército de reserva” para funciones en el negocio ilegal de drogas y otros servicios. El territorio significa, así, tanto un espacio de protección para los actores ilegales contra la policía y otros GAI, como el lugar en el que se reciben, se preparan y se venden las drogas. Asumiendo la hipótesis de Charles ^{Tilly (1985)} de que hay un isomorfismo entre el “Estado” y las “mafias”, podemos entender que los GAI en el contexto brasilero -y, en especial, en la zona metropolitana de Río de Janeiro- necesitan conquistar algún grado de legitimidad ante la población de las áreas que controlan por los mismos motivos de los Estados por los que buscan garantizar los Estados: para la seguridad personal de los miembros (sobre todo, de los líderes), para asegurar la rentabilidad de las operaciones económicas del GAI y para propiciar la reproducción del propio GAI.

Esta concepción de la gobernanza híbrida, con sus elementos de control coercitivo y asistencial, que busca garantizar legitimidad y autoridad, es apropiada para el estudio de la presencia y acción del Comando Vermelho en el Complexo do Salgueiro (CS), respectivamente, el GAI y el territorio urbano que nos interesan específicamente en este artículo. Sin embargo, cuando analizamos cómo el Comando Vermelho se ha movido y actuado en el CS desde la eclosión de la pandemia de COVID-19, constatamos discrepancias entre lo observado y lo ofrecido por los datos empíricos y los elementos interpretativos aportados por el marco teórico de la gobernanza híbrida.

Dado el marco de la gobernanza híbrida sería aceptable suponer que, ante la propagación de la COVID-19 y su gran impacto sobre la comunidad local, el CV asumiría el rol de gestor de las actividades cotidianas y ampliaría sus actividades asistenciales con el fin de minimizar los daños causados por el coronavirus. No obstante, nuestra investigación ha señalado justamente lo contrario. Por eso proponemos, primero, una presentación del Complexo do Salgueiro y del GAI que lo controla hace más de tres décadas, el Comando Vermelho; y luego, la presentación de datos colegidos por la observación participante realizada en el Complexo entre marzo de 2020 y julio de 2021, acompañado de la encuesta electrónica aplicada a un conjunto de residentes en el Complexo.

Nos interesa, en fin, observar el ejercicio de la gobernanza híbrida por el CV en el Complexo do Salgueiro en tiempos de pandemia. Dado que los tiempos pandémicos activan una excepcionalidad dentro de la excepcionalidad cotidiana de esta región, ¿cuáles serían los principales mecanismos con los que operaron los GAI en el contexto de la pandemia, bajo la continuidad o, tal vez, mayor ausencia estatal?

EL COMPLEXO DO SALGUEIRO: PASADO Y PRESENTE

El Complexo do Salgueiro es un conjunto de ocho barrios contiguos ubicado en el municipio de São Gonçalo, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro¹. Según el censo del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), en 2020, la población estimada en São Gonçalo era de 1.091.737 personas; así, es la segunda ciudad más poblada del estado, solo detrás de la capital, Río de Janeiro. El CS ocupa un área total 12 km², con una población estimada en 76.614 personas en 2021².

La noción de “complexo” (complejo) no corresponde a una división oficial del territorio urbano, sino a una denominación popular de un conglomerado de barrios de bajo índice de desarrollo humano (IDH), en general formado por favelas que disponen de insuficientes equipos urbanos y de infraestructura, como agua potable, vías asfaltadas, transporte público regular, escuelas y hospitales públicos o privados, redes eléctricas y telefónicas. Un “complexo” es, por tanto, un agrupamiento de favelas o de barrios pobres vistos por la sociedad y las autoridades a través de lentes de estigmatización y prejuicio de clase y de raza (^{Ferrugem, 2019}; ^{Franco, 2018}).

Favelas y complexos son estigmatizados como espacios peligrosos, dominados por la informalidad, con concentración de criminales, contando con poblaciones consideradas ignorantes y con hábitos inmorales (^{Birman, 2008}; ^{Freire, 2008}). Favelas y complexos son, tradicionalmente, objetos de incursiones violentas de las fuerzas de seguridad del Estado y, desde la década de 1980, áreas ocupadas por organizaciones del narcotráfico como el Comando Vermelho (CV), grupo que desde hace 35 años se ha establecido como poder de facto en el Complexo do Salgueiro (^{Misse, 2011}).

Desde comienzos del siglo XX, los barrancos de los morros del área metropolitana de Río de Janeiro fueron buscados por la población más pobre como alternativa para construir viviendas precarias, en un fenómeno similar a lo sucedido en otras ciudades latinoamericanas, como Bogotá, Medellín, Caracas y La Paz (^{Perea, 2016}). La región donde hoy está el Complexo do Salgueiro empezó a ser ocupada en la década de 1940, tras el crecimiento demográfico de la entonces capital de Brasil.

La región de São Gonçalo, ubicada en la otra orilla de la bahía de la Guanabara, pasó a ofrecer opciones de ocupación para parte de la población desplazada de Río de Janeiro. Según registros de historia oral que reunimos con los habitantes mayores del Complexo do Salgueiro, la región “era un lugar muy tranquilo con muchos árboles, frutales, casas contadas con los dedos. Ahora, todo ha cambiado” (Residente X, entrevista personal realizada por J. Quirino, 28 de junio de 2021).

El cotidiano de disputas violentas por territorio entabladas por grupos del narcotráfico tardó décadas para intensificarse al otro lado de la bahía de Guanabara. El deterioro de la seguridad pública en São Gonçalo se profundizó tras el inicio de la implantación de un programa de seguridad pública llamado Unidades de Policía Pacificadora (UPP), a partir de 2008. Este programa, conducido por el gobierno estatal de Río de Janeiro, fue una política de ocupación de favelas por parte de batallones especiales de la Policía Militar, con el apoyo puntual de las Fuerzas Armadas. Se buscaba, oficialmente, establecer patrones de policía comunitaria que permitieran la llegada y permanencia de servicios públicos y privados (^{Franco, 2018}; ^{Granja, 2015}; ^{Valente, 2016}).

Sin embargo, después de las Olimpiadas de Río, en 2016, los intereses económicos y de especulación inmobiliaria, sumados al alto costo para la manutención de las UPP, condujeron al progresivo abandono del plan, y solo quedó la presencia errática de la Policía Militar y el retorno de las organizaciones narcotraficantes (^{Ribeiro & Vilarouca, 2018}). A pesar de ello, uno de los principales efectos de las UPP continuó: el desplazamiento de personas involucradas con organizaciones criminales para otras favelas sin efectivos de la UPP, tanto en Río de Janeiro como en municipios cercanos, como São Gonçalo (^{Misse et al., 2020}).

De este modo, existe una correlación temporal y causal de la implementación de las UPP con la migración de criminales desde la capital hacia el CS. Según datos difundidos por el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro (ISP-RJ), entre 2011 y 2014 se registraron aumentos en el número de hechos delictivos en São Gonçalo en categorías como el robo de propiedad, a una tasa del 40 %, y los homicidios dolosos, es decir, cuando hay intención de matar, en una tasa del 20 % (^{Lourenço, 2018}).

Es posible estimar que el impacto propagador de la violencia corresponda al fenómeno del desborde criminal en las dinámicas de expansión, consolidación y, finalmente, en el dominio espacial que engloba la gestión estratégica del GAI dentro del territorio con fines ilícitos, que impactan directamente en la actual formación del Complexo do Salgueiro, también conocido como “Complexo G8”. En el mapa (figura 1), la sección ampliada en la esquina inferior derecha de la imagen muestra la región del Complexo do Salgueiro (en rojo). A la izquierda se encuentra la ciudad de Río de Janeiro.

Fuente: elaborado por los autores a partir de Google Maps

Figura 1 Mapa del Complexo do Salgueiro 

El mapa 1 fue producido por un proceso de geocodificación manual ante la inexistencia de mapas oficiales -o disponibles para estudios académicos- que delimiten el CS. Para ello fueron utilizadas fuentes variadas, que incluyeron reportajes periodísticos -de los periódicos O Globo, O Fluminense y O São Gonçalo-, letras de canciones de funk carioca³ y entrevistas con moradores de São Gonçalo.

El conjunto de datos nos indica con bastante margen de seguridad que el territorio de los ocho barrios que componen el CS es controlado por el Comando Vermelho. Tomando en cuenta que el área del Complexo corresponde al 15 % del territorio de São Gonçalo, es posible notar el impacto de la existencia de un espacio de gobernanza híbrida con esas dimensiones en la vida de su población y en la dinámica de esta zona urbana.

El CS es uno de los territorios más importantes y rentables controlados por el Comando Vermelho. Una de las más importantes ventajas es su posición geoestratégica, en las orillas de la bahía de Guanabara y cortada por una importante autopista (BR 101) que, con 4650 km de extensión, conecta casi toda la costa brasilera. El trecho que cruza los municipios del área metropolitana de Río de Janeiro es el campeón de robos de vehículos que son, después, vendidos en Paraguay y Bolivia, así como cargamentos que son usados para transportar armas y drogas, además de servir como moneda para la compra de armas y drogas en Paraguay y Bolivia (^{G1, 2018}). La bahía de Guanabara, con docenas de islas, manglares y favelas en sus orillas, es muy utilizada para el transporte de drogas, armas y contrabando. Finalmente, el puerto de Río de Janeiro, ubicado precisamente frente al Complexo de Salgueiro, al lado opuesto de la bahía, es uno de los más importantes puntos para la entrada y salida de productos ilegales en Brasil (^{Rodrigues & Esteves, 2018}).

El siguiente apartado presenta el GIA que controla el CS, llamado Comando Vermelho (CV). Se sitúan sus orígenes históricos, su forma de organización y funcionamiento, su posición en el actual escenario de competencia entre grupos del crimen organizado en el área metropolitana de Río de Janeiro y su presencia específica en el Complexo do Salgueiro.

COMANDO VERMELHO (CV): EL “DUEÑO” DEL COMPLEXO DO SALGUEIRO

El Comando Vermelho (CV) es la más antigua y más grande organización del narcotráfico en Río de Janeiro. Sus orígenes se remontan a la segunda mitad de la década de 1970, cuando convivieron en la penal de Isla Grande presos “comunes” y “presos políticos”, estos últimos vinculados con grupos de izquierda que enfrentaban el régimen militar instalado en 1964. Aquella cárcel de seguridad máxima pasó a aislar a hombres condenados por la Ley de Seguridad Nacional de 1969 que estableció como crímenes contra la patria el asalto a bancos y los secuestros, entre otros crímenes (^{Amorim, 1993}; ^{Simon, 2021}).

Durante la década de 1970 hubo un intercambio de saberes y prácticas entre “presos comunes” y “presos políticos” que estaban recluidos juntos y aislados en una de las galerías de la cárcel (^{Rodrigues, 2017}).

En 1979, con la Ley de Amnistía editada por el régimen autoritario, el Departamento Carcelario de Río de Janeiro ordenó a la dirección de la cárcel que terminase el aislamiento de la Galería B (^{Lima, 1991}; ^{Migowski, 2018}). Esperando una masacre por parte de las otras pandillas de la cárcel, los presos de la Galería B se adelantaron y, una noche antes de la apertura hacia las otras galerías, invadieron los otros sectores armados con cuchillos y machetes, y ejecutaron a docenas de los miembros de las dos otras pandillas. En el informe sobre lo sucedido, escrito por el director del presidio, el grupo victorioso fue nombrado “Falange Vermelha” (“Falange Roja”), por la asociación con los antiguos presos comunistas (^{Amorim, 1993}; Lima, 1991; ^{Rodrigues, 2012}; Rodrigues, 2017). A partir de comienzos de la década siguiente, el grupo, que ya actuaba en Río de Janeiro, pasó a ser conocido como Comando Vermelho (Migowski, 2018; ^{Misse, 2011}).

La primera generación de miembros del CV elaboró un código de conducta que estableció como lema “paz, justicia y libertad”, y como metas, el “combate a la opresión” y la búsqueda “por la libertad”; también contaba con un decálogo de las reglas básicas de pertenencia, que incluía “eliminar a nuestros enemigos” (^{Comando Vermelho, 2019}; ^{Legnas, 2017}). En aquel entonces, los enemigos eran el “sistema” (las cárceles, la policía, los agentes carcelarios, los jueces) y las facciones rivales. El Estatuto terminaba con un verso: “Si avanzo sígueme, si retrocedo mátame, si muero véngame, pues somos guerreros del Comando Vermelho”.

El CV estableció una conexión entre el espacio carcelario y los barrios pobres de Río de Janeiro. Una territorialización dual que buscó constituir zonas de autoridad propias, como una forma de cumplir con las promesas de protección contra “el sistema” y para viabilizar la continuidad de las actividades ilícitas del grupo. Se formó una estructura de “células” locales ligadas de modo federativo, con un conjunto limitado de líderes -en libertad o encarcelados- responsables por uno o más puntos de control de regiones urbanas.

Según autores como ^{Desmond Arias (2006)} y ^{Lessing (2021)}, el sistema de gobernanza del CV se centra en la figura del “dono do morro” (“dueño de la favela”), autoridad local que ha garantizado el puesto por carisma, capacidad de mando, uso de la violencia, capacidad de atención hacia la población, capacidad de administrar los acuerdos ilegales con la policía y la conquista de la confianza de los líderes máximos. Es decir: capacidad de configurar y gestionar prácticas de gobernanza híbrida.

La jerarquía sigue con “gerentes” que administran las “bocas de fumo” (puntos de venta de drogas), los “soldados” (miembros armados para la seguridad del grupo), “vapores” y “aviones” (en general, jóvenes que venden, transportan y entregan drogas), y “olheiros” (en general, jóvenes o niños que vigilan la llegada de la policía o de grupos rivales). Las células del CV son llamadas por sus miembros como “firmas” (empresas), lo que subraya la lógica mercantil de sus actividades.

Este esquema de organización sirvió de modelo para otros grupos que emergieron en la segunda mitad de la década de 1980, como disidencias o en oposición al CV. El primero fue el Tercer Comando, también surgido en la penal de Isla Grande. Otras secesiones generaron, a partir de la década de 1990, grupos como la ADA (Amigo de los Amigos), el Comando Vermelho Joven y el Tercer Comando Puro. Estas otras organizaciones nacieron y crecieron basadas en el narcotráfico, un nuevo y rentable negocio asumido como actividad principal del CV (^{Rodrigues, 2017}).

Parte del modelo de funcionamiento del CV asumió características asistencialistas. Dentro del espacio carcelario, el CV ofreció a sus miembros protección física contra abusos de otros presos y de agentes carcelarios; favoreció la entrada de objetos, drogas, cigarrillos y otros productos; facilitó el contacto con parientes al financiar el transporte de familiares en los días de visita; financió fugas, y contrató abogados de defensa. A cambio de esto, los miembros pagaban cuotas de afiliación en plata, productos o servicios. En el espacio extracárcel, en las favelas, el CV ofreció seguridad personal y patrimonial (contra robos, violaciones, violencia doméstica), promocionó fiestas y eventos deportivos, asumió el pago de compensaciones para las familias de miembros muertos en acción, financió medicinas y otros cuidados médicos. Este modelo dual (cárcel-favela) se convirtió en el patrón de gobernanza híbrida para los GAI que nacieron a partir o después del CV (^{Zaluar, 2004}).

En Río de Janeiro, el CV y sus congéneres no han formado “Estados paralelos”, sino “zonas de autoridad simbióticas” con agentes del Estado (la policía, principalmente) y el mercado formal e informal fuera del espacio de las favelas (^{Ferrugem, 2019}; ^{Rodrigues y Labate, 2016}). Como apuntaba Milton Santos, la pobreza urbana en países del Tercer Mundo es producto del modo como la economía subordinada -en este caso, la brasilera- se conecta con la economía global. Para el geógrafo, “las raíces de la ‘crisis urbana’ [en el Sur Global] se encuentran en el sistema mundial” (^{Santos, 2013}, p. 31). Así, las favelas (“los morros”), sus habitantes y su economía son elementos dinámicos que interactúan con sus correlatos de la ciudad formal (“el asfalto”). Del mismo modo, interactúan agentes de la autoridad estatal y los agentes locales de la autoridad del narcotráfico. Hay un proceso de co-constitución entre “morro” y “asfalto” que justifica el uso de la metáfora de los “gemelos siameses” o de las relaciones simbióticas, en que los dos cuerpos no constituyen una sola identidad, pero no puede sobrevivir o producir su identidad singular sin la existencia del otro (^{Piza Duarte & Silva Freitas, 2019}; Rodrigues, 2017).

Los años iniciales de expansión del CV pasaron a encontrar resistencias con el ya mencionado surgimiento de pandillas semejantes. Desde finales de la década de 1990 aparecieron también las llamadas “milicias”, bandas criminales formadas por actuantes o retirados/jubilados policiales militares, miembros de las fuerzas armadas y agentes carcelarios que ocuparon zonas pobres crecientes en áreas de expansión urbana en Río de Janeiro, y entraron a competir con los GAI del narcotráfico por el control de territorios, poblaciones y negocios ilícitos (^{Estévez, 2019}; ^{Paes Manso, 2020}).

Siguiendo la sugerencia analítica de ^{Sarmiento y Krauthausen (1991)} respecto a los motores de la violencia en el mercado ilegal de drogas, es posible comprender por qué el escenario de la disputa en Río de Janeiro ha sido marcado por creciente violencia desde los años ochenta hasta el presente. Los autores argumentan que, en contextos de ilegalidad, donde haya un mercado dinámico en un escenario de competencia entre dos o más grupos dedicados preferencialmente al minoreo y con limitada penetración en las instituciones de Estado, la tendencia es que dicha competencia considere el uso de la violencia como recurso posiblemente válido para conquistar y mantener territorios, que son condición necesaria para la protección de los miembros del grupo y para procesar, almacenar y vender la droga.

Esto ayuda a entender las estadísticas referentes al número de homicidios en Río de Janeiro, considerando que desde el 2016, el 50 % de los homicidios están relacionados con confrontaciones entre grupos del crimen organizado. En 1990, la tasa de homicidios en el municipio de Río de Janeiro era del 53,61 por 100.000 habitantes, mientras en 2016 bajó a 25,85 por 100.000 (^{IPEA, 2020}). Es importante notar que en 1990 la ciudad de Río de Janeiro pasaba por el auge del periodo de expansión del CV y del Tercer Comando, mientras que en 2016 todavía se sentían los efectos del programa de las UPP.

Desde entonces, el programa de las UPP fue casi totalmente desarticulado, las milicias crecieron y el CV perdió espacio. Aun así, el CV todavía controlaba 828 favelas, lo que representaba el 59 % del total. Mientras tanto, grupos milicianos controlaban 278 favelas; el Tercer Comando Puro, 238 favelas, y la ADA, las restantes 69 favelas. Como fue expuesto en el apartado anterior, uno de los territorios controlados por el CV es, precisamente, el Complexo do Salgueiro.

La presencia del CV en São Gonçalo se remonta a mediados de los años 1980. La llegada de los primeros narcotraficantes del CV a las orillas del municipio de São Gonçalo coincide con el periodo de expansión del Comando por las favelas del área metropolitana de Río de Janeiro y con el inicio de la competencia con nuevos grupos rivales, como el Tercer Comando. Desde aquel entonces, la figura más importante en el liderazgo local del CV ha sido Antonio Ilário Ferreira -alias Rabicó, Velho (el Viejo) o Coroa (el Canoso)-, un hombre de 57 años considerado por la Policía Civil del estado de Río de Janeiro el “dueño” del Complexo do Salgueiro (^{Portal Procurados, 2021}).

Rabicó fue detenido en 2008 en el estado de Pernambuco, donde vivía bajo la ocupación formal de empresario. Condenado a 27 años de cárcel por tráfico de drogas, en 2019 obtuvo permiso de la Suprema Corte de Brasil para responder en libertad. En los 11 años durante los cuales estuvo detenido, Rabicó siguió comandando el tráfico de drogas en el Complexo, como suele pasar con los líderes arrestados. Según informaciones reunidas en entrevistas con moradores del Complexo realizadas por esa investigación, este habría retornado a Salgueiro y asumido el control directo de las actividades criminales locales del CV.

Su autoridad, sin embargo, estaría bajo riesgo. Rabicó habría ordenado la cobranza de una tasa de funcionamiento a los comerciantes del Complexo, práctica inusual en el modelo de gobernanza del CV. El descontento de los comerciantes llegó al conocimiento de otros líderes de la cumbre del CV, como Marcio Nepomuceno -alias Marcinho VP-, quienes se indispusieron con Rabicó. Además de estos puntos de conflicto, este sería acusado por líderes del CV de incorporar a personas procedentes de otras facciones criminales y de asignarlos en puestos clave de la operación de los negocios locales, según informes del Servicio de Inteligencia de la Policía Militar P/2-7º BPM (^{Portal Procurados, 2021}). El caso más conocido es el de la traficante Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, alias Hello Kitty.

Hello Kitty fue asesinada en confrontación con policías militares en una de las entradas del Complexo do Salgueiro, el 16 de julio de 2021. Los policías investigaban una denuncia sobre el secuestro de una familia por miembros del CV. En la balacera, Hello Kitty y otros tres traficantes fueron muertos. La traficante representaba un caso minoritario, pero no raro, de mujer traficante destacada en la cumbre del narcotráfico en el estado de Río de Janeiro. Su apodo se debía al hecho de ser considerada por sus compañeros de organización como una persona “querida”, “vanidosa” y “femenina”, sin embargo, “valiente” y “violenta” (^{O São Gonçalo, 2021}). Hello Kitty, que tenía 21 años, habría sido nombrada “gerente” de una porción del territorio comandado por Rabicó. Además de la misoginia presente en el rechazo de líderes del CV -casi todos hombres- contra la actuación y fama de Hello Kitty, el hecho de que había sido miembro de una de las facciones rivales -la ADA- pesaba contra su nombre y posición.

Pronto la historia de Hello Kitty ganó gran repercusión. Fue difundida información sobre la trayectoria de la traficante, como el hecho de que era madre de un niño de 4 años, que había ingresado por algunos meses en una iglesia cristiana/evangélica buscando dejar su ocupación en el crimen organizado y que había sido novia de una famosa DJ local. Los elementos de su vida subrayados por la prensa y difundidos por las redes sociales refuerzan estereotipos de “debilidad moral” asociados con las poblaciones marginadas y, en especial, con mujeres negras, jóvenes y con “éxito” en un espacio de sociabilidad marcadamente masculino y patriarcal (^{Becker, 2009}). Una información significativa es que, de los cuatro traficantes muertos en aquella acción, solamente Hello Kitty recibió disparos en el rostro, que la desfiguraron completamente. Las fotos sacadas por los policías en el lugar de la confrontación pronto circularon ampliamente por las redes sociales y por la prensa.

La historia de Hello Kitty revela tensiones dentro del CV. Cuando se escribe el presente artículo, Rabicó sigue ocupando el puesto de líder máximo en el Complexo do Salgueiro. Sin embargo, su posición presenta puntos de debilidad. Entrevistados por la presente investigación, relatan un comentario sobre Rabicó que afirman ser común y corriente: el hecho de que no es natural del Complexo do Salgueiro, sino un migrante del estado de Pernambuco, situación que explicaría su liberalidad al asociarse con personas que tampoco son nacidas y creadas en el Complexo. El tema del vínculo personal, familiar y de identidad con la favela es un elemento central en la construcción de la legitimidad de la gobernanza híbrida en el estado de Río de Janeiro.

Otro elemento interesante es que el disparo en el rostro es una práctica atribuida a las milicias actuantes en la zona metropolitana de Río de Janeiro. Sabiendo que los autores de los disparos a Hello Kitty fueron policías militares, y que las milicias están compuestas principalmente por esta categoría de agente de seguridad, es posible levantar la hipótesis de que la acción haya sido ejecutada por grupos milicianos en un proceso de competencia armada por el control de la región. Si la autoridad y legitimidad de Rabicó está en entredicho, es posible esperar el aumento de la violencia, si seguimos las sugerencias analíticas de ^{Sarmiento y Krauthausen (1991)} sobre la competencia de territorios en contextos de ilegalidad.

Planteamos que un elemento adicional a la pérdida de legitimidad de Rabicó se encuentra en el modo como su célula del CV actuó desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En la siguiente sección, presentaremos una descripción de las prácticas de gobernanza híbrida del CV en el Complexo do Salgueiro, desde el comienzo de la ­pandemia, en marzo de 2020, hasta junio de 2021. Además de la observación participante de este equipo de investigadores, utilizamos una encuesta con habitantes del Complexo do Salgueiro, realizada por medio electrónico. Los datos reunidos sirvieron como indicaciones de las dinámicas de la gobernanza criminal del CV en una región de gran densidad poblacional e intensa actividad del crimen organizado.

LA GOBERNANZA HÍBRIDA EN EL COMPLEXO DO SALGUEIRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: NOTAS METODOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE DATOS

Esta investigación tiene como objetivo central evaluar las prácticas de gobernanza híbrida ejercidas por el Comando Vermelho en su célula basada en el Complexo do Salgueiro (CVSG), con foco en su relación con la pandemia de COVID-19, entre marzo de 2020 y julio de 2021. En términos metodológicos, el trabajo tiene naturaleza cualitativa y fue conducido en dos niveles articulados. En primer lugar, la observación participante de una de las investigadoras orientada por las indicaciones metodológicas de ^{White (2005)} respecto a las formas de convivio con los sujetos bajo investigación, la interacción activa con las personas estudiadas y la capacidad de adaptación a situaciones concretas aportadas por el ambiente y las relaciones de poder del espacio y población analizados.

Esta perspectiva fue escogida por permitir una flexibilidad más grande en la observación de la cotidianidad estudiado, por el hecho de que el objeto central de análisis -la gobernanza híbrida del cvsg durante la pandemia de covid-19- interpuso problemas y límites específicos a la observación de tipo participante. En primer lugar, el objeto y los fenómenos relacionados son de tipo ilegal. Por esa razón, es esperable encontrar el secreto y la ocultación de informaciones y de prácticas que imponen a la investigación límites quizá cercanos a los estudios de religiones o prácticas iniciáticas (^{White, 2005}). En situaciones así, el observador, aunque pueda participar de algunas prácticas y le sea permitido acceder a algunos niveles de conocimiento no revelados al público en general, no encuentra facilidad para entrar en contacto con operaciones, datos o conocimiento que sean clave para el funcionamiento de la institución, grupo u organización estudiado. En nuestro caso, el grupo es una organización criminal que opera, como suele pasar, basado en la negación de información vital, compartida de modo cuidadoso entre pocas personas, en una organización fuertemente jerárquica, con autoridad y acceso a información distribuidos de forma piramidal.

Además, la investigadora Júlia Quirino es habitante del Complexo do Salgueiro desde su nacimiento, y cuenta con una red de parientes y amigos en la misma comunidad. Ello, en un contexto de ilegalidad, implica riesgos personales y para sus familiares y red de sociabilidad. Por esas dos razones, optamos por una táctica metodológica que combinó observación participante cuidadosa y poco invasiva con la distribución de una encuesta electrónica.

La encuesta está compuesta por 22 preguntas, con 20 de elección múltiple y 2 abiertas a más de una respuesta, en formato Google Forms. La encuesta fue enviada por correo electrónico a 150 personas, con una invitación intitulada “Coronavirus y sus impactos en la comunidad⁴ del Salgueiro”.

Los correos fueron enviados en mayo de 2021, y se dieron 20 días de plazo para completar las respuestas. Fueron recibidas 70 encuestas, el 46,6 % del total, todas ellas respondidas completamente. Este grado de responsividad -la tasa de respuesta- puede ser considerado significativo, aunque el “n” haya sido poco significativo en relación con el total de habitantes del Complexo do Salgueiro (76.650 personas). Sin embargo, el número reducido de invitaciones se justifica por dos razones. Primero, es propio del objetivo de la consulta, que no buscaba realizar una encuesta de significación estadística, sino establecer un retrato de cómo individuos del espacio urbano del Complexo evaluaban la experiencia de vivir en aquella región en tiempos de pandemia. En segundo lugar, la especificidad del ambiente en que fue realizada la encuesta, con cuestiones que se referían al cv, y el hecho de que una de las autoras de la investigación -y la disparadora de la encuesta- fuera habitante del Complexo implicaban una limitación. Por ello, la encuesta no podía ser enviada masivamente, sino para personas conocidas y que no generaran amenazas a la seguridad personal de la investigadora y de su familia.

La encuesta buscó: 1) mapear el cotidiano de los moradores del Complexo, su reacción hacia la pandemia en sus actividades regulares (trabajo, diversión, prácticas religiosas, cuidados con la salud); 2) entender si, para los participantes, hubo algún papel activo por parte del cv respecto a la pandemia; 3) registrar, a partir de la opinión de los participantes, cuál fue el rol de las instituciones a escalas municipal, estatal y federal en el contexto de la pandemia.

Subrayamos y analizamos las respuestas que nos cuentan más directamente sobre la gobernanza híbrida del cv. En términos de extensión del contagio, la encuesta nos enseña que el 22,9 % de los participantes contrajeron covid-19, mientras que el 38,6 % dicen no saberlo y los restantes 38,6 % afirman no haber contraído el virus. Estas respuestas, aliadas con la falta de test en Brasil (^{Aquino, 2020}), nos permite deducir que aquellos que afirman haber estado enfermos son aquellos que, de hecho, desarrollaron algún síntoma de la infección por el nuevo coronavirus. Como en Brasil se calcula que el 20 % de la población fue contaminada asintomática, es posible estimar que al menos el 38 % de los participantes fue contaminado por el virus.

Sobre el acceso a los servicios médicos ofrecidos por instituciones públicas, el 55,7 % afirma no tener acceso a ninguno de los servicios ofrecidos por las secretarías de salud pública municipal (São Gonçalo), estatal (Río de Janeiro) o del Ministerio de Salud (gobierno federal). El 44,3 % afirmó haber podido acceder a estos servicios. Esta información es importante como elemento para evaluar las prácticas de gobernanza del cvsg, pues las vías del Complexo do Salgueiro no son libremente abiertas a la circulación de habitantes o de vehículos de organismos estatales (servicios médicos, equipos de manutención urbana o policías).

El cvsg actúa para restringir y controlar la entrada y salida de vehículos en el Complexo. Durante el periodo investigado, esta práctica siguió sin cambios, lo que indica que no existió ningún grado de flexibilización por cuenta de la pandemia y de la posible urgencia en atender y en desplazar enfermos graves. Las entradas del Complexo son obstruidas por barricadas móviles y fijas, además de puestos de observación ocupados por traficantes. Este tipo de barricada -hecha con cajas, piezas de metal, trozos de madera- necesita ser removida por los residentes, quienes, por eso, son obligados a bajar de su vehículo antes y después de cruzar los límites del Complexo. Así, los vigilantes pueden identificar a las personas que, en contrapartida, se exponen a una posible acción agresiva por parte de dichos “soldados” del cvsg.

Durante la noche, los conductores son obligados a prender las luces internas de sus vehículos cuando se acercan a cada barricada, bajo el riesgo de ser atacados si no lo hacen. Las barricadas marcan los límites o fronteras informales del Complexo de Salgueiro o, más precisamente, del área bajo control del cvsg (O São ^{Gonçalo, 2017}). Dentro de este territorio, funcionando como un enclave, el grupo narcotraficante ejerce el control político, parajurídico y paramilitar. Durante esta investigación, fueron identificadas barricadas en funcionamiento en las principales vías de acceso al Complexo, como indica la figura 2.

Fuente:^{A Tribuna (2021)}.

Figura 2 Una barricada móvil 

Sobre el funcionamiento del comercio dentro del Complexo, el 90 % de los participantes registraron que las tiendas, bares y restaurantes operaron normalmente. Solamente para el restante 10 % hubo algún cambio en la dinámica de los negocios. Así mismo, el 87,5 % dijo que aceptaría medidas extremadas para la contención del contagio por el nuevo coronavirus, como el lockdown; aunque el 37,1 % afirmara que optaría por mantener el empleo, desobedeciendo medidas de lockdown. Esta respuesta es comprensible -aunque el 97,1 % haya afirmado temer a la covid-19-, pues la población del Complexo es de bajo nivel socioeconómico y está empleada, principalmente, en trabajos de baja calificación en el área de servicios o en la informalidad (comercio de calle, entregas de productos).

El tema del ingreso mensual de los residentes es crucial. El 62,9 % de los participantes declararon no haber recibido el “auxilio especial” ofrecido por el gobierno federal para compensar las necesidades de complemento de ingresos durante la pandemia. El 24,3 % afirmaron haber recibido el “auxilio”, mientras el restante 12,9 % aseguraron haber recibido el valor extra por un tiempo limitado. El “auxilio”, con valor de R$375 (usd 72), fue ofrecido a familias que cobran hasta tres salarios mínimos mensuales (R$3.300,00 o usd 635), no ultrapasando medio salario mínimo per cápita (^{Caixa, 2021}) (figura 3).

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta.

Figura 3 El auxilio de emergencia 

Respecto a las actividades de diversión, es importante subrayar el tema de los “bailes funk” y de las fiestas. El 90 % de los participantes afirmó que los “bailes” siguieron ocurriendo con frecuencia, mientras el 91,4 % siguió frecuentando u ofreciendo fiestas. Los “bailes funk”, como se comentó anteriormente, son eventos muy populares promocionados o autorizados por el cv. En junio de 2021, por ejemplo, fue anunciada por el cvsg una fiesta de cumpleaños para Rabicó. Sin embargo, ante la fuerte difusión por las redes sociales, la celebración fue cancelada. La intención de celebrar los 57 años de Rabicó, con la presencia de artistas, comida y bebida gratuitas, siguió la práctica de las conmemoraciones con fuerte carga simbólica, con el objetivo de enseñar públicamente el poder del grupo y de su líder, así como de promocionar la simpatía y la aceptación del cv por la población local. A pesar de la pandemia, la fiesta estaba planificada como en años anteriores y no iba a sufrir ningún cambio.

La continuidad de las fiestas revela un importante aspecto de la gobernanza híbrida del cv durante la pandemia: la falta de preocupación con las aglomeraciones de personas y el consecuente riesgo de contaminación por el nuevo coronavirus. Así, es posible deducir que el cvsg prefirió seguir con su política de garantizar apoyo y legitimidad por el ofrecimiento de diversiones populares -que también son momentos de comercio de drogas y ostentación de poder por parte de los traficantes-, antes que preocuparse por la “salud colectiva” de la comunidad.

El comercio de drogas fue otro tema seleccionado por la encuesta. Nos interesaba saber la percepción de los residentes sobre el movimiento en las “bocas de fumo”. A esta pregunta, el 52,9 % de los participantes dijo no poder opinar, mientras que para el 31,7 % no hubo cambios en el flujo de clientes y de productos. Para el 10 %, sin embargo, hubo una disminución del comercio de drogas desde marzo de 2020. El resultado para esta pregunta nos permite solamente elaborar algunas hipótesis respecto a la reacción de los habitantes hacia el comercio local de drogas.

Una posibilidad es que la mayoría de los residentes no esté interesada en acompañar el comercio de drogas, y busque apartarse del cotidiano del mercado ilegal. Una segunda opción es que parte significativa de los habitantes se excusa de responder cuestiones sobre el narcotráfico por miedo o por hábito, como forma de protegerse ante un tema muy presente y peligroso. Una tercera opción, derivada de la segunda, es que, por motivos de seguridad, los residentes se hayan acostumbrado a mentir sobre el tema del comercio sobre drogas, como una forma de desvincularse de la cuestión (figura 4).

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta

Figura 4 Comercio de drogas 

Por fin, destacamos dos asuntos cuyas respuestas indican elementos importantes para pensar la relación entre las fuerzas de seguridad estatales, las instituciones estatales y el poder local narcotraficante en el Complexo. La primera se refiere a la ocurrencia de operaciones policiales. En junio de 2020, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (2020) decidió que mientras durase el periodo de medidas especiales para el combate a la pande­mia, estarían prohibidas las operaciones policiales en favelas del área metropolitana de Río de Janeiro. Esta decisión fue tomada después de que João Pedro, un adolescente de 14 años, fue asesinado, dentro de casa, por policías que participaban de una incursión en el Complexo do Salgueiro, el 18 de mayo de 2020. La operación buscaba atrapar líderes del cvsg, e involucró a docenas de hombres de las policías Federal y Civil, un helicóptero y vehículos blindados.

Uno de los potenciales efectos colaterales de dicha decisión sería la creación de una “zona de seguridad” para el cvsg. Así, las respuestas de los participantes lanzaron luces sobre este tema. Para el 42,9 %, las operaciones policiales no fueron interrumpidas durante la pandemia, a pesar de la decisión del Supremo Tribunal. Para el 30 %, estas fueron interrumpidas por un tiempo determinado, pero volvieron poco después. Para el 27,1 % de los participantes, no hubo más operaciones policiales desde que la decisión fue tomada (figura 5).

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta

Figura 5 Operaciones policiales 

No sería excesivo considerar que la ausencia relativa de la amenaza de incursiones policiacas haya impulsado la disputa entre el cvsg y grupos rivales. El asesinato de Hello Kitty y de sus compañeros en una operación policial es un indicativo de que las confrontaciones no dejaron de suceder entre grupos armados rivales, considerando, en este caso, a la Policía Militar como uno de los grupos que disputan espacio y control territorial en el Complexo.

Saber sobre la frecuencia e intensidad de las confrontaciones entre los grupos que disputan el Complexo nos indica la posibilidad de que los ciudadanos hayan podido acceder a los servicios de salud -todos instalados fuera de los límites territoriales del Complexo-, la posibilidad de que servicios de rescate puedan entrar y salir del Complexo, y la posibilidad de que los residentes puedan ir a los puestos de vacunación de la Alcaldía de São Gonçalo. Estas informaciones nos acercan a la última de las cuestiones por ser destacada: de dónde vino la ayuda durante la pandemia, según los participantes de la encuesta (^{Prefeitura de São Gonçalo, 2021}).

Para el 62,8 % de los participantes, la fuente de más apoyo fueron las iglesias (cristianas-evangélicas, pentecostales y neopentencostales). Como era posible elegir dos o más alternativas, también fue considerable la indicación del apoyo prestado por vecinos o familiares (para el 52,9 % de los participantes), seguido de las organizaciones no gubernamentales (ong) (20 %), el gobierno federal (2,9 %), el gobierno municipal (2,9 %), el gobierno estatal (1,4 %) y el narcotráfico (1,4 %). Lo enseñado por este conjunto de respuestas es muy significativo. En primer lugar, el rol protagónico de las iglesias cristianas-evangélicas como centro de sociabilidad, apoyo mutuo y red de solidaridad independiente del Estado (figura 6).

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta

Figura 6 ¿Quiénes ayudaron más durante la pandemia? 

Es importante subrayar la diferencia registrada en la encuesta entre el apoyo de las iglesias, familiares y vecinos, y aquella brindada por el cvsg, lo cual indica que la gobernanza híbrida ejercida por este grupo no fue activa en términos de asistencia a la población local ante la pandemia.

Si es así, un importante elemento de análisis atribuido por la literatura especializada sobre el tema de la gobernanza híbrida en Río de Janeiro -la cuestión del asistencialismo- encuentra un fuerte límite, o una nueva configuración, ante el advenimiento de la pandemia. Datos reunidos por nuestra encuesta indican que, desde el comienzo de la pandemia, el cvsg no ha cambiado sus tácticas generales de gobernanza. El escenario fue el de continuidad del comercio de drogas, de la promoción de fiestas, la no intervención en la dinámica normal de la vida económica en el Complexo y la falta de apoyo específico respecto a los cuidados de los enfermos.

En términos de control del territorio, siguieron existiendo las barricadas y puestos de control, sin ninguna medida visible de facilitación en la entrada y salida de servicios médicos y de rescate. Esta opción es comprensible si recordamos que los servicios públicos de rescate en Brasil pertenecen al grupo especializado (samu) de los Cuerpos de Bomberos, vinculados con las policías militares. Además, es posible especular que, ante el bajo nivel de ingreso de las familias del Complexo, no es frecuente la llegada de ambulancias o médicos de hospitales privados. De todos modos, el elemento de la seguridad del cvsg y de su territorio resonó más fuerte en este gai que una posible facilitación en el movimiento de enfermos por covid-19.

Lo mismo se puede indicar sobre la continuidad de fiestas. El nivel de respeto a las medidas de aislamiento social de la población del Complexo de Salgueiro fue relativamente bajo, siguiendo un patrón encontrado en otras favelas y barrios pobres en Brasil. Para ^{Picanço Rodrigues et al. (2020)}, antes que “culpar” a los residentes en barrios pobres y favelas por una presunta irresponsabilidad ante las recomendaciones sobre aislamiento social, es preciso considerar que la población local necesitaba seguir trabajando en ocupaciones que no aceptaban las modalidades de home office. Además, es difícil mantener el aislamiento social cuando muchas personas comparten viviendas pequeñas o sin habitaciones suficientes para acomodar a todos en aislamiento (Picanço Rodrigues et al., 2020).

Lo que nos llama la atención, considerando el modo como la gobernanza híbrida de gai es presentada por la literatura, es la inconsistencia entre el comportamiento del cvsg y el modelo del asistencialismo presentado como táctica clave para comprender la conquista y manutención de la legitimidad. Es notable que tanto la observación participante como el análisis de los datos estadísticos sobre la pandemia en el municipio de São Gonçalo y los elementos ofrecidos por la encuesta indican una omisión o una inacción de cvsg respecto a la pandemia de covid-19.

Esto es aún más notable ante el tamaño del impacto de la pandemia en Brasil. Hasta el 30 de julio de 2021, los números oficiales son de 555.460 muertos por covid-19 y 19.880.273 casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus, contando desde marzo de 2020 (^{G1, 2021}). Los números estimados para São Gonçalo, en el mismo periodo, son de 3016 muertos y 109.818 casos confirmados de infección por covid-19 (^{Prefeitura de São Gonçalo, 2021}). La preocupación con la pandemia, por parte de la población del Complexo de Salgueiro, conforme fue indicado en la encuesta, está de acuerdo con el grado general de preocupación hacia la pandemia en otras favelas brasileras (^{Picanço Rodrigues et al., 2020}). Así, es importante para nuestro análisis subrayar que, aunque la preocupación de la población bajo su autoridad fuera grande, el cvsg no dedicó mucha atención hacia la pandemia.

De este modo, no sería extraño que solamente el 1,4 % de los participantes haya considerado el cvsg como un actor que dispensó cuidados y apoyo por cuenta de la pandemia. Este bajo porcentaje equivale a la percepción de apoyo por parte del gobierno estatal de Río de Janeiro (1,4 %) y es ligeramente más bajo que lo atribuido a los gobiernos municipal y federal.

En resumen, lo indicado por la encuesta y por la observación participante en el Complexo de Salgueiro respecto a la atención del gai local -el cvsg- hacia la pandemia de covid-19 discrepa de lo descrito en la literatura especializada sobre la importancia del asistencialismo para la manutención de la capacidad del gai de ejercer su gobernanza híbrida. Habría que decir, entonces, que por lo menos ante una situación excepcionalmente grave e inesperada como la pandemia de covid-19, el elemento asistencialista de la gobernanza híbrida en el Complexo do Salgueiro no habría operado como se esperaba en comparación con las prácticas históricas del cv en sus áreas de control territorial.

CONSIDERACIONES FINALES

Los hallazgos de la investigación conducida entre marzo de 2020 y julio de 2021 en el Complexo do Salgueiro indican una discrepancia entre lo que sería posible esperar, basado en la literatura especializada, del Comando Vermelho, respecto a la relevancia dada a la pandemia de covid-19. Lo que averiguamos fueron actitudes marcadas por: 1) la preferencia por mantener las prácticas de seguridad territorial, aunque pudiesen perjudicar el tránsito de enfermos y de asistencia médica; 2) la preferencia del cvsg por mantener las actividades sociales y de diversión tradicionales y que provocaban aglomeración de personas; 3) la poca atención y/o apoyo a las personas y a las familias con casos de covid-19; 4) la decisión de mantener el funcionamiento de los puntos de venta de drogas; 5) la no imposición de versiones locales de lockdown y la no interferencia en el funcionamiento de los comercios dentro del Complexo.

Si es verdad que el impacto de la pandemia en la población del Complexo do Salgueiro fue importante, y generó muchas muertes, los cuidados hacia el enfrentamiento de la enfermedad partieron de la organización espontánea de las personas, vecinos y familiares, o, más bien, de las iglesias evangélicas, principal organización no-estatal que actúa en ambientes de favelas pero no del gai local. Así, la cuestión de la búsqueda por legitimidad -elemento central para la existencia de la gobernanza híbrida- no habría sido enfrentada con éxito por el cvsg. Esta falta de éxito podría ser: 1) expresión del desinterés de los líderes del CVSG hacia la salud individual y colectiva cuando el problema de la seguridad está implicado; 2) la evidencia de que el “elemento asistencialista” quizá no siga siendo -o quizá nunca haya sido- tan central en la construcción de prácticas de gobernanza híbrida por GAI en el área metropolitana de Río de Janeiro.

En síntesis, el CVSG no utilizó el advenimiento de la pandemia de COVID-19 como oportunidad para aumentar formas de control de la circulación de personas o del funcionamiento de la vida económica cotidiana en el Complexo do Salgueiro. Tampoco fue utilizada como justificativa para expandir formas de “endeudamiento simbólico” entre la población, en caso de apoyo concreto y visible hacia los enfermos y sus familias. El CVSG que emerge de esta investigación es un GAI que no se ha involucrado en el apoyo a la población bajo su autoridad cuando el tema fue el combate a la más letal de las pandemias registradas en Brasil.

Siendo así, nos parecería legítimo cuestionar si la literatura especializada aquí evocada hubiera sobrevalorado el tema del “asistencialismo” de los GAI en la búsqueda por obediencia (^{O’Neil, 2020}). Así, en términos maquiavelianos, GAI como el CVSG se fiarían más en garantizar el temor de sus “súbditos” que su “amor”. O, en términos más específicos, ante la pandemia, el CVSG hubiera tomado la decisión más práctica y eficiente a corto plazo para mantener las ganancias de sus actividades delictivas y la seguridad del propio grupo, aunque con la posible degradación de los niveles de legitimidad ante la población que podría generar problemas de largo plazo para la manutención de su control histórico sobre el Complexo do Salgueiro.

Es posible, por lo tanto, que el caso del Complexo do Salgueiro en tiempos de pandemia de COVID-19 presente posibilidades analíticas que revelen nuevos aspectos de la tradicional gobernanza híbrida de los GAI en el área metropolitana de Río de Janeiro o que indiquen cambios en curso de estas prácticas de gobernanza. Dichos cambios podrían ser localizados y particulares al Complexo do Salgueiro o, más bien, tendencias para toda la región. Sin embargo, la importancia estratégica del Complexo en la economía ilegal nos sugiere que -aunque la pandemia haya presentado una situación de excepcionalidad crecida sobre la ya excepcional realidad de la vida social, política y económica del Complexo- los hallazgos de esta investigación pueden ser encarados como indicios y sugerencias iniciales con miras a una revisión de cómo se establece la relación entre violencia urbana y legitimidad en la tensa y dialéctica relación entre GAI y sus prácticas de gobernanza híbrida en Río de Janeiro.