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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Cuad. Econ. vol.20 no.34 Bogotá Jan./June 2001

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. UNA NOTA SOBRE LA LITERATURA

Astrid Martínez Ortiz*

* Profesora Asociada, Directora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia


Resumen

En esta nota se refieren los enfoques teóricos en economía que pueden ser utilizados como marco de la indagación acerca de las causas de la violencia en Colombia, se relacionan los trabajos recientes de los economistas colombianos, en el marco de dos aproximaciones teóricas, y se formulan las posibles direcciones de la indagación futura.

Abstract

In this note the theoretical approaches in economics that can be used as a framework to study the causes of violence in Colombia are referenced. Recent studies of Colombian economists are related in the framework of two theoretical approaches and possible paths of future studies are proposed are proposed.


En esta nota1 se refieren los enfoques teóricos en economía, que pueden utilizarse como marco de la indagación acerca de las causas de la violencia en Colombia. Se relacionan los trabajos recientes de los economistas colombianos, en el marco de dos aproximaciones teóricas y se formulan las posibles direcciones de la indagación futura.

COLOMBIA: ESTADÍSTICAS DE LA VIOLENCIA RECIENTE

El crecimiento del narcotráfico desde 1980 vino acompañado de un aumento notable de los homicidios y los secuestros. Entre 48 países en desarrollo no africanos, Colombia mostró la mayor tasa de homicidios intencionales con 77,S/lOO mil habitantes, en el período 1986-89, seguido de Brasil, con 24,6/100 mil. En 1991, las muertes violentas ascendieron a 92,6/100 mil habitantes, el registro más alto del mundo y muy superior a los 28/100 mil habitantes del período 1963-1983, qu e se pued e consid erar como el indicador de épocas de paz.

En los últimos veinte años han venido aumentando los homicidios atribuibles al conflicto armado interno. Entre 1985 y 1998, el promedio anual de muertes causadas por el conflicto fue de 1420, con tendencia creciente. En ese período hubo 14.000 acciones armadas: tomas de poblaciones, sabotajes, contactos entre los grupos armados y las fuerzas armadas, piratería y hostigamientos; hubo veinte mil muertos por el conflicto: de los cuales los civiles representaron 27 por ciento, las fuerzas armadas, 28 por ciento y los guerrilleros, 46 por ciento. Colombia ocupa los lugares 14 y 25, entre 73 casos con información sobre duración y número de muertes del conflicto armado interno. Al combinar duración y número de muertes, Colombia se compara sólo con Afganistán, Angola, Sudán y Ruanda [Echeverry y otros 2001].

Entre 1985 y 1998, el número de secuestros informados se multiplicó por once y para el mismo período, la cifra por cada millón de habitantes pasó de nueve a ochenta. Entre 1996 y 1999, los casos de secuestro fueron 6.444, de los cuales, 5.800 fueron hechos cometidos contra civiles y 644, contra personal de las fuerzas armadas. El 81 por ciento de los casos contra la población civil tuvo una motivación económica [Mejía 2001]. Las estadísticas muestran un innegable aumento de los crímenes violentos en Colombia en los últimos quince años. Se sabe que los indicadores no registran la totalidad de los delitos cometidos y no hay acuerdo sobre las razones que los motivaron y los agentes que los impulsaron.

LA ECONOMÍA IBA BIEN

En la última década del siglo veinte, Colombia vivió profundas transformaciones institucionales, al igual que otros países de la región latinoamericana. Cambiaron las reglas del juego en la economía y los empresarios debieron enfrentar un nuevo escenario nacional y mundial. El crecimiento económico fue menos dinámico que en las décadas anteriores, pero se mantuvo positivo hasta finales del decenio, los indicadores sociales mejoraron durante los primeros ocho años y sufrieron un brusco deterioro en los últimos dos años, de tal manera que hubo un regreso de una década en los indicadores de desarrollo humano. La apertura comercial no estuvo acompañada de la devaluación prevista, por razones que aún no están completamente esclarecidas. La expectativa de unos ingresos extraordinarios, provenientes de las exportaciones futuras de petróleo, a raíz del megadescubrimiento petrolero de Cusiana en 1993; la afluencia de capitales, en el marco de normas que la favorecieron, inclusive el de capitales de colombianos en el exterior; y los ingresos por exportaciones ilegales pudieron contribuir a la revaluación.

La desaceleración económica de los últimos años se atribuye a múltiples causas. Algunos la atribuyen al necesario ajuste después de una burbuja de consumo privado y público, a lo largo de la década; otros, a fuerzas de carácter exógeno a la economía; otros más, a la falta de gradualidad en la adopción de la primera ola de reformas estructurales. Inclusive, hay quienes afirman que los éxitos en el desmembramiento de los grandes carteles de la droga en la segunda mitad de los años noventa pudieron influir en la reducción del crecimiento de la demanda agregada en la economía. En fin, las razones son complejas. Se requieren estudios, evaluación y distancia en el tiempo y hacer análisis comparativos, para poder concluir sobre los factores de origen interno y externo y las enseñanzas para el diseño de políticas. Aquí se retiene apenas su ocurrencia. La reducción del dinamismo de la economía ha permitido descorrer el velo que mantenía oculta la situación de grave deterioro de otros indicadores del comportamiento político y social en el país. La existencia de ese velo es una de las razones por las que los economistas no habían estudiado la violencia y el crimen en Colombia.

Este estudio era un asunto de politólogos y sociólogos, de violentólogos, y no porque la situación social fuera la mejor. El narcoterrorismo de finales de la década de los años ochenta mató tres candidatos presidenciales y aterró a la población; la toma del Palacio de Justicia hecha por el M19 en 1985 tuvo un desenlace sangriento y dejó acéfala la Corte Suprema de Justicia y los crímenes cometidos en 1991 no han vuelto a superaren número los registros posteriores Las agencias calificadoras de riesgo también ignoraron el riesgo que la delicada situación de orden público estaba gestando. El grado de inversión no se perdió en el cuestionado gobierno de Samper Piza no (1994-1998); se perdió cuando la incertidumbre producida por el escalamiento del conflicto armado alimentó unas expectativas negativas y hundió a la economía en su peor recesión, en 1999.

LA TEORÍA ECONÓMICA Y LA VIOLENCIA

La otra razón por la que los economistas no habían estudiado el crimen en Colombia se relaciona con la evolución misma de la teoría. Para la corriente principal, el hombre económico maximiza su bienestar bajo unas restricciones, cuya legitimidad no cuestiona. Se elimina así la posibilidad teórica de que una parte importante de la población emprenda actos de violencia contra el sistema [López 2000]. Desde los años setenta, nume rosos trabajos comenzaron a incluir en el esquema analítico de la co rriente principal el examen de las restricciones, de las instituciones y del comportamiento individual que pueden afectar las decisiones y las solu ciones de los sistemas en los que se toman esas decisiones.

Un primer grupo de aportes hace énfasis en variables de carácter sistémico, para explicar el conflicto a partir del análisis de los desajustes estructurales de la sociedad y de la macroeconomía. El desempleo, la desigual distribución de ingreso y la inflación generan penuria económica [Sneyder 1975 y Gupta 1977] y la posibilidad de descontento de la población. También influye la incapacidad política de los gobiernos para satisfacer las demandas de la población. Las variables sociosicológicas, relacionadas con la frustración de los individuos generada por el entorno, se han utilizado para explicar en forma holística otras causas del conflicto.

Uno de los pensadores de la escuela institucionalista, John Commons, se concentra en el estudio de la ley, los derechos de propiedad y las organizaciones, su evolución e impacto sobre el poder económico y legal, las transacciones económicas y la distribución de ingreso. A partir de allí, Commons, a diferencia de Veblen, concluye que la instauración de instituciones es el resultado de un proceso formal e informal de resolución de conflictos. El éxito de la institución va a depender de la generación de un valor razonable acordado al cese del conflicto.

La escuela neoinstitucionalista, cuyo pensador más destacado es Douglas North, comienza a adquirir la forma de un cuerpo teórico, estructurado alrededor de aportes diversos. Entre ellos se destacan los trabajos sobre derechos de propiedad y ley común (Demsetz, Alchian), que analizan el proceso de elección pública; la búsqueda de rentas públicas y las coaliciones distributivas (Olson), los estudios de las organizaciones, los costos de las transacciones (Coase, Williamson) y la teoría de la agencia (jensen y Meckling) [López 2000].

Para North, las instituciones determinan el desempeño económico de una sociedad, a partir de un conjunto de incentivos. Al introducir la dimensión temporal al análisis, se puede entender el cambio institucional. La experiencia acumulada por una sociedad, su aprendizaje colectivo, determina la evolución histórica y su existencia no siempre garantiza que una sociedad resuelva sus problemas. No siempre los arreglos que persisten en una economía son los más eficientes. La path dependance se manifiesta en la forma como ciertos' accidentes' iniciales determinan la senda subóptima y excéntrica en que puede evolucionar una economía [Hodgson 1994]. Muy buena parte de la senda de desarrollo de una sociedad está condicionada, entonces, por su pasado. Para esta escuela, la violencia puede verse como parte del cambio institucional. North dice que los cambios violentos o discontinuos pueden aparecer cuando el contexto institucional hace imposible que los jugadores efectúen nuevos acuerdos y compromisos, de manera que se dé un nuevo arreglo institucional. En ese caso, la violencia puede ser la única salida. Un aspecto im portante para rescatar de este enfoque es su insistencia en la especificidad de cada caso histórico y la imposibilidad de una teoría general.

Este enfoque ha dado lugar a una abundante literatura de la anatomía de los conflictos.

Es posible clasificar y cuantificar los diferen tes conflictos, de acuerdo con sus características sociopolíticas. Se analizan la intensidad y el número de los conflictos, su duración y localización. Se los relaciona con el crecimiento económico y las magnitudes macroeconómicas. El conflicto va a incidir en la economía, según este enfoque, de acuerdo con lo que los agentes crean sobre la duración del conflicto. Si creen que es permanente, sus decisiones intertemporales se afectarán y habrá un impacto sobre el tipo y ritmo de crecimiento de la economía, así como sobre la acumulación de capital, bajo las formas de capital físico, humano y social. Este último corresponde a la noción institucionalista del proceso de construcción de arreglos sociales, que permite ordenar las relaciones de poder y la economía en una sociedad. Cuando el conflicto vulnera la fortaleza de las instituciones resultantes de esos arreglos, se debilita el crecimiento de la economía.

Con respecto al capital físico, el conflicto puede destruirlo o impedir su formación, mediante la reducción de la capacidad de la sociedad para absorber la tecnología, o debido a la incertidumbre de los agentes. Como muestran Echeverry y otros [2001], el conflicto puede alterar además la senda de acumulación óptima del capital físico, a través de su erosión, destrucción o reasignación a otros usos. Se puede deteriorar su valor, se puede destruir físicamente o se puede reasignar a otros usos no óptimos. También puede ocurrir que se utilice con motivos de guerra o criminales, utilización que es posible, debido al debilitamiento de las instituciones.

Las decisiones de consumo y de inversión pueden cambiar ante la percepción que tengan los agentes sobre la duración de su vida. El gobierno también puede no sentirse estimulado a ofrecer una adecuada provisión de bienes públicos, porque subvalora el largo plazo, lo cual aumenta los costos de transacción. La fragilidad institucional y la incertidumbre política actúan como un impuesto a la inversión, que la desestimula y que reduce el crecimiento.

El conflicto también modifica la estructura de las finanzas públicas. El aumento del gasto militar puede requerir para su financiamiento mayores impuestos o mayor endeudamiento y desplazar al sector privado en la obtención de recursos para financiar inversión productiva. Un conflicto puede alterar la forma como se utiliza el trabajo y propiciar la fuga de capital humano.

La evidencia empírica sugiere que aunque cada caso tiene una dinámica particular, es posible identificar elementos comunes de la reconstrucción de las sociedades, una vez terminado el conflicto. Los trabajos que analizan los dividendos de la paz muestran que la fase de posconflicto es de desbarajustes sociales, de reconstrucción de las instituciones y del tejido social y que por tanto, la recuperación de la economía torna un tiempo y absorbe unos recursos, cuya magnitud depende de las características que haya tenido la confrontación previa, en términos de la capacidad de producción que haya destruido, de los impactos que haya tenido en el capital humano y las instituciones y de su duración e intensidad.

Un segundo grupo de trabajos, inspirado en tesis neoinstitucionalistas y de bienes públicos y que tiene un enfoque metodológico microeconómico, se pregunta por las razones que tiene un individuo para sumarse a una rebelión. La teoría de la selección racional propone en calidad de factores que explican esa motivación variables como la pena y el dolor; la pérdida y la ganancia, la recompensa y el castigo. La decisión de participar en una rebelión es tomada por el individuo en condiciones de incertidumbre; entonces, el análisis se basa en modelos de utilidad esperada. Cuando se introducen los bienes públicos en el modelo, aparece una contradicción con el principio de maximización del beneficio individual. El principio de no exclusión en el consumo de estos bienes crea el problema del 'pasajero clandestino', cuyo comportamiento será oportunista. Los agentes no tomarán parte en la acción colectiva porque saben que se beneficiarán de ella, aun sin haber participado en su financiamiento [01- son 1971].

Tullock [1971] trata de resolver este problema incluyendo en la función de u tilidad de los individuos que consideran la decisión de sumarse a un grupo rebelde no solamente la adquisición de bienes públicos, sino también la diversión que les proporciona la rebelión. Un enfoque alternativo [Cupta 1990] ve al individuo como alguien que optimiza objetivos individuales y sociales; el deseo de maximizar la utilidad del grupo lo lleva a participar en acciones colectivas, en procura de bienes públicos, sin entrar en contradicción con la búsqueda de su bienestar individual [López 2000].

El tercer grupo de aportes se refiere a la llamada economía del crimen, derivada de desarrollos del pensamiento de Cary Becker [1968]. Según Becker, el criminal es un agente racional que toma la decisión de delinquir, como resultado de un análisis costo/beneficio, que incorpora la información sobre la probabilidad de ser castigado. El mercado de delitos2 determina el quantum de crimen, a partir de una oferta de delitos de los delincuentes y de una demanda de protección estatal o privada contra el crimen. Esta aproximación lleva entonces al examen del sistema de justicia y del régimen de penas, esto es, al examen de las instituciones. Se supone que un aumento óptimo del gasto público en seguridad y justicia neutralizará la influencia de un incremento de la violencia que afecte temporalmente la economía.

La economía del crimen explica los efectos permanentes de la criminalidad en una sociedad y las razones por las que un choque inicial se difunde y perdura como característica de una sociedad. La congestión de los procesos judiciales y del sistema carcelario puede llevar a un aumento de la impunidad y con él, al de los incentivos para delinquir. La difusión del 'saber hacer', inclusive a través de los medios de comunicación, educa a nuevas cohortes de delincuentes. De otro lado, se puede generar un efecto demostración, sobretodo entre la población joven que le dé un valor social a las actitudes y posesiones del delincuente. Para que todo esto se reproduzca, la condición necesaria es la existencia de ese choque criminal inicial.

Los estudios empíricos han documentado y contrastado con estas hipótesis teóricas, las estadísticas criminales en diferentes países y momentos en el tiempo. Se verifica que la existencia de códigos y normas es importante, pero que más allá de lo severas que sean las penas en un país con los diferentes delitos, la verdadera disuasión proviene de la posibilidad de ser atrapado. Los criminales pueden ser más dados a asumir el riesgo que el resto de los ciudadanos y los castigos nominales pueden tener que ver no tanto con su decisión de delinquir, sino más bien con la probabilidad efectiva de ser sujeto de ese castigo.

Se constatan las hipótesis de congestión y de contagio, no sólo para los individuos, sino además para las ciudades, las regiones y los países. Más controvertida ha sido la evidencia sobre la relación entre crecimiento económico y criminalidad. Según esta hipótesis, en las fases iniciales del desarrollo, del despegue a la Rostov, o de la acumulación originaria a la Carlos Marx, se da un aumento de la criminalidad por algo que podríamos llamar la infancia de las instituciones. En zonas de colonización o cuando el despegue ha estado vinculado con la explotación de productos mineros, metales preciosos y cultivos ilícitos, la violencia ha sido notoria, en varias de sus manifestaciones, esto es, como aumento del crimen y como ausencia del monopolio del Estado sobre la coerción física de las personas. Sin embargo, en estas fases se ha visto también cómo aumentan, y en ocasiones superan, las rentabilidades de actividades legales, en relación con las ilegales y por ello, los resultados no permiten llegar a conclusiones generales.

¿QUÉ HAN DICHO LOS ECONOMISTAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA?

El discurso inaugural de Armando Montenegro en el Seminario sobre Jus ticia y Seguridad, organizado por el Departamento Nacional de Planeació n en 1994, discurso titulado Justicia y Desarrollo, inaugura también una producción intelectual sobre la economía del crimen y el análisis institucional de la violencia en el país. Otros aportes pioneros fueron los de Posada [1994], Gaitán [1995], Montenegro y Posada [1995] y Rubio [1995]. Después vendrían los estudios de Echeverry y Partow [1998], Gaviria [2001], Rubio [1999] y Alesina [2001], entre otros.

Echandía [1992,1999], Bejarano y otros [1997] y Reyes [1999] documentaron los aspectos regionales de la violencia, incluidos en varios de los trabajos mencionados anteriormente. Sarmiento y Becerra [1998] y López y García [1999] indagan hasta qué punto variables como la desigualdad económica y la exclusión política y social explican la violencia en Colombia. Estos dos últimos trabajos se inscriben en una vertiente, cuyo mayor exponente es el estudio realizado por la Comisión de Estudios de la Violencia en 1987, que ve la violencia como un fenómeno complejo y multicausal, en el que tienen un peso grande las variables relacionadas con la estructura económica y las instituciones. La distribución inequitativa de la riqueza, del ingreso y de las oportunidades ha producido la exclusión de amplios grupos y regiones de la población, en las decisiones políticas, económicas y sociales, con el agravante de que el Estado no tiene presencia en vastas zonas del país. Esta tradición reúne trabajos que van desde la publicación del estudio sobre la Violencia, de Monseñor Guzmán, Eduardo Umaña y Orlando Fals Borda, a principio de la década de los años sesenta, hasta algunos de las artículos incluidos en las compilaciones realizadas por Jaime Arocha y otros [1998], Camacho y Leal [1999] ylasdel DNPy el Banco Mundial [Solimanoyotros 1999]; pasando por el muy citado estudio de Libardo Sarmiento y Osear Fresneda [1988], sobre pobreza y violencia. Los artículos de Consuelo Corredor, Darío Restrepo, Fernando Cubides y Carlos Miguel Ortiz, publicados en Martínez [2001], se pueden situar en el marco de esta aproximación.

ALGUNOS ESTUDIOS

En el marco de la teoría institucional y de la literatura de anatomías del conflicto, Juan Carlos Echeverry, Natalia Salazar y Verónica Navas [2001] ofrecen un conjunto de 'hechos estilizados', que permiten comparar el conflicto colombiano con otros conflictos armados internos, CAI, en el mundo. Entre las muchas contribuciones de este estudio, se destaca una primera, que consiste en proponer una definición de conflicto interno armado:

La definición que consideramos más completa y sencilla se fundamenta en el enfrentamiento entre grupos organizados, que resulta en un número considerable de muertos. Esta estructura implica la movilización de grupos de acuerdo con una motivación específica que puede ser explícita o implícita la cual se traduce en actividades delictivas con un propósito definido. Por lo' tanto la violencia no es considerada como un objetivo en sí mismo, sino corno un instrumento para alcanzar un determinado fin político e ideológico. Por lo general el conflicto está relacionado con la búsqueda o la preservación del poder [Echeverry y otros 2001, 83].

Con tal definición se puede ganar rigor en ,trabajo; posteriores, ya que es frecuente que se hable indistintamente de 'guerra', 'violencla' , crimen' y 'conflicto', para designar la misma realidad: el conflicto armado ínterno que desangra a Colombia.

En este artículo se hace una reseña de los conflictos internos en el mun­do, entre los años 1950 y 1998; se identifican las características específicas del origen y motivación de cada conflicto; se analiza el impacto del CAI sobre las variables macroeconómicas y sobre el crecimiento económico; con este marco se evalúa el conflicto colombiano en el contexto internacional. Los resultados muestran una relación negativa entre la duración del conflicto y la pérdida de crecimiento-a mayor duración del conflicto, menor pérdida de crecimiento. Esta pérdida se establece en relación con el crecimiento de la región circundante y con el crecimiento de largo plazo. El número de muertes, esto es, la intensidad del conflicto,no parece incidir sobre la pérdida de crecimiento; los conflictos' persisten', es decir, una vez comienzan, perduran, y si se superan, solo es temporalmente; se observa reincidencia del CAI.

En el caso colombiano, se encuentra que el CAl es uno de los más largos e intensos del mundo. Sin embargo, la pérdida anual de crecimiento es baja, comparada con el crecimiento de otros países de la región3 no obstante, este registro anual puede subestimar el efecto; en el largo plazo, la economía se aleja en forma permanente de su senda de crecimiento de largo plazo. Además, el deterioro institucional causada por la extensión del conflicto acentúa su efecto negativo sobre el crecimiento de largo plazo.

Además de estas conclusiones generales, se hacen numerosas referencias singulares a las hipótesis más verificadas en la literatura; A manera de ilustración, los autores dicen que "parece haber una relación entre la existencia de conflictos armados y el grado de desarrollo del país" . De acuerdo con el índice de desarrollo humano, IDH, de 1998, el41 por CIento de los países clasificados en la mitad inferior del índice ,experimentaron al menos un conflicto interno a lo largo de la ultima década, mientras que tan sólo el 15 por ciento de los países en la mitad superior experimentaron guerras en el mismo período. El Instituto Internacional de Investigación y Paz de Estocolmo concluye que existe un umbral, en relación con el nivel de ingresos del país, a partir del cual no ocurren conflictos armados civiles.

Pero la relación de causalidad entre la existencia de CAI y el ritmo de crecimiento del país que lo experimenta no está probada. Echeverry y otros [2001] afirman, citando a Collier que:

Estudios econométricos concluyen que existe una relación de causalidad en ambos sentidos entre el crecimiento del PIB y la existencia de conflictos armados siendo más fuerte en la dirección de un bajo crecimiento como causante del conflicto [1998, 90].

De otra parte, se afirma que el conflicto colombiano, de acuerdo con la definición y las cifras registradas por los organismos internacionales, aparece como de intensidad mediana, pero el número de muertos por esta causa en Colombia está subestimado, porque sólo "una parte de las muertes rurales son clasificadas como resultantes del conflicto y las debidas a acciones del narcotráfico están excluidas" [Echeverry y otros 2001, 91]. Los autores comparten la idea de Echandía [1999], acerca de que hay una estrecha relación entre guerrilla, narcotráfico, violencia urbana y violencia rural y que por ello Colombia tiene un conflicto de alta intensidad.

Este trabajo ubica el conflicto colombiano en un contexto regional y mundial y deja abiertas numerosas preguntas, que con seguridad motivarán trabajos posteriores. Entre ellos, cabe mencionar la relación entre conflicto y gasto social; la relación entre conflicto, crimen y libertades civiles; la forma como un entorno de incertidumbre y desconfianza social eleva los costos de transacción y la relación del conflicto con la competitividad internacional de Colombia.

Carlos Esteban Posada y Francisco González presentan, desde el punto de vista microeconómico, una explicación del crecimiento notorio de los homicidios y el secuestro y de la criminalidad en general, medida por la relación delítos/poblacíón.4 pari passu el crecimiento del gasto en defensa, justicia y seguridad (DJS), en la década de los años noventa. También examinan las condiciones bajo las que se obtendrá un resultado óptimo, al elevar o reducir el gasto en DJS y cómo establecer una complementareidad -en el margen- entre magnitud y eficiencia del gasto. Los autores aceptan que hay diferencias entre los conceptos de la violencia política y la criminalidad, pero trabajan con un agregado del gasto DJS, en vista de la dificultad de separar las acciones atribuibles a cada una de ellas en el país y, por ende, los gastos orientados a controlar sus manifestaciones.

La primera [la violencia política] siempre es colectiva, ataca un orden social y sus promotores pretenden ofrecer, a la postre, un bien público; la segunda [la criminalidad] se puede definir por la carencia de los atributos anteriores. Con todo, en Colombia, y al menos desde principios de los años ochenta, la línea divisoria es bastante tenue y fluctuante [ … ] y, además, las acciones guerrilleras han contribuido a congestionar la labor de la policía y a la justicia y a generar, entonces, externalidades positivas a la industria del delito común [ …] en consecuencia se utiliza un modelo en el cual los gastos de defensa, justicia y seguridad se agrupan en uno solo ya que los objetivos de tal gasto, aunque distintos en principio, convergen en la práctica colombiana en uno sólo: tratar de proteger a la sociedad civil de los atentados contra la Vida, la libertad individual y el patrimonio [Posada y González 2001, 135]

El gasto en defensa externa se considera constante y carente de interés para el análisis en el margen.

Se aclara que el ejercicio no es un modelo del crimen, sino un modelo de las consecuencias del crimen sobre el gasto óptimo en DJS. Es una adaptación del modelo de un agente racional-optimizador-, representativo de 'la sociedad civil' o de los constituyentes primarios. Se hacen supuestos sobre el horizonte de planeación, sobre la capacidad de razonamiento y de decisión del agente ante las acciones criminales y sobre la capacidad de los criminales de influir en el DJS. El ahorro -lo que no se consume en protección- se gasta en crear mayor capacidad productiva. La riqueza material es únicamente el capital productivo de una sociedad y no se desgasta. El DJS sólo se gasta para reparar las pérdidas causadas por la criminalidad. La utilidad del agente representativo depende del consumo y de la tranquilidad que le da un cierto gasto en seguridad y justicia. El problema del agente representativo es hacer máximo el valor presente de sus utilidades periódicas. El DJS se financia plenamente con impuestos de suma fija. Se cumple la condición de transversalidad: el valor presente de los gastos del agente representativo es igual al valor pre sente de sus ingresos netos de impuestos.

El gasto real en DJS en Colombia ha crecido desde 1950 en términos absolutos y en relación con el PIB. Este gasto creció entre 1950 y 1955 Y entre 1958 y 1971; descendió hasta 1977; después creció hasta un pico en 1997: 4,64 por ciento del PIB -cifras de ejecución presupuestal, diferente a caja, en cabeza del Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la rama judicial, la policía y la defensa nacional. El crecimiento de este gasto fue mayor que el de otros componentes del consumo público y mayor que el del consumo privado,así que su participación en el consumo ha aumentado. Esto obedece de acuerdo con la predicción' ambigua' del modelo, al crecimiento de la criminalidad, en particular, al aumento de los homicidios.

Con respecto a la eficiencia, se analizan dos tipos de indicadores: los de eficiencia intrínseca, basados en procedimientos del código penal: a Sentencias condenatorias/sumarios iniciados; b. resoluciones de acusación/providencias de calificación; y c. personas aprehendidas/delitos con truciacion de sumario, para el periodo 1971-1993. Estos indicadores de eficiencia intrínseca mejoraron desde mediados de los años ochenta En cambio, el indicador de eficiencia extrinseca, la relación entre el número de homicidios y el de personas capturadas, cae desde 1982. De la misma manera, desde 1984, cae el indicador de ineficiencia aparente: numero total de delitos/monto total de OJS en pesos constantes.

Se concluye que ha existido una respuesta óptima ante el aumento de la criminalidad en Colombia. Los incrementos autónomos de la eficiencia del gasto, antes de un descenso de la criminalidad, debidos a esfuerzos de los funcionarios, conducen a un aumento del nivel óptimo de tal gasto. El modelo. puede verse como la explicación de las condiciones en las que no es pertinente suponer la existencia de un trade-off-dilema- entre el nivel y la eficiencia del gasto DJS. Si la eficiencia del gasto se estanca, puede no ser óptimo continuar elevándolo. Para reducir sustancialmente el crimen. la sociedad deberá aceptar un aumento en DJS, si observa un aumento de su eficiencia.

El modelo de un agente representativo que maximiza en nombre de la sociedad el gasto en justicia, seguridad y defensa le permite a los autores hacer una aplicación para el caso de daños sobre el capital material y vidas infinitas y para extenderlo al dañ? sobre el capital humano y con vidas finitas. El modelo muestra que si crece la criminalidad, la sociedad prefenra un gasto mayor, siempre y cuando aumente la eficiencia de ese gasto. En el caso de Colombia, la eficiencia ha sido baja en la lucha contra el homicidio y los secuestros y la sociedad podría estar dispuesta a elevar el gasto en DJS, si mejora la eficiencia de ese gasto.

Un artículo de Alejandro Gaviria [2001], realizado en el marco de la económia del crimen, busca una explicación del crecimiento del crimen en Colombia. Para ello, elabora tres modelos de externalidades. En el primero, los criminales hacen más atractivo el crimen para quienes viven a su alrededor, porque con sus acciones congestionan el sistema de ejecuciónn de la ley y reducen la probabilidad de la aprehensión y el castigo. En el segundo, se incorporan los conocirruentos de los criminales y la forma como estos conocimientos se difunden. En el tercero, el contacto permanente entre diferentes cohortes etarias de criminales erosiona la moral y modifica los valores sociales. Se encuentra que hay evidencia empírica que le da validez a las tesis enunciadas.

Daniel Mejía, en un trabajo realizado para obtener su título de Maestría en la Universidad de los Andes (2001), modela la negociación que se da, cuando alguien es secuestrado, entre sus parientes o amigos y los secuestradores. Cada pago aumenta la percepción de éxito del secuestrador sobre el próximo secuestro. Si quien negocia es la sociedad o el planificador central benevolente y toma la decisión de negociar o no negociar, "la regla que sigue incorpora la externalidad que genera [ … ] y la decisión tomada es óptima desde el punto de vista social'. Como conclusión principal, el modelo predice que mientras la sociedad no 'internalice' la externalidad negativa que está generando cuando paga un secuestro, el número de secuestros no caerá y que las medidas de política son dos: o se aumenta el gasto público disuasivo o se prohíbe el pago de secuestros.

Ricardo Rocha, en su libro sobre veinticinco años de narcotráfico en Colombia [2001] comienza su aporte a la reflexión de las causas de la escalada del crimen en el país con una pregunta: ¿Por qué Colombia? Esta es una pregunta central. La economía del crimen enseña que el choque criminal inicial se difunde, pero queda por explicar qué produce ese choque criminal inicial. Su respuesta es que hay varias explicaciones:

la geografía, el medio ambiente, la tradición del contrabando, los estrechos lazos económicos v culturales con los países consumidores, la informalidad de la economía y en particular de las transacciones internacionales, las dotaciones de factores, los reducidos costos de transporte y de incautación, la demanda externa y el precario control estatal de vastas zonas del país [223]

En seguida, el autor analiza las relaciones del narcotráfico con la dinámica económica, con el sector rural y con el crimen y las etapas por las que ha pasado la relación entre narcotráfico y sociedad.

El trabajo de Montenegro, Posada y Piraquive [2001] se inscribe, según sus propias palabras, en la visión de que las causas objetivas de la violencia y el crimen en Colombia son el narcotráfico y las bonanzas -la economía de la frontera- y no las relacionadas con la pobreza y la desigual distribución del ingreso. Esas causas tienen "un gran potencial" para generar violencia en forma persistente. La hipótesis central es que el aumento del narcotráfico y las bonanzas económicas -banano, petróleo, esmeraldas, hoja de coca y cocaína y oro-, durante los últimos veinticinco años, aumentaron los incentivos del crimen y llevaron al colapso del sistema judicial penal, lo que a su vez reforzó la criminalidad y el mismo narcotráfico.

Un primer grupo de ejercicios econométricos, después de descartar el modelo de determinación simultánea de las variables tasa de homicidios y eficiencia de la justicia, por no haber obtenido resultados satisfactorios, analiza el caso internacional, para 107 países, con regresiones uniecuacionales. Se busca examinar las relaciones entre violencia y desarrollo económico y entre violencia y eficiencia de la justicia. Con respecto a la primera relación, se intenta verificar si se da el interesante ciclo previsto por la teoría, en el sentido de que a bajos niveles de ingreso per cápita, el crimen crece junto con el crecimiento económico; a niveles intermedios de ese ingreso, el crimen evoluciona bajo patrones que se consideran normales y para niveles del ingreso per cápita altos, la criminalidad puede volver a aumentar.

Acerca de la relación entre la violencia y la justicia, la hipótesis es que el nivel de la violencia debilita el sistema de justicia y que una mayor eficiencia de la justicia disminuye la violencia. Los resultados, que requieren, como dicen los autores, tomarse con precaución, en razón a que el método no es el de la simultaneidad, indican que son 'plausibles' las siguientes hipótesis: 1) existe una relación no lineal entre el desarrollo económico y la violencia, medida por el número de homicidios, 2) existen relaciones recíprocas negativas, más o menos contemporáneas, entre violencia y eficiencia de la justicia; 3) existe una relación rezagada y positiva entre homicidios y eficiencia de la justicia y 4) existe path dependance en la evolución histórica del crimen: el nivel de hoy depende del de ayer e influye en el de mañana, in crescendo.

Un segundo grupo de ejercicios econométricos evalúa el caso colombiano. Para ello, se realizan análisis de series de tiempo de estadísticas agregadas y de corte transversal, con datos de todos los departamentos del país. Se quiere verificar la validez de las siguientes hipótesis: 1) los indicadores de crecimiento y de riqueza están relacionados positivamente con la violencia, 2) el narcotráfico tiene una relación positiva con la violencia, 3) la pobreza no explica la criminalidad, 4) hay paih dependancc en la dinámica de la violencia y 5) la eficiencia de la justicia es determinante en el control y reducción de la criminalidad.

Se encuentra suficiente evidencia de la relación positiva entre violencia y narcotráfico, y entre violencia y debilidad del sistema de justicia. Los resultados, en palabras de los autores,

deben entenderse como relaciones generales que nada dicen sobre la forma particular en que interactúan fenómenos sociales tan complejos como los que estamos analizando. En segundo lugar, en el campo normativo, este tipo de estudios apenas bosqueja la dirección de lo que debe hacerse para reducir la violencia. La falla de la justicia, ante el desarrollo del narcotráfico, es sólo una de las manifestaciones de las deformaciones sociales y políticas causadas por este fenómeno [Montenegro y otros 2001,264]

Además, un grupo amplio de la sociedad debe ser el que proponga las salidas. Por último, "este estudio muestra una faceta del problema, con seguridad omite y simplifica muchos aspectos que requieren mayor precisión y análisis" [Montenegro y otros 2001, 264].

Un comentario final sobre el estudio: no se demuestra que la violencia es explicada por las bonanzas económicas, algunas de ellas relacionadas con exportaciones ilegales, hipótesis de trabajo muy atractiva y sobre la que hay evidencia internacional,5 pero que se deja de lado en el desarrollo de los ejercicios. Los hallazgos de Alfredo Sarmiento y Lyda Becerra [1998], que constataron la existencia de una relación positiva entre transferencias fiscales a las regiones y número de homicidios, sugieren una de las rutas que se pueden seguir, al igual que el trabajo de Montenegro y Posada [1995].

Fabio Sánchez y [airo Núñez [2001] se preguntan por los determinantes del crimen violento en siete grandes ciudades y municipios de Colombia, entre 1980 y 1998. En particular, se preguntan cuáles son los factores que explican la tasa de homicidios. Quieren verificar si las hipótesis relacionadas con las 'causas objetivas' contribuyen a explicar su dinamismo o si, por el contrario, variables como el narcotráfico o la presencia de organizaciones criminales y grupos armados tienen una mayor pertinencia estadística yeconométrica.

Los ejercicios econométricos se realizan a partir de los datos compilados en una base que incluye indicadores socioeconómicos, de desempeño de la justicia y de presencia de grupos armados. Los resultados permiten a los autores afirmar que para las siete ciudades principales, la explicación fundamental de la tasa de homicidios fue el narcotráfico y, en menor medida, la ineficiencia del aparato judicial, Los resultados de un modelo de panel para 700 municipios colombianos mostraron que las tasas de homicidios ‘están relacionadas [ … ] con las variables socioeconómicas (pobreza, desigualdad y exclusión política6) y [… ] con [ … ] las variables de presencia de actores armados, presencia de narcotráfico y eficiencia de la justicia" [308]. Cuando se realiza un ejercicio adicional para explicar el origen de las diferencias en las tasas de homicidios entre grupos de municipios, se encuentra que el 90 por ciento de ellas se explica por la presencia de actores armados, por la ineficiencia de la justicia, por la intensidad del narcotráfico y por la interacción entre grupos armados y narcotráfico. La recomendación de política que se deriva de este análisis es que si bien la reducción de la pobreza y la desigualdad son objetivos deseables, no es a través del logro de estos propósitos como se reducirá la violencia.

El estudio de las reformas institucionales en Colombia, dirigido por Alberto Alesina [2001), incluye un documento sobre crimen y prevención del crimen en Colombia, de Steven Levitt y Mauricio Rubio, cuyo enfoque es fundamentalmente el de la economía del crimen. La variable principal a ser explicada es el número de homicidios. Lasvariables que la explican son dos: la primera, el comercio de drogas. Ese mercado se caracteriza porque sus agentes no pueden hacer cumplir los contratos por las vías legales y lo hacen mediante la violencia. Estos agentes, de otro lado, no pueden competir, como se compite en otros mercados, mediante la propaganda y los precios. Por fin, la práctica de estos criminales contagia el irrespeto por la ley a la sociedad que los acoge. La segunda causa es la fragilidad del sistema punitivo en Colombia.

Las relaciones entre el número de asesinatos y el número de arrestos, entre este y el número de condenados y la duración del período efectivo de permanencia en prisión son la base de la construcción de un indicador de castigo efectivo en Colombia, que es igual a un décimo del de Estados Unidos,7 Un aumento del castigo en un 10 por ciento reduce el crimen en 2 por ciento. Llevar el castigo a los niveles de Estados Unidos reduciría las tasas de criminalidad en un 50 por ciento, con un ahorro de más de 10.000 muertos al año.

Las otras dos causas que se le atribuyen a la violencia en Colombia, la actividad guerrillera y la pobreza y la desigualdad de la distribución del ingreso, en palabras de Alesina, no resisten del todo la prueba de consistencia lógica de los argumentos, ni la de la evidencia estadística. La relación entre homicidios y presencia de la guerrilla es débil. Se constata una relación entre presencia guerrillera y terrorismo -debe referirse a los atentados a la infraestructura- y secuestros. La tasa de homicidios, excepcionalmente alta en Colombia, no puede explicarse por la desigual distribución del ingreso o por la pobreza, porque esos indicadores no son tan diferentes de los de otros países de América Latina.

A partir de este diagnóstico se formulan unas propuestas. Se debe investigar más sobre el crimen y contar con mejor información. Se debe luchar contra la corrupción entre los militares e investigar la infiltración de la Fiscalía. Se deben establecer cuerpos elite para luchar contra el secuestro y el homicidio; además, se les debe dotar de recursos. Se debe imponer la obligatoriedad del fallo y garantizar la seguridad de los jueces. Por último, habría que aumentar la capacidad de las prisiones y separar a los criminales, según la gravedad de los crímenes cometidos.

En síntesis estos estudios empíricos sobre la violencia en Colombia, cuyo enfoque es el neoinstitucionalismo y la economía del crimen, han aportado otras perspectivas para comprender la dinámica del conflicto y para elaborar políticas. Sin embargo, la 'prueba econométrica' de la tesis central de estos estudios, que descarta o le atribuye muy escaso poder de explicación a las variables relacionadas con la pobreza y la desigualdad y que se lo atribuye a la debilidad de las instituciones de control social y al narcotráfico, dista mucho de haberse alcanzado. Los modelos de ecuaciones simultáneas no han arrojado resultados satisfactorios. La información aún es precaria. Las variables que se utilizan como 'proxis' de la violencia son insuficientes para captar sus manifestaciones. Las variables que se utilizan para explicarla, como la presencia de grupos armados y narcotráfico, son manifestaciones de la misma violencia y deberían estar aliado izquierdo de las ecuaciones. Las variables que aproximan categorías como participación política y fortaleza del aparato judicial admiten mejoras. En suma, no puede afirmarse que estas tesis son incontrovertibles, porque han resistido la prueba de la verificación empírica y econométrica. En todo caso, las tesis deben ser consistentes, desde el punto de vista lógico y desde el momento mismo de la especificación del modelo. Así que la discusión está abierta y el camino para nuevos trabajos está indicado.

Una segunda aproximación es la que se ha hecho alrededor de las llamadas causas objetivas de la violencia.8 La desigualdad sería la explicación de la inconformidad y del conflicto en el país. Esta hipótesis se conoce en la literatura internacional como la de 'privación relativa'.

En Violencia y equidad, Alfredo Sarmiento [1999] afirma el carácter multidimensional de la violencia en Colombia y la pertinencia de un enfoque pluridisciplinario. con el propósito de realizar recomendaciones de política. La persistencia de la violencia en Colombia, que se da a pesar de haber sido superada en periodos determinados, a través de pactos políticos y sociales, se explica porque el sistema político ha excluido a amplias capas de la población, al tiempo que los grupos de intereses particulares se han apropiado de los bienes públicos y han marginado de los servicios sociales a la mayor parte de la población. En este sentido, el régimen ha sido inequitativo. Inspirado en A. Sen y en J. Rawls, define la igualdad como "potencialidad de desarrollo humano en actividades y posibilidades de realización, en el acceso y disfrute a un conjunto de bienes sociales", en condiciones de 'isonornia', de igualdad de los individuos ante la ley. Esa capacidad efectiva, en un contexto de libertad, es el derecho más vulnerado por la violencia. Por ello, aun si se supiera que bajo el dominio de los grupos armados reinaría el orden y la justicia, la solución es indeseable, porque se hace bajo la coerción y el miedo. A la luz de este enfoque, los análisis que explican la violencia por el simple incumplimiento de la norma [Rubio 1999] desconocen que ese incumplimiento es, más bien, el resultado de la falta de la democracia y de la equidad. Tampoco es valido, dice, atribuir el origen de la violencia a la miseria y recomendar, en consecuencia, mayor gasto social en las zonas violentas, no sólo porque la evidencia muestra otra cosa, sino porque el mensaje estimularía la demanda de servicios sociales por vías violentas.

El estudio empírico utiliza el índice de calidad de vida, ICY, para medir el nivel de riqueza y la desigualdad. Este índice se construye a partir de la encuesta de calidad de vida y agrupa doce variables en cuatro grupos: el acceso y disfrute de bienes físicos; el acceso y disfrute de capital humano; el acceso a servicios públicos domiciliarios y la composición de la familia. El test empírico busca probar que la violencia, medida como tasa de homicidio, se explica como resultado de la combinación de varios factores: la riqueza medida por el ICV; la inequidad de la distribución -coeficiente Gini-; la escolaridad promedio del hogar; la participación política -participación en la elección para alcaldes-; la capacidad de gasto estatal, por habitante, en el municipio y la presencia o no de actores armados.

Los hallazgos del estudio de Sarmiento confirman los de Fernando Caítán [1995], en el sentido de que no son los municipios más pobres los más violentos de Colombia, sino aquellos donde la riqueza ha crecido en los últimos años. Lo que se encuentra es una relación positiva entre violencia y desigualdad, definida en el nivel de los cuatro grupos de factores del ICV y una relación negativa entre violencia y capital humano, resultado que coincide con el de Juan Luis Londono [1998]. La indiferencia en las elecciones y la presencia de grupos armados también mostraron influencia positiva sobre la violencia.

Fernando Cubides [2001] y Carlos Miguel Ortiz [2001], en dos artículos que resultan de un proceso colectivo de reflexión, con otros analistas de la Universidad Nacional, economistas, sociólogos e historiadores, nos ofrecen, el primero, un análisis del diálogo entre la economía y la sociología, en la interpretación de las violencias colombianas, y un examen, el segundo, de la evolución de la violencia en más de mil municipios colombianos: en unos, desde 1959 y en otros, desde 1980.

En el primer artículo se discuten las tesis de los economistas que califican de sociológicas las explicaciones de la violencia relacionadas con las 'causas objetivas' y se critican las conclusiones de sus trabajos, en particular, las de Fabio Sánchez y las de Mauricio Rubio.

Dice el autor que es difícil reconocerse en algunos enfoques que se le atribuyen a la explicación sociológica de la violencia, por cuanto hace tiempo que la sociología abandonó ese "modelo de causalidad unilineal que terminaba eximiendo al individuo de la responsabilidad, a cambio de imputársela a la sociedad en su conjunto" [335]. También se ha zanjado la discusión acerca de la explicación de las tasas de homicidios por la pobreza o la desigualdad, o la pretensión de diferenciar en forma nítida la violencia política, de la violencia común o que tiene motivos banales. En forma enfática les hace saber a los economistas que "desde su formulación inicial por Weber, la teoría de la acción social apunta a su raíz individual, no es concebible sin referencia al actor individual" y que por lo tanto, aunque no lo dice explícitamente, no se puede oponer la sociología a la economía, atribuyéndole a la sociología clásica una visión colectivista y a la economía una visión individualista de la sociedad, como hace Mauricio Rubio, en su artículo titulado Rebeldes y criminales, de 1998.

Critica el autor, además, la inferencia que se hace del hecho de que la proporción de muertos pertenecientes a la guerrilla y a las fuerzas militares dentro del total de homicidios en el país sea pequeña, en el sentido de concluir que la guerrilla no tiene peso como agente organizado de la violencia. Hace una interesante referencia a la línea de trabajo de Jesús Antonio Bejarano, quien de manera paciente y perseverante calculó los costos económicos de la violencia, lo que contribuyó, junto con otros estudios, como los de Daniel Pécaut y el del Departamento Nacional de Planeación, a fundamentar una posición de los empresarios, en favor de la negociación, porque "la paz es rentable".

En el segundo artículo, a partir de un seguimiento de cifras en ejes diacrónicos para más de mil municipios, en unos, desde 1959, en otros, desde 1980 y en todos, hasta 1997, se clasifican los municipios, de acuerdo con la violencia que experimenten. Esa violencia se caracteriza con cinco indicadores: tasa de homicidios, tasa de secuestro, presencia de grupos guerrilleros o de grupos paramilitares, cultivo de coca o amapola y compra de tierras por el narcotráfico. Se constata que, en primer lugar, los municipios violentos no están aislados y comparten macroprocesos, como el de la colonización; que los municipios violentos que estaban en la fase de la colonización en la época de la Violencia -la de los años cincuenta- continúan siendo violentos, mientras los que eran violentos en los años cincuenta y tenían en esa época un agrupamiento social tradi cional, se convirtieron en pacíficos, décadas más tarde; en tercer lugar, que en todos los municipios violentos hay presencia de grupos armados, pero los delitos no provienen de ellos. Entonces, se pregunta, cuál es la razón de la relación. Por último, constata que esos municipios eran violentos antes de la llegada de los grupos armados.

La conclusión del trabajo de Carlos Miguel Ortiz es que la llegada de los grupos armados a las zonas de colonización, donde está concentrado el mayor número de municipios violentos, pudo verse como reductora de la violencia, lo que pudo contribuir a su implantación. Con el tiempo,los grupos armados e, inclusive, las fuerzas armadas del Estado habrían sido presos de la "lógica de la atomización social, del predominio de las estrategias individuales [ … ] de la vandalización tanto de los propósitos 'revolucionarios' como de la acción del Estado, en el caso de los militares y policías". Entonces, el hecho de ser zonas de frontera y la debilidad del tejido social pueden ser el objeto que merezca ser estudiado en el terreno de la investigación de por qué son violentos los municipios violentos.

Daría Indalecio Restrepo [2001] presenta un avance de su investigación sobre la descentralización y la desintegración del Estado entre 1970 y 2000, en Colombia. En este artículo, el autor afirma que las modificaciones en las "formas de organización espacial del Estado" y del régimen político en Colombia han resultado de pactos y de guerras y que hoyes necesario elucidar las "claves territoriales de la guerra y la paz". Sostiene que los cambios en la forma de organización espacial, en particular, del proceso de descentralización han coincidido en el tiempo con el debilitamiento del régimen político y con la apertura económica.

En Desarrollo y paz, Consuelo Corredor [2001] realiza unas reflexiones sobre los temas sustantivos y la metodología de la forma como se deben abordar y negociar los asuntos relacionados con el desarrollo social, en particular, los contemplados en la agenda de 12 puntos y 47 subtemas de la negociación del Gobierno Nacional con las Pare-El; de manera tal que se sienten las bases de una paz duradera. Estos puntos se agrupan en tres: estructura económica y social, derechos humanos y relaciones internacionales y democracia y estructura política del Estado. La amplitud de la agenda exige un estudio de la literatura disponible sobre el desarrollo en Colombia, sobre el problema rural, la pobreza, el mercado laboral y el gasto público, en especial, el gasto social. Los trabajos sobre el conflicto armado que se han hecho en Colombia, según la autora,

señalan diversos factores socioeconómicos que se han ido configurando a lo largo de la historia del país, que constituyen serias restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, restricciones que se traducen en una precaria ciudadanía, de la que están excluidos amplios sectores de la población [Corredor 2001, 393].

Responde implícitamente a la visión alternativa afirmando que las desigualdades regionales y sociales son 'escenarios aptos' para que surjan conflictos armados y conflictos sociales, aunque no necesariamente constituyan 'la' causa de la violencia.

Absalón Machado [2001] se refiere a "uno de los problemas clásicos en la evolución del sector rural que no ha sido resuelto" y que es una preocupación para el diseño de políticas en situaciones de conflicto y de posconflicto: éen qué consiste lo campesino? ¿Cómo luchar contra la pobreza rural? Los pocos estudios en Colombia muestran una economía campesina en proceso de modernización y un grupo de minifundistas al margen, frente a quienes el reto consiste en superar la pobreza y mejorar sus ingresos. Las estrategias de desarrollo rural deben examinar con cuidado, en el caso colombiano y en el marco de las negociaciones de paz, la pulverización del minifundio que puede resultar de una reforma agraria basada en el reparto de tierras. El proceso no es el mismo en todas partes y habría que estratificar regionalmente la economía rural. Todo esto llevaría a la reestructuración del minifundio, a la reubicación de la población, a procesos de industrialización urbana, al desarrollo de las organizaciones campesinas, entre otros desarrollos necesarios para el diseño de una estrategia de modernización campesina. De otra parte, se constata que el modelo de desarrollo agrícola empobrece y que debe discutirse un modelo " más endógeno e incluyente", que no expulse más pobres del campo y que no sea independiente del modelo de la economía como un todo. Encuentra aquí un gran desafío para los analistas y, en especial, para los economistas.

En suma, la crítica a los estudios que ven en las variables objetivas la explicación de la violencia actual en Colombia es que si bien se constata una correlación, no se prueba una relación de causalidad, ya que otros países de Latinoamérica tienen una distribución del ingreso similar a la colombiana y no tienen insurgencia armada.

Cabe más bien formular la hipótesis opuesta para el caso colombiano: la violencia es la causa de la desigualdad. La escuela de la movilización de los recurso: y la del. proceso político, derivadas de la nueva economía política, podnan explicar mejor la salida violenta que se le ha dado a la lucha por los bienes públicos en Colombia [Gómez 2001].

CONCLUSIÓN

La comprensión de las causas del conflicto armado interno en Colombia es una necesidad sentida de los colombianos y las colombianas. Los económistas ortodoxos han ofrecido recientemente explicaciones que contribuyen a su explicación. Estos trabajos se suman a los realizados por economistas sociales, sociólogos, sicólogos, periodistas, literatos, criminólogos e historiadores y a las representaciones artísticas, como las que nos ofrece Fernando Botero, en sus dos últimas series de pinturas sobre la violencia en Colombia.

En esta nota, se presentan las contribuciones de economistas que tienen versiones opuestas de esta realidad social. Los economistas del crimen ofrecen una gran evidencia empírica y un análisis, apoyado en herramientas de verificación econométrica, de las relaciones de causalidad basadas en las hipótesis que explican el crecimiento del crimen en Colombia con la existencia de incentivos al delito. Hacen énfasis en los choques criminales iniciales, causados por la expansión del narcotráfico en Colombia, por la forma como se congestiona el sistema que imparte justicia, por el fenómeno de contaminación de los valores y por la existencia de grupos or garuzados de criminales, que debilitan la estructura institucional del país. Su gran aporte al análisis es el respaldo empírico de todas y cada una de sus afirmaciones -aunque ella no necesariamente constituye la prueba de su validez absoluta y de la invalidez de las tesis opuestas- y la llamada de atención sobre los aspectos relacionados con los incentivos, las motivaciones individuales y el gasto en defensa, seguridad y justicia, que deben tenerse en cuenta para el diseño de una política de Estado frente a la sensación -y realidad- creciente de indefensión de los ciudadanos desarmados de Colombia. Es necesario observar que se puede caer en el desconocimiento o en la reducción de la importancia de la guerrilla y los paramilitares en la violencia en Colombia y el hecho de que -aún en los terrenos del derecho penal- estos actores no pueden tratarse como apenas delincuentes comunes, en medio de una negociación de paz con el Estado.

En la orilla opuesta están quienes se preguntan por el origen de los choques criminales y de la existencia y vigencia de la guerrilla e insisten en atribuírselo a las condiciones de exclusión política, a la que condujo el pacto del Frente Nacional; a la petición de una 'reparación histórica' que hacen las Farc-EP como lo hace notar José Fernando Isaza:9 a la existencia de unas condiciones de acceso a las oportunidades de ascenso social muy limitadas y de unas muy desiguales distribuciones de ingreso y de riqueza, que si bien, según algunos analistas de esta corriente, no explican la violencia, sí constituyen 'terrenos aptos' para la confrontación y el conflicto. Lo que este enfoque no logra explicar es por qué la desigualdad y la pobreza deben llevar necesariamente al contlicto armado o al crimen y por qué lo harían en Colombia y no en otros países que tienen similares inequidades y exclusiones.

En todo caso, unos y otros trabajos han permitido llegar a unas conclusiones que contribuyen al conocimiento de las causas de la violencia en Colombia y deberán aportar a la discusión en las mesas de negociación de la paz y al diseño de las políticas de gasto social y de seguridad y defensa.

Hoy parece estar claro que los colombianos y colombianas no somos, todos y todas, violentas; que la violencia ha estado localizada en el tiempo, en unos períodos y en el espacio, en unas regiones de colonización, de frontera, en zonas estremecidas por los boom s provenientes de los descubrimientos del petróleo, de la explotación de minerales, como el caso de las esmeraldas; de la explotación de economías de enclave de agricultura comercial, como en el caso del banano en Urabá. Es claro que existe el peligro de difusión de la violencia a través del contagio de la 'cultura mafiosa', expresión acuñada por Luis Jorge Caray, que no opera si no es porque hay un debilitamiento objetivo de las instituciones, al que puede haber contribuido el ataque agresivo contra el papel del Estado, que siguió al consenso de Washington en 1991. Y hay consenso también en que el narcotráfico es el gran catalizador del ascenso del poder militar de los grupos armados en Colombia, durante la última década, y que el conflicto armado interno, localizado en unas zonas como las mencionadas, avanza hacia las ciudades, algunas de las cuales fueron violentamente afectadas por el narcoterrorismo, a finales de la década del ochenta y a principios de los años noventa.

Hay consenso también en que se requiere fortalecer la sociedad civil, defender los derechos humanos, 'humanizar el conflicto', no abandonar la atención a los grupos desfavorecidos, mientras se espera la resolución del conflicto; fortalecer las instituciones y el sistema de justicia y rescatar para el Estado el monopolio de la fuerza de coerción sobre los ciudadanos.

Es necesario aún más trabajo. Los economistas se aventuran en terrenos extraños. Su conocimiento de la sociología, la ciencia política y el derecho penal es escaso y así deberían reconocerlo, humildemente.

Las disputas ideológicas de los economistas contemporáneos ahora se dan también alrededor del conflicto armado, de sus causas y posibles salidas y se caracterizan por el maniqueísmo que le atribuye Marco Palacios a la cultura política de los colombianos y cuyo origen estaría, siguiendo a Lynch en la "escisión fundamental", en el período borbónico, entre el "superblanco peninsular" que ejerció dominación excluyente y el resto de los individuos, con independencia de que fueran blancos, mestizos, negros, indios o mulatos. Después vendría el sectarismo entre bolivarianos y santanderistas, más tarde vendría el enfrentamiento de Camilo Torres contra las elites y hoy diríamos, el de Chávez -el presidente de Venezuela- contra la oligarquía bogotana y, en nuestro campo, el de los economistas neoliberales contra los estructuralistas. Se podría intentar superar este maniqueísmo que impide la inteligencia de los procesos, la apreciación de los matices de la realidad y la construcción de mínimos consensos, de las bases de una identidad nacional.

Hay una realidad en Colombia, que la hace diferente de otros países. No basta decir que hay narcotráfico y grupos armados, que la eficiencia de la justicia es baja, que el pie de fuerza es precario, para tener las bases de la solución de la violencia en Colombia. De la misma manera, no basta con decir que las inequidades son grandes y que no ha habido inclusión política y social. La negociación de paz en curso revela la voluntad del Estado y de la sociedad colombiana, de darle una salida política a un conflicto cuya importancia se reconoce. Se acepta que el interlocutor no es un delincuente sino, en las palabras Hobsbawn, citado por Mauricio Rubio, un 'bandido social', un 'individuo' de extracción popular, que se rebela contra el soberano injusto". El resto de la cita, "y que cuenta con un amplío apoyo entre las clases campesinas", podría ser objeto de mayor discusión [Rubio 1998, 121].

La construcción de consensos y de análisis que rescaten lo que tienen de valioso las diferentes perspectivas puede contribuir a la búsqueda de la solución definitiva al conflicto.

NOTAS AL PIE

1 Esta es una versión modificada de la nota edi torial del libro Martínez [2001]: Economía, crimen y conflicto.

2 Ehrlich [1996]. Algunas personas traducen la palabra offenses como ofensas. Por el contexto, parece más apropiado el término delito o crimen.

3 El período de análisis 1950-1995 no incluye los últimos cinco años de la década pasada, que mostraron un crecimiento muy bajo, ínclusive negativo en un año,y una intensificaoón del conflicto armado.

4 En Colombia, nos recuerdan los autores, los delitos se clasifican como sigue: delitos contra la vida e integridad personal y contra el patrimonio, contra la libertad y el pudor sexual, contra la libertad individual (secuestro, etc.), contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la seguridad pública, contra el orden económico y social, contra la fe pública y "otros títulos".

5 En el libro Echeverrv y otros [2001] hav abundantes referencias a la bibliografía relacionada con esta hipótesis.

6 Cuyo proxy pnrticipación electoral.

7 En la presentación de este estudio, realizada por Mauricio Rubio en febrero de 2001 en Bogotá, él afirmó que ha venido cambiando su posición sobre la recomendación de hacer más severas las penas, como elemento de disuasión del criminal. La diferencia de duración de sentencia para asesinatos entre Colombia -catorce años- y Estados Unidos -veinte años- no es tan grande. Lo que importa como factor de disuasión es la probabilidad de captura y de conducción a juicio, que en Estados Unidos es de 65 por ciento yen Colombia, de sólo 11 por ciento.

8 La noción de objetividad o de subjetividad en este contexto no es tan fácil de determinar. Para Collier [2001], quienes encuentran en la desigualdad y la pobreza las causas del descontento social y la motivación de la lucha de los rebeldes tienen una explicación subjetiva de las 'guerras civiles'. Estas son definidas como aquellas que explican 1.000 homicidios o más por año. El autor encuentra en su análisis de 47 guerras civiles entre 1965 y 1999 en el mundo que lo que explica esas guerras es que la acción de los rebeldes fue financieramente viable. Las variables con poder de predicción de ocurrencia de las guerras civiles son 'objetivas', son características económicas tales como la alta dependencia de las exportaciones de los bienes primarios, los bajos ingresos medios, el crecimiento lento y las grandes diásporas. Sin embargo, no es tan contundente el razonamiento contra la desigualdad como una condición necesaria -así no sea suficiente, ni exclusiva- del conflicto. Cuando este au tor acepta por ejemplo que el bajo nivel de escolaridad si explica y predice el contlicto, écómo elude el hecho de que este bajo nivel es una expresión y refuerzo de la desigualdad? Por otra parte, abunda la evidencia empírica reciente, realizada por los mismos organismos multilaterales, de que si bien la pobreza no ha tenido un poder de explicación alto como causa de los cont1ictos armados, no ocurre lo mismo con la desigualdad, la que ha demos trado tener un alto poder explicativo.

9 El comentario de Isaza se refiere a la guasa con que la opinión colombiana recibió el discurso de Manuel Marulanda, jefe máximo de las Pare en la instalación de la mesa de negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, con respecto al bombardeo del ejército contra un reducto de combatientes "con escopetas de listo". dice Izasa, en 1964. La opinión retuvo apenas la mención del jefe guerrillero al robo de las gallinas.


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