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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Cuad. Econ. vol.22 no.39 Bogotá July/Dec. 2003

 

LOS LÍMITES SOCIALES DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Freddy Cante*

* Candidato a Doctor en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Asesor del Alcalde Mayor de Bogotá en el programa de resistencia civil y profesor de las universidades Central y Nacional de Colombia. Las opiniones consignadas en este documento no comprometen a las entidades para las que trabaja el autor. Enviar los comentarios al correo: freddyknt@hotmail.com. El autor agradece los comentarios de Carolina Méndez. Artículo recibido el 1 de julio de 2003 y aprobado el 20 de octubre del mismo año.


El mito de Sísifo da cuenta de un hombre condenado, por toda la eternidad, a reconstruir diariamente una labor que los dioses no se cansan de deshacer y destinar a lo inocuo. Los superpolicías y superhéroes del mundo parecen destinados a sufrir una condena similar. Cada año que pasa parece que la labor hecha se hubiese perdido porque la cantidad de infractores y malandrines que han logrado capturar y hacer que sean encerrados en las cárceles, no cesa de reproducirse en las calles.

El principal problema de la Seguridad Democrática propuesta por el Presidente Uribe –como buscaré explicarlo enseguida– es el riesgo de replicar el mito de Sísifo. Mi hipótesis de trabajo es, justamente, que si faltan el apoyo y el compromiso decididos de la sociedad serán inútiles todos los esfuerzos del gobierno actual para promover la Seguridad Democrática. Por cierto, la sociedad colombiana no es un bloque monolítico con ciudadanos, valores e intereses homogéneos y, además, presenta enormes desigualdades socioeconómicas. Más aún, la sociedad civil está lejos de ser una población neutral, hay cooperación voluntaria e involuntaria con los grupos armados al margen de la ley.

LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Para el gobierno del Presidente Uribe, la violencia de diversas organizaciones del crimen organizado (básicamente la de guerrillas y paras) es el principal problema del país, pues afecta la economía al impedir el crecimiento (al afectar la confianza y causar miedo frena la inversión) y, además, crea un ambiente de temor en la sociedad. La corrupción (incluida la de algunos poderosos sindicatos) es la segunda causa del deterioro de la economía. El éxito de la gestión económica, fundamentalmente la mayor generación de crecimiento y de empleo, depende más de resolver problemas extraeconómicos (que afectan el ambiente de confianza) como son la violencia organizada y la corrupción.

La Seguridad Democrática es un propósito central en el programa de desarrollo del Presidente Uribe pero, por esas fallas consustanciales a la efímera duración de los planes de desarrollo en el país, podría tener una efímera vida de sólo cuatro años.

A diferencia de la seguridad nacional, la Seguridad Democrática es un concepto de salvaguardia que trasciende la concepción de protección que brinda el Estado para proteger la normatividad vigente. La peculiaridad de la propuesta del Presidente Uribe es, ciertamente, la de ofrecer protección y seguridad a todos los ciudadanos, con un criterio de pluralidad y de respeto a los derechos humanos. El propósito fundamental de la Seguridad Democrática es el de brindar un ambiente seguro para la convivencia ciudadana y la reactivación de la economía erradicando la violencia organizada. Otras metas importantes son afianzar la legitimidad del Estado y promover la viabilidad de la democracia.

PERTINENCIA DE LA SEGURIDAD EN LA ACTUAL SITUACIÓN DEL PAÍS

La sociedad colombiana de hoy es altamente sensible al tema de la seguridad. Es importante resaltar que la Seguridad Democrática busca responder a un clamor de la misma sociedad colombiana pues, por un lado, los colombianos que mayoritariamente votaron a favor de Uribe dieron prioridad a la búsqueda de la seguridad (descalificaron los manejos ingenuos y laxos en el tema de la paz de las últimas administraciones); por otro lado, en diversas encuestas de opinión, se resalta el hecho de que la mayoría de los ciudadanos se sienten inseguros y temerosos en su barrio y/o vecindario.

La prioridad del gobierno de los Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 es el tema de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, antes que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Colombia tiene tres grupos (las FARC, el ELN y las AUC) que han sido calificados de terroristas y tal calificación no es arbitraria pues, ciertamente, el terrorismo es un uso estratégico de la violencia contra la población civil, con el fin de causar temor y promover cambios en el comportamiento de la gente y en las decisiones de los gobernantes. Claramente las masacres, la existencia de campos minados, los homicidios selectivos, el secuestro, la extorsión misma, la depredación de recursos vitales como el agua y la destrucción escandalosa de populosos sitios urbanos, son actividades terroristas que cada vez más promueven los mencionados grupos armados ilegales. Estas acciones han causado la hecatombe de organizaciones políticas legales, han promovido más ineficiencia en la administración de justicia, al igual que el desplazamiento forzado interno y la emigración de capital humano y financiero.

ALGUNAS DEFICIENCIAS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

La propuesta de Seguridad Democrática se fundamenta en un limitado planteamiento del problema que ha servido para dar soporte a sus objetivos. Esta constituye una solución muy corta y directa del tipo: allí donde está el problema se ataca. No se mira el conflicto en su proyección social más amplia: en Colombia el conflicto y su persistente agudización tienen unas raíces históricas y unas causas múltiples, dentro de las que cabe mencionar la colonización, la desigualdad, el narcotráfico, la falta de presencia del Estado y la ausencia de alternativas políticas serias por parte de la subversión [Gómez Buendía 2003]. Así las cosas, es apenas de esperar que lo que se busque sea un fortalecimiento del Estado como aparato y, fundamentalmente, de su componente más marcial: un fortalecimiento del ejército y de la fuerza pública para garantizar el control del territorio y la protección de la infraestructura. A esto le sigue la erradicación de cultivos ilícitos y la destrucción del tráfico de drogas. Luego el fortalecimiento de la justicia y, por último, la atención a las zonas deprimidas. Pero, una vez más, es pertinente insistir en que el problema del conflicto es un asunto global de todo el país –involucra a toda la sociedad– y, aunque se manifieste en determinadas zonas y sectores, de no ser atacado con medidas más estructurales y con reformas más trascendentes continuará y reaparecerá donde menos se lo espere.

Acertadamente, en el diagnóstico que da soporte al actual Plan de Desarrollo, se resalta la correlación entre incremento en los cultivos de narcóticos y el crecimiento en el pie de fuerza de los milicianos de los diversos grupos armados ilegales (guerrillas y paras). Se observa que el narcotráfico es la principal fuente de financiamiento de estos grupos (aunque para la administración de Uribe lo preocupante parece ser el narcoterrorismo y no tanto el narcotráfico como un mal en sí mismo). Entonces, de modo sintomático, no se contempla el narcotráfico (particularmente su promoción de la cultura del “todo vale” y su infiltración en toda la economía), como un perjuicio en sí mismo. Aunque después del 11 de septiembre del 2001 la prioridad en la política de poderosos países como Estados Unidos sea la lucha contra el terrorismo, no se puede olvidar que el narcotráfico es un problema de la sociedad colombiana aún más grave que el de las guerrillas y los paras.

Problemas mayúsculos como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo no se circunscriben al accionar de los grupos armados ilegales, por más peligrosos y sofisticados que estos sean. Esta problemática tiene su raíz en una sociedad que, de seguir tolerando voluntaria o involuntariamente el atajismo1 y la riqueza fácil que traen semejantes conductas, no será viable nunca. El común denominador de conductas delictivas como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo es que éstas hacen uso de la maquiavélica sentencia “el fin justifica los medios”2. La versión más prosaica y cotidiana es el dicho “en la guerra y en el amor todo se vale”.

Quien busca alcanzar sus fines sin contemplar los medios busca una riqueza fácil y un poder político rápido aun a costa de la vida y la dignidad de mucha gente, incluida la misma persona que delinque. Lo peor es que tal “cultura del atajo” existe en las relaciones más cotidianas de un gran número de colombianos: en la vida afectiva y sexual muchas personas sólo saben agarrar, tomar y violar.

En el mundo de las relaciones públicas y mercantiles existe una especie de capital social perverso, esto es, un conjunto de relaciones sociales que premian las diversas formas de fraude. Hay que recordar que el capital social se define como la organización social propiciada por redes sociales, normas como la de reciprocidad y confianza que facilita la coordinación y la cooperación. Pero no siempre el capital social es productivo, hay organización social y confianza en torno a preferencias sociales destructivas y a expectativas de obtener ingresos cuantiosos por vías rápidas. El capital social perverso propicia la mera transferencia de rentas, la especulación, la proliferación de intermediarios, la informalidad, la ilegalidad e, incluso, el despilfarro y la depredación. Una parte de la sociedad colombiana genera capital social perverso y se asocia para colincharse (aprovecharse, recostarse) en el resto de la población, al promover diversos atajos para alcanzar sus objetivos económicos, sociales y políticos. Esto último es muy frecuente en temas como la evasión y la elusión de impuestos, al igual que el carácter de circunscribirse al sólo quejarse y ser pedigüeños, lo cual es característico de los comportamientos y propuestas que poseen muchos sindicatos y movimientos sociales: ellos miran al gobierno como si este fuese un fondo de maná inagotable, al que sólo es lícito pedir y completamente descabellado apoyar con la tributación y el cumplimiento de elementales normas de convivencia.

A sabiendas de que en Colombia existe una parte de la población propensa a participar en organizaciones que promueven el capital social perverso y la “cultura del atajo”, es apenas obvio que la red de informantes remunerados con recompensas sólo podrá funcionar a corto plazo y, peor aún, si continúa puede causar mucho daño porque tiende a mercenarizar la colaboración con la autoridad3. Instituciones sociales fundamentales como la confianza y la autoridad no tienen precio, y hay limitaciones de la propia cultura a la expansión, muchas veces, corrosiva del mercado [Waltzer 2000]. Los incentivos económicos para que la gente coopere con la justicia pueden, además, tener efectos perversos: la gente, por el sólo hecho de que existen recompensas puede hacer falsas denuncias o ajustar cuentas sobre asuntos netamente personales. En el mejor de los casos y a un plazo muy corto, la política de remunerar a los informantes puede captar la atención de algunos de los colaboradores o cómplices de guerrilleros y paramilitares.

Otro significativo acierto del equipo económico del Presidente es, justamente, que se constata el hecho de que los grupos armados son captadores de rentas ilegales (por actividades criminales como el narcotráfico, el desplazamiento forzado, las masacres, el secuestro, la extorsión, etc.). La limitación de este enfoque es que hace énfasis en los aspectos delictivos, y pierde de vista la perspectiva política que aún tienen los grupos armados ilegales. Lo que hay que advertir es, ciertamente, que estos grupos son una especie de mafias o de agencias que prestan servicios de seguridad y justicia privada [Gómez Buendía 2003, Cante 2001] –no se puede olvidar que son paraestados, ejercen poder político, en muchos municipios de la nación y en sectores barriales de las grandes ciudades. Lo peor que le puede ocurrir al país es lo que parece estar ocurriendo, es decir, que estos grupos se mantengan en la búsqueda de un poder local y/o regional y que se hayan desentendido de la toma del poder político a nivel nacional. Este escenario, bastante cercano a una “jungla hobbesiana” o de guerra de todos contra todos, y de los peores que puedan existir en la política, nos aleja de la democracia y de cualquier monopolio estatal sobre el uso de la fuerza y la administración de justicia.

En el diagnóstico que sirve de base al actual Plan de Desarrollo se mira con preocupación el incremento en el pie de fuerza de los grupos armados y se piensa –con una curiosa especie de inocencia–, que el apoyo que la sociedad colombiana le ha prestado a estos grupos ha sido sólo a manera presencial y apática. Pero si estos grupos fuesen meros bandidos aislados, desde hace tiempo habrían sido exterminados. La triste realidad es que, voluntaria o involuntariamente, la población civil apoya la actividad de estos grupos y lo hace mediante tributos ilegales, transacciones en el mercado negro, redes de información e, incluso, participación directa en los grupos armados ilegales. En Ferro y Uribe [2002], haciendo alusión a las FARC, se muestra que existen tres modos en que las guerrillas obtienen la cooperación de la ciudadanía, a saber:

i) Predatorio: se da en áreas donde ésta no ejerce influencia sobre la población; allí la forma de obtener recursos es a través del asalto, el abigeato, el secuestro y la extorsión.

ii) El parasitario: cuando la guerrilla logra mayores vínculos con la población y sus finanzas se nutren de las actividades de la región; allí se da el boleteo, la vacuna, el pago por servicios de vigilancia a cultivos de narcóticos y la extorsión a funcionarios públicos y contratistas.

iii) El simbiótico: cuando la presencia del Estado es nula o muy escasa y, por lo mismo, la guerrilla ha logrado insertarse en la economía regional; allí entonces realiza actividades propias de la región relacionadas con el narcotráfico, actividades extractivas como la minería del oro, ganadería, agricultura y los llamados impuestos revolucionarios.

Las relaciones entre pobreza y violencia deben ser examinadas con mayor detenimiento. La gran virtud del enfoque económico es que lecturas como la de preferencias reveladas de Collier [1999] demuestran que contrario a sus románticos discursos, los grupos armados (guerrillas y paras) son buscadores netos de rentas ilegales y se involucran en el conflicto para hacer un buen negocio. Igualmente, se destacan los estudios estadísticos y econométricos4, mediante los cuales se demuestra que más bien hay una relación inversa: allí donde existe mayor riqueza se concentra la actividad y presencia de los grupos armados ilegales. No obstante, si se examinan estudios de caso con un mayor enfoque en lo local y en lo micro, con mayor trabajo de campo y estudios etnográficos, como los de Álvarez [2002] y Ferro y Uribe [2002], se pueden captar rasgos fundamentales del conflicto colombiano que, obviamente, pasan desapercibidos para el ojo de quien lee la realidad sólo a partir de correlaciones. Antes de referirme a tales trabajos es importante advertir tres evidencias teóricas y empíricas fundamentales, las cuales están presentes en elaboraciones más interdisciplinarias, a saber:

1. Aunque la violencia tiene muchas causas, la desigualdad y la falta de inclusión que proviene del empobrecimiento creciente de amplios sectores de la sociedad generan la percepción de que hay severas injusticias y si no existen posibilidades lícitas de ascenso social entonces la violencia es un medio para sobrevivir y sobresalir [Salama 2003].

2. La pobreza relativa que genera envidia y fenómenos como la emulación pecuniaria y el consumo ostensible [Veblen 1990] que resultan favorecidos por la riqueza rápida que genera el narcotráfico (y la corrupción5), promueven la búsqueda de asenso social aun haciendo uso de los medios más violentos.

3. En una guerra civil muchas de las muertes que se publicitan como políticas, obedecen a ajustes de cuentas y líos personales de comunidades, vecinos, familias y conocidos que obedecen a conflictos, ciertamente, causados por las desigualdades e injusticias que sólo conocen los actores locales [Kalyvas 2000 y 2003]. Sociedades y comunidades con hondas desigualdades y fragmentaciones son caldo de cultivo para la violencia.

En los trabajos teóricos de autores como Elster [1983] y Kahneman y Tversky [2000] se muestra que los individuos no tienen preferencias dadas y, por el contrario, las preferencias dependen del contexto y los individuos suelen cambiarlas o revertirlas cuando hay cambios sustanciales en el contexto. Elster sugiere que en tiempos de normalidad un individuo prefiere su rango de ciudadano al de ser un gendarme pero, en tiempos de guerra, podría preferir ser un gendarme a ser un ciudadano rebajado a la vil condición de un prisionero en un campo de concentración. Kahneman y Tversky han demostrado que los individuos juzgan pérdidas y ganancias, en relación con un punto de referencia que es su status quo: si un individuo está en las peores condiciones entonces cualquier mejora, por insignificante e inmediatista que esta sea, será calificada como una ganancia.

En los mencionados trabajos de campo –Álvarez [2002], Ferro y Uribe [2002]– se demuestra que en el sector rural y en las áreas marginales de las grandes urbes, los jóvenes ingresan voluntariamente a las organizaciones de criminalidad organizada y a la guerrilla o al paramilitarismo, porque optan por el riesgo menor. Ante una vida de pobreza y sin la menor opción de ascenso social por la inalcanzable educación y condiciones de salud, sumado a esto el maltrato intrafamiliar, los jóvenes campesinos y la niñez, víctimas de la violencia y de la inestabilidad económica, ingresan a la guerrilla. Dado el desarraigo cultural propio de la colonización y el temor permanente del desplazamiento forzado, los jóvenes del campo prefieren optar por el riesgo menor: es mejor ser un guerrillero que ser un pobre desplazado. Ante un vacío de futuro, sin opciones de educación, empleo, salud, recreación y afecto ?una vez más la violencia intrafamiliar?, la juventud y la niñez de las áreas marginales hace su kinder en la banda y el combo de la delincuencia organizada, que luego pueden ser fácilmente cooptadas por guerrillas y paras.

Estas últimas afirmaciones no son una validación del discurso sobre las causas objetivas de la violencia. El autor es consciente de que los individuos no son veletas movidas por el destino y el determinismo de la historia. Aquí se mantiene la fidelidad a la perspectiva económica, en el sentido de aceptar que los grupos como guerrillas y paras son organizaciones (empresas delictivas) que tienen como finalidades estratégicas la búsqueda de riqueza y de poder político. Pero hay que insistir en que, por las dinámicas de exclusión y expulsión propias no sólo de la violencia sino de la enorme desigualdad socioeconómica que se vive en Colombia, los militantes rasos de los grupos armados al margen de la ley son jóvenes sin oportunidades que encuentran menos riesgo y mayor posibilidad de ascenso en los grupos de guerrillas y paras. Más aún, los grupos sociales más vulnerables son los colonos en el campo y los marginales en las urbes, ambas colectividades sufren la dispersión, el desarraigo y la supervivencia en las condiciones más críticas.

Se finaliza este breve escrito reiterando la importancia que tiene el tema de la seguridad para la actual situación de Colombia. En un momento en que los grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas y los paramilitares, han buscado crecer más como organizaciones al punto de tornarse en máquinas de hacer guerra y obtener rentas ilícitas, un gran segmento de la población colombiana los percibe como un peligro pero, por la dispersión y pusilanimidad que parece caracterizar a las mayorías, no pueden más que hacer protestas esporádicas. De no existir cooperación de la sociedad con el Estado y un apoyo decidido de los gobernantes a la ciudadanía, fracasará cualquier intención o tentativa de promover la seguridad. Para superar los límites sociales de la Seguridad Democrática hay que construir ciudadanía y hay que promover un capital social productivo, esto exige remediar enormes desigualdades e injusticias que caracterizan a la sociedad colombiana de hoy.

NOTAS AL PIE

1 Antanas Mockus se refiere al atajismo o a la búsqueda del camino más corto, como un problema tan grande que se puede asociar con una sociedad anómica, esto es, una sociedad que nos forma sobre la obtención de fines pero no nos regula ni educa sobre los medios más lícitos para alcanzar tales metas.Ver Mockus y Cante [2003] y Mockus y Corzo [2003].

2 Hay conductas no delictivas pero sí claramente antisociales, como la evasión y la indiferencia para cooperar en la generación de bienes públicos y la franca insolidaridad, que pueden ser entendidas como atajismo.

3 Un impacto más catastrófico aún lo pueden tener los incentivos económicos a los reinsertados. En un ambiente de interacción estratégica, pleno de engaños y conductas oportunistas, algunos de los reinsertados pueden promover un fortalecimiento de su respectiva organización. Lo que en el corto plazo se puede ver como un desmantelamiento de los grupos armados ilegales puede ser, en el mediano plazo, una operación de repliegue estratégico: hay repliegue hasta cuando el enemigo (el gobierno y su ejército) hayan puesto todo el gasto y el esfuerzo.

4 Ver los trabajos de Carlos E. Posada y Ricardo Rocha en Martínez, A. [2001].

5 Para Salama [2003] la corrupción no es sustituto sino que es un complemento de la violencia.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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2. Camus, A. 1981. El mito de Sísifo. Alianza editorial, Madrid.

3. Cante, F. 2001, “Agencias de protección privada e institucionalización de preferencias masoquistas” en Martínez A.

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6. Elster, J. 1983. Sour Grapes. Cambridge University Press.

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13. Mockus, A. y Cante, F. 2003. Resistencia civil como construcción de ciudadanía, Ponencia presentada en

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18. Waltzer, M. 2000. Esferas de la justicia, Fondo de Cultura Económica, México.


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