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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772

Cuad. Econ. vol.32 no.spe61 Bogotá Dec. 2013

 

CONFLICTO, VIOLENCIA SOCIOECONÓMICA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

Andrés Felipe Mora Cortés1

1 Politólogo y Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a Doctorado en Ciencias Políticas y Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina. Docente ocasional del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Dirección electrónica: andresfmora@gmail.com; afmorac@unal.edu.co. Dirección de correspondencia: Avenida Calle 6 No. 72C-35, interior B, apartamento 401, barrio Mandalay (Bogotá).


Resumen

Este artículo introduce el concepto de violencia socioeconómica, que se refiere a mecanismos de regulación de conflictos distributivos y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida. Se identifican tres expresiones clave de la violencia socioeconómica: el despojo, la inseguridad económica y la no generación de oportunidades. El artículo insiste en el efecto desproporcionado que dichas expresiones de violencia socioeconómica tienen sobre la población desplazada; también defiende la necesidad de una agenda mínima que erradique la violencia como lógica reguladora de los conflictos distributivos y que sirva de base para la construcción de paz con justicia social en Colombia.

Palabras clave: conflicto, violencia socioeconómica, desplazamiento forzado, Colombia.

JEL: J15, J18, O15, P16.

Abstract

This paper introduces the concept of socioeconomic violence; that is, the mechanisms of regulating distributive conflicts and governmental practices that eliminate the basic conditions for the reproduction of life. There are three key expressions of socioeconomic violence: dispossession, economic vulnerability and lack of opportunities. The document insists on the disproportionate impact of those expressions of socioeconomic violence on persons in situation of forced displacement. And argues that it is necessary a minimalist agenda that not only suspends violence as a way for regulating distribution conflicts, but also becomes the base for peace-building with social justice in Colombia.

Keywords: Conflict, socioeconomic violence, forced displacement, Colombia.

JEL: J15, J18, O15, P16.

Résumé

Cet article introduit le concept de violence socioéconomique qui se réfère à des mécanismes de régulation de conflits distributifs et de pratiques gouvernementales qui éliminent les conditions de base pour la reproduction de la vie. Trois expressions-clés de cette violence socioéconomique ont été identifiées : la spoliation, l'insécurité économique et la non-génération d'opportunités. L'article insiste sur l'effet disproportionné que ces expressions de violence socioéconomique ont sur la population déplacée ; il défend également la nécessité d'un programme minimum qui éradique la violence comme logique régulatrice des conflits distributifs et qui serve de base pour la construction de paix avec justice sociale en Colombie.

Mots-clés : conflit, violence socioéconomique, déplacement forcé, Colombie.

JEL : J15, J18, O15, P16.

Este artículo fue recibido el 11 de febrero de 2013, ajustado el 5 de agosto de 2013 y su publicación aprobada el 13 de agosto de 2013.


Este artículo tiene como propósito introducir un concepto de violencia socioeconómica capaz de abarcar el conjunto de relaciones sociales en las que la violencia hace presencia, pero suficientemente delimitado para diferenciarla de otras categorías analíticas. Tomando como referente la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado, las secciones primera y segunda mostrarán el escenario socioeconómico y político en el que surge el desplazamiento y señalarán la paradoja que representa la persistencia de dicha tragedia humanitaria en un contexto de mejoras progresivas en los niveles de seguridad y descenso en el número de homicidios, masacres y atentados terroristas.

Esta paradoja permite pensar en la existencia de factores diferentes a la violencia física que producen y agravan el desplazamiento forzado. Es este el caso de la violencia socioeconómica, que se refiere a relaciones sociales y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida. Este concepto se analizará en profundidad en la tercera parte del artículo y permitirá, en un cuarto momento, identificar las diversas lógicas de violencia socioeconómica existentes en Colombia (despojo, inseguridad económica y falta de oportunidades) y el efecto desproporcionado de dichas lógicas sobre la población desplazada.

El vínculo que se establece entre conflicto(s) y violencia(s) a lo largo del artículo permite pensar que la paz en Colombia, más que la ausencia de conflictos, puede implicar la emergencia y cualificación de ellos impidiendo que su regulación sea atravesada por lógicas de violencia física, socioeconómica o simbólica.

Por esta razón la quinta parte del artículo insistirá en la necesidad de definir una agenda mínima de paz asociada a la suspensión de la(s) violencia(s). Dicha agenda servirá de base para avanzar en la construcción de paz, pues esta, al combinar elementos relativos a la paz y al desarrollo con justicia social, implicará la emergencia y el reconocimiento de conflictos que trascienden las demandas inmediatas relativas a la suspensión de la(s) violencia(s) y visualizan posibilidades de transformación en las relaciones e instituciones que producen y reproducen la pobreza y la desigualdad en Colombia.

COLOMBIA, EL CONTEXTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Durante los últimos años, la promoción y el fortalecimiento de ciertos sectores y estrategias dentro de la economía colombiana han estado determinados por los cambios ocurridos en la economía mundial y por las necesidades e imperativos del patrón global de acumulación. La emergencia de nuevas potencias económicas como China, India, Brasil y Rusia; los problemas internos y de hegemonía internacional que enfrenta Estados Unidos, las dudas sobre la fortaleza de la eurozona y el límite ambiental que hoy enfrenta el capitalismo global -unido a sus ya conocidas contradicciones sociales y al carácter turbulento de su dimensión financiera- han configurado un nuevo escenario en el que los recursos naturales adquieren un lugar estratégico y protagónico.

Esta tendencia global tiene lógicas de apalancamiento locales que determinan las estrategias marco del desarrollo económico en Colombia y las nuevas configuraciones de los territorios intensivos en recursos naturales. Así la agenda de desarrollo del país -plasmada en la Visión Colombia 2019- se encuentra fundamentada en una estrategia de especialización asociada al sector primario de la economía: hidrocarburos, agrocombustibles, agua, biodiversidad, minería y posición geoestratégica de territorio (Departamento Nacional de Planeación, 2006). Dichas apuestas son claves para explicar procesos sociales tan complejos como el desplazamiento forzado, las lógicas de despojo y los conflictos y disputas territoriales presentes en cada uno de estos fenómenos.

Como consecuencia de estos procesos externos e internos, la actividad económica se ha reprimarizado en Colombia durante los últimos años: los sectores más dinámicos han sido la minería, los hidrocarburos y los grandes cultivos de palma y caña de azúcar. La actividad industrial ha perdido relevancia, y mientras tanto se fortalecen los sectores bancario y comercial, en especial de bienes importados (González, 2011). Así las cosas, el sector minero-energético representó en 2010 el 60 % del total de ingresos por concepto de exportaciones y absorbió el 90 % del total de la inversión extranjera directa (Cano, 2010).

Este proceso de reprimarización de la economía se ha acompañado, en el plano político, por la férrea voluntad de darle fin al conflicto interno armado por medio de la confrontación militar. Los intentos de negociación política han sido frustrados por la acción de intereses políticos, económicos y militares beneficiados por la situación de guerra o por la utilización de los procesos de negociación como periodos de distensión en los cuales se avanza más bien en el reacomodamiento estratégico o en el fortalecimiento militar por parte de los actores armados. La apuesta militarista por el fin del conflicto ha encontrado pleno desarrollo a partir del año 2002 con la formulación y puesta en marcha de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, de acuerdo con la cual, la seguridad y sometimiento militar de los grupos insurgentes y paramilitares constituiría el pilar sobre el cual se desarrollarían las estrategias económicas y sociales destinadas a generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros y a lograr mayores niveles de crecimiento económico y bienestar social (Arias y Ardila, 2003).

Así las cosas, los planes de desarrollo formulados por los sucesivos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) insistieron en la eficacia de un esquema causal determinado por la política de defensa y seguridad democrática:

defensa y seguridad → confianza inversionista → inversión extranjera → crecimiento → empleo → bienestar

En este contexto, los argumentos a favor de la seguridad y la derrota militar de los grupos insurgentes se imponían en un escenario en que se consideró la paz una condición necesaria para profundizar el modelo de desarrollo sustentado en las prescripciones neoliberales y las dinámicas reprimarizadoras anotadas. Más allá de los vínculos establecidos entre paz y desarrollo, sería la salida militar al conflicto interno armado la que configuraría las condiciones adecuadas para ofrecerles confianza al empresariado nacional y extranjero, aumentar la inversión e incrementar el empleo y el bienestar (Contraloría General de la República, 2008; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2003).

¿Cuáles han sido los resultados de este modelo de desarrollo? En primera instancia, en materia de seguridad los resultados positivos son evidentes. Tal como lo muestra el Cuadro 1, cada uno de los indicadores asociados a la violencia en el marco del conflicto armado ha mejorado. Los homicidios, los atentados terroristas y las masacres u homicidios colectivos han disminuido de forma sostenida en la última década.

Sin embargo, la supuesta relación virtuosa que debía esperarse entre la mayor seguridad y el mayor bienestar social no se ha presentado. Por ejemplo, la distribución del ingreso en Colombia continúa siendo la peor de América Latina, pues el coeficiente de Gini prácticamente no ha sufrido cambios, pasando de 0,573 en 2002 a 0,548 en 2011 (después de deterioros recurrentes entre 2003 y 2010, años en los cuales pasó de 0,554 a 0,560) (Mesep, 2012).

Además, aunque entre 2002 y 2011 la pobreza disminuyó 15 puntos porcentuales en el nivel nacional (pasando del 49,4 % al 34,1 %) y la indigencia pasó del 17,6 % al 10,6 %, entre 2002 y 2011 la elevada brecha entre el campo y la ciudad se ha mantenido inalterada. En efecto, en las grandes ciudades el porcentaje de pobres bajó de 35,90 % a 20,60 %. Y en el campo la reducción fue de 60,90 % a 46,10 %. Así, aunque las dos tendencias son decrecientes, la diferencia es ligeramente mayor: mientras que en 2002 la diferencia era de 25 puntos (60,9 % - 35,9 %), en 2012 fue de 26 puntos (46,3 % - 20,60 %) (Mesep, 2012). Este hecho es sumamente grave, si se tiene en cuenta que el 32 % de los colombianos son pobladores rurales (PNUD, 2011a).

El otro hecho constante a lo largo de los últimos diez años es el deterioro en la distribución funcional del ingreso, pues aunque el producto interno bruto (PIB) se ha incrementado en tasas promedio del 4,5 % entre 2002 y 2012, la participación de la remuneración de los trabajadores en el PIB pasó del 34 % en el 2000 a 33 % en 2012. Por su parte, el desempleo se ha mantenido en niveles cercanos al 11 %, la informalidad asciende al 53 % y el subempleo ronda el 33 % (Moreno, 2012).

Así mismo, la concentración de la propiedad rural en Colombia es demasiado elevada. Para el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0,87 y el de tierras a 0,86. Ambos datos son alarmantes y ponen a Colombia como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en el mundo (PNUD, 2011a)2.

En conclusión, el modelo de desarrollo basado en la especialización primaria y las apuestas de mayor seguridad y defensa coexiste con una estructura económica y social profundamente inequitativa. Y es en este contexto en que emerge además una profunda crisis humanitaria: el desplazamiento forzado. El origen de esta crisis puede hallarse en la intersección de la especialización productiva de Colombia, la trayectoria del conflicto interno armado y la persistencia de los elevados niveles de desigualdad y pobreza que ha mostrado el país, en particular en el sector rural.

Como se observará, el desplazamiento forzado conjuga situaciones de violencia (o violencias) que obedecen a lógicas que van más allá de la violencia física ejercida en el contexto de la confrontación armada y que, por tanto, no pueden resolverse solo mediante las garantías de mayor seguridad, sea que se conciba como un fin en sí misma o como el medio más efectivo para alcanzar la prosperidad económica y el bienestar social. Después de esta contextualización, la siguiente sección del artículo presenta las características del desplazamiento forzado en Colombia y su vínculo con la violencia.

DESPLAZAMIENTO, CONFLICTO Y VIOLENCIA EN COLOMBIA: LA NECESIDAD DE NUEVAS CATEGORÍAS ANALÍTICAS

En la intersección de una voluntad gubernamental de salida militar al conflicto armado, la profundización del modelo de especialización económica y la reproducción de estructuras socioeconómicas injustas, ha surgido el fenómeno del desplazamiento forzado. En este contexto, resulta fundamental diferenciar las causas inmediatas del desplazamiento de las causas estructurales:

Las primeras nos remiten al evento que ocasionó la salida forzada. Entre ellas aparecen, en orden de importancia: las amenazas (el 54 % de las respuestas ubican este factor como la razón principal), la violencia indiscriminada (el 39 %), las confrontaciones armadas (el 36 %), los homicidios (el 34,5 %), las órdenes ilegales de desalojo (el 29 %) y las masacres (el 21 %) [...] Las segundas remiten a los objetivos -políticos y económicos- a los cuales responde el desplazamiento forzado [...]. Desde diversas perspectivas concluyen que la configuración territorial (distribución socio-espacial de la población, relaciones de propiedad y usos del suelo en el campo y la ciudad) es causa y consecuencia de mecanismos de despojo y desarraigo que, a su vez, están articulados con las características e impactos de modelos de desarrollo económico del orden nacional (Ceballos, 2012: 212).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desplazamiento forzado es en su mayor parte el producto del conflicto rural en Colombia:

El conflicto rural involucra el conflicto agrario y el armado interno. Pero aunque ambos tienen como escenario el mundo rural, se diferencian por sus objetivos, sus protagonistas, el papel estratégico de la tierra en uno y otro, y las prácticas a las que apelan los actores [...]. La lucha por la tierra, por condiciones de bienestar y por inclusión política es el motor del primero; el control del territorio y de la población y la disputa de soberanía al Estado animan al segundo. El actor, por excelencia, del conflicto agrario es el campesinado a través [sic] de la organización y la movilización social. Los protagonistas del conflicto armado son la guerrilla y los paramilitares mediante su capacidad de ejercer coerción armada para disputarle soberanía al Estado. En el primer caso, la tierra es un fin en sí mismo. En el segundo, la tierra es un medio de acumulación (poder económico), de prestigio (vía de legitimación en un orden social jerarquizado), de influencia (poder político) y de control territorial (para garantizar corredores de paso en una lógica militar o, rutas de tráfico en una lógica criminal). El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose a través [sic] de sus efectos: el desplazamiento de la población y el despojo de tierras. Porque la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y por ello, es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurídicos. Y la población es el objetivo del control y, por ello, susceptible de ser desplazada o confinada (PNUD, 201a: 57).

De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre el 1° de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2011 se han producido alrededor de cinco millones y medio de desplazados en Colombia. En promedio, en ese lapso han sido desplazadas doscientas mil personas cada año. El 60 % de los grupos familiares desplazados provienen de zonas rurales, el 24 % de centros poblados y el 15 % de cabeceras municipales. Por su parte, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional registra un acumulado de cerca de cuatro millones, que corresponde a personas que han sido desplazadas entre el 1° de enero de 1997 y octubre de 2011 (Gráficas 1 y 2).

Al observar las Gráficas 1 y 2, llama la atención que entre 2002 y 2010 han sido desplazadas un poco más de dos millones y medio de personas; es decir, durante los ocho años que la política de defensa y seguridad democrática ha reportado sus mejores avances, han sido forzadas a desplazarse cerca del 50 % del total de personas desplazadas durante los últimos 27 años. La Gráfica 3 muestra con claridad esta paradoja.

Como se observa, el acumulado de personas desplazadas se incrementa de manera progresiva entre 2002 y 2010, mientras que el índice de violencia (que integra las cinco variables incluidas en el Cuadro 1) muestra un comportamiento descendente, pasando de 1,43 en 2002 (año con el mayor número de homicidios, atentados terroristas y masacres) a 0,43 en 2010, cuando se presentan los más bajos niveles de violencia de la muestra3. Los mayores logros en seguridad no se traducen, por tanto, en una estabilización del número de personas desplazadas.

Ahora, tomando como referente no el desplazamiento acumulado, sino el número de personas desplazadas anualmente, es evidente que tampoco puede establecerse una clara correlación positiva entre la disminución de la violencia y la cantidad de personas que se ven obligadas a desplazarse cada año. En efecto, durante la última década, y sin que importe la fuente de información, solo se presentan cuatro años (al comienzo y al final de la muestra) en los que la reducción de los homicidios, los atentados terroristas y las masacres coinciden con una disminución del número de desplazados (Gráfica 4).

La paradoja de la persistencia del desplazamiento forzado en el marco de mejoras progresivas en seguridad y del consecuente descenso de los niveles de homicidios, masacres y atentados terroristas permite inferir que los factores que conducen a una situación de desplazamiento y vulnerabilidad extrema pueden persistir incluso en contextos en que la violencia física se suspende o disminuye. Se requieren, por ende, nuevas categorías analíticas para explicar la persistencia y agudización de esta tragedia humanitaria.

En respuesta a esta paradoja y a los desafíos analíticos que implica, se propone en la siguiente sección del artículo un concepto de violencia socioeconómica. Como se mostrará, esta categoría facilita comprender las diversas dimensiones que caracterizan la violencia como relación social y permite, además, indagar sobre los factores que además del conflicto armado explican la persistencia y agudización del desplazamiento forzado en Colombia.

HACIA UN CONCEPTO DE VIOLENCIA SOCIOECONÓMICA

Construir un concepto de violencia es difícil a causa de la complejidad y múltiples manifestaciones de dicho fenómeno y a la necesidad de ofrecer una definición que facilite el manejo analítico y operativo del término. Las fronteras de la violencia son dinámicas y la imposibilidad de distinguirla de otros fenómenos que pueden tener analogías o concomitancias con ella hacen aún más difícil la tarea. Sin embargo, los estudios sobre la violencia convergen en definirla sobre todo como un tipo específico de relación social que, de acuerdo con las características que se le atribuyan, puede dar origen a concepciones más o menos amplias. El Cuadro 2 resume dichas concepciones.

Como se observa, el espectro de relaciones sociales que pueden explicarse y valorarse con estas acepciones de violencia varía de forma enorme según el concepto que se aplique. Así, el problema de la conceptualización puede hallarse en la tensión que se presenta entre la búsqueda de un concepto amplio que abarque todas las relaciones sociales en las que la violencia se presenta y la necesidad de un concepto delimitado que tenga características explicativas y analíticas que permitan diferenciar la violencia de otras categorías conceptuales. Sin embargo, esta tensión no se resuelve satisfactoriamente en las definiciones que se presentan: por ejemplo, en varias de las teorías extensas no es clara la distinción entre los conceptos de violencia, injusticia social, dominación o alienación. El concepto de violencia estructural que Galtung (1996) presenta podría tener dicha limitación.

Ahora bien, es evidente que la violencia no puede limitarse como categoría analítica a dar cuenta solo de circunstancias mediadas por la fuerza física, pues es posible que se dejen de lado situaciones cuyas consecuencias podrían ser las mismas del empleo de la fuerza física extrema pero en las cuales esta no se hace presente o se hace invisible (por ejemplo, la muerte a causa del hambre). Así las cosas, la justa medida del espectro de relaciones sociales que pueden analizarse con el concepto de violencia es clave, pues de ella depende la construcción de un concepto adecuado para el análisis social. La necesidad de un concepto simultáneamente extenso y delimitado de violencia es, por consiguiente, un elemento fundamental que se ha de tener en cuenta en la construcción de un concepto de violencia socioeconómica.

Bajo esta óptica, desde las perspectivas amplias o extendidas de la violencia es posible identificar tres elementos a ser tenidos en cuenta en una definición general: 1) la violencia es una relación social que no necesariamente está mediada por relaciones de fuerza visibles; 2) el origen de la violencia son los conflictos, pero aquella no es una consecuencia necesaria del conflicto, y 3) en estricto sentido no hay una entidad única llamada violencia; hay más bien violencias, y el término debería utilizarse solamente en plural. Cualquier concepto general debería ser procedimental, más que sustantivo.

Para avanzar hacia una definición de violencia socioeconómica podría inferirse, en consecuencia, que dicha situación constituye una relación social derivada de un conflicto, que puede estar atravesada por métodos de violencia física y reforzada por lógicas de violencia simbólica. Estos elementos configurarían, entonces, la dimensión extensa del concepto de violencia socioeconómica.

No obstante, el conjunto de realidades sociales que pueden analizarse con el concepto de violencia socioeconómica puede delimitarse si, por otra parte, se tiene en cuenta que las situaciones de violencia pueden identificarse 1) por el efecto o consecuencia que se produce (violación en la satisfacción de las necesidades básicas, daño físico o material o vulneración del orden o autoridad legítima) o 2) por el proceso que caracteriza el tratamiento de un conflicto (consenso o imposición). La ventaja del primer enfoque consiste en que facilita identificar los casos en que opera la violencia, restringiendo de manera importante el número de situaciones a las que puede aplicarse el concepto.

En efecto, las dinámicas de consenso o imposición son relativas y pueden depender de la existencia de un acuerdo previo en las reglas de juego que no necesariamente es consensuado. Así, es muy posible que en la resolución de un conflicto no sea claro qué se comprende por consenso (decisión por mayoría simple o calificada, consenso absoluto) o qué puede definirse por una imposición (dictadura de la mayoría sobre las minorías, procesos de discriminación positiva). Más aún, es posible que consecuencias que deberían catalogarse como violentas no lo sean, porque son producidas por una autoridad legítimamente constituida y con criterios de legalidad compartidos mayoritariamente (por ejemplo, personas que mueren de hambre en el marco de una democracia constitucional de mayoría simple). Por estas razones, una visión consecuencialista de la violencia tendrá, entonces, mayor capacidad analítica y operativa que una perspectiva puramente procedimental.

Así, de los intentos que se han realizado para definir la violencia en general pueden extraerse varios elementos para una definición extensa y simultáneamente delimitada de la violencia socioeconómica en particular:

1) En primer lugar, es posible establecer que la violencia socioeconómica constituye una relación social que se interrelaciona con un conjunto más amplio de violencias, que no necesariamente es visible ni se encuentra vinculada siempre al ejercicio de la fuerza física, y que emerge en el marco de conflictos relativos a la producción y distribución del ingreso y la riqueza.

2) En segundo lugar, la identificación de una situación de violencia socioeconómica debería realizarse desde el punto de vista de las consecuencias sufridas por las personas, más allá del proceso social consensuado o impuesto, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, que ha llevado a dicha situación. Desde este punto de vista consecuencialista, un primer acercamiento al concepto de violencia socioeconómica podría darse por medio del concepto de vulnerabilidad social. La violencia socioeconómica surgiría en aquellos casos en que se identificara una situación de extrema vulnerabilidad social.

Este primer acercamiento permite establecer un vínculo entre la violencia socioeconómica y la vulnerabilidad extrema, pues es en este punto donde la política social deja de cumplir su función primaria, es decir, la garantía de protección de los sujetos frente a los riesgos naturales y sociales que ponen en peligro la reproducción de la vida y de las poblaciones (Rosanvallon, 2007). La violencia socioeconómica podría considerarse, entonces, desde el punto de vista de una situación de vulnerabilidad social extrema, referida a la imposibilidad de reproducción de la vida en su sentido más primario.

Con estas premisas, entonces, la violencia socioeconómica se define como una situación de vulnerabilidad extrema provocada por relaciones sociales y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida, provocando la eliminación física y simbólica de los individuos o grupos sociales. En este contexto, las lógicas de regulación de los conflictos relativos a la producción y redistribución del ingreso y la riqueza abandonan el horizonte de protección e integración social y provocan situaciones sociales de "vida nuda", es decir, situaciones en las que los individuos y los grupos sociales se ven desprovistos de todo derecho humano elemental (formal o sustancial) o se sitúan en el borde de esta condición.

Bajo este punto de vista, la violencia socioeconómica formaría parte de un concepto más amplio de violencia (o violencias) que imposibilitarían la realización de una vida digna individual y colectiva. Además, podría estar atravesada por diversas formas de violencia física y reforzarse por lógicas de violencia simbólica que configuran relaciones sociales con fundamento en mitos y prejuicios que naturalizan o legitiman la situación de "vida nuda" a la que se somete a los individuos o grupos sociales4.

La violencia socioeconómica se produce en el marco de conflictos anclados en el modo de producción capitalista y que subyacen a las diversas configuraciones históricas de la vulnerabilidad social. Al respecto, es posible identificar tres escenarios de conflicto que estructuran las dinámicas de vulnerabilidad social en el marco de la relación social capitalista. Dichos escenarios son: 1) las disputas por los medios de vida, 2) las disputas por los medios de producción y 3) las disputas por los medios de empleo (Fournier y Questiaux, 1980; Álvarez, 2005). ¿En qué momento las relaciones sociales establecidas en estos tres escenarios de disputa devienen en situaciones de violencia socioeconómica? Es decir, ¿en qué circunstancias los conflictos en torno a los medios de vida, de producción y de empleo producen situaciones que impiden la reproducción de la vida y que despojan a los individuos de todo derecho humano fundamental? La Figura 1 cruza los tres elementos básicos estructurantes de la vulnerabilidad en el marco de la relación social capitalista.

En el capitalismo, una persona puede o no tener acceso a los medios de producción, a los de empleo o a los de vida. En ciertas condiciones, el acceso de las personas a por lo menos uno de dichos medios puede garantizar las condiciones base para la reproducción de la vida5.

Así las cosas, la cuestión que debe resolverse es en qué combinaciones de acceso a medios de producción y a medios de empleo se garantiza el acceso a los medios de vida. El Cuadro 3 muestra todas las posibilidades de combinación de medios que garantizarían la reproducción de la vida y el tipo de sujeto social emergente.

Como se observa, las situaciones 2, 4, 6 y 8 representan combinaciones de medios de producción y empleo que no garantizan la reproducción de la vida; es decir, son situaciones en las que se hace presente la violencia socioeconómica tal como se ha definido a lo largo de esta sección del artículo. La situación 8 muestra una situación de indigencia que involucra un grado de vulnerabilidad extrema y, por tanto, de violencia socioeconómica. Las situaciones 6, 4 y 2 presentan posibilidades en las cuales los individuos y los grupos sociales podrían verse desprovistos de todo derecho económico y social elemental, o en las cuales los individuos se situarán en el borde de esta condición. En estas tres situaciones la violencia socioeconómica se identifica con aspectos cualitativos asociados a la eventual precariedad de las relaciones salariales o a la posibilidad fortuita de aprovechar de manera adecuada los medios de producción o activos que se tienen.

En este análisis, entonces, la violencia socioeconómica se presentaría no solo en situaciones de vulnerabilidad extrema en las que no se tiene ningún medio de producción, de empleo o de vida, sino también en situaciones en las que el acceso a dichos medios es deficitario o precario. En estos casos emerge la violencia socioeconómica en tanto las personas y las poblaciones se sitúan en el límite de una condición de vida nuda.

Ahora, bajo el concepto aquí propuesto, ¿es posible identificar lógicas de violencia socioeconómica en Colombia? ¿Cómo afectan dichas lógicas a las personas en situación de desplazamiento forzado?

LA VIOLENCIA SOCIOECONÓMICA EN COLOMBIA: LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS

En concordancia con las claves teóricas ofrecidas en la anterior sección del artículo, es posible identificar tres expresiones clave de la violencia socioeconómica en el país: 1) los procesos de expropiación y despojo de la tierra, 2) los procesos de inseguridad económica y desprotección social y 3) los procesos de no generación o eliminación de oportunidades. Dichas formas de violencia socioeconómica permiten explicar la persistencia y agudización del desplazamiento forzado en un contexto de mejoras progresivas en seguridad y disminución de los niveles de homicidios, masacres y atentados terroristas.

Como se observará, la violencia socioeconómica emerge en el marco de disputas por la tierra (medios de producción) o de la precarización del mundo del trabajo (medios de empleo). Además, surge dentro de políticas públicas cuyos fundamentos, objetivos e instrumentos impiden establecer mecanismos maximalistas de generación de oportunidades. El contexto en que surgen las lógicas de la violencia socioeconómica se caracteriza también por la persistencia de acciones de violencia física contra los movimientos sociales y populares que hacen presencia en los conflictos distributivos. Estos elementos se analizarán a continuación.

1) Los procesos de expropiación y despojo de la tierra representan un ejemplo claro de las situaciones 2 y 6 señaladas en el Cuadro 3. Estos fenómenos se asocian con la "acumulación por desposesión" de recursos naturales, tierras, territorios y activos y la separación de los sujetos individuales y colectivos de los medios de producción (Harvey, 2004).

Al respecto, se ha comprobado que el Estado colombiano en sus niveles nacional y subnacional, y bajo lógicas de cooptación, sirvió de instrumento para despojar y expropiar de sus tierras a millones de campesinos. En asocio y complicidad directa con el paramilitarismo, las autoridades estatales (congresistas, notarios, jueces, ministros, gobernadores, organismos de control) facilitaron el despojo violento o "legal" de al menos un millón de hectáreas de tierra. Entre 1997 y 2008, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la guerrilla y los narcotraficantes les han quitado a los desplazados tres millones de hectáreas. Un 33 % de dichas tierras está en manos del paramilitarismo: algo más de un millón de hectáreas. El destino de estas tierras se ha relacionado con el negocio de las drogas, la ganadería extensiva y el impulso a grandes plantaciones agrícolas vinculadas a los monocultivos y a la explotación minero-energética (Reyes, 2009).

Estas alianzas entre paramilitares, narcotraficantes, políticos, hacendados y servidores públicos -en cooperación con la fuerza pública o su tolerancia- explican la pauperización de gran parte del campesinado colombiano, en un marco de relaciones de despojo y sometimiento a administraciones locales y regionales permeadas por la mafia, la corrupción y el clientelismo. La violencia socioeconómica se asocia con un proyecto de dominación territorial o "autoritarismos subnacionales" relacionados con la parroquialización del poder, la nacionalización de la influencia de las élites regionales y la monopolización de los vínculos institucionales entre los niveles subnacional y nacional (López, 2010).

En el caso específico del desplazamiento forzado, puede decirse que entre 1980 y 2010 el 82,9 % del total de la población desplazada tenía algún bien: el 42,1 % tenía tierras; el 70,8 %, ganado y otros animales; el 46,9 %, cultivos; el 49,1 % maquinaria, equipo o vehículos, y el 22,0 %, infraestructura productiva. Las familias desplazadas perdieron la inmensa mayoría de estos bienes porque se vieron forzadas a abandonarlos o porque las despojaron de ellos. Es posible afirmar entonces que el fenómeno del abandono o despojo de bienes tuvo un carácter masivo: la totalidad de los grupos familiares desplazados que tenían tierras, animales, maquinaria y equipo e infraestructura productiva se vieron privados de ellos (Garay, 2011b).

En cuanto a la tierra, el 40,7 % de los grupos familiares desplazados se vieron obligados a vender o fueron despojados. El total de tierras que las familias desplazadas se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar a terceros forzadamente entre enero de 1980 y julio de 2010, sin contar aquellas de propiedad colectiva, fue de 6.638.195 hectáreas. Esta cifra equivale al 15,4 % de la superficie agropecuaria de Colombia. De las 6.638.195 hectáreas abandonadas o sometidas a despojo entre 1980 y julio de 2010, solo se habían recuperado 495.493 (o el 7,46 % del total) en 2010, de manera que para ese año continuaban abandonadas o en condición de despojo la gran mayoría: 6.142.702 hectáreas (Garay, 2011b)6.

Esta situación resulta aún más dramática si se tiene en cuenta que las pérdidas de activos no se compensan con ingresos laborales, pues la población desplazada enfrenta enormes dificultades para vincularse a los mercados laborales urbanos porque su experiencia laboral en ocupaciones agrícolas no se valora en las ciudades. La elevada pérdida de activos productivos y no productivos, las restricciones de acceso a los créditos y el debilitamiento de sus redes sociales dificultan su capacidad de generar ingresos autónomos. Como consecuencia, los ingresos laboralesde la población desplazada en el municipio receptor son un poco menos de la mitad que percibían en su lugar de origen. Además, su capacidad para acumular activos es bastante limitada y apenas una cuarta parte logra recuperar los activosperdidos a causa del conflicto armado (Ibáñez y Muñoz, 2010).

La pérdida de activos y la imposibilidad de generar ingresos autónomos suficientes explica por qué la caída del ingreso y del consumo de las familias desplazadas es tan radical, pues de acuerdo con Garay (2009) el 49,0 % de los grupos familiares que componen la población desplazada registraban ingresos familiares mensuales por encima de la línea de pobreza con antelación a su desplazamiento, mientras que después de este tan solo el 3,4 % de ellos se encuentran en esta situación. Es decir, la pobreza pasa del 51,0 % al 97,6 % por causa del desplazamiento, y la indigencia, del 31,5 % (antes del desplazamiento) al 80,7 % (después de él). Así, una de las consecuencias más relevantes del desplazamiento es haber deteriorado de forma radical el acceso a activos y los niveles de ingreso de los grupos familiares desplazados y, en consecuencia, haber postrado a un amplio sector de familias colombianas en la pobreza y la indigencia.

2) Los procesos de inseguridad económica y desprotección social representan un ejemplo claro de las situaciones 2 y 4 presentadas en el Cuadro 3. Aquí hacen presencia las dinámicas de violación de los derechos económicos y sociales individuales y colectivos asociados al mundo del trabajo (desempleo, subempleo, informalidad, precarización).

En las relaciones establecidas entre los asalariados y el capital ha surgido otra lógica de violencia socioeconómica en Colombia: la profundización de procesos de inseguridad económica y desprotección social asociados a la violación de los derechos económicos y sociales relativos a las garantías de trabajo digno y seguridad social. En este sentido, es claro que las políticas estatales de desregulación y flexibilización de los mercados laborales constituyen dispositivos que, de forma directa o indirecta, han facilitado la generalización del trabajo precario y la consolidación del subempleo y la informalidad en Colombia, reforzando así los límites estructurales que han impedido extender la relación salarial en el país y sometiendo a gran parte de la población a condiciones de fuerte inseguridad económica y desprotección social (Bonilla, 2007; Farné, Granados y Vergara, 2006). Como resultado, el desempleo se ha mantenido en niveles cercanos al 11 %, la informalidad asciende al 51 % y el subempleo al 31 % (DANE, 2012a).

Si se evalúa el grado de realización del derecho al trabajo en Colombia desde el punto de vista de 1) salario justo, 2) seguridad social de los trabajadores, 3) número adecuado de horas trabajadas, 4) existencia de contratos formales escritos y 5) condiciones adecuadas del lugar de trabajo, solo el 23 % de los asalariados del país y el 3,6 % de los independientes cumplen con las cinco condiciones expuestas (del total de ocupados en Colombia, el 46 % son asalariados, el 47 % son independientes y el 7 % son trabajadores sin remuneración). Es decir, del total de ocupados en Colombia solo el 26,6 % cumple con las condiciones de un trabajo digno, el 41 % no cumple con ninguna de las cinco condiciones y el 32 % cumple solo alguna o algunas de ellas. Esto sin olvidar que en Colombia solo el 24 % de la población económicamente activa está afiliada de manera activa al sistema de pensiones y que solo el 25 % de las personas en edad de pensión acceden efectivamente a su derecho (Garay, 2005).

Además de causas estructurales, este panorama de precarización laboral e informalidad es el resultado de las políticas antiinflacionarias y de flexibilización laboral impulsadas por el Gobierno colombiano desde 1990. Por una parte, las reformas laborales de 1990 (Ley 50) y 2002 (Ley 789), destinadas a reducir los costos del trabajo como medio esencial para crear empleo, han terminado por precarizar el mundo del trabajo y ampliar las brechas salariales y de empleo entre hombres, mujeres y jóvenes. Por otra parte, la política de lucha contra la inflación se ha sustentado en lógicas de contención salarial que impiden que a los trabajadores se les retribuya su aporte al mayor crecimiento económico y a la mayor productividad de la economía (Moreno, 2012). Las políticas estatales de flexibilización laboral y contención salarial explican también porqué el salario mínimo no es suficiente para posicionar a una familia colombiana promedio por encima de la línea de pobreza (Bonilla, 2007).

Por eso la estructura ocupacional en Colombia no solo está entre las más inequitativas de la región, sino que la situación ha tendido a empeorar con el tiempo. Mientras que en el año 2001 el 40 % más pobre de la población percibía el 11,3 % del total de ingresos laborales, en el año 2008 pasó a tener que sobrevivir apenas con el 8,1 % de esos ingresos. En estas condiciones, el mercado laboral no está contribuyendo a una reducción acelerada de la pobreza, sino, antes bien, a su perpetuación (DeJusticia, 2012).

Sin embargo, es la población desplazada la más fuertemente afectada por las dinámicas de inseguridad económica y desprotección ya señaladas. En efecto, aunque para el año 2010 la tasa de desempleo entre los desplazados alcanzaba el 8 %, la precarización era extrema7: el 95,9 % de los desplazados ocupados se encontraba en la informalidad, solo el 9,5 % tenía seguridad social (cobertura de riesgos profesionales, acceso a salud y afiliación al sistema de pensiones) y únicamente el 11 % percibía ingresos mensuales iguales o superiores al salario mínimo mensual legal vigente. Más aún, el 58,7 % de las personas desplazadas ocupadas percibía menos de medio salario mínimo, lo cual resulta más dramático si se tiene en cuenta que la tasa de dependencia económica es de 4,5 personas en promedio por persona ocupada (4,3 cuando la cabeza del hogar es hombre y 4,7 si es mujer) (Garay, 2011a).

Es decir, aunque la desocupación que golpea a los desplazados es menor que el promedio nacional, su precariedad es mucho más aguda en términos de condiciones dignas de trabajo y disfrute de ingresos que ubiquen a sus familias por encima de las líneas de pobreza e indigencia.

3) Los procesos de no generación o eliminación de oportunidades representan un ejemplo de la situación 8 del Cuadro 3. Se caracterizan por el bloqueo de dinámicas de movilidad social ascendente y por la clausura de mecanismos maximalistas de creación de oportunidades y procesos de movilidad entre generaciones.

Las lógicas de violencia socioeconómica no surgen solo de las disputas por la tierra (medios de producción) o la precarización del mundo del trabajo (medios de empleo de calidad): surgen de la política social misma. Al respecto, es importante anotar que desde la década de 1990 en Colombia se ha implementado un modelo de política social neoasistencial fundado en la instauración de cuasimercados para la asignación de bienes públicos, la focalización, los subsidios a la demanda, la inversión en "capital humano" y el "manejo social del riesgo". Este modelo, más que intentar incidir en las relaciones sociales que producen y reproducen la pobreza y la desigualdad, ha asumido un carácter residual y compensatorio en el cual los pobres se convierten en los gestores de su propia pobreza (Giraldo, 2007).

Vale subrayar de nuevo la manera como las lógicas de violencia socioeconómica se traducen en dispositivos mediante los cuales no se garantiza -o se lleva a un límite de posible negación- la reproducción de la vida y la integración social. Así, bajo las políticas neoasistenciales de la política social:

No se trata de aumentar el bienestar de los ciudadanos, sino de mantener a los trabajadores, los no trabajadores y los ciudadanos en un umbral, en la línea de flotación de la vida. La promoción de la vida en los niveles básicos coloca a este nuevo arte de gobernar produciendo vida también, pero no en términos de [sic] un máximo razonable de "bienestar" [...] sino en los mínimos básicos casi a escala animal (Álvarez, 2005: 269).

La profundización del modelo de política social asistencial ha implicado la emergencia de nuevas prácticas gubernamentales que, en relación con la fuerza de trabajo y sus condiciones de vida, pueden comprenderse desde el punto de vista del continuum normalización-exclusión-extinción. Este proceso implica el abandono de las formas de normalización tradicionales y el tránsito del Homo faber al Homo sacer. éste es el término con que se designa "una vida absolutamente expuesta a que se le dé muerte, objeto de una violencia que excede la esfera del derecho y del sacrificio [...] una vida a la que se puede dar muerte lícitamente" (Bialokowsky, 2008: 153).

Dicho continuum entiende, metafóricamente, el concepto de biopolítica de Foucault (2006), para comprender las regulaciones del hacer vivir y dejar morir y para incluir la emergencia de formas tanatopolíticas del hacer extinguir. Con estos enunciados se hace referencia a las prácticas y procesos sociales en los que se gubernamentaliza la imposibilidad de habilitar la fuerza de trabajo empleable valiéndose de procesos de segregación espacial (guetificación), gestión punitiva de la pobreza (gestión penal), invisibilización y fragilización de los cuerpos (Figura 2).

Esta dinámica se ha acompañado de un proceso de individualización de los riesgos y de la sacralización de los derechos de propiedad por encima de los derechos de ciudadanía. Dentro de las obligaciones del Estado, entonces, la seguridad se restringe a su connotación civil y descuida su dimensión social:

El supuesto nuevo rol [sic] del Estado sería velar por el orden legal, que diera certidumbre y seguridad, defendiendo los derechos de propiedad, olvidando también que la otra cara de la certidumbre se genera mediante el establecimiento de medidas positivas para la distribución de la renta, así como para la puesta en marcha de los servicios colectivos (Vite, 2007: 128).

Los resultados de este tipo de políticas son en verdad perversos: desigualdad en la oferta y en la calidad de los servicios de salud, inequidades profundas entre los sectores privado y público en materia de calidad educativa primaria y secundaria, oferta y acceso precario y de baja calidad a la educación superior y escasa oferta de vivienda de interés social (Garay, 2005).

En el caso específico de la población desplazada, en 2010 el 97 % de los hogares con desplazados eran pobres y el 75 % se encontraban en situación de indigencia. Así mismo, desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas(vivienda y servicios inadecuados, hacinamiento crítico, inasistencia escolar, gran dependencia económica), se encontró que el 47 % de los hogares desplazados eran pobres (porque padecían de alguno de dichos problemas) y el 19 % se encontraban en situación de miseria (porque padecían de dos o más) (Garay, 2011a).

Ahora bien, si se analiza el índice de condiciones de vida (compuesto de los factores de acceso y calidad de los servicios de la vivienda, educación y capital humano, tamaño y composición del hogar y calidad de la vivienda), el indicador para los hogares desplazados era de 66,5 en 2010. Es decir: si se tiene en cuenta que el Programa Nacional de Desarrollo Humano propuso un mínimo normativo de 67, que intenta recoger lo establecido por la Constitución Política colombiana en 1991 en cuanto a materialización de derechos básicos, es claro que la población desplazada se encuentra por debajo de dicho umbral.

Por último, para valorar el grado de cumplimiento de los derechos que la Corte Constitucional ha exigido que se le restablezcan a la población desplazada, se definió una serie de indicadores llamados de goce efectivo de derecho (en materia de ayuda inmediata, atención de emergencia, identidad, educación, seguridad alimentaria, salud, generación de ingresos y vivienda). Si el grado de cumplimiento de dichos derechos se evalúa entre 0 y 5, siendo 5 la máxima posible, destaca que las autoridades públicas encargadas de hacer cumplir los derechos de los desplazados han incumplido su obligación. En ninguna región de Colombia la valoración final -que es un promedio simple de los ocho indicadores de cada derecho- es igual a 3,0. Para todo el país la nota final fue 2,5, que podría interpretarse como que los derechos se estaban garantizando en 50 % de lo exigido, grado de cumplimiento que puede considerarse bastante deficiente. Específicamente, los indicadores que muestran algún grado de cumplimiento más o menos aceptable (superior al 70 %) son el derecho a la identidad, la educación y la salud. Los indicadores de seguridad alimentaria, atención de emergencia y vivienda están por debajo del 50 %. Por último, los indicadores de ayuda inmediata y generación de ingresos son lamentables, pues muestran un grado de cumplimiento inferior al 20 % (Muñoz y Pachón, 2011).

Hasta el momento ha quedado claro cómo la violencia socioeconómica surge en contextos de carencia de medios o combinación de medios precarios (de producción, de empleo y de vida), que provocan grados diversos de vulnerabilidad social y que golpean de manera desproporcionada a las familias desplazadas. No obstante, en la sección tercera del artículo también se ha anotado que la violencia socioeconómica suele acompañarse de lógicas de violencia física. En el caso del desplazamiento forzado, el conflicto armado atraviesa o explica las lógicas de vulnerabilidad extrema asociadas al despojo, la inseguridad económica, la falta de protección social y la ausencia de oportunidades. Sin embargo, la violencia socioeconómica en Colombia se acompaña también de otra lógica de violencia física y simbólica: los procesos de criminalización y eliminación de los movimientos sociales y populares presentes en los conflictos distributivos.

En efecto, en el sector rural, por ejemplo, el despojo de tierras ha implicado el uso de la violencia privada y, desde el Estado, la identificación de la protesta campesina con la lucha guerrillera. Al respecto, Reyes (2009) señala que han sido dos los errores históricos del Estado en Colombia: 1) aplastar con represión militar las movilizaciones pacíficas de las organizaciones campesinas y por tanto cerrar la vía reformista, para enfrentar, a cambio, la lucha insurgente de las guerrillas, y 2) auspiciar la creación de ejércitos privados para defender la propiedad cuando la tierra estaba pasando a manos de los narcotraficantes. Así:

Aunque la lucha campesina por la tierra y la lucha guerrillera por el poder fueron fenómenos diferentes y hasta opuestos, o al menos sustitutivos, los grandes propietarios y los jefes paramilitares los identificaron en una sola amenaza común, de manera que la lucha militar contra las guerrillas fue aprovechada por los terratenientes para eliminar y desplazar a los líderes sociales del campesinado (Reyes, 2009: 150).

Este tipo de violencia se presenta también en el contexto de las luchas obreras y populares en Colombia. En efecto, la criminalización y el uso de la violencia contra el movimiento sindical han sido históricamente recurrentes, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. Diversas fuentes atestiguan que entre 1984 y 2010 han sido asesinados al menos 2.865 sindicalistas (PNUD, 2011b).

El paramilitarismo (en asocio con compañías multinacionales y la fuerza pública) y la impunidad -que alcanza el 90 % en los casos de violencia y violaciones de los derechos humanos y colectivos de los trabajadores- son responsables no solo de la vulneración directa del derecho a la vida, a la libertad personal y a la integridad física de los sindicalistas, sino también, en parte, del origen de la debilidad de la estructura sindical, ya que en Colombia solo el 4,6 % de la población económicamente activa está afiliada a algún sindicato (Carrillo y Kucharz, 2006).

Por otra parte el ejercicio de la violencia física contra defensores de derechos humanos también ha sido recurrente. En efecto, entre 2002 y 2011 se llevaron a cabo 1.470 agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia. De las 239 agresiones que se presentaron en 2011, 49 fueron asesinatos. Así mismo, 116 organizaciones sociales y de derechos humanos sufrieron en 2011 algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros. Cabe subrayar también que los ataques contra los líderes (tanto hombres como mujeres) de los movimientos de desplazados, que reclaman la restitución de sus tierras, constituyen un motivo de especial preocupación. Así, en 2011 fueron asesinados al menos 28 líderes campesinos, víctimas de desplazamiento y despojo, vinculados a procesos de restitución de tierras (Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2012).

Esta situación es una prueba de la constante revictimización a la que es sometida la población desplazada: de acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas (2011), en el período comprendido entre el 1o de enero de 2007 y el 31 de agosto de 2011, 267 personas en situación de desplazamiento forzado fueron víctimas de violaciones del derecho a la vida. Y en los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (101 víctimas), el 74,26 % de ellos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 15,84 % (16 víctimas), y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares, el 58,42 % (59 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la autoría del 25,74 % de los casos (26 víctimas).

De esta manera se comprueba la existencia de diversas lógicas de violencia socioeconómica en Colombia (despojo, inseguridad económica, falta de oportunidades) y el efecto de dichas lógicas sobre el desplazamiento y la población desplazada. Dichas formas de violencia coexisten y se intensifican con el ejercicio de la violencia física sobre aquellos sujetos individuales y colectivos que, mediante la movilización, la denuncia y la visibilización de conflictos, intentan denunciar, transformar o erradicar las causas profundas de dicha tragedia humanitaria. La situación de violencia (o violencias) a la que son sometidas las personas desplazadas obedece a lógicas que van más allá de la violencia física y la confrontación armada y que, por tanto, no pueden resolverse solo mediante garantías de mayor seguridad, sea que se conciba como un fin en sí misma o como el medio más efectivo para alcanzar la prosperidad económica y el bienestar social. ¿Qué implicaciones prácticas tienen estas afirmaciones para construir la paz en Colombia?

A MANERA DE CONCLUSIÓN: VIOLENCIA SOCIOECONÓMICA, JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

El desplazamiento forzado constituye una tragedia humanitaria atravesada por lógicas de violencia física, socioeconómica y simbólica. Su origen puede encontrarse en la convergencia de tres factores: 1) la persistencia de conflictos estructurales de la sociedad colombiana (conflicto agrario y armado), 2) la profundización de un modelo de especialización económica y política social que agrava conflictos distributivos asociados con el despojo, la inseguridad económica, la desprotección social y la falta de oportunidades, y 3) la negación o invisibilización de dichos conflictos de parte de un discurso que, por un lado, privilegia la seguridad y el fin de la violencia física como medio por excelencia para acabar el conflicto armado y alcanzar el crecimiento económico y el bienestar social, y por otro, llega a justificar lógicas de violencia física y simbólica contra los movimientos y las luchas sociales y populares que hacen presencia en los conflictos distributivos.

En este contexto, la violencia socioeconómica puede comprenderse como el conjunto de relaciones sociales y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida. El ejercicio de la violencia socioeconómica implica que los mecanismos de regulación de los conflictos relativos a la producción y redistribución del ingreso y la riqueza abandonan el horizonte de protección e integración social y provocan situaciones de "vida nuda", es decir, situaciones en las que los individuos y los grupos sociales se ven desprovistos de todo derecho humano elemental o se sitúan en el borde de esta condición. La imposición de obstáculos a la reproducción de la vida o la extensión de situaciones de "vida nuda" constituye una negación de los principios fundacionales del gobierno de las poblaciones y de la edificación de los sistemas modernos de protección social.

Este concepto de violencia socioeconómica tiene varias virtudes teóricas y prácticas. Por una parte, facilita la comprensión de las diversas formas que puede asumir la violencia como relación social. Además, puede servir de base para responder a la pregunta sobre cómo establecer vínculos entre procesos de justicia distributiva y procesos de justicia correctiva8. En efecto, el concepto de violencia socioeconómica permite definir acciones en las que la búsqueda de justicia correctiva y justicia distributiva se complementen y no sean sustitutas. Es, por consiguiente, un concepto que permite diseñar "acciones correctivas que miran hacia adelante": el fin de la violencia socioeconómica en Colombia (es decir, de las lógicas de despojo, inseguridad económica y falta de oportunidades) constituye un principio de justicia correctiva que beneficia a la población en situación de desplazamiento y que avanza, simultáneamente, en la consolidación de un sistema socioeconómico más justo. En otras palabras: con el fin de la violencia socioeconómica se atacan o suspenden injusticias que causan la guerra (desigualdad, pobreza y profundización de modelos de desarrollo que agravan dichas situaciones) e injusticias provocadas por la guerra (desplazamiento, vulnerabilidad socioeconómica extrema).

Por otra parte, el vínculo que se ha establecido entre conflicto(s) y violencia(s) permite pensar que la paz en Colombia, más que la ausencia de conflictos, implicará la visibilización, reconocimiento y cualificación de aquellos impidiendo que se vean atravesados en su dinámica o resolución por lógicas de violencia física, socioeconómica o simbólica. En eso consistiría la definición de una agenda mínima de paz: en un compromiso de la sociedad colombiana relativo a la suspensión de la(s) violencia(s), como un primer paso para avanzar en la construcción de la paz, pues esta, mucho más compleja, va más allá de la búsqueda de la estabilidad política y social e implicará la emergencia y reconocimiento de conflictos cuyo horizonte de justicia y regulación trascienden las demandas e intereses más inmediatos relativos a la suspensión de las violencias y visualizan posibilidades de transformación de las instituciones y relaciones sociales que producen la(s) violencia(s).

Lo dicho sugiere que en el plano socioeconómico y de la justicia social la construcción de paz implicará, por un lado, suspender todas las situaciones de "vida nuda" (que sería el objetivo esencial de una agenda mínima de paz) y, por otro, visualizar líneas de transformación social que cuestionen, por ejemplo, ciertas formas de propiedad privada o pública y todo el entramado institucional y jurídico que las protegen (es decir, de avances en procesos de construcción de paz). La Figura 3 ilustra este esquema para el caso específico del desplazamiento forzado.

La construcción de paz combina, entonces, elementos relativos a la paz y al desarrollo con justicia social (Rettberg, 2012; Barnett, Kim, O'Donnell y Sitea, 2007). Sin embargo, es necesario trasladar el acento desde los objetivos de estabilidad y fin de la violencia física que muchas veces dominan los conceptos y discursos sobre construcción de paz hacia el imperativo de la visibilización y cualificación de los conflictos. Es decir: si bien es claro que el fin de la guerra no significa construcción de paz, también es necesario insistir en que la construcción de paz no debe significar el fin de los conflictos. El grado de democracia de una sociedad se mide según la posibilidad de visibilizar sus conflictos y su capacidad para que estos se regulen con grados mínimos o inexistentes de violencia y desigualdad (Melucci, 1999). El fin de la(s) violencia(s) y la construcción de paz es, por tanto, profundización de la democracia.

NOTAS AL PIE

2 Otras investigaciones confirman esta tendencia: "La concentración de la propiedad rural en Colombia aumentó en el período comprendido entre 2000 y 2009 [...] el Gini de tierras se incrementa de 0,85 a 0,86. Al calcular la concentración no solo por el aumento en el tamaño de cada predio particular sino por la adquisición de varios predios no necesariamente adyacentes, la tendencia creciente del Gini se acentúa, en particular a partir de 2005. En 2000, el Gini de propietarios era 0,86 y en 2009 asciende a 0,88. Si bien el incremento no pareciera significativo, es importante realizar dos aclaraciones. Primero, un valor de 0,88 es el valor más alto alcanzado hasta ahora en Colombia desde que se están calculando mediciones. Segundo [...] durante 30 años el Gini de tierras disminuyó 0,03 y en un período de nueve años este aumentó en 0,02. Al controlar por la calidad de la tierra, se encuentra que los Ginis descienden levemente, pero la tendencia persiste. Ello implica que la concentración de la propiedad se ha presentado en regiones con tierras de una menor calidad. La brecha entre el Gini de tierras y el Gini de propietarios se amplía de manera significativa a partir de 2005 y en 2009 alcanzaba un valor de 0,03. La diferencia entre el Gini de tierras y [el] de propietarios denota que la concentración de la tierra surge por el crecimiento de predios y por la compra de nuevos predios por pocos propietarios. La ampliación de dicha brecha a partir de 2005 revela una expansión significativa de este fenómeno" (Ibáñez y Muñoz, 2010: 298).

3 La metodología para construir este índice de violencia se presenta en el Anexo 1.

4 Tal es el caso de la población desplazada en Colombia: "Quienes son obligados a salir de sus regiones por la fuerza de las armas, en el marco de la guerra irregular en Colombia, no solo son despojados de sus derechos civiles y políticos y desconocidos en su condición de población civil, sino que también son sometidos a un paulatino y dramático deterioro de su calidad de vida. En otras palabras, son desplazados sometidos a una crítica situación de vulnerabilidad de sus derechos económicos, sociales y culturales [...]. Los hogares que abandonan sus propiedades en las zonas rurales y rompen abruptamente sus posibilidades de subsistencia, que modifican drásticamente sus entornos socioespaciales y socioculturales y que se enfrentan a una realidad urbana hostil y desconocida, resumen la crisis humanitaria generada por el conflicto y plantean el desafío de una catástrofe social como consecuencia del despoblamiento del campo y la dramática disminución de la producción agropecuaria, el desempleo, la competencia por precarias viviendas, la negación de la educación y la salud como derechos básicos, la incertidumbre colectiva que surge de la continuidad de la guerra y la ausencia de garantías para los civiles" (Codhes, 1999: 1).

5 El acceso incondicional a los medios de vida garantizaría por sí mismo la reproducción de la vida. Sin embargo, esta posibilidad se ha eliminado en este análisis en particular, pues hasta el momento ningún modelo de Estado del bienestar (ya sea conservador-continental, liberal-anglosajón o socialdemócrata-escandinavo) garantiza los medios de vida, sino mediante el acceso a los medios de empleo o los de producción (Esping-Andersen, 2000). Es en este punto donde cobran sentido las teorías que defienden una renta básica de ciudadanía individual, universal e incondicional, pues esto implicaría el acceso de medios de vida sin la necesidad de acceso a los de producción o los de empleo (van Parijs, 1996).

6 Otros análisis reafirman la magnitud del despojo: "A finales de 2008, cerca de 2,8 millones de campesinos habían sido expulsados violentamente de sus territorios. Más de la mitad de la población desplazada, 55,4 %, tenía acceso a la tierra antes de la migración forzada y el tamañopromedio de esos predios asciende a 13,2 hectáreas. Los predios abandonados o pérdidas de la población desplazada son, en muchos casos, imposibles de recuperar pues solo un 31,2 % cuenta con título formal de propiedad, un 12,8 % aún controla su predio de alguna manera y un 25,8 % considera posible recuperar el predio tras el retorno. Como consecuencia de lo anterior, cerca de 1,8 millones de hectáreas han sido abandonadas o usurpadas, es decir [,] 2,5 veces la cantidad de tierras entregadas por programas de reforma agraria entre 1993 y 2002" (Ibáñez y Muñoz, 2010: 292).

7 Sin embargo, la incidencia del desempleo es más fuerte en el periodo inmediatamente posterior a la ocurrencia del desplazamiento. De acuerdo con Ceballos (2012), después de un año de ocurrido el desplazamiento, las tasas de desempleo de los hogares desplazados alcanza el 16 %.

8 Elster (2010) y Kalmanovitz (2010) consideran que estos conceptos de justicia pueden ser contradictorios o sustitutos, pues la justicia correctiva (o transicional), al concentrarse en las injusticias causadas por la guerra, mira hacia el pasado, puede tener una clara tendencia individualista y llevar a la reconstrucción de órdenes sociales injustos (porque se puede reparar a ricos y pobres de manera similar). Al contrario, la justicia distributiva (o social) -que se concentra en las injusticias que causaron la guerra- mira hacia el futuro, planteando la necesidad de establecer un orden socioeconómico más justo e igualitario y sustentado en arreglos institucionales que involucren colectivamente a la sociedad. El dilema se presenta, según dichos autores, cuando los recursos de los que dispone una sociedad son escasos y debe elegirse entre reparar o reconstruir el orden destruido por la guerra o edificar un nuevo orden sustentado en principios de justicia redistributiva. Elster (2010) considera que ambos tipos de justicia son esenciales para conseguir una paz estable y duradera. Kalmanovitz (2010) insiste en la necesidad de establecer formas de complementariedad en las que, sin embargo, la justicia correctiva esté sometida a principios de justicia distributiva.

ANEXO 1

Construcción índice de violencia

El índice de violencia es un índice compuesto de los indicadores simples de violencia presentados en el Cuadro 1. Siguiendo la metodología presentada por Sen (1994), el índice de violencia se construyó de la siguiente manera:

Índice de violencia = f (Número de homicidios por cada 100.000 habitantes, Tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, Casos de atentados terroristas, Número de víctimas de homicidios colectivos, Casos de homicidios colectivos).

Los datos se normalizaron de la siguiente manera:

Donde

Xi representa el valor a normalizar;

Xmin* representaría con un valor de cero (0) una situación de no violencia;

Xmax representa el valor más alto alcanzado por la variable a lo largo de la muestra;

Xmin representa el mínimo alcanzado por la variable a lo largo de la muestra. A cada uno de los cinco componentes del índice se le asignó la misma ponderación 0,20 (es decir, 1/5).

Así las cosas, el índice de violencia es igual a la suma de cada uno de los valores normalizados, multiplicados por 0,20.

El valor numérico más alto del indicador refleja mayor nivel de violencia en Colombia. Un índice de violencia cercano a cero (0) implicaría, por ende, el declive de la violencia relativa a homicidios, atentados terroristas y homicidios colectivos en Colombia.


REFERENCIAS

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