Introducción

En este artículo analizamos la pugna que se desarrolló alrededor del indulto otorgado a Alberto Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a fines de 2017, en Perú. De manera particular, el análisis se centra en analizar la apropiación del discurso de los derechos humanos en el contexto de un evento altamente contencioso. Planteamos que el indulto se constituyó en un acontecimiento (^{Badiou 2005}), es decir, en un punto de inflexión revelador de un campo de disputa que se hizo particularmente visible en los esfuerzos por fijar el significado de la idea de la reconciliación, idea enunciada de manera formal por primera vez en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003. ¿Por qué es este un acontecimiento importante en la política peruana? ¿Qué tipo de discursos y reacomodos políticos ha generado? ¿En qué términos se dan la disputa por la memoria y las consecuencias políticas del conflicto armado interno (CAI) en Perú hoy? ¿Cómo se vincula la disputa por la memoria, en el terreno discursivo, con el proceso político de la democracia?

Para dar respuesta a estas preguntas tomaremos el caso del indulto a Alberto Fujimori como un evento ejemplar para reflexionar sobre los discursos que se están construyendo sobre memoria y reconciliación en tiempos de pugna abierta por los significados de los hechos, un tiempo de posverdad en el que “la verdad de los hechos” se disputa abiertamente en medios masivos de comunicación recurriendo a prácticas de desinformación y tergiversación que apelan a prejuicios y emociones con el fin de alterar el sentido original de los eventos en contienda (^{Fowks 2018}).

El artículo se centra en un estudio de caso y se distancia de los estudios comparados para poder profundizar en el contexto que le da sentido a la disputa por los significados. El análisis del indulto como acontecimiento mostrará cómo las luchas que se dan en el terreno político trascienden lo simbólico, ya que no sólo se busca imponer un discurso sobre otro, sino también ciertas voces y memorias sobre otras, así como hegemonizar la narrativa propuesta por la CVR. No se trata simplemente de sustituir un discurso por otro sino de dotar de sentidos distintos a hechos que aparecían como incuestionables luego de haberse establecido como tales en procesos judiciales previos.¹ Aquí la simbolización emerge como un rompecabezas que se va armando y que en algunos casos no sólo tiene sentido discursivo. Lo que se busca es apelar a otras subjetividades para contar la historia en su justa medida. De esta forma, el caso permitirá entender las disputas por la memoria histórica y, de manera particular, por controlar la narración sobre la historia reciente del país.

Planteamos que el marco significante del indulto como acontecimiento es el proceso de transición democrática iniciado en el año 2000 en Perú, y que el indulto constituye un punto de quiebre del proceso político de reinstitucionalización de la democracia. El indulto es un punto de inflexión en el que las batallas por la memoria del conflicto armado interno se vinculan de manera directa a la estabilidad del sistema político. El acontecimiento del indulto precipita una crisis política en la que la pugna por el poder se desarrolla también como una lucha por fijar el significado del evento, por darle legitimidad a una transacción oscura que involucra los más altos niveles de poder gubernamental. Durante el momento crítico, el lenguaje de la memoria ocupa el espacio del discurso político, y la idea de reconciliación tiene un lugar central, tal y como se verá en el análisis desarrollado en el artículo. En la pugna por la fijación del sentido se revelan estructuras significantes, usualmente poco visibles, que aluden directamente al carácter que ha adquirido lo político y a su vaciamiento de sentido democrático.

Al caer la tarde del 24 de diciembre de 2017, cuando las familias se preparaban para la cena navideña, letras rojas a manera de flash informativo daban cuenta de que el presidente Kuczynski había otorgado el indulto y la gracia presidencial a Alberto Fujimori Fujimori. El tema del indulto había estado en la agenda política peruana desde el mismo día que el expresidente Fujimori (1990-2000), acusado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, fue sentenciado, en abril de 2009.² Ocho años después, sin cumplir siquiera la mitad de la condena o el pago de la reparación civil, Alberto Fujimori fue indultado apelando a argumentos humanitarios y beneficiado con una gracia presidencial que podría prevenir su juzgamiento en nuevos casos de lesa humanidad en su contra.³ Así, eximido de toda responsabilidad dejó la clínica privada donde había sido hospitalizado antes de recibir el indulto para alojarse en un barrio de clase alta en el este de la ciudad de Lima.

El hecho se vivió como una traición a los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, y también a los electores del presidente Kuczynski, que entre marzo y mayo de 2016 se movilizaron activa y públicamente para impedir la elección de Keiko Fujimori, hija del expresidente y lideresa del fujimorismo, que en repetidas oportunidades había demandado la liberación de su padre. En efecto, la elección de Kuczynski fue muy ajustada (un mero 0,24% de votos le dio la victoria final), luego de una dura campaña en la que Keiko Fujimori había liderado de manera consistente las encuestas hasta sólo cuatro días antes de la elección presidencial de 2016. Su partido, Fuerza Popular, había ganado la primera vuelta electoral obteniendo mayoría absoluta en el Congreso de la República, con 73 de los 130 escaños. La consecuencia directa de este resultado era que en un sistema multipartidario de representación proporcional, un solo partido tendría amplios poderes para presidir las comisiones legislativas, aprobar propuestas de ley de manera unilateral, bloquear iniciativas del Poder Ejecutivo, e incluso reformar la Constitución con mínimo apoyo adicional. Entre los factores que mejor explican la victoria final de Pedro Pablo Kuczynski es necesario mencionar las masivas movilizaciones en Lima y varias regiones del país organizadas por el movimiento de derechos humanos contra la candidata del fujimorismo y las graves denuncias de vínculos con el narcotráfico que caían sobre el partido Fuerza Popular.⁴

Días antes de la segunda vuelta, el candidato Kuczynski había señalado que se comprometía a respetar el Estado de derecho y no otorgar el indulto a Fujimori. Sin embargo, en la Nochebuena de 2017, en un escueto mensaje televisado, el entonces presidente Kuczynski recurrió a la palabra “reconciliación” para justificar el indulto señalando que era un primer paso hacia la necesaria reconciliación nacional, una decisión que tomaba por el bien de la patria. Las reacciones no se hicieron esperar, y esa misma noche y al día siguiente, 25 de diciembre, hubo protestas en las calles de Lima y otras ciudades del país que se prolongaron también en los primeros meses de 2018.

El indulto generó así un momento político crítico que puso en vilo al Gobierno. Apelando paradójicamente al lenguaje de reivindicación de los derechos humanos, asociado más bien con las organizaciones de víctimas y familiares que por décadas habían demandado justicia al Estado peruano, el indulto provocó una crisis política que terminó con la renuncia del presidente, en marzo de 2018. Este acontecimiento hizo visible el intento de apropiación del lenguaje de la memoria por las élites políticas y económicas centradas en el Estado.

1. El indulto como acontecimiento

“Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también: Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba: Mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras”. Jorge Luis ^{Borges, “Funes el memorioso” (1982} [1944])

¿Por qué debe ser tomado como un acontecimiento el indulto a Alberto Fujimori Fujimori? ¿En qué sentido se puede decir que es un parteaguas o un punto de inflexión en un proceso político más amplio? Como hemos señalado en la introducción, el tema del indulto siempre estuvo sobre la mesa desde que Fujimori fue sentenciado a veinticinco años de prisión y una reparación civil de 27 millones de soles (aproximadamente 8 millones de dólares americanos). Después de la caída del fujimorato⁵ y la fuga del líder a Japón en el año 2000, el fujimorismo casi desaparece. Pero para el año de la sentencia se había ido recuperando hasta convertirse en una fuerza electoral y política importante que había tratado de forzar a los sucesivos gobiernos de Alan García⁶ y Ollanta Humala⁷ a liberar a Fujimori. La fórmula de la posible liberación se había discutido en distintos momentos: ¿indulto presidencial o anulación de la sentencia en la Corte Suprema? ¿Quizás una ley del Congreso para excarcelar a los ancianos enfermos? Tan omnipresente era el tema, que los candidatos de la elección presidencial de 2016 tuvieron que pronunciarse al respecto. Pedro Pablo Kuczynski, el candidato de derecha que pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, señaló claramente en 2016 que no indultaría a Fujimori.⁸ Un año y medio después rompió su promesa, a dos días de haber sobrevivido a un procedimiento de vacancia en el Congreso, generando reclamos indignados en la ciudadanía.

El juicio y la sentencia a Alberto Fujimori son parte de un caso emblemático de la administración de justicia en Perú, en un contexto de lucha por la impunidad en que la gran mayoría de casos judicializados por violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno no han podido alcanzar justicia, ni siquiera en un 20% (Defensoría del Pueblo 2013; ^{Macher 2014}). Así, los pocos casos en los que sí ha habido sanción efectiva se han constituido en casos emblemáticos y en formas de reparación y justicia simbólicas, aun si están lejos de cumplir con todos los requisitos que las sanciones demandan, como el pago de reparaciones civiles o las condiciones de encarcelamiento (Ilizarbe 2015, 243-247).

Entonces, aun si en general la administración de justicia señala una tendencia hacia la impunidad, algunos casos han sido apropiados por sectores de la sociedad como símbolos de la lucha por la justicia. En este contexto, el indulto a Fujimori debe ser entendido como la cancelación del emblema y del símbolo de la justicia posible y la consecuente generación de un espacio de litigio alrededor del evento.

Una segunda pregunta importante es: ¿cuál es el significado de un acontecimiento como este en una situación que parece ser de permanente crisis? Decir que se trata de un momento crítico significa indicar que es un momento de suspensión de aquello que parece instituido, un momento de potencial resignificación en el que se litiga alrededor del sentido mismo del “acontecimiento” (^{Milstein 2015}, 154-157). Así, la importancia del evento reside en que permite visibilizar los discursos, argumentos y orientaciones que provoca, así como los esfuerzos y las estrategias para darle curso fijo.

“El acontecimiento muestra lo que una época tiene de intolerable, pero también hace emerger nuevas posibilidades de vida”, dice Maurizio ^{Lazzarato (2017}, 46). Es decir que el acontecimiento revela la existencia de una problemática, de una tensión alrededor de un tema que puede ser redefinido, resignificado. Sitúa la pugna y la hace visible. En este caso, refleja lo que habían sido las elecciones de Ollanta Humala en 2011 y Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Los dos candidatos a la presidencia compitieron en segunda vuelta con Keiko Fujimori. En ambos casos sus candidaturas recibieron el apoyo de distintos movimientos de jóvenes estudiantes, sindicatos, agrupaciones diversas, concentrados en el colectivo “No a Keiko”.⁹ Esto refleja que las condiciones de la elección de presidentes en Perú, al menos en estas dos últimas elecciones, consignaron un fuerte voto antifujimorista. Esto nos ayuda a situar el acontecimiento en el terreno de la pugna política. Y es en este sentido que, como acontecimiento, designa un nuevo campo de lo posible, ya que este abre espacio para la acción política. Así, el indulto emergió como un momento en el que el lenguaje de la memoria fue puesto en el centro de la discusión pública, articulando narrativas confrontacionales no sólo respecto del pasado histórico reciente sino también del presente y sus exigencias en el campo político. El indulto constituye, así, un momento revelador de las tensiones y pugnas por darle sentido al lenguaje con el que se relata un hecho que ha de resignificar el propio relato sobre el conflicto armado interno y las posibilidades de la política democrática peruana.

Y, sin embargo, aunque un acontecimiento implica una apertura, se resuelve como un proceso de fijación de sentido, de estabilización del significado de aquello que se constituye en un “hecho” (^{Badiou 2005}, 191). Alain Badiou lo explica en relación con la historización: el proceso involucrado consiste en hacer legible y comprensible una secuencia errática e inconsistente de hechos, objetos y situaciones. Es decir, les otorga una lógica, un orden y una estructura a situaciones que no los tienen per se, que exceden la comprensión humana y que la adquieren sólo cuando se organizan selectivamente y se incluyen en una secuencia que se afirma en dos movimientos: la presentación de los hechos y su representación como acontecimiento (Badiou 2005, 94-99).

Esto quiere decir que la interpretación no es nunca libre o abierta. Podemos decir que el propósito final de quien logra fijar la estructura de significado del acontecimiento es generar el marco interpretativo que usarán quienes leerán e interpretarán el acontecimiento, o más bien, la narración del acontecimiento.

Badiou lo explica claramente cuando se refiere a la Revolución Francesa. Asumiendo como marco temporal el período 1789-1794 (un acto claramente orientado a fijar el sentido del evento, que por supuesto podría cuestionarse), Badiou encuentra que en ese periodo ocurren una serie de sucesos, pero sólo algunos de estos serán contados y ordenados en una secuencia por la persona que construye la historia, esto es, por quien logra situarse en el rol de historiador. En el proceso de filtrar los sucesos que formarán parte del acontecimiento se construye el evento como una estructura de sentido coherente que niega la multiplicidad inherente de la realidad. El concepto “revolución” es, en este caso, fundamental en la construcción de este acontecimiento particular: es a través de este sentido organizador que se ordenan todos los hechos, los actos, los actores, los símbolos y los objetos que explican lo sucedido (Badiou 2005, 180).

En este sentido, la interpretación de los lectores del acontecimiento se inscribe en el registro anterior de dos elecciones presidenciales en las que se eligió el “mal menor”. Así, cuando se otorga el indulto a Fujimori, la interpretación del hecho ya está prefigurada en la condensación de ciertas figuras e imágenes que actúan como pistas (previas) y que ayudan a identificar una hipótesis única. El indulto queda predefinido y su significado se fija en la interconexión de la pugna misma por los significados. Queda instituido como acontecimiento, ya que logra capturar la imaginación y la comprensión de los hechos de la audiencia a la que se dirige.

Badiou señala que esto se produce a través de la operación de contar, que tiene una doble acepción: 1) contamos cantidades de hechos/sucesos, y en ese proceso sustraemos porciones de lo que ocurre; y 2) narramos esa sucesión, y en ese proceso ordenamos y dotamos de sentido y significado al acontecimiento (2005, 185). El indulto pasará a ser contado de cierta manera; por ejemplo, desde el Gobierno se recurre al lenguaje de la memoria para subrayar la necesidad de una reconciliación nacional, mientras que desde los grupos y asociaciones de víctimas y el colectivo “No a Keiko” se prefiguró el lenguaje de la traición. En este vaivén de frases y gramáticas, algunos aspectos sobresaldrán más que otros y también presentarán sus propios excesos de significación.

El exceso es consustancial, inmanente, a la realidad. No hay manera de erradicarlo, por lo que siempre habrá sucesos que podrán ser incorporados luego a la narración; siempre podemos alterar las estructuras de sentido proponiendo lecturas y racionalidades distintas que cuestionen lo que ha sido establecido. El exceso de lo real implica que no puede ser representado en su multiplicidad y multidimensionalidad; la representación es siempre una selección. Contrario a lo que sucede con Funes el memorioso, para quien hacer memoria es reconstruir cada suceso ocurrido, la memoria supone una selección articulada por una lógica particular que siempre presenta el intersticio entre qué recordar y cómo recordarlo. Un ejercicio crítico necesario es entonces desnudar/revelar las operaciones a través de las cuales se instituye un orden político mediante la fabricación de los acontecimientos. Un segundo ejercicio crítico es apuntar a las narraciones que cuestionan estos regímenes de sentido para recuperar las tensiones del proceso de institucionalización de lo político.

2. Situando el indulto

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Karl ^{Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte (2003} [1852])

El indulto debe ser situado y contextualizado para poder ser analizado. Es necesario regresar a fines del siglo XX, esto es, el periodo cuando el gobierno de Alberto Fujimori se desplomaba en medio de una amplia deslegitimación, enfrentando graves evidencias de corrupción y crímenes de lesa humanidad, así como protestas sostenidas en las calles durante los tres años anteriores (Ilizarbe 2017). Es importante señalar que el fujimorato (es decir, el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000) cayó en medio de una profunda crisis de representación que alcanzaba no sólo al sistema de partidos que había funcionado durante la segunda mitad del siglo XX, sino también a las propias instituciones políticas (Ilizarbe 2016b). En adelante, y a pesar del proceso de transición democrática, la deslegitimación de las instituciones de la democracia se acrecentaría gobierno a gobierno.

La caída del fujimorato dio pie al gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua, cuya meta principal fue organizar elecciones democráticas para la Presidencia y el Congreso. El proceso electoral de 2001 fue impecable y le dio la victoria a Alejandro Toledo, quien había liderado la oposición a Alberto Fujimori en el 2000, tanto en la arena electoral como en las calles, a la cabeza de la multitudinaria Marcha de los Cuatro Suyos.¹⁰ Su gobierno se presentó como “de centro” y gobernó en la práctica sin partido político de respaldo pues la organización electoral que lo llevó al poder no tenía en realidad militancia, programa o ideario. Posteriormente, en 2006 fue elegido Alan García, con un discurso de “centro-izquierda” crítico de las élites económicas. García gobernó también alejado del Partido Aprista Peruano, que en la segunda mitad del siglo XX había sido un referente importante de la política nacional, pero que en el presente siglo había perdido programa, ideario y militancia de manera significativa. En 2011 fue elegido presidente Ollanta Humala; pese a ser catalogado como “de izquierda”, Humala, al igual que sus predecesores, también gobernó sin partido. En 2016 fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, con un discurso “de derecha”, para gobernar, como los anteriores, sin un partido que respaldara su administración.

Visiblemente, todos los gobiernos de la etapa postransicional presidieron en condiciones precarias al no tener el respaldo de partidos políticos, es decir, de organizaciones no sólo con membrete sino también con identidad, continuidad, programa y militancia (^{Sartori 1996}). Sin embargo, y en contra de sus promesas electorales, los cuatro presidentes gobernaron para asegurar la sostenibilidad del régimen neoliberal instaurado durante el fujimorato. Un pacto implícito para garantizar la continuidad del neoliberalismo se selló durante el proceso de transición. Este se hizo evidente en el propio Acuerdo Nacional, el espacio de diálogo y concertación instituido por el presidente Toledo en 2002 con diversos actores sociales, económicos y políticos para establecer “29 Políticas de Estado como base para la transición y consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a futuro” (Presidencia del Consejo de Ministros 2002, 11). El énfasis explícito del Acuerdo Nacional se hizo en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, pero de modo implícito respaldó la vigencia del régimen neoliberal instaurado formalmente por el fujimorismo en la Constitución de 1993. El fujimorismo se apoyó en el neoliberalismo, entendido como proyecto económico, político y cultural, así como en un silencioso proceso de reforma del Estado emprendido en 1992. Como señala ^{Rousseau (2012)}, el fujimorismo también se asentó en el desarrollo de prácticas populistas, que aseguraron el voto a Alberto Fujimori en las elecciones de 1995 y la fraudulenta tercera reelección del año 2000. De hecho, el Acuerdo Nacional no menciona la ruptura del orden constitucional en 1992 ni su recomposición en clave neoliberal a través de la promulgación de la Constitución de 1993.

Así, la transición peruana fue unidimensional: se pasó de un régimen autoritario a uno democrático, y a la vez se aseguró la continuidad del régimen económico que había empezado a imponerse desde 1991 con las políticas de liberalización del mercado que precedieron al autogolpe de 1992 y la Constitución de 1993. Durante el fujimorato, la concentración total del poder en el Ejecutivo y la instauración de un gobierno autoritario permitieron la institucionalización del neoliberalismo de arriba hacia abajo, por medio de la imposición y la fuerza. Los gobiernos democráticamente elegidos luego de la transición compartieron con el fujimorato, independientemente de sus adscripciones a programas de derecha, centro o izquierda, la defensa cerrada del “modelo” y las políticas económicas del neoliberalismo.

La imposibilidad de asegurar una real alternancia por la vía electoral reveló una dimensión extremadamente problemática del proceso político de reinstitucionalización de la democracia: que una comprensión liberal de la democracia, expresada de manera clara en el Acuerdo Nacional, en el marco de la institucionalización del neoliberalismo, condujo a la instauración de una democracia electoral centrada sobre todo en la implementación de reglas y procedimientos formales. Sin embargo, la profundización y expansión del neoliberalismo -a través de políticas de desregulación, de privatización, de fomento de atracción de capital corporativo internacional y priorización del crecimiento macroeconómico sin redistribución- alcanzaron también el espacio de la política. Dado que el espacio de la política se había reducido al campo de la competencia electoral, y que en este terreno ya no había propiamente canales de mediación política o partidos políticos que cumplieran esta función, la política electoral fue sometida también a un proceso de mercantilización. Tal y como varios autores han señalado, la racionalidad economicista del neoliberalismo colonizó asimismo el espacio de la política formal e institucional (^{Brown 2016}; ^{Gago 2015}; ^{Escalante 2016}). Lo que vemos también es la manera como esto despoja de recursos y estrategias al gobierno de Kuczynski, quien, con un partido con poca capacidad de gestión en el Congreso y débil aprobación, no contó con los recursos y estrategias adecuados para responder ante una crisis política. Se visibilizó la carencia de actores políticos que pudieran dar soporte para enfrentar la crisis.

Por otro lado, aunque la expansión del régimen neoliberal fue facilitada desde el espacio de la política formal, este encontró oposición en el terreno de lo social, en el que la politización de la sociedad y la autorrepresentación se transformaron en un obstáculo importante para los sucesivos gobiernos democráticos del siglo XXI, que en repetidas ocasiones encontraron en la sociedad movilizada una oposición efectiva con poder de veto (Ilizarbe 2016b). La oposición social también fue importante para evitar que el resurgimiento electoral del fujimorismo les permitiera llegar a la presidencia. El colectivo No a Keiko se formó en el 2009, con la misión explícita de impedir la victoria del fujimorismo en las elecciones presidenciales, y tuvo un rol definitorio en impedirlo consecuentemente en 2011 y 2016 (^{Fernández-Maldonado y Navarro 2016}). Asimismo, una amplia gama de colectivos y organizaciones sociales feministas, defensores de los derechos humanos, de asociaciones de víctimas del conflicto armado interno, ambientalistas, estudiantiles, entre otros, se plegaron a las movilizaciones contra el fujimorismo en las coyunturas electorales mencionadas. Sin embargo, aunque fueron clave para evitar el retorno del fujimorismo al Poder Ejecutivo, no lograron impedir su avance en términos de la representación en el Congreso y en los gobiernos regionales. Desde las calles se logró articular un movimiento reactivo y de defensa de la democracia en contextos electorales, pero no se generó una alternativa articulada que pudiera cubrir el vacío dejado por la crisis del sistema de partidos.

En el contexto de agudización de la crisis de representación descrito arriba, Kuczynski obtuvo una victoria ajustada sobre Keiko Fujimori, con sólo 42.597 votos de diferencia, es decir, 0,24% del total.¹¹ Este pequeño margen refleja varias cosas a la vez, en un complejo proceso electoral: en primer lugar, la fuerza electoral del fujimorismo, que lideró la intención de voto de manera sostenida y por amplio margen hasta apenas cuatro días antes de la elección. En segundo lugar, la fuerza del antifujimorismo, que congregó decenas de miles de personas y algunos partidos de oposición en las calles denunciando al fujimorismo como una fuerza antidemocrática, lo que finalmente inclinó la balanza electoral en contra del fujimorismo. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la precariedad del gobierno de Kuczynski, cuya victoria se concretó no porque su plataforma y plan de gobierno generaran apoyo, sino porque se convirtió en la única alternativa al fujimorismo en la segunda vuelta electoral. Esta precariedad se acentuó con la victoria del fujimorismo en el Congreso, donde obtuvo mayoría absoluta (73 escaños de un total de 130, es decir, más del 56% de escaños con menos del 24% de votos emitidos) gracias a las distorsiones del sistema electoral peruano.¹²

Dieciséis años después de la caída del fujimorismo, este estaba de regreso como principal contendor de un gobierno de derecha débil y en un contexto de aguda crisis política con respuestas que difícilmente podían ser canalizadas institucionalmente. En efecto, el gobierno de Kuczynski enfrentaría en los meses siguientes una oposición cerrada y sin tregua a sus más elementales decisiones gubernamentales desde el Congreso, para forzarlo a someterse a los designios del fujimorismo. A pesar de que el sistema político peruano es presidencialista y que la Constitución prevé una serie de mecanismos que aseguran la preeminencia de la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo sobre el Congreso, en la práctica el gobierno de Kuczynski fue forzado a operar como un gobierno bicéfalo, para luego ser finalmente acorralado y obligado a negociar la sobrevivencia del presidente a cambio del indulto a Alberto Fujimori.

La caída libre del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se produjo a fines de 2017, cuando debió enfrentar una moción de vacancia liderada por el fujimorismo, con apoyo de otras fuerzas de oposición. Una serie de denuncias de corrupción vinculadas al caso Lava Jato y a la empresa brasileña Odebrecht alcanzaron al presidente generando una situación crítica para el gobierno, que se resolvió con una transacción: votos congresales a favor del presidente Kuczynski, a cambio del indulto a Alberto Fujimori. Posteriormente, imágenes y audios de esas transacciones definirían la caída del presidente en los primeros meses de 2018,¹³ tal y como en su momento había ocurrido con el mismo Alberto Fujimori.¹⁴ En cierta forma, parecía una vuelta al pasado, pero no lo era. Como en la frase de Marx replicando a Hegel, no había sido un retroceso sino un grado mayor de decadencia. La política democrática, sus instituciones y sus actores aparecían de manera transparente como una versión farsada de las luchas que impulsaron la transición democrática dieciocho años antes.

3. Las luchas por la memoria

Mucho se ha escrito sobre la memoria como un terreno de disputas por la verdad, por quién llega a contar su verdad frente a otros (^{Hite, Collins y Joignant 2013}; ^{Jelin 2012}), sobre todo en el terreno cultural (Hite 2013; Jelin 2012; ^{Milton 2018}; ^{Ulfe, 2017}).¹⁵ Pero es también un espacio lleno de abusos de memoria (^{Todorov 2008}). Sin embargo, a lo que nos exponemos hoy va más allá del abuso de la práctica del recuerdo, del olvido y de la memoria. ¿Qué lo hace tal y cómo se manifiestan estas disputas que van más allá del terreno cultural y político para adentrarse en lo simbólico? ¿Qué es aquello que se disputa y cómo?

El 9 de junio de 2016, ya Pedro Pablo Kuczynski había sido electo presidente de Perú, pero aún no había asumido sus funciones. Este brindó declaraciones públicas a Semana Económica sobre el indulto a Fujimori, ante lo que respondió:

-¿Va a amnistiar a Fujimori?

-No.

-¿Lo va a mandar a su casa, en todo caso?

-Si el Congreso da una ley genérica -no puede ser una ley personal- para que gente en su condición cumpla el final de su sentencia en su casa, yo la firmaré. (^{Zegarra Mulanovich y Reyes Zamora 2016})

El diario Perú 21 registra una serie de declaraciones públicas en las que Pedro Pablo Kuczynski señala abiertamente que no dará indulto humanitario a Alberto Fujimori (^{Monzón Kcomt 2017}). Sin embargo, hacia octubre de 2017 sus expresiones cambian y pasa más bien a hacer una referencia a su salud y a su edad avanzada, “sean el señor Alberto Fujimori u otros. O sea, que tenemos que tener cuidado. No quiero un nuevo Leguía” (“PPK sobre Alberto Fujimori” 2017), en alusión al expresidente Augusto B. Leguía, que murió en prisión en 1932.

Sus palabras no fueron dichas en el vacío. Como se mostró en la sección anterior, en los últimos gobiernos el fujimorismo ha ido ganando en votos y espacios, y con Pedro Pablo Kuczynski llegaron a tener mayoría en el Congreso de la República. La luna de miel duró poco. Kuczynski asumió la presidencia el 28 de julio de 2016 y hacia diciembre de ese año congresistas del fujimorismo habían logrado la renuncia del entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra. El 2017 arriba con lluvias torrenciales en la costa norte que se sienten con mucha fuerza en la ciudad de Lima. Durante este periodo fueron varios los ministros que el grupo de parlamentarios fujimoristas lograron remover de sus cargos, e incluso Kuczynski tuvo que nombrar un nuevo gabinete ministerial. En este periodo el caso Lava Jato, por corrupción, también toma preeminencia.¹⁶ Desde su comisión, presidida por la congresista Rosa María Bartra, el fujimorismo se siente fuerte para pedir la vacancia presidencial por incapacidad moral, apoyados por el congresista Marco Arana, del Frente Amplio. El calor y el derrumbe que dejaron las lluvias del Fenómeno El Niño que asolaron esos meses al país también se sintieron en Palacio, y en diciembre de 2017 la solicitud de vacancia fue aceptada en el Congreso. Esta sería discutida el jueves 21 de diciembre de 2017.

Ese día Pedro Pablo Kuczynski llegó al hemiciclo temprano por la mañana junto con su abogado, Alberto Borea. Once horas después, y por un pequeño margen, el voto favorecía a Kuczynski. Diez congresistas fujimoristas del grupo de Kenji Fujimori se abstuvieron del voto y consiguieron la victoria del presidente. Kenji, hijo menor de Alberto Fujimori, siempre ha peleado por la libertad de su padre. Las alianzas y negociaciones entre el partido de Kuczynski y los aliados de Kenji rindieron sus frutos y tres días después Fujimori fue liberado.

La fotografía del hijo y el padre echado en una cama de hospital le dio la vuelta al mundo y significó la primera imagen en esta nueva etapa. Una imagen no son solo trazos desprovistos de reflexión; las imágenes constituyen en sí la reflexión, como diría ^{Didi-Huberman (2004)}. El cinismo se apoderó de la pantalla y era retratado en esa sonrisa. El hijo y el padre agradecieron por el gesto presidencial mientras en la calle el pueblo reclamaba al presidente por la traición.

Hubo una serie de movilizaciones que tomaron las calles de la ciudad. Fueron familiares de víctimas, especialmente de casos como Cantuta y Barrios Altos, que habían sido importantes para la sentencia a Fujimori, quienes organizaron la secuencia de marchas y protestas. Estas manifestaciones contra el indulto comenzaron el día que el presidente lo firmó, esto es, el 24 de diciembre de 2017, y se realizaron convocatorias periódicas hasta dos días antes que el tema del indulto se discutiera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hasta antes del 02 de febrero de 2018. Volveremos más adelante sobre este punto.

La noche del indulto, Pedro Pablo Kuczynski apareció en un escueto mensaje presidencial señalando que esta había sido “la decisión más difícil de mi vida”, agregando, “la justicia no es venganza […] Las heridas abiertas sólo podrán curarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de las que todos debemos formar parte […] No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es jóvenes del Perú, tu futuro” (“Indulto a Fujimori” 2017).

El discurso oficial recogía la palabra reconciliación y le colocaba un sabor a impunidad sellando así el pacto hacia el futuro. De esta manera, la memoria quedaba relegada al pasado y a lo que esta idea conlleva, que, en la línea de un economista y hombre de negocios como Pedro Pablo Kuczynski, alude a atraso y subdesarrollo. La memoria emerge percibida como lo que impide avanzar hacia el ansiado futuro, que es, además, el espacio de los jóvenes. Un ardid de palabras y términos para pedir que se voltee la página. Su mensaje da la pauta de lo que intentarán instalar como “verdad” oficial. Pocos días después, la primera ministra, la economista Mercedes ^{Aráoz, en una columna escrita el 07 de enero de 2018} en El Comercio, refería:

Entendemos que son decenas de miles las familias que aún hoy sufren, víctimas de la violencia política, y respetamos su infinito dolor. Los familiares de las víctimas de Lucanamarca, La Cantuta, Barrios Altos, la comunidad asháninca y los cientos de ciudadanos en todo el territorio nacional que se vieron afectados por esta guerra fratricida necesitan sentir que el país finalmente se enrumba hacia una ruta de la reconciliación. (^{Aráoz 2018}b)

Todas las víctimas caben en este párrafo. Homogeneizadas en su dolor, no hay diferencia en este párrafo sobre los actos en sí, como tampoco sobre quiénes fueron los perpetradores o sobre cómo sucedieron las historias particulares. Aráoz procedió a presentar una aprobación de 33 millones de nuevos soles para el programa de reparaciones económicas a las víctimas del conflicto armado interno. Lo que tanto habían peleado las asociaciones de víctimas se les hacía realidad, había un incremento del presupuesto del Programa Integral de Reparaciones, pero el costo era muy alto. Días después, en una entrevista en televisión nacional, la primera ministra dijo: “Necesitamos reconciliarnos, tomarnos de la mano y caminar adelante hacia el desarrollo. Es tiempo de que los peruanos demostremos que podemos trabajar juntos, que le demos la contra a la historia de polarización que tanto nos ha marcado” (“Aráoz sobre el indulto” 2018a).

^{Trouillot (1995)} ha escrito sobre la manera como sujetos, actores y agentes se enfrentan por el botín de la historia. El no-evento que había sido la independencia de Haití, y que ninguna corona ni ningún imperio tomaba en serio, había significado un enfrentamiento grande, donde unos héroes terminaron fosilizados en castillos, y sus nombres, confundidos.¹⁷ En el caso peruano, la historia aparece como un gran problema, y los pedidos de las asociaciones y los familiares de víctimas desde la creación del Programa Integral de Reparaciones en el 2006 aparecen como los no-eventos. Los montos en las reparaciones económicas ascienden a 10 mil nuevos soles (aproximadamente 3.000 dólares americanos), y desde el momento que estas comenzaron a entregarse, en julio de 2011, líderes de asociaciones de víctimas empezaron a discutir los montos y las formas como procedieron las entregas mediante el sistema de focalización, que traza una diferenciación entre causas, que se traduce, finalmente, entre sujetos y afectaciones (^{Ulfe 2016}).

Siguiendo la lógica de las columnas de opinión (Mercedes Aráoz) y discursos televisados (Pedro Pablo Kuczynski), la historia se erige en lastre y debe ceder para que la reconciliación (como desarrollo) tome la posta. Por ello es interesante que, además de las voces de la primera ministra y el presidente, algunos historiadores salieran a defender el indulto. El 30 de diciembre de 2017, Carmen Mc Evoy, una reconocida historiadora peruana que por años había enseñado en Estados Unidos, y quien ha escrito mucho sobre la guerra de Perú con Chile, salió a la palestra con una discutible columna de opinión publicada en El Comercio:

De esta Babel decembrina, que nos tuvo suspendidos en el tiempo, quedan dos palabras que ahora andan circulando y sobre las cuales sería bueno reflexionar detenidamente como sociedad: reconciliación y perdón. Nos han pedido perdón no con la fuerza y el verdadero respeto que merecemos pero el acto ha ocurrido, dos veces, y debe reconocerse. El perdón significa, sin embargo, reconocimiento de la falta y esta -no voy a entrar en detalles- fue gravísima porque nos quebró y nos sigue quebrando como nación y todavía no logramos recuperarnos de ello. (^{Mc Evoy 2017})

Al perdón subrayado por Mc Evoy, el historiador Carlos Contreras, investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos, añade:

Sin pretender discutir el lado jurídico de la sentencia contra Fujimori, pienso que esta fue excesiva dado el contexto de violencia política e inestabilidad en que ocurrieron los delitos, y su edad. Nadie duda de que lo ideal hubiera sido combatir al terrorismo con la legalidad y sin escuadrones de la muerte, formales o informales, pero en el contexto de fragilidad institucional del Perú de hace un cuarto de siglo, no estoy seguro de que la presidencia tuviera el control real de todos los efectivos armados [...]

Mirando las cosas con ánimo positivo, creo que el indulto a Fujimori elimina un elemento de distorsión de la política peruana. Repito, no es que ponga en entredicho la legalidad de la sentencia ni soy abogado para ello, pero el juego político de la última década estuvo sin duda marcado por la prisión de la Diroes. (^{Contreras 2018})

Pero la justificación no basta para ser representativa en sí misma. Las luchas por la verdad, la memoria y la justicia en Perú vienen desde los tiempos del periodo de violencia, esto es, la década de 1980 (^{Burt 2009}; ^{Hayner 2010}). Sin gestos de por medio se asume que el país debe reconciliarse por mandato. Las respuestas no se hicieron esperar. Gisela Ortiz, familiar de una víctima del caso Cantuta -como se conoce a la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, perpetrada por el grupo paramilitar Colina el 18 de julio de 1992-, asume la voz de liderazgo para responder específicamente al historiador Contreras:

La sentencia a Fujimori no fue excesiva, sino dentro del marco que el Código Procesal Penal establece como pena máxima, 25 años de cárcel. Es una sentencia que razona y sustenta la responsabilidad individual del expresidente. Si Contreras “no está seguro de que la presidencia tuviera el control real de los efectivos armados”, hace falta que lea y revise la Sentencia de la Sala San Martín, porque ya no se trata de lo que cada uno de nosotros crea o no sino de verdades jurídicas establecidas y ratificadas por la Corte Suprema [...].

Si, 25 años después de estos crímenes, un historiador no recuerda que esos asesinos eran el Grupo Colina y no conoce cómo funcionó o cuál fue el objetivo político y militar para el que fue creado después de sentencias en varios casos, eso sí me preocupa. (^{Ortiz 2018})

Ortiz recurre a argumentos legales y a verdades judiciales para sustentar y defender su postura en contra del indulto frente a discursos que apelan a lo emocional y simbólico, sin base legal. Ante ello, Ortiz responde políticamente. Para las víctimas la reconciliación pasa por actos simbólicos de reconocimiento de lo sucedido en el país y lo hecho por el mismo Estado, asegurando que se alcanzará la ansiada justicia para sus casos. No es el lenguaje de la reconciliación con impunidad, como queda retratado en los argumentos oficiales.

Perú ha seguido creciendo económicamente, aun durante esta crisis. Esto nos devuelve al panorama de lo político. Y a un problema anterior que ha sido descrito por ^{Degregori (2001)} como la peor herencia del conflicto armado interno, en conjugación con el fujimorismo y la instalación del régimen neoliberal, que es la despolitización de la política.

En El desacuerdo, el ejemplo que usa ^{Rancière (1996)} para explicar la relación de diferencia es el vocablo blanco. Ese es el objeto de la argumentación. Los interlocutores pueden decir lo mismo y referirse a cosas distintas. Sabemos y compartimos una idea del color blanco, pero no podemos afirmar que vemos o sentimos la misma tonalidad o que lo aprehendemos de la misma manera. Siguiendo a Aristóteles, afirma que la igualdad no es un concepto universal sino el objeto de una disputa permanente. Ahí mismo se instala el desacuerdo como la voz de la relación de diferencia. Para Rancière (1996), ese es el ejercicio de la política. La idea de reconciliación está en disputa conjuntamente con la manera como se cuenta la historia y lo que se cuenta de esta. Sin embargo, en un contexto despolitizado, el debate político es casi inexistente y muchas veces se recurre a la imposición autoritaria sin la previa discusión de las ideas. El conflicto emerge entre el diseño y la construcción de una situación de diálogo, en la manera como este tomará cuerpo. El espacio público será el escenario, y los medios de comunicación, sus voceros.

Gisela Ortiz participa activamente en el movimiento de derechos humanos peruano desde la década de 1990, cuando su hermano fue desaparecido. Su voz se alzará en medio del propio desacuerdo y la pugna por el término reconciliación. Las cinco marchas que comenzaron el 24 de diciembre y terminaron el 30 de enero vieron la emergencia de sujetos como Gisela Ortiz, quien lideró como una voz potente frente a lo sucedido y frente a las columnas de opinión. Las últimas tres marchas fueron convocadas por los familiares de víctimas, quienes iban delante vestidos de negro y con algunas flores. “¡La memoria no se negocia!”, decía la tela cosida detrás de la camiseta de una de las familiares en la tercera y cuarta marchas. La frase encierra el sentido de lo sucedido y también lo que se decía en voz alta en la calle, que el Gobierno había negociado con el ala de Kenji Fujimori la salida de Alberto Fujimori de prisión por la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Mientras esto sucedía en la calle, en los diarios la disputa tomaba otros matices.

Desde la ciencia política, sus voceros no dejaron pasar la oportunidad para soltar sus declaraciones. Entre estos, Carlos ^{Meléndez opinaba también en El Comercio el 06 de enero de 2018}:

Concuerdo con quienes señalan que el país necesita políticas de paz, pero también con aquellos que cuestionan por dónde comenzar. En todo caso, la reconciliación implicaría dos niveles: el de los sujetos de la polarización (fujimoristas versus antifujimoristas) y el de los involucrados en la desafección (la clase política y la ciudadanía indiferente). El primero no puede darse sin el segundo, porque sólo el retorno de la confianza en la política puede sustentar socialmente las pugnas entre las élites movilizadas.

Dibujado el panorama político como un enfrentamiento casi entre clases sociales se evade el sentido profundo del desacuerdo. Intentando responder a Alberto Flores Galindo y su ensayo “República sin ciudadanos”, incluido en el premiado libro Buscando un Inca (de 1986), Vergara presenta su tesis de que somos un país de ciudadanos buscando desenfrenadamente una república (Vergara 2013). Flores Galindo trazó un recorrido histórico a la manera como se había configurado el racismo en el país, mientras que Vergara usa la paráfrasis para trabajar la manera como en el país la representación política y la idea de ciudadanía corren en paralelo y no se intersecan en la actualidad. Sin embargo, su aproximación le impide mirar el proceso histórico en toda su densidad y comprender que lo que describe para Lima no es ni ha sido lo que ha ocurrido en muchas comunidades peruanas que desde siempre han ido y venido construyendo “Estado” para sí, como muestran los estudios de Cecilia ^{Méndez (2014)} y Ponciano del ^{Pino (2017)}. Siguiendo ese mismo principio en su columna en El Comercio a pocos días del indulto, Vergara (2017) se centra en proponer que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Alberto Fujimori son dos patriarcas que, salvando su pellejo, se han unido para negociar no morir en prisión. Su columna evade la disputa sobre la historia y no considera lo que sucede en la calle.

Para volver al desacuerdo, miremos más bien otras maneras de entender reconciliación. Desde una orilla diferente de la misma playa, Félix Reátegui, quien ha tenido un papel fundamental en la redacción del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señaló:

Debemos saber vivir enfrentados. Quien pide reconciliación como sinónimo de unión o concordia revela un alma autoritaria […] Solo en un sentido cabía hablar de reconciliación en el Perú: como reconocimiento de las víctimas y sus derechos. El gobierno evisceró el concepto y lo llenó de un contenido artero: reconciliación como pacto de no agresión y contubernio. Ese cinismo es repulsivo, pero la verdadera tragedia es la rapidez con la cual políticos, periodistas y líderes de opinión corren a roer el hueso tirado por Kuczynski. Las víctimas quedaron arrimadas contemplando una burla más a su dignidad. El gobierno y los políticos de toda orientación ejecutan sin fallas su esencial misión antidemocrática: envilecer el lenguaje de la tribu.¹⁸

Reátegui vuelve a situar el debate sobre la captura del lenguaje de la memoria y la manera como el término reconciliación ha sido maniatado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se entrevé la emergencia del evento como un acontecimiento polifónico y aquello que indica Badiou en la manera como los hechos comienzan a adquirir significados y también a generar tensiones alrededor de cómo comprender la decisión presidencial.

Conclusiones

“Dentro de uno mismo suena, en los recuerdos lo que uno ha escuchado a lo largo de la vida, bailes y pífanos y promesas y mentiras y miedos y confesiones y alaridos de guerra y gemidos de amor. Voces de agonizantes que uno ha sido o que uno ha escuchado solamente. Historias ciertas, historias de mañana. Porque todo lo que uno va a escuchar, todo eso suena, anticipado, en medio de la noche de la selva, en la selva que suena en medio de la noche. La memoria es más, es mucho más, ¿lo sabes? La memoria verídica conserva también lo que está por venir. Y hasta lo que nunca llegará, eso también conserva. Imagínate. Nada más imagínate”. César ^{Calvo, Las tres mitades de Ino Moxo (2011)}

El despliegue del indulto como acontecimiento generó la sensación de estar viendo una película conocida que, de alguna manera, se imaginaba venir. Como señalamos al inicio de este artículo, el indulto siempre había sido un tema sobre el tapete desde el mismo momento de la extradición en 2007 de Alberto Fujimori y su juicio en 2009. Salvo el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), todos los gobiernos que se sucedieron entre el 2006 y 2017 tuvieron que lidiar con el indulto al exjefe de Estado. La memoria opera como la describe César ^{Calvo (2011)}, implica en sí misma algo que está aún por venir, por acontecer. La memoria no sólo mira el pasado, encapsula y conlleva también lo que está por venir, el futuro al que aspiramos.

Al tratar el indulto como un evento ejemplar hemos querido abordar el proceso político que constituye su marco significante y asimismo el campo simbólico de su representación y gesta, su propio desenvolvimiento, y también aquello que queda demarcado como el intento de usurpación del lenguaje de la memoria. El acontecimiento del indulto permitió visibilizar con claridad la pugna por la impunidad, por un lado, y la lucha por la justicia, por el otro. Los discursos justificativos revelaron los esfuerzos por fijar el sentido definitivo del evento y reflejaron además tensiones y forcejeos diversos, principalmente alrededor de la sostenibilidad del neoliberalismo. Así, el indulto se constituyó también en un punto de inflexión del proceso político de consolidación de la democracia, dejando ver su extrema fragilidad.

El gobierno de Kuczynski, uno de los impulsores del Consenso de Washington y agente principal de la reforma de Estado neoliberal en Perú, había implicado de manera directa a las élites económicas que habían permanecido en silencio frente al conflicto armado interno durante los años del gobierno autoritario de Alberto Fujimori y que se mantuvieron recelosas frente al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Desde el Estado, ha sido el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el que instaló oficialmente el lenguaje de la memoria que ya habitaba la esfera pública peruana. Destacamos oficialmente porque, desde muy temprano en el conflicto armado interno, palabras como “verdad”, “memoria”, “justicia”, “violencia política” y “reconciliación” comenzaron a perfilarse y hacerse espacio en los diarios y las noticias, en las denuncias y los reclamos de los familiares de víctimas y las asociaciones y organizaciones que se fueron creando en esos largos y duros años de guerra interna. Desde muy temprano también se discute que el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al ser formada desde el mismo Estado, tenga el rango de oficial.

Hasta el momento del indulto, la élite económica y política de la que provenía Kuczynski no sólo se había mantenido al margen del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino que además había sido su más ferviente fuente de crítica.¹⁹ No sólo discrepaban de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sino que no habían manifestado interés en las víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski requirió el apoyo del movimiento No a Keiko, particularmente de las víctimas del conflicto armado interno y el fujimorato. Fue para obtener ese apoyo que Pedro Pablo Kuczynski prometió que no indultaría a Fujimori. Ese compromiso forzó luego a su gobierno y sus defensores a intentar apropiarse del lenguaje de la memoria. Como el personaje de El impostor en la novela de Javier ^{Cercas (2014)}, Pedro Pablo Kuczynski terminó revelando los mecanismos con los que se lucha por construir verdades públicas. El intento de usurpación del lenguaje de la memoria reveló un contexto subjetivo y simbólico en la disputa por controlar la narración sobre la historia reciente del país.