Introducción

En el presente artículo buscamos aproximarnos a la relación Estado-burguesía y a las formas que esta relación asumió en la crisis argentina de 1998-2001. En este periodo se produjo una profunda crisis que cuestionó la legitimidad de las instituciones políticas y generó la caída del Gobierno; las condiciones de vida de los trabajadores se degradaron, y la ganancia empresaria y la extensión de la relación capitalista se redujeron. Aún más, la eficacia de la hegemonía burguesa se diluía, por las dificultades para presentar la reproducción ampliada del capital como reproducción ampliada de la sociedad (^{Piva 2013a)} . Por su desarrollo, la crisis estuvo intrínsicamente relacionada con la política económica del Estado, y el vínculo entre el Estado y las diferentes fracciones de la burguesía.

Para avanzar en el conocimiento de la crisis, resulta necesario dar un tratamiento específico a la relación Estado-burguesía y recuperar críticamente algunos desarrollos clásicos de la teoría marxista del Estado. Nos referimos a los textos de Ralph Miliband y Nicos Poulantzas, y a la polémica que llevaron adelante en las páginas de la New Left Review. Tales textos aparecieron como la contraposición de la concepción instrumental y la concepción estructural del Estado capitalista, aunque el progresivo abandono de estas posiciones por ambos autores hace poco fructífera esta denominación.

1. Estado y burguesía en Miliband: entre el personal dirigente y la autonomía relativa

Consideramos El Estado en la sociedad capitalista (^{Miliband [1969}] 1985) como la obra más fructífera de Ralph Miliband. El objetivo de este texto era discutir con el mainstream de su época: el pluralismo democrático, que constituía la posición teórica de los liberales ingleses, para quienes la dominación era imposible dada la gran cantidad de intereses particulares o élites que pugnaban por influir sobre el Estado. Para los liberales ingleses, en la base de esta igualación social se encontraba la dispersión del poder económico.¹

La laboriosa investigación empírica que lleva a cabo Miliband le permite refutar las tesis “pluralistas” y evidenciar la falta de correspondencia de esta teoría con la realidad. Miliband demuestra que la propiedad de los medios de producción y de la riqueza se encontraba fuertemente concentrada en Inglaterra, y que la mayor parte de la burocracia estatal pertenecía por sus orígenes a la burguesía o estaba vinculada a ella. Con base en ello, sustenta su conceptualización del Estado como instrumento de la burguesía: lo es porque sus miembros están en su interior, porque ocupan las posiciones de la burocracia estatal, así como poseen el capital accionario de las empresas.²

Posteriormente, Miliband abandona el origen de clase de la burocracia estatal como principio explicativo del Estado y se aleja de la concepción instrumental. En Marxismo y política ([1977] 1978]) toma por objeto la autonomía relativa del Estado con respecto a la burguesía, la que se explica por el conflicto inherente a la división constitutiva de la clase dominante.³ La autonomía que el Estado puede asumir con relación a la burguesía, a partir de sus conflictos internos, es la forma del carácter de clase del Estado capitalista: su capacidad para estar metido en el conflicto de clases sociales con intereses antagónicos. Como explica Miliband ([1977] 1978):

La razón es que aunque el Estado actúa según el marxismo en nombre de la “clase dirigente”, no actúa en la mayor parte de los casos a sus órdenes. El Estado es, evidentemente, un Estado de clase, el Estado de la “clase dirigente”, pero goza de un alto grado de autonomía en su forma de operar como Estado de clase y, desde luego, debe tener ese alto grado de independencia y de autonomía si quiere actuar como Estado de clase. (96, cursivas en el original)

El Estado asume autonomía tanto de los negocios particulares de fracciones de la burguesía como de la clase como un todo, y también ciertos grados de libertad para decidir cuál es la mejor manera de servir al orden social. Esta decisión se basa en aquello que el personal dirigente del Estado considera el “interés nacional”, que normalmente coincide con los intereses de la burguesía. ^{Miliband ([1977] 1978)} explicita esta relación entre racionalidad capitalista y estatal:

lo que a los que tienen el poder les parece “razonable” como acción (o no acción) del Estado normalmente estará de acuerdo con la “racionalidad” y las exigencias del propio sistema económico. [El Estado actúa] sobre todo de acuerdo con la “racionalidad” del modo de producción capitalista, y dentro de los límites impuestos por ese modo de producción. (121, 125, cursivas en el original)

Esta explicación continúa avanzando en la obra de ^{Miliband. En Poder estatal e intereses de clase (Miliband [1983] 1991)} , la autonomía del Estado aparece nuevamente como la capacidad de realizar la voluntad de su personal dirigente, que actúa siguiendo su representación del interés nacional; es decir, como la capacidad del Estado de interponer su propio poder a las exigencias de la burguesía. Nuevamente, Miliband une racionalidad estatal y capitalista, al afirmar que la realización de este interés nacional requiere del desarrollo de la empresa capitalista, que es el interés general de la burguesía.

2. Algunos comentarios sobre el recorrido teórico de Miliband

En El Estado en la sociedad capitalista, ^{Miliband ([1969] 1985)} parte de la unidad de Estado y clase dominante en las sociedades capitalistas avanzadas. Logra, mediante una importante investigación, demostrar la concentración de la propiedad de los medios de producción, de la riqueza y de los lugares de poder en el Estado. Con ello, refuta las teorías liberales de la ciencia política inglesa, que postulaban que el desarrollo capitalista había difundido de tal manera el poder económico y el poder político que ya no podía hablarse de una dominación de clase sustentada por el Estado, sino de grupos de interés en competencia. El problema de este trabajo es que concibe al Estado como el instrumento de la burguesía, la cual establece la política estatal por la presencia de sus miembros en él. Así, la unidad de Estado y clase dominante aparece subjetivamente determinada por los individuos que están en funciones en el Estado, en vez de estar objetivamente determinada por la acumulación capitalista.⁴

En sus siguientes trabajos, la conceptualización sigue siendo problemática: Miliband postula una separación de Estado y clase dominante, que se relacionan externamente en una asociación. La distinción entre poder de Estado y poder de la burguesía, y la autonomía relativa se vuelve central. Por lo tanto, la acción del Estado se explica endógenamente, a partir de cómo se represente el interés nacional su personal dirigente. El personal estatal (sus intereses y creencias) sigue siendo el principio explicativo de la relación Estado-burguesía, aun cuando el origen social de los funcionarios pierda completa relevancia.

Ahora bien, nos preguntamos: ¿por qué coinciden normalmente la racionalidad estatal y la capitalista? ¿Por qué el personal del Estado sirve al desarrollo capitalista cuando trata de realizar su representación del interés nacional? ¿De dónde surgen estas creencias del personal dirigente del Estado que enlazan la política estatal al desarrollo capitalista? La respuesta que podemos dar es que estos intereses y creencias son resultado de la hegemonía burguesa: derivan de la eficacia de la burguesía para presentar su propio interés general -el desarrollo de la producción capitalista- como interés común de la sociedad. En este sentido, la política del Estado no puede explicarse por las ideas e intereses de su personal dirigente, sin buscar la determinación material de estas. Miliband pierde de vista la unidad de acumulación y Estado, al fundar en la exterioridad de aquella el estatuto teórico de este.

Ciertamente, ^{Miliband ([1983] 1991)} reconoce una determinación material en el poder del Estado: los conflictos sociales exigen un crecimiento del aparato del Estado y su sostenimiento requiere de la apropiación de parte del excedente.

El Estado, por ejemplo, necesita ingresos y no puede obtener todos sus ingresos de las clases subalternas. Debe cobrar impuestos al capital y a los capitalistas, y por consiguiente se apropia de parte del excedente que les corresponde: de aquí las constantes lamentaciones de los empresarios, grandes y pequeños, acerca de la política fiscal del Estado, y sus quejas de que el Estado, en su torpeza ciega, avara y burocrática, está acabando para siempre con la empresa privada […] contribuye a una constante inflación del poder estatal dentro del marco de un orden democrático capitalista cuyos rasgos democráticos están permanentemente amenazados por la asociación entre Estado y capital. (198)

Ahora bien, si el crecimiento del Estado contribuye a canalizar los conflictos sociales en el marco de las relaciones capitalistas y a la acumulación de capital, no es posible oponer el crecimiento del Estado a los intereses del capital. Este crecimiento contribuye al desarrollo de la forma capitalista de sociedad, que es la razón de la existencia del Estado y sus funcionarios.

3. El primer Poulantzas: separación de estructuras y la autonomía de lo político

La tarea de construir teóricamente el concepto de Estado capitalista lleva a Nicos Poulantzas por un camino diferente, en el que asume una disputa dentro del marxismo, en vez de un debate con la ciencia política dominante (^{Thwaites Rey 2007}). El teoricismo estructuralista resulta central en Poder político y clases sociales en el Estado capitalista (Poulantzas [1968] 1990), donde enuncia la posibilidad de construir una teoría general de lo político, más allá del capitalismo.

En este texto, un postulado teórico fundamental es la división de la vida social en tres estructuras separadas (lo económico, lo político, lo ideológico), que son autónomas entre sí y que están presentes en todos los modos de producción en una combinación específica. Poulantzas fundamenta esta división en la no necesidad de coacción extraeconómica para la apropiación del plustrabajo, que es propia del capitalismo y que extrapola a todo modo de producción. Estas estructuras son deshistorizadas, abstraídas de la acción de los hombres (las prácticas sociales). Y el Estado es la instancia que cohesiona estas estructuras separadas en una formación social.

La separación de estructuras en la teoría y la subestimación de la génesis de estas tienen consecuencias en sus análisis históricos. Así, Poulantzas encuentra estructuras que avanzan por sí mismas, siguiendo su propio ritmo. Tal es el caso de Inglaterra hasta el siglo XIX, donde ve relaciones de producción capitalistas, y un Estado y una Constitución de carácter feudal. Esto lo lleva a contradicciones tales como la existencia de un Estado feudal cuyo parlamento es controlado por la burguesía. El problema para Poulantzas pasa a ser que el Estado inglés no siguiera el ritmo de otros Estados, que debería haber seguido como materialización del Estado capitalista en abstracto.⁵ Así, desaparecen del análisis las particularidades nacionales de la lucha de clases, que llevan al avance del capitalismo de manera diferente en los distintos países.⁶

4. El último Poulantzas: presencia del Estado en la economía y unidad de la burguesía

En los años setenta, Poulantzas realiza una autocrítica, con base en su alejamiento de la corriente estructuralista y en su polémica con Miliband. En las páginas de la New Left Review, Poulantzas ([1976] 1991) avanza en la conceptualización del Estado: en lugar de la autonomía de lo político, de los tres niveles separados de una formación social, aparece la presencia del Estado en la acumulación de capital. Abandona la escisión entre estructuras y prácticas sociales⁷ y el Estado aparece como la “condensación de una relación de poder entre las clases en conflicto”, atravesado en su estructura por las contradicciones de clase (Poulantzas [1976] 1991, 170).⁸

En Estado, poder y socialismo, ^{Poulantzas ([1978] 2005)} avanza en esta conceptualización al afirmar que el Estado es parte de la producción capitalista:

Las relaciones político-ideológicas desempeñan un papel esencial en la reproducción de las relaciones de producción, justamente porque están presentes desde el primer momento en la constitución de estas últimas. Y por eso el proceso de producción es, al mismo tiempo, proceso de reproducción de las relaciones de dominación/subordinación política e ideológica. De este dato fundamental deriva la presencia específica para cada modo de producción, del Estado, que concentra, condensa, materializa y encarna las relaciones político-ideológicas en las relaciones de producción y en su reproducción. (25)

Las relaciones de producción capitalista son una red de poderes de clase: constituyen el poder (de clase) de disponer de los medios de producción, decidir sobre el proceso de producción y apropiarse de su resultado (el producto y el excedente contenido en él). El proceso de producción es lucha de clases porque se basa en relaciones de poder entre explotadores y explotados. Al concebir la producción como un espacio de expropiación y resistencia, abre la posibilidad de no escindir el poder (la dominación) de la producción (la acumulación). La producción capitalista se realiza con la presencia del Estado, forma de la separación relativa de Estado y acumulación de capital.

Al mismo tiempo, Poulantzas rechaza la existencia primera de un Estado situado frente a la clase dominante, exterior a ella, con la que entraría en relación. No existe un poder propio del Estado (detentado por la burocracia) ni existe un sometimiento del Estado por las presiones de la burguesía. Y, así como el Estado no tiene poder propio, la burguesía no existe como clase dominante, fuera o antes del Estado, ya que en él se constituye la unidad política de la clase burguesa:

el Estado es el lugar de organización estratégico de la clase dominante en su relación con las clases dominadas. Es un lugar y un centro de ejercicio del poder, pero sin poseer poder propio. (^{Poulantzas [1978}] 2005, 178)

La unificación de la burguesía se realiza canalizando las contradicciones de sus fracciones en el Estado, en un equilibrio variable de compromisos materiales, bajo la dirección de una fracción que “cimenta” las diferentes fracciones burguesas en un bloque en el poder:

El Estado, condensación material de una relación contradictoria, no organiza la unidad política de la clase dominante desde el exterior […] es el juego de estas contradicciones en la materialidad del Estado el que hace posible, por paradójico que pueda parecer, el papel de organización del Estado. (^{Poulantzas [1978}] 2005, 159-160)

La política del Estado se establece como resultado de las contradicciones internas del bloque en el poder, que se expresan en sus aparatos: es “la línea de fuerza general que atraviesa los enfrentamientos en el seno del Estado” (^{Poulantzas [1978}] 2005, 164).

Pero los enfrentamientos no se agotan en los conflictos dentro de la burguesía. En tanto el fundamento del poder de esta clase reside en la explotación del trabajo asalariado, la unificación de sus fracciones se realiza frente a los trabajadores. La hegemonía de una fracción de clase aparece como una necesidad de la dominación de clase. Este es el carácter estratégico del Estado, cuya eficacia requiere dificultar la organización propia de las clases dominadas y dividirlas, estableciendo un equilibrio variable de compromisos materiales con ellas, de manera que se generen las condiciones materiales de su consenso. El Estado tiene entonces una autonomía relativa de los intereses inmediatos de las fracciones burguesas, como resultado de la relación conflictiva de las clases y fracciones, y no por una afirmación de un poder propio frente a la clase dominante.

Cabe destacar que la existencia de conceptos que perviven a lo largo de toda la obra de Poulantzas, como el de bloque en el poder, indica que la autocrítica realizada por el autor no genera un corte radical en su pensamiento, sino un aprendizaje que le permite avanzar por sobre los obstáculos de su obra pasada.

5. Sobre las relaciones políticas y económicas en Poulantzas

Podemos afirmar que la obra de Poulantzas sigue un camino inverso al de Miliband. En Poder político y clases sociales en el Estado capitalista (Poulantzas [1968] 1990), parte de la separación por principio de economía y política, concebidas como estructuras abstraídas de las prácticas sociales,⁹ fetichismo de las estructuras que solo puede sostenerse escindiendo estructura e historia; a los hombres que hacen la historia de las condiciones de esta.¹⁰ Su obra posterior se dirige a borrar la línea demarcatoria del Estado y la producción capitalista (Thwaithes Rey 2007). Sus últimos textos permiten plantear un importante problema de investigación: en qué forma se realiza el poder de clase en el Estado, diferente del que aparecía en las últimas obras de Miliband: cómo se vinculan un poder de clase y un poder de Estado distintos y separados.

Sin embargo, aun Estado, poder y socialismo (^{Poulantzas [1978}] 2005) continúa teniendo algunos problemas para la realización de análisis de procesos históricos. El primero se encuentra en la subestimación del papel del Estado en la génesis del capitalismo, determinante en la constitución de las relaciones de producción capitalistas, en el proceso histórico de separación de los productores directos y las condiciones objetivas de producción. Esta separación se reproduce en la acumulación de capital, con la desposesión de los productores directos (devenidos en trabajadores) como su propio resultado (^{Marx 1999}).

Un problema de mayor importancia se encuentra en la relación entre economía y política en el capitalismo desarrollado. Poulantzas trata la intervención del Estado en la economía a partir de las políticas frente a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. En este tratamiento asoma una explicación de la unidad de la economía y la política en torno a la explotación del trabajo. Sin embargo, subestima el papel de las funciones políticas que asume el Estado en la acumulación capitalista. En su explicación del bloque en el poder están ausentes los cambios económicos. La producción capitalista está presente como condición de existencia de un bloque en el poder (en abstracto), pero no de determinado bloque en el poder. La conformación de este adopta cierta independencia, incluso de las funciones económicas del Estado. Por ello se pierde de vista que la integración de las fracciones de la burguesía y su hegemonía sobre la clase trabajadora están unidas a la acumulación de capital. Así, la capacidad del Estado de organizar la unidad de la burguesía aparece de manera estática, abstraída del movimiento de la producción capitalista.

En segundo lugar, la ambigüedad en esta explicación de Poulantzas -por la cual el bloque en el poder se mueve de manera independiente de los cambios de la producción capitalista, pero el aparato económico del Estado tiene funciones económicas determinadas por la acumulación de capital- lo lleva a importantes problemas teóricos, que dificultan el avance de una investigación sobre una coyuntura concreta: ¿cómo explicar que la política estatal sea resultado de las contradicciones internas del bloque en el poder en el seno de los aparatos del Estado, pero que la política económica del Estado -nada menos- tenga un alto grado de independencia de estas contradicciones del bloque en el poder? Y aún más: ¿cuál es la relevancia del bloque en el poder, si no tiene mayor incidencia en la política económica del Estado, en la “presencia” del Estado en la economía? La acumulación capitalista aparece como fundamento de un aparato económico del Estado, independiente de los cambios en el bloque en el poder, mientras que la integración de las fracciones burguesas y sus conflictos en el bloque en el poder aparecen como el fundamento de un poder “político” sin mayores determinaciones económicas.

Estas consideraciones intentan mostrar las deficiencias para el análisis histórico que derivan del politicismo que asoma en su concepción del bloque en el poder, y de la ambigüedad de Poulantzas con respecto a la presencia del Estado en la economía como forma de la separación de Estado y acumulación de capital. Se nos presenta la siguiente pregunta: ¿qué significa la separación de Estado y capital, si el Estado sanciona la propiedad privada y los intercambios mercantiles; si en él se unifican las fracciones burguesas, de manera que sus contradicciones no rompan la unidad del ciclo del capital; si el Estado produce condiciones materiales para la hegemonía burguesa mediante la plusvalía relativa; si sus políticas resultan determinantes en la intensidad de la explotación y en la distribución del plusvalor entre las fracciones burguesas bajo la forma de las ganancias capitalistas?

6. Lo económico y lo político como formas de la relación de capital

El trabajo de John ^{Holloway y Sol Piccioto (1994)} Capital, crisis y Estado constituye un buen aporte para avanzar en la conceptualización del Estado, de un modo productivo para nuestro objeto. Los autores critican a Miliband y Poulantzas por no analizar el Estado a partir de la crítica de la economía política; es decir, a partir de El capital. Afirman que ambos autores “son incapaces de analizar sistemáticamente las limitaciones sobre la acción del Estado por la relación que guarda el mismo respecto al proceso de acumulación” (Holloway y Piccioto 1994, 85), por no derivar la relación de lo económico y lo político de su unidad: la de ser dos formas de la relación de capital. Proponen una crítica materialista del Estado, que consiste en ver lo económico y lo político como formas separadas de una única lucha de clases, que están ligadas por las necesidades de acumulación de capital.

Para ^{Holloway y Piccioto (1994, 78-79)} , una teoría materialista del Estado debe preguntarse: “qué es lo que hace que las relaciones de producción bajo el capitalismo asuman separadamente las formas política y económica […] Qué es entonces, lo que hace que la dominación de clase en la sociedad capitalista (es decir, la relación de capital) genere la ‘forma fantástica’ del Estado, que haga que el Estado asuma una forma aparentemente separada del proceso de producción”. Para ellos, esta separación es real y aparente al mismo tiempo, en tanto lo que hace es despolitizar el proceso de explotación y abstraer de este la coacción física. Esto genera la apariencia de que en el proceso de producción se intercambian equivalentes entre personas libres, que no son forzadas para ello, lo que “da lugar al surgimiento de ilusiones sobre la autonomía ‘del Estado’ respecto a ‘la economía’” (80). Así, “la autonomización del Estado es, como todas las formas del fetichismo, realidad e ilusión” (81, cursivas añadidas).

El término aparentemente es el punto de diferencia: en Estado, poder y socialismo, ^{Poulantzas ([1978] 2005)} parte de las relaciones de producción para explicar la separación relativa del Estado y la producción capitalista, centrándose en la desposesión del productor directo de los medios de producción (convertido así en trabajador que solo puede vender su fuerza de trabajo), que hace posible la explotación sin la coacción física en el proceso inmediato de producción. Poulantzas subraya lo real de esta separación e intenta cubrir su carácter aparente con una aclaración poco explicativa: la separación es la forma específica de la presencia del Estado en la economía. El problema de Poulantzas es que se queda a mitad de camino: señala la relación de economía y política -la participación del Estado en la producción de plusvalía relativa como forma de producción de las bases materiales de la hegemonía y la acción, para contrarrestar la baja de la tasa de ganancia por el aumento de la explotación o la desvalorización de los capitales-, pero no logra disipar, con la aclaración mencionada, sus propias “ilusiones” sobre la autonomía del Estado.

Esta línea de análisis es compartida por Alberto Bonnet (2017), quien señala algunas líneas de continuidad en la definición del concepto de Estado de Poulantzas. Sostiene que el teoricismo de Poder político y clases sociales en el Estado capitalista llevó a Poulantzas a tomar el análisis histórico como un mero ejemplo de su construcción teórica estructuralista. En sus trabajos posteriores, este teoricismo se relaja, pero Poulantzas continúa sin disponer de una definición satisfactoria del concepto de Estado. Así, la definición del Estado como condensación de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clases expresada en el seno de sus aparatos, que formula en Estado, poder y socialismo, implica reducir el concepto a los aparatos, al conjunto de las instituciones estatales, en vez de asumir una definición del Estado capitalista como forma. Esto es, “como modo de existencia de las relaciones sociales capitalistas en tanto relaciones de dominación, diferenciado del modo de existencia de esas mismas relaciones sociales en tanto relaciones de explotación”, de manera que el aparato de Estado es la “institucionalización de esta existencia particularizada de las relaciones de dominación” (Bonnet 2016, 12). Los mayores avances de Poulantzas se encuentran en sus análisis sobre el fascismo italiano y alemán, y sobre las crisis de las dictaduras de Portugal, Grecia y España. En estos análisis históricos, el determinismo estructuralista se relaja y la lucha de clases asume un lugar más importante, lo que permite un análisis más fino, más específico. Así, la lucha de clases aparece en estos textos como determinante de los factores que llevaron al ascenso del fascismo o a la caída de estas dictaduras.

Suscribimos estas críticas a la obra de Poulantzas. En adelante, ilustraremos la importancia del análisis histórico al abordar la crisis de 1998-2001 en Argentina, y analizaremos los factores que llevaron a la caída del Gobierno y la determinación del conflicto social sobre ellos.

7. Producción y Estado capitalistas bajo la convertibilidad en Argentina en 1991-1997

Del análisis precedente se desprende un marco para nuestro abordaje de la convertibilidad y su crisis. Asumimos que, aun cuando Estado y capital aparezcan separados, no hay exterioridad entre economía y política, entre producción y Estado capitalistas. Es decir que: a) las políticas del Estado son parte de la producción capitalista, la cual no es posible sin la existencia del Estado; b) las políticas estatales, entre ellas las destinadas a la unificación de fracciones burguesas en un bloque en el poder, tienen determinaciones en la acumulación de capital, las luchas por la explotación y las disputas por la distribución del excedente. En tanto el Estado solo existe bajo determinadas formas de Estado, históricas y contingentes (^{Piva 2013b)} , en adelante analizaremos el desenvolvimiento de la acumulación y la forma de Estado en Argentina, en la década del noventa y en la crisis.

Las políticas del Estado apuntaban a superar la crisis dentro de las condiciones en las que se movía la acumulación de capital; el Estado había desempeñado un papel decisivo en la concreción de estas condiciones que constreñían su propia capacidad de acción. Por ello, se vuelve necesario analizar la política del Estado bajo la convertibilidad.

Durante los noventa, las condiciones de la acumulación de capital en Argentina se basaban en la expansión del disciplinamiento de mercado por la fijación del tipo de cambio por el Estado. La Ley de Convertibilidad de 1991 sancionaba el tipo de cambio fijo -en la paridad 1 dólar = 1 peso- y brindaba el marco necesario para las reformas neoliberales, que incluyeron un acelerado programa de privatizaciones, la desregulación y apertura de la economía, la reducción de impuestos al capital, la flexibilización laboral, etc. Con la apreciación, el tipo de cambio real y sin posibilidad de devaluación, la convertibilidad sancionaba una presión permanente a la baja del costo laboral unitario, por mayor productividad e intensidad y por reducción salarial, para no perecer en la competencia en el mercado externo e interno (^{Bonnet 2008}). La reestructuración de las empresas capitalistas fue facilitada por el abaratamiento de bienes de capital e insumos, por la eliminación de derechos de importación y la apreciación del tipo de cambio. Esto generó un fuerte salto en la productividad industrial, con respecto a las décadas anteriores (^{Katz y Stumpo 2001}). Junto a ello, las leyes de “flexibilización laboral” aumentaron la precarización laboral, pues facilitaron la baja salarial y la intensificación del trabajo (^{Marticorena 2012}). La apreciación del tipo de cambio real determinaba un continuo déficit comercial, que era equilibrado con un superávit en la cuenta capital, con base en la inversión extranjera directa y el endeudamiento externo por encima del pago de intereses, con destino principal al Estado.¹¹

Todo ello implicaba la constitución de una nueva estrategia de acumulación, en la que el Estado tuvo un lugar central. Esa estrategia era un marco para la acumulación capitalista que integraba a las diversas fracciones burguesas (^{Bonnet 2008}) y su éxito puede verse en el fuerte crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la ganancia capitalista, junto al estancamiento del salario promedio de la economía entre 1991 y 1997. Al mismo tiempo, aseguró la reproducción ampliada del capital en todos los sectores de la economía, lo que facilitó la constitución de un bloque en el poder que unificó a las distintas fracciones burguesas bajo la hegemonía de la fracción financiera. La breve explicación del desenvolvimiento de la convertibilidad muestra el carácter ilusorio de la autonomía del Estado con respecto a la acumulación capitalista, aunque parecía más real que nunca, dado el proceso de privatizaciones y, con ello, el repliegue del Estado de los espacios productivos que ocupaba.

8. Crisis de acumulación bajo la convertibilidad y política del Estado en 1998-2001

El inicio de la crisis resultaba de la pérdida de competitividad de la producción de bienes, por el aumento de la brecha internacional de productividad de la economía argentina,¹² agravado por la mayor apreciación del tipo de cambio real (en particular, por la devaluación de Brasil)¹³ y la caída de los precios de exportación agrarios.¹⁴

Esto generó una fuerte caída de las ganancias empresarias, de la inversión y del producto de la economía.¹⁵ Tal situación puso en riesgo el crédito para Argentina, en un contexto de crisis financiera internacional y reversión de los flujos de capital hacia los países capitalistas avanzados. Además, produjo aumentos de las tasas de interés y dificultades para obtener crédito de los organismos financieros internacionales. La incertidumbre financiera amenazaba la convertibilidad al alentar la transferencia de fondos al exterior, cuyo resultado era la pérdida de las reservas de divisas que el Estado necesitaba para sostener el tipo de cambio fijo.

En este marco, el Estado intentaba apuntalar la estrategia de acumulación, con el propósito de canalizar la crisis dentro de los márgenes que establecía la convertibilidad. El Gobierno asumió como política la deflación salarial, con una nueva ley de “flexibilización laboral” para fortalecer la dinámica desplegada en la industria y con reducciones nominales del salario a los trabajadores estatales. Con esta política intentaba bajar el déficit fiscal y mejorar la competitividad de la producción argentina, elementos necesarios para sostener el ingreso de divisas y la convertibilidad.

9. Conflicto interburgués y política económica del Estado

Con el inicio de la crisis, se exacerbaron los conflictos entre fracciones burguesas y se abrió un periodo de disgregación del bloque en el poder. De esta manera, predominaban los intereses particulares de fracciones burguesas en sus intentos por influir en la política del Estado, por sobre sus intereses comunes de clase. En términos generales, se dio una disputa entre el capital asentado en las finanzas y los servicios públicos, y el capital asentado en la esfera de la producción exportable.

La disgregación del boque en el poder se evidenció en 1999, con el descontento de los empresarios industriales, expresado por la Unión Industrial Argentina (UIA), y la conformación de una alianza de los capitalistas industriales, de la construcción y un sector de los empresarios rurales. Así se formó el Grupo Productivo, que unificó a la UIA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), e implicaba la ruptura del Grupo de los 8, que había unificado a los grandes empresarios de las finanzas, la industria, los servicios, el comercio, el agro y la construcción, y había sido la voz del empresariado durante la década de los noventa (^{Gaggero 2013}; Gaggero y Wainer 2004).

El Grupo Productivo buscaba canalizar un flujo de recursos hacia la esfera de la producción exportable, que compensara las deficiencias de competitividad. Estos recursos debían provenir de otros sectores del capital, como los bancos, los servicios públicos y las grandes cadenas de comercio, y del presupuesto estatal (con rebajas impositivas a sus actividades). En el diagnóstico del Grupo Productivo, estos últimos sectores se habían beneficiado con una estructura de precios relativos desfavorable para la producción de bienes y de sesgo antiexportador. Con esta propuesta, apuntaba a generar los beneficios de una devaluación para la producción de bienes, pero sin modificar nominalmente el tipo de cambio, que era la base del programa de reformas neoliberal.

Frente a esto, los capitalistas asentados en las finanzas, los servicios públicos y un sector de los empresarios agrarios de mayor concentración pugnaban por reducir el déficit fiscal mediante la baja del gasto del Estado, en especial el destinado a los trabajadores estatales. De esta forma, buscaban garantizar el flujo positivo de divisas hacia la economía argentina, condición para mantener el tipo de cambio fijo.

La política estatal de búsqueda de superación de la crisis dentro de las condiciones de acumulación vigentes coincidía con las demandas de estos empresarios, pero requería que se condujeran los conflictos al interior del bloque en el poder, de modo que no afectaran el proceso de reproducción del capital. Así, al mismo tiempo que se orientaba a bajar el déficit fiscal y asegurar el crédito, tras cada ajuste el Gobierno intentaba integrar las demandas económico-corporativas de los capitalistas de la producción de bienes, con medidas de estímulo a la industria, la construcción y el agro.¹⁶

Cabe señalar que la búsqueda de superación de la crisis dentro de las condiciones establecidas por la convertibilidad, con sus disposiciones recesivas y sus complementarias medidas de promoción sectoriales, muestra que no necesariamente la acción estatal es racional en términos de encontrar la mejor solución posible a los problemas que enfrentan la acumulación y la dominación. En este sentido, la racionalidad estatal no es ni unívoca ni inmediata (^{Piva 2013}b). Esto se verá con mayor detalle en el apartado siguiente.

10. Ineficacia estatal, profundización de la crisis y caída de la convertibilidad

La característica central de la política del Estado ante la crisis fue su creciente ineficacia, que la llevó a profundizar la propia crisis a la que respondía. La política económica de orientación ortodoxa, destinada a reducir el déficit fiscal, no logró los resultados esperados, como se evidenció tras el “impuestazo” de diciembre de 1999 y los ajustes de mayo de 2000 y julio de 2001. La reducción del déficit fiscal no se produjo, dado el carácter recesivo de las medidas tomadas por el Estado y el impacto de la deflación en la recaudación tributaria. El único éxito en la reducción del gasto estatal fue la brutal caída de la inversión pública, del 90,3 % tan solo en el año 2000, lo que contribuyó, como consecuencia no deseada, al deterioro de la actividad económica (^{Salvia 2012}a, 149). Así, la continuidad del déficit fiscal en el año 2000 y su crecimiento en 2001 incrementaron el riesgo soberano y el costo del crédito para el Estado, en paralelo a la suba de las tasas de interés para las empresas. El summum de la ineficacia económica del ajuste se dio en julio de 2001, con la aprobación de una ley de recorte de gastos de una magnitud inédita, con el objetivo de generar un superávit fiscal primario que asegurara el pago de la deuda pública en dólares. Este ajuste generó el desplome de la actividad económica, con tasas de caída del PIB que se fueron acelerando hasta acercarse a los dos dígitos en noviembre, antes del colapso final de diciembre. Esta incapacidad del Estado para gestionar la crisis tuvo diversas consecuencias.

En primer lugar, la política económica ortodoxa era destructiva en términos políticos. La sanción en el Congreso nacional de la Ley de Reforma Laboral fue el primer paso para la disgregación interna de la alianza de partidos políticos en el Gobierno, ante las denuncias de corrupción en el trámite de su sanción. Mucho antes de que pudiera tener algún efecto en términos de baja del costo salarial,¹⁷ se inició la ruptura entre el partido del presidente Fernando de la Rúa -la Unión Cívica Radical (UCR)- y el partido del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez -el Frente País Solidario (Frepaso)-, con la renuncia de este último al cargo en octubre de 2000, situación que se agravaría más adelante con la separación de los bloques de ambos partidos en el Congreso. A ello cabe agregar las críticas expresadas por dirigentes de un importante sector de la propia UCR a la política económica y la pérdida de legitimidad del Gobierno entre sus propias bases electorales (^{Salvia 2012}a, 2015).

En segundo lugar, la política ortodoxa del Estado encontraba crecientes dificultades para ser presentada como de interés general de la sociedad, lo que se evidenciaba en la resistencia de la clase trabajadora. Desde los últimos años de la década de los noventa, se producía un crecimiento de la conflictividad social, con fuerte peso de la protesta de los trabajadores desocupados (^{Klachko 2008}; ^{Schuster et al. 2006}). Esta alza de la conflictividad se hizo notoria en 2001. En marzo de dicho año, el Gobierno encaró un nuevo ajuste, que recortaba los fondos destinados a educación, salud y previsión social. Esto generó la movilización de los sectores de la clase trabajadora afectados, con acciones de lucha de los trabajadores estatales, estudiantes y una huelga de las tres centrales sindicales (^{Iñigo Carrera y Cotarelo 2006}). El vacío de apoyo de los legisladores oficialistas sepultó el ajuste, debido a la resistencia de los trabajadores. En julio de 2001, el tratamiento del proyecto de Ley de Déficit Cero generó una nueva escalada de la lucha de la clase trabajadora, con acciones coordinadas entre las tres centrales sindicales y diversas organizaciones “piqueteras” -como se denominaba a las organizaciones de desocupados-, que incluyeron huelgas generales y masivos cortes de rutas y accesos a la capital federal (^{Bonnet 2008}). Aunque el ajuste no pudo ser detenido como en el mes de marzo, la protesta mostró un considerable grado de unificación entre sectores de la clase trabajadora ocupada y desocupada.

En tercer lugar, el Estado no lograba recrear condiciones para integrar a las distintas fracciones burguesas y contener el conflicto entre ellas. El cuadro de ajustes, caída de la actividad económica y pérdida de recaudación tributaria hacía inviables las políticas de subsidios a la producción de bienes, destinadas a contener, en la estrategia de acumulación vigente, a las fracciones burguesas asentadas en la producción en sentido estricto, organizadas en el Grupo Productivo. Así, el Programa de Competitividad lanzado por el Gobierno en abril de 2001, cuyo objetivo era lograr la reactivación en la industria, la construcción y el agro, fracasó por la falta de recursos para ser implementado, más allá de la reducida escala del programa en relación con el tenor de la caída de la actividad en estos sectores. Así, aun cuando el Gobierno intentara canalizar el conflicto interburgués dentro de la estrategia de acumulación vigente mediante concesiones a las fracciones burguesas más afectadas por la crisis, la política económica terminaba reafirmando los intereses de la fracción hegemónica del bloque en el poder, con la profundización del ajuste fiscal por el que pugnaba la burguesía financiera. Con la aprobación de la Ley de Déficit Cero, las fracciones burguesas asentadas en la producción en sentido estricto asumían una posición más de confrontación con el Gobierno; pugnaban por la suspensión temporal del Mercado Común del Sur (Mercosur) y una modificación del tipo de cambio, con la incorporación del real brasilero a la paridad cambiaria, en abierta oposición a la burguesía financiera. En esta línea de demandas, encontraban apoyo en las centrales sindicales del sector privado (^{Salvia 2017}).

De esta manera, el Estado mostraba un considerable fracaso para organizar a la clase burguesa y desorganizar a la clase trabajadora. La incapacidad de la acción política estatal estaba directamente relacionada con su incapacidad para relanzar la acumulación dentro de los márgenes que permitía la convertibilidad. Esta incapacidad era de tal magnitud que logró esterilizar la asistencia financiera de los organismos multilaterales de crédito. El primer intento de salvataje del capital global a la Argentina fue el llamado Blindaje, de diciembre de 2000, en respuesta a la huida de los inversores extranjeros y el fuerte aumento del riesgo soberano. Los primeros desembolsos del paquete de 40.000 millones de dólares, cuyos fondos provenían del Fondo Monetario Internacional (FMI), otras instituciones multilaterales y distintos países, no tuvieron ningún efecto en términos de reactivación económica ni baja sostenida de las tasas de interés (^{Salvia 2012}b). Los planes de ajustes de marzo y julio de 2001, y el Plan de Competitividad de abril de 2001, buscaron encauzar esta situación por distintas vías, ortodoxa los primeros y heterodoxa el último. El fracaso de estos planes generó una última asistencia financiera, en septiembre de 2001, dentro del marco del Blindaje. Pero la reaparición del déficit en los meses posteriores al Déficit Cero, la “fatiga social” del ajuste, el crecimiento y la unificación de la protesta de la clase trabajadora, y el agravamiento de la disputa interburguesa generaron expectativas de abandono de la convertibilidad, que a su vez llevaron la incapacidad de acción del Estado al extremo. En este contexto, los capitales de todos los sectores protegieron sus intereses económico-corporativos, transfiriendo al exterior sus depósitos bancarios, vaciando las reservas de divisas del Banco Central y haciendo insostenible la paridad cambiaria. Al mismo tiempo, se profundizó la caída de la inversión y de la actividad económica.¹⁸ Esta situación puso punto final a la asistencia financiera externa al país.¹⁹

A partir de allí, la crisis se espiralizó y explotó como una rebelión popular en diciembre de 2001, con una participación destacada de las capas más pauperizadas de la clase trabajadora y de los sectores medios confiscados de sus ahorros, con saqueos, cortes de rutas, huelgas, cacerolazos y combates callejeros con la policía. La rebelión rebasó el estado de sitio, derribó a un Gobierno ya debilitado por la derrota en las elecciones de 2001 y condujo al fin de la convertibilidad (^{Iñigo Carrera y Cotarelo 2006}).

Comentarios finales

En las páginas precedentes, abordamos la constitución de una estrategia de acumulación y un bloque en el poder, enmarcados en la convertibilidad, con una activa participación del Estado. Asimismo, analizamos la centralidad del Estado en la crisis, a partir de la fallida política de superarla dentro de los márgenes que dejaba la convertibilidad.

Se aprecia en nuestro análisis una relación entre lo económico y lo político, como formas de la relación social capitalista: la acelerada acumulación capitalista de 1991-1997 tenía en su base la implementación de las políticas neoliberales por el Estado. En este periodo, el poder del Estado -su capacidad de imponer sus políticas, en términos de Miliband- crecía en paralelo al desarrollo de la acumulación de capital bajo las nuevas condiciones, al afianzamiento de la unidad burguesa y al consenso social en torno a las reformas neoliberales.

En contraste, la ineficacia de las políticas estatales para gestionar la crisis dentro de la estrategia de acumulación desde 1998 potenció los efectos de la propia crisis. El fracaso de la política económica estaba en la base del fracaso del Estado para organizar a la clase burguesa y desorganizar a la clase trabajadora. El Estado fue impotente para moderar el conflicto en el bloque en el poder y contener la movilización de la clase trabajadora, y su propio poder se fue desvaneciendo con el correr de la crisis. Así, nuestro análisis de esta muestra hasta qué punto la lógica de la acumulación de capital condiciona la lógica política, en cuanto a los acontecimientos y a la capacidad de acción del Estado.

En definitiva, no había un poder del Estado que se enfrentara al poder de la clase burguesa, aun cuando aumentaran las presiones de los trabajadores. Junto a ello, la impotencia del Estado no era potencia del capital, como se ve en la caída de las ganancias y las pérdidas de las empresas, o en la imposibilidad de realizar los reclamos de distintas asociaciones empresarias. Así, la licuación del poder del Estado no engendró la expansión del poder de la burguesía.

Se deriva de nuestro análisis que el poder del Estado estaba ligado al poder de la burguesía. La posibilidad de expandir la ganancia capitalista, que constituye el interés general de la clase burguesa, estaba en la base del éxito de la estrategia de acumulación. El poder del Estado dependía de este éxito en la acumulación de capital. Sobre esta base, la competencia empresaria en los diferentes sectores de la economía por la apropiación de ganancias podía conducirse sin interrumpir la unidad del ciclo del capital y posibilitar la acumulación conjunta de las fracciones burguesas.

Al mismo tiempo, se desprende que el poder del Estado dependía de su eficacia para construir consenso social en torno a esta estrategia de acumulación -es decir, para presentar los intereses de la clase burguesa como intereses del conjunto de la sociedad-. La ineficacia del Estado para generar acuerdo en torno a sus políticas y la licuación de su poder se pusieron contundentemente de manifiesto en la insurrección popular de diciembre de 2001, que cerró el periodo de oro del neoliberalismo en Argentina.