Introducción

Según la teoría política crítica contemporánea, las dos acciones constitutivas del poder soberano son hacer vivir y matar. Tal es el caso de los enfoques herederos de las teorías de Michel Foucault y de Achile Mbembe. Aprehender la violencia sociopolítica en el marco de estos enfoques privilegia la visibilidad de las experiencias de los hombres cisgénero y heterosexuales en las guerras contemporáneas debido a que estadísticamente son los que más mueren. El androcentrismo en la lectura de lo político invisibiliza la especificidad de la violencia sociopolítica contra otros grupos humanos. Por ejemplo, las violencias dirigidas contra las personas que se alejan de la norma cisheterosexual han estado más relacionadas con el objetivo de infligir sufrimiento e imponer una vida de exposiciones a la crueldad que con el propósito de matar. Esta mirada androcentrista sobre tales violencias nubla la comprensión de su especificidad e impide el pleno reconocimiento de las estrategias de reexistencia desplegadas por personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas.

Este artículo presenta parte de los resultados de la investigación “Acciones constitutivas de la soberanía: análisis interseccional del ejercicio del poder soberano en las nuevas formas de la guerra”, desarrollada en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Lausana (Suiza) entre 2021 y 2022. En esta investigación se propone una discusión sobre los limites interpretativos de las teorías foucaultianas y poscoloniales sobre el poder soberano desde una perspectiva feminista, cuir² y decolonial. Adoptar esta perspectiva implicó abordar las memorias de la guerra de las personas con sexualidades e identidades de género no hegemónicas para desarrollar marcos teóricos interesados en el análisis de las formas generales del poder en que estas se insertan. Este modo de comprensión es inverso al proceso de interpretar las experiencias de estas personas como casos particulares o excepcionales dentro de marcos teóricos que universalizan las vivencias cismasculinas y/o heterosexuales del poder. El uso de este enfoque hizo posible develar las dinámicas que explican el funcionamiento del poder soberano en vez de reducir a un caso particular la experiencia de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.³

El objetivo de este artículo es analizar el rol de la crueldad contra personas LGBTIQ+ en el establecimiento de una forma de poder soberano paraestatal, en los territorios históricamente dejados al margen de la nación colombiana. Esta forma de poder actualiza a la etapa neoliberal del capital un gobierno de los cuerpos basado en la frontera colonial entre lo humano y lo no-humano. Demostrar esta hipótesis tiene como consecuencia develar una manera específica de ejercicio del poder que produce cuerpos a través del control, la racionalización y la administración del sufrimiento, a la cual denomino gobierno del sufrimiento.

Este texto describe los tres elementos que permiten comprender la naturaleza del vínculo entre crueldad y gobierno del sufrimiento. Primero, la genealogía de las técnicas de guerra del paramilitarismo en Colombia muestra que fundar un gobierno parainstitucional de los cuerpos y consolidar una soberanía paraestatal son acciones que actualizan al contexto neoliberal la distinción entre ciudadanía y sujetos coloniales. En segundo lugar, el régimen de heterosexualidad obligatoria fue uno de los componentes de la organización interna de los ejércitos paramilitares que ordenó la división y apropiación del trabajo en los territorios bajo su control. En tercer lugar, se aborda cómo el pensamiento heterosexual del proyecto paramilitar sirvió para radicalizar el estigma que ya existía contra las personas LGBTIQ+ y así convertir sus cuerpos en objeto de una crueldad espectacularizada sobre la que se instauró un poder disciplinario parainstitucional que afectó a toda la población.

1. Poder, crueldad y soberanía

Según el paradigma foucaultiano del poder relacional, los cuerpos son transformados en vida dócil y disciplinada por medio de la biopolítica y de la anatomopolítica. Estas formas de poder institucionalizado integran otra forma específica del poder que caracteriza a los Estados modernos: el biopoder. En esta perspectiva, hacer vivir y dejar morir son las acciones constitutivas de la soberanía junto con el poder disciplinario y la biopolítica o el gobierno de la vida, con un criterio de rentabilidad económica (^{Foucault 2001}). El racismo será el dispositivo del biopoder que organice el ejercicio del poder soberano, e indique la frontera entre los cuerpos políticamente importantes o aquellos que se harán vivir y los que se dejarán morir. Según este paradigma, el horizonte de emancipación está dado por el acto de cuidarse -hacerse vivir a sí mismo-, lo cual solo puede lograrse por medio de la producción de verdad sobre sí.

Achile ^{Mbembe (2006)} relee y complementa este enfoque, y demuestra que existe una frontera racial adicional, de génesis colonial, entre cuerpos objeto de la biopolítica y otros objeto de lo que él conceptualiza como necropolítica: el gobierno de la muerte, según un criterio de rentabilidad económica. El necropoder, de acuerdo con Mbembe, surge en las colonias en paralelo y de manera imbricada al surgimiento del biopoder. Se trata de un poder que se ejerce por medio de la violencia sin límites legales e institucionales sobre cuerpos excluidos de la esfera de lo humano. Este no solo expone a morir desde un criterio racial -como supone Foucault-, sino que sujeta a los cuerpos por medio de la transformación de su muerte, y no de su vida, en objeto de gobierno. Esto significa que hay dos fronteras raciales que organizan el poder: una dentro del biopoder, que indica al soberano qué cuerpos dejar morir; y la otra que se ubica entre la metrópoli y la colonia, y separa los cuerpos objeto del biopoder -hacer vivir o dejar morir- de los objetos del necropoder -hacer morir-. Esta diferencia racial respecto de los sujetos coloniales hace que el horizonte de emancipación frente al necropoder sean el sacrificio o el suicidio, pues es la muerte y no la vida lo que sujeta al cuerpo. Esta perspectiva de Mbembe amplía el planteamiento foucaultiano sobre la soberanía, dado que esta no se constituye en el acto de hacer vivir y hacer morir, sino en el derecho a matar.

Ni Foucault ni Mbembe problematizan la relación entre soberanía y crueldad. El primer autor en establecer este vínculo fue Sigmund ^{Freud (2017)}, para quien toda soberanía descansa en una pulsión natural de poder que se expresa a través de la crueldad. En la perspectiva de Freud, la constitución de las sociedades civilizadas depende de regular este impulso por medio de la ley. En el siglo XXI, Rita Segato desnaturaliza la relación entre soberanía y crueldad, y la entiende como constitutiva del proyecto imperial civilizatorio moderno en su etapa neoliberal. Esta autora considera que la debilidad institucional que caracteriza al neoliberalismo a partir de los años noventa propició que dentro de los Estados convivan agencias estatales y no estatales que compiten violentamente por establecer su soberanía. Esto es a lo que ella denomina nuevas formas de guerra. En este contexto de debilidad institucional, los territorios no se definen más por las leyes, sino que se conforman por redes de cuerpos marcados como territorio de un mismo grupo mediante medidas biopolíticas y violencia directa (Segato 2016).

En la perspectiva de Segato, la crueldad infligida espectacularmente -de manera especial contra las mujeres- se entiende como el elemento que integra y delimita la jurisdicción del poder soberano de los actores en disputa (Segato 2014a y 2016). Según la autora, esta forma de control territorial es característica del neoliberalismo y es profundamente dependiente de una administración sádica y generizada de la violencia. Tal intersección entre economía neoliberal y violencia sádica es a lo que la filósofa mexicana Sayak Valencia (2018) denomina capitalismo gore.

A diferencia del paradigma foucaultiano o del de Mbembe, en el de Segato el poder es conquistual y no relacional. Esto quiere decir que una parte se constituye como poderosa mientras se adueña del cuerpo de la otra parte. Las tecnologías de esta forma de poder son la necropolítica, la biopolítica y a lo que Segato se refiere como las pedagogías de la crueldad. Estas últimas se definen como todas las acciones que enseñan a transmutar la cosa en vida mediante colectivos articulados por políticas vinculares (Segato 2018). En este paradigma, el horizonte de la emancipación es la descosificación de los cuerpos o las contrapedagogías de la crueldad, de acuerdo con Segato. Así, la pugna por la hegemonía se ubica en el plano de la creación colectiva y la vinculación de modos de existir insumisos frente a la clasificación y el disciplinamiento de la existencia en categorías coloniales y cisheteropatriarcales como hombre, mujer, negro, indio, blanco, sano, homosexual, etc.

Estos marcos teóricos críticos, anticoloniales y feministas aportan a la comprensión de ciertas dinámicas del conflicto armado colombiano, pero son desbordados por otros. Colombia es un país tristemente privilegiado para captar la complejidad del funcionamiento del poder soberano en las guerras contemporáneas. El peso del narcotráfico en la economía posiciona al país como un nodo de la economía ilegal transnacional y de las dinámicas globales de guerra que esta conlleva. Además, el caso colombiano es uno de los primeros a nivel mundial en los que el Estado reconoce la existencia de una victimización específica de las poblaciones LGBTIQ+ en dichas guerras (^{Giraldo-Aguirre 2020}), por lo que es particularmente relevante para teorizar sobre el fenómeno de la soberanía en las guerras neoliberales a partir de la experiencia de esta población.

Los informes de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) evidencian que las dinámicas de control territorial no se explican plenamente si solo son leídas en términos del gobierno de la vida y de la muerte, como proponen las teorías de Foucault y Mbembe. En estos contextos, el gobierno de la crueldad muchas veces primó sobre el de la vida y la muerte (^{Giraldo-Aguirre 2020}), y fue determinante en la constitución de soberanía. A su vez, la espectacularización de la crueldad, además de delimitar la jurisdicción soberana de un grupo, como propone la teoría de ^{Segato (2014b)}, cumplió un papel disciplinario en materia de normas de conducta y estilos de vida aceptables (CNMH 2015a y 2011). Los informes denotan que la espectaculariazación de la crueldad se tornó en un sistema paraestatal de sujeción y gobierno de los cuerpos. Este gobierno se soportó en una administración generizada de la violencia sádica, como propone Valencia (2018). No obstante, los informes analizados en esta investigación muestran que, además y principalmente, se trató de un gobierno del sufrimiento apoyado en una circulación cisheteropatriarcal y colonial de la crueldad.

Por otro lado, la importancia del rol de la violencia contra todas las personas con orientaciones de género e identidades de género no hegemónicas muestra que el ser mujer, como supone ^{Segato (2016)}, no fue el determinante principal para transformar a las personas en cuerpos sacrificiales para los espectáculos de la crueldad. De hecho, el rol de cuerpo sacrificial no se definió en términos masculino/femenino. Los cuerpos devinieron sacrificables como consecuencia de desafiar, con su sola existencia, la extensión de la forma de poder que organiza la economía capitalista, la cual se basa en alienar el cuerpo, disciplinarlo y cosificarlo. Se trató de cuerpos cuya potencia estética testimonia sobre la capacidad humana para ejercer soberanía sobre sí y que se expresa en el acto de existir fuera de la norma de género hegemónica. Esta potencia reta al proyecto cultural hegemónico porque desafía la ficción que posiciona a lo cismasculino blanco heterosexual como norma de lo humano. La potencia de dignidad de las mujeres cis en su conjunto, las insumisas, los cuerpos no blancos, las líderes, las machorras, las travestis, lxs transexuales, los cuerpos sin las capacidades hegemónicas, lxs maricas, los gais, etc. resultan amenazantes por su mera existencia, amenaza que se exacerba cuando se concreta en el acto de vivir o buscar vivir dignamente.

En conclusión, el estado de la literatura presentado muestra que el caso colombiano desborda las nociones de soberanía de las teorías políticas críticas contemporáneas. En lo que sigue, se retoman, se ponen a dialogar y se amplían estas teorías, esto es, se trabaja junto a ellas, pero no para ellas. El interés aquí es aportar a la teoría política una problematización del gobierno de la crueldad en la constitución del poder soberano en las guerras contemporáneas, mediante la observación de su despliegue en los cuerpos explosivamente dignos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas.

2. Teorizar desde las memorias del conflicto

En el aspecto metodológico esta investigación teórica se fundamentó en el análisis documental de fuentes secundarias, y en el análisis de contenido como técnica de producción y análisis de información.⁴ Se estudiaron todos los informes publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) entre 2008 y 2020 (150). Estas fuentes se abordaron en dos etapas. Primero, se analizaron las secciones de prólogo e introducción de la totalidad de los informes con el fin de identificar aquellos que priorizaron o contienen la memoria de personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, en todas sus diversidades de raza, capacidad, edad, etc., para establecer cómo se manifestó el fenómeno en todo el territorio nacional. En la segunda etapa se estudió la integralidad del texto de los informes seleccionados y se aplicaron las categorías de análisis de la investigación. El objetivo del análisis documental en las dos etapas fue establecer patrones, recurrencias, brechas, tendencias, convergencias, contradicciones y categorías de análisis no previstas al inicio del trabajo. La validez de las fuentes se estableció por relación con otras fuentes de literatura científica, la comparación entre diferentes informes y el análisis del contexto de producción del documento, en términos de intereses políticos y académicos presentes alrededor del proceso de elaboración y publicación de los informes (Galeano 2018; ^{Saukko 2003}).

El Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia se creó con la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) y tuvo como antecedente el Grupo de Memoria. El acervo producido por el CNMH resulta de su pugna por la verdad, lo que lo convirtió en la fuente más plural. A pesar de ser un ente gubernamental, los diferentes actores que disputan el establecimiento de su narración sobre el conflicto, incluyendo a las víctimas, lograron añadir en el estatuto fundacional del Centro una serie de medidas enfocadas a garantizar la total autonomía de los y las investigadoras respecto al Estado. Estas medidas permitieron que los informes de esta entidad fueran los primeros documentos oficiales que dieron cuenta de la magnitud del rol del propio Estado en la guerra.

Con el objetivo de construir una verdad incluyente con respecto a los diferentes puntos de vista, los primeros informes se enfocaron en reconstruir la perspectiva de las víctimas de las zonas rurales. Verdades que venían siendo silenciadas por el discurso oficial del Gobierno de Álvaro Uribe, en el que se privilegiaba la versión del Estado. Esta postura generó la confianza de las comunidades que sufrieron la guerra, quienes se aproximaron al Centro para salvaguardar sus archivos sobre el conflicto y entregar sus testimonios. El CNMH adoptó la estrategia de incluir las perspectivas de verdad de todos los actores para legitimarse, evitar persecuciones y lograr que realmente fuesen consideradas las memorias históricamente silenciadas. Este ejercicio de negociación permitió que se tuvieran en cuenta las perspectivas de verdad de empresarios, propietarios de tierra, integrantes del ejército y otros grupos de poder. De este modo, los informes se convirtieron en el acervo más completo y plural sobre el conflicto hasta la fecha.

En 2018 la dirección del CNMH fue cooptada por los sectores más conservadores y cercanos a los intereses de terratenientes, ganaderos, empresarios y el Ejército. Estos asignaron como director a un representante de sus intereses particulares, acto contrario a la pluralidad que caracterizó al Centro en la dirección anterior y que da legitimidad a sus informes. No obstante, a la fecha aún no se han publicado las investigaciones que responden a esta ruptura y hasta el 2022 se siguieron publicando informes realizados bajo la pasada dirección. En la última etapa de la primera dirección, las investigaciones habían comenzado a incorporar de manera mucho más rigurosa los enfoques diferenciales, y a generar lecturas complejas y nacionales del conflicto apoyadas en el avance de las informaciones recopiladas. Las diferencias entre los modos de actuar de grupos estatales, contraestatales y paraestatales comenzaban a hacerse más explícitas a medida que pasaban los años. Esta información permite entender que el terror ejercido metódica y sistemáticamente contra la población civil fue una técnica particularmente usada por los grupos paraestatales. Además, los informes regionales comenzaban a develar la sistematicidad del paramilitarismo y su dimensión de proyecto modernizador de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana. Estos últimos se produjeron bajo la primera dirección, pero salieron a la luz durante la segunda, por lo que el siguiente análisis se basa en la totalidad de los informes publicados por el Centro hasta el 2022.

3. La génesis colonial de las políticas cisheteropatriarcales de la crueldad

Antes del proyecto paramilitar, el precedente más próximo de instauración de un orden social a escala nacional fue el conjunto de políticas higienistas que a principios del siglo XX tuvieron como objeto constituir una nación en Colombia. El objetivo de dicha política era implantar el modo de vida de la clase obrera europea. Dichas políticas suponían que los cuerpos que no eran producto de un modo de vida eurocéntrico (higiénicos, sanos, heterosexuales, blanqueados, etc.) eran biológicamente menos aptos para integrar una comunidad conciudadana (^{Dorlin 2009}). Esto implicó la marginalización de los modos de vida considerados incompatibles con este modelo civilizatorio: todos los pueblos no-blancos y toda forma de existencia no-heteropatriarcal. Este enfoque influyó profundamente en las políticas higienistas que se pusieron en marcha a partir de los años treinta durante el periodo liberal (^{Bustamante 2004}; ^{Noguera 2003}). Aunque se trató de políticas nacionales, su radio de acción se limitó a las ciudades en donde se estaba desarrollando una economía industrial, tales como Bogotá o Medellín.

Estas dinámicas en su conjunto redundaron en que las poblaciones rurales, indígenas y negras, al ser excluidas del despliegue biopolítico del Estado, fuesen además expulsadas de la economía formal nacional. Los territorios donde habitan estos grupos coinciden con aquellos en los que los ejércitos paramilitares consolidaron gobiernos parainstitucionales a partir de los años noventa, a saber: las regiones Caribe, Magdalena Medio y del Pacífico; departamentos como el Cauca, el Putumayo, Arauca y los Llanos; y las zonas rurales de Antioquia.

A partir de los noventa, la violencia paramilitar desempeñó un rol decisivo en la garantía de las condiciones que permitieron capitalizar dentro de la economía neoliberal estos territorios históricamente excluidos de la economía formal⁵ (CNMH 2011; 2018c; 2020b). En 1997 surgió el grupo Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como resultado de la unificación de las Autodefensas Campesinas de Urabá, Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales (CNMH 2013). A partir de la conformación de las AUC comenzó una contrarreforma agraria en la que las tierras que habían sido adjudicadas al campesinado antes del Pacto del Chicoral⁶ fueron recuperadas por grandes capitales nacionales y extranjeros. Es de anotar que no en todas las zonas donde tuvieron presencia las AUC hubo guerrilla y que, en los territorios dominados, sus intereses se inclinaron al control de economías legales e ilegales. De manera que esta organización, más que tener una política contrainsurgente, respondió a los intereses económicos neoliberales ligados a la desregulación de la economía colombiana en los años noventa y a través de técnicas de guerra propias de un modelo colonial de la guerra moderna.⁷ Este modelo consiste en un conjunto de métodos para el uso racional de la crueldad con el fin de controlar territorios y poblaciones por medio del terror, desarrollados por militares franceses en el contexto de la guerra colonial en Argelia durante los años cincuenta (^{Robin 2004}).

En Suramérica, en el Plan Cóndor (1975-1989), el saber bélico de los militares franceses fue incorporado a la Escuela de las Américas y, a partir de ese momento, fundamentó la guerra contrainsurgente en toda América Latina (^{Falquet 2016}). Esta relación entre la conformación de las AUC y la importación de técnicas imperiales de guerra evidencia el carácter colonial de la relación del Estado colombiano con las poblaciones de sus márgenes.

En este punto es importante mencionar que los métodos de la guerra moderna fueron originalmente desarrollados para gobernar los cuerpos de los sujetos coloniales del imperio francés en Argelia y así mantener la soberanía sobre sus colonias. Las medidas biopolíticas descritas por Foucault, a partir del caso de la constitución de poblaciones gobernables en la Francia metropolitana, contrastan con las técnicas utilizadas en Argelia, y muestran la frontera existente entre los cuerpos de la metrópoli sujetos por medio de un poder biopolítico sustentado en instituciones limitadas por la ley y los sujetos coloniales disciplinados mediante del uso calculado de la crueldad sin límites legales. Tal frontera colonial entre cuerpos sujetos por medio de estrategias biopolíticas sustentadas en instituciones y cuerpos sujetos por medio del terror es equivalente a la que divide a Colombia entre quienes fueron incluidos y excluidos del proceso de construcción de la nación.

La importación de prácticas eurocéntricas de gobierno de poblaciones y de guerra por parte del Estado colombiano ha redundado en la constitución de los márgenes de su territorio como un estado de sitio y de excepción equivalente a los espacios coloniales del imperio francés donde predominó el necropoder. A partir de los años noventa, las AUC desarrollaron un proyecto de modernización que les permitió integrar a los territorios la economía transnacional sin desplegar estrategias biopolíticas que mantuvieran a la nación, y lograron proteger la frontera racista entre la nación y sus márgenes. Así las cosas, las AUC crearon un gobierno parainstitucional de las poblaciones históricamente excluidas mediante el necropoder y una política basada en la violencia sádica, racializada y generizada, ejercida sin límites legales o institucionales.

Esto significa que las políticas del terror contra las personas LGBTIQ+ que se analizan en las dos siguientes secciones están imbricadas a la historia colonial de la nación colombiana. También implica que hay una frontera racial entre las personas LGBTIQ+ que habitan los márgenes de la nación con respecto a las que no. Esta frontera se expresa en mecanismos de sujeción diferentes: unos más mediados institucionalmente y otros basados en la crueldad ejercida sin concesión alguna. Pese a la existencia de esta frontera entre personas LGBTIQ+, la violencia antihomosexual conforma el proyecto nacional en su conjunto. Como demuestra el trabajo del antropólogo Fernando ^{Serrano (2018)}, la interacción entre violencia sociopolítica antihomosexual y la imposición de un orden de género fue esencial en el proceso de imponer un proyecto de nación basado en la transformación por medios paramilitares del paisaje económico, político y cultural de todo el país.

4. Régimen paramilitar de heterosexualidad obligatoria

Una participante del informe Ciudadan@ de la calle describía de la siguiente manera la relación entre crueldad e imposición de normas de género: “Llegó un travesti y le pegaron una picada […] ¿Niña, joven, adulta? Jovencita. De una, que acá no querían maricas. Ni lesbianas, ni transexuales. Solo hombres hombres, mujeres mujeres” (Colectiva Transpopulares Por Cuerpos Libres 2015, 3, énfasis añadido). La heterosexualidad como régimen político y económico fue constitutivo del poder paramilitar. Entender la dependencia de las estructuras paramilitares de la estabilidad de este régimen contribuye a comprender por qué las orientaciones sexuales o identidades de género no hegemónicas les resultaron amenazantes.

El feminismo materialista francés visibilizó que la división capitalista del trabajo reposa sobre la afirmación de la existencia de una diferencia sexual entre dos y solo dos sexos; esto es a lo que Monique Witting denominó pensamiento heterosexual. Se trata de un mecanismo que permite a un grupo dominante apropiarse del trabajo productivo, emocional, reproductivo y sexual de grupos dominados por medio de la naturalización de categorías sexuales (^{Wittig [1980] 2007}). Las estructuras paramilitares fueron altamente dependientes de una división sexual en la que los roles milicianos más valorados estaban mayoritariamente ocupados por hombres. Los roles de trabajo logístico y reproductivo y menos valorados estuvieron asociados con las mujeres. El 75 % de los miembros de estructuras paramilitares tenía roles militares,⁸ seguido de un 23 % de personal dedicado a roles logísticos. Las mujeres representaban alrededor del 10 % de la fuerza de trabajo miliciana, y 7 de cada 10 personas dedicadas a roles logísticos dentro de la estructura eran mujeres (CNMH 2019a y 2019c). Esta repartición del trabajo muestra la centralidad del sexo en la valoración, organización y apropiación de trabajo dentro de la estructura. Entonces, la importancia del pensamiento heterosexual para el proyecto político paramilitar se hace evidente en el rol que la división sexual binaria desempeñó en: la organización del trabajo dentro de los grupos paramilitares, la organización del trabajo de las poblaciones bajo su dominio y la explotación de los cuerpos con fines económicos.

En las zonas de los márgenes del Estado, la violencia paramilitar implantó una severa división sexual del trabajo. Los ejércitos paramilitares absorbieron la fuerza de trabajo de hombres niños, jóvenes y adultos provenientes de zonas donde históricamente el Estado no ha garantizado las condiciones institucionales mínimas para la integración a la economía nacional, tales como vías de acceso o rutas de comercialización de productos. Los datos muestran que, al momento de llegar a las filas de las AUC, el 74 % de sus integrantes no contaban con los ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades vitales básicas y el 70 % solo había culminado la educación primaria (CNMH 2019a y 2020b). El proyecto paramilitar buscó convertir a estos hombres en cuerpos gobernables y asimilables a la guerra; es decir, transformarlos en capital humano para la industria bélica. Con este fin los instruyó en escuelas de entrenamiento ilegales (CNMH 2014b y 2019b). En muchos casos se trató de hombres niños, jóvenes y adultos reclutados por la fuerza; no obstante, la falta de opción de empleo en la economía legal, producto de la exclusión estatal, tuvo un papel central en la decisión de muchos de buscar empleo en grupos paramilitares. Estos grupos se mostraron como la opción de empleo más rentable y, muchas veces, la única para los hombres de las poblaciones del país históricamente excluidas de la nación.

En el caso de las mujeres, la explotación de su trabajo y su cuerpo tuvo dos grandes mecanismos. El primero fue la explotación sexual, la cual aumentó de modo vertiginoso durante el periodo de consolidación del paramilitarismo, entre 1997 y 2004 (CNMH 2018b). En la costa caribe fueron habituales las subastas de niñas y jóvenes menores de edad utilizando el formato de los “reinados de belleza” (CNMH 2011). En el Putumayo, los Llanos Orientales y Arauca, los paramilitares monopolizaron la economía del tráfico humano con fines sexuales y a nivel nacional fueron propietarios de locales de venta de servicios sexuales (CNMH 2018b). Estas formas de explotación constituyeron una fuente importante para su financiamiento. Para el bloque Centauros en los Llanos, este mecanismo contribuyó a su independencia financiera con respecto a los grupos económicos, principalmente ganaderos, que los apoyaron en sus inicios (CNMH 2020b). El segundo dispositivo fue la explotación del trabajo reproductivo remunerado y no remunerado de mujeres que no integraban las filas paramilitares, y que fueron sometidas para la producción de uniformes, labores de cocina y de enfermería, trabajo emocional, entre otros (CNMH 2019a). La apropiación del trabajo reproductivo remunerado y no remunerado aportó las condiciones materiales para el sostenimiento de estos grupos. Al igual que en el caso de los hombres, las principales afectadas fueron mujeres rurales, indígenas y negras.

En la organización del trabajo descrita, hombre y mujer no operaron como categorías biológicas, sino como clases sociales que posibilitaron la organización y apropiación del trabajo por parte de los grupos armados. En este sentido, las orientaciones sexuales e identidades de género que no correspondían a la heterosexualidad fueron amenazantes, desde un punto de vista más económico y político que moral. Esto se tradujo en la aniquilación sistemática de las personas que no encajaran en el régimen heterosexual, por lo que justificaron su tortura y muerte al asociar sus cuerpos con vectores de enfermedades de transmisión sexual, o como agentes con la capacidad de “contaminar de homosexualismo” y con actividades estigmatizadas como la venta de drogas.

No obstante, no todas las víctimas fueron igualmente objeto de persecución. Se aplicaron criterios de selección tales como “la visibilidad de la víctima, el tejido comunitario que le acerca o distancia de los armados, su ocupación en oficios y espacios que le exponen, sus condiciones de marginalidad y su estatus socioeconómico, edad e identidad étnico/racial” (CNMH 2015a). Estos criterios fundaron una lógica en la que las mujeres lesbianas u hombres gais con performance de género visiblemente masculinos o femeninos -respectivamente- fueron objeto de particular persecución. Tal lógica afectó más intensamente a las personas con experiencia de vida trans, en tanto retan más radicalmente el régimen de heterosexualidad. De manera que las personas que ponen en cuestión la naturalidad de este régimen fueron consideradas como una afrenta al poder paramilitar. Esto se evidencia en la especial persecución de la que fueron víctimas las personas LGBTIQ+ que, además de ser visibles, defendían el derecho a existir digna y libremente.

En lo que concierne a la asimilación de personas en la estructura paramilitar, la performance de género fue un criterio esencial para integrar y permanecer en las filas. Como se mencionó anteriormente, el 75 % de las y los integrantes desarrollaban labores de milicia. Este rol estuvo mayoritariamente en manos de hombres. Al miliciano se le exigía una performance de masculinidad basada en el ejercicio de la violencia y la crueldad, evaluada y perfeccionada en escuelas de instrucción para la guerra que se hicieron en diferentes lugares del país (CNMH 2014b). En este contexto, ser asociado con atributos femeninos no fue considerado compatible con la habilidad requerida para la guerra. Los hombres identificados como gais fueron excluidos de la masculinidad aceptada y asesinados dentro de las filas (CNMH 2018e). En el caso de las mujeres lesbianas machorras, estas fueron particularmente perseguidas durante el proceso de regulación de la vida en las poblaciones. Sistemáticamente los grupos paramilitares las torturaron y/o asesinaron, luego de acusarlas de “querer parecerse a un hombre”. No obstante, dentro de las filas las machorras que demostraron su capacidad para encarnar la performance de la masculinidad guerrerista y cruel llegaron incluso a ocupar altos mandos (CNMH 2018a). El contraste entre los hombres gais y las lesbianas machorras asimiladas, y entre estas dentro y fuera de las estructuras paramilitares, muestra que las personas LGBTIQ+ fueron aniquiladas en función de su asimilabilidad a una organización económica y política heterosexual, más que en función de su diversidad sexual.

5. El gobierno parainstitucional de los cuerpos

La crueldad contra personas LGBTIQ+ no solo se explica por la importancia del pensamiento heterosexual para el paramilitarismo; además permitió comunicar la capacidad de los grupos armados de decidir quién y cómo vive o muere, y quién y cómo sufre. Esto significa que la crueldad legitimada por dicha ideología sirvió para comunicar a la totalidad de la población que los paramilitares detentaban un poder disciplinador, así como los límites de la jurisdicción de ese poder.

La violencia contra personas LGBTIQ+ se caracterizó por su índole pública durante sus momentos de mayor intensidad, entre 1997 y 2004, periodo que coincide con la consolidación del proyecto paramilitar a nivel nacional. Una vez conformadas las AUC como estructura común en 1997, su violencia se comportó con patrones sistemáticos a lo largo del país. En el sur de Bolívar, estos grupos armados, al llegar a un territorio, primero arrasaban por medio del terror producido por ejercicios de crueldad espectacularizada. Luego, sus acciones se enfocaban en controlar a la población y en garantizar una regulación social afín a sus intereses (CNMH 2020a). Este patrón se repitió en Santander, el Magdalena Medio, Putumayo, Antioquia y los Llanos. En todos los territorios, la violencia antihomosexual fue particularmente intensa en el periodo de arrasamiento, porque fue la que posibilitó a los grupos enviar el mensaje de su capacidad para regular la vida en los territorios. Por ejemplo, en Barrancabermeja, en el año 2000, el frente Fidel Castaño, durante la fase de arrasamiento, persiguió, atacó y desterró a personas que no encajaban en la heterosexualidad. Se repartieron panfletos a toda la población en donde se advertía que asesinarían y desterrarían a personas LGBTIQ+. Debido a lo anterior, en el 2001 esta región registró el mayor número de victimizaciones hacia tal población. El desplazamiento fue la principal modalidad (CNMH 2020a y 2019d).

En todo el país, la instauración de sistemas de vigilancia de las expresiones de género y sistemas de castigo ante las manifestaciones públicas de afecto homosexual fueron de las primeras acciones de los grupos armados al implantar su dominio (CNMH 2019b). En palabras de una voz testiga:

después es cuando ya nosotros empezamos a escuchar que ser lesbiana, ya empieza a ser lo peor acá en Barrancabermeja, ser gay es lo peor acá en Barrancabermeja; porque las autodefensas empiezan a imponer su ley, su orden y no querían ver a lesbianas, agarrándose de las manos, entonces empiezan a avergonzarlas, a calvearlas […] Y la cogieron y las calveaban, les daban tablazos en medio del parque o un sector central ¿sí?, las calveaban, e incluso, las violaban, abusaban sexualmente de ellas, para que realmente, llegaran a saber qué era un hombre de verdad y dejaran de gustarle las mujeres. (CNMH 2020a, 102)

Durante la fase de consolidación en el Caribe, el Putumayo y el Magdalena Medio, se usó sistemáticamente la violencia sexual y la humillación pública contra las mujeres que retaban el orden de género, incluidas las lesbianas. También se justificaron la violación y la desnudez forzada como mecanismos recurrentes para corregir el desvío de la norma heterosexual. Así mismo, se acudió con frecuencia al repertorio de rapar con machete a las mujeres lesbianas y trans con el fin de marcarlas como transgresoras (CNMH 2015a y 2020a). En el Caribe se organizaron espectáculos de crueldad en los que se obligó a mujeres consideradas transgresoras de la norma de género a pelear contra hombres gais (CNMH 2011). Los bloques impusieron a toda la comunidad la asistencia a este tipo de puesta en escena con el fin de comunicar su capacidad de crueldad.

En varias regiones del país, se utilizó el recurso de acusar a la población LGBTIQ+ de cometer faltas morales o delitos para luego castigarlas de manera más cruel y pública que a personas heterosexuales. De este modo se comunicaba sobre la capacidad del poder paramilitar para definir y sancionar delitos. Por ejemplo, el bloque Central Bolívar señaló públicamente a una mujer trans de robar un anillo. Usaron esta acusación para justificar el uso de su cuerpo en un espectáculo de crueldad en un lugar público muy concurrido (CNMH 2018b).

La existencia de personas que asumían de manera visible una expresión sexual o una orientación de genero no-heterosexual ponía en cuestión la capacidad del poder paramilitar para controlar la totalidad de los cuerpos. Esto se hace evidente en la especial persecución que sufrieron en todo el país los líderes y lideresas e integrantes de las organizaciones que buscaban garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, y que defendían una existencia visible y digna. Por ejemplo, en Santander las personas integrantes de este tipo de organizaciones fueron amenazadas de muerte y de ser quemadas vivas (CNMH 2014a). Tanto la elección del método como el hecho de comunicarlo muestra que la intención no marca el poder de decidir sobre la vida y la muerte, sino de disponer sobre el sufrimiento de las personas.

Dependiendo de los territorios y de las comandancias, la presencia de personas LGBTIQ+ se toleró siempre y cuando aceptaran adoptar públicamente un comportamiento heterosexual. Incluso consintieron las existencias visibles. Pero en estos casos se impuso como condición aceptar la asimilación al estatus de vector de enfermedades de transmisión sexual. Esto implicaba someterse a una tutela sanitaria consistente en exámenes médicos cuya periodicidad y obligatoriedad era potestad del bloque (CNMH 2018e). En los territorios bajo el mando del bloque Central Bolívar, los controles fueron realizados por médicos designados por ellos y se efectuaron en puestos de salud oficiales. Los resultados se comunicaban telefónicamente a los comandantes de la zona para que decidieran si la persona debía ser retenida, torturada o asesinada (CNMH 2020a). Ambos ejemplos muestran que la demostración pública de sumisión al poder paramilitar fue la única opción dada para salvaguardar la vida. Esto sucedió también en Antioquia, el Guaviare y el Putumayo, por lo que la sistematicidad de este margen de tolerancia muestra que, más que la orientación sexual, lo que resultaba problemático para los bloques era el desafío que las existencias visibles representaban ante la demostración de su capacidad de regulación de la vida.

La mayoría de los informes que comparan la experiencia de violencia en territorios bajo control de las guerrillas y control paramilitar coinciden en señalar que la llegada de estos últimos generó un antes y un después en la vida de las personas LGBTIQ+. Todos los documentos concuerdan en que la violencia contra esta población no apareció con la guerra y que estaba arraigada en las prácticas consideradas normales por las comunidades desde antes. No obstante, con la implantación del régimen de heterosexualidad paramilitar, tal violencia se intensificó y adquirió un carácter programático, pues los repertorios mencionados tuvieron en común lo siguiente: aparecieron o se intensificaron radicalmente durante la fase de consolidación del poder paramilitar; fueron sistemáticos, porque acciones similares se desplegaron en bloques ubicados en diferentes regiones del país; y la violencia en estos actos se enfocó para espectacularizar la crueldad.

Aunque la crueldad no fue exclusiva contra las personas LGBTIQ+, este grupo fue atacado con especial frecuencia, intensidad y sevicia (Colectiva Transpopulares por Cuerpos Libres 2015; CNMH 2015a y 2018d). Los efectos disciplinantes del terror producido por la crueldad justificada por el pensamiento heterosexual contribuyeron a establecer una forma de poder parainstitucional sobre toda la población. Esta ideología, además, permitió transformar a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas en cuerpos sacrificiales para la instauración de este poder.

Conclusión. Crueldad, soberanía y ternura

We have to consciously study how to be tender with each other until it becomes a habit because what was native has been stolen from us. (^{Lorde 2007, 30})⁹

Según ^{Mbembe (2006)}, una característica de la modernidad es la racionalización del terror, al punto de convertirlo en un elemento casi ineludible de la política. En las zonas de los márgenes del Estado, los paramilitares usaron el terror para gobernar la muerte, como plantea Mbembe, pero, como se señaló atrás, también lo implantaron como modo de vivir. En los márgenes, excluidos de la cobertura institucional y legal que soporta la biopolítica y la anatomopolítica, la transformación del sufrimiento en objeto de gobierno¹⁰, y no solo de la muerte, fue lo que permitió producir poblaciones gobernables y cuerpos dóciles, asimilables a las economías extractivistas e ilegales que imperan en los márgenes.

Como muestran los trabajos de ^{Segato (2016)} y Valencia (2018), la espectacularización de la crueldad es propia de las guerras neoliberales. En estas guerras el sufrimiento no es un efecto colateral o aleatorio, sino buscado. Sin embargo, según se demostró anteriormente, los espectáculos cisheteropatriarcales de sadismo que las caracterizan no solo constituyen el poder del grupo para decidir quién, cómo y cuándo muere, sino sobre todo el de decidir quién, cómo y cuándo sufre. Este hallazgo significa que estos espectáculos no solo establecieron una pedagogía de la crueldad; instauraron además un gobierno del sufrimiento y una forma de poder soberano cuya expresión es la crueldad.

El gobierno del sufrimiento descrito fue lo que produjo cuerpos gobernables e implantó un modo de vivir. Esto devela una forma específica de ejercicio del poder que desborda el marco de lectura propuesto por los paradigmas de la biopolítica y de la necropolítica. Con el fin de abarcar esta dimensión de lo político, propongo el concepto de pathospolítica, entendida como la forma del poder que produce el sufrimiento como objeto de gobierno y que se despliega a través de este gobierno. Esta perspectiva amplía la mirada foucaultiana y de Mbembe sobre la soberanía, pues, como se demostró en esta investigación, esta no se constituye en el acto de hacer vivir y hacer morir, sino en el derecho a hacer sufrir.

Conceptualizar la pathospolítica permite redimensionar el rol político de la crueldad. Esta conclusión hace posible formular la siguiente nueva hipótesis de trabajo:¹¹ el hackeo a la circulación hegemónica de la crueldad altera profundamente las formas de ejercicio del poder que configuran la cultura en la que se sustenta la guerra. La expresión máxima de esto es la ternura,¹² entendida como el proceso de construir un cuerpo como objeto de cuidado. Expresar la potencia mediante la transformación del deseo de hacer sufrir en deseo de cuidar es profundamente disruptivo con respecto a la economía política de los afectos hegemónica, intrínsecamente colonial y cisheteropatriarcal.

Hacer inteligible la dimensión política de la crueldad devela por el mismo movimiento la importancia política de la ternura. Esta categoría aportaría a la teoría política un marco de reconocimiento de una política cultural contrahegemónica ya existente, y que es creada por las intelectualidades lesbotransmariconas, raritas, cuir y travestis en medio de la práctica de sobrevivir (CNMH 2015a y 2018d). Mantenerse con vida en el contexto de aniquilación descrito es en sí mismo un testimonio de la existencia de saberes de supervivencia en los que la ternura desempeñó un rol político (^{Rocha, Ruiz y Salamanca 2022}). Estos saberes ponen en tensión la cultura occidental basada en la crueldad como horizonte de expresión de la potencia y habitan donde la guerra perpetua se expresó -y aún lo hace- en lo cotidiano, íntimo e invisible contra todo cuerpo cuya dignidad amenaza la ficción de la superioridad de lo cismasculino blanco.

En esta medida, la teorización de la ternura aportaría a la teoría política claves para pensar junto a las intelectualidades lesbotransmariconas la construcción de una paz profunda capaz de responder no solo al conflicto bélico, sino también a las guerras cotidianas invisibilizadas. Guerras que se intensifican en contextos de conflicto entre grupos armados, pero que no aparecen ni se limitan a esos contextos, y cuya terminación es una condición sine qua non para construir culturas de paz.