INTRODUCCIÓN

En la era moderna existe tal cantidad de información disponible que se requiere, cada vez, mayor capacidad de procesamiento y de eficiencia en el análisis, de modo que se pueda extraer la parte valiosa, para convertirla en una herramienta útil, que permita mejorar procesos de toma de decisiones en diferentes ámbitos, ya sea gubernamental, empresarial, ciencia y comunicación y otros (^{Kaushik & Naithani, 2016}; ^{Marcano Aular & Talavera Pereira, 2007}); sin embargo, la eficiencia de análisis se vería comprometida si dependiera únicamente del factor humano, ya que estaría sujeta a limitaciones de tiempo y de capacidad, para detectar patrones y correlaciones o sesgos de interpretación (^{Humhpreys & Wang, 2018}). De ahí, la importancia de contar con métodos automatizados, que permitan generar conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos, de forma imparcial, incluso, si se presentan en formato de texto.

En las ciencias sociales, aunque el análisis automatizado de texto no puede reemplazar el entendimiento humano producto de una lectura profunda y consciente, es una herramienta de asistencia esencial para los investigadores (^{Grimmer & Stewart, 2013}; ^{Németh & Koltai, 2021}; ^{Nguyen et al. 2020}). Por ejemplo, la minería de texto es una técnica que permite resumir rápidamente información en lenguaje natural, con poca o nula estructura, como discusiones o reflexiones, en elementos cuantificables más estructurados, permitiendo observar relaciones e identificar patrones existentes en esta (^{Feldman & Sanger, 2006}; ^{Jae-Hyuck et al. 2022}). Esto permite suponer que sería una opción adecuada para el análisis de información derivada de procesos participativos, como los diagnósticos comunitarios o la planificación rural, donde la información relevante u objetivo, se encuentra inmersa en diversidad de opiniones y reflexiones de estructura incipiente.

Los ejercicios participativos permiten conocer la realidad social desde la reflexión y el análisis por parte de los individuos que la vivencian (^{Muñoz Wilches, 2012}). Incluir a la población en la identificación de sus problemas y en la elaboración de estrategias de solución es fundamental para la satisfacción de sus necesidades (^{Lagunas-Vázquez et al. 2008}). El proceso participativo es importante ya que, según ^{Irvin & Stansbury (2004)}, promueve el aprendizaje, la construcción de confianza y de alianzas estratégicas entre gobierno y ciudadanos, la disminución de la hostilidad y la obtención de la legitimidad de las decisiones.

Levantar información, a través de un proceso participativo, requiere, tanto de recursos humanos como financieros; sin embargo, en ciertas situaciones, un limitante importante puede ser el acceso a los territorios y, especialmente complejo, en regiones afectadas por conflictos armados, donde los espacios participativos y la información relacionada con éstos, son escasos o coartados (^{Dajer Barguil, 2017}; ^{Muñoz Wilches, 2012}). Este es el caso de muchas zonas rurales en Colombia, un país que ha vivido el conflicto armado por más de 50 años y que, en 2016, observó cómo el gobierno y uno de los principales grupos revolucionarios firmaron un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción paz (^{Gobierno de la República de Colombia & FARC-EP, 2016}). Esto habilitó el ingreso a los territorios para involucrar a los pobladores en un gran proceso participativo rural de orden nacional, con el propósito de aportar información para el diseño de las estrategias y planes de implementación, que permitieran cumplir los compromisos de desarrollo pactados en el acuerdo (^{ART, 2020}).

Participación ciudadana en el posconflicto en Colombia. En Colombia, la administración centralizada de los recursos y los problemas estructurales del sector rural han puesto en desacuerdo a comunidades y gobierno, coartando la participación de las primeras, en la toma de decisiones, en la construcción de políticas públicas y distanciándolas cada vez más del Estado (^{Madridejos Ornilla & Salinas Coy, 2018}). Por ello, para la reactivación económica y social de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país, como indica el acuerdo, era necesario entender las necesidades de las comunidades desde enfoques basados en las experiencias y las perspectivas que tienen estas de sus territorios, de modo que fuera posible brindarles soluciones efectivas (^{Maldonado, 2016}).

Se planteó un escenario de participación permanente y activa de la población en la elaboración de los planes y los programas locales de desarrollo rural en el marco del pos-acuerdo, de modo tal, que esta dejaría de ser un beneficiario pasivo y se convertiría en uno con capacidad de gestionar su propio avance. La planificación participativa iniciada de abajo hacia arriba se haría realidad, a través de la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), eje central para la construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto (Decreto 893 de 2017 del ^{MADR, 2017}). La Agencia de Renovación del Territorio ART guio el ejercicio participativo, que incluyó, además de los pobladores, entidades territoriales, autoridades étnicas, organizaciones sociales o comunales y el sector privado (^{ART, 2018})

Más de 200 mil personas participaron en la totalidad del proceso (fases veredal, municipal y subregional), a lo largo del país, entre 2017 y 2019 (^{ART, 2020}) y 9.765, durante la fase veredal en la subregión PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (^{ART & Presidencia de la República, 2018}). En un escenario de diálogo, de reflexión y de reconocimiento de la realidad de los territorios, durante la fase veredal, las comunidades exteriorizaron sus opiniones en torno a las oportunidades y las problemáticas existentes, en relación con temáticas, como educación, salud, producción agropecuaria, ordenamiento territorial, infraestructura y vivienda, así como la construcción de una nueva visión territorial e iniciativas para alcanzarla (^{Chavarría et al. 2017}).

Esas opiniones son la fuente de información de este trabajo, que es importante no solo porque brinda la oportunidad a esas voces de trascender la barrera institucional y ser escuchadas por el resto de la sociedad, sino porque constituye información necesaria para determinar la articulación entre las necesidades y prioridades de una comunidad y los planes y estrategias de atención planteados y ejecutados, en el gobierno de turno. El objetivo de este trabajo fue identificar las prioridades de comunidades afectadas por el conflicto armado, utilizando, para ello, un análisis de minería de texto y tomando, como caso de estudio, los ejercicios participativos realizados en una subregión de Antioquia, Colombia, durante 2018. Este trabajo sirve de insumo para el diseño de políticas públicas de desarrollo rural en el periodo del pos-acuerdo en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se depuraron, mediante una limpieza de texto, 15.534 opiniones, de 9.765 habitantes, de 13 municipios de la subregión PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (Figura 1), utilizando, principalmente, el paquete tm (^{Feinerer & Hornik, 2018}), del software R (^{R Core Team, 2020}). Las opiniones se encontraban previamente divididas en 3 tipos: Problemática (PRO), Oportunidad (OPO) y Preiniciativa (PRE) y estaban focalizadas en 8 pilares de atención PDET: 1) Educación y primera infancia rural (ERPI); 2) Infraestructura y adecuación de tierras (IAT); 3) Ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo (OTUS); 4) Reconciliación, convivencia y paz (RCCP); 5) Reactivación económica y producción agropecuaria (REPA); 6) Salud rural (SR); 7) Sistema de garantía del derecho a la alimentación (SGDA) y 8) Vivienda, agua potable y saneamiento (VAS).

Figura 1 Municipios priorizados para su atención en la subregión PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. 

La información relevante contenida en las opiniones se describió utilizando minería de texto (^{Feinerer & Hornik, 2018}), mediante el análisis del uso, importancia, asociación y diferenciación de los términos (palabras), teniendo en cuenta una agrupación que incluía el pilar y tipo de opinión. Se realizó una lectura pormenorizada del contenido para contextualizar, de forma más precisa, los resultados. Para analizar el uso de los términos, se calcularon sus frecuencias relativas y, con base en esto, se seleccionaron los cinco primeros por pilar y tipo de opinión, sin tener en cuenta palabras vacías (por ejemplo, artículos, preposiciones o conjunciones), nombres propios, números o adjetivos; variantes de una misma palabra (por ejemplo, variantes de género, morfología, número o tiempo verbal); se representaron mediante un solo término. El tamaño del ranking (5) se definió con base en la adecuada visualización de los datos.

En el análisis de asociación, se utilizó la matriz documentos-términos (representación matricial de los documentos de un texto y los términos existentes en él) y se calculó la correlación de Pearson de las cinco palabras más frecuentes con el resto de los términos en el texto, por medio de la función findAssocs del paquete tm (^{Feinerer & Hornik, 2018}). Para cada palabra frecuente, se seleccionó un máximo de cinco palabras asociadas (aquellas con las correlaciones más altas en un rango de 0,1 a 1), en cada tipo de opinión observado.

El análisis de términos diferenciados se hizo mediante el cálculo del logaritmo de la razón de posibilidades (LOR, por sus siglas en inglés), siguiendo la ecuación presentada por ^{Silge & Robinson (2020)}:

Donde, es el número de veces que un término es usado por cada grupo (OPO o PRO) y es el número total de términos que usa cada grupo. Un valor de LOR > 0 indica que hay mayor probabilidad de que el término sea usado en OPO, mientras que con LOR < 0 hay mayor probabilidad de ser usado en PRO.

La importancia de los términos en el texto ( ), se calculó mediante el método frecuencia del término-frecuencia inversa del documento o TF-IDF, por sus siglas en inglés, como lo indicaron ^{Montiel Soto et al. (2009)}:

Donde, la importancia de un término en un documento , es el producto entre la frecuencia relativa del término en el documento y el logaritmo natural de la razón entre el número de documentos en el conjunto de datos y el número de documentos donde aparece el término . La ponderación TF-IDF asigna un alto peso a un término, si se produce con frecuencia, en un documento específico, pero, rara vez, en la colección completa; sin embargo, si el término ocurre pocas veces en el documento o aparece prácticamente en todos ellos, disminuye el peso asignado por la ponderación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 15.534 opiniones expresadas en los ejercicios participativos, 37,01 % (5.749) fueron tipo PRO; 24,06 % (3.738), OPO y 38,93 % (6.047), PRE. Debido a que las PRE se formulaban con base en las PRO expresadas, ambas proporciones son más cercanas, al igual que sus resultados, ya que solo se pasó de la manifestación de una situación o condición a la proposición de acciones para su solución. Por ello, el tipo de opinión PRE solo será abordado directamente en la discusión.

Las palabras más frecuentemente mencionadas en cada pilar por tipo de opinión (top 5), se observan en las figuras 2 y 3. Algunos términos, como educar, tierra, alimentación, salud y vivienda, sobresalen entre los 5 términos más frecuentes en todos los tipos de opinión, porque se refieren directamente al foco temático de los pilares; sin embargo, al evaluar la importancia de los términos, aquellos con presencia en varios pilares, como agua, tierra o asistir, muy frecuentes en IAT, OTUS, REPA, SGDA y VAS, fueron menos importantes, mientras que otros más específicos, como educar, salud, alimentación o paz, se conservaron en los 5 primeros lugares. Las frecuencias, según el tipo de opinión, indican la connotación más positiva o negativa de ciertas temáticas en los pilares, como es el caso de agua en IAT, OTUS y REPA; conciliar y convivencia, en RCCP; asociación y conocer, en REPA versus acceso, en IAT y OTUS; víctima y reparación, en RCCP y estado, en IAT y VAS.

Figura 2 Palabras más frecuentes en oportunidad (OPO, puntos azules) y problemática (PRO, puntos rojos) para los pilares del PDET: educación y primera infancia rural (ERPI), sistema de garantía del derecho a la alimentación (SGDA), salud rural (SR) y vivienda, agua potable y saneamiento (VAS), en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. 

Figura 3 Palabras más frecuentes en oportunidad (OPO, puntos azules) y problemática (PRO, puntos rojos) para los pilares de atención PDET: infraestructura y adecuación de tierras (IAT), ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo (OTUS), reconciliación, convivencia y paz (RCCO) y reactivación económica y producción agropecuaria (REPA), en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. 

Al unir las palabras más frecuentes y sus términos asociados, se forma un panorama más claro de las ideas expresadas por las comunidades. Es así, como se pudieron identificar prioridades, a nivel social, en educación, paz, alimentación, salud y vivienda, debido a las PRO, como baja calidad de la educación y deficiente estado de la infraestructura educativa; desconocimiento del Acuerdo Final y falta de reconocimiento y reparación de víctimas; políticas y programas de seguridad alimentaria ineficientes; deficiente atención en salud y pobre estado de infraestructuras, dotación y funcionalidad; necesidades en cuanto a tratamiento, calidad y disponibilidad de agua, deficiente estado de las viviendas y carencia de saneamiento básico, entre otras.

En el aspecto económico, las prioridades identificadas fueron el deficiente estado de la infraestructura vial y la falta de conectividad para las comunicaciones; la escasa formalidad en la posesión de tierras, así como el poco acceso a créditos y subsidios para la producción; la falta de canales de comercialización, puntos de acopio o la existencia de intermediarios; escasez o imposición de proyectos productivos; limitantes económicas y poca asistencia técnica, permanente e integral.

Al observar indicadores que evalúan aspectos indispensables para el bienestar humano y el desarrollo social, como la alimentación, la educación y la salud (^{PNUD & ONU Mujeres, 2016}), es claro que estos resultados son coherentes con las PRO expuestas por las comunidades; por ejemplo, según información de la ^{Gobernación de Antioquia (2017)}, los puntajes para el área rural del índice multidimensional de condiciones de vida y el índice de calidad de vida fueron entre bajos y moderados, variando entre 23,94 (Remedios) y 32,09 (Briceño), para el primer índice y entre 41,7 (El Bagre) y 59,59 (Segovia), para el segundo. Las mejores condiciones o calidad de vida se representan con valores cercanos a 100.

Asimismo, según el censo de población y vivienda de 2018 (^{DANE, 2019}), el único municipio del área de estudio que estuvo por debajo del 60 % de personas en situación de pobreza multidimensional fue Remedios, con 49,4 %, el resto de ellos variaron entre 62 % (Tarazá) y 71,1 % (El Bagre). Remedios fue el único municipio con un porcentaje de personas en necesidades básicas insatisfechas (NBI) <30% (28,69 %), mientras que para el resto varió entre 30,16 % (Valdivia) y 67,3 % (Nechí). Estos resultados no sorprenden si se tiene en cuenta que la priorización de los municipios PDET incluyó criterios, como altos niveles de pobreza y grado de afectación por el conflicto.

En cuanto a las OPO más mencionadas, a nivel social, se identificaron la disponibilidad de espacios para escenarios de recreación y deporte, presencia de entidades educativas, gratuidad y personal docente calificado; el deseo y la voluntad de los pobladores para trabajar por la conciliación y buena convivencia; la disposición de tierras fértiles para la producción de autoabastecimiento y de pequeña escala; la presencia de personal calificado o en proceso de capacitación para la atención de los servicios de salud básicos; la abundancia de recursos naturales y humanos para construcción y mejora de viviendas e infraestructuras de saneamiento básico.

En el aspecto económico, las OPO estuvieron especialmente concentradas en los recursos naturales y humanos. Las comunidades de los núcleos veredales consideraron su riqueza hídrica, como uno de los bienes más importantes con los que cuentan, ya sea como materia prima para la adecuación, producción de las tierras o la construcción. La posesión de tierras fértiles (aun si no es formalmente) y las capacidades y conocimientos necesarios para trabajarlas, así como el reconocimiento de la importancia de tener, crear o fortalecer las asociaciones productivas, también fueron resaltadas.

Nuevamente, lo manifestado por las comunidades concuerda con lo observado en el territorio, ya que 35,72 % de este son bosques naturales y hay más de 450 mil hectáreas en áreas protegidas; existe, tanto variedad agroclimática como de suelos y gran potencial forestal y de turismo ecológico y rural (^{DANE, 2016}; ^{Gobernación de Antioquia, 2018}; ^{ADR et al. 2019}). La riqueza y oferta hídrica es alta, por lo que más del 68 % del Departamento es poco vulnerable al desabastecimiento de agua (^{Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia & EPM, 2018}). A nivel humano, los pobladores se caracterizan por su solidaridad y mayor inclinación a la acción colectiva y a confiar en los demás, de lo que se observa, a nivel nacional y en Latinoamérica (^{Méndez Méndez & Casas-Casas, 2017}). En las áreas rurales, sobresale la cultura de organización social y comunitaria y la resiliencia de los pobladores (^{ADR et al. 2019}).

La divergencia entre lo que se resaltó, generalmente, como OPO y PRO (Figuras 4 y 5), fue aún más evidente en el análisis de las palabras más diferenciadas (top 5). Las palabras de OPO hacían referencia a atributos de los pobladores, como la disposición, el deseo, el interés o la capacidad para realizar alguna actividad y a características de la región, como diversidad, riqueza, fertilidad y materia prima, entre otras. Mientras que en el tipo PRO, los términos más diferenciados indicaban necesidades específicas, como fue el caso de analfabeta en el pilar ERPI, desnutrición en el SGDA, medicamento en el pilar SR y violencia en el RCCP, entre otros. Esto quiere decir, que los pobladores ven sus oportunidades de forma general, a través de todos los pilares, pero pueden identificar sus problemáticas con nombre propio en cada uno de ellos.

Figura 4 Palabras más diferenciadas como oportunidades (OPO, puntos azules) y problemáticas (PRO, puntos rojos) en los pilares PDET: educación y primera infancia rural (ERPI), sistema de garantía del derecho a la alimentación (SGDA), salud rural (SR) y vivienda, agua potable y saneamiento (VAS), en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. 

Figura 5 Palabras más diferenciadas como oportunidades (OPO, puntos azules) y problemáticas (PRO, puntos rojos) en los pilares del PEDET: infraestructura y adecuación de tierras (IAT), ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo (OTUS), reconciliación, convivencia y paz (RCCP) y reactivación económica y producción agropecuaria (REPA), en las subregiones Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. 

A partir de este trabajo, se observó que, durante la fase veredal, las comunidades sí identificaron problemáticas concretas y no solo generales, como indica ^{Ramírez Sarmiento (2021)}, aunque, ciertamente, muchos de estos planteamientos fueron generalizados en las iniciativas del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). El PATR es el producto final de todos los ejercicios de participación en la construcción de los PDET y condensa el tipo de opinión PRE en 86 iniciativas, para los 13 municipios de la subregión (^{ART & Presidencia de la República, 2018}).

De forma general, las iniciativas del PATR abarcaron, en el aspecto económico, la construcción y el mejoramiento de vías, puentes y medios fluviales, propuestas para el acceso y la formalización de tierras, la generación y financiación de proyectos productivos, el fortalecimiento de asociaciones y cadenas productivas, proyectos de conservación y fomento de los bienes naturales, entre otros. En el aspecto social, entre muchos otros, se tuvo en cuenta el acceso a servicios públicos, la conectividad (Internet), la atención en salud (urgencias y especializaciones), la educación superior y los programas de atención a primera infancia, madres gestantes y al adulto mayor.

El PATR, también priorizó el fortalecimiento institucional, la protección y garantía de derechos para líderes sociales, defensores de derechos humanos, niños, mujeres y población LGBTI, el fortalecimiento de la justicia y de los mecanismos de conciliación, así como de los programas de reparación a víctimas y desminado (^{ART & Presidencia de la República, 2018}). En las distintas iniciativas, se distinguieron enfoques étnicos, diferenciales y de género.

^{Valencia Agudelo & Restrepo-Cano (2020)} observaron que en los 16 PATR generados, a nivel nacional, se priorizaron, principalmente, iniciativas relacionadas con infraestructura, lo que indica que, al igual que en el área de estudio, estas problemáticas también están entre las más mencionadas por los habitantes de las diferentes subregiones y esto corresponde con su situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la implementación, para el primer semestre de 2020, se habían gestionado menos del 10 % de las iniciativas priorizadas en la subregión; se observan avances en la conectividad a Internet, la ejecución de proyectos productivos y formalización de tierras, pero preocupa la situación de seguridad (^{ART, 2020}; ^{ART, 2021b}). A nivel nacional, se ha identificado mayor avance en pequeñas obras de infraestructura que en aquellas que puedan marcar la diferencia en la calidad de vida de las personas, como infraestructura vial, hospitalaria o de servicios públicos básicos; esto obedece, principalmente, a la falta de recursos o a la ambigüedad sobre el origen y destino específicos de las fuentes de financiación (^{García Giraldo, 2020}).

Aunque involucrar a las comunidades en la planeación territorial resulta favorable y deseable para el desarrollo, el no cumplir con las expectativas de éstas o relegar su participación a una de carácter simbólico, puede tener un efecto negativo en las relaciones y la confianza, ya de por sí frágiles, con el gobierno (^{Madridejos Ornilla & Salinas Coy, 2018}; ^{Velásquez et al. 2021}). A pesar de que en general existe un propósito común en los diferentes niveles de gobierno para la construcción de paz e intervención de los territorios más afectadas por el conflicto en Colombia (^{DNP, 2019}; ^{Gobernación de Antioquia, 2020}), no existía articulación de las políticas, planes y programas para el desarrollo de los territorios. Esta situación se está corrigiendo actualmente, con la construcción de una hoja de ruta, que permita dicha articulación y con la que se espera dar claridad sobre asuntos, como financiación, cronograma, responsabilidades y seguimiento (^{ART, 2021a}).

^{Velásquez et al. (2021)} convienen en que se puso sobre los PDET y las comunidades a cargo de su deliberación, toda la responsabilidad transformadora, ignorando que los procesos participativos, por sí solos, no cuentan con tal capacidad y que depende, en gran parte, de la voluntad política del Estado, para intervenir los problemas estructurales. En este sentido, ^{Ramírez Sarmiento (2021)} indica que la capacidad de los PDET para transformar los territorios se ha visto limitada por debilidades en su diseño y la falta de voluntad política y de acción sobre problemas estructurales. A pesar de ello, con los avances actuales y un mayor impulso del Estado, sí es posible llegar a reducir la desigualdad en estos territorios (^{Naciones Unidas, 2021}).

La lectura que las comunidades hacen de su situación en los territorios no parece estar alejada de sus condiciones prevalentes. Aunque se observan deficiencias en la satisfacción de necesidades básicas y calidad de vida de los pobladores, existe conciencia sobre el valor actual y potencial de los territorios, a nivel físico y humano, lo que representa ventajas significativas para el impulso de las economías y el desarrollo de los aspectos sociales, necesarios para el progreso de la región.

En conclusión, el análisis de minería de texto aplicado a la información derivada de ejercicios participativos realizados en el marco del posconflicto en Colombia facilitó encontrar la información relevante contenida en las numerosas opiniones estudiadas y permitió identificar las prioridades de las comunidades, a nivel socioeconómico; sin embargo, la preparación de la información requiere mucho trabajo y los resultados se deben revisar cuidadosamente, para asegurar su coherencia. Una ventaja adicional observada fue la posibilidad de que este tipo de información pueda ser analizada por agentes externos a la colección de datos, lo cual, es importante cuando se desea analizar información antigua, o donde no se cuenta con el apoyo de los operadores logísticos y facilitadores de estos procesos.