INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS VENDEDORES QUE EJERCEN ACTIVIDADES LABORALES DEL SECTOR INFORMAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BARRANQUILLA

SOCIAL INCLUSION OF STREET VENDORS ENGAGED IN LABOR ACTIVITIES IN BARRANQUILLA'S HISTORIC CENTER

YOLANDA ROSA MORALES CASTRO^*
Universidad Simón Bolívar - Barranquilla - Colombia

^* Profesora, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla-Colombia. Email: yrmoralesc@unisimonbolivar.edu.co

Referencia de este artículo (APA):
Morales, Y.R. (2014). Inclusión social de los vendedores que ejercen actividades laborales del sector informal en el Centro Histórico de Barranquilla. En Psicogente, 17(31), 190-210.

Recibido: 20 de febrero de 2013 Aceptado: 10 de noviembre de 2013

Abstract

This study provides an assessment of the politics involved in the inclusion of street vendors as having the right to be considered part of an informal labor force in the downtown area of Barranquilla. Quantitative and qualitative methods were applied to evaluate the collected data. The areas of analysis were as follows: informal stationary vendors located in the comercial sector and Barranquilla's labor policies and directives regarding such labor. In conclusion, despite the local government's approach to include informal street vendors as part of the labor force with their corresponding labor and political social rights, many of these do not take part in any of the programs earmarked as benefits of such due to lack of awareness of such programs.

Key words: Social inclusion, Social exclusion, Right approach, Public policy, Street vendors, Spheres.

Resumen

El presente estudio permitió evaluar, desde el enfoque de derechos, la gestión de la política de inclusión social que se desarrolla en el contexto de los vendedores que laboran de manera informal en el Centro Histórico del distrito de Barranquilla (Colombia). Para la recolección de la información, se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Las unidades de análisis fueron dos: los vendedores estacionarios ubicados en el sector informal y los directivos/administrativos de la Alcaldía Distrital. En conclusión, se estableció que a pesar de que la Alcaldía enmarca su plan de gobierno en el enfoque social de derechos, los vendedores no participan en todos los programas, por ello, se amerita la inclusión de este grupo mediante el diseño de una política social que en realidad los haga partícipes de estos derechos.

Palabras clave: Inclusión social, Exclusión social, Enfoque de derechos,Política pública,Vendedores informales, Esferas.

INTRODUCCIÓN

Este estudio da continuidad al proyecto Representaciones sociales de las personas que laboran y habitan en el Centro Histórico de Barranquilla, del cual se desprendió también un estudio socioeconómico sobre los vendedores estacionarios ubicados en el sector uno del Centro Histórico de esta ciudad.

Precisamente, las anteriores investigaciones sirvieron de base para desarrollar el presente estudio, denominado: "Inclusión social en el contexto de los vendedores que ejercen actividades laborales en el sector informal ubicadas en el Centro Histórico del distrito de Barranquilla". Es importante resaltar que se encontraron investigaciones similares sobre vendedores estacionarios y estudios socioeconómicos, pero no sobre inclusión social bajo el enfoque social de derechos. La temática desarrollada amplía el trabajo que ha iniciado el Grupo Familia y Desarrollo Humano de la Universidad Simón Bolívar frente a los procesos de inclusión social y aporta al tema de ciudad y desarrollo humano, contribuyendo de manera concreta para que procesos similares, a nivel local, regional y nacional, consideren la inclusión social como eje transversal de la política pública.

En la literatura nacional, existe un vacío sobre estudios relacionados con la evaluación de políticas de inclusión social en el contexto de los vendedores que ejercen actividad laboral informal; en cambio, esta investigación permitió conocer la gestión que desarrolla el distrito de Barranquilla, en términos de políticas de inclusión social que cobijan a la población objeto de estudio.

Como se ha dicho, la investigación se trabajó bajo el enfoque social de derechos, el cual hace referencia a las esferas económicas, sociales y culturales, puesto que su propósito general busca evaluar, desde el enfoque de derechos, la gestión de la política de inclusión social que se desarrolla en el contexto de los vendedores que ejercen actividad laboral en el sector informal ubicado en el Centro Histórico de Barranquilla.

Para la recolección de la información, se utilizaron técnicas de corte cuantitativo y cualitativo, tales como la revisión documental, la entrevista no estructurada, la observación directa y el cuestionario.

Para dar respuesta al objetivo, se adelantaron unos propósitos específicos que permitieron materializar las preguntas problema a partir de los siguientes interrogantes:

• ¿Qué oportunidades de inclusión social tienen los vendedores que ejercen actividades laborales en el sector informal ubicadas en el Centro Histórico del distrito de Barranquilla?

• ¿Qué políticas de inclusión social gestiona el distrito de Barranquilla para favorecer a los vendedores que ejercen actividades laborales en el sector informal ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad?

• ¿Las políticas de inclusión social desarrolladas por la Alcaldía son formuladas bajo el enfoque social de derechos, teniendo en cuenta los estándares de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad?

• ¿Qué programas de inclusión social adelanta el distrito de Barranquilla en las esferas económica, social, política y cultural?

El tema de exclusión/inclusión permite comprender las condiciones de riesgo e indefensión en que se encuentran sectores subordinados de la sociedad, y se manifiesta a través de la persistencia de la pobreza y la imposibilidad de superarla en el corto plazo.

Por otra parte, los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio contemplan compromisos para mejorar los derechos económicos, sociales y culturales en el país, y, en consecuencia, las investigaciones deben indagar sobre su cumplimiento.

Esta temática se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 14 indica: "El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos".

Desarrollo humano y enfoque de derechos en el desarrollo

La mirada más general o dominante sobre el desarrollo ha sido la economicista, que lo concibe como elemento central para el crecimiento de la economía, medido en términos de PIB. En concreto, se plantea que a mayor producción de riqueza en una sociedad habría menos pobreza. Por esto, se podría decir que es un desarrollo basado en las cosas, en los bienes materiales, pero se ha demostrado el error de este postulado en el mundo y en Colombia.

El otro eje de reflexión al respecto privilegia el papel del Estado en el desarrollo. No obstante, en las últimas décadas, se ha reducido el tamaño del Estado y su papel como garante de los derechos en la prestación de servicios dependientes de la iniciativa privada, despojando a estos derechos de su condición.

A partir de este último eje de reflexión, también ha surgido el concepto de desarrollo humano, que concibe al ser humano como el centro del desarrollo. Desde esta perspectiva, la pregunta se centra en las necesidades, oportunidades y en las estrategias para cubrir o satisfacer esas necesidades, ampliando las oportunidades de la gente.

El desarrollo humano potencia capacidades, expresadas como alternativas que las personas puedan alcanzar. De allí que se proponga fortalecer sus capacidades y potencialidades, de modo que si el indicador de desarrollo se mide por el ingreso per cápita de un país, el desarrollo humano se mide a través del llamado Índice de Desarrollo Humano, que es una combinación de nivel de vida digna medido como PIB real per cápita, representado en dólares, educación, y vida larga y saludable.

Según Balbín (2008), entre estas dos miradas se ha propuesto un plan para superar la pobreza en el mundo, que son los ya también nombrados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como aspiración de lograr unos mínimos de los mínimos. Colombia está apuntando al cumplimiento de tales objetivos mediante la implementación de políticas sociales que se materializan con la puesta en marcha de programas sociales que deben desarrollar cada uno de los gobiernos locales, de tal manera que para el año 2015 tengamos un mejor panorama en términos de inclusión social y disminución de la pobreza extrema.

Continuando con el discurso sobre el Enfoque de Derechos Humanos en el Desarrollo (EDHD), este parte del desarrollo como el derecho a un entorno donde se proteja al ser humano de las principales privaciones y se garanticen las libertades básicas. En este enfoque, los derechos se ejercen, se respetan, se protegen, se garantizan y se cumplen. Son universales y están ligados a deberes.

En este contexto, hay personas y grupos que son titulares de derechos y personas que son portadoras de obligaciones (el Estado). El EDHD fortalece así, de un lado, las capacidades del individuo para la reivindicación, el ejercicio de los derechos y el empoderamiento; y, de otro lado, las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones.

El Enfoque de Derechos parte de la universalidad, la igualdad y la no discriminación, de donde se desprenden las acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad, así como la interdependencia, la integralidad de todos los derechos, la participación activa de los titulares de derechos y la rendición de cuentas de los portadores de obligaciones (Ceriani, Cyment y Morales, 2011).

Estándares, el punto de referencia

El EDHD parte de los estándares de derechos humanos, que son el mínimo esencial básico que todo derecho requiere para su disfrute. De allí que el punto de referencia no sea la cantidad de recursos existentes en el presupuesto en una región o país, sino los estándares internacionales y nacionales.

Para los derechos sociales, los estándares que se aplican se basan en las 4A: Asequibilidad, es decir, que se puedan disponer en cantidad suficiente; Accesibilidad, que estén al alcance de todos (física y económicamente); Aceptabilidad, que sean adecuados, de buena calidad y pertinentes para todos; Adaptabilidad, para acomodarse a las necesidades sociales y culturales de las personas (Balbín, 2008).

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

Los derechos económicos, sociales y culturales son conocidos como los derechos "de la igualdad", pero las tendencias conservadoras, que en nuestro continente suelen ser aliadas de las dictaduras, sostienen que: a) los derechos sociales no son derechos; y b) que, de serlo, son incompatibles con los derechos de la libertad (Carretón,2004).

En el año 2000, la Declaración del Milenio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 2000), ubicó a los derechos de la igualdad en un mismo plano que los de la libertad: los jefes de Estado y de gobierno consideraron que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales del siglo XXI y privilegiaron a la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común. En esa declaración se precisa, respecto de la igualdad, que no debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo.

René Cassin, el gran inspirador de dicha Declaración Universal, sostenía que el problema que se busca resolver es: ¿cómo puede el hombre usar sus poderes, no para la opresión, la muerte y la inequidad, sino para la protección de todos y de cada uno? Tenía razón: la falta de democracia es la opresión y la falta de desarrollo provoca la inequidad. Ambas producen la muerte (Carretón, 2004).

Por ello, el presente trabajo se basa en el enfoque social de derecho, que contempla las esferas sociales, económicas y culturales, y, por ende, proponemos una aproximación a los elementos que, consideramos, pueden contribuir a una conceptualización de la inclusión social desde cada uno de los ejes mencionados en el contexto descrito, a saber:

Esfera social

En esta esfera, planteamos la desigualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos como salud, educación, recreación y vivienda, entre muchos otros, como las causas de la exclusión. A su vez, todo esto se convierte en un elemento que limita las posibilidades de mejorar la calidad de vida hacia el futuro, constituyéndose así en un círculo vicioso difícil de destruir, pues, por ejemplo, la dificultad de acceder a educación superior, universitaria, técnica o tecnológica, e incluso, en algunos casos, a la educación secundaria, condiciona las posibilidades laborales hacia futuro.

Por otra parte, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna es un detonante de situaciones como el abuso sexual, entre otros, que limitan la simple necesidad de sobrevivir. Mientras que, en el caso de las mujeres, la dificultad de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad restringe su derecho de decidir cuántos hijos quieren tener y la posibilidad de ofrecerles un futuro que se salga de la misma lógica.

Esfera económica

Como es bien sabido, lo económico subordina las posibilidades de inclusión en otras esferas, entre otras cosas, porque vivimos en una sociedad de consumo en la que, como alguien planteaba, quien no consume, no existe.

Por eso, teniendo en cuenta las altas tasas de desempleo y subempleo de Colombia, es necesario generar formas de trabajo productivo alternativo al modelo hegemónico, formas que potencien las capacidades de cada quien y que generen una entrada económica que a su vez permita, a largo plazo, la autosostenibilidad de cada una de las familias.

Esfera cultural

En el ámbito cultural, un elemento clave es propiciar la oportunidad de fortalecer las capacidades individuales, de potenciar talentos y habilidades y de generar procesos de formación y afirmación de la identidad personal, a través de lo lúdico y lo artístico; además de generar la apropiación del mundo social y del contexto personal, canalizando, de manera adecuada y positiva, comportamientos que de otra manera degeneran en formas de violencia social.

Pobreza, marginación, exclusión social e igualdad

En la literatura, se encuentran numerosas definiciones sobre el término exclusión social. No obstante,Rubio (2002) argumenta que "a pesar de la rápida divulgación del término, frecuentemente empleado tanto en el marco académico-científico como el político-institucional, lo cierto es que no existe un consenso sobre su definición, ni se trata de un concepto radicalmente nuevo, aunque sí presenta unas características singulares".

Considerando esta idea, en este trabajo se ha intentado dotar al término de mayor precisión y rigor científico, exponiendo las características que lo definen, así como la existencia de distintos factores de riesgo que pueden conducir a situaciones de exclusión social. En principio, se debe aclarar que este concepto ha adquirido un papel primordial y creciente en los últimos tiempos, sobre todo desde cuando al parecer sustituyó al clásico fenómeno de la pobreza.

En el anterior marco, se postula que "el creciente protagonismo de la exclusión en el debate político y social se debería también a las limitaciones de la definición de pobreza que maneja un grupo, los economistas, claramente insuficiente para dar cuenta de la variedad de problemas que afrontan hoy en día los ciudadanos" (Fundación Encuentro, 2001, p. 59).

Más concretamente, Sen (1980) ha criticado la medición de la pobreza por vía del ingreso. Este autor afirma que no hay "una correspondencia estrecha entre la pobreza vista como escasez del ingreso, y la pobreza vista como incapacidad para satisfacer algunas necesidades elementales y esenciales" (p. 239). De manera que la pobreza no debe medirse solo según el acceso a bienes materiales y sociales. Es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, y que dicha capacidad les permita ser libres para procurarse su bienestar.

Sen (2000) afirma, además, que la conversión del ingreso en capacidades básicas puede variar de manera significativa entre los individuos, ya que está afectada por variables sobre las que una persona puede tener escaso o ningún control, como son la edad, el sexo, la localización y la epidemiología.

La exclusión a la que nos referimos es fruto del sistema. Tradicionalmente, se ha identificado con la pobreza severa y crónica, pero reducida al ámbito económico. Hoy este concepto se amplía y se convierte en el paradigma a partir del cual nuestra sociedad toma conciencia de sí misma y de sus disfunciones.

Por otro lado, el mismo Sen explica elocuentemente por qué la desigualdad, y no solo la pobreza entendida en términos absolutos, es en sí misma un problema: "Verse excluido de facilidades o beneficios comunes que otros tienen puede ciertamente significar un impedimento que empobrece las vidas que los individuos pueden disfrutar. Ningún concepto de pobreza puede ser satisfactorio si no toma adecuada nota de las desventajas que se derivan de ser excluido de oportunidades compartidas disfrutadas por otros" (Sen, 2000, p. 50).

Así, un primer aspecto que caracteriza a la exclusión social es su aspecto multidimensional y multifactorial frente al unidimensional del término pobreza: "Sus causas y manifestaciones no son únicas, sino que se expresan como un fenómeno poliédrico, formado por la interrelación de un cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas" (Plan Nacional para la Inclusión Social, 2001, Anexo 1, p. 3).

La pobreza hace referencia a la carencia de recursos materiales suficientes para atender las necesidades básicas de una población determinada y que, en consecuencia, impide vivir de una forma digna. La noción de pobreza alude a "factores materiales cuantificables, a aquellos parámetros que en una sociedad pueden ser considerados en un momento determinado como el mínimo vital necesario para poder vivir adecuadamente. El pobre es el que carece de estos medios y, por lo tanto, lo es en un sentido contextual, en función del propio desarrollo global y de los estándares de la sociedad en la que vive" (Tezanos, 1999, p. 17).

La dimensión estructural del fenómeno es otro eje o característica clave para resaltar en el concepto de exclusión social, es decir, "su inscripción dentro de la trayectoria histórica de las desigualdades sociales", ello a pesar de que la exclusión social "expresa la nueva configuración de estas dentro de las actuales sociedades de la información, tecnológicamente avanzadas. En concreto, la creciente heterogeneidad de este tipo de sociedades se expresa... en una relación de encontrarse dentro o fuera del sistema social o ámbito en el que se ejercen los diversos ámbitos de la ciudadanía" (Plan Nacional para la Inclusión Social, 2001, Anexo 1, p. 2).

Un tercer rasgo de la noción de exclusión social es que se trata de un "proceso y no de una situación estable, y que, por tanto, afecta de forma cambiante a personas y colectivos y no a grupos predeterminados.

Por tanto, el fenómeno se caracteriza por una geometría variable que expresa, como consecuencia de la nueva realidad de las sociedades avanzadas, una distribución de riesgos sociales mucho más compleja y generalizada. Riesgos que pueden trasladar hacia zonas de vulnerabilidad y exclusión a todo tipo de personas y colectivos, en diversos momentos de sus ciclos vitales". Juárez, Renes, Jiménez y Luengo (1995) han analizado esta idea de proceso y distinguen tres zonas recorridas por los procesos de dualización en la vida social (p. 117).

Asimismo, se destaca su condición de resoluble, puesto que la exclusión social "no está inscrita de forma fatalista en el destino de ninguna sociedad... es susceptible de ser abordada desde la acción colectiva, desde el tejido social y desde las políticas públicas" (Plan Nacional para la Inclusión Social, 2001, Anexo 1: Diagnóstico de Situación, p. 3).

Finalmente, la exclusión social es "una noción dinámica que permite designar, a la vez, los procesos y las situaciones que resultan de tales procesos... Más nítidamente que la noción de pobreza, que con harta frecuencia se entiende solo como bajos ingresos, pone el acento en el carácter multidimensional de los mecanismos por los que personas y grupos, o incluso territorios, se ven excluidos de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la integración y, por ende, la identidad. La exclusión social no solo habla de la insuficiencia de recursos financieros, ni se limita a la mera participación en el mundo del empleo: se hace patente y se manifiesta en los ámbitos de la vivienda, la educación, la salud o el acceso a los servicios" (Comisión de las Comunidades Europeas, 1992, p. 7).

En la concepción del ser humano, Zappino (2005) señala el reconocimiento de la dignidad e igualdad de todos los derechos inalienables que de allí se derivan. Considera al ser humano como un ser bio-psico-social, en tanto estas son dimensiones indisolubles de su identidad y, por tanto, imposibles de desarrollar en forma independiente o contrapuesta. Zappino (2005) precisa que el humano es un ser de derechos. Sus potencialidades y necesidades hacen que cada persona tenga derecho a una distribución equitativa de los bienes y de las posibilidades de desarrollo con que cuenta el medio social en el que vive.

A partir de todas estas nociones, queda claro que la exclusión social es multidimensional, y sus dimensiones pertenecen a tres áreas de gran importancia: los recursos, las relaciones sociales y los derechos legales.

Estos planteamientos, asociados a una visión de igualdad de recursos y oportunidades en el medio social, son complementados por Zappino (2005), quien señala que la no inclusión social se debe a dos hechos claves: Uno, coyuntural, relacionado con las modalidades del proceso de desarrollo económico intentado, y sus sucesivas interrupciones por la destrucción del orden constitucional del país y el consecuente proceso de involución; y otro, estructural, relacionado con los modelos económicos implantados, en tanto son tomados de un modelo sociocultural ajeno.

Zappino (2005) complementa lo expuesto en sus teorías, resaltando la búsqueda y el avance del conocimiento en el área de los satisfactores polivalentes o sinérgicos, que articulen la satisfacción de necesidades y el acceso a los derechos referidos a los planos, tanto biológico como psicológico y social, de los crecientes sectores de pobreza y marginación.

La inclusión social frente al derecho laboral

La inclusión social debe verse desde varias perspectivas: una de ellas es el derecho laboral, que, a partir del análisis de la legislación vigente y del esfuerzo del Estado nacional o local por su cumplimiento, permite reconocer si los derechos económicos constituyen fuente de respeto de los derechos humanos.

Para Boleso (2008), el trabajo se ha constituido en un concepto central, que configura las relaciones políticas y sociales. Así, el trabajo determina el pensar y el obrar. A través del ejercicio de la fuerza del hombre en un puesto de trabajo, ocurre todo un verdadero monopolio de interpretación del mundo.

La exclusión es igualmente medida y visibilizada de acuerdo a si hombres y mujeres ocupan o no un puesto de trabajo realmente digno, a través del cual ejerzan plenamente sus derechos; pero cabe preguntarse por aquellos que no lo tienen. En este sentido, Capón (1993) afirma que el derecho laboral solo protege a quienes se encuentran vinculados por una relación laboral y propone incluir a los trabajadores informales. Por otro lado, Elffman (2004) reconoce que aún el proceso de trabajo es inseparable del proceso de valorización y que el hombre es sujeto necesario y activo de ese proceso, pero que en los tiempos actuales se debe pensar en algunas nuevas fuerzas, o en el reconocimiento de la existencia de ellas, para lograr que el derecho penetre en un terreno muy complejo pero igualmente visible: aquel en el que la sociedad aparece (o debe aparecer) integrada también por aquellos cuya situación social es la del no trabajo, o la del trabajo no valorado o no retributivo, o la del trabajo infravalorado. Para refirmar su posición, Elffman (2004, citado por Boleso, 2008) propone las siguientes pautas como observancia sistemática de incluir a los excluidos: 1. El solidarismo social, 2. La no discriminación segregatoria, 3. Acción afirmativa estatal, 4. Progresividad, 5. Funcionalidad social de la propiedad, 6. Socialización, y 7. Promoción del bienestar general.

Inclusión social y vendedores informales

La inclusión social es un concepto relativamente nuevo, promovido especialmente por la Unión Europea (UE), que la define como un "proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven".

Por lo tanto, se entiende por inclusión social, tanto un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) en un determinado lugar y en un determinado momento, y como un concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de "tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad".

Con el objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión deben abordar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales, y que resultan en desventajas de género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, educativa, de salud, etc.

Las políticas de inclusión social corrigen los resultados negativos de las políticas, sean estos intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales (fracaso en reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o grupos).

Ahora bien, los fenómenos y problemáticas sociales que acontecen en las ciudades colombianas son muchos y de enorme magnitud. Uno de ellos es el de los vendedores estacionarios, que cobra gran interés en los actuales momentos por el hecho de que, en una gran parte del país, se adelantan proyectos masivos de movilidad urbana que presuponen la reubicación de las personas dedicadas a la economía informal.

Los vendedores estacionarios tienen un origen y una historia que contar, pues, aunque pareciera nuevo, el nacimiento y el desarrollo de este fenómeno implica distintos acontecimientos que incluyen la violencia de los años 20, la depresión económica de los años 30, el desplazamiento de campesinos, como consecuencia del conflicto armado en la década del 40, y su aumento en la década del 80, por enfrentamientos entre las guerrillas, el Estado y grupos paramilitares que se establecieron en la periferia de las principales ciudades (Morales, 2010).

Basto y Barbosa (1990) mencionan entre las causas de las ventas informales las diferentes políticas de desarrollo económico del gobierno Pastrana Borrero en la época del Frente Nacional.

En esta misma línea, Rojas y Rivas (2004) identifican como causas principales del paso permanente de personas hacia actividades informales, particularmente hacia el comercio urbano callejero, las siguientes: migraciones de población campesina hacia las ciudades, generadas principalmente por violencia política, guerrilla, extorsión, secuestro, paramilitarismo y narcotráfico; ausencia de programas gubernamentales de desarrollo rural que frenen la emigración de los sitios de origen; desestímulo de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y mineras; deficiencia de medios de comunicación; espejismo de progreso en las ciudades y búsqueda de mayores y mejores oportunidades de empleo, ingresos, nivel de vida y estatus social; así como el apoyo y estímulo que brindan familiares ya radicados en las ciudades y en los sitios de emigración.

De acuerdo con lo anterior, el comercio informal urbano callejero es ejercido principalmente por inmigrantes campesinos o emigrantes de pueblos y pequeñas ciudades, que buscaron en las grandes ciudades mayores oportunidades de empleo y mejora de su nivel de vida. No obstante, la realidad que encuentran en la ciudad es otra, pues las pocas oportunidades de empleo a su alcance se relacionan con oficios que exigen poca o ninguna calificación y experiencia, y que son mal remunerados, situación que les induce a emprender actividades de "rebusque" con el ánimo de incrementar sus ingresos y, posteriormente, constituirlos como su principal fuente de sostenimiento (Morales, 2010).

De manera similar, Olea (2001, citado por Morales, 2010) plantea que las migraciones entre ciudades son impulsadas por la violencia urbana y la inseguridad; así como por los costos de vida elevados en los sitios de origen, las economías regionales en auge que brindan mayores posibilidades de desarrollo individual, mejores oportunidades de empleo o posibilidades de estudio; la ayuda de familiares residentes en las ciudades hacia donde se desplazan y la insuficiencia de programas de formación para el trabajo técnico de alta calidad en estas. Todo lo anterior impide insertar productivamente a la mano de obra no calificada en el cambiante mercado laboral urbano. De igual forma, en ello incide la carencia de recursos familiares para financiar la educación y la formación laboral, así como la baja motivación de los potenciales candidatos para emprender estudios o capacitación profesional.

Como dato complementario, Rojas (citado por Morales, 2010, p. 36) propone entre las causas de la informalidad laboral la tradición de familia en el desempeño de actividades informales, comerciales o callejeras, en particular; la modernización de las empresas públicas y privadas y sus consecuentes despidos masivos; los bajos salarios pagados a la mano de obra poco calificada, que no cubren los costos de vida familiar; y una relativa facilidad de entrada y salida de la actividad e independencia.

Como puede verse, en la literatura se encuentran diversos temas que hacen referencia al vendedor estacionario, pero, uno de los temas que genera un gran debate al respecto es el uso del espacio público. Al respecto, Arango (2004) plantea que el espacio público es pro indiviso; es de todos, pero no pertenece a nadie. Todos lo pueden disfrutar, pero no usufructuarlo en beneficio personal, apropiándoselo con fines egoístas. Tampoco cabe el argumento de que, como es de todos, cada individuo podría tomar posesión de su "micro-porción" o "diferencial espacial", ejerciendo dominio sobre este.

Ahora bien, si el uso del espacio público no debe acarrear un beneficio personal, ¿qué se puede decir entonces de eventos como los conciertos realizados por las alcaldías o presidencia, que convocan gran cantidad de personas en espacios públicos y que tienen un cobro para su entrada? ¿Con esto no se estaría asumiendo que el Estado sí puede utilizar el espacio público con fines lucrativos y, en cambio, las personas, no? Estas y otras cuestiones son igualmente planteadas por Arango cuando hace énfasis en el uso del espacio por el Estado con propósitos culturales. ¿Y es que acaso los propósitos culturales priman sobre la necesidad de conseguir un sustento diario que el mismo gobierno no tiene la capacidad de brindar a muchos de sus ciudadanos?

MÉTODO

La investigación se adelantó desde una perspectiva de corte analítico, de tipo descriptivo y bajo el método deductivo. El modelo de la investigación se planteó desde un enfoque cuantitativo que permitió medir, a través de indicadores, cada una de las dimensiones de la variable a fin de establecer el cumplimiento de los estándares de referencia para los derechos sociales. Estos estándares se basaron en las 4A: Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad.

Participantes

Se trabajó con dos unidades de análisis: los vendedores informales ubicados en el Centro Histórico de Barranquilla y los directivos y/o administrativos públicos de esta ciudad.

Tamaño de la muestra

Se encuestaron a 389 vendedores que residen en la ciudad y ejercen actividades laborales en el sector informal ubicado en el Centro Histórico del distrito de Barranquilla.

Instrumentos

Para la recolección de la información, se aplicaron dos instrumentos: la encuesta y la entrevista no estructurada.

La encuesta es una técnica de corte cuantitativo, con la cual se analizó el tema de estudio. En sí, este instrumento se elaboró mediante la formulación escrita de una serie de preguntas producto de la operacionalización de las variables, y se aplicó a la unidad de análisis en el contexto de los vendedores que ejercen actividades laborales en el sector informal ubicado en el Centro Histórico de Barranquilla.

La entrevista no estructurada permitió recolectar información mediante un formato que contenía preguntas abiertas, y fue respondida por los directivos y/o administrativos del distrito de Barranquilla.

Procedimiento

Fase 1. Revisión bibliográfica y documental

Con el fin de fundamentar conceptualmente la investigación, se realizó una revisión bibliográfica a partir de 1990. Se tuvieron en cuenta algunos estudios similares para ser considerados como referentes.

Fase 2. Diseño de instrumentos

Se diseñaron dos instrumentos: el formato de entrevista, dirigido a directivos y administrativos, y la encuesta.

En la entrevista, predominaron las formulaciones abiertas, que fueron respondidas en el curso de una conversación que se desarrolló con los diferentes funcionarios del distrito de Barranquilla.

La encuesta fue aplicada a los vendedores informales. Las preguntas que la conformaron se desprendieron de cada una de las variables, lo cual permitió conocer la unidad de análisis.

Fase 3. Recolección de datos

Una vez diseñados los instrumentos se procedió a la recolección de datos.

Fase 4. Procesamiento de los datos

Después de haberse aplicado los instrumentos, se procesó la información de tipo cuantitativo utilizando la hoja de cálculo Excel-Microsoft Windows, lo que facilitó el desarrollo de la fase de análisis en forma ágil y con menos probabilidad de error.

La información obtenida de los datos cualitativos se sintetizó y se organizó en cuadros resúmenes.

Fase 5. Análisis e interpretación de datos

La interpretación de los datos constituyó un insumo básico para plantear la discusión en torno a los resultados de la investigación.

RESULTADOS

La interpretación se inicia con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los vendedores informales ubicados en el sector informal del Centro Histórico del distrito de Barranquilla.

Salud

Como se puede observar, en la Gráfica 1, el 72 % de la población encuestada cuenta con el servicio que ofrece el Gobierno Nacional para la cobertura en salud, aunque es de destacar que el 8 % de los encuestados se encuentran por fuera de cualquier sistema de salud público o privado.

La Gráfica 2 indica que, en su mayoría, la población encuestada afirma que para recibir sus servicios y atención en salud correspondientes, tardan entre 30 minutos y una hora para llegar al sitio asignado. Esto sugiere que el tiempo de desplazamiento se puede deber a la congestión vehicular o a la distancia entre la vivienda y la entidad de salud.

La Tabla 1 muestra que solo 78 encuestados, de 389 en total, cuentan con un servicio de EPS, lo que corresponde al 20 % de la población total. El comportamiento con la obligación de cancelar su EPS es de un 84 %, es decir, que este pequeño grupo tiene un alto grado de compromiso para con su salud.

En la Gráfica 3, se puede observar que de los 78 encuestados solo 12 dejaron de pagar la EPS por diferentes razones, siendo más significativa la omisión. Esto muestra que no fue por la situación económica apremiante sino por omisión o descuido.

La Tabla 2 indica que el 78 % de la población de los encuestados no cuenta de manera regular con el valor de su copago o cuota moderadora.

Según la Tabla 3, el 55 % de los encuestados ha contado con los medicamentos que le cubre el POS, pero 45 %, que es una cifra considerable, debe asumir la compra de sus medicamentos. Desconocemos si los pueden o no adquirir para mejorar su condición de salud.

La Gráfica 4 informa que en el 71 % de los casos se otorga una cita a medicina general antes de los diez días, lo que muestra cierta eficiencia en la atención primaria en salud.

En la Gráfica 5, se puede observar que al 62 % de la población que solicita citas para medicina especializada se le asigna pasado los diez días, lo cual corrobora la ineficiencia en la atención oportuna en los servicios de salud en Colombia.

La Gráfica 6 indica que los servicios de salud son calificados mayormente entre los rangos de regular y bueno. Vale recordar, en este sentido, que a algunos de los encuestados su sitio de atención en salud les queda a media o una hora de distancia, que los servicios no son prestados oportunamente y que algunas medicinas no se incluyen en el POS.

La Tabla 4 muestra que el 92 % de la población encuestada no participa de ninguna manera en las actividades de prevención y promoción desarrolladas por el Distrito. Situación que preocupa porque pone en riesgo la salud física y mental de la población objeto de estudio.

Educación

La Gráfica 7 presenta respuestas variables: La mayoría de la población ha recibido algún tipo de educación a lo largo de su vida. Así, el 21 % cuenta con bachillerato completo, mientras el 6 % empezó una carrera técnica y el 7 % logró terminarla. Esto indica que la población se encuentra en una actitud de superación y hay ausencia de analfabetismo.

En la Gráfica 8, se observa que el 84 % de los hijos de los vendedores encuestados estudia en una jornada, mientras que el 16 % restante se dedica a la educación de tiempo completo.

Por su parte, la Gráfica 9 evidencia que el 82 % de la población accede a la educación pública, mientras el 18 % prefiere la educación privada.

El 76 % de los hijos de los encuestados no recibe almuerzo comunitario en la cobertura educativa, muy seguramente porque la jornada estudiantil no supera la jornada completa (Tabla 5).

La Tabla 6 indica que la mayoría de los encuestados, es decir, el 84 % debe cancelar sus útiles, uniformes y demás materiales para acceder a sus clases en completa normalidad. Se observa así poca gratuidad en la prestación de este servicio.

La Gráfica 10 muestra que un 79 % de los menores no labora con sus padres, lo cual es bastante significativo, pues, denota que pueden estar ocupados en otras acciones propias de la edad. Es importante resaltar que al 2% de los menores se les viola su derecho, ya que permanecen laborando con sus padres todo el tiempo.

La información contenida en la Tabla 7 indica que el 94 % de la población se encuentra en buen estado físico y mental.

La Tabla 8 indica que el 83 % de los miembros de las familias de los vendedores no recibe una educación especializada, que sería la necesaria y adecuada para su condición de discapacidad. Cabe anotar, además, que el Distrito no cuenta con instituciones especializadas para impartir educación a esta población.

Vivienda

En lo que corresponde a vivienda, la Tabla 9 muestra que un alto porcentaje de la población (83 %)no ha participado en ningún tipo de programa para vivienda subsidiada, situación preocupante en este tipo de población, ya que en este grupo se ubican emigrantes,desplazados, menores de edad, discapacitados y personas de la tercera edad.

La Tabla 10 muestra una respuesta congruente con los resultados de la Tabla 9, evidenciándose que, a menor participación en los programas de vivienda subsidiada, menos oportunidad de ser beneficiarios, por lo cual la Gráfica indica que solo el 11 % de los vendedores accedieron a programas de vivienda subsidiada.

Podemos observar en la Tabla 11 que las familias no muestran ningún interés por tener un ahorro programado, siendo este uno de los requisitos para aspirar a un subsidio de vivienda de interés social. Esta situación los aleja más de esta oportunidad.

Recreación

La Tabla 12 indica que el 86 % de la población no ha asistido a ningún tipo de actividad recreativa en el último semestre. Situación contradictoria si se observa que, según la Tabla 13, el 77 % de los vendedores se encuentra ubicado cerca del Parque Cultural del Caribe. Manifiestan no conocerlo e ignoran los programas de gratuidad que existen para algunos grupos.

Emprendimiento

La Tabla 14 muestra que el 93 % de la población objeto de estudio no ha recibido ni participado en capacitación alguna brindada por el Distrito, porcentaje preocupante teniendo en cuenta que en el último año ha desarrollado distintos programas encaminados a reforzar esta área.

En la Tabla 15 se observa que un 3 % de la población ha participado en programas de desarrollo patrocinados por el Distrito. Esto se correlaciona con la tabla anterior, pues, solo el 7 % ha recibido estas capacitaciones.

Cultura

Según la Tabla 16, el 99 % de la población encuestada no pertenece a ningún grupo artístico organizado por el Distrito.

En correspondencia con las informaciones previas sobre el tema, la Tabla 17 indica que las actividades culturales no son primordiales para los vendedores encuestados o no han sido promocionadas por el Distrito, ya que solo el 1 % ha participado en las actividades desarrolladas.

Por último, la Tabla 18 registra la síntesis de los resultados de la entrevista desarrollada a los directivos y administrativos del Distrito, los cuales dieron respuesta a las diferentes subdimensiones de manera cualitativa.

Ver Tabla 18

DISCUSIÓN

Muy a pesar que el distrito de Barranquilla enmarca su plan de gobierno en el enfoque social de derechos, al momento de materializar las esferas social, económica y cultural, no tiene en cuenta los estándares de Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, puesto que los vendedores estacionarios que ejercen actividad laboral en el Centro Histórico de la ciudad no participan en todos los programas, y en los que participan no se le da cumplimiento a los estándares descritos anteriormente. De manera que se amerita la inclusión de este grupo mediante el diseño de una política social que en realidad los haga partícipes de estos derechos.

Los resultados evidencian que la población objeto de estudio es excluida parcialmente de los programas que adelanta el Distrito, por lo que es necesario extenderlos a la totalidad de esta población en virtud a su condición de vulnerabilidad. En este sentido, la administración distrital no solo tiene la responsabilidad de ofrecer programas para los ciudadanos de los estratos uno y dos, sino que debe promocionarlos, así como hacer control y seguimientos que den muestra de la participación de todas las comunidades vulnerables.

El nuevo Estado Social de Derecho debe priorizar el cumplimiento de sus funciones sociales, de las cuales obtiene legitimidad democrática. Su finalidad consiste en fomentar los derechos humanos, dirigiendo los recursos y bienes a satisfacer necesidades básicas de las personas, y forjar un futuro colectivo. La atención y protección debe dirigirse a todas las personas, pero sobre todo a los miembros excluidos y más vulnerables de la sociedad (Pisarello, 2003).

Podría pensarse que la simple asignación de mayores recursos públicos garantiza el cumplimiento de los derechos humanos; sin embargo, no hay un vínculo automático entre recursos económicos y derechos humanos. Una forma de asegurar el establecimiento de relaciones beneficiosas entre ambos es la de establecer un proceso realmente participativo en la formulación de políticas, que es esencial al enfoque de derechos en las políticas de desarrollo.

También es recurrente la aseveración de que el problema no pasa tanto por el aumento del gasto como por la necesidad de hacerlo más eficiente. Por ejemplo, Benvenuto-Lima (2001) argumenta que la escasez de recursos financieros no puede constituirse en una excusa para que un Estado no emprenda esfuerzos destinados a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y afirma que, además de los recursos financieros, los procesos de desarrollo social, y los recursos humanos, tecnológicos, naturales y de información han demostrado ser fundamentales.

Al analizar los resultados de la investigación frente a los hallazgos de otros estudios similares desarrollados en Colombia, se coincide en que el Estado debe formular políticas que favorezcan la inclusión social de los grupos y comunidades vulnerables, a fin de minimizar la brecha de la pobreza.

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