Sobre el enfoque tecnológico de la planeación del hábitat

El trabajo investigativo de interpretación y crítica del modelo experimental, estatal y privado para planificar el hábitat identifica unos conflictos e inconsistencias técnicas/tecnológicas en los diseños y procedimientos normativos, con los cuales se procura satisfacer las necesidades y requerimientos de construcción de la vivienda. En dicho ámbito, el mercado inmobiliario (cruzado por intereses de rentabilidad financiera) ha venido liderando el diseño y la construcción de productos de fácil mercadeo, independientemente de las condiciones sociales y características culturales del habitante.

Ya autoras como María Clara ^{Echeverría (2008}), María Cecilia ^{Múnera y Liliana Sánchez Mazo (2012}) señalan cómo en el contexto actual de globalización económica y competitividad de los territorios, así como en el caso Colombiano, la edificación de vivienda (formulada como necesidad social) ha sido manipulada por diversos intereses que encuentran en ella un espacio para el movimiento de grandes capitales, impulsada por políticas de fomento a la construcción que refieren a beneficios tributarios para los constructores, el subsidio para compradores de bajos recursos, y la simplificación de procesos y requerimientos a las configuraciones espaciales, tanto en el espacio privado como en el público. De esta forma, se genera un ámbito seguro y atractivo para el mercado inmobiliario, que finalmente reduce el hábitat a su expresión más simple de refugio físico, especialmente para sectores poblacionales de bajos recursos económicos, reproduciendo e incrementando fenómenos de exclusión socio espacial.

Así, el interés rentístico deviene principio que mueve al sector hacia la formalización de programas de vivienda dirigidos a los estratos sociales menos favorecidos económicamente que, en función de sus necesidades y recursos disponibles, deben renegociar la entrega de sus hábitats producidos espontáneamente y que son fuente de recursos económicos, simbólicos y espirituales. Este hábitat popular, que ha sido objeto de reflexiones e intervenciones por parte del Estado, es identificado como origen de riesgos físicos para la vida humana y causa de desórdenes sociales, pues no se ajusta o no cumple con las referencias normativas oficiales que prescriben su forma, función y uso, las cuales se dan en términos de diversas normas urbanísticas y de propiedad.

Basándose en estos "vacíos" e inconsistencias en la ocupación del suelo, el Estado programa estratégicamente su transformación y formalización mediante fórmulas centradas en la reubicación, proyectada a partir de modelos que resultan atractivos para la inversión de capitales de la construcción y la industria inmobiliaria.

Aunque dicha descalificación del hábitat popular aparezca como una primera manera o técnica de proceder con el fin de justificar y dar fuerza a las intervenciones reformistas sobre sus expresiones físicas y materiales puede evidenciarse la omisión de factores culturales y sociales asociados a la construcción espontánea y doméstica del hábitat, siendo sustituidos por un enfoque cultural y social funcionalista basado en el activismo, con los cuales la planeación territorial a través de las herramientas como los Planes Parciales pretende subsanar el vacío cultural y su impacto violento en la sociedad.

Esas herramientas no logran comprender de forma amplia el fenómeno espacial humano y la diversidad de su apropiación. Por esta razón, al ordenarlo a partir de proyecciones idílicas inspiradas en la regularidad aséptica de construcciones regulares y vacías de cultura sólo se produce un aumento del malestar social y del choque de los comportamientos humanos, pues parte de suposiciones sobre su uso adecuado, y no contempla la posibilidad de contradicciones y conflictos en la interpretación que dan al espacio quien lo usa. Se trata pues de la pretensión de ajustar el comportamiento humano a través de la intervención del espacio en el que se despliega.

Las rentabilidades financieras y políticas, soportadas por la suposición de que un medio físico adecuado detona o rige comportamientos ciudadanos adecuados, son principios importantes dentro de las razones que guían la planeación del espacio. De esta manera, el hábitat ya no es un desarrollo propio de lo humano, producto de las relaciones sociales y de los valores culturales, sino que es entendido como un herramienta que, en un contrasentido, transforma la sociedad y la cultura a partir de los intereses desde donde se proyecta y se construye.

Este enfoque es posible gracias a una desnaturalización de la producción del espacio, en la que su componente simbólico se separa del material, el cual es alzado como determinante unidireccional de tal producción. Así, se ignora al espacio como realidad física y cultural indisociable, tal como lo desarrolla Milton ^{Santos en La naturaleza del espacio (2000}), que en sus términos conceptuales es el equivalente de los fijos, es decir, del sistema de objetos planeados desde razonamientos de productividad. Ellos definen los flujos, concebidos como un sistema de acciones planeadas desde el enfoque estatal e inmobiliario.

La disociación racional del territorio crea un ambiente propicio para el apetito y el despliegue de los intereses rentísticos puestos en juego en la planeación urbana, ya que da preeminencia a la construcción de infraestructura por sobre la creación cultural del espacio. En este sentido, el Plan Parcial de Desarrollo de Pajarito (^{Alcaldía de Medellín, 2002}), como herramienta técnica, configura un paisaje de contenido social y cultural inconcluso, dado que las pretensiones de corte normatizantes inhiben y bloquean los procesos integradores, condicionando al habitante y a su vivienda a que sean espacios de enclave autista, en el que cada individuo o grupo familiar se recluye en la estructura irrisoria del habitáculo, sin otra opción que la de apropiarse de su territorio diminuto según su contenido técnico. Así, dicho habitante pierde sus rasgos particulares y pasa a ser un ente abstracto que se debe adaptar a la propuesta física para que esta funcione según el diseño.

Se trata de la ignorancia estratégica de la diversidad humana que, siguiendo a Michel ^{Foucault (2006}), imagina el territorio como si fuera un dispositivo disciplinario en el que se ordena la diversidad, anulándola para acomodarla artificialmente en compartimentos estancos, los cuales, en este caso, son proyecciones físicas, abstractas y vacías del espacio sin reciprocidad con las particularidades de una población específica.

Con esta maniobra de ordenar lo diverso para anularlo se impone un valor neoliberal del territorio, según el cual la simplificación se justifica con la excusa de una socialización de los usos del espacio, que no puede ocultar su vocación verdadera de negar la naturaleza solidaria del individuo, so pretexto de que dicho espacio abstracto pueda ser usado por todos, lo que equivale a que pueda ser comercializado en cualquier tiempo, lugar y para cualquiera.

La división y uso estratégico de la norma estatal por parte del mercado, al anular los valores de la subjetividad humana que se validan en la vecindad y en la solidaridad, crea unas condiciones negativas en la acción colectiva de vida barrial, recrudeciendo el conflicto entre individuos y grupos que pujan en la lucha doméstica por dar salida a sus propias necesidades y reglas de convivencia, lo cual se evidenció en los múltiples conflictos vecinales registrados en la investigación relacionados con la apropiación espacial.

Sobre la naturaleza de la norma estatal, su conflicto con la regla social y las consecuencias de su encuentro discordante en el hábitat

El hábitat como producción humana que parte de su relación con el medio geográfico y social no puede ser pensado ni producido desde el vacío poblacional, separado de los rasgos organizativos y simbólicos de las agrupaciones humanas que lo dinamizan, y le dan existencia efectiva. Sin estos rasgos no es posible llenar de contenidos y sentidos humanos una imagen abstracta de la vivienda planificada, pues se convierte en un sistema de objetos externo a la vida social. Por lo tanto, dicha vivienda no puede ser domesticada por el poblador, ya que toda domesticación implica un reconocimiento de cada individuo como miembro de la especie, de la etnia, del grupo, de la vecindad, entre otros.

La proyección de la racionalidad en la producción de lo que ^{Santos (2000}: 152) llama un "sistema integrado no flexible", al no considerar las técnicas sociales de generación del hábitat, da como resultado la separación del habitante en la creación del mismo. Correlativamente, la separación de lo simbólico y organizativo en la producción del espacio genera encuentros disfuncionales, desencuentros, choques, y superposiciones entre la norma estatal y la práctica social.

La razón de dicha dinámica turbulenta entre norma estatal y regla social se ubica en el origen diferente de ambas. La norma estatal surge desde la racionalidad técnica, la productividad, y la renta económica y política. Responde a intereses hegemónicos movilizados en función tanto del capital financiero como del capital político, mientras que la regla social surge de la práctica cotidiana del espacio, encontrando sus referentes en las normas sociales de ordenación del territorio previamente vivido (de sus hábitats de origen) y que dieron sentido a la creación de un hábitat para una agrupación humana específica en un espacio-tiempo determinados. En este sentido, la inteligencia de la norma, y su eficacia económico política dependerá de su capacidad para conversar y cooptar los signos emocionales e inteligentes de la regla social, y disuadir aquéllos que inducen inhibiciones.

Cuando las agrupaciones humanas que ocupan actualmente las urbanizaciones La Aurora y Las Flores de la Ciudadela Nuevo Occidente fueron desligadas de sus hábitats originarios e implantados en un nuevo medio geográfico, cargado de fuertes lineamientos técnicos y normativos para su adaptación, y de naturaleza exógena que constriñen la acción creativa humana, las acciones técnicas con que la sociedad valida cotidianamente su relación con el espacio quedaron neutralizadas y desprovistas de fuerza para acoger racionalmente las referencias normativas, las cuales no pudieron ser tomadas certeramente como guías que dan sentido a la colectividad.

La incertidumbre que generó la norma estatal dejó a la comunidad residencial con la posibilidad de justificar su existencia sólo por el cumplimiento inmediato de fines apremiantes, lo que reforzó un estado de extrañamiento con el medio geográfico y social en el que se insertaron. Así, las acciones técnicas se encontraron en un predicamento regulativo, referido a que eran (y aún son) guiadas por sentidos originados desde el hábitat popular, muchas veces también desde la informalidad, en un contexto que materializa valores de origen moderno.

De esta manera, el otro y lo otro se tornan en extraños que dificultan la existencia, pues la propuesta física vacía no cubre ni provee intereses superiores desde lo social, ni significados colectivos desde lo cultural, los cuales permiten la creación de dinámicas sociales de integración alrededor de deseos, expectativas y necesidades colectivas. Esto se debe a que dichos intereses y significados son tan diversos como los orígenes de los habitantes insertados en la Ciudadela Nuevo Occidente, y carecen de referentes sociales y espaciales que funcionan como la argamasa que los une y que establece relaciones entre ellos.

Dicho elemento de unión se fracturó en la ruptura con el hábitat de origen, y la separación operada entre el habitante y la producción de su hábitat, ya que este no solo es organización física, sino también organización simbólica individual y grupal. Es en el hábitat donde se materializan las relaciones sociales y la norma toma cuerpo físico, evidencia que dura en el tiempo y guía la acción. Sólo de esta manera el espacio se hace inteligible y comunica sentidos, mensajes que permiten leerlo y comportarse de forma adecuada con él.

El conflicto surge cuando las acciones guiadas por las reglas sociales son dislocadas del origen, de la propuesta espacial exógena, propuesta que en este caso se materializó en la Ciudadela Nuevo Occidente. Así, las acciones sociales en ese contexto territorial fueron calificadas como perjudiciales para su orden físico y social, pues no respondían a las exigencias técnicas con las que la materialidad del espacio fue proyectada y construida.

El movimiento natural de adecuación entre sociedad y propuesta espacial fue interpretado como incorrecto, y consecuentemente intervenido a través de múltiples estrategias para su modificación. Pero la persistencia de prácticas calificadas como inconvenientes desde la norma estatal, así como de los conflictos de convivencia que fueron registrados y analizados, señalaron una tendencia en la cual se hace relevante la imposibilidad de determinar totalmente el comportamiento humano desde la racionalidad de la eficiencia, fundamentalmente porque gran parte de dicho comportamiento no es racional, sino que está sujeto a profundos influjos emocionales y semióticos imposibles de abarcar desde la propuesta disciplinaria del espacio abstracto.

Sobre la desinstitucionalización de la norma y su expresión en la generación de una brecha tecnológica

En el proceso de población de la Ciudadela Nuevo Occidente la norma fue desinstitucionalizada a causa del cambio generado por la intervención turbulenta de su arraigo espacial, de su hábitat que es expresión espacio temporal del orden que genera y que, a su vez, le da existencia a ella misma. De esta manera, el referente social y cultural se desarticuló de las agrupaciones humanas con las que establecía una relación de codeterminación, perdiendo su fuente de dinámicas adaptativas, así como su razón de ser como compendio de conocimientos aplicables a la ordenación del espacio desde valores e intereses locales. Posteriormente, el Estado intentó reposicionar la norma y, en el intento de implementarla, procuró reemplazar la institución social fracturada por una institución externa que dicta las referencias con respecto a las conductas del ser y del hacer en el espacio.

Este movimiento de desinstitucionalización social y reinstitucio-nalización estatal de la norma es analizado por ^{Foucault (1998}) con relación a la expansión de la norma a lo largo de la existencia humana, en el intento de regularizar sus tendencias para el aprovechamiento de sus capacidades productivas. Apoyándose en este autor para el análisis el caso de Ciudadela Nuevo Occidente, se hizo patente una dinámica en la que el Estado se transformó de generador de referentes de ordenamiento territorial con una escasa mirada sociocultural a una institución interviniente, de forma activa y prescriptiva, en el devenir organizativo y cultural de la población que llega a ocupar este asentamiento.

Dicha dinámica dibujó una ruta en la que el Estado desplegó estrategias propias de la prohibición y de la imitación de las acciones con el fin de regularizar la vida en un ámbito espacial según unos intereses específicos. Para ello, en un principio, chocó y descalificó la acción social que se desplegaba en el territorio, para posteriormente renegociar sus intereses y avanzar hacia una estrategia en la que el trabajo, de la mano de la comunidad y del conocimiento de sus dinámicas, llevó a que cooptara sus capacidades organizativas como una estrategia de mayor eficacia en su labor de regularización, figurando de esta manera lo que ^{Foucault (2006}) identifica como un dispositivo de seguridad.

Aunque este enfoque ha logrado resultados con respecto a la disminución y transformación de los conflictos de convivencia en la tipología de Vivienda de Interés Social en altura, el conflicto de base persiste en la Ciudadela Nuevo Occidente, pues dicha tipología impuso restricciones y patrones de conducta establecidos por un esquema normativo del diseño y la construcción. Este prioriza una economía del espacio en la que la planeación general del asentamiento es limitada y limitante de los espacios comunes, y de lugares de servicios urbanos, obligando a sus habitantes a invertir mayores recursos y esfuerzos para mantener sus redes de apoyo sociales, culturales y económicas.

De esa forma, el espacio y su apropiación, propuestos desde la norma, inauguraron un escenario en donde la convivencia con el otro se transformó en una desventaja, dada la plasticidad limitada de la propuesta, además de la incompatibilidad entre las acciones de apropiación y los rasgos técnicos espaciales.

Por otra parte, se impuso al habitante carencias en la cobertura de servicios complementarios a la vivienda, ya que la propuesta de hábitat estaba sesgada por una visión inmediatista donde el refugio, al cual se redujo, dominó la proyección y concreción del asentamiento. Lo anterior se tradujo en la ocupación alta del suelo a través de la construcción de apartamentos con insuficiente urbanismo, servicios y actividades complementarias, situación que se complicó dadas las dificultades de movilidad expuestas por los habitantes, especialmente en lo que atañe al tiempo y el dinero que necesitan invertir en ello a causa de la ubicación geográfica del asentamiento en el contexto de la ciudad.

En este panorama surgió, como reacción, una lógica no moderna en la que el espacio y los objetos cobraron un valor temporal, lógica que guía la práctica cotidiana del hábitat a través de la cual la presente investigación interpretó las diferentes apropiaciones espaciales, con las cuales el espacio fue adecuado por parte de quienes lo ocupan y le otorgan existencia, reactualizando y creando, para ello, técnicas históricas de generación de hábitat. Estas cuentan sus orígenes a partir de los conocimientos que el habitante elaboró en sus contextos sociales y culturales de referencia, con los que mantiene aún relaciones simbólicas y materiales, aunque ya no habite en su territorio de génesis

Por su parte, la vía de la intervención estatal sigue siendo aquella que intenta moldear la acción humana a la propuesta espacial que, desde la planeación, estandariza el orden, la forma y la dinámica social. Esta estandarización instala la incompatibilidad actual entre la razón estatal de la planeación del hábitat y las lógicas sociales de generación del mismo, creando así una brecha tecnológica en la que el intento del Estado por mejorar la calidad de vida de la población con menores recursos económicos produce un detrimento de ella, ya que dicho intento se centra en la acción técnica de producción de una materialidad que desconoce y, en el peor de los casos, anula el gesto técnico de origen y significado cultural, a partir del cual las agrupaciones humanas se hacen a un medio físico que, considerándolo como propio, transforman en su espacio vital, fuente de alternativas de bienestar.

El asunto no está pues en decidir si el Estado debe o no intervenir el hábitat de poblaciones que cargan con déficits espaciales históricos, cuestión de por sí polémica, el problema surge cuando se asume erróneamente que los mismos elementos funcionan igual para todos, en cualquier lugar y tiempo, desconociendo la diversidad sociocultural de las necesidades, así como de las vías para tratar de subsanarlas, lo que responde al enfoque pragmático que domina la planeación territorial como práctica racional. De esta manera la norma estatal dispone el campo de conflicto con las reglas sociales, fomentando la aparición de las prácticas que ella misma proscribe.

Apoyándose en Milton ^{Santos (2000}), lo que se plantea para la Ciudadela Nuevo Occidente es la inexistencia histórica (vertical) del hábitat, determinada por el carácter atemporal y exógeno de la propuesta normativa que lo genera, disponiendo el surgimiento de una existencia social (horizontal) conflictiva ante las insuficiencias habitacionales de la propuesta espacial. Se crea entonces, y como señala este mismo autor, un cortocircuito entre la forma técnica que determina la estructura y funcionamiento del espacio, la forma jurídica que prescribe y proscribe las acciones con las cuales este es activado (apropiado por la sociedad), y el orden simbólico a partir del cual el espacio deviene en hábitat efectivo.

Sobre la brecha tecnológica como resultado de la escisión entre el Estado y la sociedad

Para comprender esta brecha tecnológica dibujada por la verticalidad de la norma estatal y la horizontalidad de la regla social son útiles los postulados de Fabio ^{Giraldo (2002}), los cuales afirman que tal brecha es la resultante de una separación entre el Estado y la sociedad. Separación en la que el primero se convierte en un autónomo del acontecer de la segunda cuando a través de la racionalidad económica se justifica la privatización de lo público, acudiendo para ello a la fe en la supuesta cientificidad del análisis del mercado, la que termina ocupando el lugar de la negociación política y el acuerdo social construido por esta vía.

A lo largo de la descripción y análisis adelantado en la investigación se dibujó una trayectoria con respecto a la Ciudadela Nuevo Occidente como un sistema de objetos de origen racional y fuerte contenido técnico normativo que, diseñado y construido al margen de una población específica o superficialmente caracterizada como carente, camufla intereses económicos y políticos particulares, los cuales también impulsan este tipo de intervenciones, aprovechando la preocupación pública actual que instala el campo de la promoción del hábitat como un derecho ciudadano.

Esta es una trayectoria de separación en la que el hábitat como un tema, proceso y bien público es cooptado por tendencias que lo privatizan en función de intereses puntuales, justificados por la cantidad de refugios y urbanismo construido. Ellos son propuestos como el objetivo público fundamental de la intervención estatal en el espacio urbano, dejando en un segundo plano y con pocas posibilidades la negociación política local referida a la participación de la población objeto de estas intervenciones urbanas en el diseño y construcción de las mismas.

Así, el habitante se convierte en un cliente y pierde la capacidad sobre la constitución de su hábitat, pues sus derechos están dados en los términos de una transacción económica entre dos partes, cerrando el escenario para la negociación y la construcción colectiva de sentidos que hagan legible el espacio desde lo cultural y lo social.

En estos procesos de planeación e intervenciones no se está poniendo en juego la construcción colectiva de sociedad y espacio, por el contrario, se está limitando y asimilando a la dinámica privada de los bienes raíces. Dicho fenómeno permite explicar los conflictos expuestos en la Ciudadela Nuevo Occidente como una fuerza que busca adecuar una propuesta de hábitat incompleta o vacía que, al desarraigar y limitar la creatividad social, inició un proceso de experimentación autónomo que en múltiples puntos chocó con la propuesta normativa del espacio proyectado. Ese conflicto fundamental respondió a la necesidad de equilibrar los rasgos sociales y culturales de las agrupaciones familiares que llegaron a habitar este asentamiento (sus necesidades, expectativas y deseos), con sus limitantes económicas y físico espaciales.

De esta manera, se procuraron forjar lazos de arraigo con el nuevo contexto vital, lo que en términos de ^{Stirner (2007}) es consumar la propiedad a través de la capacidad del propietario de decidir de hecho sobre lo que considera suyo, reivindicándoselo y apropiándoselo como tal. Sin embargo, el conflicto vio dificultado su trámite debido a las inconformidades de los habitantes con ciertos rasgos físicos, funcionales y de calidad de las viviendas y del asentamiento, entre ellos, su lejanía de los circuitos y redes de apoyo sociales, económicas y culturales, y las condiciones normatizadoras que impuso (a la manera de las técnicas disciplinarias) la formalidad de la copropiedad y la habitación de una propiedad horizontal. En suma, de lo que se trata es de los déficits y problemas que el asentamiento desencadenó sobre la población que buscaba beneficiar, en un intento por subsanar sus necesidades habitacionales.

Dichas dificultades hacen aún más lenta la elaboración experimental de sentidos (intereses, proyecciones y deseos) colectivos que guíen las prácticas cotidianas de vida, y que permitan el surgimiento de nuevas instituciones sociales que den significado y orden a eses prácticas, procurando una dirección que las saque del inmediatismo, la incomunicación y la desarticulación en la que se llegan a encontrar a causa de su desarraigo territorial.

Las inconformidades con el espacio incapacitan en gran medida la posible comunicación entre habitante y hábitat, relación que se encuentra en el núcleo mismo de su origen, y cuya desconexión entorpece los procesos básicos de identidad con el espacio que es tanto contenedor físico, como contenido social y expresión cultural. Ante la falta de identidad no es posible contemplar la apropiación como una relación profunda en la que el espacio es fuente de recursos vitales que lo convierte en hábitat íntegro.