Habitar la informalidad: el territorio y las territorialidades para pensar los asentamientos

El concepto de territorio revela relaciones sociales y de producción en el espacio geográfico en determinadas coordenadas de tiempo y lugar (^{Tomadoni, 2007}). A partir de esto, resulta interesante la definición propuesta por ^{Raffestin (1980)}, quien plantea que el territorio es la expresión espacial del poder, fundamentada en relaciones sociales.

Por su parte, ^{Blanco (2007)} asegura que el territorio lleva implícitas las nociones de apropiación, dominio y control de una porción de la superficie terrestre, incluyendo las ideas de pertenencia y de proyectos que una sociedad desarrolla en un espacio dado. ^{Brunet, Ferras y Théry (1994)} coinciden en que el territorio no es solo el terruño, el arraigo o el apego de los ciudadanos a un barrio. Se trata, según ^{Blanco (2007)} de la proyección, en un espacio dado, de las estructuras específicas de un grupo humano, que incluyen el modo de delimitación y de gestión del espacio, el ordenamiento de ese espacio [...] transformándolo así, de un espacio de vivencia y producción en un territorio. La apropiación y transformación de un espacio por parte de una sociedad implica entonces la construcción de un territorio, su uso, su conversión en un territorio usado (^{Blanco, 2007}: 41).

Con base en lo anterior, entendemos a los asentamientos informales como expresiones que adopta el poder, mediante el acto de habitar bajo lógicas espaciales específicas, que interpelan los modos de hacer ciudad, impuestas por el capitalismo y dominantes en la conformación de criterios para el acceso y regulación del suelo urbano.

Al respecto, coincidimos con diferentes autores en que las tomas de tierras en Latinoamérica son parte de un proceso de apropiación y asignación del espacio urbano, alternativo al mercado de tierras y a la provisión pública. Estas formas de acceso al hábitat han derivado en la conformación de asentamientos informales en la periferia, márgenes de la ciudad e intersticios de la zona más consolidadas, caracterizados por la precariedad de las viviendas, la carencia de servicios básicos e infraestructuras urbanas, así como por la degradación ambiental que, entre otros factores, alimentan los procesos de segregación espacial (^{Abramo, 2012}; ^{Cravino, 2004}; 2009; 2012; ^{Carman, 2011}; ^{Clichevsky, 2007}; 2012; ^{Fernandes, 2011}; ^{Smolka, 2003}).

Coincidimos en que las dificultades de acceso al suelo urbano y su materialización en procesos de segregación socioespacial encuentran un correlato en los modos de producción y reproducción social. Esto resulta clave a la hora de dar explicación sobre las modalidades de acceso al hábitat, especialmente en Comodoro Rivadavia,¹ una ciudad petrolera donde la actividad hidrocarburífera y con sus ciclos económicos tiene fuertes implicancias espaciales. Según ^{Bachiller, et al. (2018)} existe una correlación directa entre los periodos de bonanza productiva y expansión urbana: los momentos de mayor crecimiento poblacional en la ciudad coinciden con los periodos de incremento del precio internacional del barril de petróleo y la consiguiente intensificación de la producción. De igual manera coinciden con la consolidación y recrudecimientos de las desigualdades, tal como sucedió en el último boom petrolero (2004-2014).²

Esto significa que cualquier decisión o sistema de acciones relacionadas con la explotación de recursos determina transformaciones en el espacio geográfico. Según ^{Santos (2000)}, los procesos de transformación espacial recrean las condiciones ambientales y sociales que modifican y redefinen cada lugar, por eso los entiende como un conjunto de flujos y fijos, donde "los flujos son un resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesan o se instalan en los fijos, modificando su significación y su valor, al mismo tiempo que también ellos se modifican" (^{Santos, 2000}: 53). Un ejemplo de esto es la distribución y localización de los barrios en el espacio urbano de Comodoro Rivadavia, caracterizada por procesos de segregación espacial en la producción del hábitat, lo cual se ha visto profundizado tanto en periodos de boom petroleros, como durante las crisis económicas.³

Bajo un nuevo orden mundial o a través de la mundialización de la economía (^{Santos 1996}) cualquier transformación en este sistema global tiene efectos directos a nivel local mediante múltiples flujos que organizan el espacio. En este sentido, ^{Santos (2000)} establece que, en cada crisis o auge económico, se añaden nuevos objetos y acciones que modifican de manera formal y sustancial todo aquello que comprende al territorio. Es el caso, por ejemplo, de la llegada de población y nuevas empresas comerciales a la ciudad o, al contrario, el cierre de actividades productivas que determina el despido de trabajadores (^{Diez Tetamanti y Chanampa, 2012}; ^{Bachiller, 2015}).

[Durante el boom petrolero] la ciudad atrae a miles de migrantes y los precios del suelo se disparan, motivo por el cual la mayoría de los "recién llegados", así como familias comodorenses de bajos ingresos, no logran acceder al suelo y a la vivienda por las vías legalmente reconocidas. Ante tales escenarios, la toma de tierras y la autopromoción en la construcción de la vivienda se constituyen en los mecanismos predilectos para satisfacer mínimamente las necesidades habitacionales (^{Bachiller, et al., 2018}: 9).

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010), la localidad de Comodoro Rivadavia incrementó su población en un 29.17% entre 2001 y 2010, casi triplicando el crecimiento poblacional estimado a nivel nacional. De igual manera, se registra un crecimiento en el número de viviendas particulares, siendo este mucho mayor para el caso de viviendas tipo "rancho" (2.95%) y "casilla" (1.55%), en comparación a las tipo "casa" (0.49%) y "departamento" (0.72%) (Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2012). Lo anterior da cuenta de un crecimiento urbano segregado y que privilegia la autoconstrucción de viviendas, incluyendo la ocupación de tierras como principal forma de acceso al suelo urbano en la ciudad.

Por otra parte, las áreas de mayor crecimiento poblacional en la ciudad se producen en aquellos radios donde el censo de 2010 revela los mayores índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), el mayor número de personas por vivienda y un elevado porcentaje de población nacida en el extranjero (^{Usach y Freddo, 2016}). En este sentido, sostenemos la idea que, para el caso de Comodoro Rivadavia, la toma de tierras ha sido una de las respuestas principales por parte de los sectores populares para acceder al suelo urbano, ante las limitaciones que disponen para encontrar un espacio en donde habitar y formar parte de la ciudad (^{Bachiller, 2015}).

Como se observa, los procesos de desarrollo desigual y la diferenciación espacial en el habitar son producto de la intervención de múltiples agentes que operan en el espacio geográfico en distintos niveles o instancias (escalas), con sus prácticas materiales y sus representaciones mentales (imágenes y discursos) que, en otras palabras, son el producto de las diferencias en el control y el poder sobre los territorios, lo que resulta, indudablemente, en injusticias y conflictos socioespaciales (^{Montañez Gómez y Delgado Mahecha, 1998}; ^{Valenzuela, 2004}).

Estas territorialidades surgen y se constituyen según una premisa clave: la necesidad por parte de individuos o de los grupos de tener un lugar para habitar la ciudad. En este devenir, se conforman movilidades o estrategias espaciales que incluyen el mantenimiento de sus identidades, organizaciones y tradiciones, sí como de redes parentales, económicas, políticas y sociales (^{Uribe Castro, 2004}).

La configuración territorial de los asentamientos informales, basada, principalmente, en estrategias de movilidad para el acceso a servicios, personas y relaciones, acontece dentro un juego deliberado e intencionado que involucra una lógica propia de la sociedad que construye esa territorialidad (^{Tomadoni, 2007}). Estas estrategias o prácticas de movilidad incluyen "salir del barrio", acceder a las instituciones, a otros grupos y territorios, conformando recorridos y marcas que hacen parte de la lucha cotidiana por reducir la exclusión institucional y la segregación espacial con respecto al resto del cuerpo social (^{Segura, 2006}).

Habitar un asentamiento produce territorialidades, dado que las vidas de sus habitantes "no se desarrollan dentro de lugares sino a través, alrededor, hacia y desde ellos, desde y hacia otros lugares" (Ingold, 2011, citado en ^{Segura, 2017}: 127). En este sentido, el habitar incluye una multiplicidad de prácticas como vivir, caminar, escribir, dibujar, entre otras, "que se separan, se juntan, etc., a lo largo de caminos que llevan de un lugar a otro" (Ingold, 2011 citado en Segura, 2017: 127). En esa acción participan múltiples actores sociales que impregnan sus representaciones y prácticas en el territorio, transformándolo y dejando trayectorias particulares en forma de huellas, marcas o territorialidades, tal como se elige llamarlas en el presente artículo.

En este marco, entendemos la producción de territorialidades como el resultado de procesos que forman parte de contextos históricos específicos, atravesadas por lo social, lo económico, político y cultural. Las territorialidades brindan claves analíticas sobre el espacio, sus transformaciones y los modos de apropiación, en otras palabras, de territorialización. Esta práctica, manifestada especialmente en el habitar, interesa en sus diferenciaciones y heterogeneidades espaciales, sobre todo, en sus desigualdades producidas como resultado de los criterios sobre el "hacer ciudad" desde modelos hegemónicos.

La territorialización del poder en la política pública del habitar

De acuerdo con ^{Haesbaert (2007)}, la cuestión política a nivel territorial hace referencia a las relaciones espacio-poder en general o jurídico políticas en particular (relativas a todas las relaciones espacio-poder institucionalizadas), así como a la relación del poder político del Estado, donde el territorio es visto como un espacio delimitado y controlado, a través del cual se ejerce un poder determinado.

Interesa reflexionar sobre la visión política del territorio, en particular, la territorialización del poder a partir de la confluencia de diferentes lógicas de apropiación espacial en la intervención del Estado para la regularización y urbanización de asentamientos informales, teniendo en cuenta como parte de este entramado a las prácticas espaciales cotidianas de quienes habitan estos barrios, las cuales son objeto de ordenación y adecuación.

A partir de las diferentes formas de poder que se ejercen en el espacio urbano, principalmente a través del control y acceso a bienes simbólicos y materiales desde las políticas públicas habitacionales, se constituyen múltiples territorialidades yuxtapuestas, dependiendo, entre otras cosas, de los actores sociales que intervienen en estos procesos de transformación territorial.

La política social en asentamientos informales controla el acceso al hábitat mediante criterios focalizados que implican separar a los segmentos de la población que sufre privaciones de los que, en principio, no las presenta (Arqueros Mejica y Canestraro, 2017). En función de los criterios que definen hasta dónde y a quiénes beneficiar y/o afectar, indudablemente, se producen y consolidan procesos de segregación socioespacial a diferentes escalas. En este mismo sentido, ^{Haesbaert (2007}: 32) plantea que, "toda relación de poder espacialmente mediada es también productora de identidad, pues controla, distingue, separa y, al separar de alguna forma nomina y clasifica a los individuos y a los grupos sociales".

A partir de lo anterior, se hace imperante reflexionar sobre los procesos de segregación y compartimentación que genera el accionar estatal sobre el territorio al controlar la presencia y ausencia, la inclusión y la exclusión (^{Montañez Gómez y Delgado Mahecha, 1998}) de personas, bienes y servicios, en otras palabras, de todos aquellos principios que hacen parte del derecho a la ciudad (^{Harvey, 2008}).

La territorialización que se configura desde los diferentes poderes que urbanizan y regularizan no solo es visible en los límites y diferencias efectuados sobre el acceso a elementos materiales como la instalación de redes de agua, cloacas y electricidad, sino en diferencias y marcas simbólicas y de apropiación espacial, relacionadas con el empoderamiento y la organización de los habitantes.

La regularización de la propiedad no es una condición necesaria ni de la consolidación de los asentamientos ni del mejoramiento de las viviendas. La introducción de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura y mejoramiento tienen la misma eficacia que la regularización, ya que implican la aceptación del asentamiento por parte del gobierno como un hecho consumado (Di Virgilio et. al., 2015; Gilbert, 2002; Duhau; 2002). En este debate, Azuela (1993) también se ha cuestionado si la regularización de la tenencia implica o no el mejoramiento de los barrios, en función de la diversidad de situaciones jurídicas existentes; sosteniendo que no pueden realizarse generalizaciones (Arqueros Mejica y Canestraro, 2017: 77).

Con el fin de seguir pensando la noción política del territorio, es clave asociar lo multiterritorial con lo multiescalar (^{Haesbaert, 2013}). Según el autor, en el núcleo de la multiterritorialidad se conjugan diferentes escalas in situ como parte de la lógica estatal de intervención territorial, lo que incluye, al mismo tiempo, un territorio municipal, uno provincial y otro nacional individual.

Por ejemplo, en la implementación de instrumentos de intervención territorial, en el marco de políticas de mejoramiento y regularización urbana en asentamientos informales, tal como pasa en el Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA),⁴ la cuestión multiescalar atraviesa diferentes aspectos contrapuestos. Así, en su ejecución, la escala local adquiere un sesgo particular a partir de la responsabilidad administrativa en la selección de los beneficiarios, los grados de participación comunitaria permitida, la articulación con políticas de desarrollo social y económico, la gestión articulada de los diferentes programas habitacionales, al igual que en la creación de los espacios de gestión con anclaje territorial (^{Fernández Wagner y Varela, 2012}).

Reflexiones preliminares

Las diferentes concepciones teóricas del campo geográfico permiten, en primer lugar, reflexionar y aportar a la construcción analítica sobre las desigualdades socioespaciales y las dificultades de acceso a la tierra para habitar. En función de las aproximaciones teóricas abordadas sobre el espacio, nos interesa indagar sobre la producción del hábitat informal como territorialidades en resistencia a las reglas impuestas por el mercado y la ciudad capitalista en sus criterios sobre la formalidad y legalidad en el habitar.

El concepto de territorio amplía la comprensión del fenómeno y de la naturaleza de los asentamientos informales al darle relevancia a las dimensiones políticas y de poder para pensar su surgimiento y dinámicas de transformación. Desde esta perspectiva analítica, consideramos posible visibilizar diferencias, asimetrías e injusticias espaciales en el habitar que apunten, a su vez, a una noción del espacio con relación a la historia, lo experiencial, lo vivido, lo modelado y lo dominado por la política y la cultura.

A pesar de los resultados positivos de las políticas de urbanización y regularización urbana, especialmente sobre los problemas ambientales y condiciones habitacionales, las intervenciones no han operado sobre los condicionantes no residenciales de las situaciones de exclusión social, salvo en pocas excepciones (^{Kaminker y Velásquez, 2015}). Al contrario, estas políticas han incentivado la informalidad, porque a la creación del asentamiento informal siempre le siguió algún proyecto de urbanización y mejoramiento, como es el caso de PROMEBA en Puerto Madryn (Chubut, Argentina) (^{Kaminker y Velásquez, 2015}).

De acuerdo con Ingold (2012, citado en ^{Segura, 2017}), el habitar un asentamiento comprende una multiplicidad de líneas, que involucran muchos actores, saberes y representaciones en constante disputa y consenso. En este devenir, concebimos a los asentamientos en el sentido de territorialidades y, su producción, a partir de marcas que se corresponden, o no, pero que forman parte de prácticas, acciones y estrategias de movilidad en busca de visibilización y conquista de derechos.

Con lo expuesto hasta aquí, buscamos abrir interrogantes con respecto a la manera en la que algunos conceptos como espacio y territorio, desde una perspectiva social y crítica de la geografía, permiten reflexionar en torno al hábitat y al habitar, no solo en su dimensión material y simbólica, sino incluyendo la idea de la diferencia y la desigualdad y su articulación en múltiples escalas. Se plantea esto con la intención de pensar a la geografía como un proyecto académico con compromiso político, mediante la interpretación crítica del espacio en la sociedad (^{Clua y Zusman, 2002}).

Finalmente, nos preguntamos de qué manera las políticas de regularización y urbanización de los asentamientos informales, entendiendo lo espacial desde lo experiencial, que siempre está atravesado por relaciones sociales y políticas, serían capaces de materializar en sus intervenciones lógicas territoriales que valoren los significados del habitar y de lo vivido, evitando "removerlos". Se trata, más bien, de construir nuevos consensos con el fin de obtener territorios más vivibles y no modelos de barrios y ciudades que se alejan de las trayectorias y prácticas cotidianas de quienes los habitan.