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CS

versão impressa ISSN 2011-0324

CS  no.36 Cali jan./abr. 2022  Epub 25-Maio-2022

https://doi.org/10.18046/recs.i36.4742 

Artículos

¿De quién es el páramo de Santurbán? Ancestralidad minera como narrativa de defensa del territorio en el municipio de Vetas, Santander*

Who owns the Santurbán Moorland? Mining Ancestry as a Narrative of Territorial Defense in the Municipality of Vetas, Santander

** Doctora en Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas (Brasil). Correo electrónico: adelaparraromero@gmail.com


Resumen

El conflicto en Colombia por la defensa del páramo de Santurbán contra la minería a gran escala ha marcado la discusión nacional sobre la protección de estos ecosistemas. En 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó el ecosistema; y en 2017, la Corte Constitucional ordenó una nueva delimitación con la participación de las poblaciones del páramo. A partir de un trabajo de campo adelantado entre 2016 y 2019, y de una extensa revisión documental, este trabajo analiza la narrativa de defensa del municipio de Vetas, basada en la ancestralidad minera y el reconocimiento de la minería no solo como actividad económica, sino como una cultura. Los resultados muestran la forma como la narrativa producida a raíz del conflicto socioambiental ayuda a producir una categoría social (la ancestralidad minera), un sujeto político (los mineros ancestrales vetanos) y la negociación de un ecosistema (mapa alternativo de delimitación).

PALABRAS CLAVE: conflictos socioambientales; ancestralidad minera; delimitación del páramo; Vetas

Abstract

The conflict in Colombia for the defense of the Santurbán moorland against large-scale mining has marked the national discussion on the protection of these ecosystems. In 2014, the Ministry of Environment and Sustainable Development delimited the ecosystem, and in 2017, the Constitutional Court ordered a new demarcation with the participation of the moorland's population. Based on a fieldwork carried out between 2016 and 2019, and on an extensive documentary review, this paper analyzes the narrative to defend the municipality of Vetas (the one most affected by the delimitation), based on ancestral mining and the recognition of mining not only as an economic activity, but also as a culture. This paper shows the way in which the narrative produced as a result of the socio-environmental conflict aids to make a social category (ancestral mining), a political subject (ancestral miners), and the negotiation of an ecosystem (alternative demarcation map).

KEYWORDS: Socioenvironmental Conflicts; Ancestral Mining; Moorland Demarcation; Vetas

Introducción

El conflicto socioambiental por minería a gran escala y la defensa del agua en el páramo de Santurbán (Depto. de Santander) es emblemático en Colombia: se lo reconoce como un caso exitoso de justicia ambiental para el movimiento social por la lucha que este último llevó a cabo, entre 2010 y 2014, contra la multinacional canadiense Greystar y su solicitud de licencia para una mina de oro a cielo abierto1 (Parra-Romero; Gitahy, 2017). La política pública ambiental, los movimientos sociales y los habitantes de este páramo, ubicado al noroeste del país, lo consideran un lugar importante para la generación y distribución de agua, y la adaptación al cambio climático, al tiempo que brinda sustento (actividades de subsistencia) y permite realizar actividades económicas (como el cultivo de cebolla y la minería de oro) a cerca de 4000 personas (Hofstede; Segarra; Mena, 2003; Morales et al., 2007; Vásquez; Buitrago, 2011). En el contexto de este conflicto se ha puesto en discusión si se debe o no permitir la minería de oro en un lugar que se considera una fábrica de agua (Parra-Romero; Gitahy, 2017); y cuáles serían los instrumentos y mecanismos de conservación de lo que el gobierno nacional considera un ecosistema estratégico (Sarmiento; Osejo; Ungar; Zapata, 2017).

La disputa por los páramos como lugar de conservación para la producción de agua frente a la postura del páramo como recurso para la explotación de minerales es una situación compleja. A la ocupación histórica de comunidades mineras y campesinas de la alta montaña, y la adquisición de títulos mineros y su acaparamiento por parte de multinacionales, se añade la institucionalidad que, en contextos más ligados al discurso del cambio climático, defiende la importancia de los páramos por su diversidad biológica y al mismo tiempo debe responder por la seguridad jurídica que demandan las empresas en estos ecosistemas. Fuera de los páramos, la disputa de Santurbán instauró en el imaginario colectivo que su mayor importancia y uso se relaciona con ser una fábrica de agua y que defender el derecho al agua significa también defender la conservación de los páramos (Parra-Romero, 2019a). Como resultado, se abrió un debate sobre los límites cartográficos del páramo, sus usos, sus funciones y su lugar en la política ambiental colombiana (Parra-Romero, 2019b).

Uno de los argumentos del movimiento social para la defensa del páramo de Santurbán contra la compañía Greystar radicó en que la Ley 1382 de 2010, código de minería del momento, concebía los páramos como ecosistemas estratégicos para la "protección y desarrollo de recursos naturales renovables" y, por lo tanto, como lugares excluidos de minería. Sin embargo, la misma ley planteaba que, para tal efecto de protección, los páramos debían ser delimitados mediante criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales. La Greystar en particular, y el gremio minero en general, reclamaron tal delimitación (Parra-Romero; Gitahy, 2017). Como parte de las actuaciones institucionales frente a este conflicto, el gobierno nacional ordenó delimitar los páramos de Colombia en el Plan de Desarrollo de 2011 (Ley 1450 de 2011) y fue ratificado en el plan de 2015 (Ley 1753 de 2015). En el mismo tiempo, la Corporación para el Desarrollo de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental regional, declaró en 2013 una zona del páramo como de conservación (Parque Regional Santurbán); y en 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 2090, que delimita2 el Páramo de Santurbán.

Ambas figuras de protección del páramo, parque y delimitación, tuvieron en el Departamento de Santander3 impactos en cuanto a las posibilidades de las empresas multinacionales de realizar minería; pero esto también tuvo efectos en algunos municipios del páramo. Tal fue el caso del municipio de Vetas, 80 % de cuyo casco urbano quedó dentro de las zonas de conservación. Para sus cerca de 3000 habitantes, la citada Resolución 2090 fue uno de los momentos más tristes de su historia minera: después de ejercer la minería por generaciones, se les decía que no podrían seguir haciéndolo. Esto tuvo implicaciones sociales como el aumento del desempleo y el galafardeo4, al igual que cambios en el uso del suelo y los sistemas productivos.

Ante la delimitación, integrantes del movimiento social por la defensa del agua y del páramo de Santurbán, junto con el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, interpusieron en 2015 una demanda por considerar que el proceso llevado a cabo para la delimitación no fue participativo. Después de un trasegar jurídico por diferentes instancias, la demanda llegó a la Corte Constitucional y fue juzgada por la sala octava. Esta profirió la sentencia T-361-17 de mayo de 2017, en la que dejó sin efecto la Resolución 2090 y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar un proceso participativo para la delimitación del páramo de Santurbán. Después de proferida esta sentencia, los habitantes de Vetas encontraron una oportunidad para defender su cultura minera y negociar los límites del páramo5.

Con base en un trabajo de campo no continuo, realizado entre 2016 y 2019 en los municipios de Bucaramanga y Vetas (Depto. de Santander), en el análisis del expediente de solicitud de licencia ambiental de la Greystar, así como en la documentación producida sobre el caso entre los años 2010 y 2020 (resoluciones, sentencias de la Corte Constitucional, documentos de la concertación en el proceso de la nueva delimitación, etc.), este artículo presenta parte de la narrativa construida por el municipio de Vetas (Santander) para ganar una posición en el conflicto y defender sus medios de vida. La narrativa se conforma a partir de tres elementos clave:

  • No existe dilema entre el agua y el oro sustentado en las relaciones que los habitantes de Vetas han constituido con el agua, la minería y el páramo.

  • Dichas relaciones son también generacionales y culturales, hecho que convierte a los vetanos en mineros ancestrales y guardianes del páramo.

  • El reclamo de los habitantes de Vetas de un ordenamiento minero-ambiental para contrarrestar las consecuencias de las áreas protegidas declaradas en 2013 y 2014 (Parra-Romero, 2019b).

Al hablar del municipio de Vetas o de sus habitantes hago alusión al trabajo realizado por las empresas mineras constituidas legalmente y de tradición familiar (La Elsy, Sociedad Minera Trompetero, Reina de Oro y Providencia); a la asociación de mineros de Vetas (Asomineros); a la alcaldía del municipio desde 2010; a la personería de Vetas; a las veedurías ciudadanas creadas para la defensa del municipio6; y a las juntas de acción comunal, que fueron decisivas en la sensibilización hacia los habitantes del municipio para comprender la realidad de la delimitación y sus consecuencias7.

Esta narrativa fue configurándose dentro del conflicto por la solicitud de licencia ambiental de la empresa Greystar para el Proyecto Angosturas y la defensa del agua realizada por el movimiento social, gestado desde Bucaramanga, denominado Comité por la Defensa del Agua y del páramo de Santurbán (Parra-Romero, 2019a; Parra-Romero; Gitahy, 2017). En las primeras fases del conflicto, los habitantes de los municipios mineros -California y Vetas- realizaron algunas reuniones y manifestaciones de desacuerdo con la propuesta del Comité, y en las audiencias públicas ambientales mostraron posiciones de apoyo a la minería, aunque no directamente hacia Greystar. Con la delimitación, y en mayor medida a partir de la sentencia T-361-17, todo el municipio se movilizó en torno a la defensa de su territorio y su actividad económica: se activaron organizaciones ciudadanas, se vincularon los habitantes a los espacios de discusión y, con esto, reclamaron su derecho al trabajo y a ser considerados en las decisiones que los afectan.

Para efectos de este texto, defino el término narrativa como el "producto que sintetiza las acciones, estrategias, alianzas y relaciones entre actores humanos y no-humanos y que integra elementos materiales, simbólicos y la producción/movilización de conocimientos" (Parra-Romero, 2019a). En tanto producto de conocimiento, la narrativa implica una movilización de carácter material y la movilización de conocimiento existente (o nuevo) que, en su conjunto, proveen explicación de las causas del conflicto -y su solución- y proporcionan ciertas características a actores no humanos que se vuelven relevantes en la contienda (Parra-Romero, 2019a). En este sentido, las narrativas nos hablan de cómo los actores, para una situación o problemática, definen o resaltan los aspectos que les son relevantes y dejan de lado o invisibilizan otros que no contribuyen a sus intereses, con lo que se constituye la explicación y se da sentido al conflicto (Gray, 2004). Las narrativas son usadas en el campo de la comunicación social para analizar la forma en que determinados problemas son presentados por los diferentes medios de comunicación (Bartholomé; Lecheler; De Vreese, 2018; D'Angelo; Kuypers, 2010). También se ha usado para el análisis sobre resolución de conflictos, a fin de comparar las narrativas que se producen desde lo institucional con las producidas en las prácticas diarias de paz de las comunidades (Ginty; Firchow, 2016). En el análisis de conflictos ambientales se las ha utilizado como técnica de mediación para la resolución de conflictos (Virani, 2015), la intratabilidad de conflictos ambientales (Brummans et al., 2008) y los diferentes lenguajes de valoración de distintos actores en conflictos por extracción de carbón y la producción del aceite de palma (Cardoso, 2018; Castellanos-Navarrete; Jansen, 2015).

Este trabajo contribuye a la discusión sobre la gobernanza de los páramos en Colombia, en tanto analiza un caso que desafía las ideas de que quienes habitan los páramos están en contra de las actividades de minería (Acevedo; Correa, 2019; De Castro; Hogenboom; Baud, 2015), o que toda minería es sinónimo de extractivismo (Góbel; Ulloa, 2014). De modo específico, el caso de Vetas muestra que comunidad y mineros no son sujetos separados e independientes, y que la actividad económica también es fuente de normas, prácticas y subjetividades. Resalta, también, la importancia de los matices al hablar de minería, pues los efectos de políticas y normas no afectan por igual a los pequeños mineros que a los grandes capitales y empresas extranjeras (Basto, 2017; Duarte, 2012; Sierra-Camargo, 2014; Valencia; Silva-Chica, 2018), y en esta vía, puede ampliar una discusión sobre cómo las áreas protegidas son pensadas, así como sobre los conflictos surgidos de su implementación. En este sentido, argumento aquí que la política de conservación de los páramos no puede ser ajena a la complejidad de las relaciones socioambientales del ecosistema. Estas incluyen no solo la montaña y sus funciones ecológicas, sino a las personas que gestionan de forma cotidiana el territorio, para quienes la actividad económica, su identidad cultural y la apropiación del páramo no están disociados y van más allá de los binarismos como agua sí, oro no. De lo contrario, las políticas ambientales del páramo estarán contribuyendo no solo al aumento de los conflictos ambientales, sino a la fragmentación del ecosistema y al desarraigo/despojo de las personas que lo han habitado y cuidado.

A continuación, describo los momentos que configuraron la narrativa de los habitantes de Vetas, quienes proponen defender su actividad ancestral y la participación en las decisiones y gestión del páramo de Santurbán. En la primera sección analizaré la manera como los habitantes de Vetas constituyen un primer marco de posicionamiento frente al conflicto al controvertir lo que parece ser un dilema entre el oro y el agua propuesto por el Comité, que defiende el páramo contra el proyecto Angosturas de la Greystar. En la segunda muestro cómo, a través de la defensa de su actividad económica y las subjetividades que ella crea mediante la cultura minera, los vetanos van dando forma a un sujeto político en el conflicto a partir de la movilización de la categoría de ancestralidad minera. Y en la tercera, analizo el último marco de la narrativa cuyo eje es la defensa del derecho al trabajo y la ocupación de espacios de participación para la negociación de los límites del páramo, su gobernanza y el futuro del municipio.

Ancestralidad minera: una categoría para superar el dilema entre oro y agua

El municipio de Vetas tiene una extensión total de 93,24 km2 (figura 1). En su casco urbano, que es el más alto de Colombia (3350 m s. n. m.), habitan 3000 personas.

Fuente: Buitrago (2014).

FIGURA 1 Municipio de Vetas (Santander) y límites del páramo de Santurbán 

Situado en el Páramo de Santurbán, se encuentra a 65 km de la ciudad de Bucara-manga; y de acuerdo con la delimitación realizada bajo la Resolución 2090 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cerca del 80 % del municipio está ubicado dentro del polígono delimitado como páramo. También, en el 2013, parte del municipio había quedado dentro de la declaratoria del Parque Regional Santurbán realizada por la CDMB. Con ambas figuras de conservación los vetanos quedaron en medio de la incertidumbre sobre su futuro, pues tiene implicaciones que pasan por la imposibilidad de seguir ejerciendo actividades como la agricultura, la ganadería y la minería (Parra-Romero, 2019b).

Entre los años 2010 y 2011 se dio una fuerte disputa entre la empresa Greystar y el movimiento social -que se conformó de forma paulatina en lo que se denominó el Comité8- por la solicitud de licencia ambiental del Proyecto Angosturas. El Comité logró una fuerte movilización, con aliados a nivel regional, nacional y con redes de justicia ambiental internacionales, en aras de defender el páramo como fábrica de agua para surtir de agua potable a 2 000 000 de personas, entre ellas a los habitantes de Bucaramanga (cuya empresa prestadora del servicio es el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga). Desde 2010, en una de las audiencias públicas ambientales realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente para el proyecto de Angosturas, los vetanos han defendido su derecho a ser mineros y su ejercicio de cuidado del páramo:

Los vetanos no somos enemigos del ecosistema, sabemos de nuestra doble condición de productores de minerales y de agua para la región y ambas las vamos a defender y a explotar en la medida de nuestras condiciones y posibilidades. Hoy defendemos la minería porque nos la quieren arrebatar, dejándonos con las manos cruzadas, llenos de necesidades. (alcalde de Vetas, audiencia pública ambiental, proyecto Angosturas. Expediente LAM4706, 2010)

Ante la narrativa del páramo como fábrica de agua (Parra-Romero, 2019a), los habitantes de Vetas rechazan el movimiento gestado desde Bucaramanga. Argumentan que el Comité está defendiendo el agua que requieren para abastecer a municipios que están por fuera del páramo, sin que Vetas y otros municipios obtengan compensación por ello; al contrario, son ignorados como habitantes del páramo que han cuidado el territorio y tienen una relación diferente con el mismo: "Una relación en que la montaña les provee el oro y el agua, pero donde ellos deben cuidar la montaña" (Parra-Romero, 2019b). Consideran que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga toma el agua de los ríos del páramo y no reciben dinero por su uso. En cambio, en términos económicos, el desarrollo de un proyecto minero representa dinero por impuestos, regalías y beneficios por programas de responsabilidad social empresarial. Tanto la delimitación del páramo a través de un mapa por parte del gobierno, como su defensa en tanto fábrica de agua, operarían como dos formas de reducción del territorio igualmente negativas para los vetanos (Parra-Romero, 2019b).

La identidad en Vetas está estrechamente ligada al agua, al oro y a la relación con el páramo (Parra-Romero, 2019b). Trabajos como los de Buitrago (2012) desde la antropología, y de Contreras (2015) desde la ciencia política, traen tres formas en que el agua aparece en los relatos de los vetanos. El agua en Vetas es agua para producir y consumir, y es agua sagrada (Parra-Romero, 2019b). La de producir es un agua que permite que se realice la minería de socavón: "indica la salida en la oscuridad del socavón porque es la que mantiene el oxígeno y facilita que el material se deslice por la roca" (Contreras, 2015). Todos los mineros en Vetas reconocen la importancia del agua, por cuanto forma parte de su cultura y su tradición minera (figura 2). Los acueductos veredales, otra de las formas en que el agua aparece en Vetas, permiten el consumo del agua potable. En su mayoría, el agua de la que se surten los acueductos proviene de las lagunas del páramo; son infraestructuras básicas de mangueras, algunas pequeñas represas, tanques desarenadores y tanques de almacenamiento, construidas y operadas de forma comunitaria (Buitrago, 2014).

Fuente: Pastor Virviescas. Reportaje gráfico en gráfico publicado en la edición 226, que circuló del 26 de marzo al 15 de abril de 2011. https://www.periodico15.com

FIGURA 2 Minería y agua en armonía. Marcha realizada en marzo de 2011 

Las lagunas proveen el agua sagrada y son la manifestación de la voluntad de la montaña. Las lagunas se enojan, hacen llover y envían neblina para dificultar el camino (Parra-Romero, 2019b). Como lo reporta Buitrago (2012), no se hace ninguna explotación minera cerca de ellas, ni se cultiva: son sujetos de relatos sobre su voluntad, sobre todo si son bravas. Así entonces, una laguna brava tomará acciones sobre quienes lleguen a injuriarla:

De todas las lagunas del municipio existe una en especial que posee varios relatos alrededor de ella. La laguna de Pajarito. Cuentan que es la laguna más brava y que por eso un cura que vivió en el pueblo la maldijo diciendo, dependiendo de la versión, que debía llegar a ser tan grande como la boca de un cáliz, o tan grande como una moneda. Doña Aura comenta al respecto que el cura maldijo la laguna porque se "tragaba" las personas y las cargas de oro. Antiguamente, cuando no había motos, el oro se enviaba a lomo de mula y al pasar estas mulas cerca de la laguna, esta se las tragaba. Por eso el padre la maldijo, echándole un cáliz. (Buitrago, 2012: 90)

La relación entre las comunidades y la sacralidad de las lagunas en los páramos también ha sido reportada en otros lugares. Por ejemplo, el pueblo Misak, ubicado en el suroccidente de Colombia, establece una "relación de equilibrio y relación entre seres" con las lagunas (Escobar, 2019); o como lo plantea Martínez (2016), para el Puracé, el agua es un ser híbrido, es decir, tanto recurso natural como ser sobrenatural.

Bajo la óptica de estas relaciones entre la montaña, el agua, el oro y los humanos, la idea de conservación planteada por el gobierno nacional se considera una amenaza para las personas que habitan los páramos, ya que desconoce su historia con el lugar y el cuidado que le han prodigado. Para estas personas, el cuidado no es equiparable a la conservación: mientras el cuidado es una práctica que se ejerce desde abajo, la conservación es una política que se impone desde el nivel institucional (Parra-Romero, 2019b). En la conservación se denuncia una racionalidad técnico-científica que corresponde a la idea de una naturaleza prístina, intocada y sin humanos, que, a la vez, impone restricciones y prohibiciones para los actores: mientras restringen a los más vulnerables, se habilitan otras zonas para la explotación de proyectos extractivos (Buitrago, 2014; Duarte-Abadía; Boelens, 2016; Roa, 2012).

Los mineros y campesinos paramunos defienden su derecho a continuar en un territorio en el que han reproducido la vida por generaciones, y donde a través de sus modos de producción proveen alimentos y minerales para los habitantes de la ciudad. En esta dinámica no hay dicotomía entre el páramo que ha sido intervenido y el que no: para ellos es un territorio único y, de hecho, durante décadas han determinado zonas que pueden ser intervenidas y sus propias zonas de conservación. Minería, sacralidad y cuidado forman parte de la ancestralidad minera del municipio (Parra-Romero, 2019b):

Estamos conscientes que somos un pueblo paramuno. Nuestro casco urbano se encuentra a 3350 metros sobre el nivel del mar. Siempre hemos cuidado el páramo. Para nosotros el páramo es sinónimo de lagunas, pajonales, robledales y cuidado. Para nosotros el páramo es sagrado, sus lagunas son sagradas, los robledales son sagrados. (líder de Vetas, comunicación personal, 18.02.2019)

Es esta una relación de cuidado y producción en la que no se separa el agua sagrada del agua de producción; la montaña provee el agua y el oro, y ambos forman parte de las relaciones históricas de cuidado que se relacionan con las prácticas mineras y su mejoramiento, y con la sacralidad otorgada a las lagunas y los ritos establecidos con el agua -su siembra, por ejemplo- (Parra-Romero, 2019b). Este conocimiento ha sido movilizado e incorporado a la narrativa al codificar y explicitar dicha relación mediante los testimonios producto del conocimiento local, los cuales han sido documentados, desde la antropología y la comunicación social, a través de tesis, videos, notas periodísticas y documentales. Al mismo tiempo, una parte de este conocimiento es experimentado por los visitantes (tesistas, periodistas, etc.) mediante el acceso a la experiencia a través de recorridos por las minas, los senderos y lagunas del páramo (Parra-Romero, 2020, 2019b).

El conocimiento tácito no se transfiere fácilmente. Sin embargo, el proceso de codificación que planteo en la producción de la narrativa no se refiere tanto al hecho de que los mineros transfieran a los foráneos la habilidad de encontrar la veta, sacar el material, molerlo y realizar el proceso de separar el oro de la roca para luego amalgamarlo. En realidad, la codificación a la que me refiero es el proceso mismo de ser minero, y de serlo como habitante de Vetas y del Páramo de Santurbán y que no había sido seguido, que no aparece ni para los mismos vetanos hasta antes del conflicto (Parra-Romero, 2019b). Es decir, la cultura minera emerge con el conflicto, y para ello es necesario que se experimente la cultura vetana mediante los recorridos, las visitas a las lagunas, las caminatas y la interacción con el pueblo y sus rutinas (Parra-Romero, 2020).

Para los vetanos, agua y oro se constituyen mutuamente. En su concepto, no hay dilema entre oro y agua: el agua que se siembra (Ochoa, 2017), el agua que permite el oro (Buitrago, 2012) y el agua como símbolo sagrado, forman parte del entretejido que constituyen las prácticas ancestrales, la cultura minera y las formas de relacionarse con el páramo. Por eso, tampoco estuvieron de acuerdo con la minería a cielo abierto que proponía Greystar. En palabras de los mineros de la zona, la empresa pretendía hacer en solo 15 años lo que ellos, como mineros ancestrales, podían explotar en 100, garantizando trabajo para varias generaciones (Ochoa, 2017). Esta forma de sacar el oro en un lapso tan corto de tiempo era nociva para la región en términos del despojo al que se verían sometidos sus habitantes, a la vez que implicaba llevarse el agua.

En su texto sobre la política ecológica del tiempo y la temporalidad en la extracción de recursos, Fent y Kojola (2020) plantean que ambos conceptos son importantes en la movilización política para la gestión del futuro de poblaciones, incluida la posibilidad del retraso de proyectos extractivos; y que, como marco interpretativo, ayudan a comprender cómo se construyen los significados culturales. La construcción de la ancestralidad minera en Vetas comprende, entonces, un componente de temporalidad expresado en dos aspectos apuntados por estos autores: la identidad temporal y los tiempos de extracción (Fent; Kojola, 2020). El primero es el recuerdo del tiempo durante el que el municipio y sus habitantes han ejercido la minería, movilizando emociones y recuerdos temporales de la actividad minera que se ha desarrollado por décadas. Esta acción es reportada por Fent y Kojola (2020) como el uso de recuerdos e imágenes nostálgicas para movilizar una posición política -en este caso, su derecho a beneficiarse del oro-. El segundo caso es el tiempo y la velocidad de extracción del recurso, es decir, una extracción más lenta en el tiempo. Por ejemplo, mientras Greystar proponía extraer 511 000 onzas/año, las 8 empresas de la zona no alcanzan los 100 000: su tiempo de extracción es más lento y, por tanto, más cercano a las temporalidades de los procesos geológicos y ecológicos (Fent; Kojola, 2020; Parra-Romero, 2019b). Estos ritmos temporales de extracción son los que, además, permiten hablar de una práctica de cuidado con el páramo. La ancestralidad minera no solo se establece como una categoría para superar el dilema oro versus agua, sino que ayuda a movilizar un tipo de apropiación territorial y natural que apela al cuidado y al control local de la minería (Gudynas; Rojas, 2020); como se ha mostrado en este apartado, es una categoría que se constituye a través de la resignificación de la historia local y la politización de las normas y costumbres vetanas.

¡Somos mineros ancestrales! Un sujeto político del conflicto

El municipio de Vetas fue fundado en 1555, con el nombre de Real Minero de Vetas. Sin embargo, antes de la fundación colonial, los indígenas chitareros, suras y guanes se encontraban en la región, hacían explotación de oro y usaban parte del páramo como vía de comunicación (Alcaldía de Vetas; Dignidad Minera; Asomineros, 2019). El nombre Vetas hace referencia a las vetas de oro que se forman en la roca de la montaña, las cuales han sido explotadas por generaciones. Esta es una de las razones por las que los vetanos se hacen llamar mineros ancestrales: tanto el oro como la actividad están arraigadas en su sangre y en su identidad (Parra-Romero, 2019b). Así lo expresa uno de los mineros del pueblo:

Ser minero es la vocación que ha tenido una persona toda la vida desde su historia y su nacimiento, acá ser minero comienza a los cinco años de edad para los hombres. Los papás van enseñándoles a sus hijos la actividad que han hecho por generaciones. Empezando, lo traen a uno al socavón y le van enseñando las cosas paulatinas que hace el minero, lavar en batea. Hacer los primeros pinitos de lo que ellos hablan es de donde se consigue la comida para llevar a la casa a cada una de las familias. Minero es tener una actividad digna. Aquí la minería que se hace es para contribuir a las familias con el sustento tanto de alimento como de vestido, educación y vivienda. Esa es la minería que nos ha enseñado nuestros padres y va de generación en generación. (Contreras, 2015: 46)

La principal forma de minería de oro en Vetas es la de socavón, y está en cabeza de las empresas formales, es decir, legalmente constituidas. Es una labor ejercida por los hombres de las familias, mientras que las mujeres tienen a su cargo labores del hogar y los cultivos de pancoger. Existen también otras formas de minería a las que Buitrago (2012) llama complementarias. La primera es una actividad realizada y cuidada mayoritariamente por mujeres (Buitrago, 2012) con elementos como bateas y barriles con los cuales, en las casas, se reprocesan materiales para la extracción de oro. Estos estériles son facilitados por los dueños de las empresas, una vez se ha extraído el oro. Al resultado de este reprocesamiento de estériles se le conoce como peluseo: esto es, obtener pequeñas trazas de oro. Estas pelusas son amalgamadas hasta formar una onza de oro, pero también son usadas para la realización de joyas y amuletos usados por hombres, mujeres y niños en el pueblo (y regalados en ocasiones especiales). La segunda forma complementaria de minería es el galafardeo: este término es usado por los habitantes de la zona en estudio para describir la práctica de mineros que invaden bocaminas abandonadas o no custodiadas por seguridad (en el caso de títulos de las multinacionales), a fin de extraer material que pueda ser lavado y procesado en las casas de forma clandestina (Buitrago, 2012; Parra-Romero, 2019b).

Hace mucho tiempo, la mayoría de las mineras pequeñas, en el marco de convenios de cooperación con la autoridad ambiental regional, dejaron el uso del mercurio y esperan recibir acompañamiento para mejorar tecnológicamente la explotación de sus títulos mineros. Sin embargo, siempre hacen mucho énfasis en que sus empresas son legales y cumplen con todos los requisitos que la legislación les exige (Buitrago, 2014). Con esto, los vetanos consideran que la categoría de ancestralidad minera excluiría la informalidad, la ilegalidad y lo que se ha empezado a denominar minería criminal. Si bien los vetanos están conscientes de que este es un periodo de transición hacia otro tipo de actividades diferentes a la minería, defender la cultura minera también es un legado de cómo algunas de las empresas han logrado resistir el impacto y la presión que el Estado (a través de la legislación que privilegia la mediana y gran escala) ejerció sobre empresas que, si bien formalmente constituidas, seguían siendo de pequeña escala. Muchos de quienes hacían minería a pequeña escala se vieron presionados a vender sus títulos ante la dificultad de cumplir con la normatividad. Además, no hay ninguna prohibición o reglamentación para que haya una acumulación de títulos por parte de grandes capitales. Esto último se puede catalogar como el uso de la legislación a manera de instrumento de disciplina para decidir quién puede o no hacer minería (Sierra-Camargo, 2014).

La entrada de capital extranjero desde la década de 1990 trajo como consecuencia que el número de empresas y de títulos mineros en cabeza de familias vetanas haya disminuido: pasó de 14 a 4 empresas en la actualidad (Parra-Romero, 2019b). También, la gran cantidad de requerimientos impuestos desde el código de minas, expresados en la Ley 685 del 2001, contribuyó a presionar para que los locales vendieran sus títulos mineros a las multinacionales en el área (Greystar, CBS, Minesa, Red Eagle)9. Para el 2014, más de 37 000 hectáreas en el páramo estaban conce-sionadas, de las cuales cerca de 25 000 eran de títulos de Greystar. Las hectáreas restantes pertenecían a pequeñas empresas y a otras 5 multinacionales asentadas en la zona en fase exploración (CINEP/Programa para la Paz, 2015). Sin embargo, cabe aclarar que las hectáreas concesionadas a la Greystar son, en su mayoría, el resultado de la acumulación de títulos que realizaron desde 1994 a través de la compra a los pequeños mineros (Parra-Romero, 2019b).

La minería es la profesión, la vocación, la actividad y la fuente de trabajo de los vetanos. Por ello, no solo se sienten mineros quienes poseen títulos mineros: aquellos que no los tienen trabajan para otras empresas -familiares o multinacionales-, o se convierten en galafardos (Parra-Romero, 2019b). Esto nos muestra que el oficio de la minería no se restringe a las empresas que poseen títulos o personas que trabajen en ellas. Es en este sentido que la minería atraviesa las subjetividades de las familias vetanas. En el pasado, las mujeres hacían lavado de arenas; y desde que la actividad se vio afectada, hombres y mujeres pueden ejercer el galafardeo. En este punto es importante aclarar que si bien el galafardeo es una práctica ilegal, se diferencia de la minería ilegal y criminal de otras zonas del país (funcionaria de la Alcaldía de Vetas, comunicación personal, 03.10.2018) en tanto es controlada socialmente por los habitantes y autoridades del lugar, en aras de evitar la dinámica de llegada de capitales desconocidos, las intimidaciones y la explotación descontrolada en la zona (Parra-Romero, 2014; Valencia-Peña; Silva-chica, 2018).

Vetas es un municipio pequeño, de menos de 3000 habitantes, lo que, en palabras de algunos, los deja en desventaja al no tener poder político. Se habían considerado mineros y paramunos, personas del campo, sosegadas y con una vida tranquila, hasta que empezaron a ser señalados de aliarse con las grandes mineras, de ser ignorantes o con la consciencia comprada por no ir en contra de la megaminería; han sido señalados de amenazar el páramo que, en sus propios términos, de la noche a la mañana pasó a ser el "páramo de todos". En este aspecto, el municipio de Vetas tiene todos los predios identificados y zonificados. Existe un catastro y solo algunos predios tienen problemas de legalización porque tienen promesas de compraventas o sucesiones no resueltas; pero, en general, los predios cuentan con su registro de propiedad. En este aspecto, la comunidad vetana se ha organizado en una veeduría ciudadana de predios: 272 se traslapan de forma parcial o total con el área delimitada (Personería Municipal, comunicación personal, 19.02.2019).

El conflicto ha llevado a que los vetanos deban defender la minería como una actividad que, además de ser la principal labor económica del municipio, moldea la identidad cultural de los habitantes del municipio. "Nos ha tocado estar en todos lados", me dijo una líder social de Vetas, pues han debido estar y mostrarse en los diferentes espacios, ocuparlos y hacerse escuchar. Sus testimonios, así como su reflexión sobre la relación histórica que han tenido con el territorio, han permitido que constituyan la idea de una ancestralidad minera, basada también en su reclamo del derecho al trabajo (Parra-Romero, 2019b). Esto se traduce en una reconstrucción y resignificación del proceso histórico del municipio; la movilización de historias de vida de los mineros (Buitrago, 2012; Contreras, 2015; Ochoa 2017, Sociedad Minera Trompetero; La Elsy, 2019); la producción de cronologías de los convenios que se tuvieron con autoridades ambientales; y el inicio de la movilización de los productos generados en el proceso de codificación de la cultura vetana. El propósito de este movimiento es reforzar, explicitar y politizar la identidad cultural, y al mismo tiempo al vetano como un sujeto político que defiende su derecho al trabajo y la identidad minera como una cultura digna, basada en su derecho generacional a explotar sus minas.

Las políticas étnico-racializadas constituyen una de las formas en que el Estado ha hecho que grupos excluidos se empoderen en el ámbito político: es una cierta forma de institucionalización de las minorías, en este caso afrodescendientes e indígenas. Pero no ocurre lo mismo con otros grupos igualmente excluidos o golpeados por ciertas lógicas estatales: tal es la situación de los campesinos, que están creando su propio sujeto político, o de los mineros a pequeña escala que han ejercido su actividad por siglos en el Páramo de Santurbán. Por eso, en este caso los mineros deben construir un sujeto político bajo una categoría como la ancestralidad minera, a manera de estrategia para tener agencia sobre las decisiones que se ejercen sobre su territorio. Es una subjetividad que si bien puede estar influenciada por lo que Frederiksen y Himley (2020) denominan el sujeto del extractivismo, no se restringe solo a ese tipo de influencia. En su texto, los autores presentan algunas estrategias, como las prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE), usadas por los grandes capitales para constituir un tipo de subjetividad alienada con la actividad extractiva y, de esta forma, ganar legitimidad para el acceso y el derecho a beneficiarse de los recursos.

Si bien parte del equipamiento urbano de las últimas dos décadas, al igual que otros beneficios sociales (como becas) en Vetas han sido el resultado de programas de RSE de empresas multinacionales, lo interesante de este municipio es que la identidad no es una cuestión que nace de practicar la minería de forma exclusiva; en lugar de ello deviene de, por ejemplo, el sentimiento de orgullo de una mujer por ser hija de minero. La subjetividad en Vetas se constituye y moviliza a través de los proyectos de vida, la historia local de minería y símbolos como los pequeños molinos californianos o las joyas con las chispas de oro (pelusa); es decir, la identidad minera está antes que la llegada de las multinacionales. Por otro lado, la defensa de la actividad que hacen estas personas no tiene que ver con defender la minería a toda costa, sino con defender una transición justa y su derecho a permanecer en su territorio, pues, como se mencionó, también se han visto expuestas a la práctica de la desposesión a través de la legalidad del Estado. Al respecto, muchos de los títulos fueron vendidos y cedidos a las multinacionales ante la imposibilidad de cumplir con nuevas normativas.

¡Tenemos derecho al trabajo! Participación y contestación frente a la delimitación

Para llevar a cabo el proceso de delimitación, cada autoridad ambiental regional que tuviera jurisdicción en los páramos debía generar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales que sirvieran de insumos para que, después, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt formulara una actualización cartográfica. Con base en ella, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible emitiría la resolución de delimitación oficial del páramo. El Páramo de Santurbán fue el primero de 36 en ser delimitado en el 2014 (Parra-Romero, 2019b).

Aunque la preocupación por los páramos no es nueva en el país, el aumento de la atención que se les presta, así como la aceleración de la generación y movilización de conocimiento frente al tema, son resultado del proceso de movilización ciudadana sobre el cuidado de los páramos y la construcción de una narrativa frente a los mismos como fábricas de agua. Como lo demuestra el estudio de la Contraloría General de la República (2012), los mandatos de caracterizar y generar planes ambientales para dichos ecosistemas (Resolución 0839, 2003) son casi inexistentes hasta antes del 2011 (Parra-Romero, 2019b).

Las consecuencias inmediatas para el municipio de Vetas por el proceso de delimitación fueron la vulneración del derecho al trabajo y la vida digna, la desvalorización de los predios y la apropiación del páramo y del agua sin la debida compensación (Parra-Romero, 2019b). La manera de protegerse por la afectación derivada de la delimitación del páramo es la propuesta de un ordenamiento minero-ambiental. Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó el proceso de delimitación, los vetanos lo aceptaron porque tanto en la resolución de delimitación como en el plan de desarrollo (Ley 1753 del 2015) que la ordena se dispuso un parágrafo específico: permitía que las actividades mineras que contaran con permisos y títulos siguieran en operación hasta que expirara el tiempo que se les hubiera concedido-en el caso de los títulos mineros de Vetas, hasta cerca del 2030-. Para la población y los mineros sería un tiempo de transición en el que, mientras se vencían los títulos, podrían emprender otro tipo de actividades productivas que en el mediano plazo reemplazarían la minería (Parra-Romero, 2019b).

En febrero del 2016, la Corte Constitucional declaró inexequible, mediante la sentencia C-035, los incisos primero, segundo y tercero del primer parágrafo del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. Dichos incisos permitían que los títulos mineros que contaran con licencias ambientales dentro del páramo y que hubiesen sido adjudicadas antes del 2010 siguieran ejerciendo sus actividades por el tiempo de concesión (Parra-Romero, 2019b). Según una líder social entrevistada, los vetanos se sintieron engañados por la Corte y por el Ministerio: para estos últimos, la delimitación es una política de conservación, cuyo movilizador es un mapa; mientras que para Vetas y otros municipios, la delimitación es más que un mapa (líder social de Veta, comunicación personal, 21.02.2019). Así lo expresan:

Para nuestras comunidades la delimitación no es una línea imaginaria que se pretende trazar sobre el páramo, para nosotros es la diferencia entre el derecho a seguir llevando una vida digna en nuestro territorio o ser víctimas del desplazamiento, el empobrecimiento y la marginalización. (Alcaldía de Vetas; Dignidad Minera; Asomineros, 2019)

El impacto para el municipio de Vetas de la sentencia C-035 se vio reflejado en el aumento del desempleo-de menos del 10 % hasta el 80 %-, debido a que empresas como Greystar o Red Eagle hicieron despidos masivos de trabajadores (Parra-Romero, 2019b). A pesar de ello, no se observan niveles de pobreza extrema debido a dos situaciones relacionadas con el oro: la primera radica en que las empresas pequeñas que aún siguen explotando atienden necesidades urgentes de dinero10; y la segunda tiene que ver con el galafardeo: los mineros apelan a su intuición y el conocimiento del territorio para saber en qué zonas es más productivo hacerlo.

Ante una situación de dificultad económica, y dados tanto la presencia del oro en las montañas como el conocimiento que los vetanos poseen sobre el tema, es casi un hecho que algunos de ellos recurran al galafardeo. En palabras de personas de la administración municipal, quienes lo hacen no tienen otra alternativa. Al respecto, la alcaldía debe realizar seguimiento a las actividades de galafardeo y cerrar cualquier explotación de ese tipo. Sin embargo, los funcionarios de esta entidad realizan una mediación antes de tomar acciones de fuerza porque, en sus propias palabras, "todos hemos sido galafardos alguna vez". Se entiende que es un modo de minería que causa cierta vergüenza y que es temporal (Parra-Romero, 2019b).

De acuerdo con una de las funcionarias de la Alcaldía (comunicación personal, 21.02.2019), la práctica del galafardeo aumentó desde el 2016, y es una situación preocupante que debe controlarse. Inquieta a los funcionarios el hecho de que el aumento de dicha práctica sea causante de lo que se conoce como minería ilegal, situación que podría atraer todo el sistema de relaciones sociales vinculadas a las actividades ilegales, esto es, bandas criminales, control territorial de la extracción, extorsiones, amedrentamientos, uso de mercurio sin controles de impactos medioambientales, etc. (Parra-Romero, 2014; 2019b). Este es uno de los argumentos para solicitar que, como parte de la delimitación, se realice un ordenamiento minero-ambiental. Una empresa constituida legalmente, que cumple las normas y controles propios de las licencias ambientales y los títulos mineros, puede ser monitoreada, controlada y, de alguna manera, fiscalizada, lo que lleva a un mayor cuidado del medio ambiente. Mientras que una empresa debe cumplir los mandatos legales, una operación clandestina como el galafardeo puede dar lugar no solo a problemas ambientales graves, sino a la degradación del tejido social del municipio.

A raíz de la sentencia T-361-17, que ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar de forma participativa un nuevo proceso de delimitación, se ha abierto una oportunidad para que Vetas logre reconocimiento y participación en las decisiones sobre su territorio, como lo expresa una de sus lideresas:

No quisimos meternos de lleno con la pelea del Comité con Greystar. Pensamos que si nos quedábamos quietos, nos dejarían tranquilos. En última instancia, la pelea del Comité era contra la Greystar y la minería a cielo abierto. No hicimos nada y los perjudicados fuimos nosotros. Pero ahora, con la oportunidad que nos brinda la corte, decidimos que es hora de alzar la voz y visibilizar el problema de Vetas, que se encuentra en gran riesgo de desaparecer. De todas formas, como mineros ancestrales nunca estuvimos de acuerdo con la minera a cielo abierto. No dejaremos que nos toquen las montañas. (líder social de Vetas, comunicación personal, 18.02.2019)

Con la oportunidad que abrió el nuevo proceso de delimitación, el municipio de Vetas adquirió un papel más activo en la disputa por el páramo. Con base en el derecho al trabajo y la ancestralidad minera, los vetanos presentaron más de 20 propuestas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

  • Una propuesta de ecoturismo, realizada en colaboración con Corambiente.

  • Una propuesta de delimitación y ordenamiento minero-ambiental a nombre de la Alcaldía, en asocio con la veeduría ciudadana Dignidad Minera y realizada por la fundación Guayacanal.

  • Una propuesta de las minas La Elsy y Trompetero, empresas que presentan estudios detallados de sus predios y muestran que el área donde se ubican no corresponde a una zona de páramo (Parra-Romero, 2019b).

Esto nos muestra cómo, a partir del conflicto, los habitantes e instituciones del municipio de Vetas activan, fortalecen y movilizan alianzas, conocimientos y redes de colaboración con otras instituciones, tales como Corambiente o la veeduría Dignidad Minera. También ocurren casos como el de la Fundación Guayancanal, en que se paga por consultorías que permitan obtener del gobierno nacional el reconocimiento de la actividad minera realizada de forma ancestral; establecer normas de ordenamiento y de protección del páramo para que las empresas puedan seguir ejerciendo la minería de socavón (hasta que se terminen las licencias); y, al mismo tiempo, proteger el páramo y los predios de lo que se denomina el flagelo de la minería ilegal (Parra-Romero, 2019b).

La propuesta de la Alcaldía de Vetas (figura 3) tiene en consideración los siguientes criterios:

  • Incorporación de los ineludibles ordenados por la Corte Constitucional para el proceso de concertación.

  • Corrección de los errores cartográficos de delimitación.

  • Articulación de los límites del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán (PNR Santurbán) con los límites del ecosistema de páramo establecidos en la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con énfasis en la corrección de los errores cartográficos.

  • Incorporación de criterios económicos, sociales y humanos como parte integral del nuevo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán.

  • Defensa de la minería como actividad económica principal en el municipio de Vetas y como principal fuente generadora de empleo e ingresos para sus habitantes (Alcaldía de Vetas et al., 2019).

Fuente: Alcaldía de Vetas et al. (2019)

FIGURA 3 Propuesta de corrección cartográfica (a la derecha) y delimitación en el área que concentra las actividades productivas del municipio de Vetas 

Otro de los puntos interesantes es que si bien la Corte Constitucional plantea que la nueva área delimitada no puede ser menor que la de 2014, la propuesta pide extraer unas hectáreas, pero a cambio se destinarían otras para la conservación (Parra-Romero, 2019b):

El área que concentra la mayor parte de las actividades productivas del municipio, en donde coexisten minería, agricultura, ganadería, actividades pecuarias y se encuentra ubicada la cabecera municipal, está conformada por 731 hectáreas, equivalentes al 7,9 % del área municipal. En tal sentido, la propuesta está orientada a defender las actividades económicas y la viabilidad de nuestro municipio frente a las afectaciones derivadas de la Resolución 2090 de 2014, incluyendo aquellas que fueron generadas por la zonificación de 243 hectáreas como área de preservación en sectores ancestralmente mineros, condición que, de no ser corregida, aniquilaría la minería de nuestro municipio (Alcaldía de Vetas et al., 2019: 2)

El caso de Vetas excede, por ejemplo, una solución como la que propone el Ministerio de Minas y Energía, que consiste en declarar áreas de reserva especial (ARE), por dos razones: la primera está relacionada con el tipo de minería que se realiza en la zona; y la segunda, con la naturaleza de la protección del ecosistema de páramo. Frente a lo primero, las ARE se plantearon para dar respuesta a las zonas de carácter comunitario con explotación minera que no tengan títulos mineros, que sean informales y que tengan una tradición de explotación de oro en la zona. En el caso de Vetas, se cuenta con títulos mineros actuales y pretéritos; de hecho, son estos los que fueron adquiridos y acumulados por empresas multinacionales como Greystar. Por esto, la ancestralidad tiene que ver con una actividad ejercida por generaciones, mas no con el método de extracción o el grado de cumplimiento de las normas y exigencias estatales (formalidad) para la operación de las minas. Esto es, en el caso que nos ocupa, ancestral no es sinónimo de artesanal. En la relación con la segunda razón, la figura de delimitación del páramo, reforzada por la Ley de Páramos del 2019, no permitirá realizar ninguna actividad extractiva en las zonas delimitadas. Por eso sigue siendo una disputa política la declaración de los límites del páramo, más allá de la delimitación de una zona de explotación minera.

Es importante resaltar que las propuestas de ordenamiento, al igual que la movilización de la categoría de ancestralidad minera, son el resultado de la defensa ejercida por el municipio de Vetas respecto de su territorio y su derecho al trabajo, en el contexto del conflicto socioambiental que representa la defensa del agua y del páramo de Santurbán contra la minería trasnacional y a gran escala. En estas propuestas se movilizan elementos que mezclan las historias y testimonios sobre la dignidad minera y su cultura con información específica del terreno, los suelos, las áreas intervenidas y el estado de las áreas mineras. Los vetanos proponen mapas que, dicen, están más alineados con la realidad del terreno11. Además, se propone un plan estratégico de ecoturismo que pueda ayudar en la transición del abandono a mediano plazo de la minería y la oportunidad de que los pobladores de Vetas puedan acceder a otro tipo de actividades económicas sin verse obligados a abandonar el páramo (Parra-Romero, 2019b).

Reflexiones finales

El Páramo de Santurbán ha sido un lugar en disputa desde que la multinacional Greystar realizó su solicitud de licencia ambiental para una mina a cielo abierto. Es este uno de los conflictos socioambientales más mediáticos de Colombia y se lo considera un triunfo de justicia ambiental, pues el movimiento social logró que la licencia no fuera concedida y que se instalara en el discurso público la importancia de los páramos como fábricas de agua. Pero los conflictos suelen ser dinámicos y son, al mismo tiempo, motores del cambio social, aunque este no sea siempre positivo para todos los agentes involucrados. Este trabajo muestra el caso del municipio de Vetas que, en el contexto del conflicto contra la minería a gran escala, disputa en términos políticos y epistemológicos los significados de la montaña y la minería, y desestabiliza la oposición binaria movilizada ampliamente de agua versus oro.

Como se mostró en el texto, los habitantes del municipio de Vetas se vieron afectados por la declaratoria de áreas protegidas en el páramo, incluida su delimitación, cuyas consecuencias implican serias restricciones a sus actividades económicas, culturales y de identidad con el territorio. Como municipio minero con 465 años de historia, su defensa del territorio y de la pervivencia del municipio se sustenta en una ocupación ancestral del páramo, en que siempre lo han cuidado y en que, para ellos, la minería es una actividad digna que forma parte de su cultura. Para ello movilizan y constituyen la categoría de minería ancestral-que, como se mostró, no es equivalente a artesanal-. También posicionan al minero y al habitante vetano como un sujeto político que defiende su dignidad minera, al tiempo que fortalecen su postura en términos políticos y epistemológicos mediante la organización social dentro del municipio. Esto se ve representado en el trabajo realizado por veedurías ciudadanas en temas de predios y de defensa de la dignidad minera, así como en el establecimiento de alianzas con instituciones y fundaciones provistas de capacidades técnicas en temas ambientales.

En Colombia, la ancestralidad minera ha sido una categoría movilizada, y al mismo tiempo construida, por mineros (artesanales, pequeños, que para el Estado son informales) de comunidades afrodescendientes, palenqueros y raizales, para quienes la actividad minera (en muchos casos el lavado de arenas a orillas de los ríos) no es solo una actividad económica, sino que forma parte de un "ciclo de vida integral" para satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones (Eslava et al., 2014). En el caso de Vetas, la designación de una categoría como la ancestralidad minera tiene un efecto performático en la lucha por el territorio. Al hablar sobre las mujeres refugiadas como categoría social, Hacking (2001) plantea que lo socialmente construido bajo la categoría no son las mujeres individuales que buscan refugio en otro país, sino que es un tipo de clasificación que, movilizada por diferentes actores, constituye un "tipo de ser humano" donde esta clasificación tiene efectos materiales (por ejemplo, en la política). Como categoría, y al decir de Hacking (2001), motiva imágenes sobre las relaciones de poder entre sujetos, pero también sobre las posibilidades emancipatorias que pueden emerger. Así, la ancestralidad minera, en tanto categoría social para la lucha del municipio de Vetas, hace emerger lo que se considera un derecho a una actividad que en las últimas décadas empezó a ser acaparada por los grandes capitales; y que a través de la legislación, no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, fue paulatinamente criminalizada y equipara con desorden, contaminación y saberes incompletos (Sierra-Camargo, 2014; Duarte, 2012). Así mismo, la ancestralidad representa la posibilidad de emancipación: una forma legítima de economía local basada en la tradición, la pequeña escala y el cuidado del territorio.

A pesar de ser una actividad de extracción, la ancestralidad minera en Vetas y la narrativa movilizada, junto al sujeto político, no solo producen oro; también dan lugar a una práctica de cuidado que dista de lo que institucionalmente es la conservación. Esta se basa en una temporalidad diferente respecto de los ritmos y métodos de extracción, así como en la subjetividad que reproduce y mantiene una actividad económica que no se separa de la identidad y que mantiene relaciones socioecológicas no fragmentadas con el oro, el agua y el páramo.

Frente a lo anterior, uno de los efectos de la delimitación es que mantiene el derecho a la propiedad sin el derecho al uso, es decir, sin la capacidad de beneficiarse de los recursos, o por lo menos limita esta capacidad a un solo tipo de bien: los servicios ambientales (Ribot; Peluso, 2003). En este sentido, los vetanos no pierden el derecho a la tierra y su tenencia, y por eso no existe un reclamo por pérdida de tierra, sino por lo laboral, toda vez que la minería -en tanto principal actividad económica del municipio-pierde su legalidad y, por tanto, al negar el acceso a beneficiarse del oro se pierde la actividad que es leída en clave laboral. Así entonces, el reclamo de tipo territorial avanza en restaurar las posibilidades de acceso al recurso mediante una movilización de categorías como la ancestralidad y el cuidado. Por ello, la identidad y la ancestralidad se convierten en un mecanismo de acceso y mantenimiento al oro y su explotación (Ribot; Peluso, 2003).

La ancestralidad minera se establece entonces como una categoría para desestabilizar el binarismo oro versus agua: ambos forman parte de lo natural y de las relaciones socioambientales en el páramo, pero también ayudan a movilizar un tipo de apropiación territorial y natural que apela al cuidado y al control local de la minería. Es esta, entonces, una categoría que se constituye a través de la resignificación de la historia local y la politización de las normas y costumbres vetanas. Así mismo, es una narrativa que surge como respuesta a una política de conservación estricta que, si bien implicó interacciones complejas y a veces contradictorias entre agentes y objetivos, como lo plantea Ungar (2021), no puso en cuestión las formas de llegar a las soluciones: privilegiar el conocimiento científico y estandarizado por encima de los conocimientos consuetudinarios de los habitantes del páramo; pensar una gestión del páramo sin gente, como santuario. En este sentido, la narrativa de Vetas resalta el hecho de que la práctica de cuidar es diferente a conservar: mientras que cuidar incluye el trabajo y la transformación del mundo en tiempos y relaciones ontológicas diferentes, conservar excluye todo, incluido al humano y sus prácticas de relación con el entorno.

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* Este artículo de investigación expone parte de los resultados del trabajo doctoral titulado “Producción y movilización de conocimiento en conflictos socioambientales”, presentado como requisito parcial para la obtención del título de Doctorado en Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas (Campinas, Brasil). La investigación doctoral recibió financiación por parte de Colciencias en Colombia; y de Capes en Brasil.

1 El Proyecto Angosturas consistía en una mina bajo la modalidad de cielo abierto con una vida útil de 20 años, que comprenderían desde su construcción, montaje y puesta en marcha hasta el cierre de las pilas de lixiviación. El total del proyecto intervendría 1104 hectáreas en una altura comprendida entre 2600 y 4100 m s. n. m.

2La delimitación consistió en un ejercicio sociotécnico de encontrar cartográficamente los límites del páramo (en la discusión de que no toda la montaña es ecosistema de páramo) y, en su interior, declarar zonas de uso sostenible, recuperación y conservación estricta. Dicho ejercicio no logró incorporar criterios como los sociales, por no ser estos fácilmente captables en un mapa.

3El páramo se encuentra en medio de dos autoridades ambientales a nivel regional: cerca del 30% del área de páramo es supervisada por la CDMB (Depto. de Santander), y el 70% por la Corporación Autónoma Regional del Norte de Santander - Corponor (Depto. de Norte de Santander).

4Término usado por los habitantes del municipio para referirse a la explotación que pueden hacer los locales en bocaminas abandonadas, en el material sobrante de la explotación, o bien en momentos en que el dueño del predio le da "un momento de gracia".

5A septiembre de 2021, el proceso de participación para la nueva delimitación sigue activo en su fase de concertación.

6Veedurías ciudadanas Dignidad Minera, Comunales de Vetas en Defensa de Nuestro Territorio, y propietarios, poseedores y tenedores de los predios ubicados dentro de la delimitación del páramo de Santurbán y el municipio de Vetas.

7Los habitantes del municipio se encuentran muy unidos en esta defensa. La propuesta de Vetas para la nueva delimitación, realizada por la fundación Guayacanal, tuvo un valor de $ 200 000 000 COP: para acopiar esa cantidad, todos aportaron lo que podían en especie o dinero (líder social de Vetas, comunicación personal, 18.02.2019)

8Una explicación detallada de la conformación del Comité puede encontrarse en Parra-Romero y Gitahy (2017); y sus victorias como movimiento social, en Parra-Romero (2019a).

9La Ley 685 de 2001 elimina la diferencia de los mineros de acuerdo con su escala de producción. Como los mismos mineros de Vetas lo plantean, esta Ley obligó a los mineros de pequeña y mediana escala a competir en cuestiones legales y de normas con la gran industria minera.

10Según los datos de una hija de un socio de mina, pueden destinar alrededor de $ 2 000 000 COP semanales para atender las peticiones de ayuda de personas del pueblo.

11Por cuestiones de espacio y alcance del artículo, no se presentan las referencias en detalle a los errores cartográficos que encuentra la comunidad con el mapa presentado por el Ministerio. Una de las hipótesis que explicarían estos errores radica en que la delimitación se basó en mapas construidos a partir de imágenes satelitales. El asunto tiene que ver con las formas en que se piensa el páramo y se atrapa en dispositivos de circulación. El mapa solo representa colores verdes. Cuanto más verde, más prístino, más inmaculado, mayor conservación. Las líneas solo muestran el límite del páramo. Al interior, solo el cambio de color muestra que hay un cambio entre lo que debe ser conservado y lo que puede usarse de manera sostenible. Como lo plantean los vetanos, el mapa se muestra sin gente, no habitado. Por ello, en la propuesta que realiza el municipio se presenta un mapa que incluye otras líneas, las cuales demarcan los predios. Y aunque los predios —esos otros polígonos dentro de los colores— hablan de una forma de propiedad privada, le recuerdan al gobierno y al movimiento social que el páramo "que es de todos" ha pertenecido a familias y empresas que por generaciones asumieron para efectos jurídicos las obligaciones y los derechos de ser propietarios: pago de impuestos, derecho de compra y venta, mantenimiento de la propiedad, etc.

Cómo citar/How to citeParra-Romero, Adela (2022). ¿De quién es el páramo de Santurbán? Ancestralidad minera como narrativa de defensa del territorio en el municipio de Vetas, Santander. Revista CS, 36, 147-177. https://doi.org/10.18046/recs.i36.4742

Recibido: 05 de Abril de 2021; Aprobado: 17 de Agosto de 2021

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