Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
Introducción
Es conocido que los fenómenos migratorios son una de las expresiones más destacadas de nuestra contemporaneidad (Bauman 2017). Asimismo, las características de cada uno de los flujos migratorios existentes responden a dinámicas particulares, con un contexto y una historicidad específica.
Desde nuestra perspectiva de análisis, partimos del reconocimiento de la incidencia del Estado-nación en la configuración de la inmigración. A partir del establecimiento de sus fronteras, el Estado-nación define en ese mismo acto quiénes están incluidos o excluidos de él. Este aspecto es puesto de manifiesto ejemplarmente por Sayad (2010), quien sostiene que el Estado-nación hace nacer a la inmigración como tal.
Añadiendo a lo señalado, el Estado también conforma a la inmigración a partir de su vertiente social, es decir, a partir de la concesión o denegación de sus políticas sociales. Afirma Geddes (2006) que el Estado-nación tiene la potestad de establecer fronteras internas o fronteras organizativas para el acceso o la denegación de los recursos sociales destinados a las personas inmigrantes. Lo dicho se encuentra vinculado con el tipo de regímenes de bienestar existentes (Esping-Andersen 1990; Santos 2005), que poseen una capacidad diferenciada para la distribución de sus recursos sociales.
En el contexto europeo, existen investigaciones que se detienen en el análisis de la capacidad de distribución de recursos hacia las personas inmigrantes (Faist 1995; Moreno y Bruquetas 2011; Ryner 2000). También señalan que los diferentes tipos de Estados de Bienestar conceden de modo diferenciado y segmentado los recursos sociales hacia las personas inmigrantes, aunque los sistemas universalistas son los que mejor atenúan las desigualdades en el acceso a los recursos sociales (Sainsbury 2006).
En este escrito se presenta una investigación desde un enfoque exploratorio de orden cualitativo. Desde esta perspectiva reconoceremos algunos aspectos sobre el acceso a los recursos de inserción laboral y nos centraremos en cómo las interventoras y los interventores de estos recursos sociales comprenden la tarea que llevan a cabo cotidianamente cuando sus usuarios son personas bolivianas. El estudio forma parte de un proyecto más amplio que busca indagar sobre el acceso y uso de las personas inmigrantes a los recursos públicos. El recorrido de la investigación se realiza en cuatro apartados: metodología; las políticas migratorias y las políticas de empleo; inercias que modulan en acceso a recursos; y, por último, conclusiones.
En este trabajo, nos focalizaremos en algunas características para el acceso a los recursos sociales destinados a la inserción laboral de las personas inmigrantes bolivianas y, específicamente, en las formas en las que algunos agentes conciben la intervención social hacia este colectivo. Entendemos que dichas formas de concebir la intervención influyen, a su vez, en el acceso a los mencionados recursos.
Dos consideraciones nos motivan en el ejercicio que llevamos a cabo: la primera se debe a la novedad legislativa abierta por la Ley de Migraciones argentina 25871, cuyo articulado enfatiza en la igualdad en el acceso a todos los recursos sociales por parte de las personas inmigrantes; y la segunda consideración se refiere al tipo de inserción laboral en el mercado segmentado de trabajo, pues dichas personas han asumido las tareas más inestables, peligrosas y de baja remuneración. Las ramas de trabajo son la agricultura, la construcción, el trabajo textil y el trabajo doméstico (Sala 2008). Por ello, las personas inmigrantes, al tener reconocidas dificultades en lo que atañe a su inserción laboral, son un colectivo al que potencialmente las políticas de inserción favorecerían y a las que se les debería garantizar el acceso. En este sentido, interesa concentrarse en este ámbito de la inserción laboral y en las dificultades que encuentran las personas inmigrantes.
Metodología
El presente trabajo se basa en una experiencia exploratoria de carácter cualitativo1. Seguimos la perspectiva adoptada por Shore y Wright (1997) y Agrela (2006) de una antropología de las políticas que propone reconocer en políticas las prescripciones y las normas que establecen, así como las maneras complejas en las que se construyen sujetos y objetos de intervención. Así pues, desde esta perspectiva reconoceremos algunos aspectos sobre el acceso a los recursos de inserción laboral y nos centraremos en cómo las interventoras y los interventores de estos recursos sociales comprenden la tarea que llevan a cabo cotidianamente, cuando sus usuarios son personas bolivianas. El estudio forma parte de un proyecto más amplio que busca indagar sobre el acceso y el uso de las personas inmigrantes a los recursos públicos.
Al poseer dicho carácter exploratorio, no se trata de un ejercicio exhaustivo ni de establecer tipologías acabadas, sino de explorar la heterogeneidad en cuanto a los sentidos que las y los profesionales atribuyen a su acción. Asimismo, el trabajo tampoco pretende identificar las intervenciones concretas sobre el colectivo mencionado, ya que dicho objetivo requeriría de otro tipo de abordaje metodológico. No obstante, la aproximación hacia algunos aspectos de la organización de la intervención social con inmigrantes y hacia los sentidos concedidos por los agentes interventores enseña algunos elementos significativos sobre el acceso a recursos sociales por parte de las personas inmigrantes. Entendemos, además, que dicha comprensión puede incidir e intentar transformar los aspectos que impiden el acceso a los recursos sociales.
Para ello, acudimos a dos oficinas de empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en adelante, CABA-: una situada en el microcentro y la otra en un barrio periférico de la ciudad. Lo mismo hicimos en dos Centros de Acceso a la Justicia -en adelante, CAJ- y en un servicio vinculado con la Iglesia católica que tiene por objetivo la inserción laboral. Es preciso mencionar que este último servicio funciona en el mismo edificio que la Oficina de Empleo del barrio periférico. También asistimos a la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo dedicada al favorecimiento de la inserción laboral dependiente del Gobierno de la ciudad ubicada en el microcentro de la CABA.
La aproximación consistió en realizar, además de observaciones participantes, entrevistas a técnicos, técnicas y otros responsables de los servicios. Las preguntas realizadas giraron en torno al acceso y uso que hacen las personas inmigrantes bolivianas de tales recursos. En la entrevista se preguntaba cuál era la función del servicio en cuestión, qué servicios prestaban, cómo era el acceso de las personas bolivianas al servicio, qué dificultades encontraban estas personas y si se podía detectar barreras para el acceso. Asimismo, indagamos sobre la cantidad de servicios disponibles.
La aproximación también supuso la visita a una serie de instituciones que trabajan con personas bolivianas. Así pues, acudimos a otros recursos presentes en el territorio, llevando a cabo visitas a una asociación de migrantes bolivianos, una entidad que trabaja con personas migrantes y refugiadas, la oficina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el consulado boliviano en la CABA. Cabe resaltar que el trabajo de campo fue llevado a cabo a mediados del 2015, en un momento político de transición, ya que a finales de ese año fue electo como presidente de la nación Mauricio Macri, quien en dicho momento era el Jefe de Gobierno de la CABA.
La elección de la nacionalidad de los migrantes responde a la cantidad de población, pues es el segundo grupo extranjero más numeroso en Argentina, luego de los paraguayos. Las personas de nacionalidad boliviana representan el 19.1 % de la totalidad de las personas residentes nacidas fuera del país con 345 272 personas (Indec 2010). Se trata de un colectivo cuya presencia ha sido visibilizada o invisibilizada en diferentes contextos históricos y políticos (Benencia y Karasik 1995; Grimson 2006), motivo por el cual resulta interesante su análisis2. Inicialmente, la migración boliviana tuvo un carácter fronterizo, circular-estacional y rural-rural, y posteriormente, se dirigió fundamentalmente hacia el área metropolitana de Buenos Aires3, con una dinámica rural-periurbana o rural-urbana. Además, la migración boliviana ha sido señalada como la que no entra en el crisol (Caggiano 2005), refiriéndose a los límites del mito fundacional de la Argentina inmigrante4, dado que en él se perfiló a la inmigración limítrofe como indeseada; esto se ve reflejado, tal como lo han señalado numerosos trabajos, a partir de la construcción de la ilegalidad de ese tipo de migración (Domenech 2011; Novick 1997; Pacceca 2010).
Las políticas migratorias y las políticas de empleo
Como hemos señalado anteriormente, la Ley de Migraciones argentina 25871, promulgada en el 2004, constituye un paso adelante hacia otro modelo de política migratoria (Ceriani 2004) y ofrece un marco regulatorio que establece la igualdad en el acceso a diferentes recursos sociales entre las personas nacionales e inmigrantes. El artículo 6 de la ley es muy claro al respecto y establece que: "El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social". Además, el artículo 9 define la responsabilidad del Estado de informar a las personas inmigrantes acerca de "a) sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente; b) los requisitos para su admisión, permanencia y egreso; c) cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir las formalidades administrativas o de otra índole en la República Argentina". En ese mismo artículo se menciona que la autoridad de aplicación difundirá la información mencionada y velará porque "sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones"; en este caso es la Dirección Nacional de Migraciones.
Queremos destacar también que el artículo 14, en su inciso "d" señala que el Estado favorecerá "la organización de cursos de formación inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los funcionarios y empleados públicos y de entes privados". El conjunto de artículos citados, no solo enfatiza sobre la igualdad en el acceso a todos los recursos sociales por parte de las personas inmigrantes, sino que además coloca al Estado como el responsable de garantizar la llegada de toda la información necesaria para las personas inmigrantes y para las funcionarias y los funcionarios y empleadas y empleados públicos de cara a garantizar dicho acceso.
En cuanto a las políticas sociales y, particularmente, a las políticas de empleo en las cuales nos detendremos, tenemos que señalar que se proponen explícitamente afrontar las dificultades en la inserción laboral o la mejora del empleo y el ascenso social. De cara a dicho objetivo, las oficinas y las unidades de empleo fueron creadas en año 2005 -con la Resolución de la Secretaría de Empleo (SE) n.° 316/05-, con el fin de consolidar nuevos espacios institucionales para garantizar la prestación de herramientas para la promoción de políticas activas de empleo y "favorecer su inserción laboral o incrementar sus condiciones de empleabilidad". Así, que se establecieron oficinas y unidades de empleo en todo el territorio nacional, con numerosos servicios. Entre ellos, el Seguro de Capacitación y Empleo; Seguro por Desempleo; Red de Servicios de Empleo; Red de Formación Continua; Servicios de Capacitación y Formación; Servicios de Promoción del Empleo; Indicadores de Empleo y Capacitación. Más de 350 Oficinas Municipales de Empleo en diversos puntos del país que,
[...] además de brindar los servicios del Seguro de Capacitación y Empleo sirven de ventanilla para acceder a las demás políticas sociales. Las oficinas dependen directamente de la Secretaría de Empleo y coordinan su acción con los municipios pero sin mucha intervención de las respectivas provincias, las que por su parte formularon e implementaron sus propias políticas de empleo, aunque de menor magnitud y con menores perspectivas. (Neffa 2012, 7-8)
Así pues, en las Oficinas de Empleo se lleva a cabo la orientación, calificación e inserción laboral mediante la búsqueda de empresas. Asimismo, se gestionan los programas para el empleo y subsidios para el desempleo. En la misma línea, afirma Natalucci que se implementaron programas orientados a la reinserción laboral y al mejoramiento de la calidad de los empleos, propiciando,
[... ] por un lado, la incorporación al mercado de trabajo, y por otro, el mejoramiento de la calidad de los empleos. Entre otros pueden mencionarse el de Inserción Laboral (PIL) -tanto para el sector público, privado y rural-, Herramientas por Trabajo, de Empleo Comunitario (PEC), Jóvenes con más y mejor empleo. (2012, 142)
Precisamente este último programa, tuvo mayor densidad con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, favorecer iniciativas de autoempleo y realización de prácticas calificantes. Asimismo, se apoyó en las capacidades institucionales a nivel local, con controles de asistencia y de aprobación de los cursos realizados, entre otros requisitos. El financia-miento del programa se realiza a partir de un préstamo del Banco Mundial. Los módulos que componen dicho programa son Proyecto Formativo Ocupacional, Derecho Laboral, Salud Laboral y Alfabetización Digital.
Inercias que modulan el acceso a recursos sociales
En lo que sigue analizaremos las inercias constatadas durante la realización del trabajo de campo que modulan el acceso a los recursos sociales por parte de las personas inmigrantes en general y bolivianas en particular.
La ley y su aplicación
Es conocido que la reglamentación y la aplicación de la Ley de Migraciones tuvieron dificultades. A pesar del unánime reconocimiento de dicha legislación enmarcada en el resguardo de los derechos humanos, algunos analistas señalan la persistencia de tensiones en ella. Se señala, por ejemplo, que las diferentes categorías migratorias -precaria, temporaria y permanente- conllevan a la fragmentación del estatus migratorio. Otra de las tensiones que contiene la legislación migratoria se refiere a la permanencia en la distinción que se produce con los migrantes no pertenecientes al Mercado Común del Sur (Mercosur) que tienen mayores dificultades para obtener una residencia regular y el acceso a derechos (Courtis y Pacceca 2007) y están expuestos a graves situaciones de vulnerabilidad. Además, con relación a la reglamentación de la ley, pasaron seis años hasta que se logró concretarla, producto de las dificultades inocultables entre los diferentes actores comprometidos (Nejamkis 2012). Incluso el reconocido programa de regularización documentaria para las personas provenientes del Mercosur denominado Patria Grande, conllevó algunas dificultades por la escasa información otorgada a los agentes involucrados (Pierini 2014).
Adicionalmente, contando con una legislación centrada en conceder garantías a las personas migrantes, es importante no olvidar que los aspectos de regularidad migratoria son una parte fundamental de la condición inmigrante, pero esta, por sí sola, no asegura el acceso a derechos.
Fronteras organizativas
La organización de los recursos, las condiciones para el acceso y el tipo y la cantidad de recursos para la inserción laboral pueden constituirse como fronteras organizativas. Como se desprende de la descripción de nuestro trabajo, pudimos identificar además de las Oficinas de Empleo, otras instituciones que ofrecen recursos para la inserción laboral en la ciudad. Allí mencionamos la oficina gestionada por Gobierno de la CABA, así como una oficina que ofrece servicios para la inserción laboral que depende de la Iglesia católica.
Con relación a las Oficinas de Empleo, el obstáculo más inmediato que encontramos se refiere al acceso físico. Es preciso mencionar que a pesar de la existencia de una cartelería identificativa común de los servicios de atención en las diferentes entidades visitadas, la cual era una manera muy gráfica de simbolizar una oficina estatal-nacional en el territorio5, era difícil el acceso a los espacios en los cuales funcionaban estas oficinas.
La oficina del centro, a pesar de no ser fácilmente accesible al encontrarse en una segunda planta, poseía un ascensor. No sucedía lo mismo con la oficina ubicada en el barrio periférico que contenía barreras físicas para el acceso de personas con movilidad reducida. El tipo de edificación de las entidades ubicadas en el centro de la ciudad y en el barrio periférico era muy heterogéneo6.
En cuanto al acceso de las personas bolivianas para recibir los recursos para la inserción laboral concedidos en las instituciones, ante la pregunta por las condiciones solicitadas, la respuesta unánime de las técnicas y los técnicos es que no existían requisitos específicos para su acceso y uso. Dicho esto, se afirmaba que era necesario presentar el Documento Nacional de Identidad -en adelante, DNI-.
Precisamente, según el relato de las personas entrevistadas, la manera de saber que se trata de una persona extranjera es por la numeración del DNI7, ya que no hay otro requisito motivado por el origen nacional de sus usuarios. A partir de reconocer la numeración del DNI de las personas inmigrantes, las técnicas y los técnicos, podían afirmar que las personas inmigrantes sí accedían a los recursos8.
De la información obtenida de las entrevistas, se sabe que las personas inmigrantes conocen los recursos, a través de la difusión boca a boca. Una de las técnicas señaló la falta de campaña informativa específica dirigida a la población inmigrante, pero la situación era vinculada con la dificultad de difusión de las políticas gubernamentales en los medios masivos de comunicación9. De hecho, la asociación de personas bolivianas señaló a la radio que funciona en la misma asociación como un medio para difundir información de interés para ellas.
Es preciso destacar que las personas inmigrantes pueden acceder a cada uno de los programas gestionados por las Oficinas de Empleo a condición de poseer un DNI y cumplir los requisitos que se exigen a cualquier ciudadano nacional. También, se destacaban ciertos límites con relación a la tipología de los programas existentes. Por ejemplo, se menciona una necesidad no cubierta entre las personas que no ingresaban en el programa "Jóvenes con más y mejor empleo" ni en el programa destinado a mayores de 45 años.
En ambas Oficinas de Empleo, se afirma que no existe articulación con los recursos de la CABA, pues no hay coordinación ni trabajo en red con la ciudad ni con los servicios sociales que allí se ofrecen, a pesar de que se tiene conocimiento de sus recursos. La precedente afirmación coincide con lo conversado en el servicio vinculado con el Gobierno de la ciudad. Allí se sostuvo que no existe vinculación con las Oficinas de Empleo. En cuanto a la tipología de recursos se afirmó que está centrada en el recurso de una plataforma web de la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo - dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Comercio e Industria- para que las personas, también las bolivianas -a condición de contar con DNI-, logren conseguir un empleo. En el servicio vinculado con la Iglesia católica se admiten personas extranjeras sin DNI, ya que, al tratarse de una organización no gubernamental, permite que sus usuarios extranjeros se inscriban en él sin la documentación argentina.
Por otra parte, en todas las entidades visitadas se encuentra presente el instrumento del itinerario de inserción sociolaboral, considerado como una herramienta unánimemente positiva, sin mencionar los cuestionamientos que dicho dispositivo ha tenido desde hace tiempo. El más importante, desde nuestro punto de vista, consiste en la individualización en la responsabilidad de la inserción sociolaboral, invisibilizando las desigualdades estructurales que impiden acceder a recursos y oportunidades (Gutiérrez y Assusa 2015; Jacinto y Millenaar 2012; Yufra y Santamaría 2019). No obstante, es preciso señalar que los programas de empleo que se conceden en las Oficinas de Empleo cuentan con un gran alcance. Por ello, si bien las políticas de empleo promovidas no son relaciones contractuales, la masividad de su alcance previene parcialmente de la responsabilidad individualizante de la inserción laboral.
Sentidos concedidos a la intervención
Las maneras de concebir la intervención por parte de las técnicas y los técnicos pueden reforzar o desactivar fronteras en el acceso a los diferentes servicios y recursos sociales. En el análisis acerca de las concepciones de la intervención, el primer aspecto que podemos señalar es que ninguna de las personas entrevistadas había recibido formación sobre la Ley de Migraciones 25871 (2004) ni sobre su reglamentación mediante el Decreto Reglamentario 616/10 (2010). Esta constatación se contrapone con lo explícitamente formulado por la ley como una tarea del Estado, en lo referido a la realización de cursos dirigidos a empleados públicos y funcionarios. Difícilmente las técnicas y los técnicos, sin información ni formación de las novedades de los marcos legislativos pueden realizar sus tareas cotidianas del modo más pertinente. Tampoco se puede garantizar que concedan a la intervención social con personas inmigrantes el sentido propuesto por la ley, cuando se le desconoce. Este aspecto nos remite a la consideración sobre las iniciativas legislativas que requieren de un intenso y minucioso trabajo en cuanto a su difusión y formación, pasos que van mucho más allá de la mera aprobación legislativa y que, a la luz de lo trasmitido por las personas entrevistadas, aparece como de relativa importancia.
Otro aspecto que queremos destacar se refiere a la percepción sobre la accesibilidad del recurso para las personas bolivianas. Las interventoras y los interventores no perciben como un requisito especial la posesión del DNI, pues en las oficinas estatales -nacional o del Gobierno de la ciudad- el DNI no es considerado como una condición adicional para las personas inmigrantes. En este sentido, resulta indispensable señalar las dificultades para su obtención. Para poseer el documento de identidad se exige, por ejemplo, "la presentación de copia de la partida de nacimiento, legalizada por las autoridades correspondientes, sellada por el consulado argentino en el país de origen y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina" (Pacceca 2007, 16); asimismo, se exige la Certificación de Carencia de Antecedentes Penales, que se obtiene en las reparticiones oficiales de los países de origen o en las oficinas consulares correspondientes en el territorio argentino10. Tales dificultades en la consecución del documento de identidad por parte de las personas extranjeras han sido evidenciadas desde diferentes estudios (Begala 2014; Madrid y Ruiz 2011; Nicolao 2013; Perissinotti y Zenklusen 2014), lo que indica la necesidad de incidir en esa falta de reconocimiento por parte de las interventoras y los interventores sociales sobre la dificultad que presenta obtener el DNI para las personas extranjeras y sobre el modo de orientarlas para ello. Lo anterior es excepción en la institución confesional, puesto que, como se había mencionado anteriormente, las personas inmigrantes bolivianas pueden inscribirse en el recurso a pesar de no poseer el DNI.
En cuanto a cómo se conciben los sujetos que asisten a la entidad, es preciso destacar dos cuestiones que se reconocieron en el relato de las personas entrevistadas: por un lado, los recursos que se ponen a disposición apuntan a garantizar un derecho; en consecuencia, las personas migrantes son sujetos de derechos. No obstante, también se encuentran la necesidad de distinguir los programas y sus usuarios de sospechas implícitas de ociosidad. En ese sentido, se insiste mucho en que los recursos son programas de empleo y no subsidios o planes. De acuerdo con ello, se enfatiza en las condiciones para seguir en los mencionados programas y en la contraprestación que llevan a cabo los usuarios. Así pues, las personas migrantes residentes en Argentina y poseedoras de un DNI tienen el mismo derecho y las mismas obligaciones que los ciudadanos de origen. A pesar de la insistencia en la concepción del derecho se percibe la necesidad de distinguir los recursos proporcionados de un plan social vinculado con las relaciones clientelares.
Ahora bien, como contracara de esta manera de concebir la intervención, nos encontramos con el sentido de otra funcionaria que trabaja en el barrio periférico de CABA, quien percibe al recurso como una concesión hacia sujetos marcados por la falta. Señala que va consignando la información a sus usuarios de manera parcial, es decir, primero pide un documento y cuando tienen, pide el siguiente requisito, ya que está convencida que si no lo hace de ese modo no llegan a realizar efectivamente los trámites debido a que los usuarios no los comprenden. Este es el motivo por el cual va pidiendo gradualmente los documentos necesarios para hacer uso del servicio, sin considerar las dificultades que puede suponer para las personas asistir a la oficina. Así pues, en adición a las barreras que puedan constituir los requisitos para un trámite, nos encontramos con una barrera que atañe a la forma en que una funcionaria realiza su intervención. En la caracterización de los sujetos que asisten al recurso, señala que se trata de gente de provincia11.
Similar a la concepción de sujeto en falta es la percepción que pudimos reconocer en el servicio que conduce la entidad vinculada con la Iglesia católica, donde las usuarias y los usuarios son sujetos que merecen compasión, por lo tanto, hay que ponerse a su servicio para proporcionarles ayuda. En la misma línea, Badaró (2006) distingue entre las organizaciones confesionales y las laicas, donde las primeras apuntan a la sensibilización, mientras que las segundas abogan por la defensa y garantía de los derechos de las personas inmigrantes.
Como ya señalamos, en esta institución sí hay un registro de la nacionalidad de las personas que asisten. Tanto en las entrevistas como en la ficha de inscripción facilitada, se presupone que las personas atendidas se insertarán en trabajos precarios y de baja calificación. Asimismo, se enfatiza mucho en las características que se tienen que cumplir para obtener un empleo: con relación a la formación requerida para llevarlo a cabo y con el aspecto físico que se debe tener. La ficha de inscripción revela que se lleva un registro sobre la apariencia física, el aseo y la expresión verbal de las usuarias y los usuarios. También se encuentra pautado el comportamiento requerido en el uso del servicio. A continuación, se reproducen este último aspecto en la figura 1:
Fuente: elaboración del Servicio Social de la Oficina de Empleo de la Iglesia católica (2015).
Figura 1 Condiciones para el acceso a un empleo
Como señalamos anteriormente, la ciudad de Buenos Aires concentra sus políticas a través de su plataforma web. En consonancia con dicho lineamiento, el servicio se propone como una herramienta tecnológica -de la cual se enfatiza el carácter de su gratuidad- que los individuos deben saber sacar el mejor provecho. Así pues, la solícita funcionaria entrevistada, de acuerdo con el tipo de recursos que imparte la institución, los concibe como un servicio o menú disponible para que el sujeto alcance sus objetivos. Nos encontramos frente al discurso del emprendedor de sí mismo que, gracias a su tenacidad, alcanzará, en este caso, los objetivos de inserción. En las figuras 2, 3 y 4 se muestra la folletería del servicio:
Como aspectos comunes en cuanto a la mirada de las interventoras y los interventores, podemos señalar la importancia concedida al ámbito ac-titudinal y a las disposiciones para el trabajo; tales aspectos son concebidos como favorables en la inserción laboral. En este sentido, se enfatiza mucho en la mejor manera de elaborar un currículum y el comportamiento esperado en una entrevista laboral. Estos aspectos explicitan algunos saberes tácitos respecto del trabajo y las competencias solicitadas más allá de la capacitación instrumental para realizarlo.
Sobre el aspecto de la inserción no encontramos ningún cuestiona-miento ni reconocimiento acerca del posible desplazamiento de las dificultades derivadas de las características individuales y actitudinales de los sujetos, es decir, el viraje hacia la intervención subjetiva en detrimento de políticas que promuevan relaciones contractuales junto con las obligaciones que de dicha relación se derivan. Ahora bien, nos parece importante destacar que tanto las Oficinas de Empleo como la institución vinculada a la Iglesia católica, sí transmiten información sobre la tipología de contratos existentes, los salarios y los derechos del trabajador.
Por último, las personas entrevistadas no se conciben con la capacidad de transformar los recursos que se ofrecen en las instituciones para la inserción laboral. Por lo dicho, no se perciben como agentes con posibilidades de acción para adecuar los recursos a las necesidades de sus usuarios, porque los planes y los beneficios ya han sido estipulados.
Conclusiones
El trabajo pretendió centrarse en el análisis sobre el acceso por parte de las personas inmigrantes bolivianas a los recursos para la inserción laboral en la ciudad de Buenos Aires. Como pudimos reconocer, existen algunas dificultades que tienen que ver con barreras físicas, institucionales y también por las concepciones de la intervención de las técnicas y los técnicos. Por ello, la posibilidad abierta con la nueva Ley de Migraciones de un acceso igualitario a los diferentes recursos públicos debe ser analizada, así como también debe ser reconocida la escasa importancia concedida a la información y la formación sobre las novedades legislativas en la materia.
Entre las dificultades encontradas para el acceso a recursos mencionamos algunas específicas del colectivo y otras comunes para las personas nacionales. Pudimos detectar falencias en la accesibilidad física a los edificios públicos y el tipo de intervención escogida en el abordaje de la inserción laboral. En cuanto a los programas que se imparten, es preciso destacar que los propios servicios cuentan con recursos determinados que no pueden ser modificados, a pesar de que las técnicas y los técnicos puedan considerar y evaluar, sistemática y sostenidamente en el tiempo, que hacen falta mayores recursos. Por otra parte, la estrategia de los itinerarios de inserción laboral, tal como sugieren otros trabajos académicos, generan sus propias limitaciones y desafíos y sería deseable poder reflexionar sobre ellas. En este sentido, en tanto política social, las políticas dirigidas a la inserción laboral mediante itinerarios de inserción contienen una ambivalencia que es preciso explorar.
De cara a futuros trabajos, no podemos dejar de señalar las dificultades de los diferentes contextos políticos, particularmente motivadas por las recientes transformaciones gubernativas que supusieron la eliminación del Ministerio de Trabajo de la Nación, así como también la modificación por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Ley de Migraciones. Para finalizar, es pertinente afirmar que un acceso diferenciado y selectivo a los recursos sociales por parte de las personas bolivianas es un indicador de un acceso restringido a la ciudadanía social.
