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Introducción
Durante el 2020 y el 2021 se ha extendido el SARS-Cov 2, popularmente conocido como COVID-19, generando una crisis sanitaria, social y económica, sin precedentes, a nivel mundial. No son momentos fáciles para nadie, pero el desigual impacto sociosanitario y económico ha golpeado profundamente a los sectores más vulnerables de la población española.
Como datos a tener en cuenta, señalamos que debido a la COVID-19, en España, alrededor de 800.000 personas han caído en la pobreza extrema. La tasa de pobreza pasó del 20,7 % hasta el 22,9 %, situando a un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, considerada en 24 euros al día. El número de personas en esta situación que subsisten con menos de 16 euros al día alcanza la cifra de 5,1 millones, lo que supone un aumento desde el 9,2 % registrado antes de la pandemia hasta el 10,86 % registrado en la actualidad (Oxffam 2021).
El COVID-19 no distingue nivel socioeconómico cuando afecta a la salud, pero sus efectos económicos sí lo están haciendo. Las economías más frágiles, mujeres, población joven, población de otras nacionalidades, personas dependientes, trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias y las personas desempleadas, entre otros colectivos en riesgo de exclusión social han quedado más expuestos a sus efectos. Por lo tanto, cuando llega una crisis, es función de las instituciones del Estado proteger a la ciudadanía (Naciones Unidas 2021b). De ahí que las políticas sociales que se destinen toman un papel muy importante para conseguir el empoderamiento de la población a nivel individual, grupal y comunitario.
El presente artículo de reflexión ofrece un marco de análisis sobre las medidas puestas en marcha para frenar el impacto de la pandemia en lo relativo a la desigualdad económica y social acaecida en el Estado español. Partimos de la situación previa a su llegada, evaluamos su incidencia y examinamos sus efectos. En este sentido, son numerosas las funciones que desarrollan los profesionales del Trabajo Social debido a la complejidad y dimensiones de la realidad social que existen en la sociedad española debido a la actual crisis sanitaria. El Consejo General de Trabajo Social en España ha elaborado una serie de recomendaciones dirigidas a todos los trabajadores sociales ante la situación del COVID-19, haciendo propuestas de intervención orientadas a optimizar sus funciones en relación con la buena praxis profesional, incrementando el bienestar de la ciudadanía. Las aportaciones y la eficacia que el Trabajo Social ofrece a la sociedad evidencian su importante labor frente al reto de detectar las necesidades de cada época, resolver múltiples realidades y adaptar su intervención a los problemas coyunturales que acarrea la pandemia (Consejo General del Trabajo Social, 2020) En este sentido, se señala que, en España, en tiempos de pandemia:
Entre las personas jóvenes, los efectos socioeconómicos derivados de la pandemia quedan relacionados con su inclusión a un mercado de trabajo sesgado, precarizado y mal remunerado. La tasa de ocupación de este colectivo ha caído hasta el 33 %, produciéndose un aumento de la tasa de paro de hasta el 30 % (Injuve 2021). La población joven española, ante las pocas probabilidades de encontrar un trabajo, deja aparcada la búsqueda activa de empleo y se alberga de nuevo en los estudios, pasando a formar parte de la población inactiva. Antes de la crisis económica que ha generado la pandemia, ya se señalaba que la población joven era uno de los colectivos que contaba con mayor precariedad en su inclusión al mercado laboral, unos sueldos más bajos, mayor discontinuidad en sus contratos y una mayor sobrecualificación. Son los conocidos como "empleos vulnerables a corto plazo". La población joven española se encuentra en una situación de exclusión sociolaboral que exige que se implementen medidas eficaces para solucionar esta cuestión. La crisis económica derivada de la pandemia ha perjudicado a este colectivo. Y en España, más de la mitad de las personas jóvenes, están muy preocupadas por su futuro (Centre d'Estudis d'Opinió 2021, 6).
En España, en la actualidad, las mujeres constituyen el 57 % de las personas desempleadas y el 73 % de las que tienen un empleo lo hacen a tiempo parcial (BBVA Research 2021). El impacto de la pandemia en el mercado laboral ha aumentado la brecha de género en la población española (Fernández-Luis, et al. 2021, 5). Es cierto que las graves consecuencias por las que atraviesa el mundo laboral tras la llegada de la pandemia afectan tanto a hombres como a mujeres, pero el número de población femenina ocupada ha retrocedido más que el de la población masculina. Del mismo modo es importante tener en cuenta que, durante el confinamiento, el trabajo de las tareas domésticas, la atención de los hijos/as y los cuidados a personas dependientes han recaído sobre ellas, lo que ha favorecido para que se supere la cuarentena con éxito, pero con el coste añadido de seguir ampliando la brecha de género existente (Centro de Investigaciones y Estudios de Género 2021). Asimismo, se ha incrementado la violencia de género. Durante el estado de alarma las peticiones de asistencia a víctimas de violencia machista en España se elevaron un 57,9 % más que en el año anterior (Fernández-Luis, et al. 2021, 3). España no puede ignorar estas nuevas realidades (Powell, Molina y Martínez 2020, 29). En definitiva, el COVID-19 ha traído el aumento de la brecha de género, más carga de trabajo de cuidados, mayor fragilidad ante la pobreza y la violencia machista, y menos participación y liderazgo en la toma de decisiones. La pandemia está ejerciendo una presión desproporcionada sobre las mujeres.
Respecto a los efectos de la pandemia soportados por el colectivo de personas migrantes señalamos que el virus ha frenado bruscamente los procesos migratorios. Las restricciones a la movilidad se han impuesto, acarreando una reducción drástica de los flujos migratorios. Otro de los grandes impactos de la pandemia sobre este colectivo es la parálisis en los procedimientos de extranjería y asilo. Para el colectivo de personas extranjeras, acceder o no a estos trámites puede llegar a afectar algo tan esencial como la consecución de sus derechos. La crisis económica se ha cebado especialmente con la población extranjera. En España a mediados del 2020 el empleo extranjero retrocedió un 10 %, el doble que en el caso de la población española. Esta diferencia se explica por la mayor presencia de la población extranjera en la ocupación de puestos de trabajo relacionados con la economía informal, un número mayor de contratos temporales, menor antigüedad laboral y mayor ocupación laboral en los sectores más afectados: servicios, turismo, transporte (Arango et al. 2021, 234). La crisis generada por el COVID-19 también ha puesto en evidencia la importancia de muchas actividades desempeñadas por trabajadores de origen migrante, especialmente las desarrolladas en el sector agrícola, el sociosanitario y en el ámbito de los cuidados, las cuales antes quedaban invisibilizadas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la mujer migrante, con nivel académico bajo y perteneciente a un colectivo racializado es el perfil más vulnerable ante los efectos que está provocando la pandemia. En el sector del trabajo del hogar y de los cuidados, se está produciendo una intensificación relacionada con la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de ingresos para aquellas mujeres que trabajan en la economía informal, cuidando a personas mayores o con algún tipo de dependencia (Parella 2020, 104).
Por otro lado, coincidimos con Gordon (2020), cuando expone que la política social debe entenderse como aquella parte de la política general cuya meta especifica es promover el bienestar económico-social de la población. Ello incluye el conjunto de intervenciones públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Es importante tener en cuenta que la pandemia en España está teniendo efectos de gran impacto en el ámbito de los servicios sociales, trabajo social y políticas sociales. La pandemia ha tenido un impacto muy desigual entre la población española. El "parón" de la actividad económica afecta de forma particularmente intensa a colectivos en riesgo de exclusión social. Las medidas de política económica adoptadas para mitigar la caída de ingresos (los ERTE, o expedientes de regulación temporal de empleo, las ayudas a autónomos por cese de actividad, la creación del ingreso mínimo vital, etc.) compensan significativamente la caída de rentas que se habría producido en su ausencia. El deterioro de las rentas de las familias, concentrado particularmente en los estratos sociales que desde un principio ya tenían rentas más bajas, ha dado lugar a un aumento considerable de las situaciones de pobreza aguda o necesidad severa. Como consecuencia, la demanda de ayudas de "intervención social" -como las que prestan entidades que forman parte del tercer sector ha crecido enormemente (Funcas 2021).
En el primer apartado de los resultados de este artículo, denominado, "Políticas sociales para reducir el impacto de la COVID-19 en España: interrogantes y efectos a largo plazo", se señala la principal regulación normativa en materia social y el conjunto de medidas de emergencia aprobadas por el Gobierno español para dar una respuesta adecuada al impacto socioeconómico producido por la crisis generada por la pandemia. Por otro lado, se exponen distintas cuestiones en relación con los efectos que la crisis sociosanitaria está provocando en el ámbito de los servicios sociales. Como reflexión importante a tener en cuenta señalamos que, en España, como en el resto del mundo, los colectivos más vulnerables son quienes más están soportando las consecuencias socioeconómicas provocadas por la pandemia y el confinamiento.
En el segundo apartado de los resultados, denominado "Trabajo Social y servicios sociales frente al COVID-19 en España: medidas puestas en marcha", ponemos de manifiesto cómo la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 está teniendo un impacto extraordinario en el ámbito de los servicios sociales y sobre los colectivos que atiende el Trabajo Social. Así mismo, detallamos las principales actuaciones que la administración pública y las entidades sociales han puesto en marcha para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. La crisis sociosanitaria y económica generada por la pandemia ha puesto a los servicios sociales ante un reto sin precedentes, sin dejar de olvidar que ya antes de la pandemia tenían una labor fundamental en la vida de muchas personas, grupos y comunidades con la finalidad de conseguir su empoderamiento.
Metodología
Este artículo ha conseguido la información necesaria para su desarrollo a partir de una amplia revisión bibliográfica que puede consultarse en la bibliografía anexa. Dicha revisión de ha permitido conocer el estado de la cuestión que nos ocupa de una forma profunda. La metodología utilizada revisa datos disponibles en España relacionados con la pandemia, políticas sociales y medidas puestas en marcha en relación con ellas, realizando un análisis desde la disciplina del trabajo social sobre diferentes cuestiones que afectan a la población española en tiempos de pandemia. Además, se han examinado datos obtenidos del Gobierno de España y del Consejo General del Trabajo Social, entre otros.
Resultados
Políticas sociales para reducir el impacto de la COVID-19 en España: interrogantes y efectos a largo plazo
España ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19, tanto en número de contagios como de muertes. A mediados del 2020 quedaba situada como el sexto país con más fallecimientos. Por debajo quedaban Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Italia y Francia (Powell, Molina y Martínez 2020, 7). El Gobierno español puso en marcha distintas medidas con la finalidad de reducir el impacto que la crisis sociosanitaria estaba provocando en las familias, la población trabajadora y las empresas. El conjunto de acciones puestas en marcha configura una respuesta decisiva al impacto económico que ha provocado el COVID-19 y sienta las bases para que los efectos negativos sobre la inserción laboral y la economía sean transitorios y para que se repunte una vez quede controlada la epidemia (CaixaBank 2021).
La respuesta a nivel político que gestiona el Gobierno español hace hincapié en la consecución de dos objetivos a corto plazo: 1) proteger la salud, 2) apoyar a la economía. En relación con ello, exponemos en la siguiente tabla la principal regulación normativa en materia social, sanitaria y de empleo.
Tabla 1 Regulación normativa en España e información útil en materia social, sanitaria y de empleo.
Fuente: elaboración propia basada en Gobierno de España (2021).
De la regulación normativa, recogida en la anterior tabla, salieron a la luz distintas medidas de emergencia con la finalidad de paliar la crisis provocada por la pandemia. En este sentido, es importante mencionar las siguientes:
Medidas para proteger a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, establecidas por Real Decreto-ley 11/2020, del 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Las familias españolas que trabajaban en el sector servicios han sido las más afectadas por la crisis generada por la pandemia y también las que más tiempo van a tardar en recuperarse. La escasa cualificación de los trabajadores y trabajadoras en este sector, así como la fragilidad existente en el mercado laboral español en forma de elevada temporalidad (26,8 %, la más alta de la Unión Europea) y parcialidad en la ocupación de puestos de trabajo, apuntan a un rígido impacto social (Powell, Molina y Martínez 2020, 17). Como medidas a tener en cuenta para proteger a las familias que se encentren en riesgo de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social se estableció la garantía de suministros básicos en relación con: electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. También el Gobierno aprobó una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda a las personas que hubieran reducido sus ingresos o estuvieran en situación de desempleo por el COVID-19. Del mismo modo, se puso en marcha una nueva prestación que se gestiona a través de la Seguridad Social denominada Ingreso Mínimo Vital (IMV), como sistema de garantías de ingresos que va acompañada por estrategias de inclusión sociolaboral. Sus principales objetivos quedan relacionados con disminuir la pobreza extrema y mejorar la inclusión en el acceso al mercado de trabajo de personas en situación de riesgo, que vivan solas o queden integradas en una unidad de convivencia que carezca de recursos económicos (Gobierno de España 2020). La emergencia sanitaria ha puesto sobre la mesa el debate sobre la Renta Básica Universal, teniendo en cuenta la importancia de garantizar a la ciudadanía una seguridad económica básica para cubrir sus necesidades. Es importante poner en marcha medidas que proporcionen mayor universalidad a los actuales sistemas de garantía de ingresos, poniendo el punto de mira en rescatar a la ciudadanía cuya economía se reduzca de forma considerable durante la crisis provocada por la pandemia.
Medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras, establecidas por Real Decreto-ley 30/2020, del 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. La protección de la población trabajadora en consonancia con las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud hace hincapié en los siguientes aspectos: 1) distanciamiento social; 2) abastecimiento de equipos de protección (especialmente para personal sanitario, voluntariado y otros colectivos que estén en contacto directo con la población); 3) ordenamientos de higiene y métodos de organización del trabajo (con apoyo de campañas de información y sensibilización), así como del diálogo social entre empresarios, trabajadores y sindicatos (Organización Mundial de la Salud, 2021). Como medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras en España se ha facilitado la adaptación de la jornada laboral y el teletrabajo, siempre que este se pueda realizar. También se han puesto en marcha distintos acuerdos laborales con relación al trabajo a distancia, prevención de la discriminación y la exclusión social respecto al COVID-19, fomento del acceso universal a los servicios sociosanitarios, incremento de bajas remuneradas o subsidios por enfermedad para ocuparse del cuidado de familiares en situación de dependencia o en situación de cuarentena, entre otras cuestiones. Además, se ha puesto en marcha los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para que trabajadores y autónomos afectados por la crisis puedan tener ingresos económicos y volver a su empleo una vez superado el periodo de confinamiento.
Medidas para proteger a las empresas, establecidas por Real Decreto-ley 6/2021, del 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. Como medidas importantes que el Gobierno español puso en marcha para proteger a las empresas, teniendo en cuenta que las previsiones de crecimiento en la economía española son negativas, señalamos el aplazamiento del pago de impuestos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras y una línea de avales para empresas y autónomos con el fin de salvaguardar su liquidez (CaixaBank 2021).
Medidas para reforzar el sistema sanitario, establecidas por Real Decreto-ley 29/2020, del 29 de septiembre, de medidas urgentes en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El Ministerio de Sanidad ha acordado con las Comunidades Autónomas medidas para reforzar el sistema sanitario para hacer frente a la epidemia. Entre ellas, se ha puesto en marcha la vacunación de la población, se han destinado recursos económicos a través del fondo de contingencia para atender de forma correcta las necesidades sanitarias y se han regulado los precios de algunos medicamentos necesarios para proteger la salud de la ciudadanía (Gobierno de España 2021).
Más allá de la puesta en marcha de todas estas medidas de emergencia, la crisis socioeconómica por la que atraviesa ahora España está teniendo efectos negativos en la población española. Las trabajadoras y trabajadores sociales están viendo cómo a esta crisis sanitaria se le siguen sumando casos de emergencia social arrastrados en este país durante mucho tiempo por los recortes en la financiación de los servicios públicos. El reto que tienen por delante los servicios sociales y la sociedad en general es evitar que una situación de vulnerabilidad coyuntural pase a cronificarse (INAP, 2021).
En las siguientes líneas podemos vislumbrar distintas cuestiones en relación con algunos efectos de gran impacto que la crisis sociosanitaria está provocando en el ámbito de los servicios sociales:
Primer efecto: tiene que ver con la necesidad de reforzar las prestaciones para hacer frente a las consecuencias de la crisis sociosanitaria, en un contexto en el que los sistemas de rentas garantizadas ya están sometidos a una tensión enorme. Por lo tanto, es importante que se articule un sistema estatal de garantía de ingresos que tenga suficiente cobertura, flexibilizando su acceso a la población y agilizando su tramitación de forma eficaz y eficiente. En ese marco, no debe olvidarse que, en la actualidad, se están viendo afectadas personas que normalmente no eran usuarias de los servicios sociales y que no necesitan apoyo para la inserción laboral. Lo que necesitan es recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas hasta que se vuelva a la normalidad, la economía se restablezca y puedan retornar a sus puestos de trabajo.
Segundo efecto: tiene que ver con el ámbito de los cuidados y de la atención a personas mayores institucionalizadas en centros de atención sociosanitaria. La gestión de la crisis sanitaria ha sido insuficiente con la pandemia y las actuaciones realizadas en las residencias de personas mayores han sido precarias. En este contexto de crisis el reto está en que se sigan tomando todas las medidas necesarias relacionadas con la prevención. También es importante replantearse que en un futuro el diseño de instituciones sociosanitarias tiene que basarse en unidades de convivencia pequeñas con la finalidad de afrontar estos riesgos en mejores condiciones. El impacto de esta crisis en las residencias para personas mayores también debe hacernos reflexionar sobre otras cuestiones relacionadas con la capacidad que han tenido para gestionar los riesgos, la mejora de la calidad, el aumento de sus plantillas con más profesionales o la mejora en la remuneración de sus profesionales, entre otras cuestiones. La crisis padecida en las residencias de personas mayores no debe hacernos olvidar que el mayor reto en la atención a la dependencia está en el desarrollo de los servicios de carácter preventivo.
Tercer efecto: se refiere a provisión de servicios y recursos de responsabilidad pública por parte de instituciones privadas. En el ámbito de la acción social y prestación de recursos sociales esenciales en España intervienen instituciones privadas y empresas de servicios con ánimo de lucro. La empresa privada, entendida bajo el modelo dominante imperante en el sistema capitalista, nunca se ha sentido responsable por intervenir en el bienestar de la sociedad con la finalidad de conseguir su empoderamiento. Espera que se ocupen de esa función la familia, la Iglesia o el Estado. A este tenor, es necesario evaluar con objetividad bajo qué condiciones se ha realizado la provisión de servicios sociales esenciales por parte de entidades e iniciativas privadas. Y si esta cuestión ha contribuido a prevenir o a agravar la expansión de la epidemia de forma generalizada.
Cuarto efecto: tiene que ver con la importancia de evaluar si se han desplegado, de forma eficaz y eficiente, todos los esfuerzos realizados en el ámbito político asociadas al fomento de empleo para promover la economía. Es decir, si las medidas aplicadas han permitido paliar los efectos producidos en relación con las pérdidas de empleo e ingresos de las empresas y a la protección de la salud de la ciudadanía para que no se produzca una recesión económica prolongada. En ese sentido, es necesario adoptar medidas eficaces e integradas a gran escala en todas las esferas políticas para lograr resultados favorables y sostenibles (Organización Internacional del Trabajo 2021).
En definitiva, en los momentos de crisis sociosanitaria, las políticas sociales y la intervención tienen un papel fundamental. No se trata solo de contener sus efectos a corto plazo, sino de conseguir una salida correcta que supere la fragilidad que soportan muchos colectivos insertos en una sociedad desigual desde antes de la pandemia.
Trabajo Social y servicios sociales frente al COVID-19 en España: medidas puestas en marcha
La emergencia sociosanitaria provocada por el COVID-19 está teniendo un impacto fuerte en el ámbito de los servicios sociales y sobre la intervención que se realiza desde el Trabajo Social, tanto a nivel individual, grupal y comunitario. Los grupos sociales más afectados por la pandemia han sido la infancia; las personas mayores; las mujeres; las personas con diversidad funcional; las personas con discapacidad intelectual; las personas inmigrantes en situación administrativa irregular; las personas con cargas familiares no compartidas; las personas en situación de privación de libertad, o adictas a sustancias; y personas enfermas crónicas o sin ingresos regulares (Universidad Complutense de Madrid, 2021). Las principales actuaciones que la administración pública y las entidades sociales del Estado español han puesto en marcha para hacer frente a las consecuencias de esta crisis son las siguientes:
Reforzar los servicios sociales ante situaciones de emergencia. Como hemos visto en el capítulo anterior la mayor parte de las medidas que se han tomado durante la pandemia están orientadas a proteger la salud de la población y el apoyo a la economía. Con estos objetivos, el Estado español ha creado un fondo social extraordinario para financiar económicamente proyectos y contratos laborales que refuercen los servicios sociales en relación con mejoras en el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria, atención a personas sin hogar y adquisición de medidas de prevención en centros residenciales, entre otras cuestiones. El Gobierno central y las Comunidades Autónomas (CCAA) consensuaron al inicio de la crisis la importancia de considerar los servicios sociales como servicios esenciales, en toda España, en época de pandemia. Se han establecido protocolos específicos de actuación y criterios unificados de intervención (Consejo General del Trabajo Social 2021, 2). Diversas Comunidades Autónomas han puesto en marcha otras medidas más específicas como prestar recursos de apoyo psicológico a los/ as trabajadores/as de los servicios sociales, agilizar dispositivos para financiar estos en los municipios, contratar a nuevos profesionales, poner en marcha equipos especiales de detección de necesidades y mejoras en la coordinación entre servicios sociales comunitarios y especializados, entre otras cuestiones. Junto a estas medidas, señalamos que también son numerosos los documentos publicados para articular la respuesta que desde los servicios sociales se está dando a la gestión de la pandemia en España. Cabe mencionar los documentos técnicos para profesionales del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Derechos Sociales y Ministerio de Consumo (Gobierno de España, 2021), las recomendaciones y documentos de interés del Consejo General del Trabajo Social ante el COVID-19, y el documento del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid que contiene diferentes propuestas para reforzar los servicios sociales y el Trabajo Social ante la crisis sociosanitaria, entre otros.
Frenar la transmisión del virus en los centros sociosanitarios de atención a personas mayores. En el ámbito de los servicios sociales mencionamos que uno de los principales impactos ha sido la rápida expansión del virus en las residencias de personas mayores. El Gobierno confirmó que cerca de 30.000 personas fallecieron por COVID-19 en residencias de personas mayores desde el inicio de la pandemia (El País 2021). En este ámbito de actuación se han decretado distintas medidas preventivas dentro de las residencias, como la categorización de las personas institucionalizadas en diferentes grupos en función de su estado físico y cognitivo mientras que exista la situación provocada por la pandemia; la desinfección de todos los centros sociosanitarios, puesta en marcha de servicios de apoyo psicosocial para familiares de personas usuarias; la disposición de un servicio de atención telefónica para proporcionar apoyo psicosocial y el establecimiento de comunicación a través de videollamadas para garantizar una comunicación segura y efectiva entre las personas residentes y sus familiares. Otras medidas también tienen que ver con la contratación de personal para reforzar plantillas, la atribución de la competencia de inspección de los centros residenciales a las Consejerías de Salud, la apertura de otras instituciones para personas mayores afectadas por el COVID-19 que no requieran hospitalización y la restricción total de visitas a familiares. En el caso de la atención residencial se han publicado numerosos documentos preventivos frente al COVID-19. Por citar algunos, el Ministerio de Sanidad publicó distintos textos oficiales con recomendaciones de prevención y control de la pandemia en instituciones sociosanitarias y otros centros de servicios sociales con carácter residencial. Cabe señalar que las medidas aplicadas no han impedido vencer la propagación del virus. La situación de emergencia que están atravesando las residencias de personas mayores contribuye a extender una imagen social muy negativa de la atención residencial en España. En este ámbito de actuación es importante que se siga trabajando para conseguir una mayor integración de los servicios sociales y sanitarios y que se pongan en marcha más recursos dirigidos a personas mayores dependientes institucionalizadas. También debe mejorarse la preparación en relación con cómo actuar en casos de nuevos brotes o contagios. Esta cuestión contribuiría a reducir el tiempo de reacción en la gestión de las residencias en la pandemia (Del Pino et al. 2020, 24).
Garantizar la alimentación. El COVID-19s ha tenido efectos negativos en distintas dimensiones, pero sobre todo ha provocado inseguridad alimentaria y desnutrición (FAO 2020). Desde el principio de la crisis, una de las actuaciones que ha tenido mucha fuerza es la relacionada con garantizar la alimentación a personas en situación de vulnerabilidad y, de forma muy especial, a la población infantil en riesgo de exclusión social. En ese sentido, se destinaron recursos económicos para garantizar el derecho básico a la alimentación. Es importante analizar las implicaciones que tiene la pobreza en la infancia y la adolescencia, así como el impacto que tienen las prestaciones económicas para superar esas dificultades. La forma de gestionar la pandemia en España ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir en mejorar la gestión de las prestaciones económicas con la finalidad de que lleguen de manera más eficiente a aquellos colectivos que lo necesitan. La ayuda alimentaria y la protección social facilitan la alimentación de estos colectivos.
Mejorar la atención domiciliaria en el confinamiento. En el confinamiento o aislamiento preventivo llevado a cabo en los domicilios, la atención a personas con algún grado de dependencia o discapacidad ha sido dificultosa por diferentes motivos (por el cierre de los centros de día, por la dificultad para que sus cuidadores/as puedan desplazarse para atenderles, etc.) Para hacer frente a estas situaciones se han puesto en marcha medidas de diversa índole: se ha reforzado la teleasistencia; se ha adelantado el pago de las prestaciones de dependencia; se han repartido alimentos a domicilio; se han mejorado los servicios de atención domiciliaria (SAD), etc. Las iniciativas llevadas a cabo para mejorar la atención en los hogares de las personas con algún tipo de discapacidad o dependencia han sido eficientes, aunque sigue siendo necesario intervenir sobre las consecuencias del aislamiento padecido por las personas mayores en la pandemia. El aislamiento preventivo o confinamiento ha sido una medida importante para prevenir la transmisión del virus, pero si esta medida dura mucho tiempo puede significar un riesgo para la salud física y mental (Pinazo-Hernandis 2020, 251).
Atender a las personas sin hogar. En la pandemia las personas sin hogar son un grupo en especial situación de vulnerabilidad. Muchas de las medidas que ha puesto en marcha el Estado (distanciamiento social, higiene, aislamiento, etc.) no son realistas para que las puedan cumplir las personas que viven en la calle. Algunas de las acciones puestas en marcha vinculadas a la intervención con este colectivo, ha sido la adopción de medidas que le permitieran a este tener un confinamiento en condiciones óptimas. En este ámbito de actuación se ha optado por habilitar dispositivos de alojamiento de urgencia en escuelas, albergues, viviendas municipales y equipamientos comunitarios de diversa índole. Con respecto a la cuestión que nos ocupa es importante tener en cuenta que, muchas veces, las soluciones que se adoptan tienen que ver con la puesta en marcha de medidas muy asistencialistas que no empoderan. Por lo tanto, se hace necesario un replanteamiento en la forma de intervención y de atención social dirigida a este colectivo cuando la situación de alarma haya terminado.
Prevenir la violencia machista en la pandemia. Antes de que existiera el COVID-19 la violencia machista ya era una lacra social. Para muchas mujeres la amenaza es mayor en sus propios hogares. Por lo tanto, con la pandemia y el confinamiento muchas mujeres se han visto aún más amenazadas y atrapadas. Sobre todo, porque han quedado forzadas a convivir con sus agresores (Naciones Unidas 2021). Con la pandemia y el confinamiento las mujeres víctimas de violencia machista se han visto gravemente afectadas. En España las iniciativas puestas en marcha para prevenir situaciones de maltrato han sido de diversa índole. En este sentido, se han ejecutado campañas de concienciación ciudadana para alertar sobre estas situaciones, se ha reforzado la vigilancia y los sistemas de seguimiento telefónico y de apoyo psicológico virtual, entre otras medidas. Además, se han publicado numerosos documentos de sensibilización y concienciación y una guía de actuación dirigida a mujeres que estén soportando violencia machista en situación de confinamiento derivado del estado de alarma. La pandemia ha vuelto a abrir heridas que no han cicatrizado y nos ha recordado la importancia de cerrarlas definitivamente. Una de ellas es la del machismo exacerbado en todas sus formas. De ahí la importancia de seguir apostando por políticas sociales que acaben con esta lacra social.
La crisis sociosanitaria y económica generada por la pandemia ha puesto a los servicios sociales ante un reto sin precedentes, sin dejar de olvidar que ya antes de la pandemia tenían una labor fundamental en la vida de muchas personas, grupos y comunidades con la finalidad de conseguir su empoderamiento. España posee unos servicios sociales que no están lo suficientemente preparados para hacer frente a la crisis acaecida en el Estado español. La pandemia ha llevado a numerosas personas a una situación límite y la Administración no cuenta con suficientes recursos para atenderlos de forma eficaz y eficiente. La pandemia ha evidenciado -como ya lo hizo la crisis económica- la irrupción de nuevos perfiles en servicios sociales con demandas de carácter económico. El reto que tienen por delante los servicios sociales y la sociedad en general es evitar que una situación de vulnerabilidad coyuntural pase a cronificarse (INAP, 2021).
Conclusiones
La crisis por efectos del COVID-i9 está teniendo un impacto sin precedentes a nivel mundial. En España la pandemia ha acarreado nuevas situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y ha agravado, aún más, situaciones sociales precarias que ya existían previamente, pues personas, grupos y comunidades estaban desprotegidos, debido a ejes de desigualdad social provocados por la situación económica, la situación laboral, el estatus migratorio, el género, la etnia, o la diversidad funcional, entre otras cuestiones.
El gobierno español ha puesto en marcha distintas medidas que atenúen dicha situación. En este sentido, el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno español configura una respuesta decisiva al duro impacto socioeconómico y sanitario que ha traído el COVID-19 y sienta las bases para que los efectos negativos sobre el empleo, la economía y la salud sean transitorios.
En la actualidad, además de insuficiencias en el diseño de las medidas que limitan su cobertura, el principal escollo que encuentran las políticas sociales reside en su implementación; es decir, la capacidad institucional para que las decisiones inscritas en el Boletín Oficial del Estado se hagan realidad en el terreno. La efectividad de los dispositivos asistenciales depende, en buena medida, del funcionamiento de los servicios sociales y de los organismos encargados de la gestión de las ayudas para la inserción. Esta es, sin embargo, una cuestión a la que se ha prestado poca atención, y que explica el alcance desigual de las políticas. Del mismo modo, pese a la amplitud de las medidas sociales que se han adoptado, algunos colectivos carecen de una cobertura adecuada, como muestra el importante incremento de la demanda de acción social que han tratado de cubrir las entidades del tercer sector. Estos "huecos" en la red de protección social responden, en algunos casos, al diseño mismo de las políticas sociales y, en otros, a una gestión ineficiente de las políticas puestas en marcha. Hay, por ejemplo, dificultades en los procedimientos administrativos y problemas de coordinación entre administraciones que limitan el alcance de las ayudas o que retrasan su implementación.
España posee unos servicios sociales que no están lo suficientemente preparados para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia. La pandemia ha llevado a numerosas personas a una situación límite y la administración no cuenta con suficientes recursos para atenderlos de forma eficaz y eficiente.
La pandemia y el consiguiente confinamiento han provocado, y seguirán provocando, situaciones de precariedad social que se suman a las problemáticas ya existentes. El COVID-19 ha puesto en primera línea el claro desequilibrio social existente en la sociedad española. La historia de la pandemia no estaría completa si no consideramos los efectos que están teniendo las políticas sociales puestas en marcha para proteger a la población española. Las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la exclusión han planteado la necesidad de adoptar, desde el inicio de la crisis, medidas que protejan de los efectos de la crisis socioeconómica y sanitaria para que se siga salvaguardando a la población más vulnerable, tal como indica el European Anti Poverty Network (2021), que pone de manifiesto la necesidad de más aportaciones por parte del Estado en relación con mayor protección para las personas mayores, población infantil, las mujeres, las personas con diversidad funcional, las personas con discapacidad intelectual, familias monomarentales o personas de otras nacionalidades en situación administrativa, entre otras.
Es importante que el Gobierno español siga interviniendo con la finalidad de seguir adoptando políticas públicas urgentes que mejoren la situación de vulnerabilidad y exclusión social por la que está pasando gran parte de la población española, para suprimir de forma eficaz las cifras de pobreza, precariedad económica, desigualdad de oportunidades, violencia contra las mujeres y contra la infancia, racismo y exclusión social, ya que estas problemáticas generan vulnerabilidad y siguen manteniendo nulos los derechos humanos.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la pandemia por COVID-19 y las medidas tomadas frente a ella, están suponiendo una enorme prueba de esfuerzo para el sistema de servicios sociales en España. Es importante reconocer el trabajo desarrollado por el colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales que desempeñan su labor en instituciones públicas, privadas o del tercer sector y que han sido capaces de garantizar eficazmente la intervención a las personas usuarias, grupos y comunidades, atendiendo a las situaciones y necesidades de estos con la finalidad de promover su autonomía, autodeterminación y empoderamiento en tiempos de pandemia.
La profesión del Trabajo Social está llamada a valorar -en todos los espacios y sectores donde queda ubicado el trabajo social, salud, dependencia, justicia, instituciones penitenciarias, educación, emergencias, mediación, tercer sector, etc.- a las personas y la interacción con su entorno, ejecutando proyectos inclusivos, abogando por la justicia social donde los derechos de las personas queden en primera línea de acción y apostando por la igualdad y autonomía. Los servicios sociales son fundamentales y configuran la primera línea de acción del sistema de bienestar social. Son una herramienta muy importante de nuestra sociedad para garantizar que se cumplan los derechos de los colectivos más vulnerables.
En España, en la actualidad, vemos cómo a esta crisis sanitaria se le siguen sumando numerosos casos de emergencia social arrastrados en este país, durante más de una década, por los recortes en la financiación de los servicios públicos. En momentos como los que vivimos hoy, se hace imprescindible reconocer la labor de las trabajadoras y trabajadores sociales, muchas veces invisibilizada y otras tantas reducida a la gestión de la emergencia, a través de recursos asistencialistas que dejan al margen la prevención, la participación y la construcción de sociedades inclusivas. Es importante que en tiempos de pandemia se apueste por promover espacios de reflexión, cooperando en la consolidación de iniciativas innovadoras, impulsando el conocimiento, la aplicación de derechos y generando propuestas de acción que generen cohesión y empoderamiento, denunciando situaciones sociales injustas.
