Introducción

El capital social es hoy un concepto posicionado en la agenda de investigación de la academia latinoamericana. Desde hace casi tres décadas, cuando fue incorporado por James ^{Coleman (1990)} como concepto compuesto, ha logrado configurarse como tema en la agenda de trabajo en la economía y las ciencias sociales¹. A partir de aquel momento viene realizándose centenares de trabajos sobre el tema, que le han permitido demostrar su importancia en el desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones (^{Andriani & Christoforou, 2016}; Banco Mundial, 2001; ^{Bourdieu, 1980}; Coleman, 1990; ^{Farr, 2004}; ^{Fukuyama, 1995}; ^{Kliksberg, 2000}; ^{Solow, 2000}). En definitiva, es un concepto que, a pesar de su corta existencia, ha tenido una vida agitada, e incluso atormentada, que le ha permitido avanzar por el sendero de un nuevo paradigma tanto para la academia como para los hacedores de políticas públicas.

Sobre el concepto de capital social se puede advertir que no existe consenso en su definición y medición, así como en la forma de crearlo (^{Arrow, 2000}; ^{Fine, 2001}; ^{Solow, 2000}; ^{Uphoff, 2000}). En palabras de Clemente ^{Forero (2001, p. 13)}: "el concepto de capital social aún se encuentra en obra negra, evolucionando tanto en el plano teórico como operacional, con aportes de numerosos investigadores que lo utilizan en investigaciones empíricas e históricas". Precisamente, esta condición de concepto en construcción y en permanente debate ha posibilitado que hoy el capital social se consolide como un rico campo de indagación y reflexión, con una agenda de trabajo dinámica y en constante cambio.

El presente artículo hace un seguimiento a las dinámicas que este paradigma ha tenido en América Latina entre académicos y hacedores de políticas. Muestra la importancia del capital social como factor del desarrollo económico y social. La exposición se inicia con un recorrido histórico sobre la aparición del paradigma del capital social en el mundo y contexto latinoamericano, destacando los esfuerzos por estudiarlo e incluirlo en sus políticas públicas. Continúa con un balance sobre el estado reciente del estudio del capital social en la región. Y finaliza con la discusión sobre la configuración actual de la agenda de investigación que permite identificar los componentes del capital social y su fomento en nuestra región.

Para la construcción del texto se realiza una revisión de la literatura sobre el tema en el contexto mundial y latinoamericano. Se retoman, primero, los trabajos clásicos que hicieron posible la aparición del capital social como concepto teórico en el contexto mundial y, posteriormente, de manera puntual, se referencia los libros que aparecieron luego de seminarios, foros y encuentros sobre el tema en América Latina y que se convirtieron en hitos fundacionales en la región. Tomando, con especial cuidado, los trabajos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica de la Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) realizan sobre el tema, pues son los organismos de planeación más importantes de la región y quienes han sido actores fundamentales para crear la línea de trabajo en torno al desarrollo, y en ella al capital social como estrategia para la lucha contra la pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe. Posteriormente se identificaron y agruparon los estudios que han buscado definir, clasificar y relacionar el capital social en la literatura regional. Finalmente, se toma una serie de trabajos que ayudaron a configurar la agenda de investigación sobre capital social en el entorno latinoamericano.

El surgimiento del capital social como paradigma en el contexto mundial y latinoamericano

El estudio del capital social en América Latina debe inscribirse en el programa de investigación sobre las teorías del desarrollo y del crecimiento económico. Después de los esfuerzos en las décadas de 1950 a 1970 por identificar los factores clásicos del desarrollo y el crecimiento, como el capital humano y físico, se dio un giro en los decenios de 1980 y 1990 por el estudio de otros factores no convencionales, y por encontrar explicaciones a estos fenómenos; sobre todo, en aquellos no cuantificables y menos economicistas que determinan el desarrollo, asociados a variables políticas, sociológicas y antropológicas, entre otras². Este giro hacia otras variables dio inicio a la formación del paradigma del capital social.

La invitación que se le hizo a las ciencias sociales fue a pensar a aquellas variables que ayudan a lograr el desarrollo social, mejorar la equidad, fortalecer la democracia y preservar los equilibrios medioambientales. Los primeros teóricos, de origen no económico, comenzaron a reconceptualizar el papel que desempeñan los valores y las normas en la vida económica (^{Fukuyama, 2003}); destacando cómo el factor cultural, al igual que el capital productivo o el físico, es un componente importante para el desarrollo. Camino que llevó a que en la década de 1990 se identificaran múltiples tipos de capital que conformaban la riqueza social (Tabla 1).

Como se enunció, en el campo académico el concepto de capital social hizo su arribo en 1990 con James Coleman en su texto Social Capital, en el que introdujo de nuevo el concepto a las ciencias sociales (^{Restrepo, 1998}). Este concepto había sido utilizado una década antes por Pierre ^{Bourdieu (1980)}, quien se centró en analizar los beneficios que obtienen los individuos a partir de su participación en determinados grupos y en la construcción de relaciones sociales con el elemental objetivo de crear este tipo de capital (citado en ^{Portes, 1998}).

A este reconocimiento se le sumaron más tarde los trabajos de ^{Coleman (1988} y 2000), ^{Fukuyama (1995)}, ^{Narayan y Pritchett (1997)}, ^{Portes (1998)}, ^{Putnam (1995)} y ^{Woolcock (1998)}; todos ellos reconocen al capital social como un elemento que produce beneficios económicos y sociales: como "aquel residuo, atribuible a las conexiones personales de un individuo y su permanencia a un grupo, que explican su éxito económico y social superior al de personas con comparables niveles de capital cultural y físico" (^{Forero, 2001}, p. 12). Coinciden en afirmar que el capital social "importa e influye fuertemente en los desenvolvimientos económicos" (^{Iglesias, 2000}, p. 8). En definitiva, es un factor que, correctamente administrado, puede servir para mejorar sus condiciones de vida y utilizarse para el desarrollo económico y social de las naciones³.

En América Latina el interés por el capital social se origina en los organismos de desarrollo. Son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica de la Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el Banco Mundial los que inician el interés por este tema (^{Valencia, Aguirre & Flórez, 2008}). Consideran a este factor como un recurso clave para su política de reducción de pobreza y como instrumento para mejorar el desarrollo de los países que tienen a cargo⁴.

Según el ^{Banco Mundial (2001)}, el capital social permite a los actores, en su conjunto, movilizar recursos y lograr metas comunes: "sirve de mecanismo de seguro para los pobres que no tienen acceso a las alternativas de mercado. Por lo tanto, es importante facilitar la formación de nuevas redes cuando las antiguas se están desintegrando" (p. 19). De allí que este organismo financiero internacional destinara recursos para investigar de manera permanente en este componente; confiaba que los resultados le ayudarán a luchar contra la pobreza y beneficiará a los países aumentando su progreso económico.

Precisamente, fue la década de 1990, en el contexto de la implementación de las propuestas del Consenso de Washington, que comenzó a identificarse el capital social como un componente del desarrollo no explorado e incorporado en el modelo neoliberal. Cerca de una década después de puesta en marcha las reformas neoliberales, los resultados esperados no se dieron, la situación de pobreza y desigualdad continuó agudizándose; aunque en unos países más que en otros (^{Stiglitz, 2003}). Incluso, los países que lograron mostrar un buen dinamismo presentaban momentos de caída, no logrando mantener la dinámica ganada. El resultado, según el BID, fue que "América Latina fuera, lamentablemente, la región del mundo donde los ingresos y las oportunidades estuvieran peor distribuidos" (^{Iglesias, 2000}, p. 8).

Es en este contexto de agudización de la situación de pobreza y desigualdad de las economías latinoamericanas, llevó a que sus gobiernos tomaran la decisión de reelaborar las políticas públicas para mejorar el bienestar de la población (^{Ocampo, 2003}); reconociendo que no era suficiente con explorar las tradicionales ideas de la economía, que era necesario incluir otras variables en el modelo económico. En definitiva, el Consenso de Washington había fallado y era necesario otro Consenso, ante las dificultades del primero. De allí que para economistas como Stiglitz (1998), fuera necesario "[...] reexaminar, rehacer y ampliar los conocimientos acerca de la economía del desarrollo que se toman como verdad, mientras planificamos la próxima serie de reformas" (citado en ^{Kliksberg, 2000}, p. 22). Era conveniente discutir el modelo aplicado, evitando enfoques reduccionistas y buscando formas de capturar en los modelos de desarrollo la complejidad, integralidad y diversidad que hay en nuestros contextos (^{Valencia, Aguirre & Flórez, 2008}).

Ante esta situación, analistas económicos y políticos se preguntaban qué estaba pasando con el modelo, por qué razones las políticas del Consenso no funcionaron. Por esta razón el debate, al finalizar el siglo XX, se centró en la pregunta sobre cuál era la decisión más apropiada para las economías, teniendo como premisa los resultados de la reforma neoliberal. Las respuestas, que son muchas, fueron desde aquellas que abogaron por una mayor profundización en las reformas, ya que aluden que los resultados no se dieron porque no se aplicaron todas -ni apropiadamente- cada uno de los puntos del Consenso, hasta aquellas que criticaron radicalmente el modelo (^{Arriagada, 2006}; ^{Atria & Siles, 2003}; Banco Mundial, 2001; ^{David & Ortiz, 2003}; ^{Durston, 2003}; ^{Estrada, 2004}; ^{Flores & Rello, 2003}; ^{Fukuyama, 2003}; ^{Iglesias, 2000}; ^{Kliksberg, 2000}; ^{Ocampo, 2003}; ^{Robinson, Siles & Schmid, 2003}; ^{Stiglitz, 2003}).

Dos posturas al respecto fueron las de ^{Stiglitz (2003)} y la de ^{Fukuyama (2003)}. Para el primero el desarrollo no debería verse de manera técnica, pues hacerlo era repetir los fracasos, señalando que "un evento definidor ha sido que muchos países han seguido los dictados de liberalización, estabilización y privatización, las premisas centrales del llamado Consenso de Washington, y, sin embargo, no han crecido. Las soluciones técnicas no son evidentemente suficientes" (citado en ^{Kliksberg, 2000}, p. 22). El segundo -conocido defensor del sistema de mercado y de la democracia liberal- advertía que el fracaso de las reformas se dio, no por las políticas en sí, sino por su omisión, ya que las políticas no fueron adoptadas debidamente y se aplicaron de modo incompleto y "cualquier reformulación del problema del desarrollo no debe incluir el rechazo de estas políticas como objetivos de largo plazo" (Fukuyama, 2003, p. 35).

Lo interesante de este debate fue el resultado que se dio. No se realizó una defensa del modelo, sino un giro a la propuesta, en el sentido de que buscaba incorporar el capital social a las reformas. Según ^{Fukuyama (2003)}, el no haber tenido en cuenta políticas económicas asociadas al capital social es una de las razones por las cuales el modelo propuesto en el Consenso de Washington no funcionó. Dice, los años transcurridos después de las reformas muestran que "no es que la liberalización sea inoperante, sino que la política económica per se no es suficiente para conseguir el desarrollo" (p. 35); de allí que se requiera de una serie de instituciones en cuyo seno podían ocurrir cambios de política, y las predisposiciones culturales apropiadas de parte de los actores económicos y políticos.

De esta manera, el debate en América Latina sobre la importancia del capital social en la economía surgió en el contexto de una crítica que se le hace al modelo aplicado en la década de 1990, que prevalecía a escala global, junto a una agudización de las tensiones y brechas distributivas que caracterizan a los países que la conforman y en general al mundo contemporáneo (^{Ocampo, 2003}, p. 26). El capital social brotó como una propuesta que se inscribe en dos ámbitos: por un lado, en la búsqueda de equilibrio entre mercado e interés colectivo, propia de las tesituras del modelo de desarrollo que se está aplicando en el mundo; y, por otra, como una forma de acción del Estado, ante la crisis que presenta y que requiere legitimarse y ayudar al desarrollo; en este sentido el capital social se percibe como una forma de visualizar al Estado y realizar políticas públicas más eficientes y eficaces.

Entre las reacciones a esta crítica al modelo -y además la propuesta de indagar por otros factores del desarrollo-, en marzo de 1999 el BID realizó en París el Foro sobre Desarrollo y Cultura, dirigido a explorar las complejas interrelaciones entre el capital social y el desarrollo. El foro se centró en el análisis de las posibilidades que tiene el capital social y la cultura en aportar al desarrollo económico y social de los países latinoamericanos: "una región con graves problemas en los campos de la pobreza, que afecta a vastos sectores de su población, y de la inequidad" (^{Kliksberg, 2000}, p. 21). Convirtiéndose este evento en "una de las primeras contribuciones, de amplio alcance, desde América Latina al gran debate internacional sobre estos temas" (^{Iglesias, 2000}, p. 7).

Para el BID, el capital social despeña un importante papel en el proceso de desarrollo económico y social, pues factores como la confianza social, el asociacionismo, la conciencia cívica y los valores inciden de muy diversas formas con el desempeño económico y político de los países. Para este banco, todos estos factores habían sido olvidados en las políticas de desarrollo y era hora de darles relevancia. En palabras de Enrique ^{Iglesias (2000)}, el presidente del BID en aquel entonces, "la debida consideración de las potencialidades del capital social como factor del desarrollo pueden aportarnos mucho en la acción para enfrentar estos problemas fundamentales que señalamos y, en general, para construir democracias activas y alcanzar un desarrollo sostenible" (p. 7).

Contar con sociedades donde haya confianza, un tejido social abundante y una conciencia cívica podría mejorar el desempeño económico y estabilizar el sistema democrático.

El capital social es el ámbito donde se forjan los valores de la sociedad. Su fortalecimiento es esencial. Eso es algo que necesitamos hoy más que nunca en América Latina y el Caribe, una región que es pródiga en posibilidades y que no merece padecer los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión y de corrupción que la afectan. (^{Iglesias, 2000}, p. 9).

Por estas razones el BID estableció, para aquel momento, como una de sus prioridades, estudiar este importante componente e irlo introduciendo en el diseño de políticas públicas.

En este mismo sentido, también lo hizo la Cepal; este organismo, al finalizar la década de 1990, comenzó a discutir sobre el modelo de desarrollo que se implementaba en la región y mostró en sus diagnósticos la importancia de incluir el componente social en las nuevas propuestas de desarrollo. Precisamente, este redimensionamiento de la situación regional la llevó en el año 2000 a presentar un documento estratégico llamado Equidad, desarrollo y ciudadanía, donde estableció como prioridad abordar el capital social como enfoque integral de estabilidad macroeconómica, reevaluación de las estrategias de desarrollo productivo y mejoramiento de los encadenamientos entre desarrollo económico y social y el fortalecimiento de la ciudadanía (^{Valencia, Aguirre & Flórez, 2008}).

Para lograr desarrollar esta nueva estrategia, la Cepal la integró a su conocida propuesta educativa (^{Ocampo, 2003}): aumentar los niveles de educación permite el desarrollo equitativo y democrático, la consolidación de la ciudadanía, el desarrollo personal, la innovación tecnológica y la adaptación de la mano de obra (^{Valencia, Aguirre & Flórez, 2008}). E invitó a poner en marcha un esfuerzo colectivo por fomentar la formación de capital social. La forma de crear este capital era a través del diseño de instituciones formales de asociación y participación que trabajen en la generación de confianza, cooperación, liderazgo y prestigio. Todo esto es posible siempre y cuando se consideraran a estos factores como tema de políticas públicas.

En definitiva, lo que hace la Cepal con el capital social es agregarlo a la propuesta ya trazada de educación y empleo de la década de 1990 (Cepal y Unesco, 1992). Son conscientes que el invertir solo en educación y empleo puede no lograr el objetivo de desarrollo económico y social; pues, "la educación es también un instrumento de segmentación social" (^{Ocampo, 2003}, p. 27) y lo que se desea es crecimiento equitativo, desarrollo democrático, consolidación de la ciudadanía y desarrollo personal (^{Valencia, Aguirre & Flórez, 2008}).

De esta forma para la Cepal, el capital social se presenta como una estrategia para el mejoramiento de los encadenamientos sociales⁵, que se puede lograr con una política social de largo plazo que incremente la equidad y garantice la inclusión. La meta del organismo de desarrollo fue unir a la meta de bienestar material de las sociedades con la meta de objetivos sociales más amplios como el sentido de pertenencia, identificación de propósitos colectivos y necesidades de crear lazos de solidaridad. La unión de estas dos metas producirá según la Cepal el desarrollo económico tan deseado.

La apuesta de la Cepal por el capital social como factor de desarrollo quedó condensada en la Conferencia Anual realizada en 2001, junto a Michigan State University. En esta universidad se dio un intercambio de ideas y experiencias relacionadas con el capital social y su efecto en la reducción de la pobreza. En términos de su Secretario General, José Antonio Ocampo, "dialogar con espíritu constructivo y a la vez crítico acerca de los posibles usos del capital social, como herramienta destinada a incrementar la eficiencia de las políticas de lucha contra la pobreza" (Ocampo, 2003, p. 25).

Así, para la Cepal, el capital social lo asocian con

[...] el conjunto de relaciones sociales caracterizadas por actitudes de confianza y comportamientos de cooperación y reciprocidad. Se trata, pues, de un recurso de las personas, los grupos y las colectividades en sus relaciones sociales con énfasis, a diferencia de otras acepciones del término, en las redes de asociatividad de las personas y los grupos (^{Ocampo, 2003}, p. 26).

Y al desarrollo con un Estado competente, fuerte y efectivo, que crea y administra instituciones que permiten el cambio de políticas y predispongan a los actores sociales y políticos. Las políticas públicas deben cambiar su rumbo de ser relaciones tecnocráticas y paternalistas, a ayudar a generar capital social comunal que complemente los servicios públicos. Este capital social es clave para articular servicios públicos y hogares y contribuye a que sean más eficientes las acciones del Estado en promover microempresas urbanas y la producción campesina.

En definitiva, la propuesta tanto del BID como la Cepal fue crear programas integrales que incluyan tanto la política económica como la social. Una propuesta de política pública que combinara acertadamente lo económico con lo social: renta, riqueza, conocimiento, cultura y relaciones sociales, entre otros. Que genere un "círculo virtuoso", el cual "redunda en equilibrios sociales con elevados niveles de cooperación, confianza, reciprocidad, civismo y bienestar colectivo" (^{Putnam, 2000}, p. 186) y posibilite generar equilibrio social. Políticas públicas que tuvieran en cuenta estos aspectos sociales y también otros económicos -como las tradicionales inversiones físicas, financieras y desarrollo del sector productivo privado-. Hacer esta combinación permitiría un desarrollo económico y social equilibrado en el territorio⁶.

Dinámicas del estudio del capital social en la región

Después de los trabajos realizados en el cambio de siglo, por las diversas organizaciones internacionales que hacen presencia en América Latina, como el Banco Mundial, el BID o la Cepal, por mostrar la importancia del capital social en el desarrollo y proponer la tarea de construir políticas públicas para su fomento, comenzó a aparecer en la región otra serie de trabajos encaminados a desagregar el tema y profundizar en las diversas aristas que conlleva este concepto. Los diversos eventos -seminarios, foros, encuentros anuales, etcétera- sirvieron como plataforma de lanzamiento de un programa de investigación científica que se irrigó en la mayoría de los centros de investigación y de pensamiento sobre el desarrollo y el diseño de políticas públicas en América Latina. Y con ello, un conjunto de trabajos que se pueden agrupar en tres líneas de estudio.

Un primer grupo de trabajos fueron aquellos que buscaron aclarar la definición del concepto de capital social y descomponerlo. En este se encuentran ^{Robinson, Siles & Schmid (2003}, p. 57) y ^{Sally (2000}, p. 575) que intentaron asociar el capital social con los sentimientos de solidaridad, admiración, interés, preocupación o respeto; Siles, Robinson & Whiteford (2003) que lo definen como simpatía de una persona o grupo hacia otros; ^{Durston (2002}, p. 18), que habla de confianza, reciprocidad y cooperación; y ^{Uphoff (2000)}, que asocia capital social a la amistad. Estos trabajos y otros hicieron evidente una realidad: "el concepto de capital social no ha sido definido de forma rigurosa y aceptada para todos" (^{Flores & Rello, 2003}, p. 204), es un capital que "no tiene una definición aceptada de manera consensual" (^{Kliksberg, 2000}, p. 28). La tabla 2 resume la definición de este concepto, propuesta por otros autores.

Un segundo grupo de trabajos son aquellos que intentaron desagregar el concepto y clasificarlo en tipologías que componen a este activo. Entre los trabajos más influyentes está el de ^{Uphoff (2000)}, quien clasificó al capital social de variable stock, advirtiendo dos tipos: el estructural y el cognitivo; el primero proviene de organizaciones sociales que facilita la acción colectiva, y el segundo de estados sicológicos o emocionales que predispone a la gente a dicha acción (^{Restrepo & Valencia, 2009}). Le siguen a este importante aporte la clasificación de ^{Durston (2003)}, así como de ^{Flores y Rello (2003)}, quienes desagregan aún más el concepto de capital social (tabla 3). Lo que lleva de nuevo a la conclusión que en este asunto también los autores latinoamericanos no se ponen de acuerdo en desagregar, identificar y clasificar los componentes del capital social.

Finalmente, está un tercer grupo de trabajos que se han ocupado de relacionar el capital social con diversos problemas económicos y sociales. Trabajos que han buscado persuadir a los hacedores de políticas sobre la necesidad de invertir en programas sociales para construir o mejorar relaciones de confianza (^{Knack & Keefer, 1997}), ampliar redes sociales (^{Narayan & Pritchett, 1997}), aumentar la participación comunitaria o crear organizaciones voluntarias cívicas, entre otros. Todos estos factores, según los estudios realizados, contribuyen con el desarrollo social y económico, y sirven para aumentar la cohesión social, reducir la pobreza y la desigualdad (^{Atria & Siles, 2003}; ^{Moser, 1998}) y mejorar el desempeño económico de los países (^{Kliksberg, 2000}). Políticas que bien encaminadas podrían mejorar la salud (^{Karachi, Kennedy & Lochner 1997}), el rendimiento escolar (^{Teachman, Paasch & Carver, 1997}) o los lazos de apoyo entre migrantes (^{Sanders & Nee, 1996}). Y que, finalmente, se conviertan en referentes para que los gobiernos elaboren políticas públicas para reducir la violencia, aumentar los logros educativos o en programas de salud (^{Hardin, 2001}; ^{Putnam, 1993}, 2000; ^{Warren, Thompson & Saegert, 2001}).

En definitiva, la trayectoria investigativa que siguieron los estudios del capital social en América Latina, luego de su aparición y afianzamiento como factor de desarrollo, estuvo muy asociado a la preocupación de diversos actores académicos y organizaciones políticas y sociales, por proponer acciones que atacaran las causas de la desigualdad, la pobreza y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran amplios sectores de la población latinoamericana (Cepal, 2019). Así, los estudios sobre capital social han buscado avanzar hacia el diseño e implementación de planes de desarrollo y programas y políticas públicas que tengan en cuenta las potencialidades del capital social -confianza, asociatividad, cooperación, valores cívicos, etcétera- presente en las comunidades (^{Güemes, 2011}). Todo esto como un elemento fundamental para la mejora en las condiciones de vida y, en general, para el desempeño de las instituciones y de la democracia (^{Marquina, 2013}, p. 111).

Una agenda de tareas sobre capital social en América Latina

Para ^{Durston (2002}, p. 11), al iniciar el siglo XXI, América Latina se había puesto en el centro de la agenda pública con una "segunda ola de reformas de las políticas sociales". En esta segunda ola "la sociedad civil estaba llamada a servir de contrapeso para corregir las fallas del mercado en la entrega de los servicios, sin volver a alimentar por ello ineficiencias de las grandes burocracias centralizadas" (p. 11). Una segunda ola que requería, como condición necesaria, la capacidad de sus integrantes; de los grupos sociales y las comunidades de cooperar entre sí, en una gestión colectiva, coordinada con el apoyo externo. En este sentido, la primera tarea que se le propone a los investigadores del capital social en América Latina es poner nuevamente en la agenda pública las cuestiones éticas de la equidad social y la participación democrática, sin descuidar por ello la eficiencia en el uso de recursos públicos. Esta transformación en ciernes de la política social se centra en la propuesta de fomentar una nueva sinergia entre el Estado y el capital social comunitario.

Una segunda tarea la advirtió Francis ^{Fukuyama (2003)}, por el mismo tiempo del trabajo de Durston que consiste en avanzar en consensos sobre la definición y clasificación del capital social. Para esto sugiere que una conceptualización debe incluir normas y valores que promuevan la cooperación social. Incluso, advierte la posibilidad de mirar la cultura de una forma utilitaria: el medio por el cual grupos de individuos se comunican y cooperan en una gran variedad de actividades. También Fukuyama (2003) extiende su preocupación a una agenda de trabajo que se ocupe de proponer y desarrollar medidas, así como metodologías de capital social, que propongan medios para su empleo en el desarrollo, sus conexiones a las externalidades y una estrategia para su aplicación en políticas. Advirtiendo que lo interesante de esta tarea sería la configuración de un continuo y rico diálogo que buscaría establecer con precisión el concepto de capital social, independiente de la sociedad y de su nivel cultural.

Adicional a la anterior labor, ^{Fukuyama (2003)} sugiere una agenda de investigaciones más pragmáticas, que sería la tercera tarea para los investigadores latinoamericanos. Una agenda que incluya el análisis de ciertos aspectos, tales como determinar dónde se ha logrado crear capital social, las condiciones jurídicas e institucionales necesarias para su desarrollo, su relación con la corrupción en el plano político, los cambios culturales que afectan al capital social -por ejemplo, la conversión a otras religiones- y la forma en que pueden diseñarse las instituciones democráticas a fin de desarrollar al máximo el capital social en la agenda más amplia del desarrollo (2003, p. 34). Sugiere Fukuyama trabajar de manera concreta en: 1) conseguir más información comparativa sobre los casos en que el capital social ha sido creado con éxito y donde no lo ha sido; 2) conocer mejor las condiciones formales legales-institucionales para promover el capital social; 3) examinar con mayor detalle las cuestiones del capital social y la corrupción política; 4) conocer mejor la relación entre capital social y cambio cultural; y 5) mayor claridad en el futuro en la intercepción entre capital social, democracia y reforma económica.

Por su parte ^{Flores y Rello (2003)} establecen, lo que se convierte en la cuarta tarea para los investigadores regionales, y que complementa la labor de definición del capital social, "estudiar sus fuentes, sus dimensiones, sus formas, las funciones que cumple, las sinergias que establece con otros componentes de la sociedad y sus resultados" (p. 206). Como se vio en este trabajo, los teóricos del capital social enfatizan en uno u otro componente como constituyente de dicho capital, este fenómeno hace que igualmente sea muy difícil contar con una herramienta metodológica que permita identificar, cuantificar y determinar el capital social (^{Lechner, 2000}). Por ello, según Flores y Rello (2003) debe realizarse esfuerzos desde distintos centros de estudios en construir una lista amplia de indicadores que permitan de manera adecuada y operacional medir el capital social.

Por su parte ^{Robinson, Siles & Schmid (2003)} proponen una quinta tarea: fomentar todas aquellas prácticas y asignaciones de recursos que mejoren el capital social que los pobres reciben unos de otros en sus redes de unión y vinculación. El reto que plantean estos autores es ayudar al utilizar y fomentar el capital social como mecanismo de lucha contra la pobreza. Y sugieren, para abordar este asunto, la pregunta: ¿cómo se puede aumentar el capital social de aproximación de los pobres? Pues "existen pocas políticas dirigidas a lograr ese objetivo, y son aún menos las experiencias exitosas en tal sentido, salvo en el ámbito de las relaciones internacionales" (2003, p. 106). Esta propuesta de estudio está encaminada a que temas como la confianza, la cooperación, el liderazgo, el prestigio y el clientelismo sean también objeto de políticas públicas. El Estado no puede seguir aplicando los mismos métodos de actuación, pues si lo hace, y a pesar de que se dirijan a invertir en instituciones que promueven el capital social, no lograrían su desarrollo, pues, "estos recursos serán capturados y distribuidos a través de las relaciones informales y según las reglas no escritas del clientelismo pasivo. [...] es necesario entonces que el Estado tome un rol más proactivo, incubando a las organizaciones embriónicas en sus primeros años" (^{Ocampo, 2003}, p. 29).

En esta misma lógica de trabajo ^{David y Ortiz (2003)} amplían la propuesta: se debe seguir trabajando en construir políticas de promoción de capital social.

Si bien se reconoce la importancia, utilidad y necesidad de procurar una mayor asociatividad entre los miembros de una comunidad, la práctica señala que ésa no es una tarea menor, y que se requiere de varios años para construir asociaciones estables, periodo durante el cual se precisa, además, de apoyo externo e intensivo, tanto de recursos financieros como asistencia técnica (p. 483).

Pues, como dice ^{Putnam (2000)}, la construcción de capital social es una tarea larga, que dura incluso varias generaciones. Además, no es suficiente con pensar en las variables que impulsan el crecimiento económico, sino otras que ayudan a lograr el desarrollo social, mejorar la equidad, fortalecer la democracia y preservar los equilibrios medioambientales. La tabla 4 presenta más detalles sobre las políticas públicas y el capital social.

Conclusiones

El artículo mostró el conjunto de aproximaciones que se han dado en el mundo y en América Latina, entre académicos y hacedores de políticas, por definir, medir y relacionar el capital social con el desarrollo económico y social. Dinámica de trabajo en la que han participado las diversas ciencias sociales y que ha llevado a que se hable del aparecimiento de un nuevo paradigma en las teorías del desarrollo. En la región, para el surgimiento y consolidación de este factor del desarrollo, fueron clave los grandes organismos de financiamiento y planeación como el Banco Mundial, el BID y la Cepal, quienes se encargaron de presentar el concepto, defender su importancia y aportar recursos para su fomento. Y que llevó a que se configuraran varias líneas de trabajo alrededor de este capital. Estos organismos multilaterales incidieron profundamente en la aparición del capital social en la agenda de trabajo de los gobiernos y de la academia.

Entre las líneas de trabajo, tal vez una de las más importantes, es aquella que dedica sus esfuerzos indagativos a relacionar el capital social -relaciones de confianza, las redes sociales y las organizaciones voluntarias cívicas, entre otros factores- con asuntos como aumentar la cohesión y cooperación social, reducir la pobreza y la desigualdad, así como mejorar el desempeño de los países; al igual, que temas específicos referidos con la lucha contra la violencia, mejorar los logros educativos o fortalecer los programas de salud. En general, trabajos dirigidos a proponer a los gobiernos el fortalecimiento del capital social como instrumento básico para el mejoramiento del desarrollo económico y social.

En especial, el trabajo logró mostrar como el estudio del capital permitió impulsar y dinamizar el joven campo de las políticas públicas en América Latina. Al proponerle agendas de investigación más amplias e integrales, que tengan en cuenta tanto los asuntos económicos como la riqueza, la pobreza, el desarrollo y el crecimiento, como temas sociales y políticos referidos con la cultura y los valores democráticos, entre otros. Muchos de los trabajos identificados en este artículo sirvieron para que los hacedores de políticas defendieran ante sus gobiernos la necesidad de fortalecer el capital social como mecanismo para reducir la violencia, aumentar los logros educativos o promover la salud; igualmente, como estrategia para proteger y ampliar la democracia, fortalecer el componente institucional y promover el desarrollo (^{Hardin, 2001}; ^{James, Schultz & Van Olphen, 2001}; ^{Putnam, 1993}, 2000; ^{Warren, Thompson & Saegert, 2001}).

La revisión de la literatura permitió, igualmente, identificar una agenda de trabajo en las comunidades científicas de la región. Una agenda de investigación más pragmática, que busca realizar estudios empíricos y evaluativos sobre el éxito de los programas de formento del capital social. La idea de los investigadores sociales es dirigir la mirada a temas como la corrupción política, los cambios culturales y las reformas económicas y su relación con el capital social. Investigaciones que observen los entornos legales e institucionales, nacionales y locales, y que permitan realizar comparaciones y sacar conclusiones. Las trayectorias de los estudios del paradigma del capital social lograron impactar también otras agendas de investigación y de acción del estudio de las políticas públicas y de las diversas ciencias sociales.

Una agenda de investigación comprometida con el desarrollo y las necesidades sociales. Que ayude a generar cambios institucionales que permita atender la vulnerabilidad de grupos sociales, dotándolos de mecanismos de voz y poder en las comunidades. La promoción de programas que tengan en cuenta las realidades locales y que bien formulados e implementados fortalezcan su capacidad de influir en las políticas estatales y nacionales. Trabajos que permitan fomentar todas aquellas prácticas y asignaciones de recursos que mejoren el capital social que los grupos con menos activos reciben unos de otros en sus redes de unión y vinculación. Finalmente es necesario diseñar políticas públicas que fomenten la cooperación, el liderazgo y las organizaciones sociales y comunitarias. En síntesis, es necesario seguir trabajando en construir políticas de promoción del capital social, una responsabilidad que involucra un esfuerzo de varias generaciones.

En definitiva, la revisión de la literatura dejó planteada una lista de tareas que es necesario abordar desde la academia y que son urgentes en el momento actual donde se continúa asistiendo a grandes transformaciones políticas, económicas y sociales, como: las transiciones democráticas y sus niveles de gestión de conflictos y demandas sociales (^{Barreda, 2013}; ^{Garretón, 1997}; ^{O'Donnell, 1989}; O'Donnell & Schmitter, 1994), los procesos de modernización del Estado y de sus instituciones en las lógicas de la mundialización del capital y de la globalización (^{Estrada, 2004}; ^{Stiglitz, 2003}) y las nuevas relaciones, el lugar de las comunidades y diversos sectores sociales -campesinos, mujeres, jóvenes, minorías étnicas y religiosas, etcétera- con las instituciones políticas y económicas (^{Cantero, 2018}; ^{Grynspan & Klisksberg, 2007}; ^{Saz & Gómez, 2015}), entre otros aspectos demográficos, culturales y urbanos (Cepal, 2008; ^{Mato, 2001}).